En Audiencia de Control de Ejecución de Sentencia, solicitada por los sentenciados Ciro Manuel Chávez Martos y Misael Delgado Mendoza, en los seguidos en el Expediente Judicial N° 3943-2017, caso “Limpios de la corrupción”, realizada el 5 de abril, el titular del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Reynaldo Leonardo Carrillo, increpó al fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco, al percatarse de “un trato diferenciado”.
El hecho se originó por la situación de la condenada en el mismo proceso Ruth Zúñiga López, empresaria de combustibles, quien fue excarcelada en diciembre de 2020 sin haber cumplido sus penas, las cuales, en criterio del juez debieron sumarse.
El magistrado detectó que el representante del Ministerio Público había asumido una posición contraria con respecto a Chávez Martos y Delgado Mendoza, ambos ex gerentes generales de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, a quienes les negaría el beneficio de excarcelación por cumplimiento de pena con redención por trabajo solicitado, a pesar de haber pagado el 10 % de la reparación civil, lo que Zúñiga López no habría hecho.
EL PROCESO
Los ex funcionarios Ciro Manuel Chávez Martos y Misael Delgado Mendoza, conjuntamente con la proveedora Ruth Natividad Zúñiga López, fueron sentenciados por el delito de colusión agravada a siete años de pena privativa de la libertad, por el caso de favorecimiento en la adquisición de combustible para la Municipalidad Provincial de Chiclayo entre los años 2012 y 2013, durante la gestión del recluido exalcalde Roberto Torres Gonzales.
Durante su alocución realizada de manera virtual, el juez Leonardo Carrillo manifestó que los dos internos solicitantes, refiriéndose a Chávez Martos y Delgado Mendoza, para demostrar su resocialización han pagado el 10 % de la reparación civil cada uno, debiéndose haber exigido lo mismo a Ruth Zúñiga, quien ha purgado penas paralelas obteniendo su libertad.
Se advirtió que si el Ministerio Público hubiese sumado las penas, debido a que Ruth Zúñiga recibió tres sentencias de entre cuatro a seis años cada una. tendría que recibir beneficios y pagar la reparación civil.
RESPUESTA FISCAL
El fiscal Zapata Orozco, quien se dedica a exclusiva al caso “Limpios de la corrupción” hace siete años, respondió que la acumulación de penas tenía que ver con una conmutación, porque Zúñiga López tenía una pena más alta lograda en otra fiscalía, no pudiendo poner en el mismo nivel lo solicitado por Chávez Martos y Delgado Mendoza, ya que la Ley no establece el pago del 10 %, sino del íntegro de la reparación civil.
El fiscal respondió al juez que esa era su posición, ya que el resultado de una acumulación de penas se debate y se discute en una audiencia. Zapata Orozco increpó al magistrado del Poder Judicial que no podía, a priori, señalar que había acumulación de penas y, por tanto, Ruth Zúñiga no debió salir en libertad.
Para concluir, el juez Leonardo Carrillo señaló que iba a informar al Órgano de Control Interno del Ministerio Público, tanto al representante del Ministerio Público como al de la Procuraduría Pública Anticorrupción, que en el presente caso estuvo representada por Ronnie J. Caballero Falen, por una presunta actuación irregular.
El 17 de mayo del 2019, la Fuerza Aérea del Perú y la Municipalidad Provincial de Chiclayo suscribieron una escritura pública para la transferencia de 400 hectáreas, ubicadas en las pampas de Reque, a fin de que allí se construya el tan anhelado relleno sanitario. Desde entonces, con apoyo del Ministerio del Ambiente, se vienen ejecutando en 41 hectáreas las celdas transitorias, obra que antecede al relleno.
Sin embargo, las autoridades habrían pasado por alto un detalle que podría ser relevante para la expansión urbana de Chiclayo. Según el ingeniero civil y consultor en proyectos Carlos Orbegoso Salazar, el terreno que se ha desinado para el relleno sanitario reúne las mejores condiciones para la construcción de edificaciones en todo Chiclayo, por lo que se estaría desaprovechando la oportunidad de que hacia esos lados se expanda la ciudad, cuya población ha crecido con el paso el tiempo.
“Las inmediaciones del cerro Cruz de La Esperanza y del cerro Reque son las zonas que mejores suelos tienen para construir edificaciones, porque están cerca a un cerro, y cuando eso pasa hay un basamento rocoso a poca profundidad, lo cual nos permite construir edificaciones altas y a un costo económico. En las inmediaciones del cerro Reque el buen suelo se encuentra a metro y medio o dos metros (…) Chiclayo ha crecido hacia zonas que no debió crecer, como camino a Pimentel, que es zona arrocera, o camino a Pomalca, que es zona cañera. Allí los suelos son malos para construir, se puede edificar solo una casita de uno o dos pisos”, manifestó.
CONDICIONES TÉCNICAS
El especialista hizo una comparación respecto a la zona con peor suelo y mejor suelo de Chiclayo. Explicó que la zona media entre el cerro Reque y el cerro Cruz de La Esperanza es el cuadrante donde está ubicado el Banco de la Nación y la sede de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Allí el suelo tiene una capacidad de factor portante (indicador de cimentaciones) de 0.1 kilos por centímetro cuadrado, lo que es el equivalente a una tonelada por metro cuadrado; mientras que en las inmediaciones del cerro Reque es de 20 kilos por centímetros cuadrado.
