El Fenómeno El Niño vuelve a situarse como una de las principales amenazas para la estabilidad económica, la infraestructura y el bienestar social de las regiones del nororiente peruano. Según explica Carlos Gallardo Torres, gerente general del Instituto Peruano de Economía - IPE, la economía nacional avanza actualmente a dos velocidades muy marcadas. Por un lado, las actividades no primarias sostienen el crecimiento; por el otro, los sectores primarios sufren los estragos climáticos, configurando un escenario de alta vulnerabilidad para los próximos meses. A pesar de la resiliencia mostrada en la primera mitad del año por la inversión privada, la falta de preparación adecuada del Estado, el estancamiento de obras de prevención, el deterioro de las condiciones de crédito y el incremento de la inseguridad ciudadana representan serios desafíos para las nuevas autoridades.
Gallardo Torres, quien llegó a Chiclayo invitado por Alternativa, señala que durante los primeros siete meses de 2026, el Producto Bruto Interno – PBI, acumuló un crecimiento general de 3.1 %, apoyado en el desempeño del sector no primario, que registró dinamismo en rubros clave como la construcción y el comercio. Esta aceleración responde a una mayor confianza empresarial tras el periodo electoral y al impulso de la inversión privada.
Asimismo, el déficit fiscal mostró una moderación ubicándose en -1.0 % del PBI a agosto de 2026, favorecido por la coyuntura de altos precios internacionales del cobre y el oro, los cuales elevaron la recaudación minera a 2.8 % del PBI. Sin embargo, las actividades primarias experimentaron un marcado deterioro, cayendo por primera vez desde el segundo trimestre de 2022.
Sectores clave para el empleo y la producción nacional como la pesca, la manufactura primaria y los hidrocarburos registraron contracciones significativas en el periodo enero-julio de 2026. Al evaluar este escenario heterogéneo, Carlos Gallardo Torres enfatizó que la economía avanza con dos ritmos diferenciados debido a que la actividad primaria está siendo afectada por el impacto de las condiciones climáticas del fenómeno.
El impacto pesquero ha sido dramático debido al calentamiento del mar, permitiendo capturar solo una cuarta parte de la cuota de anchoveta en la primera temporada de la zona norte-centro. A ello se suma la pérdida de más de cien mil empleos en las actividades primarias a nivel nacional durante el primer semestre del año. Paralelamente, la inflación total acumuló seis meses continuos por encima del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú, situándose en 4.4 % anual a agosto, arrastrada por el rubro de transporte a raíz del conflicto en Medio Oriente.
El fenómeno
Las señales de alerta climática han escalado rápidamente a lo largo del año. En la región Niño 1+2, ubicada frente a la costa norte y centro del Perú, las anomalías de la temperatura superficial del mar registraron hacia septiembre incrementos de hasta 4.6 grados centígrados, superando incluso los valores observados durante el evento de 1983. Esta semana, la temperatura del mar llegó a 7 grados.
De acuerdo con las estimaciones de la Comisión ENFEN, la probabilidad de que el país enfrente un episodio de El Niño de magnitud cálida extraordinaria entre diciembre de 2026 y marzo de 2027 se ha elevado progresivamente hasta alcanzar un 48 %, mientras que la probabilidad de una magnitud cálida fuerte es de 45 %. En los últimos cincuenta años, los episodios extraordinarios causaron reducciones significativas sobre el crecimiento del PBI. Para el episodio previsto en 2027, el Instituto Peruano de Economía calcula una pérdida preliminar de 0.8 puntos porcentuales en el PBI, concentrada en los sectores primarios. Respecto a la magnitud de la amenaza actual, Gallardo Torres advirtió que en 2026 las anomalías de la temperatura del mar registran niveles similares a 1983 y que hacia el verano de 2027 predominarían las condiciones cálidas extraordinarias.
El nororiente
Durante el primer semestre de 2026, las regiones del nororiente aún mantuvieron tasas positivas de crecimiento, lideradas por Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Piura, Amazonas y San Martín, debido a la recuperación agropecuaria tras los embates de 2023. No obstante, el antecedente del fenómeno en el 2023 evidencia el severo riesgo al que se exponen, dado que en aquel año regiones como Tumbes, Lambayeque, Áncash y La Libertad sufrieron importantes caídas económicas.
