La renuncia de Pablo de la Flor Belaunde a la dirección ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, sucedida el viernes 27 de octubre, no acalla las demandas de la sociedad civil de Lambayeque, que a través del Comité Cívico pide al gobierno nacional que se reformule el plan de inversiones aprobado para el departamento con un presupuesto de tres mil 115 millones de soles.
En concreto, las organizaciones sociales exigen que en el plan de reconstrucción se incluyan las obras realmente prioritarias para afianzar el desarrollo departamental y que los proyectos de menor impacto, como la construcción de pistas y veredas, se realicen con los presupuestos ordinarios que manejan municipios y gobiernos regionales.
Carlos Burgos Montenegro, decano del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, refiere que esta es la principal razón por la que se mantiene en pie la movilización programada para el 13 de noviembre, con la que se busca llamar la atención del gobierno central.
“Lo que empieza mal tiene sus consecuencias y a Pablo de la Flor la soberbia le pasó la factura. No tener la dosis política ni entender que debía hacerle caso a la sociedad civil lo llevó a un proceso sin mayores resultados. Particularmente en Lambayeque hemos venido pidiendo que no se repita la historia de obras que no han logrado sus objetivos, ni de bienestar ni de desarrollo. Un ejemplo es el desembarcadero pesquero de San José, que se inició con el gobierno anterior y que sigue abandonada, con dinero de todos los peruanos, y nadie se hace responsable”, señala.
APERTURA NECESARIA
El representante de la orden profesional sostiene que entre los errores cometidos por Pablo de la Flor está el haber hecho oídos sordos a la opinión técnica de los colegios profesionales, los que desde sus consejos nacionales invocaron a la autoridad de la reconstrucción a tomar en cuenta sus aportes para garantizar la eficiencia técnica y transparencia del proceso.
“Los colegios no somos clubes de amigos, somos instituciones que tenemos una alta responsabilidad de fiscalizar para que las cosas se hagan bien, siendo no solo críticos, sino también dando aportes. Si lo pendiente es un asunto de infraestructura entonces es lógico que se debe convocar al colegio de ingenieros, pero lamentablemente no se entendió así”, manifiesta Burgos Montenegro.
Destaca que el CIP Lambayeque tiene 12 comisiones técnicas que participan de manera activa en la formulación de propuestas viables para la solución de los principales problemas del departamento, potencial que – asegura – debe ser aprovechado por quienes asuman en adelante la conducción del proceso de reconstrucción, incluidos los municipios distritales, provinciales y el gobierno regional.
Refiere que un buen ejemplo de apertura y diálogo es el que está dando el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, que tras haber presentado el Plan de Reflotamiento de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, ha iniciado una serie de visitas a los colegios profesionales con su plana gerencial para conocer sus observaciones y sugerencias, a fin que la gestión del Régimen de Administración Transitoria – RAT, aplicado desde julio pasado en la entidad, sea de mayor eficacia para los objetivos que se persiguen.
El martes, llegó hasta la sede del CIP Lambayeque el nuevo gerente general de EPSEL, Mirko Jurado Dueñas, acompañado de los principales funcionarios de la empresa, para reunirse con los integrantes de la Comisión Técnica de Saneamiento.
“Hay entidades que sí tienen clara la importancia de socializar sus acciones, pero otras no. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios buscó burlarse de la sociedad civil mostrando una falsa apertura para hacerle creer al gobierno central y a la población que se estaba trabajando articuladamente, lo que no era cierto. Esta situación motivó que el Comité Cívico de Lambayeque en una asamblea acuerde convocar a una movilización para el 13 de noviembre y la semana pasada más de cien instituciones y organizaciones de base avalaron esta iniciativa”, asevera.
OPORTUNIDAD DE ORO
Burgos Montenegro sostiene que la ciudadanía debe ser consciente que en el futuro será poco probable que Lambayeque vuelva a recibir un presupuesto extraordinario como el comprometido por el gobierno nacional para la reconstrucción, que asciende a lo equivalente a casi mil millones de dólares, por lo que el dinero necesariamente tiene que invertirse en obras de verdadero impacto para el desarrollo y que garanticen el bienestar colectivo y la seguridad.
