Solo en la primera mitad del año, INDECOPI ha recibido un total de 12 mil 582 quejas por el concepto de llamadas no deseadas. Hablamos de compatriotas que transformaron su ira en el coraje necesario para interponer una queja. El trámite consistió en comunicarse con un número de Whatsapp al cual, irónicamente, no entra ninguna llamada.

Los demás, muchísimo más que doce mil, apenas hemos optado por soluciones momentáneas, prácticamente placebos. Colgamos decididamente para retomar las actividades interrumpidas; solicitamos con valiente cortesía que nos retiren de la base de datos; bloqueamos cada nuevo intento convencidos del poder de la persuasión. Pero vuelve a ocurrir. Los más avezados llaman hasta a los cinco minutos.

Según INDECOPI, durante los últimos cuatro años se han iniciado 42 procesos para sancionar a un promedio de 30 empresas. Lideran el infame ranking los operadores de telefonía y los bancos. Podríamos decir nombres pero la verdad es que están casi todos. Las sanciones alcanzan un monto de 1,104 UIT. Si juntamos lo que estas empresas deben al Estado por impuestos, la verdad es que el castigo más parece una inversión a largo plazo.

El ringtone suena y podría ser el trabajo que andamos buscando. Quizá la cita médica o el resultado de la misma. Da igual: cada llamada desconocida activa la angustia de lo que podría ser, pero termina siendo más de lo mismo. En toda la región somos el segundo país que reporta mayor cantidad de llamadas no deseadas.

Muchas veces las escuchamos por empatía. Nos identificamos con quien trabaja en duras condiciones, pues sabemos bien de qué se trata. Quién sabe si las empresas conozcan esta debilidad. Quién sabe si esa solidaridad sea el primer paso para aceptar una oferta que no necesitamos. Si fuera verdad, digamos, que una de cien llamadas termina cediendo, el negocio parece rentable. Los call center proliferan por todo el país sin ningún tipo de fiscalización laboral, amparándose en la necesidad de trabajar mayoritariamente juvenil.

Hay aplicativos para quejarnos, pero plantear una queja implicará invertir el tiempo que precisamente no queremos que estas llamadas nos quiten. Existe también el registro ciudadano “Gracias…no insista”, pero si no llaman para contarnos que aprobamos una evaluación crediticia que nunca solicitamos, entonces nos recordarán cobros que ya hicimos. De tanta insistencia, hasta identificamos los números sospechosos. Que si empieza con 909, 906, 919. Las posibilidades son tantas que ya no distinguimos ni a quien realmente quiere hablarnos.

Por teléfono, no

En su breve dimensión, el smartphone ha sido capaz de absorber todo lo que hacemos: el trabajo, la educación, la diversión, la socialización. ¿Será acaso que la posibilidad de hablar será su nueva conquista? Parece una exageraciónm pero ¿ha notado usted cómo para muchas personas responder una llamada telefónica puede ser intimidante? No hablamos de contestarle a los call center. El solo hecho de tener que afrontar una conversación parece haberse convertido en un compromiso que nadie quiere asumir.

Los emoticones de pronto adquirieron una carga semántica mucho más intensa que nuestras propias palabras. Es más tolerable un audio larguísimo que un intercambio telefónico. ¿Será acaso una metáfora de cómo hablar solo vale más que interactuar con otros? Usted podrá decir que qué exageraciones son estas, que existen las videollamadas para hablar mejor que antes, porque el telefonito es una necesidad, llamada tras llamada y bla, bla, bla. Y seguramente tiene razón. Es solo que muchas veces comprobamos tener saldo para llamadas ilimitadas y muy poco que decir con nuestra propia voz.

Tiempos hubo donde tener teléfono en casa era de verdad un lujo. Por toda la ciudad proliferaron inolvidables bloques donde la gente podía hacer colas larguísimas para por fin decir eso que necesitaban decir. Les llamaban teléfonos públicos y funcionaban con fichas llamadas rines, que luego fueron reemplazadas por monedas de 20 céntimos que alcanzaban para 20 segundos. Era tan democrático que hasta existían las llamadas Collect. Las pagaba, feliz de la vida, la persona que las recibía. Más adelante, algunos emprendedores empezaron a alquilar llamadas en plena calle. Tenían equipos de todos los tamaños y operadores. Los inteligentes eran ellos y no sus celulares. Unos probaron el negocio en casa. Les llamaban locutorios. Todo eso lo hemos visto. Te lo juro que era  bueno. De repente, era mejor.

