Las inacabables tensiones entre el Ejecutivo y Legislativo nos confirman que la institucionalidad pública está quebrada o por lo menos en situación grave y que resta capacidad funcional y operativa a todo el Estado y en todos los ámbitos. El problema se nota más cuando se suman las tensiones y desencuentros entre gobiernos regionales y municipales.
El anuncio presidencial de que se estaba trabajando la “Agenda Lambayeque” generó expectativa en sectores de la población, pero todo terminó en la presentación de algunas iniciativas de sectores del Estado y algunas declaraciones públicas. Resumiendo: el sector público que trabaja en Lambayeque no tiene una base de unidad programática, de unidad de acción.
En este panorama los cambios que surgen de las elecciones municipales y regionales nos hacen abrigar las esperanzas de que pudiera iniciarse el proceso de reversión de las tendencias negativas e iniciar el lento proceso de salir del hoyo en que nos encontramos.
Una mirada a la sociedad civil, otro de los grandes actores de nuestra sociedad, nos hacen abrigar esperanzas de que tienen propuestas, que tienen las mejores intenciones y capacidades para convertirse en protagonistas de los cambios y esperan que el gobierno les abra las puertas en una especie de alianza estratégica.
No hay duda de que la sociedad civil regional tiene varias expresiones y que agendan diversos temas de interés público. Quizás los colectivos – entendidos como agrupaciones de varias organizaciones - más importantes son: ADOSCIL - siglas de la Asociación de Delegados de Organizaciones de la Sociedad Civil de Lambayeque, CONREDES – siglas del Consejo Regional de Decanos de Colegios Profesionales y la Sociedad Civil Provincial de Ferreñafe
A propósito de una movilización exigiendo la realización de una sesión descentralizada del Consejo de Ministros sugerimos “a los líderes de sociedad civil regional (Adoscil, Conredes, Fedeccal, Fedel, rondas campesinas, federaciones de pueblos jóvenes, colectivos, etc.) que, junto a las demandas de diálogo con el gobierno central o gobierno regional, debieran hacer un esfuerzo para articular sus propuestas y aprobar una agenda común que sirva de base para dialogar con el gobierno e incluso con los candidatos al gobierno regional de Lambayeque”. Esa sugerencia sigue en pie, sobre todo con la elección de nuevas autoridades regionales y municipales.
Las propuestas de políticas, programas, proyectos y actividades de sociedad civil están contenidas en los siguientes documentos:
En estos tiempos de gran incertidumbre se requiere que sociedad civil se anime a dar uno y hasta dos pasos adelante. El primer paso tiene que ser fortalecer su unidad como un componente importante del entramado social que necesita ponerse de acuerdo en lo que Lambayeque y sus territorios necesitan para este tiempó y concretar en estrategias y actividades la unidad de acción para lograrlas. Además, esta agenda validada, servirá de base para los procesos de diálogo, acuerdos y compromisos que deberán desarrollarse con los tres niveles de gobierno: municipalidades, gobiernos regionales y gobierno central.
Concluido el gobierno de la “Patria Nueva” (1919 – 1930) y derrocado Augusto B. Leguía por el golpe de estado encabezado en Arequipa por Luis M. Sánchez Cerro, se inicia un movimiento de persecución fascista en todo el Perú. Parte de la oligarquía peruana, los antiguos enemigos de Leguía y, entre ellos, muchos de los perseguidos miembros de los recientemente creados partidos políticos de masas (Partido Aprista Peruano y Partido Socialista) se unieron a dicha campaña. Sus ideas de corte nacionalista, propusieron en síntesis las siguientes medidas: la nacionalización de la enseñanza, la nacionalización del clero, la organización obrera, la extensión cultural, el deportivismo, la separación de la Iglesia y el Estado, la ley del divorcio, el periodismo independiente e insubvencionable, la socialización de la tierra y el imperio de la moral. En Chiclayo y el departamento de Lambayeque, las manifestaciones fascistas más notorias fueron la “Campaña anti – Weiss” (emprendida contra el educador alemán Karl Weiss por su nacionalidad, carácter y estilo de liderazgo) y la “Campaña contra la invasión asiática” sobre la cual desarrollaremos los párrafos siguientes.
