La inseguridad ciudadana no admite negligencias administrativas. Mientras cientos de vehículos policiales permanecen inmovilizados, la Región Policial Lambayeque apenas ejecutó S/1260 de los S/976 812 destinados al mantenimiento y reparación de su parque automotor. La Contraloría ha encendido una alerta que exige respuestas y acciones inmediatas.

La lucha contra la delincuencia requiere policías preparados, inteligencia operativa, logística suficiente y, sobre todo, capacidad de respuesta. Sin embargo, en Lambayeque, una de las regiones donde la inseguridad ciudadana constituye una de las principales preocupaciones de la población, la capacidad de patrullaje se encuentra amenazada por una realidad difícil de justificar: 264 vehículos policiales están fuera de servicio, mientras los recursos presupuestados para su mantenimiento permanecen prácticamente sin utilizarse.

La alerta de la Contraloría General de la República no puede pasar inadvertida. De los S/976 812 asignados durante 2026 para el mantenimiento y reparación del parque automotor de la Región Policial Lambayeque, apenas se ejecutaron S/1260, según el informe de visita de control realizado entre el 21 y el 30 de setiembre. Estamos hablando de una ejecución ínfima frente a las necesidades de una institución que tiene la responsabilidad de proteger a la ciudadanía y garantizar el orden interno.

Las cifras son contundentes. La Región Policial Lambayeque cuenta con 599 vehículos, pero solamente 335 se encuentran operativos. Otros 92 están inoperativos, aunque podrían recuperarse, mientras que 172 han sido considerados irrecuperables. En términos prácticos, casi la mitad del parque automotor no está disponible para cumplir sus funciones, una situación que debilita la capacidad de desplazamiento policial y compromete la cobertura de los servicios de prevención y vigilancia.

¿Cómo puede exigirse una respuesta policial eficaz si los recursos para mantener sus vehículos no se utilizan oportunamente? Esta es la pregunta que las autoridades responsables deben responder ante una ciudadanía cansada de la inseguridad, los robos, las extorsiones y la violencia que afectan a familias, comerciantes, transportistas y emprendedores.

El problema no se limita a la cantidad de unidades inmovilizadas. También revela deficiencias en la gestión presupuestal y en el control de los bienes públicos. Según la Contraloría, los recursos asignados para repuestos y accesorios, por S/124 362, y para lubricantes, grasas y afines, por S/432 135, no registraban ejecución. De los S/420 315 destinados a suministros para mantenimiento y reparación, apenas se habían utilizado S/1260.

A esta situación se suman otras observaciones igualmente preocupantes. La comisión de control detectó inconsistencias entre los registros de la Región Policial y la información proporcionada por diversas comisarías y el depósito policial La Despensa. Se encontraron vehículos registrados como operativos que no figuraban en los reportes de las dependencias, unidades consideradas recuperables pese a existir informes técnicos que las declaraban irrecuperables y diferencias sobre la ubicación física de algunos vehículos. Incluso hubo una unidad que no pudo ser localizada durante las verificaciones.

La presencia de 144 vehículos irrecuperables en el depósito La Despensa, entre unidades mayores y menores, también obliga a examinar el estado del parque automotor y las decisiones adoptadas para su renovación o disposición final. No basta con reconocer que existen vehículos deteriorados; es necesario establecer desde cuándo están fuera de servicio, qué procedimientos corresponden y qué medidas se han previsto para evitar que la flota continúe reduciéndose.

Corresponde a la jefatura de la Región Policial Lambayeque adoptar medidas inmediatas para atender las observaciones de la Contraloría, identificar las causas de la baja ejecución, acelerar los procedimientos que resulten necesarios y priorizar la recuperación de las unidades técnicamente reparables. También debe disponer la actualización y conciliación de los inventarios, así como establecer responsabilidades administrativas si las investigaciones determinan que hubo incumplimientos.

Lambayeque no puede darse el lujo de tener recursos destinados a la seguridad sin ejecutar y vehículos policiales abandonados mientras la delincuencia mantiene en zozobra a la población. La eficiencia presupuestal no es un trámite administrativo: es una obligación frente al ciudadano.