Lo que había anticipado hace semanas el ministro de Educación, Rosendo Serna Román, se ha consumado. En el último Consejo de Ministros, el Ejecutivo aprobó el 100 % de aforo en las escuelas del país y la eliminación del metro de distancia entre los estudiantes. Ya en enero el portafolio había decidido emitir una actualización de su norma técnica reduciendo el distanciamiento en 50 centímetros.
Así, tan pronto se emita el nuevo protocolo considerando la aún existente emergencia sanitaria por el Covid-19, las escuelas públicas y privadas estarán autorizadas para recibir al 100 % de alumnos, aunque se han establecido dos condiciones: el 100 % de maestros deben estar vacunados con la tercera dosis y el 80 % de los niños y adolescentes con las dos dosis.
Respecto a los maestros, el problema no es mayor, pues más del 98 % ya han sido inmunizados, lo que evidencia – además – el compromiso de los docentes con el retorno a la presencialidad.
Lo que sí constituye un asunto pendiente es el avance de la vacunación en menores de 18 años y la situación de la infraestructura educativa, siendo esto último lo que el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú – SUTEP, ha observado desde hace más de año y medio.
Y es que, como denuncia la organización magisterial, el Estado no ha logrado revertir la brecha de infraestructura educativa en el país. Por el contrario, esta ha crecido.
Según reportes del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, antes de la pandemia la brecha ascendía a 100 mil millones de soles, más del triple del presupuesto total asignado al sector, que incluye sueldos y pensiones.
Dos años después, la brecha suma 110 millones de soles. Es decir, creció.
Esta situación resulta contradictoria si se tiene en cuenta que el reporte es de inicios de este año y el gobierno de Pedro Castillo Terrones se instaló en julio del año pasado, tiempo suficiente para que se hayan asignado recursos extraordinarios para atender las carencias en las escuelas.
Respaldado en las cifras del propio ministerio, el SUTEP denunció esta semana que el 60 % de escuelas públicas no tienen servicios básicos, principalmente agua y desagüe, fundamentales en tiempos de emergencia, y que más del 79 % de colegios carecen de acceso a internet. En mobiliario y equipamiento tecnológico los porcentajes son iguales.
Lo lamentable es que desde julio del 2020 el sindicato ya había levantado su voz sobre estas cifras y exigía al Estado que atienda la brecha de cara al retorno a las clases presenciales, que finalmente se concretó en marzo de este año. Nada se hizo.
Hay otros aspectos que son relevantes: consecuencia de la pandemia y la crisis económicas, más de 300 mil escolares pasaron de los colegios privados a los públicos, con lo cual la población estudiantil ha crecido. Como bien pregunta el SUTEP, ¿si las escuelas antes de la pandemia ya estaban saturadas, cómo será ahora con más alumnos y el aforo al 100 %?
Otro punto gravitante es la famosa declaratoria de la emergencia educativa. En agosto pasado el entonces ministro de Educación, Juan Cadillo León, emitió el Decreto Supremo 014-2021, con el cual se estableció seis objetivos sobre el sector urgentes de atender. Uno de ellos estaba referido a la infraestructura y el equipamiento. Ninguno se ha cumplido.
No es un secreto el enfrentamiento por la representación sindical entre el SUTEP, próximo a cumplir 50 años de vigencia, y el grupo liderado por el propio Pedro Castillo. Sin embargo, es justo reconocer que el viejo sindicato logró en diciembre del 2020 la modificatoria del artículo 16 de la Constitución, estableciéndose que el Estado debe invertir no menos del 6 % del PBI en educación, poniendo una cifra promedio en relación a lo que se invierte en Sudamérica. Ese incremento debió reflejarse en el presupuesto de este año.
Empero, lejos de atender este mandato constitucional y enfocarse en el sector que dice representar, el presidente Castillo propuso al Congreso, en el proyecto del Presupuesto General de la República para el 2022, solo el 4 % del PBI para educación.
Denuncian los maestros que con el 6 % se aseguraría una reducción acelerada de la brecha educativa, pues – como también ha reconocido el Ministerio de Educación – con la inversión actual la brecha desaparecería recién en 25 años. ¿Y mientras tanto, qué?
