La Contraloría General de la República advirtió que el Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI, no viene cautelando la aplicación de penalidades al ejecutor y supervisor de la obra de rehabilitación del canal de Huallabamba en el distrito de Motupe, pese a conocer que se valorizaron y aprobaron metrados no ejecutados en dicho proyecto, financiado con recursos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios - ARCC, tras el Fenómeno de El Niño Costero 2017.
El presupuesto aprobado para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra es de cinco millones 730 mil 623 soles, en tanto que, el monto de la supervisión asciende a 374 mil 962, incluyendo los impuestos de Ley.
El Programa Subsectorial de Irrigaciones contrató la ejecución de la obra con el Consorcio Pegaso el 1 de julio del 2019, que ganó la adjudicación por cuatro millones 780 mil 422.91 soles, de los cuales 215 mil 785.80 fueron destinados para la elaboración del expediente técnico y cuatro millones 564 mil 367 para la realización de los trabajos, en un período de 50 y 90 días calendarios, respectivamente.
El consorcio fue integrado por las empresas ER Construcciones EIRL, C&C JKP SAC y Kampay Contratistas Generales SAC. En tanto, la supervisión de la obra se contrató con el acuerdo del 7 de junio del 2019 con el Consorcio Supervisor Motupe.
Hallazgos
Según el Informe de Hito de Control Concurrente N° 014-2022-OCI/4812-SCC, que evaluó el periodo del 8 de octubre de 2021 al 30 de mayo de 2022, el PSI pagó la suma de un millón 399 mil 12 soles al contratista por concepto de la valorización N° 8, pese a que las partidas comprendidas en los ítems: rehabilitación de la “bocatoma Rumichaca”, “bocatoma Totoras”, “compuertas de tomas laterales” y “sellado de juntas”, previstas en el expediente técnico, no fueron culminadas.
Los metrados valorizados (reportados) por el contratista y aprobados por la supervisión en marzo de 2021, sin que hayan sido culminados, fueron advertidos y cuantificados por un monto de 305 mil 538 soles por la Contraloría General en un informe anterior correspondiente al Hito N° 2, mediante el cual se recomendaba implementar acciones preventivas o correctivas. Sin embargo, la entidad procedió a dar conformidad a dicha valorización sin efectuar observación alguna.
Según la comisión de control, tanto el contratista como la supervisión, al “valorizar trabajos no ejecutados”, “aprobar metrados de trabajos sin ceñirse a las bases de pago de los Términos de Referencia” y “valorizar trabajos no ejecutados en obra-por ocurrencia”, incurrieron en infracciones establecidas en la tabla de “otras penalidades”, diferente a la “penalidad por mora”, estipuladas en sus contratos y en el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.
Incumplimiento
Un aspecto importante es que, en paralelo al otorgamiento de la conformidad para el pago de la valorización N.° 8 (mayo de 2021), la entidad estableció hasta el 30 de junio de ese mismo año, el plazo para efectuar acciones de verificación de la ejecución del 100 % de las partidas. Sin embargo, hasta mayo de 2022 el contratista incumplió con culminar la obra.
El Informe de control fue puesto en conocimiento del titular del PSI, para que se adopten las acciones que correspondan, con el objeto de asegurar el logro de los objetivos del proyecto.
“De la revisión efectuada a la recepción de obra al 30 de mayo de 2022, se ha identificado una situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución de la obra, “Rehabilitación del canal de Huallabamba en el valle de Motupe, distrito de Motupe, provincia y departamento de Lambayeque” y su supervisión”, señala el informe de Contraloría.
Las recientes proyecciones de la Reserva Federal de Estados Unidos que ante el crecimiento acelerado de la inflación alcanzando el 5.2 % y la tasa de desempleo alcanzaría el 3.7 % conllevó a elevar la tasa de referencia a 1.75 % siendo el nivel más alto desde 1994, generando un impacto directo sobre el costo de los créditos y por ende en el incremento del costo de vida de los ciudadanos. Proyectándose un menor crecimiento de su economía alcanzado el 1.7 % retrocediendo sus proyecciones tras la incertidumbre global que impacta principalmente por la inflación mundial, el conflicto de Rusia-Ucrania, la crisis alimentaria por el alza de los precios de los fertilizantes, el incremento del costo de la energía, menor dinamismo del comercio internacional y el confinamiento de China por el escenario del rebrote del COVID-19 y sus variantes.
La inflación global sostenida se ha convertido en la preocupación constante de los países a nivel mundial que viene impactando con choques de oferta y demanda, registrando históricos máximos como el caso peruano que alcanzó el 8.1 % a mayo del 2022, impulsado principalmente por el mayor precio de los alimentos importados y el mayor costo del combustible, ubicándose muy por encima del rango meta de inflación del 3 % para el caso peruano de acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú, evidenciándose que en el mundo se están retirando los estímulos monetarios que conllevó al Banco Central de Reserva del Perú a elevar la tasa de interés de referencia en 5.5 % hasta junio del 2022, incrementándose once veces desde agosto del 2021.
