Fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco lo archivó tres veces y nunca llamó a declarar a hombre de confianza del ex alcalde Roberto Torres Gonzales. En julio pasado, caso fue reabierto, y se estaría buscando que prescriba por vencimiento de plazo
¿Qué se trata de encubrir o a quién se quiere “blindar” en la investigación del caso Transportes Línea? Extrañamente, desde el 12 de julio del 2017, fecha en que el Fiscal Provincial de la Tercera Fiscalía Provincial de Chiclayo, César Celis Zapata, emitió la disposición N° 06 del caso N° 240607 4503-2010—2585-0, en la que dispone el reexamen de investigación preliminar por el presunto delito de cohecho, activo genérico en agravio del Estado y la Municipalidad de Chiclayo, hasta el momento nada se ha hecho e incluso el plazo de 60 días de investigación ha concluido el 12 de setiembre pasado.
A ello se suma que, desde que el caso fue reabierto, disponiéndose una investigación preliminar de tan sólo dos meses, tres fiscales han pasado y ninguno de ellos se ha dignado a desarrollar la investigación donde al ex funcionario y hombre de confianza del ex alcalde Roberto Torres Gonzales, Percy Quesquén Díaz, no ha sido interrogado por presunta corrupción en agravio de la Empresa Línea y el Estado.
Conforme consta en la carpeta fiscal, el 23 de junio del 2017, mediante escrito el ex funcionario Juan Miguel Valdivia Goycochea, se dirige a la Presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Mariana Vásquez Zagaceta, y le hace conocer que el 22 de diciembre del 2015 se llevó a cabo la diligencia de continuación de su declaración, ante el fiscal adjunto Elí Pérez Díaz, de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo –Carpeta Fiscal 2447-2014.
LA SINDICACIÓN
En dicha diligencia narró la participación del ex funcionario Percy Quesquén Díaz en el caso “Transportes Línea” –Carpeta fiscal N° 2585-2010- donde se habría pedido una coima para anular una sanción administrativa impuesta por el ex Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo –SATCH- al haberse detectado que pesados vehículo circulaban por las calles del centro de la ciudad; sin embargo, extrañamente el caso fue archivado por el fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco.
En su misiva, Juan Valdivia señala haber denunciado al Fiscal Provincial Sergio Lucio Zapata Orozco ante el Concejo Nacional de la Magistratura –CNM- y Control Interno de la Fiscalía Suprema, por el delito de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales. Con referencia al caso descrito, el 18 de abril del presente año, en la audiencia de ratificación del Fiscal Provincial Sergio Lucio Zapata Orozco por parte del CNM, el Consejero Iván Noguera lo interrogó sobre el caso de Transporte Línea, no sabiendo que responder en cuanto a las razones de haber dispuesto el archivamiento.
Juan Valdivia deja en claro que el ex jefe del SATCH y ex presidente del directorio de EPSEL, Percy Quesquén Díaz, habría tenido participación en el cobro de coima a la empresa de Transportes Línea, lo cual quedó grabado en vídeo y que en su oportunidad fue difundido por el programa periodístico “Expresión TV”, pero a pesar de ello, el fiscal Lucio Zapata Orozco lo archivó a pesar de haber sido apelado.
EL ORIGEN
Tal y como data en el oficio N° 196-2010 PPAD-LAMB, del 10 de agosto del año 2010, el entonces procurador Anticorrupción Elver Díaz Bravo se dirigió al Fiscal Provincial Corporativo de turno de Chiclayo y solicitó investigación, en mérito a la denuncia periodística difundida por el programa “Expresión Tv”, el día 9 de agosto del 2010.
Elver Díaz señala que en dicho programa se difundió imágenes donde un empresario transportista entrega un sobre conteniendo dinero a la persona de Víctor Andrés Díaz Zárate, para ser entregado a funcionarios de la Municipalidad de Chiclayo.