“En el plan aprobado en la gestión de Pablo de Flor por la autoridad de la reconstrucción se han considerado más de 900 obras para Lambayeque, entre las que se encuentran algunas con las que no estamos de acuerdo desde el punto de vista técnico, como es el caso de la descolmatación, porque se piensa que estos trabajos deben hacerse porque sí y no porque existe un minucioso análisis de los riesgos y vulnerabilidades que se presentan en los ríos de la región. Hay tramos en los diversos ríos que no requieren obras de este tipo y, sin embargo, se van a ejecutar. Por esta decisión antitécnica es que como colegio de ingenieros hemos renunciado a la veeduría que inicialmente habíamos aceptado con el Ministerio de Agricultura y Riego”, comenta.
El decano de los ingenieros refiere que la posición adoptada por la Mancomunidad de la Macroregión Norotiente, que preside el gobernador de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, ha sido también determinante para forzar la salida de Pablo de la Flor, al señalar que este nunca había mostrado a su equipo técnico en las vistas realizadas a los departamentos afectados por El Niño Costero y que en todo momento mostró un afán de centralizar la ejecución de los recursos de la reconstrucción en los ministerios, cuya ejecución de gasto está por debajo de los gobiernos regionales.
“Es importante que las autoridades regionales se hayan sumado a esta posición que inicialmente tuvieron las organizaciones de la sociedad civil, más porque estas también conocen la realidad y la problemática de cada departamento. En el caso de Lambayeque, creo que el gobernador Humberto Acuña mal haría si retira su apoyo a la marcha del 13 de noviembre. Él se ha comprometido públicamente a participar, lo dijo cuando dio a conocer el pronunciamiento de la mancomunidad. Debe entenderse que la marcha se concibió desde un inicio no en contra de un funcionario, sino para que se revise el plan de reconstrucción aprobado para Lambayeque. Esa es la razón de fondo y esa demanda se mantiene en pie”, indica.
LA MARCHA
Carlos Burgos recalca que la salida de Pablo de la Flor no implica la suspensión de la marcha del 13 de noviembre. Por el contrario, explica que este hecho debería entenderse como un primer paso para que se concreten las demandas de la sociedad civil respecto a la reconstrucción. Si con la movilización la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y el gobierno nacional no toman cartas en el asunto, las medidas de protesta se radicalizarían.
“Se ha acordado en la asamblea del Comité Cívico que si tras la marcha del 13 de noviembre no se atienden los reclamos de Lambayeque se convocará a un paro regional preventivo de 24 horas. Esta es una oportunidad propicia para que el pueblo lambayecano levante su voz y se haga respetar por las autoridades nacionales, quienes deben entender que no deseamos un proceso de reconstrucción de espaldas a nuestras verdaderas oportunidades ni alejado de la realidad que se vive a diario en el departamento. El gobierno central debe tomar cartas en el asuntos y de una vez por todas sentarse a dialogar con las autoridades locales y la sociedad civil. Ningún actor social puede quedar fuera del consenso”, manifiesta.
Según indica, en las otras regiones afectadas por El Niño Costero las organizaciones sociales también han iniciado coordinaciones a fin de implementar en las próximas semanas medidas de protesta para que el gobierno nacional revise lo actuado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y se reformulen los planes de inversión ajustándose a las necesidades de cada jurisdicción.
“Queremos que se reformule el plan y en este se incluyan obras emblemáticas que generen bienestar y desarrollo para las regiones. En el caso de Lambayeque se ha dejado de lado al Plan Hidráulico, se están destinando solo mil millones de soles para las obras de prevención donde se incluye al drenaje pluvial para Chiclayo metropolitano y la ejecución del proyecto La Calzada en el valle La Leche y se sabe que dicho presupuesto no es suficiente para dos proyectos que representan una inversión de más de mil 500 millones de soles, sobre las cuales, además, no hay estudios definitivos”, afirma.
