La violación de los Derechos Humanos en el Perú es una de las principales problemáticas que impide el desarrollo sostenible de la nación. Próximos a la segunda vuelta electoral que disputan los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de la Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia – COSDEJ, Norbel Mondragón Herrera, advierte la importancia de un gobierno en pro a la defensa de estos, en miras de un cambio estructural hacia el bicentenario de la república.
En octubre del 2008, en respuesta a la falta de información ciudadana respecto a la defensoría de los derechos humanos en Lambayeque, se creó el COSDEJ, cuyo presidente señala que los problemas críticos existentes en el departamento son por corrupción en el Poder Judicial, violencia política y disputas en las excooperativas azucareras.
Agrega que la falta de una real conciencia ciudadana y de cultura política, impide que el ciudadano se desarrolle en espacios de la defensoría de derechos de manera responsable, siendo estos factores determinantes para las elecciones presidenciales, señalando que “el electorado peruano debe analizar ampliamente los antecedentes de lesiones a los derechos para determinar su voto”.
“Se habla de un voto crítico, que sin duda en democracia sí se puede ser más esclarecedor a los reclamos por violaciones de estos, pero, por el otro lado, no tendríamos respuesta, porque el autoritarismo es más difícil para llegar a conceso. Ante una posible democracia se podría trabajar con mayor desenvolvimiento en contrastar las lesiones, mientras que la dictadura impediría cumplir con nuestros objetivos. Solo en democracia es posible defender los Derechos Humanos”, menciona.
Manifiesta que ante un posible gobierno de la candidata presidencial Keiko Fujimori, las protestas se realizarían con mayor dificultad y serían cruentas. No obstante, sostiene que el CODEJ se mantendrá “vigilante frente a la coyuntura que los exige a evaluar las posibilidades de avance sobre la defensa de los derechos respecto a los resultados del cinco de junio”.
“Algo ha avanzado la ciudadanía respecto a la defensa de los derechos, pero esto ha sido gracias a los jóvenes, quienes han dado el ejemplo. El movimiento de la Ley Pulpín marcó un antes y un después, porque sin duda ellos nos están demostrando ahora que las estructuras del poder tienen que cambiar. Sin embargo, estamos frente a unas elecciones en que la candidata de Fuerza Popular presenta un mayor apoyo por parte del electorado, y esto se da debido a la falta de educación política en el país”, señala.
ÉPOCA FUJIMORISTA
El presidente de la comisión puntualiza que el estado de los Derechos Humanos en el país fue golpeado agudamente en el período de gobierno de Alberto Fujimori, causando así más de 270 mil esterilizaciones forzadas, asesinatos masivos por los casos Barrios Altos y La Cantuta, prisión ilegal de inocentes, y otros casos.
“Cuando hemos estado en la lucha antifujimontesinistas, lo más fácil para ellos era tacharnos como terroristas, y en algún momento hemos sido encarcelados y detenidos, siendo una de las pruebas fundamentales de la dictadura que se vivió, con leyes draconianas y graves lesiones de los derechos más fundamentales. Se ha comprobado que Fujimori es el autor mediato de crímenes de lesa humanidad, y se debe tener en memoria para que no vuelva a ocurrir”, expone.
Comenta también sobre las irregularidades internas de Fuerza Popular, indicando que este ya no cuenta con un segundo vicepresidente debido a que Vladimiro Huaroc fue encontrado dando dádivas en campaña. Asimismo, sobre los problemas relacionados al primer vicepresidente y con su anterior secretario Joaquín Ramírez, que a través de prácticas montesinistas al presentar algo falso como verdadero.
“No es posible que existan candidatos vinculados a investigados por la DEA. Se ha conocido por antecedentes que cuando este organismo investiga algo es porque hay indicios valederos de que hay delitos. Hay especialistas que en su evaluación señalan que hay candidatos con relación al narcotráfico y si esto fuese así, sería lamentable la situación en la que el país entraría. La candidata no lo ha cuestionado abiertamente, en cambio, del otro candidato conocemos que algunos de sus integrantes en algún momento darán la cara y verán cómo solucionar el problema”, explica.
Norbel Mondragón sostiene que los movimientos de Derechos Humanos velan por mantener la transparencia y la democracia, continúan con la lucha por una mejor Defensoría del Pueblo, establecer que los integrantes del Tribunal Constitucional sean bien elegidos, y eliminar las repartijas en el Congreso. Además, que se tome como temas prioritarios la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción, enfocándose en los problemas medio ambientales a la par.
“Uno de los dos candidatos, una vez que haya asumido el gobierno, debe de implementar propuestas de cambio y escuchar a la ciudadanía, porque los planes de gobierno están pobrísimos en ambos. Sin embargo, PPK logra plantear algunos matices, mientras que Keiko Fujimori, debido a las contradicciones, presenta un discurso distinto para fuera y adentro del partido”, argumenta.
DERECHOS EN EL SIGLO XXI
El presidente de COSDEJ indica que el mundo se encuentra en la tercera generación de los Derechos Humanos, siendo los primeros los derechos civiles y políticos, y luego los sociales y culturales. Ahora, el tema de violación de derechos es ligado a los problemas medio ambientales, respecto al acceso del agua y el desarrollo sostenible.
“Ahora, en el siglo XXI, tenemos el tema medio ambiental en el que lamentablemente se ha lesionado mucho. Por ejemplo, la situación de Bagua, donde las comunidades nativas protestan porque hay una debilidad por parte del Estado, cómplice de los organismos trasnacionales y empresas, que con el pretexto del desarrollo del país, buscan afectar su territorio. A las empresas, con la aprobación del Estado, no les importa reconocer los derechos de las comunidades nativas que guardan una historia enriquecedora del Perú. Ni en el período de la conquista, los españoles pudieron destruirlas. Sin embargo, vemos ahora que el Estado las ha desprotegido completamente, abusando de sus recursos y violando sus derechos. No hay un respeto por la identidad peruana y falta mucho trabajo en esos temas por parte de los gobernantes”, señala.
Recalca que la importancia sobre la defensa de los derechos humanos se centra en el acceso general al agua, al igual que la reducción de la alteración de los ecosistemas por las actividades empresariales. Asimismo, menciona que la Defensoría del Pueblo ha reportado más de 200 conflictos sociales que se manifiestan por los problemas de departamentos como Puno, Arequipa, Piura y Cajamarca, donde se realizan inversiones mineras sin ningún reglamento estricto de responsabilidad ambiental.
“Todos tienen el derecho a la protesta, que lamentablemente los gobiernos han tratado de criminalizar. Como organismo defensor promovemos la conciencia ciudadana, brindando información para erradicar la ignorancia. Sin embargo, a través de las empresas y medios de comunicación se ocultan datos importantes de conocimiento público. Esperamos que el gobierno que entre pueda tomar cartas en el asunto, porque los problemas latentes que predominan ahora en el Perú, además de la corrupción e inseguridad ciudadana, son las violaciones de los derechos medioambientales, especialmente por la explotación minera, y quien llegue a la presidencia debe ser una persona dispuesta a escuchar las medidas correctas para atenuar las problemáticas”, sostiene.
BICENTENARIO
El presidente de COSDEJ indica que el lema político, reconocido internacionalmente, es servir y no servirse, y para eso el líder debe estar preparado para asumir los cargos correspondientes, sin caer en las redes de la corrupción, la mafia y la droga.
“Deben de apuntar al cambio de constitución, porque hay instrumentos legales limitantes y deben ser claros en nuestro país. Hace 35 años, cuando era estudiante, nos decían que la constitución era una telaraña que atrapaba moscas y zancudos, pero a gallinazos y gavilanes no los atrapaba, y eso aún está vigente. Han pasado cuatro décadas, y el tema de la corrupción persiste e incluso se ha sofisticado. Entonces, debemos tener otra forma de ver a nuestro país, y ahora es mucho más importante debido a la posibilidad de un narcoestado, con problemas en estructuras económicas, delincuencia, y demás”, manifiesta.
