Con 167 años a cuestas, el Hospital Regional Docente “Las Mercedes” sigue limitado por la carencia de equipos clínicos, deficiente infraestructura, el hacinamiento de sus pacientes e incluso la falta agua potable. Estos son algunos de los principales problemas que enfrenta el nosocomio, cuyo personal médico debe ingeniárselas cada día para atender en estas condiciones.
Según la directora ejecutiva del referido hospital, Carmen Gutiérrez Gutiérrez, anualmente en este nosocomio se atiende a 42 mil 500 pacientes en el área de Rehabilitación, 24 mil 500 en Emergencia, cuatro mil 600 partos en Ginecología y Obstetricia, dos mil 600 pacientes en Consulta Externa y 846 en Neonatología.
CARENCIA DE EQUIPOS
Anota que los equipos más urgentes que necesita el hospital son un tomógrafo, el generador de oxígeno, un equipo de rayos X portátil y el ecógrafo. “Perdemos tiempo cuando llega un paciente politraumatizado y lo trasladamos hasta la sala de rayos. Necesitamos un equipo de rayos portátil y un ecógrafo para no tener que movilizarnos hasta allá”, menciona.
Gutiérrez Gutiérrez señala que otra de las carencias en “Las Mercedes” es la ausencia de una Unidad de Trauma Shock, lo que ocasiona que muchas veces fallezcan los pacientes politraumatizados en el ínterin de ir de Emergencia hasta Sala de Operaciones. “En esta unidad podemos atenderlos de inmediato y salvarles la vida”, señala.
Según la NT N° 042-MINSA/DGSP-V.01 – “Norma Técnica de Salud de los Servicios de Emergencia”, la Unidad de Trauma Shock y Reanimación le corresponde a los hospitales categorizados como II-2, III-1 y III-2. El hospital Las Mercedes cuenta actualmente con la categoría II-1, pero debido a las demandas que atiende debería recategorizarse al nivel II-2.
También hace falta una Unidad de Apoyo Diagnóstico en el área de Emergencia. Es decir, un laboratorio. “Hay que salir de emergencia y correr 200 metros hasta el laboratorio para que venga el profesional encargado a tomar la muestra del paciente. Muchas veces incluso, cuando no tenemos suficiente personal, son los familiares quienes deben dar la vuelta por todo el hospital para traer al laboratorista”, asevera
Además, asegura que no su cumple con el plan de mantenimiento anual de los equipos con los que cuenta actualmente el hospital, por lo cual se está gestionando con la Gerencia Regional de Salud – GERESA, la contratación de un pool de ingenieros biomédicos y electricistas que puedan brindar soporte técnico a los nosocomios.
En cuanto al tomógrafo computarizado y la fuente generadora de oxígeno medicinal, manifiesta que este año debe darse su adquisición, pero depende en gran parte de que el Gobierno Regional de Lambayeque haga las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, para que este autorice la compra.
El hospital tiene aprobado para este año un millón 800 mil soles para la compra de su tomógrafo.
Recientemente se ha donado al hospital un colposcopio y se espera la visita del embajador de la República de Taiwán, país con el que se está gestionando la donación de dos ambulancias.
HACINAMIENTO
Por otro lado, Gutiérrez Gutiérrez advierte que otro problema es el hacinamiento en el que se encuentran los pacientes. Por ejemplo, en los pasillos externos la sala de hospitalización de Emergencia constantemente hay dos hileras de camillas donde se atiende a pacientes, mientras que en el pasillo interior hay otra hilera de camillas.
En tanto, indica que el área de Neonatología tiene una capacidad para atender a no más de 16 pacientes, pero por lo general se atiende entre 20 y 25 neonatos, habiendo días en los que se llega a 30, los cuales terminan siendo atendiendos en los pasillos.
Añade que en esta área se han tenido que comprar cortinas de bambú para que los rayos del sol no caigan directamente al rostro de los niños que son atendidos en los pasillos. “En sus ojitos tan delicados, la luz del sol es como cuchillos para ellos”, explica.
Asimismo, manifiesta que el hacinamiento hace que no se respeten los espacios aceptados técnicamente a nivel internacional. Por ejemplo, en el área de neonatología debe haber entre cuna y cuna un espacio de 90 centímetros, sin embargo solo existe un espacio de 25 centímetros entre una y otra, irrespetándose así la norma.
Situación similar ocurre en la Unidad de Cuidados Intensivos - UCI, donde debe haber 16 metros alrededor de un ventilador mecánico para que el profesional de salud pueda maniobrar de forma óptima, pero por lo general donde está un niño con un ventilador mecánico hay tres incubadoras más a su costado.
Otra causa del hacinamiento son los equipos inservibles que se encuentran en los pasillos, lo cual dificulta la movilización de las personas, según refiere la galena. “El Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT nos ha cedido gentilmente un espacio para albergar los equipos que han quedado inservibles, pero no podemos llevarlos hasta que el área de Patrimonio haga una evaluación y actualice el margesí de bienes que tenemos para que se les dé de baja oficialmente”, expresa.
SERVICIOS BÁSICOS
Por otra parte, Carmen Gutiérrez alerta que “Las Mercedes” afronta el desabastecimiento de agua, especialmente en la Sala de Operaciones y la Sala de Esterilizaciones, donde solo se les proporciona el recurso por horas.
“Este desabastecimiento en la Sala de Operaciones es un peligro porque para lavarnos las manos tenemos que echarnos agua con tachitos. Cortamos un frasco de cloruro de sodio, lo metemos a un recipiente con agua y así nos lavamos, lo cual es un riesgo porque puede incrementarse las infecciones postoperatorias”, expone.
En ese sentido, afirma que espera contar para marzo con una cisterna para el Centro Quirúrgico, a fin de tener agua las 24 horas del día y disminuir el riesgo de infecciones.
Básico en un centro de atención es también el aire acondicionado. Gutiérrez Gutiérrez señala que la Unidad de Cuidados Intensivos debe estar a una temperatura de máximo 24 grados, ya que temperaturas por encima de este registro hace que los ventiladores mecánicos dañen, es decir, se quemen. “En la UCI tenemos seis ventiladores y los ponemos en riesgo al trabajar con temperaturas por encima de los 24 grados. Y no son baratos, cada uno cuesta alrededor de 250 mil soles”, asevera.
Otras áreas donde existe esta problemática es la de Neonatología y Anatomía Patológica, donde no existe un sistema de tránsito de aire.
