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Avelino Ponce de Len Ojeda, quien acogindose a la conclusin anticipada y fue condenado a tres aos de prisin suspendida por usar ttulo profesional falso de economista y ocup la jefatura del ex SATCH, estara tras la creacin de un centro de recaudacin tributaria en el distrito de Jos Leonardo Ortiz.
El mencionado personaje, quien el 11 de marzo del 2015 fue destituido de la jefatura del ahora Centro de Gestin Tributaria de Chiclayo, luego que la prensa pusiera al descubierto que no era profesional en Economa, actualmente se pasea en la comuna leonardina con pretensin de lograr la creacin del ente recaudador para el sufrido distrito.
La noticia sobre la presencia del sentenciado, jurdicamente llamado reo libre, fue advertida por trabajadores de la casa edil, quienes pusieron los hechos en conocimiento de periodistas de este medio, descubriendo al medioda del 4 de agosto la presencia del aludido personaje en el pasadizo del segundo piso del edificio municipal, parado frente a la puerta de acceso a la oficina de la Gerencia Municipal.
LA DESTITUCIN
El 9 de marzo del 2015, tras permanecer en la jefatura del Centro de Gestin Tributaria de Chiclayo desde el da 2 de enero del mismo ao, Avelino Ponce de Len Ojeda fue puesto al descubierto al confirmarse que no era profesional en economa, pues ostentaba un ttulo falso supuestamente emitido por la Universidad Nacional Federico Villarreal.
A las 24 horas de haberse hecho pblico la preocupante informacin, la cual haba sido confirmada por la Superintendencia Nacional de Educacin Superior Universitaria SUNEDU, sobre el uso de ttulo profesional falso, el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, lo destituy del cargo. Avelino Ponce de Len, al verse descubierto, desapareci de su oficina del Centro de Gestin Tributaria de Chiclayo.
El gerente de Asesora Jurdica de la Municipalidad de Chiclayo de ese momento, Ruperto Castellanos Custodio, en conferencia de prensa hizo conocer que Avelino Ponce de Len Ojeda fue denunciado ante el Ministerio Pblico por el delito de falsedad genrica, en la modalidad de utilizar documento fraguado.
De igual manera, la autoridad municipal design en forma inmediata en el cargo de jefa del ex SATCH a Mara del Rosario Julca Encomendero, quien a los pocos das dej el cargo al exigir el respeto a la autonoma de la institucin en una entrevista dada a Expresin.
LOS REGIDORES
Desde la oficina de Imagen Institucional de la comuna leonardina se pudo observar a Avelino Ponce de Len Ojeda esperando a alguna persona, siendo el gerente municipal, Juan Carlos Grandez Orbegoso, quien lo recibi fuera de su despacho; es decir, en el pasadizo. Al darse cuenta que eran observados y graficados, optaron por moverse a otro lado de la casa edil.
En ese momento, el regidor Onas Prez cruz los pasadizos de la estructura edil y al ser consultado sobre la presencia de Avelino Ponce de Len Ojeda en la sede municipal, sostuvo desconocer ya que el acceso a la casa municipal es libre, pero en caso que dicho personaje tenga algn tipo de acuerdo con el gerente municipal para participar en la creacin del Centro de Recaudacin Municipal, este tendr que responder sobre la contratacin de la mencionada persona o alguna empresa a la que represente y que tenga que ver con la creacin del CGT en Leonardo Ortiz.
Aadi que si bien a inicios del presente ao se tom un acuerdo municipal para llevar a cabo el proyecto de creacin y puesta en funcionamiento del Centro de Gestin Tributaria, hasta la fecha el acuerdo ha quedado en nada; pues, en las sesiones de concejo que han pasado no se les ha hecho ningn informe al respecto.
AUREALIANO CASTAEDA
Consultado sobre la supuesta contratacin de los servicios de Avelino Ponce de Len para crear y poner en funcionamiento el centro tributario en el distrito de Jos Leonardo Ortiz, el regidor Aureliano Castaeda Hernndez sostuvo desconocer las acciones que se estn tomando.
Agreg que existen dos acuerdos municipales para crear un ente recaudador, pero hasta el momento ni el alcalde y mucho menos el gerente municipal ha comunicado algn tipo de accin o decisin al seno municipal.
Los estudios de prefactibilidad y factibilidad han sido autorizadas en sesiones de concejo realizadas el ao pasado y a inicios del presente ao. Esa responsabilidad la tiene de manera directa el alcalde Epifanio Cubas Coronado y el actual gerente municipal Juan Carlos Grandez Orbegoso, seal.
Dijo que si tanto la autoridad municipal como el gerente municipal tienen en mente o ya estn en conversaciones con el sentenciado Avelino Ponce de Len, sern los nicos responsables de las afectaciones que pueda sufrir la comuna leonardina, y responder ante el Ministerio Pblico por los perjuicios que puedan ocasionar al Estado.
JORGE OLIVERA
Para el fiscalizador Jorge Olivera Cruzado resulta algo inaudito que hasta el momento, a pesar que existen dos acuerdos de concejo, no se les informe qu tipo de accin y decisin se ha tomado o realiza en cuanto a la creacin y puesta en operatividad de un centro recaudador para Jos Leonardo Ortiz.
Es ms, tampoco se les ha informado si es que ya han encontrado a la persona o empresa que se encargar de realizar los estudios de prefactibilidad o realizar los estudios tcnicos para dar vida al ente recaudador.