El dinero era presuntamente en agradecimiento por ser favorecido por una Ordenanza Municipal que lo favorecía, la N° 16-2009, de fecha 23 de noviembre del 2009, cuya comisión denominada “Proyecto de Ordenanza Municipal Sobre Nuevo Circuito Vial de los Vehículos de Servicio Público de Transporte Interprovincial de Pasajeros”, estuvo integrada por los regidores Blanca Carmen Carhuallanqui Heredia, José Barrueto Sánchez y Ronald Paul Ubillús Obando
El sustento se realizó mediante el dictamen de comisión N° 36-2009-MPCH-CM, del 12 de noviembre del 2009, teniendo como referencia el oficio N° 2658-09-GTT/SG.TE.
En el expediente de investigación, el Procurador Elver Díaz Bravo adjunto un Cd. conteniendo el vídeo de la presunta coima, copia de la Ordenanza Municipal N° 016-2009 y una nota anónima.
RESERVA DEL VÍDEO
El 20 de agosto del 2010, el Fiscal Lucio Zapata Orozco, del Tercer Despacho de Investigación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, emitió la disposición N° 01 de la carpeta fiscal N° 2585-2010 en la que señala se abra investigación preliminar por espacio de 60 días contra el entonces alcalde de Chiclayo Roberto Torres Gonzáles, así como contra Víctor Díaz Zárate, y los que resulten responsables.
Sin embargo, lo que llama la atención de la mencionada disposición es que el Fiscal Zapata Orosco dispone que se reserve la visualización del vídeo, el cual era el elemento clave para investigar el presunto delito, y donde el principal sospechoso era Percy Quesquén Díaz.
Sin haber realizado las investigaciones probas e idóneas para determinar el grado de responsabilidad de los imputados, mediante disposición N° 02 de fecha 30 de noviembre del año 2010 el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco, dispone no continuar con la investigación preparatoria contra Roberto Torres Gonzales, Víctor Andrés Díaz Zárate y Mario Carlos Alberto Salini Falconi, por el presunto delito de corrupción de funcionarios, en la modalidad de cohecho activo genérico, en agravio del Estado.
Uno de los argumentos del representante del Ministerio Público para archivar la investigación, era que Mario Carlos Alberto Salini Falconi y Víctor Andrés Díaz Zárate, reconocen el vídeo difundido, pero niegan una coima y afirman que la entrega de dinero obedecía al pago por concepto de honorarios profesionales.
Además – de Ripley- el fiscal Lucio Zapata Orozco sustenta que como la grabación del vídeo de presunta corrupción difundido por la prensa ha sido reconocido por los principales protagonistas, no resulta necesaria su visualización, por haberse convertido en mera contingencia equivoca.
QUEJA DE DERECHO
Ante la cuestionada resolución del fiscal Lucio Zapata Orozco, el procurador Anticorrupción. Elver Díaz Bravo, recurre en queja de derecho el 22 de diciembre del 2010, teniendo como premisa que el protector y defensor de la legalidad no ha valorado la visualización del vídeo, instrumental fundamental para determinar la tipicidad del delito y la carga de la prueba – responsabilidad- de cada uno de los imputados, así como de los que pudieran haber resultados responsables. Además, tampoco se hizo transcripción de lo que se conversa en el audio.
Además, el fiscal obvia y lo que el investigado Víctor Andrés Díaz Zarate sostuvo en su declaración que hiciera en la Policía Anticorrupción. En la pregunta siete se sostiene que lo grabado en vídeo correspondía al pago por un contrato celebrado por Transportes Línea con el abogado Percy Requejo Gálvez.
Ante ello, el fiscal nunca solicitó copia del contrato entre el representante legal de la empresa y el abogado Percy Requejo. Tampoco citó a Percy Requejo para que rinda su manifestación y confirme si era cierto o no lo que reveló Víctor Andrés Díaz Zárate.
“Con la acción del fiscal Lucio Zapata Orozco se determina que no hubo una investigación preliminar objetiva, quedando demostrado que la investigación ha sido llevada irregularmente”, señaló Elver Díaz Bravo en su escrito de queja de derecho.
Sin embargo, mediante disposición N° 03 del uno de febrero del año 2011 el fiscal provincial coordinador, Javier Quiroz Grosso, eleva la petición de Elver Díaz Bravo al superior jerárquico a efecto de que resuelva.