Se consideró, según el bisemanario “Crítica” de Chiclayo, del 10 de octubre de 1930, a la inmigración asiática (china y japonesa) como “el cáncer amarillo”, considerándola un flagelo (principalmente chino) y fundamentando la campaña, además, como una medida preventiva contra el imperialismo japonés “que tiene acogotados a los más amplios sectores del comercio minorista”. El mismo medio refiere a un comunicado emitido por un chiclayano anónimo, pero firmado por el “Comité Purificador y Sanador del País”. El medio de prensa salvaguarda el nombre del autor, aunque manifiesta que “nos hubiera satisfecho muchísimo más si su autor, que nosotros conocemos, la hubiese firmado con su propio nombre en lugar de estampar la impersonal y ancha y vaga frase de Comité Purificador y Sanador del País”.
El texto de dicho comité, dirigido al presidente de la república, intenta justificar una persecución contra los ciudadanos asiáticos afincados en el Perú. El documento, es también una invocación a los peruanos a interiorizar y asumir como suya esta campaña, con el lema de “El Perú para los peruanos” y con un llamado e invocación general: “Hagamos de nuestro suelo un lugar de hombres fuertes. Peruanos, cooperar de esta manera a levantar nuestra querida patria, tantos años caída ¡A la obra!”.
Argumentos
Los principales argumentos, que transcribo guardando estrictamente su literalidad, son una muestra del nacionalismo exacerbado que las ideas políticas de aquel tiempo inspiraron en gran parte de la población:
El primer párrafo es un recordatorio de la antigüedad migratoria de los asiáticos en nuestro país. Sin embargo, obvia mencionar la indigna contrata que redujo a chinos y japoneses a una condición de semiesclavitud y el sufrimiento y esfuerzo diario de dichos ciudadanos por mejorar de manera creativa su calidad de vida. “Hace muchos años que nuestra querida patria se haya invadida por una numerosa colonia de chinos y japoneses. Hace mucho tiempo que dentro de nosotros se encuentra, con la venia de los regímenes anteriores, numerosos de estos individuos que llegan a nuestro terruño, pobres sin más miras que explotar a la clase menesterosa”.
Acusan a los ciudadanos asiáticos, a continuación, de corromper “a nuestras niñas”. No dicen de qué manera, no refieren un caso en particular. Para la elaboración del presente artículo, he revisado en medios de prensa de la época y no he podido encontrar información alguna que denuncie algún acto obsceno o denigrante de algún ciudadano asiático contra niñas de nuestra ciudad y departamento. Infiero que la siguiente versión guarda relación con el carácter y la exigencia en el trabajo que imprimían los comerciantes asiáticos en sus negocios. “La mayoría de los asiáticos corrompen a nuestras niñas, escudados en la muy noble carrera del comercio es que encuentran apoyo para cometer sus iniquidades quedando la mayoría de las veces impunes”.
El autor del comunicado acusa a los comerciantes asiáticos de malas prácticas y estafa; dichas acusaciones eran comunes de parte de comerciantes nacionales molestos por la prosperidad sostenida de los asiáticos a quienes consideraban como una competencia poco digna por su nacionalidad y la prosperidad “mágica” que no ligaban solo a su esfuerzo. “Como explotadores llegan al colmo, el peso con que venden por menor nunca es legal, la adulteración de los artículos de primera necesidad es en ellos cosa muy práctica”.
Impuestos y más
Critican y acusan a los comerciantes asiáticos de no pagar impuestos y tributos. En la búsqueda realizada no encontré ninguna norma que exceptúe a dichos ciudadanos del pago al erario nacional o a las instituciones locales. La evasión del pago de impuestos y tributos es una muy mala costumbre desde antiguo. En todo caso, los nacionales también incurrieron (e incurren) en dicha práctica ilegal. “Al erario nacional no le dejan nada mientras se encuentran en el país. Ellos están exceptos de todo, llegan al Perú en la más completa miseria y al poco tiempo regresan a su patria a fomentar negocios con el dinero que han conseguido de los bolsillos de la clase pobre”.