Hasta el momento no hay nada. Los acuerdos de concejo que se han tomado referente al tema desde el ao pasado, han quedado en papel. Sin embargo, lo ms delicado es que el Ejecutivo no cumple con los acuerdos municipales, donde se encomienda que antes de dar vida al centro tributario en Jos Leonardo Ortiz, deben realizarse los estudios de prefactibilidad y ver si es posible y a costo cero, pero hasta la fecha no hay nada, resalt.
Explic que en los acuerdos municipales de creacin del ente recaudador se ha dejado constancia que la municipalidad de Jos Leonardo Ortiz no gastara recursos adicionales en los estudios, as como por el proyecto.
El alcalde Epifanio Cubas Coronado dijo bien claro que la creacin del ente recaudador para Jos Leonardo Ortiz no iba a tener costo alguno para la municipalidad, ya que el proyecto se iba a ejecutar con el apoyo de profesionales del Ministerio de Economa y Finanzas - MEF, puntualiz.
En cuanto a Avelino Ponce de Len, sostuvo que es una persona que todo el mundo lo conoce, pero no porque haya hecho buena gestin pblica, sino porque fue protagonista de un gran escndalo en la gestin del alcalde David Cornejo Chinguel, y sera preocupante que se le haya encargado la creacin del ente recaudador.
Se hace necesaria la creacin del ente recaudador, pero que lo hagan personas que no estn cuestionadas. En esta gestin municipal hay muchos errores, pero un error muy grave sera contratar los servicios de Avelino Ponce de Len o de alguna empresa de asesora o consultora ligada a este seor. Estar a la espera de lo que en prxima sesin de concejo informe el alcalde o el gerente municipal, recalc.
ISAEL BUSTAMENTE
A su turno, el regidor Isael Bustamante Medina confirm que hasta el momento no tiene conocimiento de ninguna propuesta en lo referente a la creacin y puesta en operatividad del Centro de Gestin de Tributaria en Jos Leonardo Ortiz.
Recuerdo en dos sesiones de concejo se tomaron acuerdos municipales en la que se le daba facultades al gerente municipal para realizar los estudios de prefactibilidad de creacin del ente recaudador. El alcalde Epifanio Cubas tambin se comprometi que esos trabajos no iba a tener costo alguno para la comuna, porque tena el apoyo del Ministerio de Economa y Finanzas MEF- que iban a asesorar a los profesionales con que se cuenta en la comuna, en la creacin del ente recaudador para Jos Leonardo Ortiz, sostuvo.
Agreg que en cuanto a las visitas que Avelino Ponce de Len Ojeda vendra realizando al gerente municipal, Juan Carlos Grandez Orbegoso, supuestamente por la creacin del ente recaudador en el distrito de Jos Leonardo Ortiz, en prxima sesin de concejo solicitar una explicacin, con el objetivo de dejar sentado en actas si dicho personaje llega a la comuna en calidad de administrado, interesado en prestar servicios al Estado cuando est inhabilitado o llega como visitante de amigos o conocidos.
Si se tiene en mente contratar los servicios del seor Avelino Ponce de Len o de alguna entidad de asesoramiento que l la pueda integrar, tanto el alcalde Epifanio Cubas Coronado, y el gerente municipal, tienen que informar al concejo municipal, resalt.
LA SENTENCIA
Los regidores recordaron al alcalde del distrito de Jos Leonardo Ortiz, Epifanio Cubas Coronado, y al gerente municipal, Juan Carlos Grandez Orbegoso, que el 28 de abril del 2016 el juez del Sexto Juzgado de Investigacin Preparatoria de Chiclayo, Edgardo Asenjo Tamay, conden a 3 aos de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecucin a Avelino Ponce de Len, por haber utilizado un ttulo profesional falso de economista de la Universidad Federico Villarreal, para asumir la jefatura del entonces Servicio de Administracin Tributaria de Chiclayo.
De acuerdo a la lectura de sentencia, el grave caso fue descubierto por la prensa a dos meses en que Avelino Ponce de Len haba asumido la jefatura del ente recaudador al haber sido designado como tal, mediante la Resolucin de Alcalda N 046-2015/ MPCH/A, en la que el alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, resolvi designar en el cargo de Jefe del Servicio de Administracin Tributaria de Chiclayo al Economista Avelino Ponce de Len.
Ante el escndalo, el alcalde David Cornejo Chinguel emiti de emergencia la Resolucin de Alcalda N 279-2015/MPCH/A, del 12 de marzo del 2015, que en su parte resolutiva seala: Destituir al seor Avelino Ponce de Len Ojeda.
Durante la audiencia judicial, Avelino Ponce de Len Ojeda solicit al magistrado acogerse al beneficio de la terminacin anticipada del proceso; es decir, para salvar de una pena privativa de la libertad y ser encerrado en una celda del penal de Picsi, reconoci haber cometido el delito de uso de documento falso para asumir el cargo de jefe del hoy Centro de Gestin Tributaria de Chiclayo.
Durante la investigacin, el Ministerio Pblico determin que Avelino Ponce de Len vena haciendo uso de ttulo falso de economista desde el ao 2004, fecha en que tambin fue jefe del ex SATCH durante la gestin del exalcalde Arturo Castillo Chirinos.
De igual manera, ante la cada del exalcalde Roberto Torres Gonzales, en setiembre del 2014, la gestin municipal de Elizabeth Montenegro Dvila encarg el centro tributario a Ponce de Len.
