La provincia de Chiclayo, cuna de tradiciones y motor económico de Lambayeque, ha sido escenario de gestiones municipales con frecuencia empañadas por la corrupción y por una fiscalización ciudadana débil. Este panorama plantea una pregunta crucial: ¿hasta qué punto nuestro conocimiento sobre los mecanismos de participación ciudadana influye en la gestión municipal y, en consecuencia, en nuestra calidad de vida?

Mi reciente estudio de maestría responde a esta interrogante con datos concretos. La voz informada de los ciudadanos no solo es relevante, sino que puede marcar la diferencia entre un gobierno local distante y uno transparente, eficaz y cercano a la gente.

Un estudio desde la realidad chiclayana

La investigación, titulada “Influencia del conocimiento de la población de los mecanismos de participación ciudadana en la gestión municipal en la provincia de Chiclayo – Lambayeque”, se llevó a cabo en los distritos de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria. El objetivo fue claro: analizar cómo el nivel de conocimiento ciudadano sobre participación incide en la evaluación de la gestión municipal.

Se encuestó a 385 personas entre 18 y 65 años, seleccionadas mediante un muestreo aleatorio sistemático. El cuestionario fue diseñado con indicadores validados y los datos fueron procesados con herramientas estadísticas, aplicando la prueba Rho de Spearman. Aunque la metodología fue rigurosa, lo esencial son los resultados: cuando los ciudadanos saben cómo participar, no solo valoran la gestión de sus autoridades si no que pueden llegar a potenciarla.

El hallazgo central: conocimiento que empodera

El estudio encontró una correlación positiva y significativa entre el conocimiento de los mecanismos de participación y la evaluación de la gestión municipal. En palabras sencillas, a mayor información, mayor capacidad ciudadana para fiscalizar, reconocer esfuerzos y exigir transparencia. Una población informada no solo se vuelve más crítica, sino también más justa al evaluar a sus autoridades.

Este hallazgo confirma lo que múltiples experiencias en el Perú y en el mundo han demostrado: la participación ciudadana fortalece la legitimidad de las instituciones y contribuye a una gestión pública más sólida.

Una ciudadanía interesada, pero poco activa

El panorama actual muestra un contraste preocupante: la ciudadanía está interesada en los asuntos públicos, pero participa poco. En el ámbito político, el 52.5 % de los ciudadanos reporta bajos niveles de involucramiento, y un 62.5 % afirma no participar nunca o casi nunca en política. Existe, por tanto, una desconexión con los procesos electorales y con las organizaciones locales.

En lo social, un 56.1 % reconoce bajos niveles de participación comunitaria. El 75.1 % nunca asiste a eventos de integración y el 55.5 % no se organiza para proponer proyectos de infraestructura o espacios públicos.

En el terreno económico, el 63.1 % muestra bajos niveles de involucramiento en temas financieros. El 66.3 % nunca solicita información sobre el uso de recursos municipales, aunque el 89.9 % se interesa en los gastos e inversiones y el 73.7 % los considera importantes. Sin embargo, casi la mitad, un 47.9 %, percibe que esa información no está disponible para todos.

Este desfase entre interés y acción limita la capacidad de incidencia ciudadana sobre las decisiones públicas.

Una gestión municipal que no convence

La percepción ciudadana sobre la gestión municipal tampoco resulta alentadora: el 63.4 % de los encuestados la califica como baja. En cuanto a eficacia, el 67.3 % percibe que las municipalidades no cumplen con lo esperado. El 76 % está inconforme con la frecuencia del recojo de basura, el 60 % considera ineficaz el servicio de seguridad ciudadana y el 61.2 % cree que no se ejecutan obras necesarias.

La eficiencia tampoco logra una buena calificación. El 66.2 % percibe bajos niveles, el 54.9 % se muestra bastante insatisfecho con el recojo de basura y el 64.1 % no observa mejoras en el orden y limpieza de la ciudad. La atención al público genera malestar: el 48 % está bastante insatisfecho y el 44.6 % parcialmente insatisfecho.