Finalmente, el decano del CIP Lambayeque cuestiona severamente a los alcaldes de Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, La Victoria, Cayaltí, Oyotún, José Leonardo Ortiz y Zaña, quienes emitieron un pronunciamiento respaldando a Pablo de la Flor como respuesta al comunicado de los gobernadores de la macroregión nororiente en el que se pedía al presidente de la República evaluar la continuidad del funcionario como director ejecutivo de la reconstrucción.
“Fue una muestra de indiferencia y una traición al pueblo, porque sabiendo que la sociedad civil, de la que ellos también forman parte, está disconforme por cómo se ha planificado hasta ahora la reconstrucción decidieron respaldar a quien personificaba ese mal proceso. Son traidores y ahí tienen el resultado de sus actos. Eso les pasará la factura”, enfatiza.
La segunda temporada de pesca de anchoveta podría aplazarse hasta mediados o fines del mes de noviembre. Al concluir este año 2017, la pesca de anchoveta crecería 70% y sería la mejor en cuatro años.
Tal posición es la del gremio de Pesca Industrial y Afines de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque que preside el Administrador de Empresas Víctor Orosco Nuntón.
El profesional señala, desde su punto de vista, que es coherente que la presente temporada se aplace hasta mediados o fines del mes de noviembre, debido al mal clima, presencia de fuertes vientos durante varios meses, aguas con baja temperatura y la alta salinización del mar.
Orosco Nuntón refiere “Si bien es cierto algunos medios de comunicación de Lambayeque, Lima y Ancash, se han apresurado a dar una opinión manifestando que hay una escases de anchovetas, afirmación un tanto ilógica, debido a que los barcos de exploración de IMARPE aún se encuentran en alta mar sin culminar sus actividades exploratorias por lo que no han arribado a puerto. Por otro lado la flota Vikingo que siempre zarpa a las Islas Lobos de Afuera y Lobos de Tierra, para realizar sus faenas de pesca, ha logrado visualizar cardúmenes de la especie anchoveta”, refirió.
El dirigente pesquero también informó a Expresión que durante la primera temporada 2017, que abarcó de abril a julio se pescó el 85.8% de la cuota asignada a la zona norte y centro. “En 13 puertos del país se descargó un total de 2 millones 372 mil toneladas de anchoveta. El sector pesquero contribuyó en forma importante al crecimiento del PBI”, destacó.
La descarga de 2 millones 372,098 toneladas de anchoveta destinada para el consumo humano indirecto, asignado por PRODUCE para la zona norte y centro del país ha sido positiva para la pesca, no solo porque las condiciones oceanográficas favorecieron el recurso, sino que, además, se asignó un millón de toneladas más que en la primera temporada del 2016, que ayudó mucho al crecimiento del PBI. “Debo recordar que IMARPE entre febrero y abril pasado monitoreo las labores de pesca en el mar peruano, cuyos resultados revelaron que existía una biomasa total de 7.8 millones de toneladas de anchoveta, una cantidad bastante más holgada para que la pesca sea sostenible, precisando que la primera temporada concluyó con una reserva de más de 6.5 millones de toneladas”, enfatizó Víctor Orosco Nuntón.
Agregó que para información del sector y opinión pública las descargas de anchoveta se realizaron en 13 puertos y que Malabrigo, ubicado en La Libertad, Paracas en Pisco, Chimbote y Callao fueron los que presentaron mayores porcentajes de descarga con el 23.8%, 16.5%, 15.3% y 8.9%, respectivamente. Asimismo, resaltó que el total de juveniles acumulado para toda la primera temporada en la zona Norte- Centro fue de 13.96%, cifra que se encuentra por debajo del 15% recomendado por IMARPE. “En algunos puertos en los que se detectó – de forma puntual- un elevado porcentaje de ejemplares juveniles, el ministerio de la Producción de manera responsable dispuso el cierre de esas zonas de pesca, que permitieron proteger a la población juvenil, que será la base de la población adulta de la siguiente temporada”, describió.
En otro momento el joven dirigente de los pescadores industriales lambayecanos manifestó que según las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la producción de harina de pescado habría alcanzado 4.44 millones de toneladas en el 2016, 1% menos que en el 2015 (4.48 millones de TM). “Debo enfatizar que el principal productor de harina de pescado en el mundo es el Perú con un 19% de la producción global, seguido de la Unión Europea con 10%, China 9%, Tailandia 9%, Vietnam 6% y Chile 6%”, acotó.
