Pese a tener a un equipo a exclusividad, liderado por el fiscal Sergio Zapata Orozco, siete años después de iniciado el caso “Limpios de la corrupción”, el Ministerio Público no ha podido demostrar la responsabilidad de los imputados en los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, delitos madre que dieron pie al operativo de captura realizado contra el ex alcalde de Chiclayo Roberto Torres Gonzales, regidores, funcionarios, colaboradores y familiares el 30 de septiembre del 2014.
Inicio del caso
El 3 de julio del 2014, el ciudadano Carlos Canales Guevara presentó una denuncia penal contra el contador Augusto Montalvo Cuadra; subgerente de Contabilidad y Finanzas de EPSEL S.A., por el delito de estafa.
Canales Guevara narró haber recibido la llamada de José Ucañay Huamanchumo (trabajador de EPSEL S.A.), quien le manifestó que por encargo de Montalvo Cuadra podía conseguir la cancelación de su deuda (45 mil 129.39 soles), por concepto de remuneraciones devengadas, pago ordenado por el Primer Juzgado Laboral Transitorio de Chiclayo (Expediente N° 707-2007). Al respecto, EPSEL S.A., había comunicado al juzgado el pago fraccionado de la deuda en mensuales pagaderas hasta diciembre del 2015. Entre otras cosas, para cancelar la deuda en solo dos partes, una de las condiciones que le habría señalado Ucañay Huamanchumo era el pago de siete mil soles.
La denuncia fue derivada el 7 de julio de ese año a la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo. El 18 de julio, el fiscal Sergio Zapata Orozco, coordinador de la fiscalía dispone el inicio de investigación preliminar por el plazo de 80 días, por el delito de abuso de autoridad en su figura de concusión, contra Montalvo Cuadra y Ucañay Huamanchumo en agravio del Estado, y contra Juan Valdivia Goycochea, por omisión de denuncia, llevándose a cabo la investigación en el Departamento Desconcentrado contra la Corrupción de Lambayeque.
El 27 de agosto del 2014, el fiscal César Celis Zapata requirió al Poder Judicial el levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil no solo de los investigados, sino también de Juan Martín Villanueva Velezmoro, Percy Quesquén Díaz y Herman Paredes Ángeles. Ese mismo día, la jueza Cecilia Grandez Rojas, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró procedente el pedido, incluyendo a José Baca Távara.
De colusión a criminalidad organizada
El 4 de septiembre del 2014, teniendo como referencia la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, el coronel PNP Luis Farfán Silva, jefe de la Ofinterpol Chiclayo, en consideración del Informe Policial N° 120-14-DITERPOL-LAMB/OFINTERPOL-CH, solicita al fiscal adjunto Juan Carrasco Millones el levantamiento del secreto de las comunicaciones e interceptación telefónica de los números indicados en el referido informe, en la desarticulación de la organización “Los limpios de la corrupción”, incluyendo a 22 personas entre funcionarios, familiares y proveedores.
El 28 de septiembre, mediante Memorando N° 1977-2014, el general Jorge Flores; Director General de la PNP, se dirige al general Walter Rocha Hidalgo; Director Ejecutivo de Personal, disponiendo el destaque por 30 días, con cargo a regularizar su situación, del mayor Romel Díaz Paz (que se encontraba asignado en Lima) y del teniente Víctor Chafloque Oliden (que se encontraba asignado en la ciudad de Piura), a la Región Policial Nor Oriente en la ciudad de Chiclayo.
El 29 de septiembre del 2014, se emite el Oficio N° 1593-2014-RPNO-DIRTEPOL- LAMB/OFIENTERPOL-CH, supuestamente enviado por Farfán Silva a Carrasco Millones, que contenía el Informe N° 136-2014-RPNO-DIRTEPOL-LAMB/OFINTERPOL-CH de la misma fecha, rubricado por Díaz Paz dando conformidad, y Chafloque Oliden como “instructor”. En el referido informe, en el numeral “Q”, los referidos oficiales, señalan textualmente que: “En tal consideración y estando a los elementos de convicción tanto documentales emitidos por SUNAT y SUNARP (…) se debería proceder a su ubicación y captura…”, mientras que en el numeral “T”, manifiestan que: “En la ejecución del trabajo entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, por coordinación del fiscal del caso Sergio Lucio Zapata Orozco, se ha generado la participación de diversos entes del Estado, tales como un Equipo de Contraloría…”.
El mismo día, el fiscal Sergio Zapata Orozco, a cargo de la Carpeta Fiscal N° 2447-2014, emite el requerimiento de detención preliminar judicial contra una veintena de personas, por supuestamente pertenecer a la organización criminal “Los limpios de la corrupción”.
Operativo de captura
El 30 de septiembre del 2014, a menos de tres meses de iniciada la investigación por colusión, la juez provisional Cecilia Costa Gonzáles emitió la Resolución N° 1 (Expediente Judicial N° 5207-2014), trasladando parte del Informe N° 136-2014- RPNO-DIRTEPOL-LAMB/OFINTERPOL-CH y del Requerimiento de Detención Preliminar Judicial, ordenando la Detención Preliminar de una veintena de personas por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos.
El mismo 30 de septiembre se realiza el operativo de ubicación y captura, y allanamiento de viviendas a funcionarios, familiares y proveedores de la gestión del exalcalde Roberto Torres Gonzáles, quienes días después fueron internados en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, bajo mandato de prisión preventiva por tres años.
Informes inexistentes
El 6 de mayo del 2015, mediante Oficio N° 843-2015-REGIÓN POLICIAL-LAMB/ORI.SEC., el coronel Luis Farfán Silva, ante una solicitud de la abogada Deysi Lorena Villanueva Velezmoro, le hace llegar el Rol de Servicio del personal asignado a la Oficina Regional de Inteligencia de la Región Policial de Lambayeque, del mes de septiembre del 2014, en el que se puede corroborar que no figuran el mayor Romel Díaz Paz y el teniente Víctor Chafloque Oliden.
El 30 de mayo, la abogada solicitó a Farfán Silva copia de los documentos sustentatorios del Informe N° 136-2014-RPNO-DIRTEPOL-LAMB/OFINTERPOL-CH, elaborado en la dependencia bajo su jefatura, y el 1 de junio, mediante Oficio N° 1008-2015-REGIÓN POLICIAL- LAMB/ORI.SEC., este da respuesta a la haciéndole de conocimiento que “de conformidad al documento signado en la referencia, en esta Unidad Especializada no se ha formulado el Informe N° 136-2014-RPNO-DIRTEPOL-LAMB/OFINTERPOL-CH, de fecha 29SET2014…”.
En una nueva comunicación del 4 de junio, mediante Oficio N° 1027-2015-REGIÓN POLICIAL- LAMB/ORI.SEC., Farfán Silva da respuesta a Villanueva Velezmoro, haciéndole de conocimiento que “…en los archivos de esta Unidad no se encuentra documento alguno relacionado al caso, no obstante al recibir la copia de dicho documento remitido por Ud., se puede apreciar los nombres de los dos (02) oficiales PNP que firmaron su autoría, que si bien es cierto trabajaban en la ciudad de Chiclayo, pero que no han prestado servicios en esta Jefatura, desconociendo los motivos, por los que aparecen sellos que presuntamente sean de esta unidad”.
El 30 de enero del 2019, Juan Valdivia Goycochea formuló denuncia penal contra Díaz Paz, Chafloque Oliden y los que resulten responsables, por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad y falsedad genérica, por su actuación en las investigaciones seguidas en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014.
El 12 de marzo del 2019, el titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, Carlos Enrique Osores Padilla, mediante Disposición N° 1, dispone iniciar Investigación preliminar contra los oficiales solo por el delito de Usurpación de funciones, archivando los delitos de abuso de autoridad y falsedad genérica, aduciendo prescripción de la acción penal.
El 24 de abril de 2019, la jefe de la División de Servicios al Contribuyente de la SUNAT, informó, vía correo electrónico a Valdivia Goycochea que recién con fecha 1 de octubre del 2014 (dos días después de elaborado el Informe N° 136-2014-RPNO- DIRTEPOL-LAMB/OFINTERPOL-CH, mediante Oficio N° 555- 2014/SUNAT-6H000, se dio respuesta a la solicitud del Ministerio Público (Juan Manuel Carrasco Millones), referente al Levantamiento de la Reserva Tributaria dispuesta por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria. Sin embargo, en el Informe de Inteligencia del 29 de septiembre se hizo referencia a informes de SUNAT con los que todavía no se contaba.
El 2 de mayo del 2019, la Contraloría General de la República informó, mediante Oficio N° 001118-2019, a Juan Valdivia Goycochea, que luego de la búsqueda efectuada en su sistema de trámite documentario, “esta Entidad Fiscalizadora Superior no ha recibido por parte del señor Sergio Zapata Orozco ni de la Policía Nacional del Perú en el periodo 1 de enero de 2014 al 29 de septiembre de 2014, requerimiento alguno de ‘Equipo de Contraloría’ para que participe de las investigaciones seguidas en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014…”.
Pese a ello, el 4 de noviembre del 2019, el fiscal Osores Padilla, mediante Disposición N° 3, dispuso que no procedía formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra Díaz Paz y Chafloque Oliden por el delito de usurpación de funciones, archivando los actuados. La decisión fue quejada por Valdivia Goycochea.
El 10 de diciembre del 2019, el Procurador Público del Ministerio del Interior interpuso un Recurso de Queja contra la Disposición N° 3 y solicitó la ampliación de la investigación por el presunto delito de falsificación de documento público por parte de Díaz Paz y Chafloque Oliden. Un año después, el 10 de diciembre del año pasado, el fiscal concedió los recursos de queja.
Cierre de la investigación
Con Disposición 337, del 22 de octubre del 2018, el fiscal Sergio Zapata Orozco, de la Tercera Fiscalía Penal de Chiclayo, dio por concluida la investigación preparatoria de la Carpeta 2447-2014, sin que hasta el momento haya formalizado la acusación por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, por los cuales se solicitó la detención preliminar y luego la prisión preventiva para el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzáles y sus principales colaboradores.
De ese modo llegó a su fin los más de cuatro años desde que se inició el sonado caso. Lo preocupante es que siete años después, Zapata Orozco sigue a dedicación exclusiva del caso (ya sin procedimientos de investigación) y no se establece si se configuró o no las causales por las que se montó el operativo del 30 de septiembre del 2014.
