El último domingo se abordó en un programa dominical el problema de la basura en Chiclayo. En el reportaje apareció el alcalde de la provincia Marcos Gasco Arrobas, quien habló sobre la posibilidad de declarar al municipio en desabastecimiento inminente para atender la ineficiencia en el recojo de los residuos. ¿Qué implica esta medida? Recuerdos de cómo se manejaron los desabastecimientos y emergencias en gestiones pasadas han encendido las alarmas.
En principio, la Municipalidad Provincial de Chiclayo se declaró en situación de emergencia el 15 de febrero pasado, luego de las casi nueve horas de lluvia que cayó sobre varios distritos del departamento y anegó diversos sectores de la “Capital de la Amistad”.
Como bien explica el regidor Percy Espinoza Gonzales, aquella declaratoria se dio con el voto de la mayoría de regidores. Él y su par Andrés Puell Varas se abstuvieron, debido a que para arribar a dicho acuerdo la administración no alcanzó ningún informe detallado que justifique la situación de emergencia. Horas después, el gobierno nacional declaró en emergencia al departamento por las lluvias previstas para las próximas semanas.
DIFERENCIAS MARCADAS
Con una declaratoria de emergencia por razones que obedecen meramente a eventos climatológicos, al parecer la intención de la gestión de Gasco Arrobas es también declarar la emergencia sanitaria, lo que daría carta libre a su administración para – tal como lo ha dicho el mismo alcalde – alquilar maquinaria, contratar personal de limpieza y paliar momentáneamente la situación en Chiclayo distrito.
“El desabastecimiento y la situación de emergencia son dos figuras propias de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, mecanismos que permiten compras directas. La norma en su artículo 100 establece la situación de emergencia y la manera cómo es que se determina, por eso nuestra discrepancia por la forma en la que se aprobó tal medida el pasado 15 de febrero. Se aprobó sin tener los regidores acceso a una evaluación de daños y necesidades para saber cuál era la cantidad real, por ejemplo, de viviendas dañadas, colapsadas o damnificados, para en función de ello intervenir”, explica Espinoza Gonzales.
El concejal de oposición refiere que si bien cierta parte de la población puede considerar como burocráticos los informes de daños, estos son necesarios para determinar la intervención directa de la municipalidad y que esta efectúe compras directas. Eso es lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado.
“En una situación de emergencia la entidad puede tomar los recursos y gastarlos directamente, postergándose los procedimientos y luego esto se regulariza en función de los formatos establecidos por la Contraloría”, menciona el concejal.
EL DESABASTECIMIENTO
Definidas las implicancias de la situación de emergencia, Percy Espinoza detalla lo concerniente al problema de limpieza pública y la posible aplicación del desabastecimiento inminente.
“Cuando se habla de la figura de desabastecimiento esta se refiere a un bien específico o un servicio que requiere la municipalidad para cumplir con sus funciones. Si se ha dicho que en la ciudad se deja de recoger a diario 80 toneladas de basura, con la declaratoria de desabastecimiento el municipio podría alquilar maquinaria en un número y por un plazo determinado, ya que se trataría de una situación extraordinaria”, manifiesta.
SITUACIÓN DE LA MAQUINARIA
Actualmente el municipio provincial cuenta con 16 compactadoras de las cuales seis están operativas al 80 %, mientras que otras tres funcionan de manera intermitente. Las otras siete compactadoras están totalmente inoperativas.
“Para esas compactadoras se necesita repuestos a fin de ponerlas en operatividad. El año pasado, en la gestión de David Cornejo, se aprobó un presupuesto de un millón 300 mil soles para la compra de repuestos, pero no se ha encontrado los repuestos y por eso es que tenemos compactadoras inoperativas. Si se llegase a plantear la declaratoria de desabastecimiento, creo que esta vez sí la gestión municipal debe tener la seriedad del caso de alcanzar al concejo los informes que sustenten tal medida y que no pase como con la declaratoria de la situación de emergencia, que se hizo en base a informes orales”, señala.
Espinoza Gonzales añade que no solo se trata de resolver la problemática de la basura con una declaratoria de desabastecimiento, sino también de investigar a profundidad quiénes son los responsables de haber conducido a la comuna de Chiclayo a tal situación, lo que abriría nuevas aristas para procesar a las exautoridades municipales.
“La norma nos dice que atender una emergencia o un desabastecimiento es posible con cargo al presupuesto existente, es decir, la entidad evalúa de qué áreas o qué partidas puede tomar para resolver el problema presentado. Si en el caso de la maquinaria para limpieza se nos dice que hace falta cerca de 400 mil soles para ponerla en operatividad, ¿de dónde se va a tomar ese dinero? ¿Qué servicios o funciones se afectarán para resolver el asunto de la limpieza?”, enfatiza.
El decano del Colegio de Arquitectos de Lambayeque, Antonio Uriarte Gonzáles, critica el pobre avance de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC en las obras programadas para Lambayeque y cuestiona el rol desempeñado por los funcionarios Edgar Quispe Remón y César Calderón Morales, a quienes responsabiliza de que en dos años se haya ejecutado solo el 18 % de los tres mil 115 millones de soles asignados para el departamento tras El Niño Costero 2017.