“Es decir, la zona circundante al cerro Reque tiene un suelo 200 veces mejor para construir edificaciones que el centro de Chiclayo y lo vamos a destinar para acumular basura. ¿Dónde está la opinión técnica del urbanista, del especialista de suelos? Eso sucede cuando no se convoca al especialista para que emita una opinión y se encierran los políticos en un escritorio para que, por diferencia de colores o no sé qué criterio, definan zonas urbanas con potenciales de expansión”, definió.
Para el ingeniero, toda la franja del sector conocido como Nuevo Reque, donde se acumula la basura, debería visualizarse para proyectar allí a la nueva ciudad de Chiclayo. No obstante, es una lucha contra el reloj. Si bien calcula que aún se pueden recuperar esos terrenos, antes de que se conviertan en suelos muertos, es urgente que se disponga de tractores y volquetes para limpiar toda esa área.
RECICLAJE
En tanto, Orbegoso Salazar afirmó que la verdadera solución a la contaminación y acumulación de residuos sólidos no pasa por la construcción del relleno sanitario, sino por fortalecer la cultura de reciclaje, tal como ocurre en Europa y países vecinos de Latinoamérica como Chile, Brasil, Ecuador e incluso distritos de Lima como Surco.
“La solución no pasa por construir celdas para acopiar la basura que tendrá Chiclayo en los próximos tres o cuatro años. La celda es una fosa temporal, el relleno es la segunda etapa, donde en teoría debe acopiarse la basura de los próximos 20 años (…) La Municipalidad de Surco ha implementado una planta de reciclaje, ¿por qué no vemos proyectos medioambientalmente más saludables para los distritos, para la provincia, en vez de estar desperdiciando casi 300 hectáreas, donde tranquilamente podría crecer la nueva ciudad de Chiclayo?”, reflexionó.
Indicó que esa área tiene todas las condiciones geológicas para que allí se edifique la nueva ciudad de Chiclayo, ya que además no es una zona de peligro sísmico ni es inundable.
PLANES DE DESARROLLO
Por otro lado, el ingeniero señaló que en el 2019 la Municipalidad de Chiclayo firmó un convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la elaboración del Plan de Acondicionamiento Territorial. Para ello – indicó – primero se debe elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, que ya se concluyó; y luego el Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano, que abarca a los distritos que componen la provincia.
Refirió que actualmente la municipalidad se encuentra ultimando los detalles del Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano, pero cuestionó que este documento no haya sido socializado con la sociedad civil: universidades y colegios profesionales.
“Cómo es posible que para la elaboración de un plan tan importante, que es la columna vertebral de las obras en Chiclayo, no se haya convocado a la academia, al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Ingenieros, que tienen incluso comisiones que ven los grandes proyectos, no solo de Chiclayo, sino de Lambayeque. ¿Bajo qué parámetros o consideraciones han elaborado este plan? Lo he revisado y he encontrado unas observaciones de fondo que sí me llaman poderosamente la atención, teniendo en cuenta que ese plan va a regir teóricamente el crecimiento de Chiclayo en los próximos 20 años. Si ese plan nace mal, no esperemos muchos resultados en cinco o diez años”, anotó.
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
Respecto a este Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano, precisamente al eje referido a la recuperación de espacios públicos, reparó en que no se considera una partida para la remodelación o ampliación del Mercado Modelo, mientras que sí se considera una para Moshoqueque, pero no como proyecto prioritario.
“El problema con los grandes mercados que tiene Chiclayo es que hay un entrampamiento legal, que impide la intervención en estos espacios públicos, pero existen alternativas, modelos de gestión, de administración, que se podrían plantear. El alcalde y el concejo municipal primero deben informarse de esto”, mencionó.
Añadió que en Guayaquil (Ecuador) existen mercados con una infraestructura moderna, de hasta cinco pisos, donde el primero es para carga y descarga, y en los cuatro siguientes funcionan incluso centros financieros. Estos complejos son administrados por las mismas municipalidades.
“Los mercados que tenemos son altamente vulnerables. Un incendio o un fenómeno natural como un sismo exponen a riesgos a las personas. Las autoridades ven esto de lejos porque implica chocar con los comerciantes, enfrascarse en discusiones, pero ellos tienen que convocar, generar una negociación y encontrar un punto medio, sino no vamos a poder destrabar las enormes restricciones que tenemos. Estos dos mercados (Modelo y Moshoqueque) son cruciales para Chiclayo en los próximos diez años”, anotó.
OTROS EJES
Por otro lado, Orbegoso Salazar manifestó que en el Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano tampoco se ha considerado como prioritario el terrapuerto de Chiclayo; mientras que en saneamiento se consigna solo la ampliación y mejoramiento de las redes de agua, pero no se dice nada sobre el alcantarillado.
Apuntó que de la totalidad de las redes de alcantarillado que tiene Chiclayo y que están bajo la administración de EPSEL, solo el 20 % se encuentran en buenas condiciones, mientras que el 80 % restante puede considerarse como una “bomba de tiempo”.
“Y no estamos hablando del subsuelo de José Leonardo Ortiz, que es uno de los distritos más colapsados y necesita urgentemente un colector y un emisor en las proximidades de la avenida Chiclayo, ya que tiene graves problemas por las aguas residuales”, manifestó.