El 12 de enero del 2015 se constituyó el Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada – CEPRI, para la ejecución del terrapuerto de Chiclayo. Este estuvo integrado por Luis Vigil Urdiales, representante del Colegio de Economistas de Lambayeque; Hever García Ramírez, entonces decano regional del Colegio de Arquitectos; y Lucio Asalde Vives, representante de la orden profesional de los ingenieros. Al respecto, este último señala que la Municipalidad de Chiclayo desestimó la propuesta de inversión privada que el CEPRI consiguió para la ejecución de esta obra.
“Nosotros impusimos reglas desde el primer día. Recibimos a un promedio de 15 postores. Visitamos muchos terrapuertos, conversamos con la empresa Wong, que es la que maneja el terminal terrestre de Lima Norte, y todos nos hicieron una serie de propuestas. Finalmente, fue la empresa AV Proyectos y Construcciones la que presentó una propuesta por 180 millones de soles, que comprendía un proyecto bastante interesante”, indica.
Asalde Vives relata que el CEPRI gestionó -a pedido de los postores que se presentaron para la ejecución de esta obra- la actualización de los flujos de pasajeros y ómnibus en los terminales de Chiclayo, toda vez que el último estudio que había era del año 2002. Además, se realizó un estudio económico referencial del proyecto. Ambos fueron elaborados por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
Además, señala que los postores también pidieron la aprobación de cuatro ordenanzas municipales: la delimitación de la zona rígida urbana de Chiclayo, donde no podrán ingresar buses de pasajeros; el cambio de uso a corredores comerciales de las avenidas y calles por donde funcionan actualmente los terminales de buses; la definición de la ubicación de los nuevos terminales privados y las características de los mismos, de acuerdo a los reglamentos nacionales; y la definición las nuevas rutas de buses, ‘cousters’, combis y colectivos, que faciliten el traslado al terrapuerto.
Terrapuerto
Asalde Vives indica que la propuesta presentada por AV Proyectos y Construcciones fue denominada ‘Terminal Terrestre Naylamp’ y estaba proyectada para un tiempo de ejecución de 24 meses, de los cuales 18 eran propiamente para el terminal terrestre.
Refiere que durante el período de operación el proponente otorgaría dos millones de soles anuales a la municipalidad con una tasa anual de actualización del 3 %. El tiempo de concesión solicitado fue de 30 años, al término del cual toda la infraestructura pasaría a ser de propiedad municipal.
El proyecto en sí consistía en un terminal terrestre de dos niveles con capacidad para 65 empresas, las cuales podían recibir en total hasta 14 mil pasajeros al día, con una tasa de crecimiento anual del 5 %. Además, contaba con la capacidad de atender la demanda proyectada para el período de concesión.
Grafica que el proyecto comprendía una zona comercial, un área de convenciones y un hotel. El área total construida ascendía a 61 mil 855 metros cuadrados y una zona de estacionamientos para 750 vehículos, con lo cual se subvencionaría la tarifa de pasajeros y buses, igualándola con otros terrapuertos nacionales. Cualquier otra área adicional que se construyese sobre el terreno sería objeto de una negociación específica.
“Nosotros pedimos de forma especial que en esas 11 hectáreas se haga un centro de convenciones para albergar a mil 500 personas. Cuando se produjo la reunión del APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) las ciudades anfitrionas fueron Lima, Trujillo, Piura y Loreto. Chiclayo no existió porque no tenía un centro de convenciones, así que les pedimos que construyan uno como parte de la propuesta”, afirma.
Evaluación
El ingeniero explica que los integrantes del CEPRI consideraron que, por la magnitud y trascendencia del proyecto, este debía ser evaluado por organismos especializados de la sociedad civil. Por tanto, se invitó a los colegios profesionales de Abogados, Arquitectos, Economistas, Ingenieros y Sociólogos para que conformen una comisión autónoma de evaluación.
“No teníamos competencia técnica ni legal completa para evaluar un proyecto de esta magnitud y la Municipalidad de Chiclayo tampoco la tenía. La comuna nombró a cuatro regidores que a nuestro juicio no estaban capacitados para evaluar un proyecto de esta naturaleza. La transparencia era un factor fundamental en nuestro trabajo. Queríamos un proyecto emblemático de desarrollo limpio y transparente”, sostiene.
Menciona que cada uno de los colegios profesionales emitió su informe, dando recomendaciones, las cuales fueron implementadas al 100 % con la participación de Proinversión. Al final, la opinión de todas las órdenes fue considerada y se levantaron favorablemente las observaciones.
“La revisión del proyecto en la parte normativa para actuar de acuerdo a leyes nacionales se confío a la asesoría de Proinversión. A criterio de este organismo, el proyecto cumplía con todos los requisitos de ley, por lo que se sugirió su aprobación”, indica.
Con todo ello, Asalde Vives apunta que el CEPRI recomendó al entonces alcalde David Cornejo Chinguel y a los regidores la aprobación de la declaratoria de interés de la iniciativa privada autosostenible del Terminal Terrestre Naylamp, presentada por la empresa AV Proyectos y Construcciones. Sin embargo, el proyecto fue rechazado en sesión de concejo por 14 votos en contra y solo uno a favor.
“La única propuesta recibida en 15 años, garantizada con cartas fianza y una carta de garantía de financiamiento internacional por 180 millones de soles, fue desestimada por la municipalidad”, asevera.
“El lunes previo al jueves en que se descartó la propuesta, el alcalde me invitó a su despacho con todos sus regidores y me dijo que ese jueves se aprobaría el proyecto. Le dije que lo felicitaba y le agradecía porque le dejaría a Chiclayo un proyecto emblemático, que sería el inicio de una nueva arquitectura que marcaría un hito para la ciudad. Pero el jueves ni siquiera me permitieron exponer el trabajo de un año, sino que de frente pasaron a votación y lo eliminaron. Para nosotros fue frustrante y creo que para la ciudad también”, añade.
Realidad
Asalde Vives señala que actualmente en Chiclayo existen cerca de 50 mil taxis y 40 mil mototaxis, entre formales e informales. Diariamente se movilizan un millón 32 mil 802 pasajeros. Asimismo, ingresan 380 buses interprovinciales y 400 camiones de carga y descarga cada día, generando caos vehicular y contaminación.
Apunta que para resolver esta problemática no solo hace falta la construcción de un terrapuerto de pasajeros, sino también un terminal de carga y descarga, un sistema de transporte metropolitano y un sistema de semaforización inteligente. Incluso, refiere que podría pensarse en un tren elevado monorriel como el que se propone en Arequipa, que permitirá unir a la ‘Ciudad Blanca’ de polo a polo en solo 20 minutos.
“En el caso de Chiclayo, nuestro tránsito no ha evolucionado, sino involucionado. Cuando era niño había muchos buses circulando por Chiclayo, después los vi desaparecer. Luego vi ‘cousters’, que también desaparecieron. Después llegaron los taxis de tres cilindros y ahora predominan los mototaxis. Eso ha generado un caos increíble, con una contaminación indetenible que afecta más aún en este contexto de cambio climático”, anota.
Indica que la ejecución del terrapuerto ayudará a crear un nuevo polo de desarrollo económico, además de ayudar a formalizar a las empresas de transporte y propiciar la creación de empleos formales.
Además, destaca que las avenidas Bolognesi, José Leonardo Ortiz y otras se convertirían en nuevos corredores comerciales. De igual forma, se evitaría el mayor deterioro de las pistas, las cuales se encuentran en pésimo estado y sobre un sistema de alcantarillado muy antiguo.
“Este proyecto es prioritario para el ordenamiento y desarrollo urbano y económico de Lambayeque. Debe ser considerado en los primeros lugares de la agenda municipal de Chiclayo. Hoy debe cuidarse la integridad física y legal del terreno, donde se construirá el terrapuerto, ya que está abandonado y con más de 200 mil metros cúbicos de basura”, finaliza.
El terrapuerto de Chiclayo es uno de los proyectos pendientes, que ayudaría a destugurizar las principales arterias de la ciudad por las que hoy circulan todo tipo de vehículos, ocasionando caos, sobre todo en las horas punta. Al respecto, el ingeniero Juan José Benítez Suárez, director de Planeamiento y Transporte del Sistema de Transporte Masivo en Puebla (México), cuenta la experiencia de la Central de Autobuses de Puebla (terrapuerto), a 33 años de su construcción.
Benítez Suárez resalta que en la zona metropolitana de Puebla habitan cerca de 2.4 millones de personas, distribuidas en siete municipios con una marcada unidad geográfica. “En función del tamaño de la población los ingenieros sabemos el tamaño de los problemas. Y Puebla tiene una densidad poblacional de dos mil 800 habitantes por kilómetro cuadrado”, apunta.
Central de autobuses
Comenta que la Central de Autobuses de Puebla fue inaugurada el 5 de mayo de 1988 y fue modernizada en el 2010, con la construcción de tres líneas que están dentro del sistema masivo de transporte. Estas empezaron a operar en el 2013 y su inversión en conjunto fue de 57 millones de dólares.
Indica que la superficie total del terminal es de 13.7 hectáreas, la cual se divide en un área construida de 44 mil 800 metros cuadrados, que incluye salas de espera y servicios; y el espacio para otras áreas como andenes, zonas de apoyo, jardines y estacionamientos, que en total suman 55 mil metros.
“Este proyecto se construyó gracias al Fondo Nacional de Infraestructura. Lo financió el gobierno federal, a través de los fondos perdidos, es decir, aportaciones que como ya no eran recuperables fueron enviadas al estado de Pueblo para su ejecución. De esta forma en México se han hecho muchos proyectos de transporte masivo”, indica.
Señala que las tres líneas hacen en total un recorrido de 47.7 kilómetros. Estas líneas desembocan en cuatro terminales, donde hay un total de 97 estaciones. En conjunto, el número de unidades vehiculares alcanza las 330: buses articulados (50), padrones (80), alimentadores (184) y alimentadores mixtos (16).
Anota que en promedio se realizan 281 mil 591 viajes, aunque se ha llegado a picos de 305 mil 867 viajes diarios. Sin embargo, debido a la pandemia, la demanda actual es de 151 mil 125 recorridos. Asimismo, se ofertan 300 destinos que llegan a todo México.
“La Central de Autobuses de Puebla no solo es una de las más grandes de México, sino de Latinoamérica. Tiene cobertura en toda la república. Si alguien quiere ir a la frontera con Guatemala o Belice puede hacerlo desde allí”, afirma.
