Lo sucedido el miércoles 7 de diciembre no es sino la expresión máxima de la crisis política en la que se sumió el país después de los resultados de las elecciones del 2016, sí, cuando el fujimorismo se negó a aceptar los resultados de la voluntad popular.

Desde entonces, las relaciones entre Ejecutivo y Congreso, pese a los cambios de gobierno, no han sido buenas, ni siquiera regulares y las consecuencias las conocemos bien. Lo que pasó entre las presidencias de Kuczynski, Vizcarra y Merino, son la prueba.

Luego vino el triunfo de Castillo y la actitud renegada del fujimorismo y las organizaciones afines. Si después del 2016 el país estaba paralizado, ahora lo estuvo más.

A ello su sumó la inexperiencia, ineptitud y equivocada visión de Castillo para conducir los destinos del país. Él y su entorno - podemos afirmarlo a estas alturas - vieron al país como un botín y no dudaron un minuto en hacerse de él.

El tira y afloja tuvo momentos de clímax, pero ninguno como el vivido en las largas horas del miércoles 7 de diciembre.

Castillo se vio perdido, acorralado por las declaraciones de lo que antes caminaban a su costado y con consejeros que lejos de darle luces y oxígeno para que pueda pensar con claridad y decidir con inteligencia, lo llevaron por un camino sin retorno.

Un día después del fallido autogolpe de estado, sigue siendo una incógnita de quién aconsejó a Castillo de tomar tales decisiones.

Hasta donde se sabe, varios de sus ministros se enteraron al mismo tiempo que el resto de peruanos de lo que había decidir hacer y el resto... El resto ya es historia.

Sin embargo, en medio de las horas aciagas lecciones quedan y una de ellas es el comportamiento de las instituciones, desde las civiles hasta las militares.

La actitud asumida por los titulares de los organismo autónomos y las entidades garantes y tutelares de la República ha sido ejemplar. Muy distinto a lo que se vivió en abril de 1992, con el autogolpe de Alberto Fujimori.

Será una eterna interrogante si los congresistas oficialistas y aliados de Castillo que votaron a favor de su vacancia lo hicieron por convicción democrática verdadera o porque sabían que dos peligros les acechaban: el juicio de la historia (que a muchos no les importa) y perder el poder que hoy ostentan desde el Legislativo.

Castillo tiene un largo camino aún por recorrer para ser sancionado por sus actos. Si antes del miércoles 7 estaba acorralado por denuncias de corrupción, hoy lo está también por investigaciones por atentar contra los poderes del Estado, rebelión y conspiración. En otros tiempo, la pena sería la máxima. En estos tiempos, 20 años de prisión son una posibilidad.

La historia ha reordenado las piezas y colocando en el lugar correcto a quienes antes hubieran apoyado el golpe, cómo las Fuerzas Armadas y Policiales, y esa es una señal clara de que al menos algo se avanzó en esta democracia imperfecta y con tanto por corregir.

Quizá lo sucedido sirva también para mirar con nueva óptica al Perú que muchos se resisten a reconocer, ese que es diverso, con heridas y brechas profundas, alejado, marginado, discriminado. Flaco favor le hace a la preservación de la democracia que discursos cargados de esos elementos sigan alimentándose en estos tiempos. Claro está, nada de ello justifica querer romper el orden constitucional y pretender gobernar solo, de espaldas a la ley.

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Directora / Fundadora.