Es el caso que, el 7 de marzo del año 2011, mediante disposición N° uno-2011, el fiscal superior de la Cuarta Fiscalía Penal de Chiclayo, Julio Enrique Morales Saldaña, dispuso revocar la disposición fiscal impugnada por no encontrarse arreglada a derecho
El representante del Ministerio Público ordenó también, ampliar por 50 días más las investigaciones. Además, se realice la visualización del vídeo, se tome manifestación a Percy Jorge Requejo Gálvez y se le solicite copia de los recibos por honorarios profesionales extendidos a la empresa de Transportes Línea, oficiar a la Sunat para que emite informe sobre declaraciones juradas del imputado.
OTRA VEZ LO ARCHIVA
Sin embargo, una vez más, el fiscal Lucio Zapata Orozco, el 15 de julio del año 2011, mediante disposición N° 05, decide no formalizar ni continuar con la investigación, bajo el argumento que tras la visualización del vídeo no existen elementos de convicción que permitan apreciar el carácter de los hechos denunciados. Además, que la entrega de dinero obedece a pago por concepto de honorarios profesionales.
La acción volvió a general una queja de derecho, pero en esta ocasión por parte del flamante Procurador Anticorrupción de ese momento, Julio Lazo Gallo, cuya impugnación fue elevada al superior jerárquico, recayendo nuevamente en el fiscal Enrique Morales Saldaña.
El magistrado – en esta ocasión- dispuso confirmar la disposición fiscal impugnada por encontrarse arreglada a derecho, declarando infundada la apelación presentada por Julio Lazo Gallo.
CARPETA FISCAL N° 2447-2014
Juan Valdivia- ya desarrollándose la investigación del caso “Los Limpios de la Corrupción”- en uno de los puntos de su declaración que hiciera en la carpeta fiscal N° 2447-2014, reveló que en manifestación del mes de enero del 2015 está referido a la empresa de transportes Línea.
“Percy Quesquén renunció intempestivamente a la jefatura del SATCH el 31 de mayo del 2010, a lo que le pregunté las razones de su renuncia, manifestándome que luego me iba a conversar. Posteriormente, me contó que la razón de su renuncia se debía a que la persona de Víctor Díaz Zarate había sido grabado en vídeo por el administrador de la empresa de Transportes Línea, solicitando una coima para él –Percy Quesquén”, señaló.
Agregó que el objetivo de la coima contra Transportes Línea, era para no multarlo por el uso de la vías públicas por las pesadas unidades, pero que el caso había sido archivado, y se había salvado porque en el vídeo solamente se mencionaba el nombre de Percy, teniendo que buscar un abogado que también se llame Percy para elaborar un contrato de servicios con la empresa Línea, y simular la prestación de un trabajo de asesoramiento externo y que Víctor Díaz Zárate había ido a cobrar el supuesto servicio de asesoría jurídica.
“Meses después, cuando me encontraba como gerente general de Epsel, Percy Quesquén me pidió que contrate como asesor externo al abogado Percy Requejo. Lo cual se hizo pero al poco tiempo lo tuve que sacar porque habían informes negativos contra su persona por parte de los responsables de la Oficina de Asesoría Jurídica, a lo que Percy Quesquén me pidió no lo sacara porque él había sido el abogado que lo había ayudado con el caso de Transportes Línea, pero a pesar de ello lo saqué e incluso para evitar problemas, la salida de Percy Requejo lo publiqué en una diario local, señalando que dicha persona no tenía ningún vínculo con Epsel”, refirió.
El caso ha sido reabierto por orden superior, pero hasta el momento no hay acciones de idoneidad y probidad que convenza que se está llevando una investigación transparente, haciendo presumir que se estaría esperando que los plazos prescriban para nuevamente archivarlo.
EN EL PENAL
Asimismo, Juan Valdivia revela que cuando fue detenido por el caso “Los Limpios de la Corrupción” y en el mes de enero del 2015 fue llevado al penal de Picsi, fue ubicado en un ambiente de observación en donde se encontró con los ex funcionarios Jorge Inchaustegui Samamé y José Baca Távara.
En ese lugar – revela- también se encontraba Víctor Díaz Zarate, ex hombre de confianza de Percy Quesquén, quien les reveló que el dinero que recibió de manos del gerente de empresa Transportes Línea, era para Percy Quesquén y no para otra persona.