Vigencia
El ingeniero explica que el terrapuerto de Puebla fue una solución innovadora para el desorden vehicular que existía en la ciudad, sin embargo, hoy se ha convertido en un verdadero problema, toda vez que no se planificó adecuadamente su ubicación. Hace 33 años -revela- la central de autobuses estaba a las afueras de la urbe, pero ahora ya está inmersa en la zona metropolitana.
“Este terrapuerto fue una solución durante sus primeros 15 años, quizá 20, pero hoy ya no. Por el tiempo que ocupan los usuarios en llegar al punto de partida de su viaje, las empresas están ofertando terminales más cerca, con lo cual estamos regresando al principio del problema. En Chiclayo los especialistas deben considerar los planes municipales y metropolitanos de desarrollo urbano, sino su terrapuerto será una solución de corto período”, sostiene.
Problemática
Juan José Benítez refiere que el terminal, debido a su dimensión, ubicación y operación, actualmente genera una serie de problemas como saturación vial, congestión y demoras excesivas para los viajes. Además, se registran altos índices delictivos y elevados niveles de contaminación ambiental, debido al comercio informal.
“Tenemos que cuidar en la planeación los altos niveles de contaminación. Ahora en la Central de Autobuses de Puebla tenemos cerca de 20 mil toneladas de residuos sólidos. La zona más contaminada de la ciudad es donde está el terminal, lo cual se debe en parte al comercio informal”, refiere.
Afirma que otro de los problemas que ha generado la obsolescencia del central terrestre de Puebla es que las empresas de transporte implementen terminales individuales que cubran la zona metropolitana.
Lecciones
En ese marco, Benítez Suárez recomienda para la construcción de un terrapuerto que se norme y regule el uso de suelo y el crecimiento de la zona, a fin de garantizar la conectividad con otros medios de transporte, tales como la bicicleta.
“No se debe contemplar solamente la infraestructura vial del terrapuerto, sino otros modos de transporte para que los desplazamientos sean sencillos”, indica el especialista, quien añade que el principal eje carretero del país que circula por la central de autobuses conecta a todo el norte de México con el puerto de Veracruz. Manifiesta que esta autopista con el tiempo se ha visto saturada. Si bien se ha construido un viaducto elevado, este poco ha podido mitigar la tugurización, ya que el costo del peaje está por encima de los cuatro dólares, lo cual desalienta su uso.
Sostiene que, al no estar regulado el uso del suelo, hay excesivos negocios, tanto formales como informales, en los rubros de autopartes, talleres mecánicos, estacionamientos, centros de abasto, restaurantes, complejos comerciales, servicios escolares, entre otros.
Asimismo, señala que se debe estimar un período de vida útil, que no exceda de la capacidad de operación del proyecto y el retorno de la inversión. Añade como medida complementaria que se deben ubicar terminales centrales periféricos en las zonas cercanas a las carreteras que conectan la ciudad.
“La parte de la planeación estratégica es importante a efectos de evitar estos problemas. Por ejemplo, antes teníamos un servicio de taxi, que contaba con 240 autos, pero ahora tenemos el doble de unidades no autorizadas. Hemos regresado nuevamente al inicio del problema”, sentencia.
Terrapuerto de Chiclayo
Actualmente, la Municipalidad Provincial de Chiclayo cuenta con un predio de 11 hectáreas al costado de la carretera a Monsefú, en el cual debería construirse el terrapuerto. Sin embargo, según especialistas como el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Carlos Burgos Montenegro, lo ideal sería que esta infraestructura se construya en la segunda etapa del terminal aéreo José Abelardo Quiñones Gonzales, dado que así se facilitaría el traslado de los visitantes que arriban a la ciudad.
Lucio Asalde Vives, expresidente del Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada - CEPRI, del Terrapuerto de Chiclayo, señala que esta obra cuenta desde el 2016 con el proyecto elaborado, el cual considera una inversión total de 180 millones de soles para su ejecución. Sin embargo, sigue durmiendo el sueño de los justos.
Este estudio detalla que en las horas punta (de 6:00 a 10:00 de la mañana y de 07:00 a 10:00 de la noche) el flujo de buses en el centro de Chiclayo trae como consecuencia que un promedio de medio millar de taxis circulen por la zona, generando la congestión vehicular.
Asimismo, el estudio reveló que existen 62 empresas de transporte, que en su conjunto congregan a un promedio de 400 buses. De estas, el 70 % no cuenta con licencia de funcionamiento.
No obstante, esta no ha sido la primera vez que se intentó poner en marcha el terrapuerto. En el 2002, durante el gobierno municipal de Fernando Noblecilla Merino, el Concejo Provincial aprobó la concesión para la ubicación, construcción y operación del Terminal Terrestre de Servicios Múltiples Integrados - TTI de Chiclayo. Con este modelo de concesión, la municipalidad no habría invertido recursos, ya que incluso los fondos proporcionados para el desarrollo de todo el proceso financiado por Pro Inversión habrían sido devueltos por el consorcio ganador.
La concesión preveía 20 años, es decir que, si en 14 meses se ejecutaba, a fines del 2004 o inicios de 2005 esta habría sido inaugurada, y a fines del 2025 la Municipalidad de Chiclayo empezaría a ver las ganancias. Lamentablemente, este proyecto no se ejecutó por la decisión política del exalcalde Arturo Castillo Chirinos.
El Estado, a través del Decreto Legislativo N° 1362, promueve la inversión privada en activos, a fin de no comprometer recursos públicos. A esto se le conoce como Proyectos en Activos, los cuales pueden realizarse bajo iniciativa estatal o privada. A diferencia de las Asociaciones Público Privadas - APP, en esta modalidad las entidades (gobiernos regionales o municipalidades) no asumen riesgos como sí ocurre en la realización de obras públicas, tales como carreteras o proyectos de irrigación.
“Un Proyecto en Activos tiene por base un bien del Estado, sobre el cual se promueve la inversión privada. A comparación de una Asociación Público Privada, donde el 100 % de los riesgos los asume la entidad pública contratante, en este caso todos los asume el inversionista privado: el riesgo de diseño, de construcción, de demanda, financiero, sobrecosto de operación y mantenimiento”, precisa Carlos Chávarry Calderón, asesor técnico de Proinversión.
Tipos de contrato
Chávarry Calderón destaca que los Proyectos en Activos pueden darse mediante iniciativa estatal o privada, cuyas modalidades contractuales son básicamente de seis tipos. Uno de estos son los contratos de compra venta, a través del cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y este a pagar su precio en dinero.
Otro tipo de contrato es el de superficie, mediante el cual el superficiario goza de la facultad de tener temporalmente una construcción en propiedad separada sobre la superficie del suelo. Este derecho no puede durar más de 99 años y, a su vencimiento, el propietario del suelo adquiere la propiedad de lo construido, reembolsando su valor. Esto ocurre, por ejemplo, con los centros comerciales, terminales terrestres, centros productivos, etcétera.
Asimismo, señala que también pueden realizarse los contratos de usufructo, según los cuales se obtienen las facultades de usar y disfrutar temporalmente de un bien ajeno (no más de 30 años). “Si ya tenemos la infraestructura hecha y lo que necesitamos es ponerla en operación y mantenimiento por parte de un privado, se puede utilizar esta modalidad contractual”, apunta.
Agrega el contrato por permuta, a través del cual los permutantes se obligan a transferirse recíprocamente la propiedad de los bienes; y el arrendamiento, que amerita la cesión temporal al arrendatario del uso de un bien por cierta cantidad de dinero pactado.
En tanto, explica que la cesión de uso es el derecho de usar o de servirse de un bien no consumible y se rige por las disposiciones relativas al usufructo, salvo las relativas al disfrute de los bienes.
Enumera como ejemplos de Proyectos en Activos a las viviendas de interés social, los centros comerciales, camales, centros médicos, centros productivos, terminales terrestres, parques industriales, mercados, playas de estacionamiento, cementerios, institutos de educación superior, entre otros.
Proyectos en Activos por Iniciativa estatal
En el caso de un Proyecto en Activos por iniciativa estatal, el especialista señala que existen cuatro fases. En la primera, denominada etapa de formulación, lo primero que se requiere es que la iniciativa este incluida en el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas – IMIAPP, mediante el acuerdo de consejo regional o concejo municipal, según sea el caso.
“Una vez que ya está incluido, plenamente identificado, priorizado y aprobado por la instancia correspondiente, recién allí podemos pasar al estudio técnico. No es que si ahora la Municipalidad de Chiclayo quiere hacer el terminal terrestre por iniciativa estatal se va a lanzar a hacer al estudio técnico. No. Primero tiene que estar en el IMIAPP”, resalta.
Después de que la unidad formuladora especializada haya elaborado el estudio técnico se procede a realizar el Informe de Evaluación, mediante el cual se establecen las potenciales mejoras que se pueden hacer al proyecto.
Apunta que el órgano encargado de entregar la conformidad a este Informe de Evaluación es el Comité de Promoción de la Inversión Privada – CPIP. Con ello se culmina la etapa de formulación y se pasa a la de estructuración, en la cual se elabora el diseño del Proyecto en Activos y las bases del concurso.
“Desde Proinversión siempre recomendamos que las entidades públicas interesadas en promover inversión privada para cerrar brechas de infraestructura y servicios públicos consideren la designación de los miembros que conformarán el Comité de la Inversión Privada, ya que serán básicamente los gestores de esos proyectos”, refiere.
Añade que con las bases listas se procede a convocar el concurso (etapa de transacción) y con ello invitar a los privados a que participen como postores del proceso de selección. Resalta que se anexará también la versión inicial del contrato, el cual consignará las cláusulas de responsabilidad, los bienes, la caducidad, la supervisión de las obras, los niveles de servicio, entre otras características.
“Con estos documentos y con la aprobación del concejo ya se convoca al proceso de selección y se abre la ventana para que los privados participen de este proyecto que ha sido diseñado por la entidad pública. Si le convence, este lanzará una oferta concreta y se volverá en un postor formal del proceso. Habrá un cronograma que será público para que todos los inversionistas interesados hagan las observaciones que consideren pertinentes a las bases, así como los comentarios a la versión inicial del contrato”, explica.
Finalmente -anota- se dará la adjudicación de la buena pro a alguno de los postores y se firmará la suscripción del contrato, con lo cual culmina la etapa de transacción y se pasa a la ejecución contractual, que es la supervisión y fiscalización de los compromisos de cada una de las partes.
Proyectos en Activos por Iniciativa privada
Por otro lado, señala que, cuando se trata de una iniciativa privada, esta puede presentarse en cualquier momento. A diferencia de la iniciativa estatal, que debía estar priorizada en el IMIAPP, aquí el privado observa la oportunidad y elabora el diseño de su propio proyecto para luego solicitar su admisión a trámite.