Inflación
Las monedas latinoamericanas vienen enfrentado depreciaciones ante el fortalecimiento del dólar causado no solo por el entorno de incertidumbre global, sino también el factor político de institucionalidad ante el ruido político de las elecciones que se vienen llevando a cabo en países como Chile, Colombia y el planteamiento de reformas constitucionales como el caso peruano y Chileno, ocasionando que los factores idiosincráticos también influyan sobre el tipo de cambio peruano que presenta una volatilidad similar al del primer trimestre del año 2022; siendo la alta volatilidad por las presiones inflacionarias y el mayor entorno de riesgo de los mercados financieros internacionales que origina un mayor flujo cambiario.
En Latinoamérica, Brasil alcanzó una inflación del 11.7%, Chile alcanzó una inflación del 11.5 %, Colombia alcanzó una inflación del 9.1 % y Ecuador una inflación del 7.7 %, impactado principalmente por el mayor costo de los alimentos importados producto del incremento del precio internacional de la urea, que creció en 263 % en el 2021 y el petróleo mostró una variación de su precio en 50 % a junio del 2022.
En dicho contexto el Banco Central de Reserva del Perú en sus proyecciones a junio del 2022 ha retrocedido su crecimiento en 3.1 % debido al ajuste del crecimiento de las exportaciones a 6.1 % dado el ingreso a la desaceleración económica global y de la inversión pública en 3.1% dado el escenario de elecciones de los gobiernos subnacionales a llevarse a cabo en octubre que relentecería la inversión pública por el periodo de curva de aprendizaje de las gestiones entrantes.
Pobreza y necesidad
Sin embargo, el poder adquisitivo de los peruanos se viene deteriorando dado el crecimiento de la inflación a 8.1 % en mayo del 2022, principalmente por los productos importados y los combustibles, que han generado una depreciación del sol peruano. Ello origina una presión sobre el costo de la canasta básica de alimentos dado el choque de oferta internacional que se observa por el alza de precio de los comodities (soya, maíz, trigo y combustibles) así como el alza de los precios de los fertilizantes que conlleva a un mayor costos de los productos agrícolas y por ende una menor rentabilidad y una impacto negativo en la línea de abastecimiento de alimentos; impactando directamente sobre el incremento de la tasa de pobreza que alcanza al 26 % de la población peruana que se traduce en 8,556 millones de pobres y siendo vulnerables a ser pobres el 35 %; traduciéndose en un álgido costo de vista en términos de pobreza de un 61% de la población peruana que se encontraría en riesgo de no cubrir la canasta básica de alimentos que impacta prioritariamente sobre el retroceso de la política pública y mundial de seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza.
Las expectativas de inflación continuarán teniendo una tendencia alcista en el mediano plazo alcanzando en mayo del 2022 a 4.89 % que se encuentra aún por encima del rango meta de inflación y las expectativas empresariales continúan presentando una tendencia decreciente ubicándose en el tramo pesimista por las señales de crisis política e institucional que bien enfrentando el país.
Medidas
Hasta el momento las medidas adoptadas por parte de la política fiscal como la reducción del impuesto selectivo al consumo y la reducción del impuesto general de las ventas no ha impactado de manera significativa al usuario final, no siendo la solución más idónea frente a la crisis el alza del precio de los combustibles dado la participación de diferentes intermediarios en la cadena de abastecimiento del combustible a diferencia de un subsidio focalizado que beneficiaria directamente al público objetivo a ser favorecido como una medida del retorno de pago del selectivo al consumo.
De ahí que en el mundo la evidencia empírica muestra que las medidas de mayor efectividad se parte de las transferencias condicionadas como medida de corto plazo para apaliar el crecimiento sostenido del precio de los alimentos; sin embargo dicha medida requiere de información integral que permita identificar a la población pobre y vulnerable a ser pobre lo que hasta ahora el Sistema de Focalización de Hogares no registra datos óptimos de manera de no tener sesgo de la información para lograr ser una medida efectiva, conllevando a un trabajo de campo importante a llevarse a cabo por parte de los gestores públicos de manera integral y ética que conlleve a recoger data actualizada de la caracterización de hogares.
En dicho contexto no solo requiere las urgentes medidas de corto plazo que permita enfrentar el mayor deterioro de la capacidad adquisitiva producto de la tendencia sostenida de la inflación mundial y la desaceleración económica mundial. Sino también empezar a ejecutar reformas estructurales claves tanto para aumentar la productividad, reducir la informalidad y cerrar las brechas marcadas de infraestructura, siendo necesarias para impulsar el sector productivo del país hacia el desarrollo de la innovación y la tecnología que permita impulsar el crecimiento de la economía peruana.
(*) Economista, con Maestría en Ciencias con Mención en Proyectos de Inversión.