PROYECCIÓN
Explicó que cuando los ingenieros proyectan un edificio lo hacen bajo tres parámetros de diseño: que ante un sismo leve no tenga mayores daños, que ante un sismo moderado tenga daños reparables, y que ante un sismo severo no se desplome, a fin de que sus habitantes puedan salir y salvar sus vidas.
Sostuvo que por lo general las edificaciones se proyectan a 50 años, lo cual no quiere decir que pasado ese tiempo la infraestructura se vuelve inservible, sino que esta debe entrar en un proceso de reevaluación, pues los parámetros de diseño cambian con el paso del tiempo y por lo tanto requieren actualización.
A través de la Resolución N° 6, del 14 de diciembre del 2020, el Primer Juzgado Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque sentenció a cadena perpetua al ciudadano de iniciales R.A.G.V. por el delito de violación sexual contra su menor hija A.I.G.C. El colegiado, conformado por los jueces Rosa Amelia Vera Meléndez, Elia Jovanny Vargas Ruiz y José Hernán Neciosup Chancafe determinó, además, una caución de 15 mil soles por concepto de reparación civil.
No obstante, en uno de los extremos de la sentencia se dispuso la suspensión de la misma hasta que la sala superior la confirme. Ante los cuestionamientos por la emisión de este fallo, el 29 de diciembre, el mismo colegiado revocó la suspensión de la ejecución provisional de la pena y dispuso que se ordene la captura del sentenciado.
RELATO
Según el relato de los hechos consignados en la sentencia, el sentenciado abusó sexualmente de su hija en el período comprendido entre el 2007 y el 2014, desde que ella tenía siete años hasta los catorce.
Todos estos hechos ocurrieron cuando la menor agraviada y su progenitor vivían en Chiclayo. De la reconstrucción de los hechos se desprende que la vejación ocurrió en tres inmuebles distintos, en los que el sentenciado aprovechaba los momentos en los que su pareja (madrastra de las niñas) estaba fuera de casa y su otra hija menor dormía.
En el 2016, la agraviada junto a su hermana menor lograron viajar con una tía a Lima, donde el 27 de diciembre de ese año interpusieron la denuncia por maltrato y violencia sexual ante la comisaría de Santa Felicia, en La Molina.
APELACIONES
Sin embargo, la abogada Nikitina Hidalgo Robles, quien defiende a la menor agraviada, señaló que el sentenciado a cadena perpetua se encuentra actualmente como no habido. Pese a ello, ha solicitado la apelación del caso a través de su abogado defensor.
Nikitina Hidalgo explicó que la Segunda Sala Penal de Apelaciones debe rechazar de oficio todo lo elevado por el defensor del sentenciado, toda vez que este debe ponerse antes a derecho, es decir, que sea derivado a un establecimiento penitenciario.
“(El abogado) dice que él tiene derecho a apelar, valiéndose del artículo que dice que el sentenciado puede presentar nuevas pruebas, pero aquí se habla de un sentenciado habido, no de un prófugo de la justicia. Si el abogado quiere continuar, tendrá que poner a derecho a su patrocinado. Si se va a esconder, la sala debería denunciarlo por obstrucción a la justicia, pues está ocultado en su madriguera al sentenciado”, afirmó.
Además, señaló que el abogado del sentenciado quiere presentar como medios probatorios en la apelación la declaración del testigo, que ya participó en el juicio oral, además de la inclusión de dos peritos psicólogos.
“La ley dice que el sentenciado tiene derecho a presentar nuevos medios probatorios, pero él quiere que el mismo testigo que ya habló en el juicio oral vuelva a la sala y sorprenda a los magistrados. Dice que va a demostrar que el testigo se equivocó. No señor, el abogado del sentenciado ya lo interrogó, esa etapa ya precluyó”, advirtió.
Cuestionó que el Ministerio Público tampoco se haya interesado en esta apelación ni en que se haga efectiva la sentencia, pues no ha solicitado la ubicación inmediata del agresor. De igual forma, sostuvo que el Primer Juzgado Colegiado Penal Permanente ha enviado un oficio a la Policía para la captura del sentenciado, pero no a remitido el oficio a la División de Requisitorias ni a Migraciones, para evitar que salga del país.
“Si el sentenciado quiere esconderse, perfecto, que su abogado lo esconda, pero como está escondido, que la sala proceda a declararlo como reo contumaz y le rechace todos sus escritos y punto. Una vez confirmada la sentencia hay que atraparlo. Eso es fácil, con el GPS se le puede ubicar. Si un fiscal inteligente ordena al Ministerio del Interior su captura, lo van a ubicar en un amén, pero nadie gestiona nada”, manifestó.
El juez Jorge Pérez Toro, del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos Aduaneros, Tributarios, de Mercado y Ambiental de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, amparó la denuncia de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Lambayeque, a cargo del fiscal Félix Tejada Ramos, quien presentó el requerimiento acusatorio en la Carpeta Fiscal Nº. 2406070802-2017-168-0, del Expediente: 5776-2019, en el que solicita cárcel para exdirectivos y comuneros de la Comunidad Santa Catalina de Chongoyape, por el presunto delito contra los recursos naturales en la modalidad de alteración del ambiente o paisaje en Chaparrí.
