La fiscal Ana Zegarra Azula, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ha presentado el requerimiento acusatorio contra el alcalde provincial de Ferreñafe, Polanski Carmona Cruz, por el delito de colusión agravada. La representante del Ministerio Público pide en su contra 12 años de cárcel y 15 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública.
El requerimiento también alcanza a Javier Núñez Limo, exjefe de la División de Estudios y Ejecución de Obras Públicas de la comuna de Ferreñafe; Richard Llontop Puicón, ex gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Wilmer Vásquez Guerrero, ex gerente general del municipio; Jairo Torres Monje, ex gerente de Administración; Javier Bernal Bernal, jefe de la Oficina de Administración; Luis Valladolid Terrones, coordinador de notificaciones, y José Chapoñán Acosta, exjefe de la División de Estudios y Ejecución de obras.
Para todos ello se pide también 12 años de cárcel y 15 años de inhabilitación para la función pública, además de 6 años y 8 meses de cárcel como pena accesoria por el delito de peculado doloso.
En tanto, para Kristel Cubas Bonilla, quien se desempeñó como Ingeniera II de la División de Estudios y Ejecución de Obras, y Marco Villanueva Monteza, excoordinador de alcaldía, la fiscalía ha requerido diez años de cárcel y 12 años y 6 meses de inhabilitación.
Imputación al alcalde
De acuerdo con la acusación, Polansky Carmona habría abusado de sus funciones y participado como autor en los acuerdos subrepticios y colusorios, los mismos que habrían empezado aproximadamente en marzo del 2023 y que eran trasmitidos por él y a él por intermedio de sus asesores Marco Villanueva Montea y Luis Valladolid Terrones, para que en la etapa de programación del proceso de contratación se elabore la ficha de mantenimiento del parque principal de Ferreñafe, conforme a lo que ya había sido ejecutado, con un presupuesto sobrevalorado y sin sustento, y así realizar un proceso de contratación para que en la etapa de selección se favorezca a José Benavides Mejía, representante de J&A, grupo Aljor Servicios Generales SAC.
Según la fiscalía, el plan era que la empresa entregue la factura sin haber ejecutado el servicio, recibiendo el pago de 21 900 soles.
Asimismo, se le atribuye que como alcalde provincial de Ferreñafe, desde el 2 de enero hasta el 31 de marzo del 2023, haber participado en calidad de autor del delito de peculado para la apropiación de 21 900 soles de la municipalidad, ya que dentro de sus funciones estaba la de autorizar los egresos.
“En consecuencia, tenía facultades de administración del dinero de la entidad, apropiación que se dio a favor de José Benavides Mejía (tercero), Luis Valladolid Terrones y Luis Torres Lora”, dice la acusación.
Otro hecho imputado es el relacionado al mantenimiento del camal municipal por 34 800 soles, también contratado a la empresa de Benavides Mejía. Según la fiscalía, el representante de la empresa Aljor devolvió 29 900 a Luis Torres Lora a través de la cuenta bancaria de su pareja sentimental y luego este transfirió 28 800 a Valladolid Terrones.
A mediados de julio se cumplirán 11 años desde que se abrió la Carpeta 2447-2014 en la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, que dio origen a la investigación del caso “Limpios de la Corrupción”, en el cual se señala al exalcalde de la provincia Roberto Torres Gonzales como líder de una red que incurrió en actos ilícitos en la comuna de Chiclayo y otras entidades. Pese al tiempo transcurrido y a que la investigación formalmente acabó en octubre del 2018, siete años después el Ministerio Público sigue sin presentar acusación por los delitos madre del caso: lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
A nivel jurídico está claro que “Los Limpios de la Corrupción” fue una red corrupta que operó al interior de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, el Servicio de Administración Tributaria, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – Epsel, y la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo. Al respecto, hay consenso, el mismo que se ha reflejado en las sentencias dadas por delitos desacumulados del proceso principal.
Sin embargo, parece que se ha perdido de vista que los delitos que dieron pie al operativo de ubicación y captura contra Roberto Torres, familiares, regidores y funcionarios, ejecutado el 30 de septiembre del 2014, eran lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, toda vez que en ese momento aún no estaba reconocida la figura de organización criminal.