En cuanto a transparencia, el 49.1 % la percibe como baja y un 44.9 % la evalúa como media. El 71.2 % considera que no existe comunicación efectiva entre funcionarios y ciudadanos, y el 70.8 % cree que hay poco o nulo interés municipal en informar sobre proyectos y actividades.

Estos datos dibujan un círculo vicioso: baja participación ciudadana y gestiones percibidas como ineficaces, lo que desanima aún más el involucramiento ciudadano.

¿Qué tipo de conocimiento marca la diferencia?

El estudio desagregó las dimensiones del conocimiento y cómo cada una influye en la percepción de la gestión municipal. El conocimiento político, relacionado con los procesos electorales y las agrupaciones, se asocia positivamente con una mejor valoración de la gestión, aunque de manera moderada, con un coeficiente de ρ = 0.152. Es un impulso relevante, pero no decisivo.

El conocimiento social, vinculado con mecanismos de participación comunitaria y proyectos colectivos, ejerce una influencia significativa, con un coeficiente de ρ = 0.178. La cohesión comunitaria, cuando existe, mejora directamente la confianza en las autoridades.

El conocimiento económico fue el hallazgo más contundente. Comprender la planificación presupuestaria, cumplir con los tributos y fiscalizar el gasto mostró la correlación más fuerte, con un ρ = 0.258. En otras palabras, cuando los ciudadanos entienden y exigen transparencia en el uso de los recursos, su percepción de la gestión municipal mejora notablemente. El control ciudadano sobre lo económico aparece, así, como la clave para transformar la relación con las autoridades locales.

Lo que podemos hacer como ciudadanos

El camino de cambio comienza con nosotros. Participar activamente en juntas vecinales y en espacios locales de decisión es un primer paso. Formarnos políticamente para emitir votos informados y responsables es igualmente necesario. También debemos ejercer fiscalización económica solicitando información sobre presupuestos y gastos municipales, además de organizarnos comunitariamente para proponer y supervisar proyectos públicos.

Más que un derecho, la participación debe asumirse como un deber que fortalece nuestra democracia local y contribuye a una gestión más transparente y eficiente.

Lo que deben hacer nuestras autoridades

La responsabilidad también recae en los gobiernos locales. Los municipios de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria deben fomentar la participación ciudadana como una política prioritaria. También necesitan crear entornos participativos que incentiven la involucración constante de los vecinos y aplicar los marcos legales existentes, como la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano (N.° 26300) y la Ley Orgánica de Municipalidades (N.° 27972).

La transparencia y la comunicación deben mejorar drásticamente. Garantizar que la información sobre proyectos, inversiones y gastos sea accesible para todos es una tarea ineludible. Un municipio que abre sus puertas a la ciudadanía no solo gana legitimidad, sino que mejora su propia gestión.

Una reflexión necesaria

Este estudio demuestra, con datos concretos, que un ciudadano informado y activo es el motor fundamental de una mejor gestión municipal. Chiclayo enfrenta el reto de transformar el interés latente de sus vecinos en acción sostenida.

El conocimiento político, social y, sobre todo, económico debe convertirse en la base de una cultura de participación que eleve la calidad de vida y reconstruya la confianza en las instituciones locales. La pregunta que queda abierta es inevitable: ¿estamos dispuestos, como ciudadanos y autoridades, a asumir nuestra responsabilidad para que la información y la participación sean el verdadero cimiento del progreso?

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(*) Politólogo | santacruzcarranza@gmail.com

A fines de agosto, el Poder Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, con un monto total de S/257 562 millones, lo que representa un incremento de apenas 2.3 % respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2025. Aunque el aumento parece moderado, varios economistas han advertido que el verdadero problema no está en el monto total, sino en la composición del gasto. El presupuesto proyectado para el próximo año revela un crecimiento significativo en el gasto corriente, especialmente en el rubro de personal y obligaciones sociales, que ascendería a S/93 538 millones, un 11.8 % más que en 2025. Esta tendencia genera preocupación, pues compromete recursos futuros y reduce el espacio fiscal para inversión pública, clave para el desarrollo territorial.

