El proceso de selección para el mejoramiento del centro de salud del distrito de Íllimo, valorizado en 43 millones de soles, fue llevado a cabo con serias irregularidades y la participación de personajes cuestionados, en este caso el representante legal de la empresa San Carlos Contratistas Generales SRL, Javier Armando Silva Delgado, quien se encuentra como supuesto cómplice en la investigación que realiza el Primer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Sullana y que involucra al alcalde de dicha ciudad piurana, Edwar Saldaña Sánchez, y otros nueve personajes, por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible.
Por si fuera poco, de acuerdo al acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro del proceso de selección llevado a cabo el 27 de octubre de 2022, se evidencia la participación activa en todos los actos procedimentales del miembro del comité Luis Frano López Orozco.
Según el comunicado de la Oficina de Imagen Institucional del Ministerio Público, en adelanto de fallo, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Lambayeque, consiguió que el exburgomaestre de Pomalca, Ever Altamirano Romero, fuera sentenciado con cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva, como autor del delito de colusión en agravio de la comuna.
La misma pena fue impuesta a otros funcionarios y a los integrantes del comité de selección que direccionaron un proceso para la ejecución de una obra en Pomalca, entre ellos Luis Frano López Orozco, a quien la justicia lo sentenció con la misma medida coercitiva y lo inhabilitó imponiéndole incluso 242 días multa, conminándolo a pagar una reparación civil solidaria ascendiente a 300 mil soles producto de la comisión de los delitos cometidos.
La inobservancia del dictamen del OSCE
Como ya diéramos cuenta en la edición anterior, Expresión tuvo acceso al Informe de Acción de Supervisión de Oficio N° D001828-2022-OSCE-SPRI, emitido por la Sub Dirección de Riesgos del OSCE, mediante el cual observó la falta de transparencia del proceso de selección, al no incluir en las bases integradas el link como URL de repositorio que pudiera permitir la visualización del expediente de contratación, la totalidad de las ofertas presentadas por los postores y los documentos que sirvieron para la calificación y evaluación de las propuestas, así como los documentos que tendría que presentar el ganador de la buena pro para la suscripción del contrato.
Las observaciones, hasta el cierre de esta edición, no han sido subsanadas.
Asimismo, el referido informe advirtió que la entidad no ha consignado en las Bases Integradas del proceso el plazo en días para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de liquidación del contrato de obra, observando a la vez la omisión por parte del comité de selección de precisar el nivel de formación académica del personal especialista, a pesar que las bases estándar lo establecen.
Dichas observaciones debieron ser levantadas vía la reformulación de las bases integradas, lo que no sucedió, ya que el 27 de octubre de 2022, haciendo caso omiso al ente supervisor, el comité de selección le adjudicó la buena pro a la empresa San Carlos Contratistas Generales SRL.
Las conclusiones y recomendaciones
La Sub Dirección de Riesgos del OSCE consideró que el Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, convocado por la comuna de Íllimo, contiene disposiciones que no se encuentran acorde a las establecidas en las Bases Estándar aprobadas por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
Por tal razón y en virtud de lo mencionado – refieren las conclusiones -, recomienda evaluar el inicio el respectivo deslinde de responsabilidades e impartir las directrices que correspondan, a fin de que los funcionarios a cargo del procedimiento de selección, realicen dicha contratación bajo los parámetros de la Ley inherente y el Reglamento de la Ley de Reconstrucción con Cabios (Ley 30556), por lo que en sus conclusiones el ente supervisor considera hacer de conocimiento el referido informe al Sistema Nacional de Control, para los fines de su competencia funcional y su posterior conclusión sobre los hechos irregulares advertidos en la tramitación del millonario proceso llevado a cabo por la gestión del saliente alcalde Miguel Baldera Sandoval.
Varias de las adjudicaciones en la Municipalidad Provincial de Lambayeque han sido postergadas por intervención del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE. Sin embargo, en un reciente proceso se ha entregado la buena pro a un postor que no presentó la documentación completa, hecho que debió ser advertido por el comité de selección.