Agrega, que Víctor Díaz Zarate les hizo conocer que el fiscal Lucio Zapata Orozco no tomó en cuenta pruebas fehaciente del delito, y no hizo más que archivar el caso, protegiendo a Percy Quesquén Díaz.
¿PRETENDEN ARCHIVARLO?
En el proceso de reexamen de investigación del caso Transportes Línea, el fiscal César Celis Zapata dispuso que Juan Miguel Valdivia amplíe su declaración el 24 de agosto pasado, lo cual se ha hecho. Sin embargo, Víctor Andrés Díaz Zárate, Mario Carlos Alberto Salini Falconi, Percy Quesquén Díaz, Percy Jorge Requejo Gálvez, Roberto Torres Gonzales, hasta la fecha no han ampliado su manifestación, a pesar que el plazo de investigación culminó el 12 de setiembre.
Sin embargo, ante el abandono del caso por parte del fiscal César Celis Zapata, el caso fue asumido por el fiscal Arlo Mario del Piélago Samamé, quien mediante providencia N° 05 del 11 de setiembre pasado, reprogramó las declaraciones de los investigados hasta el mes de octubre del 2017 e incluso incluyó las manifestaciones de José Nicolás Baca Távara, Jorge Inchaustegui Samamé, César Raúl Regalado Rodríguez, Juan Martín Villanueva Velezmoro y Luz Yolanda Rojas Bonilla.
Damián Salvatierra Acevedo es un productor guanero del valle de Virú que en los últimos años ha comercializado sus productos a diferentes agrícolas y exportadoras de Lambayeque, sea de manera directa o a través de Cultiva EIRL, empresa con la que empezó a trabajar en el 2015 y que en junio de este año le solicitó tres mil toneladas de compost para abastecer el requerimiento de una de firma agroindustrial en Motupe. Sin embargo, pese a que atendió el pedido en más del 50 %, a las pocas semanas de iniciado el envío de la carga orgánica el acuerdo fue cancelado, sin que hasta el momento se le pague por el producto entregado. Peor aún, la gerente general de Cultiva lo ha denunciado de estafa y apropiación ilícita.
Según relata, en el 2015 conoció a Úrsula Tello Horna, gerente general de Cultiva EIRL, a quien empezó a proveer de estiércol para la fertilización de campos agrícolas, desarrollando su relación comercial durante año y medio con total normalidad.
“En junio ella logró un contrato con la empresa Inagro Olmos SAC, que le solicitó compost para sus campos por un total de tres mil toneladas. Empecé a proveerle desde el 7 de junio pasado hasta el 21 de ese mes. Todo ingresó con normalidad. El pedido fue de tres mil toneladas”, explica Damián Salvatierra.
Por cada tonelada de compost, el productor debía recibir un pago ascendente a 160 soles. La carga era pesada en la balanza Precisión, ubicada en el kilómetro 7.7 de la carretera Chiclayo – Lambayeque.
CAMBIO DE BALANZA
El 22 de junio se produjo lo que Salvatierra Acevedo considera como “un inconveniente”. Los transportistas que trasladaban el material orgánico fueron notificados que ya no pasarían revisión en la balanza del kilómetro 7.7, sino en la de una empresa agroexportadora ubicada a cinco kilómetros de distancia.
Como es lógico, la ruta adicional significaba incrementos en el costo del flete, según indica el productor por el orden de los 20 mil soles por el total de la carga, por lo que buscó contactarse con Tello Horna sin conseguir respuesta alguna.
Entre el 7 y el 21 de junio, Damián Salvatierra cumplió con ingresar mil 551.84 toneladas de compost a los almacenes del fundo Inagro, conforme a las 32 guías de remisión que certificó la empresa. El total de la materia traslada a la agroindustrial representa un costo de 248 mil 310.4 soles.
“Inagro le compraba a la ingeniera Tello Horna con una orden de 180 soles por tonelada de producto, de los cuales yo debía recibir 160 soles. Pese a que entregué poco más de la mitad del producto yo no he recibido ni un sol de parte de la ingeniera”, señala.