El peligro que entraña este evento no responde únicamente a la fuerza de las lluvias, sino a las profundas deficiencias de la infraestructura pública y los servicios básicos en la macrorregión norte. Entre enero y marzo de 2027, el porcentaje de población potencialmente afectada por inundaciones en distritos de muy alto riesgo alcanza niveles alarmantes, con Piura liderando la exposición con un 62 % de su población en riesgo, seguida por Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y San Martín.
En Lambayeque, distritos enteros como Íllimo, Saña y José Leonardo Ortiz se encuentran catalogados bajo nivel de muy alto riesgo, comprometiendo al 40 % de los habitantes de la región. La precariedad habitacional agrava el cuadro, dado que un elevado porcentaje de viviendas urbanas ha sido construido de manera informal en esta parte del país.
A esto se suma la vulnerabilidad sanitaria, ya que la zona norte cuenta con solo trece horas promedio al día de continuidad en la provisión de agua y apenas un 13 % de acceso a agua segura con cloración adecuada, lo que reaviva el riesgo de epidemias tras lo sucedido en el 2023 con el dengue.
Respuesta estatal
Frente a esta coyuntura crítica, la respuesta estatal presenta serios retrasos. Una encuesta realizada por el IPE a los principales economistas del país revela que la gran mayoría está en desacuerdo con que el gobierno saliente haya implementado las medidas necesarias de prevención y señala que la transición de autoridades dejará escaso tiempo de preparación.
Las cifras físicas respaldan dicha percepción: las tres cuartas partes de los proyectos a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura iniciados antes del 2023 acumulan un avance físico promedio muy bajo. Asimismo, en el programa presupuestal enfocado en la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, regiones como La Libertad y Amazonas registran niveles de ejecución deficientes al cierre de septiembre. A su vez, una parte sustancial de las obras públicas destinadas a la gestión de riesgos y emergencias se encuentra paralizada o abandonada a nivel municipal y regional en toda la franja nororiental.
Sector financiero
Las repercusiones de la emergencia climática proyectada se extienden directamente hacia el sistema financiero. De acuerdo con la Encuesta de Condiciones Crediticias del Banco Central de Reserva del Perú, las expectativas de la oferta de crédito muestran un severo endurecimiento, tocando su nivel más bajo registrado para el segmento de micro y pequeñas empresas. Este comportamiento replica lo sucedido durante el evento climático del 2023, cuando el crecimiento del crédito a las pequeñas unidades productivas colapsó y la mora crediticia en el nororiente aumentó de manera notable. Sobre estas presiones financieras, Gallardo Torres remarca que las condiciones crediticias para todos los segmentos empresariales tienden a endurecerse, afectando con especial énfasis a las micro y pequeñas empresas.
A las presiones climáticas y crediticias se les añade la inseguridad ciudadana, identificada por la mayoría de los economistas como el principal riesgo de corto plazo para la economía. Distritos norteños como Pataz registran tasas de homicidios sumamente elevadas en comparación con el promedio nacional. En cuanto a las extorsiones, distritos como El Alto, Chepén y Yonán encabezan las denuncias dentro de la macrorregión, mientras se proyecta un alto volumen de exportaciones asociadas al oro ilegal.
“Ante este complejo escenario, el sector privado no financiero de la zona norte ha comenzado a implementar acciones de autoprotección, incluyendo el refuerzo de instalaciones, el diseño de planes de continuidad operativa y la búsqueda de rutas logísticas alternativas o la diversificación de productos e inventarios. Estas decisiones abren una ventana de oportunidad para que las instituciones financieras estructuren líneas contingentes de capital de trabajo, créditos para reposición de insumos y préstamos para el reforzamiento de viviendas en los sectores más expuestos”, mencionó.
El último fin de semana, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque dispuso el archivo de la investigación por el presunto delito de negociación incompatible contra tres funcionarios y nueve exfuncionarios de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – Epsel S.A., por hechos relacionados con contrataciones realizadas en 2013 para reformular el expediente de los emisores de Chiclayo.
Fue el Cuarto Despacho fiscal el que resolvió que la contratación de estos profesionales se dio debido a la urgente necesidad de destrabar la obra de los emisores principales de la ciudad y no a intereses personales como promovió inicialmente la Contraloría General de la República hace casi siete años.