El requerimiento de detención preliminar presentado al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, entonces bajo la conducción de la juez Cecilia Grandez Acosta, no estuvo lejos de la polémica, pues en él se contenía información falsa, como aquella que afirmaba que se había operado como parte de la investigación con información de la Unidad de Inteligencia Financiera y otras entidades, que posteriormente negaron haber trabajado en coordinación con los fiscales, o el famoso informe de inteligencia policial, que llevaba firmas y sellos de agentes que no pertenecían a dicha unidad. Aún así, el requerimiento fue amparado y el operativo se realizó.
Exclusividad y plazo
La investigación preparatoria del caso “Limpios de la corrupción” se formalizó el 7 de octubre de 2014. El fiscal a cargo fue Sergio Lucio Zapata Orozco y su adjunto el ahora exfiscal Juan Manuel Carrasco Millones.
Zapata Orozco logró que el Ministerio Público lo designara a dedicación exclusiva para dicha carpeta. Es decir, no revisó ningún otro caso que no sea el vinculado a “Los Limpios de la Corrupción”. Él lideró un equipo integrado por cuatro fiscales provinciales penales y cinco fiscales adjuntos, así como dos asistentes en función fiscal. En el 2017, el grupo se redujo a dos fiscales provinciales penales, cuatro fiscales adjuntos provinciales penales, dos asistentes en función fiscal, tres profesionales contratados bajo el sistema de locación de servicios y dos de voluntariados. Ese grupo humano se mantuvo hasta el 2019.
Según detalló el fiscal Zapata Orozco en su Informe n.° 03-2018-3°.FPPCCH, de fecha 1 de agosto del 2018, el plazo judicial para la realización de la investigación preparatoria y se proceda a formular el requerimiento acusatorio o de sobreseimiento, venció el 1 de junio de 2018, de conformidad con la Resolución n.° 11, del 30 de mayo de 2016, expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.
Sin embargo, no fue sino hasta el 22 de octubre de 2018 (casi cinco meses después) que el fiscal a cargo del caso, mediante Disposición n.° 337, dispuso la conclusión de la investigación preparatoria por los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos en agravio del Estado. Después de dar por concluida la investigación preparatoria, el Ministerio Público ya no podía efectuar nuevos actos de investigación.
¿Y la acusación?
Terminada la investigación preparatoria, el fiscal a cargo de la Carpeta Fiscal n.° 2447-2014; Sergio Lucio Zapata Orozco, de conformidad con el artículo 344° del Código Procesal Penal, debió formular Requerimiento Acusatorio o de Sobreseimiento en un plazo no mayor de 30 días, bajo responsabilidad, ya que se trata de un caso complejo, plazo que venció en diciembre de 2018.
No obstante lo señalado, el plazo no se respetó, al punto que mediante Resolución n.° 10, del 26 de mayo del 2022, la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lambayeque, resolvió, por segunda vez, declarar fundado el procedimiento disciplinario instaurado contra Zapata Orozco, al haber trasgredido el numeral 9) del artículo 45° de la Ley n.° 30483, Ley de Carrera Fiscal, imponiéndole la sanción de amonestación, al advertirse que no solo se ha vulnerado el plazo legal, sino además el plazo razonable, puesto que, hasta ese momento, habían transcurrido más de tres años sin que emita el requerimiento acusatorio o de sobreseimiento en el caso.
Los peritajes
Uno de los argumentos que esgrimió el Ministerio Público es que la demora en la tramitación de la carpeta fiscal era la realización de los peritajes contables y financieros, necesarios para evidenciar el desbalance patrimonial de los procesados y así confirmar la tesis de que había lavado de activos. Entre las tantas razones que acusó la institución fue la falta de recursos, pero cuando los hubo, los peritos elegidos también presentaron problemas o deficiencias.
Mediante Disposición n.° 292, del 18 de octubre del 2017, el fiscal Zapata Orozco, designó a los peritos contables Rómulo Francisco Burga Díaz, César Augusto Casanova Quesquén y Alicia Reyna Montoya para que realicen las pericias económicas al exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, sus exfuncionarios y demás personajes del entorno, inmersos en la investigación. A estos se otorgó un plazo de 120 días para la elaboración de sus informes.
Sin embargo, en noviembre de ese año, el perito Burga Díaz fue subrogado y reemplazado por el perito Rubén Leonardo Carrillo, quien se incorporó al equipo el 12 de diciembre.
En mayo del año siguiente, el fiscal recurrió al despacho del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, a cargo del juez Reynaldo Leonardo Carrillo (hermano del nuevo perito), solicitando la prórroga de la investigación preparatoria del caso “Limpios de la Corrupción” por seis meses más, entre otras razones, para concretar los resultados de las pericias necesarias para probar el desbalance patrimonial de los investigados.