Los gobiernos regionales recibirían en conjunto un PIA 2026 mayor en 8.7 % respecto al año anterior, pasando de S/54 448 a S/ 59 164 millones. Sin embargo, este incremento no se traduce necesariamente en más inversión. De hecho, varios gobiernos regionales enfrentarán recortes en sus presupuestos de inversión pública, como Amazonas (-27.6 %), Huancavelica (-21.2 %) y Áncash (-20.2 %). A nivel de los gobiernos provinciales y distritales, la situación es aún más crítica: los gobiernos municipales verían una reducción de 3.3 % en su presupuesto total, con caídas significativas en regiones como Amazonas, San Martín y Ayacucho. En contraste, solo cinco regiones registrarían incrementos a nivel local Callao, Moquegua, Ica, Lima y Puno.

Lambayeque

En este panorama, Lambayeque no escapa a las tensiones presupuestales. El Gobierno Regional de Lambayeque recibiría un incremento de 4.5 % en su presupuesto total para 2026, alcanzando los S/2389 millones. No obstante, este aumento es engañoso. Si se observa la composición del gasto, el presupuesto destinado a proyectos de inversión se reduciría en 14.7 %, lo que equivale a una pérdida de S/119 millones, mientras que el gasto en actividades aumentaría en 15.1 %. Además, el componente de personal y obligaciones sociales crecería en 15.2 %, representando el 60.3 % del presupuesto total del GORE, por encima del promedio nacional. Esta tendencia refleja una creciente rigidez presupuestal que limitará la capacidad de las siguientes autoridades para ejecutar obras de impacto.

La situación es similar en los gobiernos locales de Lambayeque –municipalidades distritales y provinciales–, cuyo presupuesto se reduciría en 5.4 %, una reducción mayor al promedio nacional (-3.3%). A pesar de ello, el gasto en personal aumentaría en 11.5 %, representando el 42 % del total. Distritos como Cayaltí, Reque, Chongoyape, Eten Puerto y Monsefú destinan más del 55 % de su presupuesto a este rubro, lo que evidencia una estructura de gasto poco orientada a la inversión.

En este contexto, urge repensar la asignación presupuestal con una mirada estratégica que priorice la inversión pública como motor de desarrollo y no comprometa la estabilidad de las cuentas fiscales futuras. Lambayeque, como el resto de las regiones del país, necesita fortalecer su capacidad de gestión, articular mejor sus prioridades territoriales y explorar mecanismos alternativos de financiamiento, como las Obras por Impuestos y las Asociaciones Público-Privadas. Solo así será posible revertir la tendencia actual y avanzar hacia un modelo de desarrollo más equitativo y sostenible.

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(*) Coordinador general de Videnza Instituto.

Estados Unidos ha venido reduciendo su dependencia comercial de China y dirigiendo intercambios hacia otras economías como México y Vietnam. En paralelo, la Unión Europea ha recortado sus vínculos comerciales con Rusia tras la guerra en Ucrania, incrementando sus lazos con socios alternativos, notablemente Estados Unidos.

China también ajusta sus rutas comerciales, dado que la mayoría de sus importaciones y exportaciones se realizan con países en desarrollo en vez de economías avanzadas, y naciones emergentes como las de ASEAN, Brasil o India fortalecen sus intercambios a través de diversos bloques geopolíticos.

El bloque de Asia (liderado por China e India) concentraría cerca del 40 % del PIB mundial para el 2050, muy por encima de las economías desarrolladas occidentales. De hecho, se prevé que para el 2050 las cinco mayores economías del mundo sean China, Estados Unidos, India, Indonesia y Alemania, confirmando el creciente peso asiático y de mercados emergentes en la economía global. En contraste, América Latina apenas representaría alrededor del 7 % del PIB mundial, señal de su participación relativamente modesta bajo la tendencia actual.