DESCUENTO
Lo que el empresario no esperaba es que Inagro argumentaría que de las mil 551.94 toneladas de compost que había recibido, 512.94 toneladas serían declaradas de mala calidad, por lo que procedió al descuento del pago que debía efectuar a Cultiva EIRL para que esta, a su vez, le cancelara como proveedor.
Damián Salvatierra refiere que dicho descuento era injustificado, sobre todo porque además de argumentar mala calidad del producto se afirmó que el peso presentado no era el correcto y, por lo tanto, la compañía adquiriente se negaba a reconocer 512.94 toneladas de la carga recibida, tasadas en 82 mil 70.40 soles.
“El 23 de junio ingresé con el señor José Sipión Tejada, encargado de la señora Úrsula Tello y hablé con el ingeniero de Inagro y le indiqué que si no estaban conforme con el producto que habían recibido entonces que procedan a su devolución. No fue así, la empresa procedió a descontar por decisión unilateral, sin tener un acuerdo previo con nosotros”, manifiesta.
SIN PAGO
Tras el descuento, lo que Inagro convino en reconocer fue mil 39 toneladas de compost valorizadas en 166 mil 240 soles.
“Inagro le ha depositado a Cultiva todo el efectivo, pero Cultiva, la empresa se la señora Úrsula Tello, hasta ahora no me paga ni un sol. Un día me doy con la sorpresa de la llegada de una carta notarial a mi casa en la que ella señala que yo había incurrido en estafa y apropiación ilícita, siendo ella quien me está reteniendo todo ese dinero”, comenta.
El 22 de septiembre, a través del notario de Virú, Bernardo Rosario Cabellos, Úrsula Tello se dirigió por escrito a Damián Salvatierra, señalando que se había detectado que este “venía alterando el peso de la mercadería y capacidad de los camiones que transportaban el producto (…) por lo que la empresa Inagro Olmos SAC suspendió la orden de compra de las tres mil toneladas que estaban previstas”.
“Con su actuar delictivo me ha perjudicado económicamente dado que ya no tendré ingresos por la venta de mi mercadería, pues se me ha suspendido como proveedora, por otro lado mi imagen y buena reputación se ha visto afectada, dado que ninguna empresa del rubro agroindustrial negociará con mi empresa y mi persona, por la mala imagen que usted me ha generado”, reza la carta notarial, en la que además Tello Horna solicita que el productor, vía conciliación, la indemnice por los supuestos daños causados.
NEGOCIOS PREVIOS
Pese a los intento hasta el momento le ha sido imposible comunicarse con la empresaria a fin de llegar a un acuerdo o entendimiento que permita solucionar el problema presentado.
“Las relaciones empresariales siempre fueron buenas. En el 2015 le vendí guano de res para el Fundo Anchovira, que es de su propiedad, al año siguiente a través de ella abastecí a la Empresa Agrícola Cerro Prieto, a la que abastecí como 13 mil 400 toneladas de material orgánico y nunca tuvimos ningún problema. La empresa le pagaba y ella procedía a hacer los depósitos. Este año, entre marzo y abril también trabajamos con Cerro Prieto a la que volvimos a proveerle sin ningún problema. Ahora no puedo ni siquiera comunicarme con ella”, detalla el productor.
Salvatierra Acevedo sostiene que en el tiempo que tiene como proveedor nunca ha tenido problemas por la calidad de sus productos ni con el peso.
“El producto nosotros lo elaboramos en Trujillo y en Virú, tengo más o menos 13 años en el rubro y en el 2015 empecé a comercializar a través de mi empresa Servicios y Negociaciones Salvatierra SAC y no hemos tenido antes problemas como el presentado. Lo que deseo es que se dé una solución, sobre todo porque yo también tengo compromisos que cumplir y no es posible que habiendo entregado más de la mitad del producto, que ya fue utilizado por la empresa requirente y habiendo recibido la intermediaria el pago yo me siga perjudicando por este incumplimiento”, menciona.