El plazo de los peritos llegó a vencerse hasta en cuatro oportunidades, hasta que finalmente emitieron sus informes, los mismos que obran en la carpeta del caso y hasta donde se sabe no se habrían aplicado las penalidades correspondientes por los retrasos.
Los imputados
En agosto del 2018, Zapata Orozco, aún a exclusividad del caso, informó que existían 156 imputados por una pluralidad de delitos (por encima de diez tipos penales, según se advierte de la Disposición Fiscal n.° 145, de fecha 12 de enero de 2016).
Posteriormente, en el Informe n.° 02-2019-3°.FPPCCH, del 21 de junio del 2019, el fiscal señaló que la cantidad de imputados era de 134, como puede advertirse, 22 imputados menos que en el informe del 2018. En este punto es de señalar que desde el 22 de octubre de 2018, que se dio por concluida la investigación preparatoria no se podía efectuar, acto de investigación alguno.
No obstante lo señalado en los párrafos precedentes, en el Informe n.° 01-2021-3°.FPPCCH, de fecha 10 de diciembre de 2021, el fiscal a cargo, tratando de justificar su solicitud de asignación de mayor personal a la investigación, señaló que resultaba necesaria la participación de todo el equipo de fiscales que estaba conociendo las diversas imputaciones seguidas contra los más de 170 imputados, por lo menos 36 imputados más que en el informe de 2019.
Cambio de fiscal
En junio del 2023, el Ministerio Público informó que la asignación exclusiva de Zapata Orozco al caso “Limpios de la Corrupción” había sido revocada, razón por la cual la carpeta pasó a revisión de la fiscal Socorro Alvarado Cabrera.
Sin embargo, la acusación por lavado de activos y asociación ilícita (reconvertida bajo el esquema de organización criminal), sigue pendiente.
Lo ocurrido con la decana del Colegio de Nutricionistas de Lambayeque, Yvone Gálvez Berríos, es preocupante. El 15 de abril se le notificó de su rotación del Hospital Luis Heysen Incháustegui de EsSalud al Hospital Naylamp, sin que exista fundamento aparente del cambio, sobre todo porque en el nosocomio el que ganó una plaza por concurso hace 13 años existe déficit de personal nutricionista. Lo grave es que la resolución con la que se dispuso la medida fue la segunda que emitió la Gerencia de la Red Prestacional Lambayeque, pues días antes había circulado una con señalamientos que no se podían probar, afectando su honor y trayectoria profesional.
Gálvez Berríos ingresó a trabajar en el Hospital Luis Heysen Incháustegui en el 2012, luego de ganar su plaza por concurso, hasta alcanzar un contrato bajo el régimen 728, a plazo indeterminado, lo cual le otorga una serie de derechos como servidora de la seguridad social.
De acuerdo al Manual de Organización y Funciones, vigente desde el 2014, algunas de las funciones que debe cumplir son “planificar los menús del régimen normal y dietético destinado a pacientes y personal autorizado según requerimientos nutricionales y capacidad resolutiva del hospital; gestionar, recepcionar, almacenar los víveres frescos, secos y cárnicos, así como supervisar la preparación y controlar la entrega de regímenes dietéticos, y conducir, coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad”.
En cumplimiento de ello, el año pasado, junto a los demás nutricionistas del hospital realizaron una serie de observaciones a la empresa F&D SAC, proveedora contratada por EsSalud para el abastecimiento de alimentos y la preparación de los menús para los pacientes hospitalizados. Dichas observaciones estuvieron relacionadas básicamente a la falta de personal asignado por la proveedora, lo que generaba problemas en la atención de los requerimientos dietéticos.
Este año, con el ingreso de la empresa Inversiones del Norte como nueva proveedora del hospital, las observaciones continuaron, básicamente por la calidad de los alimentos, la inadecuada asignación de raciones según el régimen dietético de los pacientes y el gramaje, aspectos que todo proveedor debe cumplir en función de los Términos de Referencia que se señalan al momento de la contratación.
El informe
Grande fue la sorpresa de la también integrante del Consejo Directivo del Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Lambayeque, cuando el 12 de febrero pasado, el entonces director del hospital, Oscar Célis Rodríguez, remitió la Nota n.° 000121-DIRHLHI-ESSALUD-2025, dirigida al gerente de Servicios Prestacionales Nivel i y II de la Red Prestacional Lambayeque, Carlos Sovero Chávez.