También mencionó que hay que recordar historia. “Ello me lleva a mencionar que entre los años 2001 y 2010, el Perú produjo en promedio el 26% de la producción mundial; sin embargo, durante los últimos cinco años su producción se ha reducido, disminuyendo su participación sobre el mercado global. A pesar de la menor producción, el Perú sigue siendo el mayor exportador de harina de pescado en el mundo con 28% de las exportaciones totales”, describió.
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El sistema previsional peruano tiene profundas inequidades que afectan los derechos de miles de pensionistas, algunos de ellos obligados a litigar en los fueros judiciales para que se les reconozca una pensión de sobrevivencia después de muchos años de aportaciones, sea en el sector público o privado.
“Lo más difícil de enfrentar, cuando se trata de defender los derechos de un trabajador, es la indolencia y la indiferencia del Estado, males reflejados en el sistema de administración de justicia y, en particular, en muchos jueces que no comprenden la problemática ni aplican los principios en materia constitucional y doctrinaria”, señala José Asunción Reyes, gerente del Estudio Jurídico Asunción & Abogados, que hace 15 años de dedica a la revisión de diversos casos en materia previsional a nivel nacional.
El Perú, suscritor del Pacto de San José, fue el primer país en recibir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, por afectar derechos previsionales, siendo el caso “Cinco pensionistas” el que sentó jurisprudencia supranacional sobre la cautela de los intereses de los trabajadores en edad de jubilación.
Sin embargo, como explica Asunción Reyes, muchos de los magistrados que revisan procesos contra la Oficina de Normalización Previsional – ONP, evidencian desconocimiento de los alcances de la doctrina generada a partir de la sentencia de la CIDH, donde se señala una serie de principios que deberían aplicarse en los casos seguidos en los diferentes órganos jurisdiccionales.
“La Corte Interamericana estableció principios fundamentales y líneas directrices de cómo los Estados suscritores del pacto de San José deben abordar los derechos de uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Sin embargo, en todo este tiempo yo no he visto ni una sola sentencia de un juez o sala que cite el caso ‘Cinco pensionistas’, pese a que la sentencia de ese caso forma parte del derecho interno y tiene carácter vinculante para todas las instancias jurisdiccionales, como manda la constitución al señalar que todas las instancias del Estado se someten a los tratados que este firma”, refiere.
LA LEY MÁS FAVORABLE
Comenta que entre los principios más importantes establecidos a partir de la sentencia del caso “Cinco pensionistas”, emitida en marzo del 2003 contra el Estado Peruano, es el de norma más favorable, por el cual para el trabajador quedan vigentes los alcances de las leyes o dispositivos legales que más beneficios le otorguen aun cuando estos hayan sido derogados o modificados.
“Quiere decir que entre varias normas que rigen o amparan el derecho de un pensionista se elige la que más le favorece a este y no necesariamente debe ser una norma vigente. Solo para el caso previsional y laboral, porque en otros casos no es posible, una norma se aplica así no esté vigente cuando es favorable al demandante, porque se entiende que si un trabajador adquirió derechos bajo una norma estos forman parte de su patrimonio jurídico y nadie, ni el propio Estado, puede quitárselos con otra ley”, indica.
Estas consideraciones – precisa Asunción Reyes – deberían ser aplicadas sin mayor demora a los trabajadores de los regímenes 20530 y 19990, quienes con el tiempo se vieron afectados por la emisión de normas que dispusieron la reducción de sus pensiones de jubilación. Empero, en la práctica los jueces aplazan el reconocimiento de estos derechos generando perjuicios directos sobre el jubilado.
LA CARGA ABSURDA
Y es que los trabajadores deben acudir a la instancia judicial en demanda de sus derechos previsionales debido a que en la vía administrativas estos les son denegados por la Oficina de Normalización Previsional – ONP, pese a que cumplen con los requisitos mínimos para acceder a una pensión de sobrevivencia.