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA
Las lluvias también han comenzado a causar daños en la vetusta infraestructura de este hospital. La directora señala que la lluvia del 15 de febrero ocasionó daños en el Centro Quirúrgico, el área de Archivo, Admisión y gran parte de Farmacia.
Manifiesta que también tienen problemas con las canaletas, las cuales deben vaciar con escobas y recogedores cuando llueve, además de las constantes filtraciones de agua, debido a la antigüedad de las tuberías.
Refiere que al pie del área de Archivo hay una cisterna donde se acumula el agua y genera humedad, lo cual ocasiona que este espacio esté llena de moho, poniendo así en riesgo la salud de los trabajadores. “En esta área tenemos cuatro metros de papeles y la humedad es tal que solo al pisar el ambiente se respira”.
Advierte que han tenido dificultades en algunas áreas como en el Centro Quirúrgico, debido a que el techo y las paredes no están permeabilizados. “La infraestructura del hospital está considerada en riesgo B, lo que significa que cualquier siniestro podría ocasionar daños severos tanto en los pacientes como en quienes trabajamos aquí”, sostiene.
Sumado a eso se encuentra el problema de los roedores en el hospital. Gutiérrez Gutiérrez señala que en el comedor debe ponerse en marcha un plan de desratización, descontaminación y desinfección que se realice trimestralmente. Estas acciones no se ejecutan desde el 2016.
Para este año el Presupuesto Institucional de Apertura de “Las Mercedes” es de 51 millones 823 mil 711 soles. De este monto, según refiere Carmen Gutiérrez, el 80 % se destina a pago del personal tanto nombrado como contratado, el 15 % para bienes y servicios, y solo el 5 % para la adquisición de bienes no financieros. “Las demandas que podemos satisfacer con ese 5 % que nos queda son muy pocas, por eso debemos priorizar entre los requerimientos más urgentes”, remata.
Desde abril del 2017, los vecinos de la Urbanización “Los Mochicas” gestionan ante la Municipalidad Provincial de Chiclayo el cambio de las redes de agua y alcantarillado de esta zona, cuya antigüedad de casi 40 años se ha convertido en una bomba de tiempo ante las lluvias de estación. En noviembre del año pasado la Gerencia de Infraestructura Pública aprobó el expediente de este proyecto por más de 740 mil soles, pero cuando pasó a la Subgerencia de Presupuesto, esta dependencia alegó no tender fondos para asignarlos a la obra.
Las viviendas de la Urbanización “Los Mochicas” fueron construidos en 1981 como parte del programa de la Empresa Nacional de Edificaciones – ENACE. En aquel tiempo, fueron cien vecinos los adjudicatarios de estas viviendas. Tras casi 40 años de haber sido construida, la urbanización ha crecido y hoy alberga a alrededor de 400 familias, las que demandan tuberías de un mayor diámetro en las redes de agua y alcantarillado, pues las originales, de concreto, ya son insuficientes, además de desagües individualizados, pues los que se tienen actualmente son desagües mellizos.
Esta demanda se hizo mucho más evidente durante el Fenómeno El Niño Costero en el verano del 2017, cuando el agua alcanzó una altura de 50 centímetros, ocasionando la obstrucción de los desagües y el aniego de la urbanización.
Alfonso Tello Gamarra, vecino de la zona, cuenta que en aquella oportunidad los moradores tuvieron que hacer una colecta pública para comprar dos motobombas que les ayudasen a eliminar el agua. No obstante, como todos los desagües estaban obstruidos, tuvieron que adquirir también mangas para llevar el agua hacia los buzones matrices de la Avenida Paseo del Deporte.
“Nosotros llamamos a las autoridades, pero nadie nos hizo caso. Ellos saben que esta es una zona completamente baja, considerada como zona de riesgo, pero no tuvimos ningún apoyo de forma inmediata. El agua la tuvimos por espacio de 15 días. Al final fuimos nosotros los que nos vimos afectados económicamente al hacer la compra de estas motobombas, porque no podíamos sostener por tantos días este problema”, manifiesta.
Añade que debido a la construcción de urbanizaciones aledañas como “Santa Lila” y el Centro Poblado Belaúnde, hoy “Los Mochicas” se encuentra rodeada y al ser una zona baja el agua de la lluvia ya no se esparce, sino que se empoza. “Cuando llueve aquí viene a parar toda el agua que baja por la Avenida Paseo del Deporte, de la Vía de Evitamiento y de Ricardo Palma. Al final todas las vertientes confluyen acá”, advierte.
En ese contexto, los vecinos decidieron conformar el Comité de Gestión Pro Obra “Cambio de Redes de Agua y Alcantarillado, Construcción de Pistas y Veredas”, el cual fue reconocido por la Subgerencia de Participación Vecinal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo el 11 de abril del 2017, mediante la Credencial N° 022-2017-MPCH/SGPV.
Los miembros de este comité, encabezados por Tello Gamarra, iniciaron así conversaciones con la gestión del entonces alcalde David Cornejo Chinguel para elaborar el expediente técnico de la obra, el cual estuvo a cargo del ingeniero Juan Miguel Delgado Valera y fue aprobado por la Subgerencia de Estudios y Proyectos en octubre del 2018, identificado con el Código de Proyecto N° 2410690.
El 12 de noviembre del 2018, la Gerencia de Infraestructura Pública, al mando de Washington Aliaga Marín, aprobó mediante la Resolución N° 113-2018-MPCH/GIP el Expediente Técnico de Inversión Pública del proyecto “Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Urbanización Los Mochicas – Distrito de Chiclayo – Provincia de Chiclayo – Departamento de Lambayeque”, cuyo presupuesto ascendía a 745 mil 726.10 soles.
Al respecto, el vicepresidente del comité de obras, Pedro Salazar Rivadeneira, señala que este proyecto iba a contar también con la participación de los vecinos, quienes colaborarían con el cemento para el levantamiento de las veredas.
“En la municipalidad nos dijeron que ellos no nos iban a poner todo, que los vecinos tenían también que colaborar para este proyecto y para nosotros estuvo perfecto. Solo estábamos a la espera de que nos digan cuánto de cemento iban a necesitar para las veredas y nosotros lo comprábamos”, asegura.
Sin embargo, cuatro días después, el 16 de noviembre del 2018, Alfonso Tello Gamarra refiere haberse apersonado a la Subgerencia de Presupuesto de la Municipalidad de Chiclayo, donde se encuentra a la fecha el expediente técnico con Registro N° 468050, oficina en la cual se le informó que ya las partidas estaban agotadas y su ejecución quedaría pendiente para la próxima gestión.