El 26 de agosto de 2022, la comuna lambayecana convocó a la Licitación Publica N° 5-2022-MPL, para la ejecución de la obra “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la Unidad Vecinal Indoamérica del distrito de Lambayeque”, valorizada en aproximadamente cinco millones de soles.
Par dicho proceso se nombró al comité de selección presidido por Carlos Alberto Lluncor Bartra e integrado por los miembros José Baltazar Flores Mino y Leonardo Emanuel Arévalo Rodríguez, quienes llevaron a cabo los actos procedimentales previos a la convocatoria y las posterior admisión, evaluación y calificación de las ofertas presentadas formalmente por siete participantes.
El comité decidió el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio San Isidro, con una oferta económica cercana al valor referencial, en este caso cuatro millones 766 mil 798.78 soles.
No admisión y descalificación de las ofertas
De acuerdo al acta del proceso, publicada en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, el comité de selección decidió la no admisión de cuatro ofertas presentadas, argumentando su decisión, en uno de los casos por la no consignación de la fecha de cálculo de su oferta económica prevista en el sub numeral 1.1.7 – Costo de la obra y Valor Referencial de las Bases Integradas, en el cual se consigna que el monto de la obra ha sido calculado con precios al mes de “abril 2022”, mientras que la empresa Beta Koncret SAC consignó que sus precios han sido calculados al mes de “febrero de 2022”, conforme se encuentra en el Capítulo I Numeral i.3 de las Bases Integradas.
Asimismo, dos ofertas no fueron admitidas porque – según el comité – las presentadas por los Consorcios Primavera y Construir, respectivamente, contenían coincidencias claras en estructuras o estimaciones de costos iguales, lo que según la vulnera el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado, en cuanto a modo de la interpretación del colegiado, ambos consorcios vulneraron los prescrito en el referido articulado, es decir, “que los postores debe participar en el proceso en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor”.
La cuarta oferta no admitida, presentada por el Consorcio Cubas Figueroa, fue por no estar legible la legalización notarial y el número de DNI del representante de uno de los consorciados. Así consta en el acta del proceso.
Igualmente, los integrantes del comité de selección deciden por unanimidad descalificar la oferta del postor con una denominación igual al del postor ganador, como es el Consorcio Induamerica, argumentando su decisión en tanto el referido consorcio no acreditó de manera correcta – se consigna en el acta – el equipamiento estratégico para la ejecución de la obra, quedando solo dos ofertas válidas para su calificación y su posterior otorgamiento de la buena pro, como son la de los consorcios Induamerica y San Isidro, este último ganador de la buena pro.
Evaluación de la oferta del ganador
Según el consultor en contrataciones del Estado, Jorge Chávez Pita, la no admisión de la oferta presentada por Beta Koncret SAC por parte del comité de selección ha sido realizada tomando como base un vicio sistemáticamente inductivo al error, ya que en las Bases Integradas del proceso se han considerado dos fechas de cálculo del presupuesto (febrero 2022 y abril 2022), razón por la cual el postor puso como cálculo la primera fecha.
Respecto a la no admisión de las dos ofertas restantes, enfatiza que la decisión del comité de selección sería arbitraria e ilegal, en cuanto no ha podido, interpretar, presumir o suponer que los presupuestos de ambos consorcios, siendo iguales, podrían ser producto de un acuerdo o convenio, “cuando no tiene prueba plena de la ocurrencia de los hechos que derivaron la no admisibilidad de ambas ofertas”.
Chávez Pita hace hincapié sobre la decisión por parte del comité de selección de descalificar la oferta del Consorcio Induamérica bajo el argumento esbozado en el acta del proceso, en cuanto ha decido descalificar su oferta argumentando la no acreditación del equipamiento estratégico, cuando es de pleno conocimiento que tanto la normatividad vigente y las Bases Integradas del proceso prevén que este requisito debe ser cumplido en detalle, cuando el postor tuviera que suscribir el contrato, de corresponder.