Añade que un pueblo que lee es culto y, por ende, es libre, porque al desconocer sobre la realidad nacional, la ciudadanía es una masa que se deja llevar bajo manipulación. Recalca que uno de los principales problemas son, en consecuencia, las fallas del sistema educativo a nivel nacional, por las cuales un gran porcentaje de alumnos no comprende lo que lee.
“El problema crucial de inseguridad ciudadana y corrupción son problemas latentes que debieron ser prioritarios en una política nacional, exigencia que debe darse estructuradamente. Le queda un papel importantísimo a quien tome el cargo presidencial”, concluye.
La Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO, ha presentado el libro “GeInViEqGt – La fórmula para una mejor ciudad”, publicación que recoge importantes aportes para gestión urbanística, abordando aspectos como el trabajo ciudadano, la infraestructura y la gestión.
“El libro presenta el resultado de una gestión gremial en la Cámara Peruana de la Construcción entre el 2009 y el 2013. En los primeros dos años intentamos promover las ideas del gremio con el método tradicional. Por ejemplo, hablando con los ministros de Estado para que incrementen los subsidios a la vivienda social y presupuesten estos aumentos en un programa continuo en el tiempo, que permita al promotor inmobiliario desarrollar un proyecto habitacional de largo plazo con la seguridad de contar con los subsidios suficientes para que los pobladores de escasos recursos accedan a una vivienda formal”, explica Walter Piazza de la Jara, expresidente de la CAPECO y coautor de la obra junto a Guido Valdivia Rodríguez, Antonio Navarro Ortiz y Quinto Ausejo Vidal.
Anota Piazza de la Jara que el propósito de los constructores no se concretó con acciones gubernamentales que permitan el incremento de la oferta de viviendas formales. Según indica, los ministros de turno percibían a los inversionistas inmobiliarios como un grupo de interés que solo buscaba defender la prosperidad de sus negocios. “En el caso de los alcaldes, la percepción era que CAPECO representaba a un grupo de empresarios desaprensivos que buscaba cubrir la ciudad de concreto, sin preocuparse por el impacto que el desarrollo inmobiliario produce en la provisión de servicios básicos de agua o en el tráfico, a pesar de haber promovido muchos casos de éxito urbanístico”, menciona.
ACCIÓN GREMIAL
Justamente esta situación motivó a que desde el gremio empresarial se cambie la estrategia, apuntando a beneficiar directamente al ciudadano.
De este modo se emprendió “una acción gremial efectiva en beneficio de la ciudad y sus habitantes que oriente y premie a las autoridades correspondientes y que permita a las empresas de desarrollo inmobiliario o de construcción de infraestructura hacer un trabajo socialmente responsable y con una adecuada rentabilidad”.
Para lograrlo – refiere el expresidente de la CAPECO – se propuso una visión de futuro de la ciudad y su potencialidad para acelerar el desarrollo del país y sus ciudadanos. “Esta se concretó en una fórmula para generar mejores ciudades, la misma que es la columna vertebral de la publicación. Una fórmula para generar ciudades inclusivas y competitivas, con viviendas, áreas adecuadas para el trabajo, parques, teatros, centros comerciales, escuelas, universidades, y la infraestructura necesaria para resolver los problemas de agua y saneamiento, de salud y de transporte”, señala.
Anota que encarando el desafío de la ciudad era posible abordar eficientemente el problema de la informalidad habitacional que persiste a pesar que el país cuenta con un programa promotor de la inversión privada en la producción de vivienda social.
MOVIMIENTO
“Así surgió el movimiento ‘Una mejor ciudad es posible’, que aglutinó inicialmente a un grupo de personas, no solamente asociados de CAPECO, sino también dirigentes de los colegios profesionales, arquitectos con una proyección urbanística, ingenieros especializados en temas urbanos y expertos en comunicación, sin los cuales habría sido imposible lanzar este movimiento en forma masiva a los ciudadanos”, indica Walter Piazza.
Explica que la idea es educar a la ciudadanía en los fundamentos de la fórmula para desarrollar mejores ciudades, para que luego esta elija a los alcaldes que mejor se identifiquen con la visión de una ciudad formal, sostenible, y que permita a los contratistas y desarrolladores mostrar lo mejor que pueden ofrecer desde un punto de vista socialmente responsable.
“Este libro es un resumen de todas las ideas que hemos recogido hasta ahora para alcanzar la visión de construir mejores ciudades, y que pueden servir de guía para quienes aspiran a gobernar la ciudad y el país, y también para ciudadanos comunes y empresarios de la construcción que se identifican con los ideales del movimiento ‘Una mejor ciudad es posible”, destaca.
Entre ideales a los que Piazza de la Jara hace se cree en una ciudad construida pensando siempre en las personas que la habitan, “una ciudad que tenga al ser humano como eje de su desarrollo”. “Creemos que las ciudades no son cemento y ladrillos, sino familia”.
“Creemos en una ciudad llena de árboles, con plazas y parques, con escuelas y museos, con sistemas de transporte rápidos y cómodos, con amplias zonas donde distraerse, donde practicar deportes, donde disfrutar la vida con seguridad. Una ciudad que provea a sus habitantes de un trabajo digno y estable. Creemos en una ciudad bella y que cuente con edificaciones seguras, pero también creada pensando en los niños, en los adultos mayores, en las mujeres embarazadas y en las personas con discapacidad”, sostiene.
Anota que se aspira a una ciudad que inspire y motive a sus habitantes, que los ayude a crecer y fortalecerse, y donde sea posible vivir cada día mejor.
LA FÓRMULA
El libro plantea cinco aspectos a desarrollar en la gestión urbanística. El primero, la gente, porque “una ciudad necesita que su gente la cuide y participe activamente en su desarrollo”.
“Para ello es necesario educar a los ciudadanos en su derecho a vivir en una ciudad productiva y formal, que facilite su progreso personal. La gente debe sentir la obligación de ayudar a mejorar su ciudad, no ensuciándola, pintando sus fachadas, cuidando los parques, y eligiendo alcaldes probos y capaces”, sugieren los autores.
El segundo aspecto lo constituye la infraestructura. El libro refiere que la ciudad tiene que ofrecer a sus pobladores acceso a agua potable, desagüe, energía eléctrica, teléfono, Internet; debe tener pistas y veredas bien construidas, medios de transporte masivo que sean seguros, cómodos y rápidos, y un medio ambiente que promueva la salud y el bienestar de la gente. “Una ciudad con buena infraestructura maximiza la productividad de su gente y su potencial de desarrollo”.
Otro aspecto es la vivienda, toda vez que la ciudad necesidad que sus pobladores accedan a esta con una buena ubicación, cómoda y segura ante los fenómenos naturales. “La vivienda formal y bien construida los ayuda a progresar y a cuidar la salud, es el principal patrimonio de la familia, sirve para obtener créditos y para legar a los hijos”, destaca el libro.
También se incluyen en la fórmula para una ciudad ideal el equipamiento urbano. Los autores precisan que una ciudad debe ofrecer a sus pobladores lugares seguros para vivir y trabajar, parques para pasear, espacios para distraerse, buenas escuelas para sus niños, centros de salud, comisarías y lugares donde puedan comprar lo que necesitan.
El quinto elemento es la gestión. “La ciudad tiene que ser gobernada por personas capaces y honestas que tengan visión de futuro y sepan qué se necesita para desarrollarla. Deben entender los principios del urbanismo y la necesidad de contar con un plan de desarrollo urbano para formalizar el futuro crecimiento de la ciudad. Esta debe de contratar a profesionales en administración pública y gestión urbana”, señalan los autores.