Existió un tiempo donde podíamos reconocer las voces como si estuviéramos en el vientre de mamá. Con el auricular del teléfono podíamos expresar la pura emoción de comunicarnos. ¿Podrá acaso la digitalización arrebatarnos también esa capacidad tan humana? ¿Llegaremos a ser testigos de una época en la que de verdad nadie habla y solo broten de nosotros emoticones? ¿Serán estos emoticones la nostalgia de un futuro absolutamente inimaginable?

Pienso en ello mientras proyecto un final para esta columna. El teléfono suena. Es el 909004559. Una vez más el banco de Siempre exigiendo hablar con el titular de la línea para contarme que me he ganado el crédito MeLLevoTuPlatita. Que cuáles serían las razones por las cuales no me interesa. Cuelgo. Abro institivamente las redes. Tengo dos notificaciones. Olvido lo que quería decir.

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(*) Sociólogo y docente universitario.

El domingo 5 de junio, el programa Punto Final, del canal de Latina Televisión, propaló una investigación liderada por el periodista Christopher Acosta – ampliada el último domingo - en la cual se muestra el modus operandi de un joven cibernético aplicado, quien utilizando su expertis invasivo ha logrado penetrar en las entrañas del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, estructurado por el OSCE, para desarrollar un sistema llamado “Club del Tarot”, donde al parecer, con suma comodidad,  ha podido hackear el sistema tecnológico, logrando fácilmente remover su estructura cibernética y, con total libertad, favorecer a determinados contratistas a cambio de ingentes cantidades de dinero a su favor.

¿Qué es el OSCE y de qué se ocupa?

Según la Ley de Contrataciones del Estado, el OSCE es el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, como lo indica su denominación y el artículo 52 de dicho cuerpo normativo, se encarga de velar y promover que las entidades realicen contrataciones eficientes, bajo los parámetros de la Ley, su Reglamento y normas complementarias, la maximización del valor de los fondos públicos y la gestión por resultados (lo expresa dicho artículo).

Asimismo, el referido articulado refiere como una capacidad supervisora, el efectuar acciones de supervisión de oficio, de forma aleatoria y/o selectiva, y a pedido de parte de los procesos que se realicen al amparo de la Ley y su Reglamento. Así también la legislación vigente le otorga a este ente supervisor la prerrogativa de suspender procedimientos de selección en los que durante el procesamiento de la acción de supervisión se identifique la necesidad de ejercer acciones coercitivas para impedir que la entidad continúe con el procedimiento.

Refiere también la Ley en la parte pertinente del artículo prescrito, que el OSCE tiene la obligación de poner en conocimiento de la Contraloría General de la República de manera fundamentada las trasgresiones observadas en el ejercicio de sus funciones cuando existan indicios razonables de perjuicio económico al Estado o de comisión de delito o de comisión de infracciones graves o muy graves de acuerdo al marco legal vigente e inherente.

Otras funciones del OSCE

La norma con rango de Ley, también prevé que este organismo supervisor debería implementar actividades y mecanismos de desarrollo de capacidades y competencias de gestión de las contrataciones del Estado, así como de difusión en materia de contrataciones estatales. De igual forma, el artículo precitado le otorga la capacidad de emitir directivas, documentos estandarizados y documentos de orientación en materia de su competencia, así también, como una función relevante y obligatoria, le otorga la facultad de “Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE)”.

En iguales condiciones, absolver consultas sobre el sentido y alcance de la normativa de contrataciones del Estado, formuladas por las Entidades, así como por el sector privado y la sociedad civil, concluyendo con la obligación de supervisar lo demás que le asigne la normativa.

¿Para qué se utiliza y cómo opera el sistema del SEACE?

En primer orden se debe precisar que la legislación respecto a las contrataciones del Estado obliga a todas las entidades estatales a publicar en el SEACE todos los actos procedimentales de un proceso de selección en todas sus etapas, en este sentido desde antes del año 2019, el OSCE ya había dispuesto que las ofertas que los postores presenten para su participación en cada uno de los procesos que convoquen las diversas entidades públicas a nivel nacional, sean realizadas electrónicamente en la fecha prevista y hasta las 12.00 del día fijado, utilizando para tal fin la plataforma electrónica diseñada como parte del SEACE para este fin.