En lo que concierne a la documentación incompleta presentada por el Consorcio San Isidro, Chávez Pita manifiesta que habiendo visualizado la oferta del mismo en el portal del SEACE, se ha podido advertir que en la misma obra un solo contrato para acreditar la experiencia requerida celebrado entre el Consorcio Razuri - del cual uno de los consorciados, en este caso Seybo & Company SAC fue parte - y la Municipalidad Distrital de Tambogrande, para la ejecución de la obra del mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en calles y jirones del AH. Andrés Razuri del distrito de Tambogrande, cuyo monto inicial fue de siete millones 278 mil 731.40 soles.
El mondo se vio incrementado al final de la ejecución producto de un adicional de obra y un deductivo vinculante, cuya resolución aprobatoria no fue anexada al contrato principal, conforme lo prevé la Resolución N° 2757-2020-TCE emitida por el Tribunal de Contrataciones del Estado, la cual jurisprudencialmente establece que cuando no se anexa el documento que sirvió para la modificación del monto del contrato primigenio, el contrato está incompleto y no es válido para acreditar la experiencia requerida, por lo que bajo esta condición - refiere el consultor - el comité de selección no debió validar la experiencia acreditada y, por ende, debió descalificar la oferta del postor a quien le adjudicó la buena pro.
En el proyecto de Seguridad Ciudadana, elaborado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo y promovido con bombos y platillos por el alcalde Marcos Gasco -que lo consideraba como su “niña bonita”-, algo tenía que encontrarse mal. Y el Gobierno Regional de Lambayeque lo encontró: falsedad en la documentación. Y por ello anuló el contrato en el que estaban en juego más de 30 millones de soles.
Pero no todo está perdido. El fin de semana el Gobierno Regional autorizó la adquisición de 50 vehículos (23 patrulleros y 27 unidades móviles) por 8 millones 271 mil 426 soles, los que se usarán de manera directa en el reforzamiento de la seguridad ciudadana y seguridad interna, al ser asignados a la Policía Nacional para el despliegue del personal, tanto para las tareas tácticas como operativas y de inteligencia.
Nulidad del contrato
En el primer proyecto, elaborado por la Municipalidad de Chiclayo, la decisión la tomó el gobernador, Anselmo Lozano Centurión, con la Resolución Ejecutiva Regional N° 000554-2022-GR.LAMB/GR, tras recibir la recomendación del mismo Organismo Especializado en Contrataciones del Estado-OSCE, “porque el contratista, Consorcio Techquk, presentó certificados de su personal clave con información adulterada, la misma que deviene en documentación falsa”. La OSCE señala “que la imputación alegada al Consorcio Techquk al presentar el certificado de trabajo… relacionado a la experiencia del especialista ambiental, es un documento que carece de veracidad…”.
Desde hace varias semanas Marcos Gasco vociferaba por todos los medios y a los cuatro vientos que el gobernador Lozano no quería firmar el contrato. Incluso aludía a un supuesto odio a su persona y hasta al mismo Chiclayo que, según decía, requería que se haga realidad y de inmediato, un proyecto de esta naturaleza.
El alcalde olvidaba que, por convenio suscrito con el Gobierno Regional, es este último organismo quien tiene que financiar el proyecto y que, por lo tanto, siendo administrador de los dineros del Estado, debería ver que no hubiera ningún desliz en su instrumentalización. Era por eso la demora.
Sin embargo, el alcalde seguía promoviendo el proyecto como suyo e incluso los folletos que distribuye la MPCH así lo consideran aún, a pesar de haber quedado nulo.
Del proyecto promovido por la MPCH, el 14 de setiembre el Consorcio Techquk obtuvo la buena pro en la licitación pública y el 29 presentó la documentación exigida por las bases. Entre esta documentación, se ingresa el Certificado de Trabajo de fecha 30.09.2021, firmado por el ingeniero Slim Cabrera Díaz, jefe de Seguridad de la Empresa Besco Besalco S.A.C. Señala que el Ingeniero Alex Roel Bautista Tafur ha laborado en esa empresa entre el 09.03.2021 y el 30.03.2022.