Ante el juez, Ponce de Len reconoci los cargos, logrando que le reduzcan la pena, pues la Fiscala solicitaba que lo sentenciaran a 4 aos de crcel efectiva y que se le obligue a pagar la suma de 50 mil soles por concepto de reparacin civil a favor del Estado por el dao causado.
Al acogerse a la terminacin anticipada la pena se le redujo a 3 aos de crcel suspendida y al pago de 15 mil soles por indemnizacin a favor del Estado. De igual manera, el juzgador dispuso su inhabilitacin hasta el 2019.
+NOTICIAS
Al parecer, la gestión del actual alcalde de la comuna chiclayana, Marcos Gasco Arrobas, ha decidido realizar cambios respecto a los gobierno anteriores, principalmente para la adquisición de ciertos bienes básicos, como es el caso de la compra de 135 mil galones de Diesel B5 (petróleo) por la suma de un millón 646 mil soles, los cuales deberán ser utilizados por las unidades vehiculares y la maquinaria pesada de la municipalidad.
El 21 de febrero del año en curso se realizó el procedimiento de selección, Subasta Inversa Electrónica N° 01-2019-MPCH, convocado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, resultando ganador de la misma el participante Grupo Petrocaña SAC, quien al final de la subasta logró adjudicarse la buena pro ofertado un precio unitario de 12.20 soles, que hace un total por el galonaje requerido (134 mil 924 galones) de un millón 646 mil 72.80 soles, reduciendo el presupuesto base establecido por galón (13.20 soles) en un sol, lo que equivale a un sustancial descuento en favor de la MPCH de aproximadamente 135 mil soles.
El Comité Especial de Selección estuvo conformado por el subgerente de Logística y Servicios Internos del municipio, Edgardo Siadén Ortega, y los representantes de la Subgerencia de Fiscalización y de la Gerencia de Administración y Finanzas, Mario García Martínez y Freddy Medianero Montalvo, respectivamente.
CAMBIOS EN LA MODALIDAD
Las bases del proceso determinaron que el proveedor debe realizar el abastecimiento del combustible directamente a las unidades móviles y la maquinaria pesada de la municipalidad en la estación de su propiedad o la que sea consignada por el este, condición que modifica sustancialmente la modalidad que por varios años se venía utilizando para este fin, por cuanto, en gestiones anteriores el carburante era depositado por los proveedores en el Grifo Municipal, ubicado en la Avenida Sáenz Peña N° 1811, en el distrito de José Leonardo Ortiz, al lado de la maestranza de limpieza pública, para que en este se abastezcan las unidades y la maquinaria pesada.
La condición propuesta en las bases del procedimiento considera también que la estación del proveedor elegido debe estar ubicado en un radio no mayor a los 5 kilómetros de distancia calculados desde la ubicación del grifo municipal. En este caso, el grifo consignado por Grupo Petrocaña SAC se ubica en el kilómetro 3 de la carretera Chiclayo – Pomalca.
En consecuencia, la unidades y la maquinaria pesada del municipio, para ser abastecidas, deberán tener un recorrido de aproximadamente 10 kilómetros desde sus depósitos hasta el grifo del proveedor, utilizando para tal fin un determinado galonaje de combustible, como un tiempo del circuito de ida y vuelta, lo que no sucedía cuando el abastecimiento se realizaba en el grifo de propiedad de la MPCH.
SUBJETIVO PLAZO
Según las especificaciones técnicas establecidas en las bases del proceso – Capítulo III, numeral 3.2 - se considera que, el plazo de la prestación se efectuará hasta agotar el monto total contratado o agotarse la cantidad total del galonaje a adquirir, condición que, siendo desde ya subjetiva, no establece una cantidad diaria de galones a abastecer o en todo caso un período secuencial del mismo que determine un plazo fijo para el total del abastecimiento del combustible requerido.
Asimismo, considera que el plazo indicado en el párrafo precedente se computará a partir del día siguiente de suscrito el contrato, cuando en las bases de los procesos convocados por las anteriores gestiones municipales y en los contratos respectivos siempre se consideró como parte de la prestación un cronograma pre establecido con cantidades y frecuencias interdiarias.
¿Cómo se controlará la cantidad de combustible asignada diariamente a cada unidad?
LA FORMA DE PAGO
En el mismo Capítulo III de las bases del procedimiento de selección se ha considerado que los pagos se efectuarán luego que el proveedor haya presentado su valorización por la cantidad mensual del carburante abastecido, para luego - previa a la conformidad de la misma – (que de acuerdo a la normativa tendría que ser dentro de los 10 días de presentada) se procedería en los días sucesivos al pago respectivo.
Quiere decir tiene que el proveedor tiene que otorgar mediante este condicionante contractual un crédito de 45 días hasta su cancelación.
EL PRECIO OFERTADO
Habiéndose establecido un valor estimado por cada galón de 13.20 soles y habiendo el Grupo Petrocaña SAC obtenido la buena pro del proceso ofertando 12.20 por galón, a la fecha de su adjudicación ( 21/02/2019), este precio resulta inadecuado comercialmente, ya que de acuerdo a la estructura de costos del producto puesto en la estación y el servicio de abastecimiento, más los costos que se generan para su comercialización, principalmente los que implican la forma de pago, a esa fecha, solo le habría permitido al adjudicatario obtener una rentabilidad de por lo menos 0.12 céntimos por galón.