La dinámica económica en América Latina

La posición de América Latina en el comercio global ha sido tradicionalmente periférica, y las proyecciones actuales plantean tanto retos como leves mejoras coyunturales. La región apenas aporta cerca del 6 % de las exportaciones mundiales de bienes y menos del 3 % de las de servicios, una participación inferior incluso a la de algunos países individuales de Europa.

Más de la mitad de las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe en 2023 correspondieron a recursos naturales (productos agrícolas, hidrocarburos, minerales, etc.), reflejando la persistente dependencia en materias primas de la región. Esta especialización con escaso valor agregado expone a las economías latinoamericanas a la volatilidad de precios internacionales y limita su inserción en cadenas globales de mayor sofisticación tecnológica.

América Latina encara un diagnóstico mixto: una presencia modesta en el comercio global, una canasta exportadora todavía primarizada, una baja integración intrarregional y carencias estructurales en productividad, infraestructura y tecnología. No obstante, estas mismas debilidades resaltan la urgencia de respuestas estratégicas. Dada la reconfiguración en marcha del comercio mundial con cadenas más cortas, énfasis en sostenibilidad y realineamientos geopolíticos la región tiene la oportunidad de tomar decisiones de política y planificación que le permitan sortear sus rezagos históricos y aprovechar nichos emergentes en la nueva economía global.

Una mirada estratégica desde la planificación

Frente a este panorama desafiante, América Latina debe adoptar una estrategia proactiva de planificación económica para convertir la reconfiguración del comercio mundial en una palanca de oportunidades, cuyos ejes estratégicos serian:

Impulso a la sostenibilidad y energía renovable: La transición verde global ofrece a América Latina la posibilidad de reposicionarse agregando valor a sus recursos naturales.

Aceleración de la digitalización y desarrollo del talento: La economía digital es un pilar de la competitividad contemporánea. Para que América Latina participe con éxito en el comercio de bienes y servicios avanzados, resulta esencial invertir en infraestructura digital y capital humano calificado.

Profundización de la integración regional y acuerdos comerciales inteligentes: Para superar la fragmentación intrarregional, es necesaria una visión renovada de integración económica. Los países latinoamericanos deberían culminar y perfeccionar una red densa de acuerdos comerciales entre sí, buscando esquemas flexibles y adaptativos.

Fortalecimiento de la infraestructura logística y la conectividad: Mejorar la logística es vital para reducir costos de comercio y aumentar la resiliencia de las cadenas. América Latina debe planificar e invertir en infraestructura de transporte de calidad: puertos modernizados, carreteras y ferrocarriles que conecten centros productivos con los mercados, y mayor integración logística regional.

La reconfiguración del comercio mundial presenta para América Latina desafíos formidables, pero también oportunidades históricas si la región actúa con previsión y unidad. Las tendencias globales hacia la diversificación de cadenas, la digitalización y la economía verde obligan a repensar las estrategias de desarrollo. Un enfoque de planificación estratégica informado por evidencia, con horizontes de largo plazo y coordinación regional puede guiar a los tomadores de decisiones a implementar las reformas e inversiones necesarias.

Para los tomadores de decisión en la región, la implicancia es clara: el futuro comercial de América Latina no está predeterminado, sino que depende en gran medida de las acciones que se emprendan hoy. En un mundo en transformación, planificar estratégicamente no es una opción sino una necesidad para convertir la incertidumbre global en un motor de prosperidad compartida en las próximas décadas.

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(*)Magister en Ciencias con Mención en Proyectos de Inversión Pública, Economista-Investigador Renacyt y Especialista en Inversión Pública del Centro Nacional de Planeamiento Estratégica.

(** ) Economista de Esan, Egresada de la Maestría en Inteligencia Estratégica.