Con este documento, al parecer, se daba cumplimiento a lo requerido para los “Requisitos de Calificación” y “Calificaciones del plantel profesional clave”, de las bases de la licitación, para acreditar la experiencia del profesional Especialista Ambiental en tiempo y especialidad. Así, el 11 de octubre el Gobierno Regional de Lambayeque suscribió el contrato.
Sin embargo, en el control posterior, que se hace por ley, se advirtió una incongruencia evidente: El documento del 30.09.2021 considera una experiencia del 30.03.2022; es decir, certifica una experiencia que iba a ocurrir un año después; “lo que evidentemente es imposible por las sencillas reglas de la lógica del tiempo; pues nadie puede certificar lo que aún no ocurre”.
Del mismo modo, el Consorcio Techquk, adjunta el Certificado de Trabajo del 06.02.2021, suscrito por la señora Leyla Nicol Ibáñez Guevara, “Representante Común” del Consorcio del Valle SAC, en el que señala que el ingeniero Alex Roel Bautista Tafur ha laborado en esa empresa entre el 03.01.2020 y el 06.03.2021 como Especialista ambiental. En este caso, nuevamente el Gobierno Regional advierte una evidente incongruencia, pues el citado documento certificaba una experiencia posterior, lo que igualmente es imposible.
“Habiéndose advertido incongruencias en estos documentos (certifican hechos futuros), que, a pesar de haber sido redactadas y suscritas por personas distintas, se permite inferir que se trata de documentos que contienen información falsa y que, por la premura en su elaboración llevaron a esos errores”.
Entonces, Logística del Gobierno Regional notifica al Consorcio Techquk las diversas observaciones, otorgando el plazo para que subsane. A su vez, se le informó del procedimiento de fiscalización posterior al contrato.
Por esta razón, se pidió a la empresa Besco Besalco S.A.C, determinar la autenticidad del Certificado de Trabajo del ingeniero Alex Roel Bautista Tafur. El ingeniero Roger Luna García, apoderado de esta última empresa respondió que el Certificado de Trabajo (del Ingeniero Alex Roel Bautista Tafur) “no es veraz ni se encuentra reconocido por nuestra parte”; en consecuencia, es falso.
El 21 de octubre, la Oficina de Logística del Gobierno Regional concluye: “Conforme a lo expuesto, habiéndose advertido que el Consorcio Techquk, presentó certificados de su personal clave con información adulterada, la que deviene en documentación falsa, hecho sancionable de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde se corra traslado a las partes para que se pronuncien en un plazo máximo de cinco días hábiles, a fin de que el Consorcio realice su descargo.
El mismo día el Consorcio Techquk presenta sus descargos. Sin embargo, señala que existe una afectación al debido procedimiento por el plazo otorgado y que “los documentos cuya falsedad se señala, han sido reemplazados por otros, que no sirvieron para suscribir el contrato y finalmente que la persona que suscribe el documento de respuesta de la Empresa Besco Besalco S.A.C, no es el representante”.
Los responsables
En la misma resolución, el Gobierno Regional ha dispuesto se determinen las acciones administrativas correspondientes con respecto a los hechos que dieron lugar a la nulidad de oficio, a fin de que se inicie al procedimiento administrativo sancionador correspondiente. Asimismo, se encarga comunicar al Procurador Público Regional, para que interponga las acciones legales que correspondan ante el Ministerio Público, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225, al haberse encontrado un documento falso en el expediente.
50 camionetas por 8 millones
Con respecto a los 50 vehículos para la PNP, la autorización, firmada por el gobernador Anselmo Lozano Centurión a través de Resolución Ejecutiva Regional, es para ejecutar el proyecto “Mejoramiento de los servicios policiales preventivo y operativo de las comisarias rurales y departamentos especializados en la región Lambayeque”.
“Desde comienzos de setiembre último, esto fue conversado con el jefe de la II Región PNP, general Santos Zenón Loayza Díaz y la misma autoridad policial se mostró satisfecha con el proyecto”, reveló el gobernador. No sucedió lo mismo con el proyecto que había elaborado la MPCH, en el que la Policía Nacional había sido dejada prácticamente de lado.