HISTORIAL DEL PROVEEDOR
Según la información que se registra en el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, se advierte que el Grupo Petrocaña SAC obtuvo su Registro Nacional de Proveedores – RNP, – requisito para contratar con el Estado – el 20 de octubre del 2018, 13 días después que resultara elegido el actual burgomaestre.
Igualmente se evidencia en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, que dicha empresa no registra contratación con alguna entidad pública, pudiendo ser esta la primera contratación que tendría que realizar a este nivel la lograda con la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
Grupo Petrocaña SAC tiene RUC activo desde febrero del 2008 y como representante legal a Luis Adriano Baca Camacho.
Los representantes de la gestión actual y de la que hasta diciembre del año pasado lideró Carlos Burgos Montenegro en el Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, Consejo Departamental de Lambayeque, se han enfrascado en un agudo debate por la situación económica de la orden profesional. Los directivos encabezados por el actual decano Ciro Salazar Montaño responsabilizan a su antecesor de haber generado una abultada deuda, en tanto Burgos Montenegro responde que el problema de las finanzas empezó por las multas impuestas por la SUNAT a la institución, debido a los incumplimientos de la gestión de Salazar Montaño en el período 2013-2015.
Burgos Montenegro niega que su administración, entre los años 2016 y 2018, haya ocasionado una deuda al CIP Lambayeque ascendente a 547 mil 640.46 soles.
Refiere en su mandato, en el 2018, se efectuó un sinceramiento de la deuda tributaria ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, respecto a lo acumulado por la gestión que lideró Ciro Salazar Montaño entre el 2013 y el 2015, efectuando pagos entre marzo y diciembre del año pasado por el orden de 109 mil soles, en razón de lo que su antecesor dejó de pagar al ente de recaudación, evitando de ese modo que el colegio sea sancionado o multado. De ello – afirma – se dio cuenta a la Asamblea Departamental el 5 de junio del año pasado.
En aquella sesión – como consta en el acta – se hizo púbico del informe de la auditoría aplicada a los años 2013, 2014 y 2015, que arrojó una contingencia tributaria en la que se detectó que los ingresos informados en las declaraciones juradas mensuales del IGV renta no coincidían con el ingreso de la declaración jurada de la renta anual, correspondientes a los años citados.
De acuerdo a la auditoría, en el año 2013 no se informó a SUNAT, en declaraciones mensuales, dos millones 290 mil 606 soles; en el 2014, tres millones 790 mil y en el 2015 la suma de cuatro millones 280 mil soles.
PAGOS OBLIGATORIOS
Burgos Montenegro dice lamentar que la actual gestión de Salazar Montaño haya emitido un informe denominado: “Deudas por pagar: gestión 2016-2018”, sin considerar que los pasivos económicos señalados en dicho documento corresponden a las deudas ordinarias.
“De no haber existido pagos no presupuestados a la SUNAT, como los 109 mil soles abonados el año pasado, por ejemplo, no existiría deuda ordinaria alguna por cancelar. La pregunta es, ¿en qué gestión se originó esa duda a la SUNAT, en la mía o en la del señor Ciro Salazar?”, cuestiona.
Refiere que adicionalmente, la gestión 2013-2015 dejó un crédito fiscal ficticio de 323 mil 530 soles, según la Declaración Jurada de IGV Renta de diciembre del 2015, lo que dio como consecuencia una deuda tributaria asumida por su administración ascendente a 336 mil 802 soles, por concepto de IGV omitido en la primera gestión de Circo Salazar. Ello, sin considerar las multas por declarar cifras o datos falsos ante SUNAT.
“En consecuencia, el año pasado el colegio tuvo que cancelar deudas tributarias no presupuestadas, generadas por los pasivos económicos que dejó la gestión 2013-2015. Otro de los aspectos que se ha incluido en el informe publicado por la actual gestión es el que se refiere ‘deuda vencida’ por los pagos a los ingenieros delegados municipales, montos que son cancelados previa aprobación del informe presentado por el ingeniero. De igual modo se ha incluido el pago a los ingenieros peritos, sumando ambos conceptos 163 mil 723.54 soles. ¿Cómo va denominarse deuda vencida si al término de la gestión no se tenía los informes para ejecutar los pagos?”, manifiesta.
LOS BENEFICIOS SOCIALES
Cuestiona también que se haya incluido deudas como el impuesto predial y de arbitrios por el Centro de Esparcimiento y el edificio de la avenida José Balta por el importe de 30 mil 907.85, además del pago de beneficios sociales a los trabajadores del CIP, concepto que solo se puede abonar una vez concluido el vínculo laboral. “Todos los trabajadores ha laborado hasta enero de este año, ¿qué beneficios sociales íbamos a pagar en diciembre del año pasado? Si la deuda laboral se generó en enero de este año, entonces corresponde asumirla a la actual gestión”, asevera.
Finalmente, Burgos Montenegro señala que pese a que su gestión tuvo que asumir las deudas generadas en el período 2013-2015, el año pasado el colegio adquirió un bien inmueble en 245 mil dólares, más impuestos de alcabala, gastos de notaría e inscripción ante SUNARP, ello sin necesidad de endeudar a la institución ante la banca y financiándose íntegramente con recursos propios.
En conversación exclusiva con Expresión, la directora de la Oficina General de Calidad de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, María Rosa Vásquez Pérez, revela que esta casa superior de estudios ha cumplido ya con levantar las observaciones que le remitió la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, y posiblemente en marzo reciba la visita de verificación por parte de los evaluadores de este organismo, a fin de constatar si cumple con las condiciones básicas de calidad que se exigen para el licenciamiento institucional en concordancia con la Ley Nº 30220 – “Ley Universitaria”. El proceso debe concluir antes del 31 de diciembre.
