Representante de trabajadores despedidos demanda al Ministerio Público y al Poder Judicial esclarezcan muerte de más de pucaleños.

En un polvorín podría convertirse en las próximas horas las calles adyacentes a la Agroindustrial Pucalá, tras la emisión y notificación de la Resolución N° 465, expedida el 13 de octubre por el titular del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, Edwin  Eduardo Siaden Díaz, con la que estaría dando trámite al cambio de administración   judicial.

En la terna para asumir la responsabilidad de la empresa se encuentran personas propuestas por Agustín Montalvo Reyes, Anaximandro Bustamante Rodríguez y Edmundo Laureano Gálvez Rodríguez, a quienes el magistrado viene exigiendo que en un plazo de tres días y bajo apercibimiento presenten el curriculum vitae documentado actualizado al año 2016, en copia certificada por notario público, de las personas que han propuesto para hacerse de la responsabilidad de la administración judicial de la azucarera.

De igual manera, el juez Siadén Díaz ha dispuesto que cada una de las ternas propuestas, y que reemplazaría al actual administrador judicial Luis Alberto Dávila Dávila, deberá presentar su plan de trabajo conteniendo plazos y objetivos fijados de la acción que tienen planeada desarrollar.

La mencionada resolución, la cual está contenida en el expediente judicial N° 01711-2004-0-1706-JR-CI-03, y fue puesta en conocimiento público por el representante de los trabajadores despedidos de la empresa, Elías Zapata Cienfuegos, la mañana del miércoles último durante una conferencia de prensa, hace conocer que el 24 de agosto último la persona de Edmundo Laureano Gálvez Rodríguez solicitó a la sala se resuelva la subrogación a la petición que había hecho a su propuesta, en la que solicita se designe como administradores judiciales a Miguel Ángel Vásquez García y a Nicandro Cisneros Pinzón.

De igual manera, la persona de Anaximandro Bustamante Rodríguez pide la subrogación del administrador judicial Luis Alberto Dávila Dávila y propone a Guillermo Ruiz Farfán, a quien lo identifican con DNI N° 164917.

Asimismo, la persona de Agustín Montalvo Reyes, representante de una facción de la masa trabajadora de Pucalá, propone como administrador judicial a Jorge Chafloque Gástulo.

FISCALIZACIÓN

En la misma resolución el magistrado Edwin Siadén requiere al actual administrador judicial de Pucalá, Luis Alberto Dávila Dávila, que en el plazo de tres días, y bajo responsabilidad, remita copia certificada por Registros Públicos de la partida de inscripción de la designación del gerente general Max Ayora Inoñán y del gerente de Recursos Humanos de AgroPucalá, Alexander Timaná Izaga.

Además, se le exige remita copia certificada del informe del administrador judicial Luis Dávila Dávila, con el cual remite al juzgado las partidas registrales de las personas antes mencionadas.

De igual manera, se le requiere informe si la empresa agroindustrial Pucalá S.A.A se encuentra actualmente sometida a procedimiento concursal ante Indecopi, y en caso ser positiva la respuesta, se le exige adjuntar copias certificadas de lo requerido.

También deberá remitir el Estatuto y Reglamento de la empresa Agroindustrial Pucalá S.A.A, actualizado. Asimismo, el padrón de accionistas presentado a la fecha y elaborado por la Comisión de litisconsortes a cargo del proceso de depuración y actualización del padrón de accionistas de la empresa Agroindustrial Pucalá S.A.A, ha elevado la información procesada y validada, así como el libro de matrícula de acciones, en el estado en que se encuentre.

Finalmente, oficiar a Indecopi a fin de que emita informe documentado al despacho judicial si existe un procedimiento concursal respecto de la empresa AgroPúcalá, de ser así debe especificar desde cuándo se ha iniciado y en qué estado se encuentra en la actualidad.

AL PODER JUDICIAL

De igual manera, Elías Zapata, durante la conferencia de prensa, hizo conocer que a la fecha en Pucalá se vive en pánico y zozobra, y que la lucha por recuperar el ingenio azucarero a favor de los trabajadores ha significado la muerte de 25 personas, cuyos asesinatos aún están sin resolverse.

“Los hechos son conocidos por todos los trabajadores y habitantes de Pucalá, pero es el caso que a pesar que las funestas acciones fueron puestas en conocimiento de la Policía, Ministerio Público y Poder Judicial, en su debido momento, hasta la fecha no existe una sola persona recluida en un penal por alguna muerte”, señaló Elías Zapata, quien agrega que en los próximos días estarán realizando una movilización para exigir justicia para aquellas personas que fueron asesinadas y que no pueden descansar en paz porque sus asesinos se pasean libremente.     

Asimismo, hizo conocer que la reunión del miércoles no solamente fue para informar sobre las acciones que se vendrían en los próximos días en la empresa Pucalá ante el posible cambio de la administración judicial, sino para realizar una vigilia en memoria de las personas que han perdido la vida defendiendo los intereses de los pucaleños, entre ellos la del ex administrador de la empresa Pucalá, Sergio Yancul Zapata, asesinado la noche del 3 de noviembre del año 2005, en el pueblo joven Villa Hermosa, en el distrito de José Leonardo Ortiz, cuando recogía a su esposa.

“Desde la gestión de Jaime Mur, en el año de 1999, a la fecha, van un total de 25 personas asesinadas. Uno de ellos es nuestro administrador Sergio Yancúl Zapata, cuyo crimen hasta la fecha no ha sido resuelto, a pesar que se sabe quiénes serían los asesinos”, señaló.

Indica también que entre las víctimas se encuentran Gastón Vallejos Castillo, Segundo Burgos Fernández, Juan Linares Saldaña, Alex Minaya Delgado, así como la secretaria judicial Doris Salazar Ruiz.

Por otro lado, agrega que durante los años de conflicto que se vive en la empresa azucarera, ha llevado a que se pierdan un total de cuatro mil 135 hectáreas de terrenos de cultivo en la zona de Tablazos, Huaca Blanca, Batangrande y en la zona de Tabernas.

“Todas las deudas que Pucalá tiene con sus acreedores son infladas. Las deudas que se tienen son de carácter administrativo, pero una vez que se cambie la administración judicial, vamos a practicar auditorias reales y vamos a cumplir con pagar pero con lo que legalmente se debe”, detalló Elías Zapata.