En relación a eso, Salazar Rivadeneira señala que el presupuesto de esta obra provenía de la Reconstrucción con Cambios.
“Cuando nosotros conversamos con el gerente de Infraestructura Pública, Washington Aliaga Marín, él nos dijo que ese dinero ya estaba separado para este proyecto porque era un presupuesto que venía del Gobierno Central a través de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”, sostiene.
NUEVA GESTIÓN
El 9 de enero de este año, la Asociación de Residentes de la Urbanización “Los Mochicas” y el Comité de Obras enviaron un memorial al alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, solicitando “respaldar y priorizar la asignación de presupuesto al proyecto “Rehabilitación de las redes de agua y alcantarillado de pistas y veredas de la Urbanización Los Mochicas - Chiclayo, por ser de urgente necesidad dados los problemas sociales y de salud pública que se derivaron ante las inundaciones y el colapso de las redes de agua y alcantarillado”.
Este memorial fue respondido por el gerente de Infraestructura Pública de la municipalidad, Juan Gonzales Sánchez, el 29 de enero de este año, mediante la Carta N° 006-2019-MPCH/GE, en la cual se señala escuetamente “que se están realizando las gestiones respectivas para la asignación de presupuesto”.
Mientras tanto, las lluvias siguen generando estragos entre los moradores de esta zona. Tello Gamarra refiere que las últimas lluvias de febrero obligaron nuevamente a los vecinos a utilizar sus motobombas para sacar el agua empozada.
“La última vez estuvimos desde las 8:00 de la mañana sacando el agua hasta las 3:00 de la madrugada del siguiente día, pero llega un punto en el que la motobomba ya no puede succionar el agua que queda de los charcos, para eso se necesita una hidrojet, pero como no tenemos ya es el sol quien se encarga de secar los charcos de agua que quedan”, asevera.
Al respecto, Salazar Rivadeneira señala que incluso el alcalde Marcos Gasco estuvo presente durante las lluvias de este año, pero solo llegó “para tomarse fotos en la calle Progreso”, sin ofrecer algún tipo de ayuda.
Sumado a eso, manifiesta que con esta nueva gestión han empezado a tener problemas con el servicio de recojo de la basura, cuyos camiones recolectores vienen aproximadamente cada cuatro días, lo cual ha generado que en distintos puntos de la zona se acumulen montículos de residuos.
“Encima que tenemos los desagües atorados y de nuestro propio peculio debemos que contratar personal para desatorarlos, ahora el camión de basura no pasa por esta zona”, remata.
La sección de Delitos contra la Libertad y Personas Desaparecidas del Departamento de Investigación Criminal – DEPINCRI Chiclayo, reportó 232 casos de desaparecidos en lo que va del año.
Todos los casos denunciados fueron resueltos por la Policía Nacional del Perú, que constató que las denuncias, en su mayoría, se originaron por casos de inducción a la fuga de mujeres menores de edad.
DENUNCIAS
La sección policial recibe a diario cuatro denuncias por desaparición, las cuales al ser investigadas a profundidad terminan tratándose en realidad de menores que fugan de su vivienda, inducidas por sus parejas, generalmente debido a que sus padres no aceptan su relación amorosa. En menor medida, también se reportan casos de fuga por los constantes problemas familiares que existen en el hogar.
Durante el 2018, en la DEPINCRI se reportaron más de 500 denuncias por inducción a la fuga, las cuales en su mayoría correspondían a mujeres adolescentes entre los 14 y 17 años de edad. Las principales causas obedecían al maltrato familiar, el enamoramiento o el padecimiento de alteraciones mentales.
Actualmente, los familiares ya no necesitan esperar que pasen 24 horas para formalizar una denuncia por desaparición de algún menor, ya que debido a la Ley Nº 29685 – “Ley que establece medidas especiales en casos de desaparición de niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad mental, física y sensorial”, la policía tiene la obligación inmediata de realizar las diligencias preliminares de investigación.
DESAPARICIÓN
Para interponer una denuncia por desaparición, los denunciantes deben acercarse a cualquier comisaría para brindar los datos del menor, para lo cual deben llevar su Documento Nacional de Identidad, una fotografía actual del desaparecido y toda la información relevante que permita dar con la ubicación de la persona a quien se está buscando.
El único caso de desaparición que se ha presentado en la sección de Delito contra la Libertad y Personas Desaparecidas de la DEPINCRI y que hasta el momento no se ha resuelto es el de la abogada y prestamista Antonia Manayay Bernilla, conocida por sus familiares y amigos como “Toña” o “Toñita”, quien desapareció el 20 de enero del 2017.
Manayay Bernilla, quien ya tiene más de dos años como no habida, salió de su domicilio ubicado en el pueblo joven Fanny Abanto Calle y fue vista por última vez en los pasillos de la sede de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Luego nadie supo más de ella.
INVESTIGACIONES
En un primer momento la policía citó a su hijo, Carlos Andrés García Manayay, y al padre de este, Carlos Eloy García Torres, al igual que a su entonces pareja sentimental, Julio Marcelo Gastañadui, pero las investigaciones no pudieron dar con el paradero de la abogada.
De igual forma, la familia entregó a la Fiscalía una agenda con diversos nombres de personas a quienes ella solía realizar préstamos de fuertes cantidades de dinero.
A pesar de las constantes investigaciones e intervenciones que realizó la policía, hasta la fecha no ha podido dar con el paradero de Antonia Manayay, por lo que no descartan que la aboga haya fallecido.
“Hemos realizado todas investigaciones, incluso en una ocasión intervenimos a un sospechoso, pero lamentablemente no dimos con su paradero, el caso ya lo maneja la Fiscalía.”, narra un agente policial.
Miguel Ángel Núñez Astudillo, sospechoso en la desaparición de la abogada y prestamista, fue intervenido por la policía en la ciudad de Piura y trasladado hasta Chiclayo, pero fue puesto en libertad por el Ministerio Público con comparecencia restringida, mientras se solicita el levantamiento de su secreto de comunicaciones y la geolocalización de los celulares incautados, pues este proceso demora mucho.
Mediante Disposición Fiscal N° 1, del 4 de febrero pasado, correspondiente a la Carpeta Fiscal N° 23-2019, la fiscal Karim Ninaquispe Gil, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, ha dispuesto iniciar las diligencias preliminares - en Sede Policial – por el plazo de 60 días, contra el exalcalde de Chongoyape Alden Padilla Díaz y los miembros del Comité de Selección que tuvo a cargo la licitación de una obra en Pampagrande.
