El agua es un elemento sustancial para la vida de las personas, sobre todo ahora en plena pandemia, donde se vuelve crucial el lavado de manos y la constante desinfección. Sin embargo, desde hace dos semanas, los vecinos de Las Villas de Bouganville no cuentan con el servicio de agua potable. Según denunció Susan Cruz Chinchayán, vecina del conjunto residencial, esta situación obedece a que la constructora J & S Peruana Star, promotora del proyecto inmobiliario, se ha retrasado en los pagos con la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque - EPSEL.
Este conjunto residencial, ubicado a la altura del kilómetro 768 de la Panamericana Norte, empezó a funcionar en el 2014, cuando la citada inmobiliaria comenzó la entrega de las primeras casas. Actualmente, en la primera etapa viven un promedio de 50 familias, y se tiene proyectada la ampliación a una segunda y tercera etapa.
“Al principio la falta de agua fue porque en Reque estaba malograda una bomba y a nosotros nos mandan el agua desde allá, pero eso se solucionó. Sin embargo, seguimos sin el servicio. Lo que nos han informado por parte de EPSEL es que la constructora J & S Peruana Star tiene una deuda pendiente”, indicó.
MEDIDORES
Susan Cruz comentó que esta situación no es nueva, pues el año pasado también les cortaron el servicio de agua por la misma causa. Explicó que la empresa se hace cargo de los pagos, porque ninguna de las 50 familias cuenta con medidores de agua en sus casas, pese a que la inmobiliaria se comprometió a instalárselos cuando les hizo la entrega del proyecto.
“Han pasado los años y hasta ahora no hemos tenido resultados, por eso ahora padecemos con el servicio de agua. El trato de EPSEL es directo con la constructora. Por eso el año pasado cuando tuvimos problemas con los pagos le solicitamos que nos instalen los medidores para poder pagar nosotros mismos lo que nos corresponde”, indicó.
Por su parte, la vecina Hilda María Bejarano Egusquiza señaló que cada dos días los vecinos deben comprar cubos de agua (tanques de aproximadamente mil 100 litros), por un precio de 20 soles. En promedio, por cada casa se gastarán 240 soles al mes en la adquisición del recurso hídrico, si es que esta situación continúa.
De igual forma, alertó que los vecinos tampoco cuentan con medidores de luz, carencia por la cual el año pasado sufrieron el corte del servicio. Esta situación es más grave aún, pues si no tienen luz, tampoco tienen agua, ya que el recurso hídrico no llega de forma directa, sino que lo hace a través de los tanques de agua.
“Si no tenemos luz, las bombas no funcionan y por ende no tenemos agua, así no nos la hayan cortado (…) Un vecino incluso se compró su pequeño grupo electrógeno, por si nos cortaban la luz. Felizmente, con la pandemia el gobierno dispuso que se suspendiera el corte del servicio eléctrico, eso ayudó, pero ahora que la situación se está regularizando nos tenemos que poner fuertes con la empresa para que cumpla”, mencionó.
DESAGÜE
A todo esto se suma el que las viviendas de Las Villas de Bouganville tampoco cuentan con desagüe. En su lugar funciona un biodigestor. Si bien hasta ahora no han tenido problemas con el funcionamiento de este equipo, este sí genera un peligro ambiental.
“Aún no hemos tenido casos en los que se haya rebalsado el biodigestor, que en las casas se hayan atorados los inodoros, pero sí creemos que esto podría suceder en cualquier momento, porque ahora somos más familias las que aquí vivimos y el biodigestor tiene hasta cierta capacidad. Necesitamos contar con el desagüe para que el agua con los desechos escurra, porque con el biodigestor se forma como una piscina, donde queda el agua allí, los residuos se asientan, los líquidos afloran y cuando llega a cierto nivel una bomba los expulsa. El biodigestor ni siquiera está lejos de las casas, sino muy cerca”, aseveró.
FALTA DE COMUNICACIÓN
En tanto, Cruz Chinchayán informó que han perdido todo tipo de comunicación con la empresa constructora, pues incluso su oficina que estaba dentro del conjunto residencial dejó de funcionar, a raíz de la pandemia, lo mismo que la ubicada en la calle Manuel María Ízaga.