De acuerdo a las especificaciones técnicas, se adquirirán 23 patrulleros (camioneta doble cabina 4x2 equipadas, barra de luces e incluye herramientas de auxilio) y 27 unidades móviles (camioneta doble cabina 4x2 equipadas, circulina, cubículo e incluye herramientas de auxilio).
Previamente se firmó un convenio específico de cooperación interinstitucional de financiamiento para la ejecución del proyecto de inversión, entre el Ministerio del Interior, con intervención de la Policía Nacional de Perú y el Gobierno Regional de Lambayeque, mediante el cual esta última institución asume la competencia para la ejecución de la inversión para el mejoramiento de los servicios policiales en esta región.
Cuestionable. El gobierno de Pedro Castillo Terrones ha aprobado el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022-2025, documento en el que se excluye a Lambayeque para favorecer a las regiones vecinas. Este hecho motivó la enérgica protesta del Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales – CONREDE, que a través de un pronunciamiento ha denunciado la ausencia de los congresistas en defensa de los intereses departamentales.
El Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, aprobó el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022-2025, el pasado 24 de octubre, siendo la herramienta que tiene como objetivo impulsar el crecimiento económico, mejorar la competitividad, contribuir al cierre de brechas y destrabe de infraestructura de largo plazo, así como brindar acceso a servicios públicos y elevar la calidad de vida de los ciudadanos.
El plan, aprobado mediante el Decreto Supremo 242-2022-EF, fue elaborado en coordinación con diversas entidades del sector público y privado, además se recibió la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo BID, lo cual permitió incorporar el marco de infraestructura sostenible, incluidas la definición y la medición de indicadores para las cuatro dimensiones de sostenibilidad consideradas para la priorización de los proyectos de infraestructura.
Este documento prioriza 72 proyectos que cumplen con la evaluación de infraestructura sostenible y tiene un monto de inversión de 146 mil 622 millones de soles, los cuales se ejecutarán mediante las modalidades de Obra Pública (37 proyectos), Asociaciones Públicas Privadas (26 proyectos) y Proyectos en Activos (nueve proyectos).
Tipo de proyectos
Entre los proyectos se encuentran obras de mejoramiento de hospitales, construcción de colegios, puertos, aeropuertos, carreteras, banda ancha, líneas de transmisión, centrales hidroeléctricas, sistemas de agua y saneamiento, tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos, entre otros.
Según el MEF, el documento, en comparación con el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad 2019-2022, el PNISC incorpora mejoras “en la planificación del Estado sobre la infraestructura nacional, para además de promover la productividad, generar oportunidades, mediante la provisión de bienes y servicios públicos adecuados, en un marco de equidad y de menor impacto al entorno. Todo para alcanzar un desarrollo inclusivo y sostenible de la sociedad”.
“El plan incorpora un enfoque en el cual el Estado busca alcanzar un desarrollo inclusivo y sostenible de la sociedad en materia de infraestructura, priorizando proyectos de infraestructura que son planificados, diseñados, construidos, operados y desmantelados de manera que garanticen la sostenibilidad económica y financiera, social, ambiental (incluida la resiliencia climática) e institucional durante todo su ciclo de vida”, informa Economía y Finanzas.
Para ello - se indica -, presenta las estrategias sectoriales en materia de infraestructura, incluidos el diagnóstico, la visión de largo plazo y el alineamiento de los criterios de priorización con la infraestructura sostenible. Los sectores cubiertos son transportes, comunicaciones, agua y saneamiento, electricidad, hidrocarburos, ambiente, agricultura y riego, educación, salud y producción.
Regiones beneficiadas
Entre los proyectos priorizados por el gobierno nacional se tienen: “Mejoramiento y ampliación del servicio de tratamiento de aguas residuales para disposición final y/o reúso, y de la infraestructura de recolección en la localidad de Chepén y 8 distritos de la provincia de Trujillo”, en La Libertad; “Creación del servicio de tratamiento de aguas residuales para disposición final y/o reúso, mejoramiento y ampliación de la infraestructura de la red de recolección en los distritos de Cajamarca y los Baños del Inca de la provincia de Cajamarca”, e “Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social”, en La Libertad.