El comité fue presidido por Juan Díaz Vallejos e integrado por Mariano Heredia Guzmán y Elmer Guevara Dávila, quienes desarrollaron el proceso de selección convocado por la comuna chongoyopana con la finalidad de contratar al ejecutor la obra: “Creación de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles El Sol, Yahuar Huaca, Huayna Capac, Manco Capac, Sinchi Roca, Wiracocha, Cahuide e Inca Roca del Centro Poblado Pampagrande”, cuyo monto de inversión supera los cuatro millones 700 mil soles.
La parte decisoria de la referida disposición fiscal ordena a la Policía Anticorrupción que, dentro de los plazos establecidos, recabe de la Municipalidad Distrital de Chongoyape copia certificada de la documentación del expediente de contratación del procedimiento de selección, como así también del Manual de Organización de Funciones - MOF y el Reglamento de Organización de Funciones - ROF, requiriendo también que el ente policial tome la declaración testimonial de los denunciados, como así también de los veedores del proceso adscritos a la Oficina de Control Interno – OCI de Chiclayo, Luis Alberto Díaz Mori y Johan Carlos Pérez Rivas.
DENUNCIA
El caso se inició a partir de la denuncia interpuesta por el apoderado de uno de los participantes, en este caso del Consorcio Escorpio, que a pesar de haber ocupado el primer lugar en el orden de prelación fue descalificado por el Comité de Selección por ciertas incongruencias contenidas en su oferta, las mismas que igualmente se encontraban en la oferta del postor a quien se le adjudicó la buena pro, en este caso el Consorcio Los Incas, las cuales sistemáticamente no habrían sido advertidas por el comité evaluador.
El hecho relevante de la denuncia interpuesta versa sobre la ocurrencia que se evidencia en el Acta de Admisión de Ofertas, en la cual se registra la entrega a los miembros del comité por parte del apoderado del Consorcio Escorpio de la Resolución N° 2021-2018-TCE-S4, emitida por el Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante la cual se les indujo a aplicar la misma al momento de evaluar el equipamiento estratégico requerido para la ejecución de la obra, los mismos que no deberían ser mayores a la capacidad de potencia y carga establecidos en el expediente técnico del proyecto, requisitos que fueron superados por el Consorcio Los Incas y aceptados por el colegiado evaluador, a pesar de la jurisprudencia implícita alcanzada previa a la evaluación de su oferta, la misma que no fue considerada, otorgando la buena pro, a pesar que la documentación presentada respecto a la maquinaria propuesta superaba significativamente los parámetros de potencia y capacidad requeridos.
INTERVENCIÓN DE OCI CHICLAYO
Advertidos los hechos y la documentación supuestamente irregular presentada por el Consorcio Los Incas, el 7 de enero el jefe de la OCI Chiclayo, Miguel Estrella Gil, cursó al alcalde entrante de Chongoyape, Roger Santa Cruz Flores, el Oficio N° 021-2019-MPCH, con el asunto: Comunicación de Orientación de Oficio, informándole que como resultado de la revisión selectiva efectuada a la documentación del procedimiento de selección se había tomado conocimiento de ciertas irregularidades, recomendándole al burgomaestre valorar los riesgos evidenciados y disponer las acciones objetivas y concretas que estime pertinente, otorgándole un plazo de 3 días para ello.
Empero, el requerimiento al parecer no fue acatado, lo que ha derivó que el ente de control decida iniciar la realización de una auditoría de cumplimiento, designando para tal fin, mediante Oficio N° 116-2019-MPCH/OCI, del 1 de febrero, a Giancarlo Olivera Otoya y Johan Pérez Rivas como auditores.
Al cierre de esta edición y tras las indagaciones realizadas, no se ha podido obtener información respecto a los actos ejecutados por parte de la Policía Anticorrupción, y el estado del procedimiento de auditoria a cargo de la OCI Chiclayo.
“La dación de la Ley Universitaria – Ley N° 30220, no solo marca un antes y un después en la historia universitaria del país, sino que marca un punto de inflexión muy importante. Creo que en unos 15 años el país sabrá lo que es la universidad como elemento de desarrollo, dándonos la razón a quienes, en mi caso desde el espacio gremial como presidente de la Federación de Docentes, abogábamos por un nuevo marco normativo”, sostiene Bernardo Nieto Castellanos, vicerrector Académico de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - UNPRG, al hacer un balance sobre lo logrado en aras de la adecuación de la casa superior a la norma promulgada en el 2014.
La autoridad señala que aquellas voces que afirmaban que la nueva ley atentaba contra la autonomía de las universidades hoy han quedado silenciadas, en razón que las instituciones siguen elaborando sus planes de estudio, organizando y desarrollando sus procesos de admisión y rigiéndose por sus órganos de gobierno. En el caso de la UNPRG, pasaron tres años para que estos queden finalmente constituidos.
“Nuestra universidad tenía un problema como era la no conformación de los órganos de gobierno, que no se concretaba por más de una razón, siendo este un requisito indispensable para el proceso de licenciamiento. Desarrolladas las elecciones, ya tenemos consejos de facultad instalados y estos han validado y ratificado las resoluciones emitidas durante casi tres años por los decanos. Lo mismo ha hecho el Consejo Universitario, por lo que estamos encondiciones en decirle a SUNEDU que estamos listos para que nos supervise”, menciona.
DOCENTES Y CARGOS
Nieto Castellanos reconoce que la adecuación de la UNRPG no ha sido sencilla, sobre todo por los conflictos internos que se generaron por el deseo de continuidad del anterior rector Agustín Ramos García, pero además porque iniciada la actual gestión del rector Jorge Oliva Núñez se designó a docentes con más de 70 años de edad en cargos administrativos, pese a existir una prohibición expresa en la Ley Universitaria. Este tipo de designaciones no solo ocurrieron en la Escuela de Postgrado, sino también en facultades como la de Ciencias Histórico Sociales y Educación.
Controversia también hubo respecto a los docentes extraordinarios, condición que se otorgó a aquellos profesionales mayores de 75 años para el ejercicio de la cátedra universitaria. En la UNPRG se formó una comisión que arribó a un consenso en el reglamento de la casa superior.
“Hay docentes repuestos por mandato judicial y otros con medidas cautelares. Lo que estamos viendo es en qué manera estamos cumpliendo con la ley, pero también con los requerimientos académicos de la universidad”, manifiesta.
Añade, que los docentes que presuntamente fueron nombrados de manera irregular en la gestión de Ramos García, caso que está en investigación fiscal, se encuentran laborando con normalidad. “La universidad está a la espera del pronunciamiento judicial”, indica.