Refieren un hecho real, la existencia de fumaderos de opio y la práctica de la rifa china (chifatay). Esto ya había sido denunciado desde la primera década del siglo XX e inclusive fue motivo de una “Campaña moralizadora” emprendida por los medios de comunicación de la época, entre ellos los periódicos “El Departamento” y “El Republicano” de Chiclayo. Sobre el contrabando de alcaloides, es un hecho posible a pesar de la existencia en Chiclayo de un Estanco de Opio creado por el gobierno desde inicios del siglo XX. “Los grandes ingresos que han tenido en estos tiempos con el juego, dejando de hambre a muchísimos hogares, los innumerables contrabandos de alcaloides, los fumaderos, son los únicos beneficios que nos han reportado”.
El sistema de abaratamiento empleado por los comerciantes asiáticos es usado como una acusación convirtiéndolo en la razón de la quiebra de los empresarios nacionales y de la prosperidad de los negocios de orientales. “Son individuos maleantes en todo orden de cosas, siempre van contra el industrial nacional, con su sistema de abaratamiento, sin exactitud de peso, para engañar al público consiguen en muy poco tiempo el aumento enorme y desmedido en sus negocios”.
Migración y restricciones
El comunicado incluye una falsedad: “En ningún país que está en verdadero estado de civilización, permiten inmigrantes chinos ni japoneses”. En el artículo “Chinos fronterizos: Cotidianidad y conflictos de inmigrantes chinos en Tacna y Arica (1904-1929)” (Palma & Maubert, 2021) se aclara las diferencias entre las políticas migratorias de Perú y Chile con respecto a los inmigrantes asiáticos: “A diferencia de Perú, el gobierno chileno nunca decretó la prohibición legal de los inmigrantes asiáticos al país. Si bien el ejecutivo nunca tuvo una determinación de prohibirla, se intentó controlar mediante la implementación de medidas restrictivas. Por ejemplo, en 1914 el gobierno comenzó a exigir certificado de salud, al año siguiente estableció un precio de 10 libras por las solicitudes de visa en sus consulados en Asia, mientras que a otros inmigrantes ni siquiera se les solicitaba pasaporte. En 1921, a estos requisitos se agregó un depósito de US$185 dólares con el fin de proveer el posible regreso del portador a China. A ello se sumó la imposición de cuotas de inmigración, que para 1917 alcanzaba los 90 por año, aunque las protestas llevaron a que en los años siguientes esta cuota fuera en disminución. Pese a estas trabas, no existió una prohibición de su ingreso al país, a diferencia de lo que sucedía en Perú”. Entonces, hubo más trabas en Perú para la migración y condiciones de residencia para los ciudadanos asiáticos de las que hubo en Chile u otros países de América del Sur.
El “llamado” que se hace a la ciudadanía es oprobioso. “Se necesita que todos nosotros, los padres de familia, en bien de nuestra raza, de nuestros semejantes y de nuestra patria, imitemos el ejemplo de nuestros vecinos del sur y deparemos (depuremos) de esta raza al país”; la decantada idea de “depuración de raza” que plantea el comunicado es indigna de cualquier trato humano.
Considero que esta campaña muestra la percepción de un sector de la población con respecto de los ciudadanos asiáticos. Sin embargo, dicho sector no fue representativo de la opinión mayoritaria. Los ciudadanos chinos y japoneses han aportado crecimiento, creatividad y responsabilidad al carácter de nuestra cultura; además, se han integrado al proceso de mestizaje fundiendo sus valores con los nuestros y creando nuevas costumbres que hoy son nuestro motivo de orgullo y agradecimiento.
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(*) Historiador y docente.
La lucha denodada del candidato regional del partido Alianza Para el Progreso, Alex Rodríguez Alvarado, a la luz de los resultados, ha sido estéril y cruel para sus aspiraciones de alcanzar ser la autoridad de mayor rango en Lambayeque, todo ello, producto de una estrategia electoral mal planteada y del hartazgo ciudadano contra los partidos tradicionales y los políticos que los representan.
El corazón latió fuerte
El domingo 5 de diciembre, muy de noche, la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, hizo pública la noticia - alegre para unos y triste para otros – del escrutinio de los votos emitidos en la región Lambayeque casi al 100 % de mesas escrutadas, tal es así que, ya en ese momento, la derrota de Rodríguez era cierta y el triunfo de Jorge Pérez Flores, de Somos Perú, ya era una realidad absoluta y consumada.