Según la acusación fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 349 y siguientes del Código Procesal Penal vigente, el fiscal Tejada Ramos procedió a emitir la acusación contra Hemeregildo Torres Perales, Porfirio Torres Perales, Genaro Vera Roalcaba, Miguel Ángel Becerra Fernández, Segundo Fabián Culqui Mendoza, Juan de Dios Carrasco Fernández, Dociteo Tafur Díaz y Américo Laboriano Ramos por la comisión del delito contra los recursos naturales, en la figura de alteración al ambiente o paisaje, establecido en el artículo 313 del Código Penal, en agravio del Estado.
GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LOS ACUSADOS
La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Lambayeque considera que para los acusados se debe aplicar el verbo rector “alteración”, ya que los acusados tienen la calidad de autores del delito contra los recursos naturales en la modalidad alteración del ambiente o paisaje, establecido en el artículo 313, al haber desplegado la conducta ilícita consistente en que “el que, contraviniendo las disposiciones de la autoridad competente, altera el ambiente natural o el paisaje urbano o rural, o modifica la flora o fauna, mediante la construcción de obras o tala de árboles, mediante la construcción de obras o tala de árboles”.
En el requerimiento acusatorio, la fiscalía establece que no existen circunstancias modificatorias que hagan variar la responsabilidad penal de los acusados Hemeregildo Torres Perales, Porfirio Torres Perales, Genaro Vera Roalcaba, Miguel Angel Becerra Fernandez, Segundo Fabian Culqui Mendoza, Juan De Dios Carrasco Fernández, Dociteo Tafur Díaz Y Américo Laboriano Ramos, por lo que fundamenta jurídicamente la cuantía y pena que solicita, de acuerdo al artículo 313 del Código Penal, referido a los delitos contra los bosques o formaciones boscosas, según el cual los responsables serían reprimidos “con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años y con sesenta a noventa días-multa”.
De acuerdo al requerimiento acusatorio al que accedió Expresión, los acusados Hemeregildo Torres Perales, Porfirio Torres Perales, Genaro Vera Roalcaba, Miguel Ángel Becerra Fernández, Segundo Fabián Culqui Mendoza, Juan De Dios Carrasco Fernández, Dociteo Tafur Díaz y Américo Laboriano Ramos, contra quienes el Ministerio Público ha solicitado la pena de cuatro años de cárcel por presuntamente haber modificado el paisaje natural del área de conservación privada de Chaparrí, deberán pagar una reparación de cinco mil soles cada uno.
A Torres Perales, exdirectivo de la citada comunidad campesina, se le cuestiona haber dispuesto la lotización del área ubicada en el tercer sector de El Mirador, construyendo además un canal de cemento de agua y ramales, alterando el ambiente natural de dicho sector, todo ello según la denuncia presentada por Lázaro Rodas, directivo de la citada comunidad.
En la denuncia contra el exdirigente se adjuntan recibos con los que se acredita la venta de áreas lotizadas dentro del Sector El Mirador. Del mismo modo, según el acta de constatación fiscal de fecha 15 de setiembre del 2017, se advierte la existencia de un canal de agua revestido con cemento, con lo que se corroboraría que el acusado causó daño ecológico, al “modificar” el paisaje del referido lugar.
A Porfirio Torres Perales expresidente de la comunidad, se le cuestiona haber dispuesto la lotización del tercer sector de El Mirador, construyendo además un anal de cemento de agua y ramales, alterando el ambiente natural, hecho constatado el día 15 de setiembre del 2017 por el Ministerio Público.
A Genaro Vera Roalcaba, la fiscalía lo acusa por haber dispuesto la lotización del área ubicada en el tercer sector El Mirador, ubicado dentro del Área de Conservación Privada (ACP) - Chaparrí, así como la construcción de un canal de cemento de agua y ramales, alterando el ambiente natural de dicho sector. Asimismo, se le imputa haber realizado en calidad de directivo de la Asociación de Productores Agropecuarios La Montería - ASPAM, trabajos para la construcción de una trocha con corte del cerro, en el sector La Montería, de un ancho de cinco metros aproximadamente.
También se constató la construcción de un cerco en un terreno, donde existe una poza con geomembrana, con agua. Asimismo, la construcción de un potrero, donde se verificó la existencia de 311 cabezas de ganado en dicho terreno, que según el testigo Juan Antonio Campos Vera, era un área natural con especies de flora de la zona, que fueron taladas para convertir el lugar en potrero.
Asimismo, a Miguel Becerra Fernández se le cuestiona haber realizado la alteración del ambiente dentro de la ACP Chaparrí – sector La Cascada, donde se construyó una central minihidroeléctrica, además de las edificaciones de ladrillo con cemento, que sirven de oficinas, almacén, baños y duchas. También se le sindica haber realizado construcciones de madera, que sirven como dormitorios. De la misma forma se verificó la remoción de tierra para la construcción de habitaciones de ladrillo, verificándose además la existencia de árboles de faique caídos y el rebrote de 10 árboles de Faique en una pequeña área quemada de cinco por cinco metros cuadrados.
Contra Segundo Culqui Mendoza, exdirectivo de la comunidad, la fiscalía postula que autorizó a la Asociación de Productores Agropecuarios La Montería realizar trabajos de trochas sin consentimiento de la comunidad, en el Sector denominado La Montería, ubicado en la ACP-Chaparrí, para lo cual se alteró el ambiente natural, expresando en su actuar la naturaleza dolosa del hecho.