PLANES DE ESTUDIO
Respecto a los planes de estudio, el vicerrector Académico sostiene que antes en la universidad se formaba una comisión y esta elaboraba un listado de cursos para en función de ello establecer el currículo académico.
“Era una problemática real que no solo se daba aquí, sino en todo el país, por eso es la universidad peruana no asumía el reto de la pertinencia; es decir que la oferta académica tenga relación con la demanda del mercado. ¿Qué nos dice la SUNEDU ahora? Que el plan de estudios debe estar desarrollado con participación de los agentes sociales, es decir de los que públicos que se relacionan directamente con las carreras que ofrecemos. Nos han dado un plazo de adecuación y en eso estamos y hemos encontrado sorpresas. La escuela de Agronomía, por ejemplo, no cambia sus planes de estudio desde hace 29 años; Ingeniería Civil desde hace 14 años. Estamos trabajando en la actualización”, explica.
Bernardo Nieto acota que se ha creado una Oficina de Gestión Curricular que se encargará de monitorear el cumplimiento de la Ley Universitaria respecto a los planes de estudio, que deben actualizarse cada tres años.
PRESERVAR LOS CAMBIOS
“El docente, en su gran mayoría ha entendido su responsabilidad como tal frente al desafío que la nueva ley le plantea”, enfatiza la autoridad académica.
El próximo año, la actual gestión de la UNPRG llegará a su fin, por lo que – asevera el vicerrector – “se están sentando las bases para que los cambios aplicados se mantengan en el tiempo”.
“Si no hay armonía en las instituciones no vamos a poder avanzar. Nosotros estamos entregando lo mejor de nosotros en esta gestión. No es muy fácil, recibimos una universidad con problemas muy serios. Hay muchas falencias aún, pero en términos generales encarrilada, y ojalá que con el voto universal, la docencia y el alumnado entiendan que es necesario seguir mejorando”, asevera Nieto Castellanos, quien destaca que la Ley Universitaria prohíba la reelección de las actuales autoridades, lo que permite – afirma – una transición normal y sin miramientos políticos.
Finalmente, refiere que la universidad implementará sistemas de control para garantizar que los docentes cumplan con sus horarios lectivos. Asimismo, se trabaja en la depuración del padrón de estudiantes. Se estima que dos mil 900 alumnos, de los 14 mil 500 registrados en la universidad, serán apartados por no cumplir los requisitos mínimos para su continuidad.
El 26 de septiembre del año pasado, siendo aún alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, la comuna provincial celebró el Contrato N° 067-2018-MPCH-GM con el Consorcio Unión para la ejecución de la obra “Rehabilitación de la calle Leoncio Prado, desde la calle San Martín hasta la calle Reymondi”, por un monto de 156 mil 560.18 soles, dos días después que una de las empresas integrantes del consorcio había sido dada de baja ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT.
El contrato fue firmado por el entonces gerente general del municipio, Williams Pérez Delgado, y el representante legal del consorcio, Rodolfo Martínez del Castillo, quedando todo listo para la ejecución de los trabajos de rehabilitación, financiados con recursos de la Reconstrucción con Cambios, en un plazo de 21 días calendario.
El Consorcio Unión estuvo integrado por las empresas Constructora Mardec SAC y Valhuva Contratistas Generales SAC, cuyo gerente general era Zila Huamán Huamán, con RUC N° 20600340230.
Sin embargo, esta última empresa, tal como consta en el registro de SUNAT, había sido dada de baja definitiva el 24 de septiembre del 2018; es decir, dos días antes de la firma del contrato, por lo que no se sabe cómo es que la municipalidad de Chiclayo llegó a firmar el acuerdo para la ejecución de la obra de rehabilitación, considerando que de acuerdo a las bases las empresas adjudicatarias de la buena pro debían presentar su ficha de SUNAT al momento de la suscripción del documento.
EL PROCESO
El comité especial de selección de la comuna de Chiclayo, presidido por Washington Aliaga Marín, entonces gerente de Infraestructura Pública, y Manuel Odar Farro y Richard Carrillo Urteaga, calificó con 100 puntos a tres postores que se presentaron al proceso de la rehabilitación de la calle Leoncio Prado: Consorcio Unión, Fabial Contratistas Generales SAC y Consorcio Camila.
Tal como consta en el acta de evaluación que obra en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el comité decidió aplicar el criterio de desempate para establecer el orden de prelación en función a lo establecido por las bases integradas, que finalmente terminó siendo favorable al Consorcio Unión, integrado por la Constructora Mardec SAC y Valhuva Contratistas Generales SAC.
Así, el 4 de septiembre del año pasado se le otorgó la buena pro de la Contratación Pública Especial N° 015-2018-MPCH/CS.
La suscripción del contrato con el Consorcio Unión, estando una de las integrantes con baja definitiva, trasgredió lo señalado por la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, así como lo indicado en la Sección Específica de las Bases Integradas del proceso en mención.
OTROS CONTRATOS
La obra de la calle Leoncio Prado no fue la única que ganó el Consorcio Unión. A esta misma sociedad de empresas la Municipalidad Provincial de Chiclayo le adjudicó, el 23 de agosto del año pasado, la “Rehabilitación de la calle Tumbes Norte, desde la Avenida Francisco Cúneo hasta la Avenida Eufemio Lora y Lora”, con un presupuesto de 719 mil 097.96 soles, para ejecutar los trabajos en un plazo de 60 días.
El acuerdo entre la comuna y el consorcio se concretó con la suscripción del Contrato N° 053-2018-MPCH-GM, firmado también por el gerente general del municipio William Pérez Delgado y el representante común de las empresas, Alfonso Martínez del Castillo.
Otro contrato es el N° 036-2017-MPCH-GM, firmado entre la comuna y Valhuva Contratistas Generales SAC, representada por Zila Huamán Huamán, el 22 de agosto del 2017, para la ejecución de la obra “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de las calles de la Urbanización Los Robles”, valorizada en un millón 564 mil 927 soles, con un plazo de ejecución de 75 días calendario.
CON EL GOBIERNO REGIONAL
Valhuva SAC también ganó diferentes contratos con el Gobierno Regional de Lambayeque y sus gerencias sectoriales, durante la administración de Humberto Acuña Peralta. Así, por ejemplo, el 23 de septiembre del 2015 celebró el Contrato N° 214-2015-GR-LAMB/GERESA-L, con la Gerencia Regional de Salud, al ganar la Adjudicación De Menor Cuantía N° 013-2015, para la “Rehabilitación de la infraestructura para la oficina de Servicios de Salud, ubicada en la Gerencia Regional de Salud, por un valor de 20 mil 941.19 soles.