CARTA E INVESTIGACIÓN
El 25 de septiembre Damián Salvatierra también le envió una carta a Tello Horna solicitando el pago de las mil 39 toneladas de compost que Inagro finalmente reconoció, argumentando que la empresa ya había cancelado por el producto a Cultiva EIRL. Dos días después el empresario volvió a dirigirse por escrito a la gerente de Cultiva, también sin obtener respuesta. En ambos casos, la recepción de los documentos fue notificada por el Juzgado de Paz Letrado de Única Nominación del centro poblado Anchovira – Motupe.
El 29 de septiembre, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de José Leonardo Ortiz, emitió la Disposición N° 1 de la Carpeta Fiscal N° 2406084502-2017-2843-0, resolviendo el inicio de la investigación y la realización de las diligencias preliminares contra Damián Salvatierra en atención a la denuncia formulada por Yoleisy Torres Mío, en representación de Úrsula Tello.
De acuerdo a la resolución fiscal, la adulteración de la carga en la entrega del compost habría sido detectada por Inagro debido a que los recibos de la balanza Precisión, donde se certificaba el peso de cada envío se arrojaban valores por encima de lo que realmente habría ingresado a los almacenes de la empresa.
En la denuncia se detalla, por ejemplo, que cada camión tenía capacidad para trasladar 30 toneladas de compost, pero que en los recibos de ingreso se especificaba que cargaban 68 toneladas.
Por otro lado, pese a que inicialmente Úrsula Tello solicitó una conciliación a Salvatierra Acevedo, esta no acudió a la sesión programada para el 23 de octubre en el Centro de Conciliación Incega, levantándose el acta de inasistencia en el Expediente N° 058-2017 iniciado por Servicios Negociaciones Salvatierra SAC.
¿Qué buscaba el fiscal Juan Carrasco Millones al enfrentar al ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias, con el Poder Judicial? No sería novedoso que el citado operador de justicia haya pasado por encima de sus superiores y fiel a su estilo pretendido mediatizar la detención en el expenal de Picsi del empresario Samuel Roncal Miñano, ante la ausencia de la carga probatoria en el caso “Hermandad del norte”.
Si bien es cierto, la Ley Orgánica del Ministerio Público – Decreto Legislativo N° 052, señala que este es un organismo autónomo del Estado, que tiene como función principal la defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y los intereses públicos, esto no se vendría aplicando en Lambayeque.
Según la norma, los fiscales actúan con independencia en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de su institución. Sin embargo, siendo el Ministerio Público un cuerpo jerárquicamente organizado, deben sujetarse a las instrucciones que pudieren impartirles sus superiores.
¿El fiscal Juan Carrasco Millones, coordinador de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de Lambayeque, informó y pidió autorización a la presidenta de la Junta de Fiscales, Mariana Vásquez Zagaceta, para solicitar la ayuda del ministro Basombrío, a fin de evitar que Samuel Roncal recupere su libertad?
¿Cómo sabía Carrasco Millones que el Oficio N° 880-2017-JIP-PRG, conteniendo la papeleta de excarcelación N° 04-2017 a favor de Samuel Roncal, era falso, si personal del INPE solamente lo había rechazado por carecer de formalidades? ¿Qué lo llevó a afirmar tal cosa sin previo pronunciamiento del Poder Judicial?
¿LO UTILIZARON?
Se cumple un año de la detención e internamiento en el penal de Chiclayo, bajo la modalidad de prisión preventiva, del empresario Samuel Roncal Miñano, quien está privado de su libertad por la sindicación del delincuente David Ángel Guerrero Rodríguez, alias “Ñoño” o “Carnicero”, quien con conocimiento del Ministerio Público cumple la función de testigo clave con N° 01-2016 y la de colaborador eficaz N° 15012016, en el caso del asesinato del exauditor de la SUNAT Luis Cieza Herrera.
Tras la remisión del oficio N° 880-2017-JIP-PRG, conteniendo la papeleta de excarcelación N° 04-2017 a favor de Samuel Roncal, el ministro del Interior utilizó su cuenta de Twitter para tildar de asesino a Samuel Roncal y enfrentarse al Poder Judicial.
Ante la temeraria expresión, realizada el 17 de octubre pasado, Carlos Basombrío por inmediatamente añadió que eso se lo había hecho conocer el fiscal responsable del caso, Juan Carrasco Millones, quien le hiciera llegar un documento en cuyo tenor se ordena la excarcelación empresario, luego que se resolviera un hábeas corpus a su favor en un Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de Amazonas.