El Comité de Promoción de la Inversión Privada tendrá 15 días para evaluar si la iniciativa cumple con todos los requisitos. “Ojo, no evalúa que la demanda esté bien estimada ni que el modelo económico financiero esté correctamente diseñado o si cumple con los estándares que plantea la municipalidad o el gobierno regional. Lo que evalúa es que simplemente los contenidos estén”, explica el especialista.
En el caso de haber observaciones, el proponente contará con 10 días hábiles para levantarlas y solicitar nuevamente la admisión a trámite. Sin embargo, si en el plazo de 15 días hábiles el Comité no ha remitido ninguna comunicación, se entiende que el proyecto ha sido rechazado, en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo General.
“¿Qué pasa si se admite a trámite una iniciativa y luego otro inversionista presenta su solicitud? En este caso se comunicará a este segundo proponente que ya hay una iniciativa que está en marcha y por tanto la suya no podrá evaluarse. Si posteriormente se rechaza la primera, el segundo inversionista podrá presentar su iniciativa. Hubo casos en los que se han presentado hasta tres inversionistas. Aquí la ley señala que todas las solicitudes que se hacen a una institución pública tienen un orden de prelación, por lo tanto, el primero que presentó es el que genera la evaluación por parte del comité”, menciona.
Una vez que se admite a trámite, la entidad emitirá la Opinión de Relevancia, que es aprobada mediante sesión de concejo. Esta, como su nombre lo indica, consigna por qué el proyecto es importante para la jurisdicción, cuál es su impacto y cuáles son sus beneficios. Además, deberá determinar si la iniciativa responde a los objetivos estratégicos de los documentos de planificación de la entidad, tales como los Planes de Desarrollo Local.
Con ello se culmina la etapa de planeamiento y programación, y se pasa a la de formulación, en la que se elaborará el Informe de Evaluación. Si hubiera modificaciones al proyecto, el comité se las trasladará al proponente, quien deberá dar su conformidad para continuar con el proceso. No obstante, si el privado muestra su disconformidad con esas observaciones, se concluye el proceso.
“Una vez que el proponente acepta esas modificaciones, el comité le otorga su conformidad al Informe de Evaluación. Con esto se culmina la fase de formulación y, al igual que en la iniciativa estatal, podemos pasar a la fase de estructuración, que básicamente es elaborar la declaratoria de interés y la versión inicial del contrato”, precisa.
Refiere que con la publicación de la declaratoria de interés se abre un plazo de 90 días en los cuales los inversionistas privados pueden presentar su interés de ejecutar el proyecto. Para ello basta una carta simple y una carta fianza. De no existir terceros interesados, el proyecto se adjudica directamente a quien propuso la iniciativa, mediante un acuerdo de concejo municipal.
Sin embargo, basta que un interesado haya presentado su carta fianza para que se haga obligatoria la convocatoria a un proceso de selección. A diferencia de la iniciativa estatal, recién allí la entidad tendría que preocuparse en elaborar las bases del concurso.
“En todos estos temas Proinversión brinda asistencia técnica, ya sea por iniciativa estatal o privada. Sabemos que hay un campo importante por desarrollar en términos de capacidades y acompañamiento. Somos conscientes de ello y por eso justamente estamos trabajando con los gobiernos regionales y las municipalidades a nivel nacional”, asegura.
El presidente de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Alejandro Lamadrid Ubillús, explicó que la carga fiscal se ha incrementado en las dependencias del Ministerio Público con más de 46 mil nuevos casos entre julio del 2020 y julio de este año.
¿Cómo se desarrolla el trabajo del Ministerio Público en este segundo año de pandemia?
El Distrito Fiscal de Lambayeque se ubica entre los distritos fiscales a nivel nacional con alta carga procesal, con un ingreso continuo de denuncias que se incrementa cada año. Al cierre del 2020 contaba con 43 despachos (fiscalías), los que se mantienen desde el inicio de la presente gestión, año 2021.
Al término del segundo trimestre (junio 2021) se reporta un total acumulado de 482 mil 160 casos ingresados; concluidos 398 mil 782 (82.71 %) y 83 mil 378 casos en trámite (17.29 %).
Ante la continuidad de la declaratoria de emergencia nacional sanitaria y la situación del estado de emergencia a causa de la pandemia ocasionada por la COVID-19, se han emitido las respectivas disposiciones en cumplimiento del Plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, del Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, y de los lineamientos establecidos por la Fiscalía de la Nación, priorizando el trabajo remoto y la reducción del aforo en todas las sedes, de acuerdo a los niveles de alerta establecidos por el gobierno central para las provincias que jurisdiccionalmente conforman el Distrito Fiscal de Lambayeque.
¿Cómo se ha adecuado el Ministerio Público de Lambayeque a las medidas preventivas por la pandemia?
Actualmente nos encontramos con un aforo permitido al 40 % que corresponde al nivel de alerta moderado en que se ubican las regiones Lambayeque y Cajamarca. La atención al público también se encuentra autorizada en un 40 % de la capacidad operativa, salvaguardando las restricciones sanitarias y el distanciamiento social.
Tenemos horarios de ingreso escalonados para el personal y hasta la fecha se continúa con el seguimiento de los casos positivos Covid-19 por parte de los profesionales en Salud Ocupacional (médico y enfermera). Contamos también con un profesional ingeniero en temas de seguridad y salud en el trabajo, quienes además brindan orientación, absuelven consultas de los trabajadores y brindan charlas de prevención al personal fiscal y administrativo de las diversas sedes.
Asimismo, continuamente se aplican pruebas para descartar contagios en el personal que asiste a laborar en la modalidad presencial (diaria – interdiaria), a quienes se les distribuye oportunamente equipos de protección personal e insumos de bioseguridad.
La comunicación y acercamiento con la sociedad continúa a través de las mesas de partes virtuales y atención al usuario, que es de conocimiento de las diversas instituciones y la ciudadanía; y a través de la página en Facebook del Distrito Fiscal de Lambayeque y notas de prensa publicadas.
¿Cuántos trabajadores tiene el Ministerio Público en Lambayeque y cuántos de estos se encuentran realizando trabajo presencial?
El Distrito Fiscal de Lambayeque tiene 699 trabajadores, de los cuales 243 (35 %) realizan sus labores en la modalidad presencial y mixta y 446 trabajadores (64 %) realizan trabajo remoto. Diez trabajadores se encuentran con licencia con goce de haber por compensación posterior.
¿Cuánto ha incremento la carga procesal en el Ministerio de Lambayeque en el último año?
De julio de 2020 a julio de 2021, la carga procesal de Distrito Fiscal de Lambayeque ha visto un incremento de 46 mil 578 casos.
¿Qué fiscalías son las que presentan la mayor cantidad de carpetas en trámite?
Entre las fiscalías con mayor carga procesal se encuentran la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de La Victoria, con 12 mil 209 casos en trámite, las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Chiclayo con 10 mil 362, distribuyéndose de la siguiente manera: nueve mil 793 en la Primera Fiscalía Provincial Penal; ocho mil 16 en la Segunda y ocho mil 16 en la Tercera.
¿Cuántas sentencias condenatorias han logrado los fiscales de Lambayeque en lo que va del año?
Del 1 de enero al 31 de julio de 2021 tenemos dos mil 670 personas sentenciadas (sentencias condenatorias) en el Distrito Fiscal de Lambayeque.
¿En materia de lucha contra la corrupción, cuántas investigaciones tiene en curso el Ministerio Público en Lambayeque?
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque tiene en trámite 922 casos.
¿Cuántas sentencias por corrupción se han alcanzado en el último año?
Del 1 de enero al 31 de julio de 2021 se han obtenido un total de 40 sentencias condenatorias.
Respecto a investigaciones por criminalidad organizada, ¿Cuántas están en curso?
La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque tiene un total de 104 carpetas en trámite, de las cuales 89 se encuentran en etapa de investigación, 11 en etapa intermedia y cuatro en etapa de juicio oral.
¿Cuál es la estadística de casos por violencia contra la mujer y el grupo familiar?
En el Distrito Fiscal de Lambayeque tenemos dos Fiscalías Especializadas en Delitos de Lesiones y Agresiones en contra de las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar; siendo que en la sede de Chiclayo se tiene mil 809 casos en trámite y la sede de José Leonardo Ortiz tiene mil 319.
¿Qué expectativas de reforma a nivel legislativo tiene del nuevo Congreso?
El fortalecimiento del sistema de justicia, dotando de mayor presupuesto al Ministerio Público, atendiendo al aumento de la criminalidad, lo que hace necesario el incremento de personal fiscal y administrativo, así como de logística adecuada.
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es toda una institución en América Latina. Ostenta el título de ser la primera casa superior de estudios del continente (1551), es anterior a la independencia del Perú y por sus aulas han pasado notable personajes de la talla de Jorge Basadre, Federico Villarreal, José María Arguedas, Abraham Valdelomar, Víctor Raúl Haya de la Torre, entre otros. Tras 470 años de creación, el 24 de junio tuvo lugar un hecho histórico: por primera vez, una mujer fue elegida como rectora. Se trata de la contadora Jerí Ramón Ruffner, quien lleva como vicerrector académico al ferreñafano Carlos Cabrera Carranza.
Cabrera Carranza, ingeniero de profesión, señala que salió de Ferreñafe en 1976, tras ocupar uno de los primeros puestos en el Colegio Santa Lucía de dicha localidad. Partió a Piura, donde se graduó de la carrera de Ingeniería Pesquera en la Universidad Nacional de Piura, y en 1986 ingresó a trabajar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde entonces, el ferreñafano ha ido escalando todas las posiciones hasta llegar al cargo de vicerrector.
“Llevo un caminar de 35 años en San Marcos. Inicié como jefe de prácticas, pero con mucha humildad y honestidad he ido escalando. Nunca he desmayado, porque en la vida nada es fácil. El camino es duro y mucho más cuando uno viene de un hogar donde lo que más faltaba eran los recursos económicos, pero las ganas y conocimientos no nos faltan a los ferreñafanos”, comenta.
Rompiendo esquemas
Señala que las elecciones al interior de San Marcos para elegir a las nuevas autoridades fueron bastante reñidas. Participaron siete agrupaciones políticas, que debieron conseguir la simpatía de 35 mil alumnos y tres mil docentes. Sin embargo, la lista encabezada por la doctora Jerí Ramón se impuso con más del 65 % de los votos, con lo cual se convirtió en primera rectora mujer, tras 219 rectores varones.