La nota periodística de ese aciago domingo, muestra cómo con gran argucia tecnológica y una facilidad extremadamente proactiva, el joven operador y la vez delator de sus fechorías, ha logrado incorporar al SEACE su delincuencial formato llamado “Club del Tarot”, para lo cual, luego de visualizar las ofertas económicas de los participantes que fueron ingresadas al débil e insolvente sistema electrónico del SEACE en horas previas al cierre de este procedimiento, introducir minutos antes del bloqueo del sistema, la oferta con un menor precio comparativamente con los demás y, de esta manera sistemática, lograr que el participante que había solicitado sus servicios del joven invasor, hoy confesor de sus tropelías, obtuviera la buena pro sin que el sistema lo advirtiera.

Lo que no se dice y no se está viendo

Evidenciado el acto criminal, debemos concentrar nuestra mirada sobre un segundo procedimiento electrónico determinante que maneja el SEACE, en este caso, el “sorteo electrónico”, el cual es realizado cuando dos o más ofertas económicas de los postores son de igual monto, esto con la finalidad de determinar el orden de prelación que permita establecer qué oferta tendría que ser evaluada y calificada en primer orden por los diferentes comités de selección, cuyos resultados mayormente favorecen al postor que, habiendo ocupado el primer lugar sin cumplir con los requisitos establecidos en las bases de cada proceso, en la mayoría de los casos resulta favorecido con la buena pro y por ende contratado para cumplir con el objeto materia de la contratación.

Como quiera que este segundo procedimiento electrónico, actualmente viene siendo cuestionado por evidencias fuertes de una posible manipulación, supuestamente operado, bien por los integrantes de los comités de selección u otros agentes operadores, que con suma facilidad ingresan al hoy vulnerable sistema del SEACE, se hace necesario e imperativo que los entes competentes pongan los ojos en este procedimiento (“sorteo electrónico”), por cuanto a la luz de las evidencias, este estaría siendo igualmente invadido en su estructura cibernética, convirtiéndose en parte de un tinglado utilizado para recurrentemente direccionar los procesos de selección  y engrandecer las corruptelas que día a día se acrecienta en el país.

Los sistemas electrónicos que no ofrecen garantías

A pesar que el presidente ejecutivo interino del OSCE, Diego Montes Barrantes, haya manifestado ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República que, de acuerdo a la Oficina de Tecnologías de la información de su institución, no se han advertido ataques informáticos a la plataforma del SEACE, incluso dejando en claro que en cuanto al factor humano, se ha contratado una auditoría informática forense externa e independiente para determinar responsabilidades, esta aseveración a todas luces dudosa pone en el tapete la imperiosa necesidad que sistema del sorteo electrónico también debiera ser auditado.

Más aún al estar comprobada la fragilidad del SEACE para que agentes externos ingresen y puedan operar no solo el sistema ya invadido, sino el que concierne a este procedimiento, tal es así que ha manifestado ante dicha comisión, que se han tomado medidas correctivas, como por ejemplo la eliminación del registro del monto de oferta por parte del proveedor en el SEACE, eliminando el riesgo de poder acceder a este dato – lo dice el ejecutivo – durante la etapa de presentación de ofertas.

En este contexto Montes Barrantes estaría asumiendo que el sistema SEACE siendo desde ya incipiente y precario, no garantiza los actos procedimentales electrónicos como así se ha comprobado en una primera parte.

En este sentido, es necesario colocar la mirada en dicho procedimiento y actuar de la manera que el presidente interino lo ha expresado, es decir, realizar una auditoría al sistema tecnológico del SEACE donde se incluya el procedimiento del “sorteo electrónico” que, siendo determinante para consumar una adjudicación, no se puede soslayar una posible invasión y manipulación cibernética que a la luz de los hechos podrían estar llevándose a cabo impunemente con las consecuencias que esto implica, sin que el OSCE a través de su plataforma del SEACE lo advierta como en el caso delincuencial anterior ya confirmado. ¡La advertencia está planteada!             

(*) Consultor en Contrataciones del Estado.