En dicho documento, Célis Rodríguez dio a conocer un informe emitido por la jefatura del Departamento de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento del hospital Heysen, en el cual se da “informe detallado de la situación de desempeño de los trabajadores del área de nutrición”, el cual concluye “en generar opinión favorable para la rotación de personal del servicio de nutrición de manera provisional a fin de buscar mecanismos de integración y búsqueda de ampliación de conocimientos respecto a raciones alimenticias, manejos, protocolos, procesos y demás acciones para mejorar la calidad del servicio de alimentación en instituciones de salud”.
El informe al que Célis Rodríguez hizo mención fue elaborado por la médico Silva Díaz Arroyo.
Copia y pega
El 11 de abril, el gerente de la Red Prestacional Lambayeque, Alberto Seminario Boggio, firmó la Resolución n.° 000378-GRPLA-ESSALUD-2025, con la cual autoriza la rotación temporal, hasta el 31 de diciembre de este año, de Yvonne Gálvez Berríos del Hospital Luis Heysen Incháustegui al Hospital Naylamp. Dicha resolución, que no fue notificada a la profesional de manera formal, fue circulada a través de correos electrónicos institucionales y grupos de WhatsApp.
Según el documento que Seminario Boggio firmó, se ponía a disposición de la red a los trabajadores nutricionistas “puesto que las relaciones interpersonales entre los nutricionistas se encuentran bien deteriorado, se acusan mutuamente de actos de hostigamiento, etc.”, (sic).
Peor aún, la resolución afirma que “se ha tomado conocimiento de que existen videos y audios que circulan en las redes sociales que estarían relacionados con aparentes actos de corrupción, que comprometen a los licenciados nutricionistas del área, estando dentro de ellos la servidora Yvonne Gálvez Berríos”.
En el escrito también se menciona una supuesta amonestación administrativa contra la profesional, que según el gerente de la red data del año 2019 por presunto incumplimiento de funciones.
Sin embargo, en el folio 4 de dicha resolución, se lee: “Que, con Nota n.° 256-DHICH-GSPNI II-RPL-ESSALUD-2024, la Dirección del hospital I Chepén, ateniendo la necesidad del Hospital Naylamp, brinda su opinión favorable para el desplazamiento solicitado, toda vez que su necesidad está siendo atendida con una acción de personal igual a la presente”.
¿Por qué si se trataba de un caso de rotación entre dos hospitales ubicados en Chiclayo, se hace mención a un caso relacionado con el hospital de Chepén, en La Libertad?
Retroceso y cambio
Tres días después de firmada la resolución, el 14 de abril, el jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la Red Prestacional Lambayeque, José Luis Chávez Núñez, dirige un correo electrónico al director del Hospital Luis Heysen, Percy Vidarte Llaja, en el cual le comunica que la resolución quedaba sin efecto.
“Mediante la presente mencionar que con fecha 11 de abril del 2025 se emitió mediante correcto electrónico la Resolución n.° 00378--GRPLA-ESSALUD-2025 a su despacho, la misma que se deja sin efecto, lo cual comunico para los fines pertinentes”.
Luego, el 15 de abril, se emitió una nueva resolución, con la misma numeración (00378--GRPLA-ESSALUD-2025), pero con un texto al 100 % diferente a la resolución del 11 de abril, la misma que había firmado el gerente de la Red Prestacional Lambayeque.
La nueva resolución, también firmada por Seminario Boggio, ya no habla de todo lo señalado en el primer documento. Por ejemplo, ya no se menciona lo de las relaciones interpersonales, acusaciones mutuas de hostigamiento o la supuesta existencia de videos y audios que circulan en redes sociales en los que se probarían actos de corrupción que involucrarían a Gálvez Berríos. Mucho menos se hace mención a la supuesta amonestación invocada por el gerente de red en su primer escrito.
En el documento, se menciona ahora como causal de la rotación la brecha de necesidad en el Hospital Naylamp, razón por la cual se dispone el traslado de la nutricionista al centro asistencial, dejando su plaza en el Hospital Luis Heysen Incháustegui.