“Hemos tomado algunas acciones como vecinos. Primero hemos inscrito a nuestra nueva junta directiva, que ha presentado una serie de documentos, tal como un reclamo por incumplimiento de contrato a la constructora y en los próximos días enviaremos cartas notariales a EPSEL (…) Solicito a la constructora que negocie con EPSEL y pueda solucionar el tema de servicios básicos. Estamos prestos como pobladores a pagar por ellos con nuestros respectivos medidores, incluido el de la luz. Pedimos que gestione esto, tal como se comprometieron con nosotros al momento de comprar las casas, cuando nos dijeron que nos entregarían todo saneado y con medidores”, anotó.
Si bien las encuestadoras no le dan una posición muy expectante al candidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry Villa, todas concuerdan en que la agrupación que fundase Alberto Andrade hace ya más de dos décadas sí tendrá una significativa representación parlamentaria. Para Antonio Uriarte, candidato al Congreso por Somos Perú con el número 1 en Lambayeque, esto es reflejo del trabajo sostenido que desde hace años viene realizando esta agrupación política.
“Si hay algo de lo que tengo que enorgullecerme es que Somos Perú no solamente espera estar en campaña para hacer política, sino que siempre marca una posición. Esta vez nos encontramos mucho mejor parados que en el 2020 y los resultados van a hablar por si solos. Si dios quiere, seremos la primera fuerza regional en Lambayeque”, afirma.
Sostiene que en un primer momento se deslizó la posibilidad de que George Forsyth sea el candidato presidencial de Somos Perú, ya que había llegado a la alcaldía de La Victoria bajo sus filas. Sin embargo, esto se descartó – según señala- porque el hoy candidato de Victoria Nacional quiso cambiarle el logo al partido e imponer sus candidatos al Congreso.
Luego se barajaron otros nombres como el de la exprocuradora Julia Príncipe Trujillo y el del general Roberto Chiabra León, pero al final se optó por Daniel Salaverry, ya que además de su experiencia, no llegó con la intención de imponer sus ideas dentro del partido, sino de sumar. En el caso de Lambayeque – afirma - las candidaturas al Congreso se eligieron a través de un proceso de democracia interna.
REPRESENTACIÓN
Para Antonio Uriarte, de las tres funciones que tiene un legislador, la más importante es la de representación, pues el nexo entre los ciudadanos y el gobierno nacional son sus autoridades locales y sus congresistas. No obstante, considera que en las últimas décadas Lambayeque no ha tenido quien lo represente.
“Lambayeque está tan olvidado porque los congresistas no nos representan como deben. El puente entre los ciudadanos y el gobierno son los congresistas. Yo pienso ser ese puente. La representación ha fallado y eso tenemos que recuperar, llevar las necesidades de la población ante el gobierno central para que delegue los presupuestos y dé solución a estos problemas. Estoy muy enfocado en la representación, para mí es lo más importante”, indica.
Menciona que hay muchos candidatos que ofrecen un paquete legislativo de 30 o 50 leyes, lo cual considera casi imposible de lograr. Además, precisa que el Perú es el cuarto país en América Latina con más leyes, pero muchas de estas no se han implementado.
“Tenemos todas las leyes habidas y por haber, pero ¿cuántas de estas cumplen con su objetivo? ¿cuántas han podido solucionar las necesidades de la población? Ese también es un tema a fiscalizar en el que tenemos que ser muy radicales para implementar todas aquellas leyes que están en el papel. Queremos cambiar la Constitución, pero las leyes que tenemos no las ponemos en funcionamiento”, sostiene.
SERVICIOS BÁSICOS
Por otro lado, comenta que la propuesta de gobierno que lleva Somos Perú es dotarle de servicios básicos a todas las personas: agua, desagüe y luz. Sin embargo, de no llegar a ser partido de gobierno, afirma que desde el Congreso propondrá una ley que se declare de necesidad pública el servicio de agua potable para toda la población.
“Una cosa es hablar de crecimiento económico y otra de desarrollo. Son cosas muy diferentes. Nosotros en Somos Perú, y yo más todavía como arquitecto, vamos a impulsar el desarrollo, porque a través de este recién vamos a tener mejores condiciones de vida para todos los peruanos”, manifiesta.
Precisa que hay siete millones de personas que no cuentan con agua potable, pese a que el Perú es el octavo país con más agua dulce en el mundo. Añade que los recursos económicos no se distribuyen adecuadamente, pues se gasta en demasía para obras de infraestructura, que son agradables a la vista, pero no se solucionan problemas trascendentales como la falta de agua.