EL LIBRO
La obra presentada por la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO, de 276 páginas, presenta dicha fórmula y por eso está dividido en cinco capítulos, uno por cada componente.
Además, al final se ha agregado complementariamente un artículo que tiene como propuesta desarrollar ciudades más competitivas en todo el Perú, brindando ejemplos de lo que las principales urbes podrían aprovechar y ofrecer al país y al mundo.
Así, toda autoridad política tanto nacional, regional, provincial o distrital, puede encontrar en la publicación una plataforma eficiente para desarrollar, gestionar y emprender sus obras.
Los autores han procurado que el libro presente la información de manera clara y didáctica para que los electores sepan preguntarle a quienes gobiernan o aspiran a gobernar la ciudad en que viven, qué es lo que van a hacer para mejorar sus ciudades en función de cada uno de los componentes de la fórmula.
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PARA REDUCIR LA BRECHA EN INFRAESTRUCTURA
Se necesita la inversión de más
de 87 mil millones de dólares
La Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO, ha destacado en su libro “GeInViEqGt – La fórmula para una mejor ciudad”, las serias deficientes que tiene aún el Perú para superar la brecha de infraestructura que impide el desarrollo de la población.
Por ejemplo, se destaca que un tercio de los peruanos viven sin acceso al agua potable y que un porcentaje similar no tiene acceso a la electricidad. A esto se suma el preocupante indicador que señala que, al año, el 70 % de las viviendas que se construyen en el país son informales, inseguras o precarias.
Asimismo, el documento recoge lo señalado por las universidades del Pacífico y ESAN en un estudio realizado para la Asociación para el Fomento de la Infraestructura – AFIN, respecto a que se necesita de la inversión de 87 mil 975 millones de dólares para mejorar la infraestructura logística del país.
De acuerdo a la CAPECO, para reducir la brecha en electricidad se requiere de ocho mil 326 millones de dólares, de los cuales para el 2016 solo se han presupuestado 580 millones. En saneamiento se necesitan seis mil 306 millones de dólares; en educación ocho mil 557 millones; en puertos tres mil 600 millones; en carreteras 11 mil millones; en ferrocarriles dos mil 415 millones; en aeropuertos 571 millones; en cárceles 480 millones; en salud mil 56 millones y en riego 653 millones de dólares.
Actualmente en el Perú el 75 % de la población vive en las ciudades y el 25 % en la zona rural. Para el 2025 se proyecta que el porcentaje de población urbana incremente en cinco puntos.
El país ingresa en sus horas más importantes ad portas de la elección del nuevo gobierno nacional este domingo 5 de junio. La semana ha estado cargada de actividades proselitistas de ambos candidatos, tanto Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, como Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos Por el Kambio, han recorrido el país cerrando su campaña.
La candidata anaranjada decidió cerrar en Lima, en el populoso distrito de Villa El Salvador, mientras que PPK lo hizo en Arequipa, que se ha vuelto su más sólido bastión. La Ciudad Blanca fue la única en la que el candidato ganó con aplastante mayoría sobre Keiko Fujimori.
En los últimos días diversas voces empezaron a mostrar adhesión a la candidatura de Kuczynski. El apoyo más sonado es el que recibió de la excandidata del Frente Amplio, Verónika Mendoza, quien se pronunció a favor de un voto crítico para cerrarle el camino al fujimorismo hacia palacio de gobierno.
Al igual que Mendoza, Julio Guzmán, Fernando Olivera del Frente Esperanza, Acción Popular, Perú Posible, Alianza Para el Progreso y algunos exdirigentes del Partido Nacionalista también han dado respaldo a PPK, incluso la exlideresa del Partido Popular Cristiano Lourdes Flores Nano y el parlamentario y dirigente aprista Mauricio Mulder.
Es más, en la marcha nacional convocada por el colectivo No A Keiko los participantes fueron invitados a participar como personeros de Peruanos Por el Kambio “en defensa de la democracia”.
Sin embargo, nada de esto ha amilanado a Keiko Fujimori. A inicios de semana recorrió el nororiente, luego encabezó multitudinarios mítines en Trujillo, Huacho y Chiclayo, acompañada de los congresistas y dirigentes de Fuerza Popular, sin poder sacudirse aún de los efectos de la denuncia contra su secretario general Joaquín Ramírez y la cuestionada acción de su vicepresidente José Chlimper, con el famoso audio dado a Panamericana Televisión.
PAPELES FIRMADOS
Afinando estrategias, ambos candidatos han firmado una veintena de compromisos con diferentes organizaciones y gremios, buscando hasta el último momento el respaldo de más sectores del electorado.
Por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski ha firmado acuerdos con la Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP, la Federación de Trabajadores de Construcción Civil – FTCCP, y el Sindicato Unitarios de Trabajadores en la Educación del Perú – SUTEP, históricamente los gremios que se opusieron a la autocracia de Alberto Fujimori.
El líder de Peruanos Por el Kambio también ha firmado compromisos con las comunidades nativas y las rondas campesinas.
Keiko Fujimori, por su parte, ha celebrado acuerdos de todo tipo, unos más controversiales que otros, como el arribado con los representantes de la minería ilegal, donde se compromete a derogar los decretos dados por el actual gobierno para la formalización de estos.
También ha firmado un pacto con la Coordinadora Cívica Pro Valores en oposición a la unión civil de personas del mismo sexo y el aborto.
PLAN PERÚ
“El 10 de abril Lambayeque depositó su confianza ampliamente en nosotros. Fuerza Popular obtuvo un voto histórico y quiero decir gracias por darnos ese respaldo, esa confianza, permitiendo además que de los cinco congresistas de la región, tres sean miembros de nuestro partido”, señaló la candidata en Chiclayo.
Dijo que el resultado es producto de muchos años de trabajo y que recorrer el país le permitió que su partido logre el respaldo en las urnas y 73 congresistas en el Parlamento.
“Respaldo que sabremos asumir con responsabilidad, que significa siempre tender los puentes, buscar el diálogo, pero también decir con humildad y orgullo que gozamos del gran respaldo del pueblo. Caminar, conversar, ver y sentir la problemática de las personas nos ha permitido plantear el Plan Perú, con más de 190 iniciativas, esa es la diferencia entre Fuerza Popular y el resto de partidos políticos, que solo se acuerdan en época electoral, que solo viajan en campaña. Yo vengo recorriendo el Perú veinte años, conozco el Perú profundo, conozco sus necesidades y por eso también tengo las propuestas para solucionarlas”, dijo Keiko Fujimori.
“NARCOESTADO NO”
En Lima, durante su cierre en la capital de la República, Pedro Pablo Kuczynski volvió a referirse a los presuntos vínculos de la candidata de Fuerza Popular con el narcotráfico, señalando que el Perú no debe convertirse en un narcoestado.
“No queremos si quiera oír hablar del narcoestado que nos va a matar a todos. Por eso la seguridad combate la droga, los estupefacientes, el narcotráfico, las conexiones dudosas con esa gente y la política”, expresó PPK.
El candidato dijo además que el país debe rechazar a los “tres jinetes del Apocalipsis: la corrupción, el crimen y el narcotráfico”.
“No vamos a permitir que nuestros puertos sean trasvases de drogas, de corrupción, con jueces comprados. Y los que matan se pudrirán en la cárcel. Y los que violan también”, enfatizó.