En tanto, a Juan Carrasco Fernández, se le acusa por haber alterado el ambiente, puesto que en el terreno que posee como comunero, ubicado en el Cerro Racarrumi, se ha verificado la construcción de dos ambientes de abobe sin techo terminado, solo con guayaquiles, los cuales iban a servir de búngalos. Asimismo, se observó la construcción de una cancha de fútbol y con ello la pérdida de especies forestales en regeneración.
Por su parte, a Dociteo Tafur Díaz se le acusa de haber realizado la lotización del área ubicada en el sector El Mirador, dentro de la ACP - Chaparrí, cuando ocupó el cargo de presidente de la Comunidad Muchik Santa Catalina de Chongoyape. Finalmente, contra Américo Laboriano Ramos, se postula el haber realizado la lotización del área ubicada en el sector El Mirador, generando la alteración del ambiente por la pérdida de especies forestales en regeneración.
DESCRIPCIÓN FISCAL
Según la denuncia escrita, del 1 de agosto del 2017, en un aproximado de 15 hectáreas, ubicadas en el caserío Piedra Parada, que pertenece al área de conservación privada de la comunidad, Julio Cubas Delgado, ha afectado la biodiversidad de flora y fauna, lotizando y vendiendo el terreno por lotes para viviendas. Teniendo como testigo a Leoncio Delgado Castro, con domicilio en el caserío Zapotal del distrito de Chongoyape.
Asimismo, en un aproximado de dos mil 500 hectáreas, ubicadas en el primer sector La Montería, la Asociación de productores Agropecuarios La Montería ha realizado tala y caza indiscriminada, con el objeto de sembrar y traspasar el terreno en lotes, obteniendo un beneficio económico, sin autorización legal de los directivos y la Asamblea de Comuneros.
De igual forma, en un aproximado de mil 500 hectáreas, ubicadas en el sector Chaparrí, se viene desarrollando el Proyecto Pavas, sin contar con la aprobación de la Asamblea de Comuneros y sin poner en conocimiento de los directivos electos, haciendo tala y caza indiscriminada para obtener un beneficio económico. El responsable de esto, según la denuncia escrita, es el denunciado Hemeregildo Torres Perales y la empresa Asociación para la Conservación de la Naturaleza y en Turismo Sostenible, quien realizan este proyecto sin contar con la autorización de los comuneros.
Además, en la denuncia se describe que en el tercer sector La Cascada, que pertenece al área de conservación privada, el ciudadano Ángel Becerra se apropió de tierras de la comunidad, para darles un uso diferente.
De igual forma, se consigna que en el sector El Reservorio, en un promedio de 600 hectáreas, Segundo Fiaban Culqui Mendoza, Genaro Vera Roalcaba y el PEOT, representado por el gerente Francisco Gayoso Cevallos, realizan la tala indiscriminada para elaborar un proyecto denominado ‘Reservorio’, sin contar con la autorización de la Asamblea de Comuneros, sino tan solo la firma del señor Segundo Culqui quien era el presidente en ese entonces.
En tanto, en un promedio de mil hectáreas del tercer sector Chaparrí, Segundo Fabián Culqui Mendoza cedió arbitrariamente un área a la Asociación de Apicultores, para un uso diferente, sin contar con el acuerdo de la Asamblea de Comuneros.
Asimismo, se consigna que, en un aproximado de 50 hectáreas, ubicadas en el sector cerro Racarrumi, Juan Carrasco se apropió de un área, haciendo tala indiscriminada para darle un uso distinto y obtener un beneficio económico.
En cuanto a Porfirio Torres Perales, la denuncia registra que en el tercer sector El Mirador se construyeron canales con cemento de agua y minerales, por acuerdo arbitrario de Porfirio Torres Perales, sin autorización de la asamblea de comuneros, y coludido con Genaro Vera Roalcaba y Hemeregildo Torres, para obtener un beneficio económico, haciendo un uso indistinto de dicha área.
Similar situación es la de Edivar Carrasco, Américo Laboriano Ramos y Dociteo Tafur Diaz, quienes según la denuncia se apropiaron de un área en el sector El Mirador para transferir por lotes a cambio de obtener un beneficio económico, para lo cual realizaron depredación y tala de árboles, sin autorización de la asamblea de comuneros y la directiva.
En el sector Carniche Alto, sobre el canal, en un área de conservación privada, la Municipalidad Distrital de Llama también ha lotizado y cedido en lotes parte de los terrenos a sus pobladores, sin contar con autorización alguna por parte de los comuneros, dándole un uso diferente a dicha área. Aquí se encuentran coludidos Jesús Milian Flores, Felipe Bonilla Ramos y Lorenzo Caján.
MEDIOS PROBATORIOS
La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Lambayeque ha ofrecido como medio probatorio para el juicio oral los testimonio de 37 testigos, quienes son representantes del Servicio Forestal y de Fauna Silvestre - Serfor, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - Osinfor Chiclayo, directivos de la Comunidad Campesina Santa Catalina de Chongoyape, personal policial, funcionarios de la Gerencia Regional de Agricultura, representantes del PEOT, peritos del Equipo Forense Especializado en Materia Ambiental - EFOMA Lima, del Gobierno Regional de Lambayeque y otros.