“La gran mayoría de distritos de Lambayeque tiene su agua contaminada con metales pesados. El consumo reiterado de esta generará problemas a largo plazo. En Somos Perú creemos que lo principal es reducir la brecha de agua y desagüe, reorientar los recursos económicos”, enfatiza.
El 26 de febrero de este año, Carlos Martínez Oblitas juró al cargo como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque – ICAL, para el período 2021-2022. Sin embargo, su administración hasta el momento no ha recibido ningún informe por parte del decano saliente, José María Balcázar Zelada, respecto al manejo económico de la orden profesional, pese a que ha sido citado notarialmente a rendir cuentas de los ingresos y egresos durante su gestión.
Martínez Oblitas señaló que - según el registro de la base de datos del área de caja – a la orden profesional ingresaron más de un millón 700 mil soles en el 2019 y cerca de un millón 200 mil soles en el 2020. Es decir, cerca de tres millones de soles en total. No obstante, en las cuentas del ICAL solo se han encontrado poco más de 80 mil soles, que corresponden al período de aproximadamente un mes en el que Yuri Díaz Jaime, quien fuera vicedecano de Balcázar Zelada, dirigió transitoriamente las riendas del ICAL.
“Solo hemos encontrado 80 mil soles, que son de la gestión del decano transitorio, que estuvo cerca de un mes porque la Asamblea de Delegados había prorrogado el mandato. Durante ese tiempo se ingresaron al colegio cerca de 400 mil soles, por las elecciones, de los cuales se gastaron alrededor de 300 mil soles. Nos han dejado 80 mil soles más o menos, pero es una suma ínfima porque los gastos son enormes”, indicó.
CUENTA PERSONAL
Martínez Oblitas explicó que a las cuentas del Colegio de Abogados no ha ingresado dinero alguno desde que se produjo en el 2019 el enfrentamiento entre José María Balcázar Zelada y el director de Ética contra el resto de directivos que ingresaron junto con él. La razón obedece a que todos los cheques deben estar firmados tanto por el decano como por la directora de Economía, lo cual fue imposible desde que se rompió la relación.
Debido a esta situación – manifestó – trascendió que el dinero habría sido ingresado a una cuenta personal del exdecano en una caja de ahorros. Este es el tema crucial por el cual se le cita a José María Balcázar a que rinda el balance de su administración, a fin de que explique a qué cuenta ingresaron los cerca de tres millones de soles y cuánto de este monto se utilizó para cubrir los gastos de la orden.
“En un bando estaba el decano y en otro la directora de Economía. No podía firmar ni el uno ni el otro porque estaban enfrentados. No tengo el conocimiento exacto, pero se sabe que probablemente (José María Balcázar Zelada) tenga una cuenta de ahorros en alguna entidad bancaria donde haya depositado el dinero. Entiendo yo que lo ha hecho con todo el rigor del caso”, expuso.
DEUDAS
Al respecto, Martínez Oblitas apuntó que la situación financiera del ICAL no es de las mejores, pues con solo 80 mil soles en sus arcas debe enfrentar una serie de compromisos económicos. Por ejemplo, solo en impuestos prediales del año pasado y este, la orden debe pagar 50 mil soles.
Asimismo, el colegio profesional tiene que pagar una multa de 36 mil 120 soles que le impuso la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil, por no cumplir con el pago de las remuneraciones ni de la póliza de seguros de uno de sus trabajadores, a quien de forma irregular se le había aplicado la figura de suspensión perfecta de labores.
Refirió que los ingresos actualmente de la orden son pocos, pues la mayoría de abogados pagó en el marco de las elecciones gremiales la suma correspondiente a todo un año de cuotas mensuales. Hoy, son pocos los abogados que pagan mes por mes.
En lo que sí se viene cumpliendo con exactitud es en el pago de los seis mil soles por concepto de fondo mortuorio a los familiares de los abogados que han fallecido y se encontraban al día en sus aportaciones. De los 10 soles que pagan mensualmente los abogados a la orden, la mitad va para el fondo mortuorio y la otra mitad para los gastos corrientes y de inversión.
“Actualmente, uno no puede dar un solo paso sin realizar siquiera un gasto mínimo. Desgraciadamente, no nos han dejado dinero y lo poco que tenemos se irá en pagar sueldos y los fondos mortuorios de muchos colegas que han fallecido. Es una situación crítica que la comunidad y mis colegas deben saber”, alertó.