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La región Lambayeque se transforma en el nuevo polo agroindustrial Perú, contribuyendo a la creación de unos tres mil puestos de trabajo
Oasis en el desierto
En los próximos 6 meses, en el Proyecto Olmos se iniciará la era de comenzar a recoger los frutos de las fuertes campañas de siembra que hoy en día vienen completando los inversionistas en la zona denominada tierras nuevas, donde más de 10 mil hectáreas ya están sembradas de arándanos, espárragos, maíz, mango, pasión, aguacate, uva de mesa. A la fecha se han generado alrededor de tres mil puestos de trabajos directos e indirectos y se espera el inicio de los planes de cultivo de las otras empresas que adquirieron las tierras en el proyecto para superar los 30 mil empleos directos y cien mil empleos indirectos, en pleno desarrollo del proyecto.
Comuneros Locales ya ven el fruto de sus esfuerzos
Adecuándose al cambio y con el beneficio que da el agua trasvasada del proyecto, 3 asociaciones de 81 comuneros olmanos lograron concertar un acuerdo que les permite ahora ver crecer los racimos de banano orgánico y cuyo primera cosecha de exportación lo estarán realizando a mediados del año. Son 100,5 hectáreas sembradas con el financiamiento de Agrobanco, mediante el programa de Reconversión productiva de cultivos tradicionales a banano orgánico, aprobó el crédito por 865 mil soles para las tres Asociaciones, equivalente al 25 % del capital total requerido; por lo que los Productores Olmanos asumirán 600 mil soles de inversión para la siembra del banano orgánico en sus predios. El ejemplo ya fue tomada como positiva para otro comuneros que preparan 150 hectáreas más para las plantaciones de banano organico que son traídos desde Honduras.
Estructura Financiera
El modelo de financiamiento del proyecto Olmos, a través de la Concesionaria H2Olmos está siendo calificado como ejemplo a seguir en proyectos agroindustriales similares, por su financiamiento a través de los aportes de las empresas agroindustriales privadas que participaron en la compra de las tierras, el aporte de la concesionaria y la emisión de bonos en el mercado local peruano, es decir un financiamiento 100 % privado y autosotenible, con una estructura de garantías basado en la calificación de primer nivel de los offtakers (empresas agroindustriales), que cuenta con un contrato de servicio de agua con H2 Olmos tipio “take orpay”.
Rendimientos de los cultivos sorprende a los propios los inversionistas
Contrariamente a las limitaciones que la naturaleza ha impuesto a este valle con escases de agua, superado con el trasvase, en 18 meses del proyecto Olmos ha permitido la siembra de un 31 % de las tierras cultivables. Otros, alrededor de 24 mil hectáreas ya han sido preparados para la siembra. De los 51 lotes agrícolas, 27 tienen conexión al sistema de distribución de agua a presión - que permite a un tipo de riego tecnificado a gran escala con 90 pivots que riegan más de 8 mil hectáreas de caña de azúcar y otros sistemas que permiten un mejor aprovechamiento del agua.
"Olmos es el primer proyecto de riego en el mundo que tiene tubería de forma telescópica, de 45 kilómetros de extensión presurizado de distribución enterrado, lo que permite que nuestros usuarios tengan la presión agroindustrial continua en sus sistemas de riego", explica Alfonso Pinillos, director de inversiones de la Concesionaria.
La violación de los Derechos Humanos en el Perú es una de las principales problemáticas que impide el desarrollo sostenible de la nación. Próximos a la segunda vuelta electoral que disputan los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de la Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia – COSDEJ, Norbel Mondragón Herrera, advierte la importancia de un gobierno en pro a la defensa de estos, en miras de un cambio estructural hacia el bicentenario de la república.
En octubre del 2008, en respuesta a la falta de información ciudadana respecto a la defensoría de los derechos humanos en Lambayeque, se creó el COSDEJ, cuyo presidente señala que los problemas críticos existentes en el departamento son por corrupción en el Poder Judicial, violencia política y disputas en las excooperativas azucareras.
Agrega que la falta de una real conciencia ciudadana y de cultura política, impide que el ciudadano se desarrolle en espacios de la defensoría de derechos de manera responsable, siendo estos factores determinantes para las elecciones presidenciales, señalando que “el electorado peruano debe analizar ampliamente los antecedentes de lesiones a los derechos para determinar su voto”.
“Se habla de un voto crítico, que sin duda en democracia sí se puede ser más esclarecedor a los reclamos por violaciones de estos, pero, por el otro lado, no tendríamos respuesta, porque el autoritarismo es más difícil para llegar a conceso. Ante una posible democracia se podría trabajar con mayor desenvolvimiento en contrastar las lesiones, mientras que la dictadura impediría cumplir con nuestros objetivos. Solo en democracia es posible defender los Derechos Humanos”, menciona.
Manifiesta que ante un posible gobierno de la candidata presidencial Keiko Fujimori, las protestas se realizarían con mayor dificultad y serían cruentas. No obstante, sostiene que el CODEJ se mantendrá “vigilante frente a la coyuntura que los exige a evaluar las posibilidades de avance sobre la defensa de los derechos respecto a los resultados del cinco de junio”.
“Algo ha avanzado la ciudadanía respecto a la defensa de los derechos, pero esto ha sido gracias a los jóvenes, quienes han dado el ejemplo. El movimiento de la Ley Pulpín marcó un antes y un después, porque sin duda ellos nos están demostrando ahora que las estructuras del poder tienen que cambiar. Sin embargo, estamos frente a unas elecciones en que la candidata de Fuerza Popular presenta un mayor apoyo por parte del electorado, y esto se da debido a la falta de educación política en el país”, señala.
ÉPOCA FUJIMORISTA
El presidente de la comisión puntualiza que el estado de los Derechos Humanos en el país fue golpeado agudamente en el período de gobierno de Alberto Fujimori, causando así más de 270 mil esterilizaciones forzadas, asesinatos masivos por los casos Barrios Altos y La Cantuta, prisión ilegal de inocentes, y otros casos.
“Cuando hemos estado en la lucha antifujimontesinistas, lo más fácil para ellos era tacharnos como terroristas, y en algún momento hemos sido encarcelados y detenidos, siendo una de las pruebas fundamentales de la dictadura que se vivió, con leyes draconianas y graves lesiones de los derechos más fundamentales. Se ha comprobado que Fujimori es el autor mediato de crímenes de lesa humanidad, y se debe tener en memoria para que no vuelva a ocurrir”, expone.
Comenta también sobre las irregularidades internas de Fuerza Popular, indicando que este ya no cuenta con un segundo vicepresidente debido a que Vladimiro Huaroc fue encontrado dando dádivas en campaña. Asimismo, sobre los problemas relacionados al primer vicepresidente y con su anterior secretario Joaquín Ramírez, que a través de prácticas montesinistas al presentar algo falso como verdadero.
“No es posible que existan candidatos vinculados a investigados por la DEA. Se ha conocido por antecedentes que cuando este organismo investiga algo es porque hay indicios valederos de que hay delitos. Hay especialistas que en su evaluación señalan que hay candidatos con relación al narcotráfico y si esto fuese así, sería lamentable la situación en la que el país entraría. La candidata no lo ha cuestionado abiertamente, en cambio, del otro candidato conocemos que algunos de sus integrantes en algún momento darán la cara y verán cómo solucionar el problema”, explica.
Norbel Mondragón sostiene que los movimientos de Derechos Humanos velan por mantener la transparencia y la democracia, continúan con la lucha por una mejor Defensoría del Pueblo, establecer que los integrantes del Tribunal Constitucional sean bien elegidos, y eliminar las repartijas en el Congreso. Además, que se tome como temas prioritarios la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción, enfocándose en los problemas medio ambientales a la par.
“Uno de los dos candidatos, una vez que haya asumido el gobierno, debe de implementar propuestas de cambio y escuchar a la ciudadanía, porque los planes de gobierno están pobrísimos en ambos. Sin embargo, PPK logra plantear algunos matices, mientras que Keiko Fujimori, debido a las contradicciones, presenta un discurso distinto para fuera y adentro del partido”, argumenta.