A pesar del nivel de ausentismo de los votantes, por cierto, más alto que el de la primera vuelta, el candidato de Somos Perú ganó en las tres provincias de la región. En Chiclayo las actas contabilizadas dieron como resultado que Jorge Pérez obtuvo 219 mil 591 votos, mientras que por Alex Rodríguez votaron 184 mil 997 electores, mostrándose una clara ventaja a favor del candidato de Somos Perú de 34 mil 594 votos.
En Lambayeque
En la provincia de Lambayeque, la derrota del partido APP fue más plausible a pesar de ser uno de los bastiones de esta organización política. Los votos emitidos a favor del exalcalde provincial fueron de una u otra forma esclaresadores y devastadores, por decir lo menos, en ese sentido, los resultados estuvieron del lado del candidato del corazón, quien consiguió 78 mil 490 votos, mientras que APP registró 68 mil 134, siendo la diferencia entre sí de 10 mil 356 de electores que se inclinaron a favor de la candidatura de Pérez Flores.
En la provincia de Ferreñafe
En el ámbito provincial de Ferreñafe, la derrota de Alex Rodríguez fue contundente y, por qué no decirlo aplastante. Jorge Pérez obtuvo 31 mil 243 votos, mientras que el candidato de APP consiguió tan solo 14 mil 538 votos, lo que confirma la supremacía y el arraigo del candidato de Somos Perú en esta parte de la región, logrando una votación a su favor de más del 50 % de los electores equivalente a 16 mil 705 votos emitidos, consumándose de esta manera un fuerte revés tanto en esta provincia como en Lambayeque, donde los alcaldes elegidos en los comicios anteriores integran el partido fundado por César Acuña Peralta.
El ausentismo
En la región Lambayeque debieron acudir a votar – según la ONPE – 989 mil 398 electores hábiles, de los cuales 682 mil 652 fueron a las urnas, lo que representa el 68.997 %, eso significa que un 31 % dejó de emitir su voto, porcentaje superior en un 5 % al de los comicios electorales del 2 de octubre, en el cual se eligieron alcaldes provinciales y distritales, como así también se votó por varios candidatos a la gobernación regional, quienes no alcanzaron superar la valla del 30 % de votos, que hubieran permitido elegir en primera vuelta al gobernador que lidere la gestión en el ámbito regional.
Como votó el elector
De los 682 mil 652 mil electores que acudieron a las urnas en toda la región, 329 mil 324 votaron a favor del candidato del partido Somos Perú, 267 mil 659 lo hicieron por Alex Rodríguez, haciendo un total de votos válidamente emitidos de 596 mil 993. Asimismo, como era de esperarse, 76 mil 841 electores viciaron su voto y ocho mil 818 lo anularon, lo que hace un total 85 mil 659 votos no válidos para el conteo, pero sí necesarios para completar proporcionalmente los resultados porcentuales obtenidos por cada uno de los candidatos.
Reflexión final
Los matices de los eventos eleccionarios prevalentes en todo proceso de esta índole, no dejan de estar presentes, en muchos casos marcando una tendencia, y en otros creando una confianza y un ánimo desmedido de triunfo que al final del acto electoral y los resultados finales, a muchos entristecen y a otros los alegra, sobre todo cuando uno de ellos mira al contendor verticalmente de arriba hacia abajo y, si lo está viendo de esta manera, no advierte que viene al galope y que lo puede sobrepasar, como así ha sucedido el domingo último, donde la debacle ha sido más fuerte que el triunfo, por eso apelo a un dicho popular de antaño, “camarón que se duerme, amanece en el chifa”.
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(*) Especialista en Contrataciones del Estado.
Qué duda cabe que la corrupción se ha convertido en un mal endémico que carcome progresivamente los cimientos de la sociedad, ante un Estado que se muestra débil y cuasi derrotado ante esta problemática. Según el informe de la Corrupción de la Contraloría General de la República, el Perú ha perdido más de 24 mil millones de soles el 2021, lo que evidencia que este mal está enraizado en los diferentes órganos de gobierno, y que las medidas que se dictan para enfrentarlo solo quedan en buenas intenciones, en palabrería barata, generando una desconfianza total en las instituciones. Pero la cosa parece ir de mal en peor, pues 13 de los 16 gobernadores que ganaron en primera vuelta en las recientes elecciones municipales y regionales, registran investigaciones en la Fiscalía por delitos de corrupción de funcionarios, y otros tienen procesos judiciales en marcha. La corrupción, al parecer, seguirá imparable.