Con la misma dependencia, el 8 de agosto del 2016, la constructora suscribió el Contrato N° 681-2016-GR-LAMB/GERESA-L, al ganar la Adjudicación Simplificada N° 005-2016, para la “Construcción del almacén de medicamentos y oficinas administrativas de la Gerenca Regional de Salud”, presupuestada en un millón 74 mil 587.24 soles.
Con la sede central del Gobierno Regional de Lambayeque, Valhuva SAC, teniendo como representante a Graciela Vilcahuamán Sánchez, celebró el Contrato de Obra N° 08-2017, del 22 de marzo del 2017, para la obra “Creación de la Plaza Mayor de San José, distrito de San José”, por un monto ascendente a un millón 55 mil 479.63 soles.
El 2 de agosto de ese mismo año, la empresa ganó la buena pro para ejecutar los trabajos de fabricación e instalación de puertas y ventanas de madera para la obra “Mejoramiento de la infraestructura en la Institución Educativa N° 10876 – Ampliación Totoras – Pampa Verde, Cañaris”, arribando al Contrato de Servicio N° 21-2017, valorizado en 88 mil 112.88 soles.
Asimismo, el 27 de agosto del año pasado, la empresa Valhuva SAC, como integrante del Consorcio Cieza de León, junto a Tija Contratistas Generales SAC, suscribió el Contrato N° 09-2018 con el Gobierno Regional de Lambayeque para la ejecución de la obra “Mejoramiento de la carretera Mochumí – Caserío Baldera – Pueblo Nuevo”, con un presupuesto ascendente a tres millones 360 mil 134.24 soles.
CASO MESONES MURO
En la Edición 1101 de Expresión se dio cuenta de la participación del Consorcio Ramos como postor y ganador de la buena pro, también en la gestión de Humberto Acuña Peralta, para la ejecución de la obra “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular en la avenida Antonio Mesones Muro, distrito de Chiclayo”, por un valor de ocho millones 186 mil 027.17 soles.
Dicho consorcio, que el 8 de febrero de este año firmó contrato con el Gobierno Regional de Lambayeque, está conformado por las empresas: Tija Contratistas Generales SAC y Valuva Grupo Empresarial S.A.C. Esta última sería la reconversión de la razón social de Valhuva Contratistas Generales SAC, la empresa que firmó el contrato con la municipalidad de Chiclayo como integrante del Consorcio Unión, pese a tener baja definitiva ante la SUNAT.
En el caso del proceso de la avenida Mesones Muro se ha denunciado la existencia de una serie de documentos presuntamente falsos y/o inexactos, con los que el Consorcio Ramos se habría hecho de la millonaria adjudicación.
En conversación exclusiva con Expresión, la directora de la Oficina General de Calidad de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, María Rosa Vásquez Pérez, revela que esta casa superior de estudios ha cumplido ya con levantar las observaciones que le remitió la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, y posiblemente en marzo reciba la visita de verificación por parte de los evaluadores de este organismo, a fin de constatar si cumple con las condiciones básicas de calidad que se exigen para el licenciamiento institucional en concordancia con la Ley Nº 30220 – “Ley Universitaria”. El proceso debe concluir antes del 31 de diciembre.
Según el “Reglamento del procedimiento de licenciamiento para universidades públicas o privadas con autorización provisional o definitiva”, aprobado en la Resolución de Consejo Directivo Nº 007-2015-SUNEDU/CD, el licenciamiento consta de tres etapas: revisión documentaria, verificación presencial y la emisión de la resolución.
Al respecto, Vásquez Pérez manifiesta que actualmente la universidad se encuentra en la primera etapa, toda vez que ya se han levantado las observaciones que la SUNEDU emitió en un primer momento y ahora está próxima a enviar información adicional que este organismo solicitó.
“Nosotros hemos iniciado esto de acuerdo a la ley desde el 2016. Nos hemos estado preparando y en septiembre del 2017 presentamos la información, tal como nos correspondía. Estamos enviando una información adicional que se nos solicitó y creo que con eso ya estaríamos cumpliendo con la primera etapa, por lo que probablemente en marzo tengamos la visita de verificación por los evaluadores de la SUNEDU aquí en la universidad”, señala.
Vásquez Pérez advierte que, como toda universidad estatal, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo no ha contado desde un primer momento con el presupuesto que le permitiese cubrir las condiciones básicas de calidad, pero dentro de todas esas limitaciones han podido superar los escollos que se les han presentado.
Manifiesta que gran parte de las observaciones de la SUNEDU estuvo referida a los planes de estudio, debido a un mal llenado de los formatos que establece el órgano rector.
“No es que nuestros planes de estudio estuvieran mal, sino que al momento de pasar algunos aspectos como el número de horas o códigos a los formatos que nos pide que llenemos la SUNEDU, estos presentaban errores y este organismo es muy estricto en cuanto a la coherencia que deben tener los números que se señalan en los formatos con los planes de estudio”, explica Vásquez Pérez.
Manifiesta que también hubo algunos errores al consignar la información de los laboratorios, ya que esta información se hizo a modo de inventario cuando la SUNEDU no lo estipulaba así. Señala, además, que antes no se tenía un plan de mantenimiento ni presupuesto para los laboratorios, pero que eso está mejorando.
Sumado a eso refiere que se encontraba el problema de no tener órganos de gobierno completos, pero que ya realizado el proceso eleccionario en la universidad, ahora se tiene al Consejo y Asamblea Universitaria, así como a los consejos de facultad, debidamente constituidos.
“Las universidades en su conjunto, no hablo solo de la Pedro Ruiz Gallo, no hemos estado bien organizadas, no planificábamos adecuadamente. Este proceso de licenciamiento nos ha permitido mirarnos hacia dentro, que nos evaluemos y veamos que no hemos estado dirigiendo bien la parte organizativa de la universidad. Hoy incluso estamos adecuándonos al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, pero estos cambios no se logran de la noche a la mañana”, sostiene.
Añade que el licenciamiento ha significado para esta universidad lambayecana una oportunidad de mejora continua, puesto que toda casa superior tiene como función social formar profesionales desde el punto de vista científico, humanístico y tecnológico, pero muchas veces se ha malinterpretado la “autonomía universitaria” y no se ha hecho lo correcto.