DERECHOS EN EL SIGLO XXI
El presidente de COSDEJ indica que el mundo se encuentra en la tercera generación de los Derechos Humanos, siendo los primeros los derechos civiles y políticos, y luego los sociales y culturales. Ahora, el tema de violación de derechos es ligado a los problemas medio ambientales, respecto al acceso del agua y el desarrollo sostenible.
“Ahora, en el siglo XXI, tenemos el tema medio ambiental en el que lamentablemente se ha lesionado mucho. Por ejemplo, la situación de Bagua, donde las comunidades nativas protestan porque hay una debilidad por parte del Estado, cómplice de los organismos trasnacionales y empresas, que con el pretexto del desarrollo del país, buscan afectar su territorio. A las empresas, con la aprobación del Estado, no les importa reconocer los derechos de las comunidades nativas que guardan una historia enriquecedora del Perú. Ni en el período de la conquista, los españoles pudieron destruirlas. Sin embargo, vemos ahora que el Estado las ha desprotegido completamente, abusando de sus recursos y violando sus derechos. No hay un respeto por la identidad peruana y falta mucho trabajo en esos temas por parte de los gobernantes”, señala.
Recalca que la importancia sobre la defensa de los derechos humanos se centra en el acceso general al agua, al igual que la reducción de la alteración de los ecosistemas por las actividades empresariales. Asimismo, menciona que la Defensoría del Pueblo ha reportado más de 200 conflictos sociales que se manifiestan por los problemas de departamentos como Puno, Arequipa, Piura y Cajamarca, donde se realizan inversiones mineras sin ningún reglamento estricto de responsabilidad ambiental.
“Todos tienen el derecho a la protesta, que lamentablemente los gobiernos han tratado de criminalizar. Como organismo defensor promovemos la conciencia ciudadana, brindando información para erradicar la ignorancia. Sin embargo, a través de las empresas y medios de comunicación se ocultan datos importantes de conocimiento público. Esperamos que el gobierno que entre pueda tomar cartas en el asunto, porque los problemas latentes que predominan ahora en el Perú, además de la corrupción e inseguridad ciudadana, son las violaciones de los derechos medioambientales, especialmente por la explotación minera, y quien llegue a la presidencia debe ser una persona dispuesta a escuchar las medidas correctas para atenuar las problemáticas”, sostiene.
BICENTENARIO
El presidente de COSDEJ indica que el lema político, reconocido internacionalmente, es servir y no servirse, y para eso el líder debe estar preparado para asumir los cargos correspondientes, sin caer en las redes de la corrupción, la mafia y la droga.
“Deben de apuntar al cambio de constitución, porque hay instrumentos legales limitantes y deben ser claros en nuestro país. Hace 35 años, cuando era estudiante, nos decían que la constitución era una telaraña que atrapaba moscas y zancudos, pero a gallinazos y gavilanes no los atrapaba, y eso aún está vigente. Han pasado cuatro décadas, y el tema de la corrupción persiste e incluso se ha sofisticado. Entonces, debemos tener otra forma de ver a nuestro país, y ahora es mucho más importante debido a la posibilidad de un narcoestado, con problemas en estructuras económicas, delincuencia, y demás”, manifiesta.
Añade que un pueblo que lee es culto y, por ende, es libre, porque al desconocer sobre la realidad nacional, la ciudadanía es una masa que se deja llevar bajo manipulación. Recalca que uno de los principales problemas son, en consecuencia, las fallas del sistema educativo a nivel nacional, por las cuales un gran porcentaje de alumnos no comprende lo que lee.
“El problema crucial de inseguridad ciudadana y corrupción son problemas latentes que debieron ser prioritarios en una política nacional, exigencia que debe darse estructuradamente. Le queda un papel importantísimo a quien tome el cargo presidencial”, concluye.
Los reiterados pronunciamientos del Colegio de Arquitectos de Lambayeque en oposición al modelo de diseño de la Nueva Ciudad de Olmos tienen ahora el respaldo del consejo nacional de la orden profesional, cuyos integrantes sesionaron el último fin de semana en Chiclayo y ratificaron, a través de su máximo representante, el pedido al gobierno central para que revise el proyecto y tome en consideración las múltiples observaciones planteadas.
El caso de la Nueva Ciudad de Olmos ha puesto sobre la mesa un problema mucho más grave a nivel nacional: la falta de experiencia en planificación urbana.
José Enrique Arispe Chávez, decano nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, sostiene que el afán de la orden es que no se cometan los errores del pasado en la conceptualización de muchas ciudades, cuyos resultados han sido negativos para sus habitantes, al ser insostenibles, con una serie de problemas no previstos.
ORDENAMIENTO
Según señalan los arquitectos, el proyecto de la nueva ciudad no ha consideración la información y diagnóstico de los estudios de Zonificación Económica y Ecológica – ZEE y el Plan de Ordenamiento Territorial de Lambayeque, lo que hace que la propuesta urbana no se articule a “las dinámicas sociales y económicas de la zona, a las necesidades de equipamientos y servicios básicos de poblaciones, principalmente trabajadores agrícolas, al reconocimiento de las potencialidades paisajísticas, culturales y de identidad y, sobre todo, potencializando los roles de los asentamientos poblacionales y promoviendo la expansión ordenada”.
“El señor presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, se comprometió en su primer mensaje a la nación en promulgar una ley de ordenamiento territorial, que en el fondo significa muchas otras cosas, como dar la garantía y seguridad jurídica al principal de los inversionistas, que es el ciudadano de a pie, el que junta de sol en sol para generar un ahorro y acceder a la vivienda”, expresa Arispe Chávez.
La concepción de la Nueva Ciudad de Olmos se dio luego de los estudios realizados por los consultores contratados a través del convenio que suscribió el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Corporación Andina de Fomento – CAF, la comuna distrital y el Gobierno Regional de Lambayeque.
Entre el equipo de consultoría se encontraban reconocidos especialistas como el sismólogo Julio Kuroiwa, encargados de analizar la mecánica de suelos, vulnerabilidades, áreas inundables y otros aspectos de la zona donde se ubicará el nuevo asiento urbano.
“Probablemente se hayan hecho todos los estudios, pero esto parte también de una conceptualización de cómo hacer ciudad y dónde hacer ciudad. Las ciudades que se deben construir deben ser resilientes, que estén preparadas para las respuestas ante cualquier fenómeno de la naturaleza, pero además pensar en que ya existen ciudades cercanas, que tienen sus propias dinámicas y desarrollos, como la actual ciudad de Olmos, las cuales debieron ser tomadas en cuenta y potencializadas, para llegar a una gran ciudad, porque estamos hablando de un proyecto para más de cien mil personas. Muchas veces no es lo más aconsejable tomar parte del desierto y ahí empezar de cero”, explica el decano de la orden profesional.
MODELO
Lo más preocupante – señala el colegio – es el diseño empleado para la Nueva Ciudad de Olmos, debido a que se basa en los planteamientos empleados a mediados del siglo pasado postulados por el arquitecto suizo francés Charles Édouard Jeanneret-Gris, conocido como Le Corbusier.
“La Nueva Ciudad de Olmos tiene un diseño de la década del 50, del tiempo cuando se conceptualizaban las ciudades ubicando a la industria por un lado, por otro las zonas habitacionales y en otro extremo los servicios y con grandes distancias. Hoy se piensa en las ciudades compuestas por pequeñas zonas que tienen sus servicios, que responden a las dinámicas sociales y a las necesidades que se van generando en la zona con el crecimiento de las familias. Lo que se está planteando para la Nueva Ciudad de Olmos son grandes manzanas, grandes macrolotes”, menciona.