Todos ellos, según la fiscalía, dan cuenta de manera detalla de lo encontrado en la fecha de inspección fiscal, donde se levantaron actas de constatación, las cuales han sido ofrecidas como pruebas junto a fotografías en las se evidencia la transformación del área natural.
PROTESTAS
Como se conoció hace algunos días, el acusado Juan De Dios Carrasco Fernández junto a los otros acusados realizaron protestas por esta acusación, refiriendo que se les pretende criminalizar por su defensa a la Reserva de Chaparrí y tocaron las puertas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de impedir que la acusación fiscal prospere, en virtud de la cual el juzgado resolvió que los acusados pasen a juicio oral.
Además, el juez Pérez Toro atendió el pedido fiscal de aplicar la pena máxima de cuatro años de prisión para los acusados por la comisión del supuesto delito de alteración del ambiente o paisaje, regulado en el artículo 313 Código Penal. De igual forma, atendió el pedido de la Procuraduría del Ministerio del Ambiente, que incluyó un sustancial aumento de la reparación o multa, que pasó de cinco mil a 100 mil soles.
En diálogo con Expresión, el doctor en Sociología y docente universitario César Cardoso Montoya analizó el panorama electoral de cara a las votaciones de este domingo 11 de abril, señalando que las expectativas de los ciudadanos se cifrarán en el discurso que enfoque de mejor manera la atención a los problemas más urgentes: salud y educación.
¿Cuál es su reflexión sobre el proceso electoral en marcha considerando que es atípico por la forma en la que los candidatos han llevado sus mensajes, debido a la pandemia, y también por la severa crisis económica que atraviesa el país?
Es un proceso “sui géneris” en el cual se ha formado una opinión sobre todo emocional, con un electorado que no ha madurado políticamente. Se va a sufragar emocionalmente porque es poco lo que conocen los electores sobre los planes de gobierno.
En realidad son los medios de comunicación los que de alguna u otra manera van a inducir el voto, porque el elector común y corriente se maneja por los titulares y es en el lapso de estos días que se va a definir por quién sufragar.
Estos últimos días son decisivos por el número de indecisos, quienes inclinarán la balanza a favor de uno u otro candidato. Esta primera vuelta pasa por el hecho de que los candidatos, con mucha audacia, se ubiquen en el centro.
El candidato que se ubique en el centro, tendrá posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Esa preocupación la he encontrado en Verónika Mendoza, George Forsyth y en Julio Guzmán. El resto de candidatos como Keiko Fujimori, Hernando de Soto y Rafael López Aliaga siguen ubicados en la derecha.
¿Y qué caracteriza a esos candidatos de derecha?
Siguen pensando que los servicios básicos forman parte del área privada de la persona y no del Estado, de manera tal que si en caso ellos ganasen el capital financiero va a seguir enajenándonos como políticas de Estado la salud, la educación y la jubilación, que hoy en día en una coyuntura pandémica estás son responsabilidades que el Estado debe asumir.
La reivindicación de la política pasa por reivindicar la parte ética de la vida: salud, educación, jubilación y respeto al medio ambiente.
¿Cuáles son los candidatos que más se acercan a esto último que plantea?
Del análisis he podido encontrar un tufo de esto en el discurso de Verónika Mendoza, que tiene una fuerte emoción social. Si definiera una agenda de emergencia podría reivindicar fundamentalmente aspectos como salud, educación, respeto al medioambiente, acceso a la internet, nacionalización del gas y otras cosas más interesantes, como hacer crecer tributariamente al Estado, lo que significa que todos deben tributar, grandes y chicos, y que se debe imponer un impuesto a la riqueza.
¿Pero qué hay de quienes afirman que el discurso de Verónika Mendoza enfatiza en un modelo estatista?
No he encontrado en su discurso un mensaje estatista, pienso que no existe, por el contrario apunta a reivindicar la acción política del Estado.
¿La frase “vamos a cambiarlo todo” no ha sido un error en el mensaje de Mendoza, considerando que hay en estos momentos aspectos urgentes debido a la emergencia sanitaria y la crisis económica?
Es correcto, eso es lo que genera dudas respecto a su discurso, error que se ha repetido cuando habló del gobierno de Maduro y de reactivar la UNASUR. Pensando a nivel continental, quien mejor puede reivindicar la imagen de una candidatura y presidencia de izquierda es José Mujica, expresidente de Uruguay, con un gobierno que buscó rescatar el aspecto ético de la política y el sentido social de la economía.
La economía ha rescatado su aspecto social en el Perú, en tanto todos participamos del proceso de generación de riqueza. Lo que ha faltado es mejorar la redistribución.
Un discurso importante de Mujica fue resolver esa deuda de un gobierno con sus ciudadanos, logró crecimiento económico y, al mismo tiempo, mejorar los salarios e ingresos de las personas.
¿Los demás candidatos no piensan en ello?
En mi opinión no, no tienen esa lógica. Buscan afianzar el crecimiento económico a fin de cumplir con los compromisos internacionales del país, pero nada hacia adentro. So pretexto de cumplir con esos compromisos es que se corre el riesgo de que nuevamente se siga descuidando la salud, la jubilación, la vivienda y otros temas importantes para el bienestar de la sociedad.