En conferencia de prensa, familiares de Samuel Roncal, hicieron conocer que pedirán una pericia grafotécnica, para determinar la autenticidad de la firma del documento que fue llevado por un empleado del Poder Judicial hasta el penal de Chiclayo.
No descartaron que tras ello exista maquinación con el objetivo de dañar la conducta procesal del investigado, y para ello se habría utilizado al ministro del Interior.
La familia Roncal Miñano ha enviado una carta notarial a Carlos Basombrío para que se rectifique sobre lo que dijo acerca del investigado, pues no se descarta el inicio de una querella por difamación, considerando que de acuerdo a la Constitución Política del Perú el ministro no tiene inmunidad.
HACE UN AÑO
El viernes 3 de noviembre se cumplió un año en que el Ministerio Público, con apoyo de la policía, allanó varias viviendas en Chiclayo para desbaratar una supuesta banda de delincuentes, que bajo la modalidad de asesinato por encargo – sicariato - presuntamente venía operando. Un mes antes la habían denominado “La hermandad del norte”.
Según consta en el Expediente N° 5972-2016, el primer testimonio que permitió conocer el modus operandi de la supuesta organización fue el del colaborador eficaz N°15012016, quien a la vez es el testigo clave N° 01-2016 del Ministerio Público, David Ángel Guerrero Rodríguez.
Este, desde el penal de Chiclayo, reveló hechos criminales en los que participó por orden de los supuestos cabecillas de “La hermandad del norte”, Hernán Sánchez Coronel y Santos Sánchez Coronel.
El delincuente es investigado en el Expediente Judicial N° 3691-2015 por el delito de homicidio calificado por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de José Leonardo Ortiz, por el asesinato de Teodosia Flores Vásquez, ocurrido el 10 de junio del año 2015.
CRIMEN CASERO
En el proceso de investigación inicial se descubrió que Teodosia Flores Vásquez fue asesinada por equivocación. Además, la acción criminal fue por encargo o instigada por Eva Benavides Julca, quien actualmente también se encuentra con prisión preventiva en el penal de Chiclayo.
Eva Benavides ha reconocido conocer a la occisa, por ser suegra de su hermano, el policía Osiel Benavides Julca. Incluso la imputada ha reconocido que planeó matar a su cuñada, Lita García Flores, porque mantenía una relación de insultos y amenazas con su hermano, pero por equivocación asesinaron a Teodosia Flores, madre de Lita García.
Sin embargo, el día del operativo para capturar a los integrantes de la “Hermandad del norte”, el Ministerio Público sacó a la luz una nueva banda criminal a la que denominó “Los empresarios del norte”, sindicando como cabecillas a los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano, imputándoles el asesinato del exauditor de la SUNAT Luis Cieza Herrera, ocurrido el 23 de diciembre del 2015, acusación que a la fecha no ha han podido formalizar.
LIBERTAD PARA SICARIO
David Ángel Guerrero Rodríguez fue capturado el 5 de setiembre del 2015 por el crimen de Teodosia Flores Vásquez; sin embargo, para librar la prisión preventiva su abogado pidió al Poder Judicial valorar que “desde el 2010 este tenía condición de colaborador eficaz”. Antes había sido condenado a cinco años de prisión por la comisión del delito de receptación agravada en perjuicio de José Cobeñas Chero, quedando la pena sin efecto al aprobarse el acuerdo de colaboración eficaz.
Sin embargo, la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado – FECOR Lambayeque, que dirige Juan Carrasco Millones, validó la continuidad de David Ángel Guerrero Rodríguez como colaborador eficaz en el caso de “Hermandad del norte”, siendo este quien sindica a los hermanos Samuel y Carlos Roncal como los autores intelectuales del asesinato del exauditor de la SUNAT.
El 20 de septiembre del 2016, Carrasco Millones remitió un documento reservado al juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz, lugar donde se investiga el asesinato de Teodosia Flores, solicitando de manera “muy urgente” medidas de protección para David Ángel Guerrero Rodríguez.