En consecuencia, la carga procesal del Poder Judicial se ve incrementada de manera considerable por el ingreso de procesos contensioso administrativo que originan mayores gastos al Estado y retrasos en la administración de justicia.
El problema, indica José Asunción, radica en que no se aplica la predictibilidad ni se toma en cuenta la abundante jurisprudencia o casuística existente tanto en la vía administrativa como judicial.
“Una de las obligaciones del derecho es la seguridad jurídica; es decir, que el ciudadano sepa cómo va a ser resuelto su caso porque ya se tiene antecedentes o casos similares resueltos por la autoridad judicial. Hay jurisprudencia y sin embargo la ONP sigue obligando a que los trabajadores acudan a los tribunales para hacer valer sus derechos, lo que acarrea para el Estado enormes gastos. El Estado es el principal violador de los derechos constitucionales de los pensionistas y trabajadores, porque es el que origina toda esta problemática. Los casos deberían ser resueltos en sede administrativa, más aún si ya se tienen los antecedentes y la jurisprudencia. Pero no. Todos los días ingresan a los juzgados casos que son iguales a otros ya resueltos y eso incrementa la carga sin mayor justificación”, señala.
José Asunción menciona que no se tiene en consideración el precedente vinculante constitucional, que a diferencia del precedente judicial, es aplicable y de obligatorio cumplimiento por todas las entidades del Estado.
“Los fallos que cautelan principios constitucionales generan precedentes vinculantes constitucionales que deben ser acatados por todas las instancias del Estado, porque tienen efectos de ley. Por lo tanto, los procesos previsionales, que versan sobre varios derechos constitucionales, deben resolverse en la vía administrativa y así evitarse el colapso del sistema de justicia”, anota.
INICIATIVA LEGISLATIVA
Asunción Reyes comenta que actualmente existe una iniciativa legislativa que busca que el Estado se allane en todos los procesos referidos al otorgamiento de pensiones, a fin de frenar el incremento de la carga procesal en el Poder Judicial.
“Considero que es un paso importante y que esa misma disposición debería aplicarse para todos los procesos de recalculo de pensiones, de nivelación, reajuste, descuentos indebidos y en todas las demás materias que beneficien a los trabajadores. Eso significaría un enrome ahorro en tiempo, en estudios jurídicos, en horas hombre y en funcionamiento del sistema de justicia, porque cada proceso que ingresa al Poder Judicial significa un motón de plata para el Estado”, manifiesta.
Actualmente la mayoría de casos que llegan a sede judicial son de trabajadores de los regímenes 20530 y 19990, a los que se suman los del régimen militar, policial y especial.
DIFERENCIAS PERJUDICIALES
El abogado refiere que en el régimen 20530 se han producido algunas mejoras favorables a los trabajadores que permiten la nivelación de sus pensiones, aunque la batalla legal para ello debe llegar hasta la Corte Suprema de la República, en procesos que demoran entre cuatro y cinco años.
Lo más álgido – indica –está en el régimen 19990, porque es el que tiene las pensiones más ínfimas, cuyos montos no garantizan siquiera que el jubilado perciba lo equivalente a una Remuneración Mínima Vital – RMV, vigente, ascendente a 850 soles.
“No olvidemos que en el 20530 las pensiones se fueron reajustando hasta el 2004, cuando se declaró el cierre de dicho régimen. Sin embargo, el 19990 siempre se ha caracterizado por ser el régimen de los pobres, de las pensiones más diminutas. Ahí es donde hay mucho que mejorar”, asevera.
Explica que en el 19990 se rompe el principio de igualdad porque el monto de pensión que otorga el Estado a un pensionista es diferente al que da a un trabajador en actividad.
“¿Acaso el pensionista tiene menos carga, menos gasto, menos obligaciones? ¿Cuál es la diferencia? Mientras que el Estado al trabajador en actividad le reconoce una Remuneración Mínima Vital de 850 soles, a un jubilado de la 19990 le otorga pensiones de hasta 250 soles al mes. Si el sueldo básico es de 850 soles para un activo, ese mismo monto debería ser la pensión mínima para un jubilado. Sin embargo, en la realidad se rompe el principio de igualdad y se genera una enorme discriminación que perjudica a los pensionistas”, explica.