La corrupción en el país es un mal endémico que corroe los cimientos de nuestra sociedad, la cual se muestra frágil e impotente de ver cómo gente inescrupulosa e infame (desde presidentes de la República, hasta congresistas, ministros, funcionarios de alto rango, alcaldes y gobernadores regionales) se enriquece ilícitamente con los recursos públicos. Cada día, cada semana, asistimos a un deplorable hecho de putrefacción que involucra a autoridades de los distintos niveles de gobierno, que manchan su honor y su dignidad por un puñado de dinero que seguramente engrosará sus cuentas, pero que tira por los suelos el buen nombre y trayectoria profesional que se forjó a lo largo de los años. En el último año, la corrupción ha crecido de forma preocupante, evidenciando que esta lacra está enraizada en las bases más profundas del Estado. Según el informe de la Corrupción presentado por la Contraloría General de la República (CGR), el Perú ha perdido más de 24 mil millones de soles el 2021. Según el contralor Nelson Shack, con ese presupuesto se podría ejecutar dos nuevas carreteras centrales. Pero además se podrían construir hospitales de alta complejidad para superar la precariedad existente en el sector Salud. También colegios con mejor infraestructura y mobiliario, no solo en las capitales, sino en la parte rural del territorio; asfaltar las carreteras al interior del país para promover más conectividad e integración. Imagínense cómo sería nuestro proceso de desarrollo si este dinero no fuera a parar a los bolsillos de gente despreciable.
Gobiernos subnacionales
De las tres instancias de gobierno, el perjuicio estimado a nivel del Gobierno Nacional es de S/ 11 057 470 804, a nivel de los Gobiernos Regionales de S/ 8 842 666 434, y a nivel de los Gobiernos Locales de S/ 4 362 827 589. En tanto que el ranking de Perjuicio Económico Estimado, en todos los niveles de gobierno, lo encabezan 10 departamentos: Piura (S/ 1 129 582 850), Arequipa (S/ 1 126 096 677), La Libertad (S/ 1 105 865 069), Puno (S/ 1 032 932 175), Loreto (S/ 890 957 170), Áncash (S/ 776 732 753), Cajamarca (S/ 747 857 065), Cusco (S/ 737 186 700), Junín (S/ 696 000 091) y el Callao (S/ 614 817 044). Este panorama no hace más que ratificar que la corrupción sigue enquistada, cual telaraña, en los gobiernos subnacionales, desde donde las autoridades elegidas por el voto popular -alcaldes y gobernadores regionales- y sus funcionarios de confianza, se dan maña para montar aparatos bien estructurados desde dentro de las instituciones, para tratar de no dejar huella de sus ilícitos y así apoderarse de los recursos del Estado. Como anota el contralor, “nunca se conocerá el perjuicio económico exacto que ocasiona la corrupción, porque es un acto clandestino, ultra secreto, donde el corruptor y el corrompido buscan ocultar todo tipo de prueba que los delate”. A ello se puede agregar que así como no hay crimen perfecto, tampoco hay corrupción perfecta, y siempre quedarán rastros e indicios que permitirán encontrar el hilo conductor de tan inefable acto.
Total desconfianza
Qué duda cabe que la corrupción es el principal problema público y estructural que tiene nuestra sociedad, el cual afecta directamente la legitimidad de las instituciones. Además, ocasiona una desconfianza generalizada, principalmente en los partidos y dirigentes políticos, y en las entidades del aparato estatal (ministerios, municipalidades, gobiernos regionales). De acuerdo con el INEI, en el periodo octubre 2019 – marzo 2020, este flagelo generó en la ciudadanía un fuerte escepticismo en cuanto al accionar de entidades claves que conforman el sistema judicial y se mantuvo como el principal problema del país con un 60.6%. Por ejemplo, un 73.1% señaló no confiar en el Ministerio Público, un 82.3% desconfía del Poder Judicial, un 72.1% dijo no confiar en la Procuraduría Anticorrupción y un 66.6% no confía en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. El problema es grave, porque si no hay seguridad en nuestro sistema de justicia y no hay una determinación desde los altos niveles de Gobierno para luchar frontal y directamente contra esta perversión, la situación empeorará cada día en detrimento de la sociedad, en especial de las futuras generaciones de peruanos. La corrupción es ya un problema transversal y no se restringe únicamente a las altas autoridades ni al Gobierno Central, se trata de un problema crónico que obstaculiza el desarrollo y perjudica de manera directa la calidad de vida de la población. De acuerdo al Barómetro de las Américas de Latin American Public Opinion Project (https://idehpucp.pucp.edu.pe), el Perú fue el país más preocupado por el tema de la corrupción a nivel regional, un 36% de la población lo señala como el principal dilema por encima de otros como la economía, la seguridad ciudadana, la inestabilidad política y otros.