El defensor de la legalidad argumentó que las medidas de protección a favor de Guerrero Rodríguez se justificaban porque en el proceso de colaboración se ha venido realizando una serie de diligencias tendientes a la captura de la organización criminal “Hermandad del norte”, integrada aproximadamente por 40 personas, quienes – según dijo - cometían una serie de delitos relacionados al sicariato, extorsión, asociación ilícita para delinquir, entre otros actos criminales.
Carrasco Millones señaló en su escrito que la medida de aseguramiento personal a favor de David Guerrero Rodríguez se entendía como la medida de excarcelación, por lo que solicitaba que se le dicten las reglas de conducta, esto sin considerar que ya en el 2012 el sujeto fue beneficiario con la misma figura sobre una sentencia condenatoria, sin que cumpla con el mandato judicial de no volver a cometer ilícitos.
CONTROL INTERNO
La actitud de Carrasco Millones llevó a que la presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Mariana Vásquez Zagaceta, emitiera el Oficio N° 235-2017, en el que dio cuenta de presuntas irregularidades en el procedimiento seguido por la FECOR en el caso “Hermandad del norte”.
Vásquez Zagaceta informó a la Oficina de Control Interno que su despacho recibió los escritos del abogado Luis Verona Sampertegui, patrocinador del investigado Samuel Roncal Miñano, quien puso en autos del Ministerio Público la situación irregular que se estaría presentando en el caso “Hermandad del norte”, respecto al colaborador eficaz 15012016 y testigo clave N° 01-2016, David Ángel Guerrero Rodríguez.
La acción de protesta de Vásquez Zagaceta fue acogida por el fiscal responsable de la Comisión de Investigación Preliminar de la Oficina de Control Interno del Distrito Fiscal de Lambayeque, Telésforo Vásquez Figueroa, quien emitió la Resolución N° 01, del Caso N° 31-2017, del 1 de febrero pasado, con la que abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables por presunta inconducta funcional.
HECHOS CURIOSOS
A raíz de esta situación – señala Luis Verona - se habrían advertido algunos hechos curiosos, como un presunto interés por ocultar cierta información contenida en la carpeta fiscal donde se investiga la muerte del auditor de la SUNAT, Luis Cieza Herrera; como, por ejemplo, las Actas Reservadas donde se deja establecido el interés de los imputados por acogerse a una Colaboración Eficaz, así como la asignación de los “códigos” para proteger su verdadera identidad.
Esto – según se presume – con la intención de evitar que Control Interno corrobore que efectivamente hubo irregularidad en el otorgamiento del beneficio premial para el colaborador 15012016, cuya identidad fue puesta en evidencia en audiencia judicial por uno de los abogados defensores.
EN CURA DE SILENCIO
Lo que más llama la atención de la opinión pública y de los propios integrantes del Ministerio Público, es que estos hechos no han sido desvirtuados ni rechazados por los fiscales cuestionados.
De igual manera, han evitado pronunciarse sobre las revelaciones hechas por el testigo Juan Manuel Díaz Orrillo, quien fuera acusado y posteriormente absuelto en la investigación por el asesinato de la ex trabajadora judicial Doris Ruiz Salazar.
Juan Díaz reveló que fue en el Penal de Chiclayo donde se ideó las acusaciones contra el empresario Samuel Roncal Miñano y otras personas en crímenes que investiga el Ministerio Público, a cambio de otorgarle dinero y beneficios como la de salir en libertad bajo la modalidad de protección - colaborador eficaz.
El 15 de agosto del 2017, señaló en su declaración con código C-20-2016- FECOR –CH, que tanto el “Carnicero” como el “Chorri” lo fueron a ver para “subir a gente en homicidios”. Dejó constancia que los sujetos querían que señale que conocía a los hermanos Roncal y los “suba” en homicidios, y a cambio le ofrecieron dinero y su libertad, la que iban a “gestionar por amigos que tenían fuera”.
Además, hizo constar que David Ángel Guerrero le entregó fotos para que memorice la imagen de los empresarios y el día que llegue la fiscalía a entrevistarlo diga que conocía a Samuel Roncal y que era el autor intelectual del asesinato del funcionario de la SUNAT.