Añade que este planteamiento urbano resulta peligroso, porque el proyecto contempla la subasta de los macrolotes para que la inversión privada construya las zonas habitacionales, lo que puede resultar contraproducente para mantener los parámetros de seguridad, ornato y paisajísticos.
Los arquitectos en su pronunciamiento señalan que la Nueva Ciudad de Olmos “no ha considerado un área central como eje articulador y catalizador de funciones económicas, cívicas, administrativas y culturales en cada una de las etapas de crecimiento, y la zonificación de uso del suelo proyectada no considera áreas que cumplan con la demanda de la población en relación a las áreas verdes, a los equipamientos y mobiliario urbano y a la articulación entre las grandes manzanas, que debe realizarse progresivamente”.
“Esta microzonificación y que el manejo de los parámetros urbanísticos estén en manos de los alcaldes es un grave riesgo, porque no se pone como antesala los lineamientos de cómo debe trabajarse una ciudad. Otro tema es no saber si las empresas que compren los macrolotes los desarrollarán urbanísticamente de manera inmediata o los reservarán para el futuro, lo que generaría una ciudad fantasma. Plantear una ciudad al libre mercado generaría muchos problemas, porque dejaría de ser planificada, organizada y segura”, señala José Enrique Arispe.
Asimismo, cuestiona que el modelo de la ciudad, que se anuncia como sostenible, no considere un sistema para el manejo del recurso hídrico, un sistema con alternativas de energías y tampoco un sistema para el manejo de los residuos sólidos, un sistema vial sostenible.
MEJORAS
El decano del Colegio de Arquitectos del Perú lamenta que durante la colocación de la primera piedra de la Nueva Ciudad de Olmos, el presidente de la República haya señalado que el proyecto se ejecutará tal como está, y que no habrá espacio para las modificatorias.
En su opinión, el mandatario nacional o quien lo suceda debe entender la necesidad de revisar el proyecto urbanístico a fin de corregir las debilidades que actualmente presenta, para prevenir problemas futuros como ya se han visto en otras partes del país.
“Todo proyecto es perfectible, creo que el señor presidente se equivocó cuando manifestó que esto era inamovible, en el mundo no hay nada inamovible, ni siquiera los cuarteles son inamovibles. Lo que se debe entender es que se necesitan ciudades dinámicas y si hay propuestas mejores adoptarlas, porque no solo se van generando nuevas necesidades, sino que también hay un gran desarrollo tecnológico que hace cambiar sustancialmente los conceptos de ciudad”, anota.
MALOS PROYECTOS
El representante gremial no se limita a cuestionar el modelo propuesto para la Nueva Ciudad de Olmos, también va en contra de los proyectos inmobiliarios que no responden a las necesidades de las familias, los mismos que – asegura – reciben la sanción del mercado.
“En Lima actualmente hay más de 20 mil unidades habitacionales que no se venden por varias razones, una de ellas, la principal y que no se toca, son los intereses bancarios. ¿Por qué los intereses de los bancos que actualmente ofrecen créditos de vivienda son tan altos si estos mismos bancos cobran en Bolivia no más del 5.5 %”, señala.
Agrega que otro problema es que los programas de vivienda que impulsa el Estado solo generan acceso para los sectores B y C, pero no para la población ubicada en el nivel socioeconómico D y E, que es la que más necesita de una vivienda digna.
“No se ve un solo programa comparado a los que se hicieron en los gobiernos de Fernando Belaunde, conjuntos habitacionales que hasta la actualidad son modelos de organización urbana y de planificación de la vivienda. Generalmente los proyectos que se ejecutan a través del Fondo Mi Vivienda o Techo Propio son para favorecer a la empresa privada, a pequeños grupos que en muchos casos no garantizan buenos servicios, dedicándose simplemente a densificar y a trasgredir la ley”, asevera.
Finalmente, Arispe Chávez señala que el colegio no se mantiene silente ante la inconducta profesional y ética de algunos de sus agremiados, razón por la que continúa imponiendo sanciones y suspendiendo a los malos arquitectos.
“Tenemos sanciones cuando se incumplen las normas y el Código de Ética. Tenemos sancionados, muchos, y no solamente pequeños, sino también arquitectos conocidos, de mucha experiencia profesional y que han cometido errores. Aquí no se tapa a nadie, las comisiones de Ética funcionan con total autonomía”, enfatiza.
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Asegurando una vez más que la institución que dirige en Lambayeque cumple con su rol en la persecución del delito, la presidenta de la Junta de Fiscales, Giovanna del Río Carreño, señala que el Ministerio Público enfrenta la dificultad de carecer de personal, pero además de no contar con presupuesto para tener a disposición plena peritos que ayuden en las investigaciones que se realizan.
La producción del Ministerio Público en el distrito fiscal es del 82 %, significando esto un avance importante en la resolución de las denuncias que se presentan. El 18 % restante lo constituyen los casos que se encuentran a la espera del inicio del juicio oral o que están en el control de acusación. Esta última fase depende más del Poder Judicial, de la asistencia de los imputados o de sus abogados.
Aproximadamente hay 500 carpetas fiscales que se encuentran listas para el inicio de los juicios, pero las audiencias se reprograman constantemente, la mayoría por falta de coordinación de los abogados con sus defendidos.
Entre enero y abril de este año, las fiscalías penales de Lambayeque recibieron 13 mil 674 denuncias, dos mil más que las ingresadas en el mismo período del 2015, de las cuales fueron resueltas 10 mil 674. Los fiscales lograron 94 fallos de prisión preventiva y mil 906 sentencias condenatorias. Asimismo, en los cuatro primeros meses del 2016 se obtuvo cuatro sentencias a cadena perpetua y 27 penas privativas de libertad superiores a 15 años.
Las fiscalías de familia, por su parte, acumularon un total de 396 expedientes, sobre los cuales han emitido 288 dictámenes, en tanto las fiscalías civiles revisaron mil 261 expedientes, emitiendo mil ocho dictámenes.
“Hemos avanzado bastante y el número de audiencias frustradas se ha reducido considerablemente desde mediados del año pasado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que han aumentado los casos, lo que ha originado que se programen audiencias ya no solo para dentro de tres meses, sino a más tiempo. En materia penal nuestras programaciones son relativamente próximas, si se revisan las programaciones judiciales en materia laboral hay audiencias fechadas para el año que viene, incluso para después del segundo semestre”, menciona la magistrada.
MÁS FISCALES
Refiere que las fiscalías de Chiclayo y José Leonardo Ortiz son las que presentan mayor carga de expedientes, sobresaliendo la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, donde se investigan carpetas complejas como la 2447, que corresponde al caso Limpios de la Corrupción, aun cuando esta tiene un equipo de siete fiscales, dos provinciales y cinco adjuntos, dedicados a exclusividad.
La creación de la fiscalía especializada para casos de corrupción si bien aborda las investigaciones respecto a ilícitos cometidos en perjuicio de la administración pública, no ha representado una reducción significativa de la carga existente en las demás fiscalías de Lambayeque. “Por más que anticorrupción se encargue de estos casos, que son grandes, pesados y demandan de muchas diligencias, las fiscalías penales siguen teniendo una alta carga”, señala Del Río Carreño.
Por otro lado, la aplicación de la Ley de Flagrancia ha puesto en apuros al Ministerio Público por el problema que desde ya hace años arrastra, que es básicamente la falta de personal.
Giovanna del Río explica que Lambayeque tiene 150 fiscales para casos penales, entre provinciales y adjuntos, pero la situación actual demanda de la creación de nuevos despachos. Por ejemplo, se requiere de una fiscalía provincial corporativa para Chiclayo, una para José Leonardo Ortiz y otra para el distrito de La Victoria, cada una con 16 fiscales.