Estado de alerta
El reciente proceso electoral municipal y regional que culminó el 04 de diciembre, ha puesto en tela de juicio la honestidad y la integridad de los 25 nuevos gobernadores que asumirán funciones el 02 de enero de 2023. Según información de OjoPúblico, trece de los 16 gobernadores que ganaron en primera vuelta registran investigaciones en la Fiscalía por delitos de corrupción de funcionarios, y otros tienen procesos judiciales en marcha que si les son adversos (sentenciados) tendrían que dejar el cargo. Los doce partidos nacionales que participaron en estos comicios llevaron en sus listas a candidatos con investigaciones fiscales por casos de corrupción, y los grandes responsables de estas acciones deplorables son estas organizaciones, que siguen sumidas en una profunda crisis de valores y de credibilidad. Pero esta responsabilidad también es de la ciudadanía que con su voto finalmente elige a sus gobernantes. Para graficar que la corrupción ha llegado a niveles alarmantes en los gobiernos regionales, varios gobernadores han sido detenidos este año por liderar organizaciones criminales y usar sus cargos para cometer delitos en contra del Estado. De los 25 gobernadores elegidos el 2018, ocho no han terminado sus gestiones por estar involucrados en diversos procesos: Vladimir Cerrón (Junín) y Walter Aduviri (Puno) fueron suspendidos en sus cargos por sentencias condenatorias; mientras que Juan Alvarado Cornelio (Huánuco) y Wilmer Dios Benites (Tumbes) se encuentran prófugos de la justicia. Además, con mandato de prisión preventiva están Juan Morillo Ulloa (Áncash), Elmer Cáceres Llica (Arequipa), Clever Mercado Mendoza (Junín), Luis Hidalgo Okimura (Madre de Dios), Agustín Luque Chayña (Puno) y Francisco Pezo Torres (Ucayali). Anselmo Lozano (Lambayeque) cumplió arresto domiciliario por varios meses, pero salió en libertad al vencerse el plazo de dicha detención.
Fiscalización
Los hechos de corrupción se han vuelto una constante en el Estado y no hay quien ponga coto a tanta putrefacción, porque cada vez asistimos a un nuevo escándalo público que ya pareciera normalizarse. Ni durante la emergencia sanitaria por la covid-19 los sobornos se detuvieron, malos funcionarios se aprovecharon de las circunstancias y del dolor ajeno para enriquecerse ilícitamente. Según la Contraloría, los actos de corrupcioÌn se duplicaron en la mayoriÌa de gobiernos regionales. Esto debido a que el Ejecutivo autorizoÌ las contrataciones directas para agilizar la ejecucioÌn de obras puÌblicas o las adquisiciones de bienes y servicios necesarios para responder al avance de la enfermedad. Empero, la situacioÌn fue aprovechada por las autoridades y su entorno más cercano para beneficiarse ilegalmente de los recursos públicos. La corrupción genera un impacto negativo en la consolidación de la democracia y de la gobernabilidad, es una práctica nociva que es percibida lamentablemente como una anomalía cotidiana. En enero próximo empezarán funciones nuevas administraciones municipales y regionales, las cuales tienen que ser totalmente diáfanas; las nuevas autoridades tienen que mostrar apertura a los entes de fiscalización, porque solo así su gobierno se transparentará y evitará que los tentáculos de la corrupción los atrapen a medio camino. Es indispensable que se rodeen de funcionarios honestos y decentes, que coadyuven a mejorar y a fortalecer la institución municipal o regional. Ellos tienen que defender su honor y dignidad por siempre, que su nombre no se ensucie con dinero mal habido, y no terminen presos como tantos alcaldes y gobernadores por enriquecerse ilegalmente con los recursos del Estado.
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(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación y primer vicedecano del Colegio de Periodistas de La Libertad.