Antecedentes
Mediante el Oficio N° 1139-2013, del 11 de abril de 2013, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento indicó al alcalde de Chiclayo que el proyecto ‘Mejoramiento de los emisores principales de Chiclayo’ solucionaría la colmatación de las redes de alcantarillado de toda la ciudad, incluidos los distritos de José Leonardo Ortiz y La Victoria, y que debía devolver la unidad ejecutora a Epsel para levantar las observaciones que desde el 2011 la comuna chiclayana no pudo realizar.
La Defensoría del Pueblo, que se allanó, por la presión social a fiscalizar la gestión para obtener el financiamiento del proyecto, convocó a Epsel con el Oficio N° 0477-2013 a una reunión con la Fiscalía de Prevención del Delito. Con el Oficio N° 0503-2013, remitió el acta del 29 de abril en la que ambas instituciones recomendaron a la empresa del agua a levantar las observaciones “con la diligencia y todo el criterio técnico”. Allí la empresa anunció que contrataría a cinco profesionales para hacerlo en 60 días hábiles.
Con el fin de transparentar el proceso y contar con los mejores profesionales, el entonces gerente general de Epsel, Juan Miguel Valdivia Goycochea, mediante el Oficio N° 344-2013-EPSEL S.A./GG, del 26 de abril de 2013, solicitó al Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lambayeque que propusiera a dos ingenieros especializados en saneamiento para integrar el equipo encargado de reformular el expediente técnico. El 29 de abril, con la Carta N° 221-2013-2015-CIP-CDL, el Colegio respondió proponiendo una terna integrada por los ingenieros José R. Alegría Olazábal, César Alvarado Torres y Carmen Meza Camacho, de la cual se eligió a Alegría Olazábal y Meza Camacho para conformar la Comisión Técnica.
Para cumplir los acuerdos adoptados con la Defensoría y la Fiscalía, y los plazos otorgados por el Ministerio de Vivienda, Valdivia Goycochea contrató bajo el Decreto Legislativo 728, a los profesionales que reformularon el expediente técnico de la obra ‘Mejoramiento de los emisores principales de Chiclayo’. Para la Contraloría, ello configuraba el delito de negociación incompatible.
Un caso mediático
En 2019, la Procuraduría Pública de la CGR denunció por negociación incompatible a quince servidores de Epsel. Les atribuía que las contrataciones efectuadas fueron ilegales y haber pagado S/591 901.18 por trabajos supuestamente deficientes. El caso ocupó titulares y expuso los nombres de los investigados como culpables, sin respetar el derecho a la presunción de inocencia.
Eduardo Vásquez Figueroa, actual gerente general de Epsel e involucrado en su momento en este proceso como parte del equipo de la Subgerencia de Obras, recuerda que para la reformulación del expediente técnico debían hacerse estudios paralelos como el de impacto ambiental y el topográfico, los cuales servirían de insumos.
El 13 de agosto de 2026, mediante la Disposición Fiscal N° 04, la fiscal María Janet Eneque Yauce, del Cuarto Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, dispuso no formalizar investigación preparatoria y archivar lo actuado contra doce de ellos bajo el argumento de que el hecho denunciado “no constituye delito”.
La disposición fiscal, citando a la Corte Suprema, señala que la negociación incompatible es una modalidad de corrupción y que la conducta del agente debe tener esa orientación “y no una simple irregularidad o anomalía administrativa”. El tipo penal exige dolo directo y un interés indebido de naturaleza económica, en provecho propio o de un tercero.
La Fiscalía concluyó que los investigados actuaron “en estricto cumplimiento de los lineamientos institucionales, por razones de extrema urgencia técnica orientadas a salvaguardar los fondos públicos”.
“Nosotros como funcionarios públicos no estamos en contra de que la Contraloría haga su trabajo, lo respetamos. Pero cualquier acto de los funcionarios no puede ser algo penal. Puede ser una falta administrativa y allí incluso nosotros evalúanos cuál es el costo beneficio a la hora de decidir. Si en este caso puntual del supuesto fraccionamiento hubiéramos actuado conforme a los plazos establecidos, se hubiera demorado mucho más y no se hubiera aprobado el expediente que el ministerio requería”, explica Vásquez Figueroa.
El caso del exgerente general
La disposición de no formalizar y continuar con la investigación preparatoria analiza la situación de Juan Miguel Valdivia Goycochea, entonces gerente general de Epsel, a quien se imputó haberse interesado indebidamente en esas contrataciones.