Asimismo, la “Instalación de banda ancha para la conectividad integral y desarrollo social de la
región Piura” y también para Cajamarca; la tercera etapa de Chavimochic, en La Libertad; “La creación de los servicios especializados de salud del hospital especializado en la Red Asistencial Piura de Essalud, distrito de 26 de Octubre”, en Piura, y el “Mejoramiento y ampliación de los
servicios de salud del Hospital I Florencia de Mora de la Red Asistencial La Libertad-Essalud”, en La Libertad.
Para Cajamarca se considera la “Creación de los servicios de salud del Hospital Especializado en la Red Asistencial Cajamarca de Essalud”, el mejoramiento del Hospital de Chocope, en La Libertad, y el mejoramiento del Hospital II de Talara, de las Red Asistencial de Essalud – Piura. También el mejoramiento de la carretera de Ciudad de Dios, en Cajamarca.
Malestar en Lambayeque
El viernes 28 de octubre se desarrolló en Chiclayo el Primer Encuentro "Promoviendo la Inversión Privada Descentralizada en la Macrorregión Norte”, actividad organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF y Proinversión, teniendo como sede a la centenaria Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque.
Durante el desarrollo de la actividad hizo su participación el responsable de la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada, Ernesto López Mareovich, quien expuso el listado de proyectos que se considera ejecutar e impulsar desde el gobierno nacional para los próximos tres años, contenido en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022-2025.
Al conocerse la no inclusión de Lambayeque en la lista de proyectos a ejecutar, el CONREDE, que agrupa a los 24 colegios profesionales del departamento, elevó su protesta.
“Desde el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Lambayeque, que re-presenta a las 24 órdenes profesionales, ex-presamos nuestra enérgica protesta, ante la grosera exclusión de nuestro departamento en el plan aprobado por el gobierno central, lo que evidencia el afán de postergación de Lambayeque para favorecer a las regiones vecinas”, se indicó en el comunicado.
Las órdenes profesionales rechazaron que el funcionario del Ejecutivo haya llegado a Chiclayo para narrar “con total entusiasmo, cómo el gobierno central considera millonarias inversiones para otras regiones, mientras sigue negándole a Lambayeque obras de vital importancia, como la ejecución del Terminal Portuario Regional - Puerto Eten”.
“Ofende e indigna la falta de voluntad política del gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones para atender las justas demandas de Lambayeque”, denunciaron los colegios profesionales, detallando una larga lista de proyectos postergado para el departamento.
Entre ellos citaron la conclusión del proceso de Reconstrucción tras El Niño Costero 2017; la ejecución del Drenaje Pluvial para Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria; el Proyecto Integral de Saneamiento Básico y la Segunda Etapa de Tinajones.
Asimismo, el manejo integral de las cuencas en los cinco valles; el recrecimiento de la Presa Limón del Proyecto Olmos; la ejecución del proyecto La Calzada en el valle La Leche; la Segunda etapa de la modernización y ampliación del Aeropuerto José Quiñones Gonzales; la construcción del nuevo Hospital Las Mercedes; la remodelación del Estadio Elías Aguirre; la conectividad vial a los distritos altoandinos de Cañaris e Incahuasi; el Plan de Desarrollo Metropolitano para Chiclayo, y la conclusión del tramo Lambayeque de la Autopista El Sol, concesionada hace más de 10 años y que se encuentra entrampada por la burocracia estatal.
Cuestionaron la falta de presencia de los cinco congresistas por Lambayeque para concretar las obras anheladas por el departamento.
“Lamentamos la debilidad y permanente ausencia de las autoridades regionales y locales, así como de la representación congresal de Lambayeque para exigir al gobierno nacional atención inmediata a las necesidades de nuestro departamento, lo que evidencia su total desconexión con el desarrollo y progreso que la población espera a través de la generación de empleo e inversiones”, menciona el comunicado.
Finalmente, el CONREDE llamó a las organizaciones de la sociedad civil a declararse en protesta permanente en defensa de los intereses regionales, “frente a la actitud postergadora, excluyente y discriminatoria del gobierno nacional paracon Lambayeque”.