Según el “Reglamento del procedimiento de licenciamiento para universidades públicas o privadas con autorización provisional o definitiva”, aprobado en la Resolución de Consejo Directivo Nº 007-2015-SUNEDU/CD, el licenciamiento consta de tres etapas: revisión documentaria, verificación presencial y la emisión de la resolución.
Al respecto, Vásquez Pérez manifiesta que actualmente la universidad se encuentra en la primera etapa, toda vez que ya se han levantado las observaciones que la SUNEDU emitió en un primer momento y ahora está próxima a enviar información adicional que este organismo solicitó.
“Nosotros hemos iniciado esto de acuerdo a la ley desde el 2016. Nos hemos estado preparando y en septiembre del 2017 presentamos la información, tal como nos correspondía. Estamos enviando una información adicional que se nos solicitó y creo que con eso ya estaríamos cumpliendo con la primera etapa, por lo que probablemente en marzo tengamos la visita de verificación por los evaluadores de la SUNEDU aquí en la universidad”, señala.
Vásquez Pérez advierte que, como toda universidad estatal, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo no ha contado desde un primer momento con el presupuesto que le permitiese cubrir las condiciones básicas de calidad, pero dentro de todas esas limitaciones han podido superar los escollos que se les han presentado.
Manifiesta que gran parte de las observaciones de la SUNEDU estuvo referida a los planes de estudio, debido a un mal llenado de los formatos que establece el órgano rector.
“No es que nuestros planes de estudio estuvieran mal, sino que al momento de pasar algunos aspectos como el número de horas o códigos a los formatos que nos pide que llenemos la SUNEDU, estos presentaban errores y este organismo es muy estricto en cuanto a la coherencia que deben tener los números que se señalan en los formatos con los planes de estudio”, explica Vásquez Pérez.
Manifiesta que también hubo algunos errores al consignar la información de los laboratorios, ya que esta información se hizo a modo de inventario cuando la SUNEDU no lo estipulaba así. Señala, además, que antes no se tenía un plan de mantenimiento ni presupuesto para los laboratorios, pero que eso está mejorando.
Sumado a eso refiere que se encontraba el problema de no tener órganos de gobierno completos, pero que ya realizado el proceso eleccionario en la universidad, ahora se tiene al Consejo y Asamblea Universitaria, así como a los consejos de facultad, debidamente constituidos.
“Las universidades en su conjunto, no hablo solo de la Pedro Ruiz Gallo, no hemos estado bien organizadas, no planificábamos adecuadamente. Este proceso de licenciamiento nos ha permitido mirarnos hacia dentro, que nos evaluemos y veamos que no hemos estado dirigiendo bien la parte organizativa de la universidad. Hoy incluso estamos adecuándonos al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, pero estos cambios no se logran de la noche a la mañana”, sostiene.
Añade que el licenciamiento ha significado para esta universidad lambayecana una oportunidad de mejora continua, puesto que toda casa superior tiene como función social formar profesionales desde el punto de vista científico, humanístico y tecnológico, pero muchas veces se ha malinterpretado la “autonomía universitaria” y no se ha hecho lo correcto.
PRESUPUESTO
Por otro lado, Vásquez Pérez advierte que el 2018 la universidad invirtió más de 61 millones en el proceso de licenciamiento, divididos entre recursos propios y ordinarios. El Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, no entregó dinero para esta causa a la universidad el año pasado. Sin embargo, para este año sí se ha conseguido la asignación 20 millones.
“Estos 80 millones en realidad solo cubren una parte del proceso de licenciamiento porque las necesidades que tenemos son mayores, los equipos son muy caros. Aquí nosotros contamos con 53 carreras profesionales, sin contar que hemos tenido que desistir de la filial Cutervo en el proceso de licenciamiento, porque si aquí, en la sede principal, teníamos problemas para cumplir con las condiciones básicas de calidad, en la filial iba a ser más difícil aún”, explica.
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS
En cuanto a los docentes, María Vásquez señala que la universidad supera el 25 % de profesores a tiempo completo que exige la SUNEDU, además de contar con solo entre el 1 % y 2 % de los catedráticos sin maestrías, los mismos que ya están cursando estos estudios, financiados en un 40 % por la universidad, para obtener el grado de maestros antes de noviembre del 2020, plazo máximo estipulado por ley después del cual, de no obtener este grado, tendrían que dejar la docencia universitaria.
En ese sentido, manifiesta que “la universidad sí cuida y da facilidades a través del financiamiento”, por lo cual la Oficina de Recursos Humanos en coordinación con la Oficina General de Calidad y Vicerrectorado Académico están trabajando para que los docentes que no tienen estudios de maestría, los realicen.
Además, señala que de los aproximadamente 800 docentes de la casa de estudios, hay un 40 % de estos que cuentan con el grado académico de doctor.
Al respecto, manifiesta que la Universidad Pedro Ruiz Gallo ha comprendido también la necesidad de que sus investigaciones no solo queden publicadas en artículos científicos, sino que también se pongan en práctica, motivo por el cual se ha enfocado al distrito de Mórrope como un centro piloto para la aplicación de las investigaciones que realicen.