“El solo hecho de que exista una resolución que fue remitida por canales formales imputando hechos falsos, entre ellos supuestos actos de corrupción sin que existe prueba alguna en perjuicio del honor y la imagen de una profesional de carrera, amerita el inicio de acciones legales contra el gerente general de la Red Prestacional de Salud de Lambayeque, Alberto Seminario Boggio, sin perjuicio de las acciones que en cautela de los derechos laborales se deben iniciar”, sostiene la defensa legal de Gálvez Berríos.
Reemplazo a medias
Lo que llama la atención es que si la supuesta nueva razón del cambio de hospital obedece a la necesidad de profesionales nutricionistas en el Hospital Naylamp, en el Hospital Luis Heysen han buscado cubrir las horas laborales que Gálvez Berríos dejó tras su cambio de plaza.
Así se tiene de acuerdo a la Nota n.° 000221-DAYTRHLHI-ESSALUD-2025, suscrita por la nueva jefa de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento del nosocomio, María Rodríguez Marcel, dirigida al director Percy Vidarte Llaja.
En dicho documento se lee: “En relación al documento de la referencia, mediante el cual se ordena la rotación temporal de la licenciada Yvone Gálvez Berríos lo que incrementa significativamente la brecha de personal del área de nutrición, que hasta antes del desplazamiento era de 4 licenciadas nutricionistas, solicito a usted gestionar ante quien corresponda se ordene la rotación temporal por 75 horas mensuales de la licenciada Paola Ruiz Uceda desde el Policlínico de José Leonardo Ortiz a este hospital”.
Es decir, retiraron a una nutricionista del Luis Heysen para atender la supuesta brecha del Hospital Naylamp y dejaron al primer hospital con una brecha mayor.
“Si no se logra cubrir las 150 horas dejadas por la licenciada Yvone Gálvez Berrios, la situación del área se tornará crítica, ya que no se podrá cumplir con la evaluación nutricional de la totalidad de los pacientes hospitalizados en nuestro hospital ni con el control del cumplimiento del TDR por parte del proveedor de cocina en defensa de los intereses de la institución”, señala el documento suscrito por Rodríguez Marcel.
“Es evidente la hostilización y el afán de daño contra la licenciada Gálvez Berríos, cuya hoja de servicios profesionales está limpia, sin ninguna sanción previa, y que ha cumplido conforme lo señala el Manual de Organización y Funciones. ¿Fue rotada de su plaza por hacer su trabajo o para no incomodar a ciertos intereses que se tienen dentro del hospital y los proveedores?”, cuestiona la defensa de la nutricionista.
El 21 de abril pasado, los ciudadanos Ronal Gonzales Urbina y Óscar Capuñay Terán presentaron ante el concejo municipal de José Leonardo Ortiz un pedido de vacancia contra el alcalde Elber Requejo Sánchez por la presunta causal de restricción de las contrataciones y nepotismo. El hecho en discusión es la contratación de Nilda Cabrejos Benavides, quien inicialmente, en el 2023, fue convocada para participar de la administración edil en el cargo de subgerente de Programas Sociales y Participación Vecinal.
Nilda Cabrejos es esposa de Juan Manuel Almeyda Requejo, quien a su vez es hijo de Bersabé Requejo Sánchez, hermana del alcalde. Esto, según los peticionantes, encajaría en las causales de vacancia previstas en el Artículo 1 de la Ley n.° 31299, el cual establece la prohibición de “nombrar, contratar o inducir a otro a hacerlo en su entidad respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguineidad, segundo de afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho, convivencia a o ser progenitores de sus hijos (…) Para efectos de la presente ley, el parentesco por afinidad se entiende también respecto del concubino, conviviente y progenitor del hijo”.
Sin embargo, esto carecería de fundamento, tal como lo explica el alcalde Elber Requejo. “De la señorita que se habla, la ley es bien clara. Hay vacancia por nepotismo cuando pones a un familiar que tenga hasta el cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad. La señorita no es mi familia, no hay una especie de relación de consanguineidad. Por afinidad, en el primer nivel estarían mi padrastro o madrastra, si tuviera; mi yerno o nuera. En el segundo nivel están mis cuñadas, cuñados, esposas o esposos de mis tíos carnales. La señorita no encaja allí”, indica Requejo Sánchez.
La autoridad edil explica que Nilda Cabrejos, al ser esposa de su sobrino, encajaría dentro del tercer grado de afinidad, por lo que no habría nepotismo. “Ella actualmente es locadora, por necesidad del área se le ha contratado y hasta ahora es locadora. La ley no lo prohíbe”, explica.