PRESUPUESTO
Por otro lado, Vásquez Pérez advierte que el 2018 la universidad invirtió más de 61 millones en el proceso de licenciamiento, divididos entre recursos propios y ordinarios. El Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, no entregó dinero para esta causa a la universidad el año pasado. Sin embargo, para este año sí se ha conseguido la asignación 20 millones.
“Estos 80 millones en realidad solo cubren una parte del proceso de licenciamiento porque las necesidades que tenemos son mayores, los equipos son muy caros. Aquí nosotros contamos con 53 carreras profesionales, sin contar que hemos tenido que desistir de la filial Cutervo en el proceso de licenciamiento, porque si aquí, en la sede principal, teníamos problemas para cumplir con las condiciones básicas de calidad, en la filial iba a ser más difícil aún”, explica.
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS
En cuanto a los docentes, María Vásquez señala que la universidad supera el 25 % de profesores a tiempo completo que exige la SUNEDU, además de contar con solo entre el 1 % y 2 % de los catedráticos sin maestrías, los mismos que ya están cursando estos estudios, financiados en un 40 % por la universidad, para obtener el grado de maestros antes de noviembre del 2020, plazo máximo estipulado por ley después del cual, de no obtener este grado, tendrían que dejar la docencia universitaria.
En ese sentido, manifiesta que “la universidad sí cuida y da facilidades a través del financiamiento”, por lo cual la Oficina de Recursos Humanos en coordinación con la Oficina General de Calidad y Vicerrectorado Académico están trabajando para que los docentes que no tienen estudios de maestría, los realicen.
Además, señala que de los aproximadamente 800 docentes de la casa de estudios, hay un 40 % de estos que cuentan con el grado académico de doctor.
Al respecto, manifiesta que la Universidad Pedro Ruiz Gallo ha comprendido también la necesidad de que sus investigaciones no solo queden publicadas en artículos científicos, sino que también se pongan en práctica, motivo por el cual se ha enfocado al distrito de Mórrope como un centro piloto para la aplicación de las investigaciones que realicen.
Asimismo, asegura que la universidad está en un proceso de adecuación a la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil, por lo cual el personal administrativo de la universidad viene siendo formado de acuerdo a esto y están próximos a ser evaluados para realizar un diagnóstico de quienes cumplen con el perfil para cada puesto.
“Hacer un diagnóstico no significa que si encuentras en malas condiciones a tu personal lo vas a sacar, sino que les debes que darle las oportunidades para capacitarse”, refiere.
Sin embargo, Vásquez Pérez admite que todo el proceso de licenciamiento no ha sido sencillo, pues en un principio hubo resistencia tanto del personal docente como administrativo, quienes no veían con beneplácito las reformas que planteaba la Ley Universitaria.
“Como todo proceso de cambio, no todos vieron con buenos ojos lo que significaba el cambio, es decir, abandonar esa zona de confort a la que habíamos estado acostumbrados. Sin embargo, ahora ya todos hemos comprendido que debemos sumar fuerzas y no solo poner nuestras buenas intenciones, sino hacer que estas se concreticen en acciones porque al fin y al cabo sabemos que el licenciamiento nos beneficia a todos y esta reforma se centra en el estudiante”, sentencia.
Los representantes de la gestión actual y de la que hasta diciembre del año pasado lideró Carlos Burgos Montenegro en el Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, Consejo Departamental de Lambayeque, se han enfrascado en un agudo debate por la situación económica de la orden profesional. Los directivos encabezados por el actual decano Ciro Salazar Montaño responsabilizan a su antecesor de haber generado una abultada deuda, en tanto Burgos Montenegro responde que el problema de las finanzas empezó por las multas impuestas por la SUNAT a la institución, debido a los incumplimientos de la gestión de Salazar Montaño en el período 2013-2015.
Burgos Montenegro niega que su administración, entre los años 2016 y 2018, haya ocasionado una deuda al CIP Lambayeque ascendente a 547 mil 640.46 soles.
Refiere en su mandato, en el 2018, se efectuó un sinceramiento de la deuda tributaria ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, respecto a lo acumulado por la gestión que lideró Ciro Salazar Montaño entre el 2013 y el 2015, efectuando pagos entre marzo y diciembre del año pasado por el orden de 109 mil soles, en razón de lo que su antecesor dejó de pagar al ente de recaudación, evitando de ese modo que el colegio sea sancionado o multado. De ello – afirma – se dio cuenta a la Asamblea Departamental el 5 de junio del año pasado.
En aquella sesión – como consta en el acta – se hizo púbico del informe de la auditoría aplicada a los años 2013, 2014 y 2015, que arrojó una contingencia tributaria en la que se detectó que los ingresos informados en las declaraciones juradas mensuales del IGV renta no coincidían con el ingreso de la declaración jurada de la renta anual, correspondientes a los años citados.
De acuerdo a la auditoría, en el año 2013 no se informó a SUNAT, en declaraciones mensuales, dos millones 290 mil 606 soles; en el 2014, tres millones 790 mil y en el 2015 la suma de cuatro millones 280 mil soles.
PAGOS OBLIGATORIOS
Burgos Montenegro dice lamentar que la actual gestión de Salazar Montaño haya emitido un informe denominado: “Deudas por pagar: gestión 2016-2018”, sin considerar que los pasivos económicos señalados en dicho documento corresponden a las deudas ordinarias.
“De no haber existido pagos no presupuestados a la SUNAT, como los 109 mil soles abonados el año pasado, por ejemplo, no existiría deuda ordinaria alguna por cancelar. La pregunta es, ¿en qué gestión se originó esa duda a la SUNAT, en la mía o en la del señor Ciro Salazar?”, cuestiona.
Refiere que adicionalmente, la gestión 2013-2015 dejó un crédito fiscal ficticio de 323 mil 530 soles, según la Declaración Jurada de IGV Renta de diciembre del 2015, lo que dio como consecuencia una deuda tributaria asumida por su administración ascendente a 336 mil 802 soles, por concepto de IGV omitido en la primera gestión de Circo Salazar. Ello, sin considerar las multas por declarar cifras o datos falsos ante SUNAT.
“En consecuencia, el año pasado el colegio tuvo que cancelar deudas tributarias no presupuestadas, generadas por los pasivos económicos que dejó la gestión 2013-2015. Otro de los aspectos que se ha incluido en el informe publicado por la actual gestión es el que se refiere ‘deuda vencida’ por los pagos a los ingenieros delegados municipales, montos que son cancelados previa aprobación del informe presentado por el ingeniero. De igual modo se ha incluido el pago a los ingenieros peritos, sumando ambos conceptos 163 mil 723.54 soles. ¿Cómo va denominarse deuda vencida si al término de la gestión no se tenía los informes para ejecutar los pagos?”, manifiesta.