“Es un reto para nosotros porque en este contexto de pandemia nos toca gestionar. Esta es una universidad muy compleja, con muchas perspectivas y situaciones por las que verdaderamente amerita trabajar. Además, es una oportunidad grande de servir al Perú y ayudar a mejorar la calidad educativa y la internacionalización académica. Es lo que nos hemos proyectado para los próximos cinco años de gestión y estamos convencidos de que lo vamos a cumplir”, afirma.
Anota que actualmente la universidad cuenta con 35 mil alumnos en pregrado y más de tres mil 500 profesores ordinarios, además de otros mil contratados. En cuanto a posgrado, indica que hay un promedio de 10 mil alumnos y mil docentes. La plana administrativa agrupa a mil 200 trabajadores, fuera de los que están por Contrato Administrativo de Servicios – CAS, y terceros.
Refiere que el presupuesto anual que recibe la universidad es de 500 millones de soles. Señala que el 60 % de los ingresos de San Marcos se destina al pago de remuneraciones. Sin embargo, hay un 40 % del presupuesto que debe ser cubierto con recursos directamente recaudados, los cuales son difíciles de conseguir en este contexto de pandemia, pues la mayoría del dinero proviene de la educación en posgrado.
“En San Marcos el posgrado sí es autofinanciado, en cambio pregrado es gratuito. Con el presupuesto adicional que recaudamos podemos mejorar la calidad de los laboratorios, del equipamiento. En este momento es un reto manejar una universidad de gran envergadura, cuando se tienen pocos recursos, pero los convenios internacionales que tenemos nos permiten buscar un vínculo de sostenimiento y apoyo”, manifiesta.
Pandemia
Cabrera Carranza señala que la pandemia por el COVID-19 le trajo a San Marcos la pérdida de docentes, administrativos y estudiantes. Sin embargo, el trabajo debió continuar para adaptarse a la educación remota y capacitar a los catedráticos en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Del mismo modo, se ayudó a los alumnos a superar la brecha digital para que puedan conectarse a sus clases.
“En una universidad pública de la magnitud de San Marcos es difícil apoyar a toda la población de estudiantes. A algunos se les ha dado chips, módems. Tenemos comensales que habitan en las viviendas universitarias y tenemos que atenderlos, porque la parte del bienestar social es importante para nosotros”, asegura.
Relata que la gestión de la que forma parte está trabajando en cristalizar una de sus propuestas de campaña que fue la implementación de una planta de oxígeno en la ciudad universitaria y otra en la sede de San Juan de Lurigancho. Hasta el momento -indica- la ejecución de esta infraestructura no está costándole a la universidad, pues se está haciendo con la colaboración de egresados que aportan con su universidad.
Refiere que San Marcos trabaja con un sistema de educación semipresencial, que aplica solo para los alumnos que requieren hacer sus investigaciones en los laboratorios. Para ello se ha implementado todo un protocolo sanitario.
Internacionalización
Cabrera Carranza resalta que uno de los objetivos de la gestión presidida por Jerí Ramón es lograr la internacionalización académica de San Marcos, para lo cual fortalecerán la movilidad estudiantil y docente, a fin de que tengan más oportunidades de capacitarse en el exterior. Anota que la casa superior de estudios tiene un convenio ya con la Universidad de Harvard (Estados Unidos) y un presupuesto semilla para generar alianzas con otras instituciones del mundo.
“Nuestros docentes también deben promoverse en cuanto a la investigación con los laboratorios y universidades del mundo para que San Marcos siga teniendo ese ranking. En este mes de gestión que llevamos hemos elaborado convenios con universidades internacionales, que muy gustosamente quieren trabajar con nosotros, lo cual nos motiva a seguir preparando a nuestros docentes y catedráticos”, afirma.
Señala que una de las principales barreras que tienen es la idiomática, pues la universidad tiene convenios con países como Japón, China y Taiwán, los cuales piden como requisito indispensable el dominio del idioma inglés, además del manejo de las herramientas informáticas.
Lambayeque
Por otro lado, Cabrera Carranza observa con preocupación que la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de la cual es docente de la maestría de Ingeniería Ambiental, no logre aún su licenciamiento. Anota que sostiene conversaciones con el decano de la Facultad de Ingeniería Agrícola, Jorge Cumpa Reyes, a fin de firmar un convenio institucional.
“La Universidad Pedro Ruiz Gallo tiene convenios con instituciones como SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología) y ha recibido donaciones de terrenos y equipos para realizar proyectos agrarios. Nosotros no contamos con la carrera de ingeniería agrícola, pero sí tenemos carreras afines como Ingeniería Geográfica, que utiliza herramientas geoespaciales como la cartografía, drones y manejo satelital. La idea es darnos el soporte tecnológico para crear una sinergia. Estamos comprometidos en que la universidad se licencie lo antes posible”, asevera.
Explica que en Lambayeque pueden trabajarse proyectos orientados a detener la salinización de los suelos agrícolas, los cuales se degradan con el tiempo, debido al cultivo del arroz.
Indica que San Marcos cuenta con institutos de investigación en seis departamentos y, si bien Lambayeque no es uno de estos, no descarta que sea incluido dentro del proyecto de descentralización de la universidad.
“Una de las iniciativas que tenemos con la rectora es captar a los mejores talentos y darles todo el apoyo. Ellos están en provincia, en los lugares más lejanos del país. Son los chicos que no tienen recursos, a ellos hay que apoyarlos. Como ferreñafano aspiro a que todos mis coterráneos logren el desarrollo, porque sé de su talento”, enuncia.
Por otro lado, indica que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, necesita reformularse, pues no se puede permitir la intromisión en la autonomía de las universidades. No obstante, refiere que esto no debe mellar la búsqueda de la calidad educativa, que es un principio compartido por San Marcos.
“A los docentes les piden que sean magísteres y doctores, pero no les dan facilidades para que estudien. Al estudiante si repite tres veces lo mandan a su casa, pero no miden la real situación social y económica por la que pasa el joven. No saben si se alimentó, si su padre murió, tantas cosas. La SUNEDU debe regular su accionar”, opina.
La capacidad de la gestión que lidera el alcalde Marcos Gasco Arrobas en la Municipalidad Provincial de Chiclayo – MPCH, vuelve a estar en cuestión. Por tercer año consecutivo, la comuna está lejos de alcanzar la ejecución de por lo menos más del 50 % de los recursos asignados para obras, pese a la evidente carencia de infraestructura y mejores servicios para la ciudadanía.
Para este año, la municipalidad provincial tiene destinado un Presupuesto Institucional Modificado – PIM, ascendente a 194 millones 776 mil 89 soles, de los cuales ha ejecutado hasta el cierre de este informe el 35.3 %, pese a que faltan solo cuatro meses para concluir el ejercicio anual.
El porcentaje gastado equivale a 68 millones 20 mil 291 soles.
¿En qué se gasta?
Del total del presupuesto, 969 mil 480 corresponden al Programa Articulado Nutricional, de los cuales se ha gastado el 38.4 % (369 mil 766 soles); un millón 683 mil 798 soles para la atención a la población con TBC-VIH/SIDA, del que se ha ejecutado solo el 5 % (83 mil 792 soles), y 25 mil soles para la atención y prevención de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, recursos de los que hasta ahora no se mueve un sol.
Para la Reducción de delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana la comuna cuenta con seis millones 702 mil 828 soles, habiendo gastado el 65.8 % (cuatro millones 266 mil 185 soles), dinero que en su mayoría se destina para la contratación de personal eventual para el Serenazgo y la Policía Municipal.
Respecto a Gestión integral de residuos sólidos, lo presupuestado para este año es 20 millones 882 mil 154 soles, de los cuales se han gastado nueve millones 220 mil 296 soles (44.6 %); para la Mejora de la inocuidad agroalimentaria el presupuesto es de 25 mil soles y lo gastado es cero soles hasta el momento, en tanto de los 661 mil 388 soles destinados este año para Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, se ha gastado el 58.6 % (386 mil 366 soles).
De la partida Programa Nacional de Saneamiento Urbano, lo asignado para el 2021 son 12 millones 164 mil 309 soles, de los cuales se ha ejecutado el 12.9 %, es decir un millón 568 mil 538 soles. Asimismo, de los 119 mil 946 soles del Programa Nacional de Saneamiento Rural no se ha gastado nada, hasta ahora.
Más partidas
Otras partidas asignadas a la Municipalidad Provincial de Chiclayo son: Logros de aprendizaje de estudiantes de Educación Básica Regular – EBR, con 48 millones 606 mil 534 soles, habiéndose ejecutado el 8.3 % (cuatro millones 22 mil 424 soles); Nuestras Ciudades, con 781 mil 13 soles de presupuesto, recurso que se mantiene intacto, mientras que en lo destinado para Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, lo gastado es el 33.6 % de los 325 mil 374 soles, equivalente a 93 mil 723 soles.
De la partida Acceso de las familias a vivienda y entorno urbano adecuado, el presupuesto asciende a cuatro millones 782 mil 155 soles, de los cuales el 25.5 % ha sido ejecutado (un millón 201 mil 60 soles); de la partida Reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental en el transporte urbano, con siete millones 926 mil 196 soles de presupuesto, lo invertido suma 973 mil 300 soles (12.4 %), en tanto de la partida Acciones centrales, con 28 millones 371 mil 830 soles, lo gastado es 19 millones 39 mil 96 soles (68.9 %).
Finalmente, de los 60 millones 749 mil 84 soles que corresponden a Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, lo gastado es el 43.9 % (26 millones 443 mil 746 soles).
Proyectos de inversión
De los recursos presupuestados este año para que la Municipalidad Provincial de Chiclayo ejecute proyectos de inversión; es decir, obras públicas, lo ejecutado llega apenas al 8.9 % de los 83 millones 921 mil 232 soles totales, lo que representa el gasto de siete millones 489 mil 662 soles.
Esto mientras en la provincia, municipalidades como la de Chongoyape tiene a la fecha el 72 % de la ejecución de su presupuesto de inversión; Lagunas el 81.7 %, Monsefú el 76.5 %, Nueva Arica el 60.1 %, Oyotún el 79.9 %, Santa Rosa el 77.8 % y Pomalca el 91.2 %, con un presupuesto mayor a lo invertido hasta el momento por la municipalidad de Chiclayo.