Motivaciones
Para Elber Requejo, detrás de este pedido de vacancia habría motivaciones políticas de personas que -como él dice- “aun no asimilan” que fue él quien ganó las elecciones municipales del 2022.
“Es un tema político. Al parecer hay una señora que hasta ahora no asimila que perdió en las elecciones del 2022. El tema es político, de intereses, que sigan haciéndolo”, menciona.
A ello se suma que estas personas también tendrían vinculación con la facción de comerciantes del mercado Moshoqueque que se opone al nuevo reglamento de mercados.
“Hay un abogado que fue incluso funcionario del gobierno de Epifanio Cubas en el 2017, donde se cayó la ordenanza de mercados, y luego fue colaborador cercano de Wilder Guevara, donde también se cayó la ordenanza de mercado del 2021. Hoy, sorpresa, es el abogado de estos señores del mercado Moshoqueque que están impugnando las ordenanzas que hacemos. Al parecer defienden sus propios intereses. Tengo siete denuncias por la ordenanza que sacamos el 2024 y ninguna ha prosperado. En el tema político, al parecer hay una señora que aún no asimila que perdió en el 2022, pero nos tiene sin cuidado eso”, apunta.
Consultado sobre qué pasaría en el eventual caso que el concejo declare fundado el pedido de vacancia y esto se eleve al Jurado Nacional de Elecciones, sostiene que es algo que por el momento lo tiene sin cuidado, puesto que se encuentra abocado a la ejecución de obras en el distrito.
“Esto nos tiene sin cuidado. Las personas que vienen a servir de buena voluntad, si alguien nos dice hasta aquí nomás, no tenemos ningún problema en irnos, no tenemos ningún interés. Estamos enfocados en el trabajo, en el día a día, estamos haciendo historia en José Leonardo Ortiz”, manifiesta.
Desde el inicio de sus operaciones, en el 2014, el Proyecto Olmos ha aportado anualmente un promedio de 700 millones de dólares al Producto Bruto Interno – PBI departamental, según un estudio de la consultora Maximixe Economía y Mercados, que analiza el impacto del Proyecto de Irrigación Olmos en la economía nacional y lambayecana durante el período comprendido entre el 2014 y el 2023.
Henry Álvarez, gerente central de Maximixe detalla que solo en el 2023 el aporte del Proyecto Olmos al PBI de Lambayeque fue de 800 millones de dólares, mientras que al PBI nacional aportó dos mil 100 millones de dólares, en tanto que su aporte promedio anual en esta década fue de mil 600 millones.
Sectores
El estudio detalla que el Proyecto Olmos ha tenido impacto en diferentes sectores económicos. En el caso del sector agropecuario, aportó 200 millones de dólares en promedio anual a Lambayeque, alcanzando en el 2023 un pico de aporte de 300 millones.
En cuanto al sector construcción, el Proyecto Olmos aportó más de 69 millones de dólares en promedio por año, en este caso, entre el 2008 y el 2023, alcanzando el último año una contribución de más de 81 millones.
Estos aportes, explica Álvarez, se dan sobre el Valor Agregado Bruto – VAB, del sector agropecuario, resultado del PBI, excluyendo los impuestos a la producción tales con el Impuesto General a las Ventas – IGV, Impuesto Selectivo al Consumo – ISC, aranceles, etc. Y subsidios como el ‘drawback’.
Asimismo, en diez años, el Proyecto Olmos ha contribuido con el desarrollo de Lambayeque en otros sectores como Educación, donde el analfabetismo del 2014 al 2023 se redujo en 1.5 puntos porcentuales; en Salud, la desnutrición crónica se redujo en 1.8 %; los hogares con servicios básicos crecieron de 65.8 % a 73.3 %; el ingreso promedio de los lambayecanos pasó de 906 soles al mes a 1476 soles; y el número de empresas en la región creció de 11 mil 473 a 13 mil 138.
Puestos de trabajo
El estudio también detalla que en el 2023 el Proyecto Olmos generó más de 67 mil puestos de trabajo, mientras que el promedio anual de empleos producidos durante la etapa de operación fue de más de 48 mil.
En tanto, el aporte promedio anual de empleos que generó el Proyecto Olmos fue de más de 268 mil a nivel nacional, mientras que en el 2023 se generaron 272 mil.
Pobreza
El impacto del Proyecto Olmos en la reducción de la pobreza también ha sido considerable, pues solo en el 2023 ayudó a que 63 mil personas salgan de esta situación. Esta estadística comprende a los habitantes dentro del área de influencia, es decir, las provincias de Lambayeque y Ferreñafe (Lambayeque), Huancabamba (Piura) y Jaén (Cajamarca).