Asimismo, asegura que la universidad está en un proceso de adecuación a la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil, por lo cual el personal administrativo de la universidad viene siendo formado de acuerdo a esto y están próximos a ser evaluados para realizar un diagnóstico de quienes cumplen con el perfil para cada puesto.
“Hacer un diagnóstico no significa que si encuentras en malas condiciones a tu personal lo vas a sacar, sino que les debes que darle las oportunidades para capacitarse”, refiere.
Sin embargo, Vásquez Pérez admite que todo el proceso de licenciamiento no ha sido sencillo, pues en un principio hubo resistencia tanto del personal docente como administrativo, quienes no veían con beneplácito las reformas que planteaba la Ley Universitaria.
“Como todo proceso de cambio, no todos vieron con buenos ojos lo que significaba el cambio, es decir, abandonar esa zona de confort a la que habíamos estado acostumbrados. Sin embargo, ahora ya todos hemos comprendido que debemos sumar fuerzas y no solo poner nuestras buenas intenciones, sino hacer que estas se concreticen en acciones porque al fin y al cabo sabemos que el licenciamiento nos beneficia a todos y esta reforma se centra en el estudiante”, sentencia.
El 26 de septiembre del año pasado, siendo aún alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, la comuna provincial celebró el Contrato N° 067-2018-MPCH-GM con el Consorcio Unión para la ejecución de la obra “Rehabilitación de la calle Leoncio Prado, desde la calle San Martín hasta la calle Reymondi”, por un monto de 156 mil 560.18 soles, dos días después que una de las empresas integrantes del consorcio había sido dada de baja ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT.
El contrato fue firmado por el entonces gerente general del municipio, Williams Pérez Delgado, y el representante legal del consorcio, Rodolfo Martínez del Castillo, quedando todo listo para la ejecución de los trabajos de rehabilitación, financiados con recursos de la Reconstrucción con Cambios, en un plazo de 21 días calendario.
El Consorcio Unión estuvo integrado por las empresas Constructora Mardec SAC y Valhuva Contratistas Generales SAC, cuyo gerente general era Zila Huamán Huamán, con RUC N° 20600340230.
Sin embargo, esta última empresa, tal como consta en el registro de SUNAT, había sido dada de baja definitiva el 24 de septiembre del 2018; es decir, dos días antes de la firma del contrato, por lo que no se sabe cómo es que la municipalidad de Chiclayo llegó a firmar el acuerdo para la ejecución de la obra de rehabilitación, considerando que de acuerdo a las bases las empresas adjudicatarias de la buena pro debían presentar su ficha de SUNAT al momento de la suscripción del documento.
EL PROCESO
El comité especial de selección de la comuna de Chiclayo, presidido por Washington Aliaga Marín, entonces gerente de Infraestructura Pública, y Manuel Odar Farro y Richard Carrillo Urteaga, calificó con 100 puntos a tres postores que se presentaron al proceso de la rehabilitación de la calle Leoncio Prado: Consorcio Unión, Fabial Contratistas Generales SAC y Consorcio Camila.
Tal como consta en el acta de evaluación que obra en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el comité decidió aplicar el criterio de desempate para establecer el orden de prelación en función a lo establecido por las bases integradas, que finalmente terminó siendo favorable al Consorcio Unión, integrado por la Constructora Mardec SAC y Valhuva Contratistas Generales SAC.
Así, el 4 de septiembre del año pasado se le otorgó la buena pro de la Contratación Pública Especial N° 015-2018-MPCH/CS.
La suscripción del contrato con el Consorcio Unión, estando una de las integrantes con baja definitiva, trasgredió lo señalado por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, así como lo indicado en la Sección Específica de las Bases Integradas del proceso en mención.
OTROS CONTRATOS
La obra de la calle Leoncio Prado no fue la única que ganó el Consorcio Unión. A esta misma sociedad de empresas la Municipalidad Provincial de Chiclayo le adjudicó, el 23 de agosto del año pasado, la “Rehabilitación de la calle Tumbes Norte, desde la Avenida Francisco Cúneo hasta la Avenida Eufemio Lora y Lora”, con un presupuesto de 719 mil 097.96 soles, para ejecutar los trabajos en un plazo de 60 días.
El acuerdo entre la comuna y el consorcio se concretó con la suscripción del Contrato N° 053-2018-MPCH-GM, firmado también por el gerente general del municipio William Pérez Delgado y el representante común de las empresas, Alfonso Martínez del Castillo.
Otro contrato es el N° 036-2017-MPCH-GM, firmado entre la comuna y Valhuva Contratistas Generales SAC, representada por Zila Huamán Huamán, el 22 de agosto del 2017, para la ejecución de la obra “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de las calles de la Urbanización Los Robles”, valorizada en un millón 564 mil 927 soles, con un plazo de ejecución de 75 días calendario.
CON EL GOBIERNO REGIONAL
Valhuva SAC también ganó diferentes contratos con el Gobierno Regional de Lambayeque y sus gerencias sectoriales, durante la administración de Humberto Acuña Peralta. Así, por ejemplo, el 23 de septiembre del 2015 celebró el Contrato N° 214-2015-GR-LAMB/GERESA-L, con la Gerencia Regional de Salud, al ganar la Adjudicación De Menor Cuantía N° 013-2015, para la “Rehabilitación de la infraestructura para la oficina de Servicios de Salud, ubicada en la Gerencia Regional de Salud, por un valor de 20 mil 941.19 soles.