Falta de capacidad
El regidor Percy Espinoza Gonzales señala que los funcionarios de la comuna provincial han argumentado que la lentitud para la ejecución de los recursos en el tercer año de la gestión de Gasco Arrobas es la abultada deuda que tiene la entidad, la que según estimaciones asciende a 400 millones de soles.
“Ese argumento que no es válido, no por el hecho que se deba esa cantidad, sino porque en realidad la municipalidad sí tiene proyectos y tiene presupuesto para ejecutarlos. Este año hay un promedio de 71 proyectos en cartera y del monto global del presupuesto, 84 millones están destinados para estos 71 proyectos”, menciona.
Añade que no hay justificación para que la municipalidad tenga tan bajo porcentaje de avance presupuestal.
“Estamos hablando del tercer año de gestión y por lo general en el tercer año de gestión se va en automático, como para usar un término un tanto coloquial. Los 44 proyectos que se están dejando de ejecutar en este año se vienen arrastrando desde el primer año de gestión. Entonces, acá la pregunta es qué ha pasado y la respuesta es: los funcionarios vinculados a las unidades orgánicas de Presupuesto, Logística, Estudios y Proyectos, Administración y la Gerencia General, no han dado la talla para ejecutar estos proyectos”, afirma el concejal.
Las deficiencias en la ejecución presupuestal no son nuevas en la administración Gasco Arrobas. En el 2019, primer año de la gestión, de los 47 millones 742 mil 36 soles para obras, solo se gastó el 20.8 %; es decir, nueve millones 934 mil 894 soles. En el 2020, el presupuesto para obras fue de 53 millones 162 mil 202 soles, gastándose solo el 17.7 %, equivalente a nueve millones 26 mil 33 soles. El pretexto de la gestión fue la pandemia por el Covid-19.
“Lo que pasa es que no hay una renovación del equipo de profesionales, entonces, creo yo, es un punto importante a analizar. La municipalidad de Chiclayo es la que lidera en términos de presupuesto a nivel departamental, pero el año pasado fue la sexta con menor ejecución. Eso es vergonzoso y condenable”, afirma el regidor.
Percy Espinoza menciona que si la comuna no logra revertir el bajo nivel de ejecución presupuestal que se tiene en el octavo mes del año, difícilmente se alcanzará una meta por lo menos destacable respecto a la realización de obras públicas, considerando que buena parte de los proyectos en cartera fueron formulados en la administración de David Cornejo Chinguel, razón por la que es pertinente preguntar cuántos nuevos proyectos ha generado la administración de Gasco Arrobas.
“El próximo año es período electoral municipal y regional, y como es lógico muchos de los actuales funcionarios estarán más pendientes de su futuro laboral que de cumplir con las tareas encomendadas por la municipalidad. Es lamentable que nuevamente hablemos de cuatro años perdidos para Chiclayo”, asevera.
Cuestionable es la decisión que tomó el Comité de Selección nombrado para la adjudicación de tres procesos convocados por la Municipalidad Distrital de Olmos, cuyo objeto consiste en el mejoramiento de diferentes caminos vecinales en el ámbito distrital, valorizados en seis millones de soles.
En los últimos días de julio, el Comité de Selección presidido por Armando Alegría Chirinos e integrado por Edgardo Cruz Mora y Alex Rafael Cusma, realizó la tramitación de tres procedimientos selectivos, en los cuales participaron diez consorcios, de los cuales siete no fueron admitidos.
Es así como el 20 de julio se adjudicó la buena pro del Procedimiento Especial de Contratación Especial N° 10 -2021-MDO al Consorcio PASABAR, conformado por ARCAVAS Consultores y Contratistas EIRL y HBBA Contratistas SAC, cuya oferta contiene serias irregularidades respecto a la suscripción de la carta de presentación que no fue presentada, como así también la acreditación de la experiencia requerida en la ejecución de obras similares conforme lo establecen las bases del proceso. Aunado a ello, la inconsistente acreditación de la solvencia económica requerida mediante la presentación de una Carta de Línea de Crédito emitida por una entidad crediticia.
Las ofertas
“Pese a que la entidad edilicia no transparentó los tres procesos de adjudicación publicando en el SEACE las ofertas de los consorcios a los que se le adjudicó la buena pro, como lo establece la normatividad vigente, fue posible obtener acceso a ellas a través de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública”, explica el especialista en Contrataciones del Estado, Jorge Chávez Pita.
Añade que al evaluar la primera oferta, en este caso la presentada por el Consorcio PASABAR, se advierte que a folios 62 de la misma se encuentra el documento titulado “Carta de Presentación de Oferta” suscrita por el respectivo representante común del consorcio, condición que se contrapone a lo establecido en las bases del proceso respecto al requisito expreso que debe contener dicho documento para su validación.
“Las bases señalan que en de consorcios, este documento requiere la firma de todos los integrantes del consorcio, requisito obligatorio que el Consorcio PASABAR no cumplió, por cuanto dicho documento no fue firmado por los representantes de las empresas consorciadas, sino por el representante común, condición que el comité de selección debió tener en cuenta y no convalidar la Carta de Presentación de la Oferta y, por ende, declarar la no admisibilidad de la oferta, por cuanto el documento en cuestión no cumplía con lo establecido en las bases como condición obligatoria”, precisa.
Menciona que al efectuar la evaluación de la oferta del Consorcio OBERSAL, conformado por el recurrente integrante ARCAVAS Consultores y Contratistas EIRL y J.V.P. Ingenieros Constructores SCRL, a quien se le adjudicó la buena pro del segundo Proceso de Contratación Especial N° 11- 2021 – MDO, se advierte que a folios 62 de su oferta se encuentra el mismo documento (Carta de Presentación de Oferta) suscrito por el representante legal común del consorcio, la cual de acuerdo a lo esbozado en el caso anterior, no debió ser validada. Consecuentemente en este extremo la oferta de dicho consorcio debió ser declarada por el comité, igualmente como “no admitida”.
En esa misma línea, al efectuar la revisión de la oferta del Consorcio Vial Porvenir, conformado reiterativamente por la empresa “ARCAVAS Consultores y Contratistas EIRL” y HMR Constructora SAC, adjudicatario de la buena pro del tercer Procedimiento Especial de Contratación N° 12 - 2021 – MDO, se advierte la misma informalidad contenida en la Carta de Presentación de Oferta (folio 61 de la oferta), ya que esta – igual que las anteriores – fue suscrita por el representante legal común del consorcio, incumpliendo lo establecido en las bases del proceso que tuvieron que ser materia para que el comité decidiera la no admisibilidad de la oferta.
Acreditación de experiencia
Respecto a la acreditación de la experiencia en la ejecución de obras similares, las tres ofertas presentadas en el mismo número de procesos muestran que la experiencia fue acreditada en los tres procesos con dos contratos que en cuadro resumen del Anexo 10 de cada una de las ofertas se detallan, las cuales provienen de la participación en consorcios por la recurrente empresa ARCAVAS Consultores y Contratistas EIRL, lo que en suma hacen un total de cinco millones 719 mil 205.34 soles, importe que supera el monto requerido como experiencia para los tres procedimientos.
“Es decir, en este extremo este requisito aparentemente estaba bien acreditado, lo cual no es así, ya que la acreditación no se ajusta a lo forma de lo establecido en las bases de cada uno de los procesos, en cuanto esta establece indubitablemente que la forma de acreditación de la experiencia requerida deberá realizarse mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y sus respectivas constancias de prestación, de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, “así como el monto total que implicó su ejecución”, condicionantes que si bien fueron cumplidas con la presentación de las respectivas Actas de Recepción de cada una de la obras, los tres consorcios no presentaron documento alguno donde se especifique el monto total que implicó la ejecución, como así lo consideraron las bases de cada procedimiento”, detalla.
A pesar que los tres consorcios adjuntaron las Actas de Recepción de Obra de cada una de las obras acreditadas, en las cuales se observa el presupuesto de obra y el presupuesto contractual, en ambos casos, más no el monto final que implicó la ejecución de ambos proyectos; razón por la cual al haberse admitido dichos documentos, el comité transgredió lo estipulado en las bases y las opiniones emitidas por la Dirección Técnico Normativa del OSCE, como son la Opinión N° 185-2017/DTN y la Opinión N° 166-2016/DTN.
En ese sentido, quedaría establecido que el Comité de Selección, en este extremo, también habría favoreció a los tres consorcios otorgándoles la buena pro, pese a no presentar ninguno de ellos un documento en el que se identifique de manera fehaciente cuál fue el monto total efectivamente ejecutado, razón por la cual la acreditación de la experiencia requerida carecería de uno de los elementos solicitados en las bases integradas de cada uno de los procedimientos.
Esto tendría como consecuencia que al no poder valorarse las actas de recepción de obra adjunta a cada uno de los contratos presentados, no sería posible considerar el importe total declarado en el Anexo N° 10 para cada una de las contrataciones.
Para mayor abundamiento al respecto, se debe tener en cuenta como jurisprudencia de aplicación obligatoria la Resolución N° 02642-2020-TCE-S3 emitida el 15 de diciembre de 2020 por el Tribunal de Contrataciones del Estado.
Solvencia económica
Respecto a la acreditación de la solvencia económica requerida en las bases integradas por parte de los tres consorcios ganadores de la buena pro, se advierte que en las ofertas de las mismas se encuentran tres cartas dirigidas al Comité de Selección emitidas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Qorilazo, con sede en la ciudad de Abancay, mediante las cuales les comunica que tres integrantes de los consorcios a quienes se les otorgó la buena pro tienen una línea de crédito aprobada, vigente y disponible por la suma requerida para cada uno de los procedimientos, haciendo un total de monto crediticio indicado en los tres documentos cercano a los seis millones de soles.
No obstante, de la revisión de la relación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COOPAC) y Centrales inscritas en el registro de COOPAC y Centrales de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), se advierte que la COOPAC Qorilazo, presenta “Nivel Modular” el valor de uno (1) y “Nivel de Operaciones” el valor dos (2).
Al respecto, el numeral 3 de la Vigesimocuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley N° 26702 “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguro y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros respecto de la Regulación y Supervisión de las COOPAC, establece que: Según se encuentren en cada nivel, estas pueden realizar, entre otras operaciones, las del Nivel 1 (…) Otorgar avales y fianzas a sus socios, a plazo y monto determinados, “no válidos para procesos de contratación con el Estado”.