TRANSFERENCIA
En virtud de lo expuesto, exhortó al exdecano José María Balcázar a que asista a la orden a rendir cuentas. Anotó que el 31 de marzo se le cursó una nueva carta notarial, invitándolo – una vez más – a que se apersone a las instalaciones del ICAL.
“Le hemos dado un día y hora fija, pero si incluso no puede le estamos dando las facilidades para que él nos señale qué día puede y nosotros lo atenderemos. Ojalá lo haga. Nuestra intención es que toda la transferencia se lleve en paz, con tranquilidad, pero si no fuere así tendremos que someter a decisión de nuestra Asamblea General para que determine el próximo paso correspondiente y que sean las autoridades pertinentes las que resuelvan este tema”, detalló.
A horas del 11 de abril, el candidato al Congreso de la República por Lambayeque, Norbil Vega Orozco, postulante con el N° 1 por el Partido Popular Cristiano – PPC, afirma que la organización a la que representa se ubica en el centro, defendiendo la economía social de mercado, que alienta la inversión privada, así como la presencia del Estado como regulador.
“El PPC es un partido predictible, se puede predecir lo que va a hacer y es así, porque lo ha demostrado a lo largo de su historia, porque nosotros decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos, consecuentemente lo que plasmamos en un plan de gobierno lo vamos a realizar, porque planteamos cosas viables, que están enfocadas dentro de los postulados de la doctrina social cristiana, aterrizados, por su puesto, para nuestra realidad”, manifiesta.
El candidato señala que el PPC plantea cosas importantes que son los pilares de su plan de gobierno como trabajo, seguridad y educación, porque considera que es urgente reactivar la economía desde el primer día en que se asuma el mandato y para eso se tienen que destrabar proyectos, empezando por aquellos que son fáciles, como los que actualmente están en investigación por parte de la Contraloría.
“En todas las regiones existen proyectos paralizados por la intervención de la Contraloría. Está bien y eso nos parece magnífico, que se realice la labor concurrente que hace años se había dejado de hacer, porque el asunto es prevenir, no intervenir después que se ha cometido el ilícito. La Contraloría lo está haciendo bien, pero paralelamente se tienen que reactivar las obras, porque de lo contrario la crisis seguirá”, explica.
Comenta que en el país son más o menos 780 obras paralizadas que han sido intervenidas por la Contraloría. “Entonces, eso nos daría pie a poder reactivar la economía sin hablar de otros proyectos que se encuentran paralizados también como Tía María, Chincheros, Majes Siguas II, y otros más”, refiere.
SEGURIDAD CIUDADANA
Reactivado ello habrá trabajo, por lo que faltaría entonces mejorar la seguridad. “El problema de la inseguridad es muy latente y ha sido desplazado en los medios por la pandemia, pero ocupa uno de los primeros puestos de preocupación nuestra”, añade.
Afirma que el PPC tiene planes para mejorar la seguridad ciudadana, que pasan por cuestiones legislativas, pero también por cuestiones administrativas.
“En ese sentido, estoy planteando una iniciativa para darle autoridad moral al policía, para restablecerle a la Policía Nacional la capacidad de operación que se ha visto mermada de alguna manera, porque el policía siente que el Estado le da la espalda”, detalla.
Explica que actualmente cuando el policía enfrenta a un delincuente y lo abate, normalmente va a la cárcel y su familia queda desamparada. “Lo que estoy planteando como iniciativa legislativa es que el policía pueda llevar su proceso de investigación fiscal y judicial en libertad, y que tampoco pierda el trabajo. Se le podrá decomisar el arma, pero deberá realizar labores administrativas para que su familia no quede desamparada”, precisa Vega Orozco.
PARTIDO DE CENTRO
Por otro lado, manifiesta que el Partido Popular Cristiano es una organización política de centro, que cree en la inversión privada, pero también en el rol del Estado.
“Nosotros nos hemos proclamado siempre como un partido de centro. Lamentablemente por clichés atribuidos a personas que ya no están en este mundo se nos ubicó a la derecha, pero nosotros no somos un partido de derecha. Nuestra doctrina es social cristiana y la economía que nosotros queremos para nuestro país es la social de mercado”, enfatiza.
¿Qué significa una economía social de mercado? Que la inversión privada puede ser tan grande como sea posible, pero el Estado también tan grande como sea necesario, precisamente para poder regular y evitar que la inversión privada cometa excesos.