Valdivia Goycochea fue el primero de los investigados en declarar ante la Fiscalía. El 21 de octubre de 2019 explicó que, ante el plazo del 30 de junio para aprobar el crédito suplementario, Epsel optó por reformular el expediente por administración directa y contrató a cinco ingenieros bajo la modalidad de servicios específicos del Decreto Legislativo 728, facultad que el Manual de Organización y Funciones y el Estatuto de la empresa otorgan al gerente general. Precisó que una consultoría de obra habría costado entre el 3 % y el 5 % del valor del proyecto, es decir, entre S/ 2.5 y S/ 4.5 millones, mientras que la reformulación por administración directa costó menos de S/ 600 000. Afirmó, además, que no conocía a ninguno de los profesionales antes de contratarlos.
Según el Acta de Sesión Extraordinaria de Directorio del 18 de mayo de 2013, la decisión de trabajar por administración directa y formar un equipo de respuesta inmediata obedeció a «un mandato institucional corporativo y a una situación de extrema urgencia». Los ministerios de Vivienda y de Economía habían condicionado el crédito suplementario a que el expediente se reformulara y aprobara antes del 30 de junio. Un concurso público regular “habría tomado meses” y la región habría perdido fondos cercanos a los 90 millones de soles.
Así, contratar a ese personal no constituyó un acto de interés indebido en favor de terceros, sino el cumplimiento de las directrices del Directorio para salvaguardar el presupuesto público.
La disposición también es clara respecto de los servicios complementarios menores a 3 UIT contratados posteriormente. Valdivia Goycochea actuó conforme al trámite regular establecido en la Directiva N° 004-2013-EPSEL S.A./GG, y la gestión y compulsa de costos de esos servicios en el mercado era de exclusiva competencia de la Subgerencia de Logística y no de la Gerencia General. El entonces gerente general, Juan Miguel Valdivia Goycochea, en suma, actuó conforme a lo normado.
Las luces que aportó aquella primera declaración, clara y documentada, se reflejan en la decisión fiscal. En ese resultado fue determinante el trabajo de su defensa técnica, a cargo del reconocido abogado penalista José Rolando Manayalle Sánchez.
Siete años de sospecha
Junto a Valdivia Goycochea fueron liberados de la imputación Herman Alfonso Paredes Ángeles, Néstor Raúl Salinas Vásquez, Juan Carlos Torres Oballe, Luis Alejandro Gutiérrez Cuba, Cristiam Josemaría Soriano Castro, Víctor Alejandro Rodríguez Zelada, Roy Manuel Cruzate Cabrejos, Marco Antonio Montoya Facho, Eduardo Osmar Vásquez Figueroa, María Ester Núñez Zuloeta y Pedro Urdiales Esqueche.
Durante casi siete años, profesionales que actuaron para no perder el financiamiento de una obra clave para mejorar el servicio de saneamiento para Chiclayo fueron señalados como presuntos corruptos, con su honorabilidad en entredicho y sus trayectorias bajo sospecha. La absolución llega tarde y con menos ruido mediático que la acusación.
“Estos casos se vuelven mediáticos cuando uno ocupo algún cargo directivo, pero detrás de nosotros hay una familia que se desgasta durante los años que dura el proceso. Maltratan a las personas y les quitan las ganas de querer asumir en adelante alguna responsabilidad”, menciona.
Acota que los filtros que los funcionarios pasan para ser contratados y luego contratar a su personal deberían ser equivalentes a los que pasan las personas que forman parte de los órganos de control.
“Pedimos una serie de requisitos cuando contratamos a una persona para que haga la supervisión o la residencia de una obra. Exigimos que sea un especialista, que tenga varios años de experiencia, todo lo que la norma nos manda. Pero del otro lado también deberían cumplir lo mismo. Quienes hacen los informes de control deberían tener la experticia para dilucidar qué es realmente un acto administrativo y qué es penal. Sin embargo, tienen escasa o nula experiencia y hacen revisiones a profesionales con veinte años de experiencia”, cuestiona.
Criminalización de la función pública
Este caso obliga a preguntarse con qué rigor los órganos de control convierten observaciones administrativas en denuncias penales. Una discrepancia sobre la forma de contratar puede dar lugar a una observación o a una responsabilidad administrativa, pero sin dolo directo ni un interés indebido en provecho propio o de terceros no hay delito.