LOS BENEFICIOS SOCIALES
Cuestiona también que se haya incluido deudas como el impuesto predial y de arbitrios por el Centro de Esparcimiento y el edificio de la avenida José Balta por el importe de 30 mil 907.85, además del pago de beneficios sociales a los trabajadores del CIP, concepto que solo se puede abonar una vez concluido el vínculo laboral. “Todos los trabajadores ha laborado hasta enero de este año, ¿qué beneficios sociales íbamos a pagar en diciembre del año pasado? Si la deuda laboral se generó en enero de este año, entonces corresponde asumirla a la actual gestión”, asevera.
Finalmente, Burgos Montenegro señala que pese a que su gestión tuvo que asumir las deudas generadas en el período 2013-2015, el año pasado el colegio adquirió un bien inmueble en 245 mil dólares, más impuestos de alcabala, gastos de notaría e inscripción ante SUNARP, ello sin necesidad de endeudar a la institución ante la banca y financiándose íntegramente con recursos propios.
Al parecer, la gestión del actual alcalde de la comuna chiclayana, Marcos Gasco Arrobas, ha decidido realizar cambios respecto a los gobierno anteriores, principalmente para la adquisición de ciertos bienes básicos, como es el caso de la compra de 135 mil galones de Diesel B5 (petróleo) por la suma de un millón 646 mil soles, los cuales deberán ser utilizados por las unidades vehiculares y la maquinaria pesada de la municipalidad.
El 21 de febrero del año en curso se realizó el procedimiento de selección, Subasta Inversa Electrónica N° 01-2019-MPCH, convocado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, resultando ganador de la misma el participante Grupo Petrocaña SAC, quien al final de la subasta logró adjudicarse la buena pro ofertado un precio unitario de 12.20 soles, que hace un total por el galonaje requerido (134 mil 924 galones) de un millón 646 mil 72.80 soles, reduciendo el presupuesto base establecido por galón (13.20 soles) en un sol, lo que equivale a un sustancial descuento en favor de la MPCH de aproximadamente 135 mil soles.
El Comité Especial de Selección estuvo conformado por el subgerente de Logística y Servicios Internos del municipio, Edgardo Siadén Ortega, y los representantes de la Subgerencia de Fiscalización y de la Gerencia de Administración y Finanzas, Mario García Martínez y Freddy Medianero Montalvo, respectivamente.
CAMBIOS EN LA MODALIDAD
Las bases del proceso determinaron que el proveedor debe realizar el abastecimiento del combustible directamente a las unidades móviles y la maquinaria pesada de la municipalidad en la estación de su propiedad o la que sea consignada por el este, condición que modifica sustancialmente la modalidad que por varios años se venía utilizando para este fin, por cuanto, en gestiones anteriores el carburante era depositado por los proveedores en el Grifo Municipal, ubicado en la Avenida Sáenz Peña N° 1811, en el distrito de José Leonardo Ortiz, al lado de la maestranza de limpieza pública, para que en este se abastezcan las unidades y la maquinaria pesada.
La condición propuesta en las bases del procedimiento considera también que la estación del proveedor elegido debe estar ubicado en un radio no mayor a los 5 kilómetros de distancia calculados desde la ubicación del grifo municipal. En este caso, el grifo consignado por Grupo Petrocaña SAC se ubica en el kilómetro 3 de la carretera Chiclayo – Pomalca.
En consecuencia, la unidades y la maquinaria pesada del municipio, para ser abastecidas, deberán tener un recorrido de aproximadamente 10 kilómetros desde sus depósitos hasta el grifo del proveedor, utilizando para tal fin un determinado galonaje de combustible, como un tiempo del circuito de ida y vuelta, lo que no sucedía cuando el abastecimiento se realizaba en el grifo de propiedad de la MPCH.
SUBJETIVO PLAZO
Según las especificaciones técnicas establecidas en las bases del proceso – Capítulo III, numeral 3.2 - se considera que, el plazo de la prestación se efectuará hasta agotar el monto total contratado o agotarse la cantidad total del galonaje a adquirir, condición que, siendo desde ya subjetiva, no establece una cantidad diaria de galones a abastecer o en todo caso un período secuencial del mismo que determine un plazo fijo para el total del abastecimiento del combustible requerido.
Asimismo, considera que el plazo indicado en el párrafo precedente se computará a partir del día siguiente de suscrito el contrato, cuando en las bases de los procesos convocados por las anteriores gestiones municipales y en los contratos respectivos siempre se consideró como parte de la prestación un cronograma pre establecido con cantidades y frecuencias interdiarias.
¿Cómo se controlará la cantidad de combustible asignada diariamente a cada unidad?
LA FORMA DE PAGO
En el mismo Capítulo III de las bases del procedimiento de selección se ha considerado que los pagos se efectuarán luego que el proveedor haya presentado su valorización por la cantidad mensual del carburante abastecido, para luego - previa a la conformidad de la misma – (que de acuerdo a la normativa tendría que ser dentro de los 10 días de presentada) se procedería en los días sucesivos al pago respectivo.
Quiere decir tiene que el proveedor tiene que otorgar mediante este condicionante contractual un crédito de 45 días hasta su cancelación.
EL PRECIO OFERTADO
Habiéndose establecido un valor estimado por cada galón de 13.20 soles y habiendo el Grupo Petrocaña SAC obtenido la buena pro del proceso ofertando 12.20 por galón, a la fecha de su adjudicación ( 21/02/2019), este precio resulta inadecuado comercialmente, ya que de acuerdo a la estructura de costos del producto puesto en la estación y el servicio de abastecimiento, más los costos que se generan para su comercialización, principalmente los que implican la forma de pago, a esa fecha, solo le habría permitido al adjudicatario obtener una rentabilidad de por lo menos 0.12 céntimos por galón.
HISTORIAL DEL PROVEEDOR
Según la información que se registra en el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, se advierte que el Grupo Petrocaña SAC obtuvo su Registro Nacional de Proveedores – RNP, – requisito para contratar con el Estado – el 20 de octubre del 2018, 13 días después que resultara elegido el actual burgomaestre.
Igualmente se evidencia en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, que dicha empresa no registra contratación con alguna entidad pública, pudiendo ser esta la primera contratación que tendría que realizar a este nivel la lograda con la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
Grupo Petrocaña SAC tiene RUC activo desde febrero del 2008 y como representante legal a Luis Adriano Baca Camacho.