“Se ha pedido la creación de las plazas. El año pasado casi todas las fiscalías en el Perú se declararon en emergencia, sobre todo las que tienen las cargas más fuertes como Trujillo y Arequipa, y si bien aquí no se hizo noticia nacional saliendo a la prensa, los fiscales provinciales también se declararon en emergencia, estableciendo los puntos en los cuales había mayor requerimientos y esto se elevó al Fiscal de la Nación”, comenta.
La magistrada reconoce que es complejo resolver la falta de fiscales, debido a que esto depende de la disponibilidad presupuestal del Ministerio Público. “Lo que se está haciendo a través de la Secretaría Técnica del Nuevo Código Procesal Penal es evaluar las zonas de las que se puede hacer el desplazamiento de la plaza fiscal a las sedes que se requieren. Por esto, hace un mes se trasfirieron cinco plazas, tres para Chiclayo, una para Leonardo Ortiz y otra para La Victoria. Con esto ha sido posible armar un despacho más en la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado”, precisa.
CASOS EMBLEMÁTICOS
Menciona que otro de los aspectos en los que se trabaja constantemente es en la coordinación de la presidencia con las fiscalías que revisan casos emblemáticos como el de los Limpios de la Corrupción, Los Wachiturros y Los Intelectuales de Lambayeque.
“La dedicación exclusiva de siete fiscales al caso Limpios de la Corrupción ya es bastante, porque de por sí nosotros estamos recargados. En esta investigación se está trabajando con la Contraloría General de la República, que nos está apoyando en la recopilación y organización de los documentos de cada uno de los imputados para poder realizar la pericia”, señala la presidenta de la junta de fiscales.
Respecto al sector azucarero, algunas investigaciones las ha tomado la fiscalía anticorrupción, al tratarse de casos en los que están involucrados los administradores judiciales de las empresas agroindustriales en conflicto, en tanto las fiscalías penales revisan otros casos.
“Nosotros tenemos un registro de peritos, a los que convocamos de acuerdo a las acciones que necesitamos, pero no contamos con peritos a disponibilidad completa y exclusiva, no contamos con presupuesto para ello. En Lima, por ejemplo, la fiscalías especializadas si tienen peritos a dedicación que se dedican a trabajar los casos de manera permanente. Eso sería un gran alivio, pero lamentablemente presupuesto no tenemos y en materia de contratación de personal también estamos limitados por las leyes que prohíben mayores convocatorias”, anota.
FILTRACIONES
En relación a las fiscalías que trabajan casos emblemáticos y cuyas investigaciones se han iniciado basándose en los testimonios de colaboradores eficaces, Del Río Carreño sostiene que existe la responsabilidad del Ministerio Público de corroborar las declaraciones para con ello establecer las imputaciones penales.
Ligado a esto está la filtración de declaraciones a los medios de comunicación, lo que ha originado incluso quejas contra algunos fiscales ante la Fiscalía Superior de Control Interno, que ha abierto investigaciones al respecto.
La titular del Ministerio Público en Lambayeque expone que en el primer caso los beneficios que reciben los colaboradores eficaces son decididos por el juez de investigación preparatoria de acuerdo a los aportes que estos brindan a las investigaciones. Sobre lo segundo, afirma que la situación es preocupante.
“Nos preocupa porque las investigaciones deben ser en la medida de lo posible reservadas, lo que buscamos siempre es un control sobre el rol que debe ejercer el fiscal y las personas que trabajan con él, porque si sale una información de las investigaciones caben muchas posibilidades, o es el fiscal o la gente que trabaja con él. Hay un factor especial que es la dificultad de mantener en custodia todo lo que nosotros tenemos, las fiscalías no tienen espacios, aunque se supone que si se trata de casos especiales la documentación debe guardarse bajo llave. Sin embargo, otra posibilidad de filtración de la información son los abogados, porque estos tienen derecho a exigir copias de todos los actuados. Siempre hacemos la recomendación a los fiscales”, comenta.
Giovanna del Río no descarta la posibilidad de realizar un barrido electrónico a la sede del Ministerio Público de Lambayeque, a fin de detectar cualquier dispositivo que permita la filtración de la información reservada que se maneja en los despachos fiscales. Asimismo, descarta que haya equipos de interceptación telefónica al interior del edificio.
“Todo el mundo ha escuchado esa versión, pero es poco probable. Yo he consultado a las personas que conocen del tema y me han indicado que los equipos para realizar ese tipo de acciones son muy costosos y que evidentemente es muy poco probable que alguien se dedique a eso porque no le representa mayor beneficio. No se ha hecho un barrido electrónico en el edificio, pero sí es una buena idea, sí lo solicitaría. La población puede tener la seguridad que todas nuestras acciones se realizan de acuerdo a ley, yo descarto cualquier práctica de chuponeo en las fiscalías”, asegura.
Por otro lado, la presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque refiere que el Ministerio Público sí recibe el apoyo de las instituciones cuando se solicita información documentaria para las investigaciones que realiza, aunque asegura que no siempre esta llega en los plazos más breves.
“Las instituciones sí están cumpliendo con los requerimientos del Ministerio Público, pero cuando la documentación se necesita con suma urgencia los fiscales mismos se encargan de ir a recabarla directamente. Cuando nosotros solicitamos la información existen dos posibilidades: que la envíen o que nos respondan diciendo que está desaparecida o algo similar. En el caso de la Municipalidad de Chiclayo, por ejemplo, está cumpliendo con informarnos, pero si se detectara que hay documentos falsos se tendría que tomar las acciones correspondientes. Sin embargo, sí forma parte de la respuesta decir que la información no está”, asevera.
Perla Uriarte Núñez, ex secretaria regional del Sindicato Unitarios de Trabajadores del Perú – SUTEP, y actual dirigente nacional de la Confederación Nacional de Trabajadores del Perú – CGTP, denunció irregularidades en la elección del representante del magisterio ante la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes – CPPADD, encargada de accionar ante las denuncias o supuestos hechos de corrupción que implique a los profesores de la provincia de Chiclayo.
La elección convocada por la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chiclayo, se realizó el sábado 21 de mayo en el Colegio Nacional de San José, dando como ganador a Luis Alberto Contreras Ayala con 157 votos, según informa la web oficial de la dependencia.
Según la nota de prensa, los profesores Carlos Enrique Ríos Barreto y Silvia Delgado Martínez obtuvieron 95 y 46 votos, respectivamente. Asimismo, fueron un total de siete candidatos, de los cuales cuatro obtuvieron menos de 40 votos.
UNA NUEVA COMISIÓN
La CPPADD de las UGEL son las encargadas de accionar y sancionar ante las denuncias o supuestos hechos de corrupción que implique a los profesores de la provincia. Cada CPPADD está compuesta por dos miembros de la UGEL y un representante del SUTEP.
“El representante de los maestros a la comisión de procesos recibe las quejas y denuncias contra los profesores. Esto tiene que ver con la nueva ley de reforma, porque ahora un profesor sancionado, tanto nombrado como contratado, pude salir de la carrera. Tenemos que cuidar quien sale elegido,” señala.
El 16 de diciembre de 2015, el Ministerio de Educación, mediante la Resolución Viceministerial Nº 091-2015, estableció las normas que regulan el proceso administrativo disciplinario para los profesores del sector público, incluyendo en su artículo 7 la constitución y competencias de esta comisión.
“A partir de la Ley de Reforma Magisterial, que se está implementando, ya no le corresponde al SUTEP colocar un delegado. El MINEDU ha dicho que los maestros vengan a elegir libremente a sus representantes. Sin embargo, quien conduce este proceso es la misma UGEL. Ahí determinaron que sea el jefe de personal quien lleve esta elección”, manifiesta Uriarte Núñez.