“Podemos tener participaciones estatales, pero no una economía estatista, donde todo se nacionaliza, donde el Estado interviene de una manera preponderante en las empresas. No queremos ese Estado de ninguna manera, ya hemos tenido experiencias negativas en nuestro país en la década del 70 y ese modelo fracasó. Con la economía estatista del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas el Perú retrocedió más de 30 años respecto de sus vecinos latinoamericanos. Esa experiencia ya la hemos tenido”, indica,
Vega Orozco pide a los electores otorgarle su confianza y elegirlo como representante parlamentario para el período 2021-2026.
“Ofrezco honestidad y capacidad, capacidad demostrada como profesional de la Ingeniería Mecánica Eléctrica, que he trabajado en importantes empresas privadas y también como director regional de Energía y Minas”, destaca.
El 3 de enero de este año, el burgomaestre de Pimentel Roberto Jacinto Purizaca falleció a causa del COVID-19. Desde entonces, José Palacios Pinglo, teniente alcalde, asumió las riendas de la comuna, con el objetivo de controlar la emergencia sanitaria en el distrito y continuar con las obras emprendidas por la gestión municipal.
Dentro de estas obras se encuentra la rehabilitación de pistas y veredas de las calles del cercado, y un proyecto de pavimentación en La Pradera, por un monto de cuatro millones y medio de soles. Todas estas obras se hacen con apoyo del gobierno central.
Al diciembre del año pasado, la Municipalidad de Pimentel cumplió con cuatro metas del Programa de Incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas: Meta 2: Fortalecimiento de la administración y gestión del Impuesto Predial, Meta 3: Implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales, Meta 4: Acciones para promover la adecuada alimentación, prevención y reducción de la anemia, y la Meta 6: Regulación del funcionamiento de los mercados de abastos para la prevención y contención del COVID-19.
OTRAS OBRAS
De igual forma, se realiza la obra ‘Rehabilitación de Calles del Sector La Plata del Distrito de Pimentel - Provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque’, con financiamiento de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios. Esta intervención contempla el cambio de las redes de agua potable y alcantarillado, así como la ejecución de pistas y veredas del tramo faltante de la vía de ingreso, la avenida El Sol, calle Austral, calle El Dólar y calle Florín.
Asimismo, indicó que su gestión viene trabajando en la electrificación y la implementación del saneamiento básico en los sectores rurales del distrito.
“Nos hemos propuesto hacer pozos tubulares porque estas son personas a las que no les llega el agua. Con los pocos recursos que tenemos estamos llevando el recurso hídrico a los pueblos jóvenes, a La Pradera, aunque no es continuo, sino según la capacidad logística que tenemos”, precisó.
PANDEMIA
Palacios Pinglo apuntó que la comuna pimenteleña recibe por concepto del Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN, alrededor de 450 mil soles, los cuales son insuficientes para realizar obras. Sin embargo, a través de la gestión con el gobierno central se vienen articulando algunas intervenciones.
“Lo que recibimos es poquísimo, no alcanza, pero todo lo que estamos logrando hacer en Pimentel es por gestión. Comprendemos que por la pandemia no se puede hacer mucho más de los necesario. Lo importante es que estamos preocupándonos por la salud de la población junto a los funcionarios y el comité COVID que se conformó”, indicó.
Sostuvo que el trabajo para contener la emergencia sanitaria se realiza en articulación con el Ejército, la Policía, el serenazgo y la Subprefectura. Así, indicó que durante los días de Semana Santa se intervino a decenas de personas en la playa, bares y restaurantes, quienes infringían la cuarentena dictada por el gobierno.
“Durante estos cuatro días se multó a bares, restaurantes y personas que han estado libando licor y comiendo, sin acatar las reglas impuestas. Un buen porcentaje de la población sí ha respetado las restricciones de Semana Santa, pero otro poco sí ha hecho bailes y fiestas. A ellos les ha caído todo el peso de la ley”, aseveró.
En tanto, también se ha venido apoyando a la población afectada por la pandemia mediante la entrega de pescado (cachema, suco, cabrilla, congrio, etcétera). Estos donativos se han conseguido gracias al Ministerio de la Producción y fueron entregados a los moradores de Santa Rosa, Villa del Mar y Mi Buen Pastor, pertenecientes a La Pradera.
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