La reducción de la pobreza ha ido de forma escalonada. Así, en el 2014, el primer año de la etapa de operación, 12 mil personas salieron de la pobreza, mientras que para el 2019 fueron 57 mil y del 2020 en adelante, salvo el 2022, la cifra se mantuvo: 62 mil personas en el 2020, 63 mil en el 2021 y 63 mil en el 2023.
Incremento de negocios
Además, el estudio arroja que al 2024 se han comprado bienes y servicios por 293 millones de dólares para sostener la producción agrícola de Olmos. Esto se divide de la siguiente manera: insumos agrícolas (133.8), transporte y combustibles (78.4), servicios y equipos productivos (41.8), productos manufacturados (16.1), productos minerales no metálicos (7.4), servicios profesionales y de apoyo (5.2), servicios básicos (4.1) salud y medicamentos (0.3) y otros (5.9).
Asimismo, en el estudio se hace una proyección del incremento de negocios por la expansión agrícola de 10 mil hectáreas al 2036, donde se determina que para ese año se habrá incrementado la compra de bienes y servicios para sostener la producción agrícola de Olmos a 545.5 millones de dólares.
Se proyecta que para el 2036 la adquisición de insumos agrícolas sea de 249.1 millones de dólares; la de transporte y combustibles, 145.9 millones; servicios y equipos productivos, 77.8 millones; productos manufacturados, 30; productos minerales no metálicos, 13.8 millones; servicios profesionales y de apoyo, 9.7; servicios básicos, 7.7 millones; salud y medicamentos, 0.5 millones; otros, 10.9 millones.
Inversión
La inversión total del Proyecto Olmos al corte del 2023 fue de 3940 millones de dólares, de los cuales el 87 % fue aportado por los usuarios, el 7 % por la Concesionaria Trasvase Olmos y el 6 % por H2Olmos.
La construcción del proyecto trasvase costó 289 millones de dólares y la del proyecto de irrigación 211 millones. La inversión de los usuarios asciende a 3436 millones.
Producción
Olmos, además, concentra el mayor valor de la producción agrícola en Lambayeque. En Olmos, por ejemplo, se concentra el 59.9 % de la producción de arándanos, el 19.4 % en paltas, el 12.4 % en caña de azúcar, el 4.9 % en uva, el 1.2 % en mango y el 2.2 % en otros productos. Los mismos productos, en el resto de Lambayeque, tienen la siguiente participación en producción: paltas (29.2 %), caña de azúcar (16.1 %), arándanos (14.3 %), mango (10.1 %), uva (9.1 %) y otros (21.3 %).
Gracias al Proyecto Olmos, la producción agrícola en Lambayeque alcanzó en el 2019 la cifra de 174 millones de dólares, 190 millones en el 2020, 230 millones en el 2021, 279 millones en el 2022 y 221 millones en el 2023.
Exportaciones
Las exportaciones agrícolas con el Proyecto Olmos también tuvieron un crecimiento exponencial. En el 2015, estas exportaciones alcanzaban los 474 millones de dólares, de los cuales Olmos aportaba apenas ocho millones y el resto de la región 466 millones, mientras que, al año siguiente, ya con el Proyecto Olmos en marcha, las exportaciones agrícolas en este distrito llegaron a los 13 millones.
Esta cifra siguió creciendo escalonadamente. En el 2017 las exportaciones agrícolas en Olmos alcanzaron los 51 millones de dólares; en el 2018, 85 millones; el 2019, 179 millones; el 2020, 234 millones; el 2021, 420 millones; el 2022, 561 millones; el 2023, 664 millones; y el 2024, 680 millones.
Finalmente, el estudio detalla que la fruticultura en el Proyecto Olmos ha sido altamente rentable. Así, por ejemplo, se tiene que para el 2023 el rendimiento productivo por hectárea sembrada de uva de mesa fue de 30 mil 500 dólares; de arándano, 25 mil 700; mango, 6 mil 300; palta, 4 mil 500; y espárragos, mil 900.
La cercanía del papa León XIV, obispo emérito de Chiclayo, con su pueblo, permitió que Azucarera Pomalca, en alianza con la Iglesia Católica, participe de las diversas acciones de ayuda humanitaria y apoyo social que el entonces monseñor Robert Francis Prevost lideraba, a favor de los más necesitados y la feligresía lambayecana.