El daño va más allá de los investigados. Cuando cada decisión urgente puede acabar en una denuncia, los funcionarios prefieren no decidir, aunque ello signifique perder obras y financiamiento. En 2013, EPSEL actuó con rapidez y bajo la supervisión de la Defensoría y la Fiscalía; aun así, terminó investigada.
“Siempre he manifestado mi incomodidad por cómo se manejan estas investigaciones, porque estamos llevando a que muy buenos profesionales no quieran asumir cargos de funcionarios como ya pasa acá en nuestra empresa. Nadie quiere asumir un cargo porque basta una opinión que puedan dar para que los sindiquen como culpables de un hecho penal en lugar de una falta administrativa. Allí en el ámbito penal se demoran diez, quince años, mancillando honores, saliendo en los periódicos. Eso debería evitarse, debería haber un quiebre con este tipo de procesos”, señala Vásquez Figueroa.
Los órganos de control son indispensables en la lucha contra la corrupción, pero esa tarea exige rigor. La Fiscalía ya lo señaló. Ahora corresponde que la Contraloría General de la República tome nota y empiece a hacer la distinción correcta entre cometer una falta administrativa y un delito.
Tras el proceso electoral del pasado 4 de octubre, el escenario político en la región Lambayeque ha quedado definido para disputarse en un balotaje, según los resultados oficiales emitidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE. Los aspirantes que han alcanzado la preferencia del electorado regional son el candidato por Somos Perú, Martín Perales Saavedra, y el representante de Fuerza Popular, Rolando Barboza Díaz, quienes definirán el sillón regional en las urnas el próximo 29 de noviembre.
Ambos postulantes abrieron la etapa de campaña de cara a la segunda vuelta tras pronunciarse en los estudios de RPP Noticias. El análisis del panorama electoral refleja dos visiones contrapuestas respecto a la articulación con los municipios distritales, la asignación de presupuestos regionales y la ejecución de infraestructura pública básica de gran envergadura.
La propuesta de Somos Perú
El candidato por Somos Perú, Martín Perales Saavedra, obtuvo el mayor porcentaje de votación en la primera fase electoral, alcanzando el 28.369 %, equivalente a 182 214, al 98.270 % del conteo oficial.
Perales Saavedra destaca que la presencia territorial del partido se consolidó tras ganar en 11 municipalidades distritales, así como en las tres provincias de la región: Lambayeque, Ferreñafe y Chiclayo. Respecto a los resultados en las provincias de Ferreñafe y Chiclayo, detalló que alcanzaron una ventaja sustancial en las urnas, superando el 34 % de los votos válidos. Asimismo, enfatizó el triunfo en el distrito de José Leonardo Ortiz, catalogado como uno de los más poblados del país, donde la agrupación superó el 39 % de respaldo popular, casi duplicando la votación del segundo competidor.
“Definitivamente, son tres factores importantes que han influido en esta campaña, uno es la estructura político-partidaria de Somos Perú; dos, su posicionamiento en los 38 distritos, y en tercer lugar el trabajo que ha venido haciendo el gobierno regional, a pesar que se le ha criticado duramente por ser un partido descentralista, municipalista”, mencionó.
El candidato de Somos Perú profundizó en el diagnóstico presupuestal de los municipios locales, fundamentando por qué su propuesta prioriza el apoyo directo a los alcaldes distritales para la ejecución de proyectos de infraestructura social.
“Hay que entender que solamente el 10 % del presupuesto va a más de 1896 alcaldías distritales y 196 provinciales del Perú. Por eso es que el presupuesto nunca llega. Es por eso que este gobierno regional de Somos Perú, al ser un gobierno municipalista netamente, ha tomado la iniciativa de trabajar articuladamente con los 38 distritos y eso creo nos ha permitido un posicionamiento importante”, señaló.
Aclaró que la ejecución de obras regionales en un distrito depende directamente de la predisposición y la capacidad de articulación de la autoridad edil local. Como ejemplo de articulación eficiente, citó el caso del municipio de Pimentel, donde el trabajo conjunto permitió la llegada de obras públicas de envergadura.
De cara al balotaje del 29 de noviembre, el representante de Somos Perú reafirmó su postura de apertura hacia las diversas fuerzas políticas y autoridades electas que buscan sumarse a su propuesta de gobierno regional.
“Somos Perú representa la única garantía, creo yo, a nivel de gobierno regional para trabajar con los 38 distritos. Nosotros hemos dado una muestra clara de cómo se debe democratizar el presupuesto, de cómo se debe descentralizar de una manera abierta, pero sobre todo trabajar con cada uno de los actores políticos que son los alcaldes sin mirar a qué o a cuál partido pertenece”, dijo.