Sería innecesario referirse al ostentoso quinceañero de la nieta mientras el nefasto atentado ajusta cuentas entre bandas y cuestiona al memero liberteño. No obstante, se trata de la responsabilidad como gobernador antes que pedir estado de sitio para el clamoroso estado de violencia. Queda claro que ser político angurriento de favor y de articulados procesos invasivos es fácil.

Las dicotomías son un sello personal que oscila entre los memes que, lejos de ridiculizarlo, lo mantienen en la cresta de la popularidad, pues no responder el 7x8 no lo hace bruto, como que un bruto no puede haber creado universidades y tampoco sepa cuánto gana al mes. Lo único que sabe es ser pedigüeño a la mami, mientras ella anduvo pidiendo que la aumenten el sueldo, parece que son de la misma raza. Sentado en el privilegio de su poder, le gusta evadir responsabilidades, como si ser gobernador sería ajeno a la violencia que vulnera la tranquilidad de miles de trujillanos, pedirle al Estado es como pedirle a Dios, puesto que no solo whatsappea, sino que «habla con él». Sería interesante que su poder haga el pedido a Dios y que convierta cada petardo de dinamita en oportunidades para la utopía del emprendimiento, tal como sucedió con el pan y el vino. Ejercer el poder o el inexistente liderazgo se resume al ser el ridículo pedigüeño que, por sentido común, cualquier ciudadano lo haría antes de que le caiga un huaico.

El poder de su brutal desconocimiento o de su gruesa ignorancia del Decreto 1618 —salvo que no haya leído bien— en su artículo 14, el «hablador con Dios» forma parte del comité regional que tiene que ver con la seguridad ciudadana, además de ello, se encarga de «[p]roponer ante el Gobierno Regional la aprobación del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana alineado a la política nacional de seguridad ciudadana y sus medidas sectoriales, elaborado bajo sus enfoques transversales y articulado con los instrumentos del Sinaplan». Dicho en otro idioma, es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, ya en su narrativa se encuentra que cada gobierno regional no es una isla, por el contrario, se trata del «conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales, cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido del país». Con tanto cuento que comienza con «había una vez…» un puerco, que, por lo menos, compró motos lineales sobrevaloradas. Aquí la diferencia entre puercos se expone: uno que sabe cuál es su responsabilidad como alcalde y su sueño de una potencia mundial —como mínimo, entiendo que es un puerco de granja— y el otro reposa en su propio chiquero pidiendo de todo.

Lavarse las manos

Adueñarse del facilismo para darnos la idea que todo lo debe hacer el Gobierno es como decirnos que no existen gobernadores, salvo para regalar Rolex. El facilismo no implica ser pedigüeño, porque es más fácil —sin ser facilista— leer lo que la norma dice para los comités regionales: «[p]roponer ante el Gobierno Regional la aprobación de planes, programas, estrategias y proyectos de seguridad ciudadana de relevancia regional, tomando en consideración las particularidades culturales y lingüísticas de la población».  Me temo que resulta más fácil pedir y no creer que uno actúa como pedigüeño, antes que leer dos o tres párrafos de las normas que no solo lo involucran, sino que lo responsabilizan. Por analogía, si nos hizo reír que desconocía el 7x8, pienso que nos haría carcajear que no comprenda las leyes que lo obligan. Sería facilismo decir que no tiene dinero en su región, que sus universidades no desarrollan maestrías en gestión pública y que, por lo tanto, lo asesorarían bien antes que decir que habla con Dios. Entre el facilismo y las artimañas de vulgar político acostumbrado a la inmediatez frente a la cámara se evidencia que, cuando oímos «cualquier cosa», nos reflejamos como ciudadanos. Como aquellos que normalizamos un discurso ignorante, paupérrimo, mediocre y, por demás, insano a la salud mental de miles de ciudadanos que, probablemente, votarán más por popularidad antes que por racionalidad. Esto nos dirigirá, democráticamente, a tener un país gobernado por la inoperancia antes que el conocimiento.

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(*) Docente e investigador Renacyt. Palmas Magisteriales 2016.