Bajo esta condición las cartas de la COOPAC Qorilazo, en los tres procesos donde fueron presentadas, no pueden ser validadas como efectivas, por las condiciones que la ley prevé, lo que permite establecer que los integrantes del Comité de Selección aceptaron las propuestas de los tres consorcios y otorgaron la buena pro a los mismos, pese a que no cumplieron con el requisito de “Solvencia Económica”, dado que la entidad que emitió la carta de línea de crédito no está facultada para realizar dichas operaciones, debido a que la calificación de su nivel modular se lo prohíbe.
“Los cuestionamientos fácticos respecto a la actuación del comité de selección en los tres procesos llevados a cabo no solo identifican una clara predictibilidad por parte de sus integrantes de favorecer a los tres consorcios con el otorgamiento de la buena pro, sino también muestran fuertes indicios de la comisión de los delitos contra la administración pública, entre ellos, el delito de colusión, abuso de autoridad, entre otros, en agravio del Estado, los cuales deben ser sometidos a los procesos correspondientes por las instancias competentes”, enfatiza Chávez Pita.
En entrevista con Expresión, el director ejecutivo del Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña (PEJEZA), Leopoldo Fernández León, señaló que este año se ha culminado con la formulación de tres estudios a nivel de perfil, en el marco del Plan Integral para el Control de Inundaciones y Movimientos de Masa en la Cuenca del Río Zaña. Estos tres proyectos tienen una inversión total estimada de 228 millones 434 mil 107.02 soles.
Uno de estos es el proyecto de creación de servicios de protección contra inundaciones en los distritos de Oyotún, Nueva Arica, Cayaltí, Zaña, Lagunas – Mocupe (Chiclayo) y Nanchoc (San Miguel – Cajamarca). La meta física es construir 93.942 kilómetros de defensas ribereñas en tramos de desborde del río Zaña, 1.024 kilómetros de defensas ribereñas en tramos de desborde del río Nanchoc; así como tomas, puentes peatonales, badén y la instalación de un Sistema de Alerta Temprana. El monto de inversión es de 160 millones 466 mil 848.04 soles.
Asimismo, se terminó con el estudio para la creación del servicio de protección en riberas vulnerables contra los movimientos de masa en la subcuenca del río Nanchoc. La meta física es lograr la construcción de la presa Nanchoc para la retención de sólidos. Esta tendrá una altura de 10 metros y una capacidad de 633 mil 401.84 metros cúbicos. El monto de inversión es de 13 millones 22 mil 217.44 soles.
De igual forma, se culminó con el estudio para la recuperación de los servicios de ecosistemas degradados de los bosques estacionalmente secos y el matorral andino, donde se encuentran los factores desencadenantes del movimiento de masa en la cuenca media y alta del río Zaña, que afecta a los distritos de Bolívar, La Florida, Calquis, Nanchoc, Niepos (San Miguel) y Oyotún (Chiclayo). La meta de este proyecto es lograr la reforestación de tres mil 142.58 hectáreas de áreas degradadas y el monto de inversión es de 54 millones 945 mil 41.54 soles.
Otros proyectos
Fernández León recordó que el impacto de PEJEZA en los valles Jequetepeque y Zaña ha sido positivo desde su constitución. Por ejemplo, señaló que en el año 1994 el proyecto realizó 11 kilómetros de drenaje en la parte baja del río Zaña.
Precisa que el PEJEZA está evaluando retomar la asistencia técnica y capacitación en cuanto a la distribución del recurso hídrico para riego, con la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Zaña, como se realizaba antes a través de convenios.
Además, indicó que también está en evaluación la formulación de un proyecto de inversión para la instalación de sistemas de control y medición de las aguas de riego, distribuidas en el Valle Zaña.
Al respecto, destacó que para la reformulación de la segunda etapa del Proyecto Jequetepeque – Zaña se consideran intervenciones en el Valle Zaña, a fin de cubrir el déficit hídrico de las áreas que no se lograrían incorporar al riego con el proyecto del reservorio Las Delicias.
No obstante, sostuvo que ningún gobierno ha tenido la decisión política de mejorar la agricultura, a pesar que este sector es vital para el desarrollo nacional. También reconoció que JEPEZA realiza una mayor inversión en La Libertad y Cajamarca, por lo que espera que el gobierno de turno se interese en ejecutar la segunda fase que beneficie al valle de Zaña.
Las Delicias
También precisó que la irrigación de las pampas de Lagunas y Zaña ya es viable, a través del proyecto Las Delicias, cuya elaboración del expediente técnico está a cargo del Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI. “Es un sueño cumplido y un punto favorable para estas tierras en beneficio de los lugareños”, puntualizó.
Subrayó que PEJEZA, además de La Libertad, trabaja con Cajamarca para disminuir la acumulación de sedimentos en la represa Gallito Ciego. “Como se sabe, el agua viene directo del río hacia el embalse, tiene el mismo problema que la presa Limón en Olmos, no como Tinajones que cuenta con un canal alimentador. De este modo, no recibe la afluencia de las grandes avenidas”, precisó.
En relación a la infraestructura que beneficia a Lambayeque, citó el canal Talambo, que en su primera etapa irriga los terrenos de Cerro Prieto. Así también, señaló que muchos trabajadores provienen de Chepén y Lambayeque, beneficiando a familias de ambas jurisdicciones.
Preguntado por la segunda etapa del proyecto y en especial de la represa Gallito Ciego, manifestó que dependerá de la decisión política del gobierno de turno. “Si viene con la mejor intención de desarrollar la zona agrícola va a apoyar este proyecto. Siempre he escuchado que la agricultura es la base del desarrollo de la nación, lamentablemente, ningún gobierno ha tenido la decisión política para mejorar la agricultura”, anotó.
Calificó de penoso que teniendo una gran zona agrícola, esta no sea aprovechada. “Hay que ver la manera de cómo mejorar la calidad de vida de los agricultores, mediante la asociatividad y el aumento de su credibilidad crediticia, para que se conviertan en agroexportadores, pues solos no lo van hacer, solos es imposible”, acotó.
Asimismo, lamentó que los gobiernos no le den la debida importancia a la agricultura. “He trabajado muchos años en cultivos de agroexportación, pero el Estado no se mete de lleno, cuando decida realmente hacerlo, las cosas podrían mejorar”, resaltó.
Reveló que con tanta inundación de los terrenos de cultivo los suelos se salinizan y van perdiendo su valor, por ello es hora que los gobiernos de turno se pongan las pilas e impulsen los proyectos que van a servir al desarrollo de los valles.
Coordinaciones
Sobre las limitaciones de PEJEZA, citó que la principal es la presupuestal, ya que los recursos que recibe el organismo son a “cuentagotas”. Así también, se refirió a la falta de profesionales para elaborar buenos proyectos, situación que origina expedientes técnicos mal hechos. Aseveró que esta misma situación se advierte en los gobiernos locales y regionales.
Respecto a las coordinaciones con el Gobierno Regional de Lambayeque, manifestó que no ha realizado ninguna por cuanto están a la espera del desenvolvimiento de la actual coyuntura política.
Reconoció que el Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña solo debería llamarse Jequetepeque, toda vez que no se ha desarrollado mayor labor en el valle de Zaña, a excepción del canal Talambo, por lo que debería ampliarse la infraestructura hacia el valle en mención.
Proyectos
Sobre el manejo de cuencas, citó la elaboración de tres planes integrales para el río Zaña, Chicama y Virú. No obstante, señaló que en el caso de este último no se cumplió a cabalidad, pues solo avanzó en un 65 %, quedando pendientes los componentes B y C.
“Se han tomado medidas administrativas, rescindiendo el contrato, por cuanto, de aquí a cuatro o cinco años nos pedirán cuentas. Si no actuamos, más tarde se dirá que hubo plata por debajo” acotó Fernández León, quien también manifestó que los planes integrales de Chicama y Zaña se encuentran completos al 100 %.
Refirió que para este año el PEJEZA cuenta con un presupuesto de 46 millones, cifra de la cual falta invertir en el proyecto de defensa ribereña en los puntos más críticos de Jequetepeque; en tanto, se iniciará la ejecución de un dren en el sector de Pueblo Nuevo, proyecto que data del 2003.
“La población lleva esperando 18 años este proyecto, sin embargo, debido a la mala elaboración del expediente técnico se está trabajando un informe de compatibilidad para mejorarlo. Ya se entregó el terreno, pero hay que mejorar el expediente para empezar bien y terminar bien”, puntualizó.
Personal
Por otro lado, indicó que el PEJEZA cuenta con 45 trabajadores sindicalizados, bajo el régimen de la Ley N° 728, mientras que el resto son locadores de servicio.
Manifestó que, a raíz de la pandemia, cumplen con las medidas de bioseguridad y los protocolos que exige el Ministerio de Salud para la realización de labores presenciales. “Contamos con enfermeras y además tomamos pruebas COVID periódicamente, así como la temperatura a los trabajadores y visitantes”, anotó.
Desde abril del presente año, Fernández León asumió la dirección ejecutiva del Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña. “El tiempo que estemos vamos a poner toda nuestra experiencia, capacidad, honestidad y transparencia para dejar al que venga todo cuadrado para desarrollar los proyectos”, enfatizó el funcionario.
Frontera agrícola
En tanto, resaltó que para la segunda etapa del Proyecto Jequetepeque – Zaña se contempla intervenir en áreas que no estarían siendo cubiertas por el proyecto ‘Mejoramiento y regulación para el sistema de riego del valle de Zaña, distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva Arica y Oyotún, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque’.
Mencionó que se contempla la inclusión de los recursos subterráneos de las cuencas Jequetepeque y Zaña; la inclusión de la regulación en la cuenca de Zaña, mediante la represa Las Delicias; la inclusión de la regulación de excesos hídricos en la cuenca Jequetepeque, a través del Reservorio El Pongo; y la exclusión de la derivación del río Cajamarquino.
Augusto Llontop Niquen es ingeniero metalurgista, nació en Ciudad Eten, proviene de una familia de ocho hijos, todos profesionales. Está casado con la dama Juanita Millones, es padre de tres hijos: Susana, Alonso y Nataly, tiene un nieto de dos años, que es su adoración. Estudió primaria en el Colegio Nº 228, “Pedro Ruiz Gallo”, de Ciudad Eten, secundaria en el Colegio Nacional de “San José” de Chiclayo - Promoción 1968 - y su educación superior la desarrolló en la Universidad Nacional de Ingeniería – UNI, integrando la Promoción 1977, “Mario Samamé Boggio”.
Salió de Ciudad Eten el año 1969 con el único propósito de triunfar y, gracias a su perseverancia, constancia, estudio y disciplina, hoy en día se ha convertido en el chiclayano – etenano ejemplo de lo que un provinciano es capaz de lograr para abrazar el triunfo y vivir feliz y tranquilo, como se define.