Con la misma dependencia, el 8 de agosto del 2016, la constructora suscribió el Contrato N° 681-2016-GR-LAMB/GERESA-L, al ganar la Adjudicación Simplificada N° 005-2016, para la “Construcción del almacén de medicamentos y oficinas administrativas de la Gerenca Regional de Salud”, presupuestada en un millón 74 mil 587.24 soles.
Con la sede central del Gobierno Regional de Lambayeque, Valhuva SAC, teniendo como representante a Graciela Vilcahuamán Sánchez, celebró el Contrato de Obra N° 08-2017, del 22 de marzo del 2017, para la obra “Creación de la Plaza Mayor de San José, distrito de San José”, por un monto ascendente a un millón 55 mil 479.63 soles.
El 2 de agosto de ese mismo año, la empresa ganó la buena pro para ejecutar los trabajos de fabricación e instalación de puertas y ventanas de madera para la obra “Mejoramiento de la infraestructura en la Institución Educativa N° 10876 – Ampliación Totoras – Pampa Verde, Cañaris”, arribando al Contrato de Servicio N° 21-2017, valorizado en 88 mil 112.88 soles.
Asimismo, el 27 de agosto del año pasado, la empresa Valhuva SAC, como integrante del Consorcio Cieza de León, junto a Tija Contratistas Generales SAC, suscribió el Contrato N° 09-2018 con el Gobierno Regional de Lambayeque para la ejecución de la obra “Mejoramiento de la carretera Mochumí – Caserío Baldera – Pueblo Nuevo”, con un presupuesto ascendente a tres millones 360 mil 134.24 soles.
CASO MESONES MURO
En la Edición 1101 de Expresión se dio cuenta de la participación del Consorcio Ramos como postor y ganador de la buena pro, también en la gestión de Humberto Acuña Peralta, para la ejecución de la obra “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular en la avenida Antonio Mesones Muro, distrito de Chiclayo”, por un valor de ocho millones 186 mil 027.17 soles.
Dicho consorcio, que el 8 de febrero de este año firmó contrato con el Gobierno Regional de Lambayeque, está conformado por las empresas: Tija Contratistas Generales SAC y Valuva Grupo Empresarial S.A.C. Esta última sería la reconversión de la razón social de Valhuva Contratistas Generales SAC, la empresa que firmó el contrato con la municipalidad de Chiclayo como integrante del Consorcio Unión, pese a tener baja definitiva ante la SUNAT.
En el caso del proceso de la avenida Mesones Muro se ha denunciado la existencia de una serie de documentos presuntamente falsos y/o inexactos, con los que el Consorcio Ramos se habría hecho de la millonaria adjudicación.
Con 167 años a cuestas, el Hospital Regional Docente “Las Mercedes” sigue limitado por la carencia de equipos clínicos, deficiente infraestructura, el hacinamiento de sus pacientes e incluso la falta agua potable. Estos son algunos de los principales problemas que enfrenta el nosocomio, cuyo personal médico debe ingeniárselas cada día para atender en estas condiciones.
Según la directora ejecutiva del referido hospital, Carmen Gutiérrez Gutiérrez, anualmente en este nosocomio se atiende a 42 mil 500 pacientes en el área de Rehabilitación, 24 mil 500 en Emergencia, cuatro mil 600 partos en Ginecología y Obstetricia, dos mil 600 pacientes en Consulta Externa y 846 en Neonatología.
CARENCIA DE EQUIPOS
Anota que los equipos más urgentes que necesita el hospital son un tomógrafo, el generador de oxígeno, un equipo de rayos X portátil y el ecógrafo. “Perdemos tiempo cuando llega un paciente politraumatizado y lo trasladamos hasta la sala de rayos. Necesitamos un equipo de rayos portátil y un ecógrafo para no tener que movilizarnos hasta allá”, menciona.
Gutiérrez Gutiérrez señala que otra de las carencias en “Las Mercedes” es la ausencia de una Unidad de Trauma Shock, lo que ocasiona que muchas veces fallezcan los pacientes politraumatizados en el ínterin de ir de Emergencia hasta Sala de Operaciones. “En esta unidad podemos atenderlos de inmediato y salvarles la vida”, señala.
Según la NT N° 042-MINSA/DGSP-V.01 – “Norma Técnica de Salud de los Servicios de Emergencia”, la Unidad de Trauma Shock y Reanimación le corresponde a los hospitales categorizados como II-2, III-1 y III-2. El hospital Las Mercedes cuenta actualmente con la categoría II-1, pero debido a las demandas que atiende debería recategorizarse al nivel II-2.
También hace falta una Unidad de Apoyo Diagnóstico en el área de Emergencia. Es decir, un laboratorio. “Hay que salir de emergencia y correr 200 metros hasta el laboratorio para que venga el profesional encargado a tomar la muestra del paciente. Muchas veces incluso, cuando no tenemos suficiente personal, son los familiares quienes deben dar la vuelta por todo el hospital para traer al laboratorista”, asevera
Además, asegura que no su cumple con el plan de mantenimiento anual de los equipos con los que cuenta actualmente el hospital, por lo cual se está gestionando con la Gerencia Regional de Salud – GERESA, la contratación de un pool de ingenieros biomédicos y electricistas que puedan brindar soporte técnico a los nosocomios.
En cuanto al tomógrafo computarizado y la fuente generadora de oxígeno medicinal, manifiesta que este año debe darse su adquisición, pero depende en gran parte de que el Gobierno Regional de Lambayeque haga las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, para que este autorice la compra.