Finalmente, el candidato hizo un llamado a la unidad regional para concentrar la atención en el cierre de brechas sociales de agua potable, saneamiento básico, pistas y veredas en los anexos y pueblos jóvenes, reafirmando que su agrupación continuará coordinando con los alcaldes distritales electos sin distinción de camisetas políticas.
Planteamiento de Fuerza Popular
Por su parte, el candidato regional por Fuerza Popular, Rolando Barboza Díaz, analizó los resultados obtenidos el domingo, expresando su satisfacción por haber asegurado el pase al balotaje e iniciando una nueva fase de campaña orientada a confrontar propuestas de fondo para la región. Fuerza Popular obtuvo 126 376 votos (19.676 %).
Al ser consultado sobre el desempeño electoral de Fuerza Popular en comparación con comicios anteriores, Barboza Díaz explicó que la dinámica de la votación estuvo influenciada por la unificación de las cédulas de votación regional y municipal. Precisó que el arrastre o arrinconamiento del voto dependió en gran medida de las candidaturas distritales. Puso como ejemplo la situación ocurrida en José Leonardo Ortiz. Según dijo, la exclusión temporal de su candidato municipal por parte del jurado electoral afectó la tracción de votos en dicha jurisdicción.
Sin embargo, el candidato de Fuerza Popular desestimó que existan debilidades insuperables en su campaña y proyectó un crecimiento continuo en la preferencia del electorado con miras al 29 de noviembre.
“Nosotros hemos hecho una campaña para poder llegar a la segunda vuelta y lo hemos logrado y estamos contentos por el trabajo que hemos hecho todos los que hemos participado en la campaña. Estamos bien. Mi candidatura está en proceso, estamos creciendo y estamos convencidos de superar el 50 % este 29 de noviembre”, mencionó.
Respecto a la visión del Gobierno Regional de Lambayeque y marcando una distancia explícita frente al enfoque promovido por Somos Perú, Barboza Díaz cuestionó la denominación y práctica de una gestión de carácter exclusivamente municipalista. Argumentó que el gobierno regional debe enfocar la mayor parte de su capacidad operativa y financiera en proyectos integrales de infraestructura que resuelvan deficiencias históricas a nivel regional.
“La región municipalista es un término que no encuadra, ¿por qué? Porque tenemos, por ejemplo, que resolver el agua potable aquí en Chiclayo donde se tiene que ejecutar la planta de tratamiento, por ejemplo, al lado de Boró. Necesitamos un proyecto que atienda la necesidad en seis distritos, son proyectos más grandes. Entonces, nosotros vamos a trabajar con las municipalidades, sí para la necesidad más inmediata vamos a hacer los convenios para que ellos lo ejecuten, directamente vamos a transferirle recursos, netamente para que ellos lo ejecuten, pero la región va a hacer proyectos grandes, de impacto que pueda cambiar la realidad de todos los lambayecanos”, explicó.
El postulante fujimorista enfatizó que sectores como Eureka sufren actualmente por el consumo de agua contaminada con arsénico debido a la falta de proyectos regionales dirigidos a dicha zona, mientras que en sectores como La Pradera la población aún carece de redes de desagüe. Rolando Barboza remarcó que, para financiar las megaobras que requiere Lambayeque, su gestión no dependerá únicamente de las arcas regionales, sino que buscará financiamiento directo ante el gobierno nacional y los ministerios, brindando además asesoramiento técnico a los municipios para la elaboración de sus expedientes técnicos.
Asimismo, al evaluar el impacto del contexto político nacional sobre su candidatura regional y la brecha de más de 55 mil votos respecto al primer lugar, Barboza Díaz reiteró que el resultado de la primera etapa respondió estrictamente a la configuración del voto local. Indicó que la segunda vuelta plantea un escenario completamente distinto, donde la población elegirá entre dos alternativas de gobierno plenamente diferenciadas.
“Es importante evaluar a los candidatos, hay que ver su propuesta y qué es lo que tiene el contenido para poder determinar finalmente. Recuerden que tenemos 4 años de gestión que viene desarrollando el partido que también ha pasado la segunda vuelta y no hemos tenido mayor impacto en la calidad de vida de todos nosotros”, señaló.