Expresión al cumplir 28 años de circulación quiso entrevistar a un ciudadano de nuestra provincia que es hoy en día ejemplo de trabajo. Augusto Llontop Niquen honra a los mochicas, a sus padres y se siente orgulloso de ser un peruano auténtico.
¿Cuánto ha avanzado la actividad minera para hacerse mucho más amigable con el medioambiente y evitar así la contaminación?
Nuestro país se encuentra ubicado entre los países minero - metalúrgicos más importantes del mundo. Esta posición exige a Osinergmin (entidad dependiente del Ministerio de Energía y Minas) a controlar y monitorear “in situ” todas las exigencias medio ambientales.
¿La cuantificación del avance la tiene, por tanto, Osinergmin?
Aquí vale nada más que mi opinión y puedo decirle que sí hemos avanzado, ya que todos los controles de los límites permisibles de contaminación ambiental son muy estrictos.
¿Cuán actualizado está el Perú respecto a las tecnologías e innovaciones que reducen el impacto ambiental de la minería?
Nuestro país tiene 3 niveles o categorías en la Industria Minera: Gran Minería o Minería del Cobre, Mediana Minería y Pequeña Minería. Repito, todas están controladas o monitoreadas por Osinergmin. Debo precisar que lo que se controla son las aguas provenientes de las minas que generalmente contienen elementos metálicos como arsénico, manganeso, antimonio, etc., en forma de iones. Todos ellos se reducen usando productos químicos para así llegar a los niveles permisibles, de tal manera que dichas aguas no causen impacto sobre los animales y plantas.
Si Osinergmin comprueba que los niveles de contaminación son altos, esto podría causar el cierre temporal de una operación minera hasta lograr solucionar el problema.
En esta solución surgen las tecnologías denominadas Tecnologías Limpias con una serie de alternativas, que por cierto contienen investigación tanto química como de equipos especiales. Es decir, solucionar un problema de contaminación ambiental muchas veces exige la instalación de una planta especial para solucionar un problema de esta naturaleza.
De acuerdo a la Defensoría del Pueblo el 70 % de los conflictos sociales en torno a la minería que existen en el Perú no responden a licencia social, sino a la coexistencia de las comunidades con las empresas. ¿Cómo podría mejorarse en ese aspecto?
En realidad, este es un tema muy controversial y viviremos así mientras existan los vicios de parte del gobierno y del mismo poblador campesino empujado por personas que solo tratan de buscar intereses de grupo, me refiero a que el gobierno no hace lo suyo invirtiendo correctamente los impuestos que nos cobran y los grupos de poder campesino negando el aporte de la empresa privada.
¿Considera que con el gobierno del presidente Pedro Castillo será posible incrementar la inversión minera en el Perú?
El profesor Castillo ha causado un clima de incertidumbre con sus opiniones respecto a la minería.
Debemos tener en cuenta que las Inversiones de Gran Capital de Riesgo en marcha y las que están en Proyectos se definen como Proyectos Ley, en los cuales las cláusulas de riesgo del Inversionista o Inversionistas están protegidos ante los organismos internacionales.
¿Es posible considerar que otras actividades productivas pueden equiparar a la minería en cuanto a la generación de riqueza?
La minería aporta un promedio del 10 % del Producto Bruto Interno, seguido de la agricultura al alrededor de 6.5 %.
¿Cómo evalúa el nivel de formación profesional en el Perú en relación a actividades extractivas? ¿Es bueno el nivel que se logra?
Las universidades con Programas Académicos de Minas, Metalurgia y Geología deben de reprogramar sus planes de estudio. Existen cursos que deben de eliminarse y otros que deberían de incluirse. Existen facultades con silabus que tienen muchos años. Por otro lado, los profesores de las universidades nacionales deberían de tomar cursos de especialización en aquellos países donde la minería está más adelantada y así transmitir esta lección a la nueva generación.
El egresado de cualquiera de estas tres facultades tiene la suerte de vivir en un país netamente Minero - Metalúrgico. Esta suerte, hace al profesional nacional un destacado en el tratamiento de Minerales Mono Metálicos, como el cobre y de polimetálicos como los yacimientos de plata, plomo, zinc y cobre. Asimismo, de oro y últimamente de litio.
Si bien, la universidad le otorga su preparación académica, talvez con algunos vacíos, la práctica en la industria minera los convierte en profesionales de mucho valor en aquellos países que no tienen nuestra riqueza nacional.
El presidente Castillo ha anunciado la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿cuánto ayudaría este a mejorar el nivel de competitividad nacional?
Realmente es lo que falta, pero, ¿por qué no lo tomamos de otra manera? La idea sería otorgar becas profesionales a los Egresados destacados de cada facultad con maestrías en las especialidades que la industria requiere y al final el compromiso de volver a su país y volcar los conocimientos adquiridos a los estudiantes en vías de egresar.
¿Cuán necesaria es la generación de infraestructura de desarrollo para el correcto aprovechamiento de los recursos minerales en el país?
Esta es una buena pregunta. Ya es tiempo de contar con un sistema ferroviario con puntos estratégicos de las zonas mineras. El tránsito pesado con camiones metaleros por las zonas mineras se ha convertido en un peligro y los accidentes son una pesadilla.
A nivel regional, ¿cómo se ubica el Perú en cuanto a producción minera?
Hay un cuadro que nos muestra nuestra ubicación tanto regional como mundial. (Ver cuadro) ¿Queremos dejar de mantenernos en esta posición? La idea es, pues, superarnos.
¿Por qué la industria transformadora de minerales en el Perú no ha logrado mayor despegue como sí sucede en países vecinos como Chile?
Esto si es fatal, pues los gobiernos de turno no fueron capaces de diseñar una estrategia de compromiso de valor agregado con nuestros concentrados producidos por la inversión privada.
No es posible que todos los concentrados producidos a nivel nacional se exporten totalmente a otros países. Lo justo debió de ser que el gobierno de turno instale fundiciones en lugares estratégicos para tratar los concentrados de cobre, y los polimetálicos. Es decir, una Fundición de Cobre, una, dos o tres fundiciones de Polimetálicos, algo similar a la Fundición de Oroya. Con el compromiso de que puedes exportar tus concentrados, pero un porcentaje de ese volumen de concentrados producidos se quede y así dar valor agregado.
Anteriormente existía la Fundición y Refinería de Oroya, así como Minero Perú, que trataba los minerales de Cobre. Lamentablemente los gobiernos las quebraron.
¿Qué significa para usted ser de Eten?
Es un orgullo pertenecer a un pueblo tan chiquito y tan lleno de amistad con los amigos que uno tanto añora. Eten para mí significa sencillez y sentido de superación. Cuando uno tiene ganas de superarse no importa de dónde eres, lo que importa son las ganas de hacer algo bien y sobre todo en pro de los que te rodean.
¿Cuál es el requisito o secreto para triunfar en la vida? Usted lo hizo y hoy es un ejemplo no solo para los etenanos, sino también para los provincianos peruanos.
Estudiar, estudiar y trabajar y trabajar. A decir verdad, cuando terminé de estudiar Metalurgia en la UNI, me tracé una meta y me prometí trabajar tan solo cinco años en forma dependiente y luego formar mi propio negocio. En realidad, me tomó más de cinco años, debido a que esta profesión era y es de gran futuro. He trabajado en empresas muy importantes, como en la Unidad de Cuajone (Moquegua) de la Southern Copper Corporation, luego en Des Mines de Huaron (una empresa Minera francesa), después en la Northern Perú Mining Corporation (Trujillo) y por la compañía Minera Milpo en Cerro de Pasco.
Esta es una etapa de trabajo en unidades mineras que me tomó ocho años, pues luego pasé a trabajar para una empresa de fabricación de reactivos para la industria minera llamada Reactivos Nacionales, la cual era una empresa creada por la Cerro de Pasco Corporation, que finalmente el gobierno de turno la nacionalizó y la llamó Centromin.
En esta empresa empezó mi mundo comercial, pues era y es una empresa Líder en el abastecimiento de los productos químicos para las compañías mineras del Perú. Por ello, recorrí todo el país minero metalúrgico y estuve durante 14 años.
En el año 2000 pasé a trabajar por una empresa canadiense llamada Charles Tennant & Co, también fabricante de reactivos y con abastecimiento de estos productos al mundo minero. Me encargaron una responsabilidad a nivel de Sudamérica y por ello también conozco el mundo minero chileno y argentino.
Luego de cinco años decidí formar mi propio negocio y formé mi empresa familiar llamada Metalurgia: Investigación y Negocios - MINPerú, en la cual me apoyan mis hijos y mi esposa. MINPerú actualmente tiene reputación importante y ya contamos con aliados comerciales muy importantes como Charles Tennant de Canadá, Perstorp de USA, Química Teutón de México.
MINPerú cuenta con su propio almacén y también un Laboratorio Metalúrgico de Investigación, donde los egresados de cualquier Universidad pueden hacer sus prácticas pre profesionales. A ellos les transmito toda mi experiencia práctica y a mis hijos el encargo de mantener el negocio en el mercado nacional y en un futuro cercano a nivel internacional.
¿Por qué no salimos de la pobreza el Perú? Usted ha viajado por diferentes partes del mundo y le será fácil responder.
Yo veo algunas razones: Somos tal vez un tanto tímidos en tomar nuestras decisiones. La universidad nos prepara para ser dependientes y no para ser independientes y por ello nos falta capacidad de riesgo. Un egresado debe salir con una meta: Convertir lo aprendido teóricamente en algo práctico; es decir, vender tus ideas y hacerte grande.
Hoy en día las herramientas del éxito están más al alcance, el mundo de la tecnología ayuda mucho, lo virtual nos cambió la vida y hay que caminar al ritmo de esta. Quiero decirles, que si quieres competir en este mundo globalizado debes por lo menos contar con un idioma adicional al tuyo y así habrás ganado mucho: La comunicación es fundamental para el crecimiento profesional.
¿Qué le falta conquistar en la vida?
Creo tenerlo todo: tranquilidad y felicidad de disfrutar al lado de mis hijos y mi familia en Eten.
¿Algo más que quisiera agregar?
Todos y cada uno de nosotros tenemos un valor agregado interno llamado fortaleza, que debemos de descubrir y sacarle provecho. El dinero no es tan importante, pero sí necesario. Finalmente, un profesional de una carrera, cualquiera que esta sea, debe ser también un profesional de su vida.