El hospital tiene aprobado para este año un millón 800 mil soles para la compra de su tomógrafo.
Recientemente se ha donado al hospital un colposcopio y se espera la visita del embajador de la República de Taiwán, país con el que se está gestionando la donación de dos ambulancias.
HACINAMIENTO
Por otro lado, Gutiérrez Gutiérrez advierte que otro problema es el hacinamiento en el que se encuentran los pacientes. Por ejemplo, en los pasillos externos la sala de hospitalización de Emergencia constantemente hay dos hileras de camillas donde se atiende a pacientes, mientras que en el pasillo interior hay otra hilera de camillas.
En tanto, indica que el área de Neonatología tiene una capacidad para atender a no más de 16 pacientes, pero por lo general se atiende entre 20 y 25 neonatos, habiendo días en los que se llega a 30, los cuales terminan siendo atendiendos en los pasillos.
Añade que en esta área se han tenido que comprar cortinas de bambú para que los rayos del sol no caigan directamente al rostro de los niños que son atendidos en los pasillos. “En sus ojitos tan delicados, la luz del sol es como cuchillos para ellos”, explica.
Asimismo, manifiesta que el hacinamiento hace que no se respeten los espacios aceptados técnicamente a nivel internacional. Por ejemplo, en el área de neonatología debe haber entre cuna y cuna un espacio de 90 centímetros, sin embargo solo existe un espacio de 25 centímetros entre una y otra, irrespetándose así la norma.
Situación similar ocurre en la Unidad de Cuidados Intensivos - UCI, donde debe haber 16 metros alrededor de un ventilador mecánico para que el profesional de salud pueda maniobrar de forma óptima, pero por lo general donde está un niño con un ventilador mecánico hay tres incubadoras más a su costado.
Otra causa del hacinamiento son los equipos inservibles que se encuentran en los pasillos, lo cual dificulta la movilización de las personas, según refiere la galena. “El Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT nos ha cedido gentilmente un espacio para albergar los equipos que han quedado inservibles, pero no podemos llevarlos hasta que el área de Patrimonio haga una evaluación y actualice el margesí de bienes que tenemos para que se les dé de baja oficialmente”, expresa.
SERVICIOS BÁSICOS
Por otra parte, Carmen Gutiérrez alerta que “Las Mercedes” afronta el desabastecimiento de agua, especialmente en la Sala de Operaciones y la Sala de Esterilizaciones, donde solo se les proporciona el recurso por horas.
“Este desabastecimiento en la Sala de Operaciones es un peligro porque para lavarnos las manos tenemos que echarnos agua con tachitos. Cortamos un frasco de cloruro de sodio, lo metemos a un recipiente con agua y así nos lavamos, lo cual es un riesgo porque puede incrementarse las infecciones postoperatorias”, expone.
En ese sentido, afirma que espera contar para marzo con una cisterna para el Centro Quirúrgico, a fin de tener agua las 24 horas del día y disminuir el riesgo de infecciones.
Básico en un centro de atención es también el aire acondicionado. Gutiérrez Gutiérrez señala que la Unidad de Cuidados Intensivos debe estar a una temperatura de máximo 24 grados, ya que temperaturas por encima de este registro hace que los ventiladores mecánicos dañen, es decir, se quemen. “En la UCI tenemos seis ventiladores y los ponemos en riesgo al trabajar con temperaturas por encima de los 24 grados. Y no son baratos, cada uno cuesta alrededor de 250 mil soles”, asevera.
Otras áreas donde existe esta problemática es la de Neonatología y Anatomía Patológica, donde no existe un sistema de tránsito de aire.
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA
Las lluvias también han comenzado a causar daños en la vetusta infraestructura de este hospital. La directora señala que la lluvia del 15 de febrero ocasionó daños en el Centro Quirúrgico, el área de Archivo, Admisión y gran parte de Farmacia.
Manifiesta que también tienen problemas con las canaletas, las cuales deben vaciar con escobas y recogedores cuando llueve, además de las constantes filtraciones de agua, debido a la antigüedad de las tuberías.
Refiere que al pie del área de Archivo hay una cisterna donde se acumula el agua y genera humedad, lo cual ocasiona que este espacio esté llena de moho, poniendo así en riesgo la salud de los trabajadores. “En esta área tenemos cuatro metros de papeles y la humedad es tal que solo al pisar el ambiente se respira”.
Advierte que han tenido dificultades en algunas áreas como en el Centro Quirúrgico, debido a que el techo y las paredes no están permeabilizados. “La infraestructura del hospital está considerada en riesgo B, lo que significa que cualquier siniestro podría ocasionar daños severos tanto en los pacientes como en quienes trabajamos aquí”, sostiene.
Sumado a eso se encuentra el problema de los roedores en el hospital. Gutiérrez Gutiérrez señala que en el comedor debe ponerse en marcha un plan de desratización, descontaminación y desinfección que se realice trimestralmente. Estas acciones no se ejecutan desde el 2016.
Para este año el Presupuesto Institucional de Apertura de “Las Mercedes” es de 51 millones 823 mil 711 soles. De este monto, según refiere Carmen Gutiérrez, el 80 % se destina a pago del personal tanto nombrado como contratado, el 15 % para bienes y servicios, y solo el 5 % para la adquisición de bienes no financieros. “Las demandas que podemos satisfacer con ese 5 % que nos queda son muy pocas, por eso debemos priorizar entre los requerimientos más urgentes”, remata.
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