“El objetivo era invertir tres mil 115 millones de soles en cuatro años. Si en dos años solo se ejecutó el 18 %, difícilmente se podrá ejecutar el otro 82 % en los dos años restantes”, señala.
Anota que recién en noviembre del 2018 fue convocada la elaboración de los planes de desarrollo, motivo por el cual en el mejor de los casos estos estarían listos a fines de este año.
“Estos planes sirven justamente para planificar la ejecución de los proyectos, pero con este retraso podemos decir que, desde el punto de vista de planificación, la Reconstrucción ha sido un fracaso”, apunta.
Sostiene además que los funcionarios de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios han incurrido en mentiras al asegurar que este año se comenzaría la construcción del drenaje pluvial para Chiclayo metropolitano, ya que recién en marzo se va a lanzar la formulación del Plan Maestro, cuya consolidación estará lista todavía a fines de año, momento a partir del cual comenzarán a verse perfiles y expedientes técnicos que el mismo director ejecutivo de la ARCC, Edgar Quispe, ha señalado que demorarían entre nueve y 10 meses.
“Si comenzamos a sumar los meses de ejecución, más preinversíon, más Plan Maestro, estamos hablando de entre de 20 a 24 meses como mínimo, entonces que no nos vengan a decir que este año va a comenzar el drenaje pluvial porque no es así”, asevera.
Uriarte Gonzáles manifiesta que mientras se va elaborando el plan de desarrollo junto a los perfiles y expedientes técnicos, los funcionarios de la Reconstrucción con Cambios en Lambayeque deberían capacitar a la población en mitigación de riesgos, ya que si en dos años no se podrá contener el impacto de un fenómeno natural como El Niño Costero, por lo menos a través de la capacitación puede minimizarse su repercusión.
“Yo creo que si empezamos a calificar a los funcionarios en función de cuanto han conseguido, concluiríamos que son ineficientes. Si yo fuera el presidente, sí los cambiaría, pero más allá de las personas, el problema con la Reconstrucción es que ha sido concebida para que se maneje desde Lima. Darle 25 mil millones de soles a un grupo de personas para que lo gasten en Lima es un fracaso”, resalta.
Añade que hace dos años la sociedad civil recomendó que se forme un equipo multidisciplinario en cada región, de tal manera que sean ellos los responsables de la elaboración del expediente, del monitoreo y supervisión de las obras. “Si hubiésemos tenido este equipo de profesionales, tendríamos algo más del presupuesto, pero ahorita no tenemos casi nada”, asegura.
DISPOSITIVOS LEGALES
En cuanto al Decreto Legislativo N° 1354 – “Decreto Legislativo que modifica la Ley N°30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”, Uriarte Gonzáles manifiesta que las modificaciones hechas al reglamento de contrataciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE pareciera que “están siendo orientadas para que haya más corrupción”.
Apunta que una de estas modificatorias ha sido reducir el tiempo de experiencia en ejecución de 10 años a ocho. “¿Quiénes han tenido trabajo en los últimos ocho años? Los famosos amigos de la construcción, los amigos de los alcaldes, de los gobernadores regionales, ellos son los que han tenido experiencia en los últimos ocho años. De esta forma están cerrando el círculo y casi direccionando para que los proyectos estén en manos de un grupo de empresas”, sostiene.
Expresa que otra modificatoria se dio en cuanto a la experiencia en obras y consultorías, toda vez que antes era una experiencia en obras similares y ahora se ha elevado a tres. “Si yo tengo una empresa pequeña con las justas llegaré a una. ¿Quién tiene esas posibilidades? Al final quien va a participar en un grupo selecto”, afirma.
Asimismo, advierte que en la selección de los planes metodológicos existe una subjetividad total. “Se presentan cinco planes y como tú eres mi amigo, queda el tuyo porque me gusta más”, asevera.
Para Uriarte Gonzáles estos procesos no obedecen a uno de los objetivos de la Ley de Contrataciones del Estado como es la inclusión, donde haya mayor transparencia y participación. “¿La Contraloría se dio cuenta de esto o no? Y si se dio cuenta, ¿por qué no hace las observaciones?”, advierte.
OBRAS DEL PSI
En cuanto a las irregularidades del Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, detectadas por la Contraloría General de la República en 13 obras de la reconstrucción en Lambayeque, Uriarte Gonzáles señala que en su momento se advirtió que la gran mayoría de los trabajos de descolmatación iba a realizarse sin supervisión y sobrevalorados.
“La pregunta que hay que hacer es dónde no está la solución, si el mismo señor Quispe que está ya casi año y medio no ha hecho ninguna corrección. ¿Qué nos puede esperar estos dos años? Debemos unirnos las instituciones, los colegios profesionales y toda la sociedad civil para hacer un llamado al presidente Martín Vizcarra y nos haga caso. Desunidos muy poco se va a hacer”, finaliza.