Expresión tuvo acceso a la Escritura Pública que firmaron, por Azucarera Pomalca, Walter Culqui Carrera en su calidad de gerente general y Carlos Andrade Villar, en su condición de presidente del Directorio, y su santidad papa León XIV, entonces Obispo de la Diócesis de Chiclayo.
Gracias a su gestión, el 28 de setiembre del 2022, en un acto protocolar donde participaron autoridades, feligresía y comunidades parroquiales, la Azucarera Pomalca hizo entrega formal de la escritura pública al Obispado de Chiclayo del terreno en el que se encuentra la Iglesia “María del Perpetuo Socorro” en Pomalca y 3 capillas, una de ellas en el anexo de Pampagrande.
La entrega de la escritura de 4 terrenos de manera gratuita la realizó el director ejecutivo de la empresa, Edwin Oviedo, al actual sumo pontífice, luego de haber oficiado la misa dominical en el distrito azucarero.
Las áreas
Los terrenos cedidos por la azucarera, conforman un área total de 8 mil metros cuadrados y corresponden a: Lote 1, de 5608 m2, donde actualmente se encuentra la iglesia de Pomalca; Lote 4, ubicado en el centro poblado 20 de Enero; Lote 5 en el centro poblado San Antonio, con una extensión 173.40 m2 y Lote 8, en el centro poblado Pampagrande.
Precisamente, en la Escritura Pública se describe - respecto del "primer lote a transferir", tiene 5608.16 m*, (cinco mil seiscientos ocho punto dieciséis metros cuadrados), valorizado a razón de S/1.00 (un sol y 00/100 soles m2.), ascendiendo al monto total de S/5608.16 (cinco mil seiscientos ocho y 16/100 soles).
Respecto del "segundo lote a transferir", tiene 577.08 m2, (quinientos setenta y siete punto cero ocho metros cuadrados), valorizado a razón de S/1.00 (un sol y 00/100 soles m2.), ascendiendo al monto total de S/577.08 (quinientos setenta y siete y 08/100 soles).
Respecto del "tercer lote a transferir", tiene 173.40 m2, (ciento setenta y tres punto cuarenta metros cuadrados), valorizado a razón de S/1.00 (un sol y 00/100 soles m2.), ascendiendo al monto total de S/173.40 (ciento setenta y tres y 40/100 soles).
Respecto del "cuarto lote a transferir", tiene 200.90 m*, (doscientos punto noventa metros cuadrados), valorizado a razón de S/1.00 (un sol y 00/100 soles m2.), ascendiendo al monto total de S/200.90 (doscientos y 90/100 soles), se deja constancia que todos los montos detallados para los bienes objeto de la donación se han establecido por acuerdo de junta general de accionistas de fecha 30 de abril del año 2021, y que los donantes dan por donación la transferencia a la firma de la presente minuta, no teniendo nada que reclamar con posterioridad, señala el testimonio notarial, que fue firmado en la Notaria Santa Cruz del Distrito de la Victoria.
En el documento figura el número de DNI del entonces obispo Robert Prevost, en el que declara su nacionalidad peruana y representación del Obispado de Chiclayo.
Mensaje
Durante la homilía, de aquella fecha, monseñor Prevost, hoy su santidad León XIV, dejó un mensaje sobre la gratitud.
“Debemos conocer verdaderamente a Cristo, solo así cambiará nuestra vida y viviremos agradecidos”, dijo. Asimismo, demostrando su acercamiento y comunión con el papa Francisco, replicó las palabras de su santidad: “Descubramos la importancia de vivir con el corazón agradecido y capaz de ver la presencia de Dios en medio de nosotros”.
Para la familia cristiana de Azucarera Pomalca es un orgullo haber recibido la bendición de papa León XIV y haber hecho realidad la entrega de estas propiedades que contribuyeron a cristalizar el sueño del obispo emérito Robert Prevost Martínez.
“Con la inspiración y ejemplo que nos ha dejado su santidad, hoy más que nunca la azucarera, que alberga más de 2 mil trabajadores y beneficia a cerca de 10 mil familias pomalqueñas, mantiene firme su compromiso con la Iglesia, para seguir apoyando las acciones que refuercen la fe y de ayuda humanitaria en favor de los sectores más vulnerables de nuestra comunidad”, señala el gerente general de la empresa, Walter Culqui Carrera.