Los sindicatos de trabajadores y obreros de la Municipalidad Provincial de Chiclayo acordaron ir juntos a la huelga general indefinida el próximo 10 de noviembre al no encontrar – hasta el momento – solución a sus demandas por parte del alcalde de la ciudad, David Cornejo Chinguel. Ambos gremios han realizado tres paralizaciones escalonadas de sus laborales, dos de las cuales fueron declaradas ilegales por la administración, la que además ha dispuesto que la Procuraduría de la comuna inicie el proceso sancionador contra los servidores que salieron a marchar por las calles de la ciudad.
La relación entre la gestión municipal y los sindicatos se ha tornado tirante. Según argumentan los dirigentes de los trabajadores de la comuna provincial hace mucho se rompió cualquier posibilidad de diálogo con el alcalde David Cornejo, a quien responsabilizan no solo de postergar la atención a sus petitorios, como el cumplimiento de los pactos colectivos y pago de beneficios laborales, sino también de manejar los recursos del municipio sin criterio técnico.
El inicio de la huelga general está anunciado para el próximo 10 de noviembre y ante ello el gerente general del municipio, Williams Pérez Delgado, ha señalado que para la administración la advertencia de los sindicatos no representa mayor preocupación, pues asegura que ni el funcionamiento de las dependencias ni del servicio de limpieza pública quedará suspendido debido a que se cuenta con un contingente de trabajadores CAS y eventuales.
Justamente el incremento de contrataciones de este tipo es - según denuncian los gremios de la municipalidad de Chiclayo - agudiza la crítica situación económica que se arrastra hace décadas.
OLOR A DESILUSIÓN
“Los obreros y empleados estamos demostrando la unidad para hacer retroceder a esta autoridad incapaz que no quieren entender que hay serios problemas por solucionar”, afirma Rafael Margaret Reyes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la comuna local.
El dirigente, duro en su juicio, sostiene que es la ciudad la que se ve directamente afectada por la manera en la que Cornejo Chinguel conduce el municipio, pero además por la falta de capacidad de la gestión para resolver los principales problemas que postergan el desarrollo y bienestar de la “Capital de la Amistad”.
“Chiclayo es el que más sufre, está completamente abandonado a su suerte, no hay obras de envergadura, las calles están completamente deterioradas y no hay un alcalde capaz de desarrollar un plan que solucione los problemas integrales de la ciudad. Este alcalde está de salida, él lo entiende así y no quiere solucionar los problemas. Esta es una de las peores gestiones que hemos visto en Chiclayo, este el peor de los alcaldes que hemos tenido”, señala el dirigente.
Siendo más frontal aún, Rafael Margaret afirma que la administración de David Cornejo es mucho más negligente que la que encabezó que recluido Roberto Torres Gonzales.
“La anterior gestión, con sus problemas y viendo ahora a dónde fueron a parar, lo hizo mejor que este alcalde. Es lamentable compararlo, pero esa es la realidad”, enfatiza.
Por su parte, Bibiano Carrasco Llaja, secretario general del sindicato de obreros, refiere que el burgomaestre ha incumplido hasta el momento en garantizar una ciudad limpia y ordenada, una de las promesas que más difundió en campaña electoral.
“El alcalde David Cornejo dijo en la campaña electoral que a Chiclayo lo iba a convertir en un anís y lo que hemos visto hasta ahora es que Chiclayo tiene una de las peores gestiones municipales”, enfatiza.
Añade que la gestión tampoco ha mejorado las condiciones en las que los obreros desempeñan su labor diaria en el recojo de residuos, debido a que carecen de uniformes e implementos de seguridad, en tanto la maquinaria en su mayoría se encuentra inoperativa.
“No cumple con arreglar la maquinaria para que nuestros compañeros obreros puedan realizan un buen trabajo en el recojo de la basura, él se comprometió a mejorar estas herramientas de trabajo que se necesitan para el ornato de la ciudad. Se comprometió en arreglar parques y jardines, mejorar la limpieza pública y nada de eso ha hecho”, anota.