Asimismo, informa que el proceso de elección del representante se quiso hacer en una semana donde se tenía que movilizar a todas las instituciones educativas públicas de los 20 distritos de la provincia de Chiclayo.
“Como el tiempo se les vencía quisieron hacer el proceso en siete días hábiles. A parte, ellos ni siquiera han hecho la convocatoria, dejaban que los candidatos la hagan. Esto es irregular, ilegal y arbitrario, sobretodo es una burla para el magisterio”, indica.
La dirigente de la CGTP expresa que las elecciones en algunas regiones como Lima y Callao se han realizado en un mes. Añade que la UGEL llamó a reunión a los candidatos el miércoles 11 de mayo y tras siete días hábiles se realizó la elección el sábado 21.
“Ellos dicen dos semana, pero qué haces si los colegios no trabajan ni sábados ni domingo. Además, a los candidatos les dan una semana para hacer la campaña, ellos trabajan medio día en los colegios. Algunos candidatos ni volantes han hecho por falta de dinero y los maestros ni se han enterado”, expresa Perla Uriarte.
Esto ha ocasionado que solo 300 de los seis mil profesores habilitados hayan concurrido a votar por su representante, es decir el 5 % del magisterio provincial.
NORMAS ESTABLECIDAS
La Resolución Viceministerial Nº 091-2015 precisa que la Oficina de Personal o la que haga sus veces de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada realizará el proceso electoral con la “debida antelación” a la conclusión del período de la CPPADD.
A nivel regional, la UGEL Chiclayo, a través de la Resolución Directoral Nº 01800-2016-GR.LAM/GRED/UGEL.CHIC, firmada el 28 de abril por el director, Manuel Rojas Cubas, apruebó el “Reglamento para el Proceso de Elecciones del Representante Titular y Alterno de los Profesores Nombrados para Desempeñar el cargo como Miembros de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes 2016-2017.
Este documento designa al Comité Electoral integrado por Tomás Leonel Horna Molina, como presidente; Eliana Abanto Carrión, como vicepresidenta; Esther María Ludeña Collantes, como secretaria y a Víctor Céspedes Muro y José Luis Montes Arias como vocales.
Asimismo, el documento señala que los candidatos podían inscribirse entre el viernes 29 de abril y el viernes 6 de mayo; estableciéndose el lunes 9 mayo para las tachas; la publicación de candidatos hábiles dos días después; la reunión de coordinación a todos los candidatos y delegados, el 12 de mayo; la capacitación de presidentes de mesa, personaros y miembros de mesa, el viernes 13 de mayo; y finalmente, el sábado 14 de mayo como fecha del proceso electoral.
“Ni la resolución viceministerial ni el reglamento se han cumplido. El 11 de mayo no hubo publicación de los candidatos hábiles. En la reunión del 12 de mayo los candidatos cuestionaron los dos días restantes para la elección del 14, porque recién les estaban dando los números de las listas. Entonces, ampliaron una semana más, o sea cinco días, pero eso no es una antelación”, manifiesta Perla Uriarte.
Uriarte Núñez lamenta que en la Resolución Viceministerial Nº 091-2015 no se establezca explícitamente un lapso de tiempo para la realización de las elecciones.
“Si van a venir profesores de los 20 distritos de Chiclayo a votar, a qué hora se van movilizar, ellos están trabajando. La capacitación de los miembros de mesa no se dio el 13 de mayo y lo hicieron faltando dos días para la elección, porque lo aplazaron”, indica.
El reglamento indica que “el proceso de votación comienza con la entrega del DNI y boleta de pago”, sin embargo, Perla Uriarte acusa que no se ha pedido esta última que certificaba a los electores como docentes.
“Los miembros de mesa no han sido profesores y de acuerdo a la norma, por sorteo, han debido ser elegidos y avisarles con tiempo. Ni eso han hecho. Los trabajadores administrativos de la UGEL han ejercido como miembros de mesa”, señala.
De la misma manera, Perla Uriarte denuncia que a los profesores contratados no les han permitido votar, aún estando habilitados y trabajando.
“Los han depurado, porque según ellos solo pueden votar los profesores nombrados activos. Ahora con la nueva ley, hasta los cesantes regresan para abrirles proceso, entonces si son parte del proceso para ser sancionados, por qué no pueden ser parte de la votación”, indica.
Haciendo una comparación del cronograma de este mismo proceso con el realizado por las UGEL de Lima Metropolitana reglamentado en la Resolución Directoral Regional Nº000196-2016-DRELM, desde la inscripción de los candidatos, el lunes 8 de febrero, hasta la fecha del acto electoral, el viernes 4 de marzo, se ha dado un plazo de casi un mes; mientras que, en el caso de la UGEL Chiclayo, inicialmente se dio un plazo de dos semanas, el cual fue ampliado una semana más a petición de los candidatos.
LISTAS E IMPUGNACIONES
Según manifiesta Perla Uriarte han participado cinco listas en este proceso electoral. Sin embargo, señala que han existido un total de 10 candidatos, porque a los suplentes de los cinco primeros les dieron también números.
“Ahí la gente no se ha dado cuenta cuál era el propósito, que era hacer una confusión. Han debido ir tanto titular como suplente con el mismo número. Ellos dijeron no, el que queda en primer lugar es el titular y el segundo es el suplente. Por ejemplo, el candidato de la lista seis, Carlos Enrique Ríos Barreto, perteneciente al Colegio Nuestra Señora de Fátima, ha quedado como suplente y también ha impugnado. Todos ha impugnado, menos el que ha ganado”, expresa.
En la impugnación presentada el 23 de mayo por la lista seis se pide declarar la nulidad del proceso electoral y convocar a un nuevo proceso, al indicar textualmente que “el representante debe ser elegido por una mayoría razonable de docentes, y no por aproximadamente 300 de un universo de seis mil docentes, lo cual, le resta legitimidad."
También, el personero legal de la lista cuatro, Segundo Hernando Mera Tanta, el 26 de mayo, solicitó impugnar el proceso porque los miembros de mesa “debieron ser elegidos en acto público, por sorteo, y no colocados a dedo por la UGEL Chiclayo. Además, manifiesta que “existieron 10 mesas con padrón de 200 votantes, lo que quiere decir que de los docentes habilitados nombrados y activos solo se consideraron dos mil”, siendo un total de seis mil docentes en la UGEL Chiclayo.
ELECCIÓN
El ganador es Luis Alberto Contreras Ayala, quien pertenece al Colegio Carlos Augusto Salaverry.
Asimismo, Uriarte Núñez denuncia irregularidades en la mesa Nº 5 donde hubo 76 votos, a diferencia de las demás mesas que tienen un promedio de 35 votos.
Por otro lado, Perla Uriarte testifica que jamás existió convocatoria por parte de la UGEL Chiclayo para estas elecciones.
“La misma UGEL Chiclayo supervisa el proceso y ellos mismos han promovido que gane Contreras Ayala. Ha ido la ONPE, pero ni siquiera ha entregado a nosotros, los personeros, el acta de escrutinio”, señala Uriarte Nuñez.
Perla Uriarte recalca la existencia de algunos candidatos en las listas que originalmente eran suplentes de otros candidatos.
“El error de la UGEL ha sido darles otro número. Otro error fue que las 10 mesas tuvieron solo padrones de votantes de 200 cada una, es decir, la elección estaba programada para dos mil votantes y no pueden haber depurado cuatro mil maestros”, señala.
De esta manera, Perla Uriarte desmiente un publicación del diario La Industria del domingo 22 de mayo donde se indica que fueron cinco mil maestros quienes habrían hecho uso de su derecho a elegir a su representante en la comisión de procesos, tal cual lo indica la Ley de Reforma Magisterial.