Los porcentajes de respaldo a los candidatos hasta las encuestas publicadas el domingo pasado evidencian una situación muy particular, que se podría traducir en baja legitimidad y representatividad del próximo gobierno. ¿Lo considera así?
La política es cuestión de audacia y el elector, que es emocional, realmente va a apostar por quienes están encabezando las encuestas. Ese es un primer indicativo que encuentro.
Dicho esto conviene preguntarse quién ganó en el debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones – JNE. De la respuesta se desprenden tres cosas: quién mejor se defendió, quién mejor atacó y quién hizo mejores propuestas.
Estos aspectos serán determinantes para el voto del domingo. Aún quedan algunas horas y mucho dependerá de los candidatos que giros de muñeca hacen para lograr el apoyo de los indecisos, eso le garantizará legitimidad. La nacionalización del gas, salud, educación, vivienda y respeto a los derechos y al medioambiente son los temas de mayor peso.
La unidad es una de las principales debilidades que tiene la izquierda en el Perú. Si todos los partidos con tendencias de izquierda estuvieran unidos, hoy su candidatura estaría fija en la segunda vuelta. ¿Por qué cree que no se logra este anhelo, como sí se logró con Alfonso Barrantes e Izquierda Unida en 1980?
La falta de cohesión es parte de la inmadurez institucional, del sectarismo que no se ha podido superar y que viene desde la década del 70. La formación universitaria tiene mucho que ver en esto.
La izquierda se fracciona en la década del 70 y este fraccionamiento es vigente a partir de la caracterización de la sociedad peruana, que dio lugar a Sendero Luminoso y a las organizaciones maoístas. A partir de ahí cada organización se considera la iluminada respecto a la caracterización de la realidad nacional, problema que no se ha podido superar.
La derecha no está preocupada por caracterizar a la sociedad peruana ni solucionar el problema nacional. La derecha, simplemente asume agendas que le imponen las organizaciones internacionales y es ahí cuando el Estado moderno pierde soberanía.
El problema de las izquierdas pasa por cómo identificar el problema nacional y cómo solucionarlo, lo que ha hecho que a la fecha no pueda superar su falta de unidad. A eso se suma la falta de liderazgos. No tiene un líder que se sobreponga a todas las contradicciones como lo hizo Alfonso Barrantes.
Hay también crisis de discurso y eso hace que hoy haya tres candidaturas de izquierda muy expectantes: Pedro Castillo, con fuerza en el sur; Marco Arana, muy temperamental, y Verónika Mendoza. La división resta y eso beneficia a los candidatos de derecha.
Según el estudio ‘Perfil Electoral 7: Participación política de candidaturas jóvenes en las EG 2021’, elaborado por la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, del Jurado Nacional de Elecciones, la presencia de los jóvenes es cada vez más significativa en los procesos electorales, alcanzando en estos comicios el 27.4 % del padrón electoral.
Se tiene que para las elecciones generales del 2006, el número de electores jóvenes fue de cinco millones 570 mil 952, para el 2011 de seis millones 410 mil 189, para el 2016 de seis millones 927 mil 437 y para este año serán seis millones 928 mil 324.
Además, este año los jóvenes de 17 y 18 años que votarán por primera vez representarán el 4.4 % del padrón electoral nacional. Loreto es el distrito electoral que tiene el mayor porcentaje de nuevos votantes en su circunscripción, con el 3.2 %, que representa a 22 mil 303 jóvenes; mientras que Lima, Arequipa y Moquegua son los de menor porcentaje, con 1.9 % cada uno. En el caso de Lambayeque, hay 21 mil 979 nuevos electores, que representan el 2.2 % del padrón departamental.
MILITANCIA
El estudio también revela que los partidos políticos cada vez tienen menos jóvenes militantes en sus filas. Mientras que en el 2006, el 23 % de militantes eran jóvenes (menos de 30 años), en el 2020 esta cifra se redujo a solo el 8 %. En contraste, hoy los militantes de entre 30 a 39 años representan el 20 %; entre 40 y 49, el 25 %; entre 50 y 59, el 22 %; y de 60 a más, el 25 %.
Asimismo, las mujeres jóvenes representan el 9 % del total de militantes en los partidos políticos, superando en 2 % a los hombres. Además, el Partido Morado, Podemos Perú y Renovación Nacional son las organizaciones que más jóvenes congregan, con el 29 %, 25 % y 24 %, respectivamente.
Además, el 9 % de los militantes que postulan al Congreso son jóvenes. El partido que concentra el mayor número es Perú Patria Segura (16 %) y Renovación Popular (14 %), mientras que los de menor porcentaje son Acción Popular (4 %) y el Partido Nacionalista Peruano (2 %).
CANDIDATOS JÓVENES
Una de las conclusiones a las que arriba el estudio es que, a pesar de la sustantiva presencia de jóvenes en el padrón electoral, la oferta política no se refleja en su composición e importancia. En cuanto a elecciones presidenciales, desde el 2011 siempre se ha inscrito a por lo menos un candidato joven en las fórmulas presidenciales. En el 2011 fue Keiko Fujimori, de Fuerza Popular; en el 2016, Verónika Mendoza, del Frente Amplio; y este año son George Forsyth, de Victoria Nacional, y Gisela Tipe de la Cruz, primera vicepresidente de Acción Popular.