DEMANDAS LABORALES
Según explica Rafael Margaret, la municipalidad de Chiclayo incumple los pactos colectivos relacionados al pago por 25 y 30 años de servicios de los trabajadores, así como de las compensaciones por sepelio y luto.
Además, denuncia que no se cumple con el pago a la Oficina de Normalización Previsional – ONP, a las Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP y al seguro social, lo que perjudica directamente la situación de los servidores municipales.
“No se le paga a la ONP, a las APF y a EsSalud y esto perjudica dramáticamente a los trabajadores porque no hay atención ya en el seguro social. Cuando un trabajador se jubila no puede recibir su pensión porque el municipio no ha cumplido con realizar los aportes de manera mensual y eso es condenable”, sostiene el dirigente de los trabajadores.
La Municipalidad Provincial de Chiclayo ha acumulado en las últimas décadas una deuda que asciende a 419 millones 218 mil soles por el incumplimiento de beneficios sociales y tributos.
“No cumple con pagar a la ONP, a las AFP ni los demás beneficios a los trabajadores municipales. Hubo atrasos en el pago de la quincena de octubre, tampoco ha cumplido con el pago del bono de 600 soles del mes de septiembre ni con el pago de la gratificación por Fiestas Patrias”, explica Bibiano Carrasco.
Los obreros piden la salida de Henry Chiclayo Vega como responsable de la Unidad de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos del municipio.
MÁS CONTRATACIONES
Margaret Reyes afirma que el municipio ha engrosado sus planillas con la contratación de más de 700 trabajadores que representan al mes el desembolso de un millón 550 mil soles, dinero que – refiere – debería destinarse a sanear las obligaciones que por ley la entidad tiene con sus empleados permanentes.
“Es plata que se está botando al tacho de la basura, esa plata debería utilizarse para pagarse los adeudos y las obligaciones que tiene el municipio o en todo caso para las obras que la ciudad necesita”, señala.
El dirigente cuestiona también que el Centro de Gestión Tributaria – CGT, no evidencie mejoras en la recaudación a diferencia de los sistemas de administración de impuestos que operan en las municipalidad provinciales de Piura y Trujillo.
Hasta el momento, el CGT ha alcanzado poco más del 60 % de la meta anual de recaudación que para este año fue establecida en 66 millones de soles. Según el gerente general del municipio, la merma en el ingreso de recursos en el ente tributario se debe a los impactos generados por el El Niño Costero en los primeros meses del año y a la caída del índice de tributación a nivel nacional del 16 al 12 %.
“Aquí el CGT recauda entre 90 y 100 mil soles, mientras que en Piura o Trujillo, con Fenómeno El Niño y todo la recaudación es hasta de 270 mil soles diarios, en promedio. Francamente ya no podemos creer que la recaudación en Chiclayo sea tan baja con la cantidad de negocios y predios que existen en la ciudad. Hay un mal manejo y eso repercute directamente en el municipio”, manifiesta.
DIÁLOGO ROTO
Rafael Margaret asevera que no hay posibilidad de diálogo con el alcalde David Cornejo, quien no ha mostrado disposición de atender los reclamos de los sindicatos a fin de evitar que los trabajadores radicalicen sus medidas de protesta con el inicio de la huelga general indefinida.
“Lamentablemente el alcalde se ha encerrado en su oficina y no quiere dialogar. El diálogo es un instrumento que tiene el ser humano para solucionar problemas y él no quiere emplearlo. No entiende de diálogo, él hace lo que quiere y actúa como un dictador acá en Chiclayo”, acota.
En total, en el sindicato de trabajadores están agrupados 423 empleados, mientras que en el sindicato de obreros se encuentran afiliados mil 113 servidores. Todo ellos – según refieren los dirigentes – acatarán la huelga general indefinida paralizando las actividades en las diferentes dependencias de la comuna y, principalmente, el servicio de limpieza pública.
“Hemos cumplido con todos los procedimientos que exige la norma para ir a la huelga. Hemos notificado del acuerdo a la Gerencia Regional de Trabajo y tenemos la luz verde para radicalizar nuestra medida de protesta”, indica Margaret Reyes.