En cuanto a elecciones congresales, en el 2016 solo dos parlamentarios electos fueron jóvenes: Indira Huilca, del Frente Amplio, y Marvin Palma, de Fuerza Popular, con 27 y 26 años, respectivamente. Para las elecciones extraordinarias del año pasado, de un total de 210 jóvenes postulantes, solo se eligió a seis.
En cuanto a los jóvenes elegidos en las Elecciones Regionales y Municipales del 2018, solo hay un gobernador regional (2 %), 19 de consejeros regionales (6 %), un alcalde provincial (1 %), 158 regidores provinciales (9 %), 14 alcaldes distritales (1 %) y mil 160 regidores distritales (13 %).
PERFIL DE LOS CANDIDATOS JÓVENES
Para estas elecciones generales se han inscrito las candidaturas de 209 jóvenes menores de 30 años al Congreso, lo cual representa el 8.3 % del total de postulantes. De este porcentaje, el 70 % corresponde a mujeres, mientras que el 30 % restante a varones. Las cifras cambian en cuanto a candidatos de 30 años a más, pues en este grupo etario las mujeres disminuyen al 49 %, frente al 51 % de los hombres.
Del total de mujeres candidatas al Congreso, el 12 % son menores de 30 años; el 27 % tiene entre 30 a 49 años; el mismo porcentaje se repite entre las que tienen de 40 a 49; el 23 %, entre 50 y 59; y el 11 %, quienes tienen de 60 a más.
En el caso de los candidatos hombres, solo el 5 % es menor de 30 años; el 20 % tiene entre 30 y 39; el 24 %, entre 40 y 49; el 28 %, entre 50 y 59; y el 23 % es mayor de 60.
En cuanto a la formación académica, el 56 % de candidatos jóvenes cuenta con estudios superiores y el 33 % con secundaria completa. Además, el 8 % tiene estudios de posgrado. Si bien el 70 % de candidatos hombres cuenta con estudios superiores frente al 51 % de mujeres, son las mujeres quienes tienen más estudios de posgrado: 10 % frente al 3 % de hombres.
De los 18 partidos políticos que postulan en esta contienda electoral, 12 llevan a candidatos jóvenes con estudios de posgrado. Acción Popular lidera esta lista (30 %) %, seguido del Frente Amplio (20 %) y Somos Perú (14 %).
UBICACIÓN
De los 209 candidatos jóvenes que participan de este proceso electoral, el Frente Popular Agrícola del Perú – FREPAP, y Renovación Popular son los partidos que más postulantes reúnen, con el 13 % cada uno; seguido del Partido Morado y Perú Patria Segura, con 11 %; Somos Perú, el Partido Popular Cristiano – PPC y Victoria Nacional, con 10 %; el Frente Amplio, Democracia Directa y Contigo, con 9 %; Renacimiento Unido Nacional, Podemos Perú y Perú Libre, con 8 %; Avanza País, Alianza Para el Progreso y Unión Por el Perú, con 7 %; Fuerza Popular y Juntos Por el Perú, con 6 %; Acción Popular con 4 % y el Partido Nacionalista con 2 %.
Sin embargo, la mayoría de las candidaturas jóvenes se ubican en el tercio medio de las listas (44 %), el 41 % en el tercio inferior y solo el 14 % en el tercio superior. En cuanto a sexo, el 15 % de mujeres ocupan los primeros lugares de su lista, mientras que en hombres es el 13 %.
Además, solo ocho organizaciones (Perú Patria Segura, Juntos Por el Perú, Partido Morado, Unión Por el Perú, PPC, Fuerza Popular, Avanza País y Victoria Nacional) cuentan con más del 20 % de candidaturas jóvenes en el tercio superior de las listas, en contraste del Frente Amplio y Alianza Para el Progreso, que ubican al 70 % y 60 % de sus candidatos jóvenes, respectivamente, en el tercio inferior.
En tanto, solo 16 jóvenes a nivel nacional encabezan una lista de candidatos al parlamento, lo cual representa el 3 %. Esta cifra constituye una disminución a comparación de las elecciones extraordinarias del año pasado, donde el número de jóvenes cabeza de lista era de 20, lo que representaba al 3.9 %.
Asimismo, solo 11 partidos políticos presentaron por lo menos un joven como cabeza de lista en alguna circunscripción electoral. Estos son: Avanza País, el FREPAP, Juntos Por el Perú, el PPC y Renovación Popular, con dos candidatos cada uno; y Acción Popular, Fuerza Popular, el Partido Morado, Renacimiento Unido Nacional, Unión Por el Perú y Victoria Nacional, con uno.
TRAYECTORIA
Por otro lado, el 34 % de los candidatos jóvenes en estas elecciones generales ya ha postulado previamente a cargos de elección popular.
Acción Popular presenta a la mayor cantidad de candidatos jóvenes que ya ha postulado antes (83 %), mientras que en Renacimiento Unido Nacional, Contigo, el Partido Nacionalista y Avanza País la totalidad de postulantes jóvenes participa por primera vez.
Además, de acuerdo con la revisión de las hojas de vida, ningún candidato joven menor de 30 años registra una sentencia declarada, ya sea civil o penal.
AGENDA JUVENIL
Finalmente, el estudio recoge un tema en común dentro de la agenda juvenil que plantean los candidatos jóvenes: la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, y el rol de la Superintendencia Nacional de Educación Superior – Sunedu, como garante de la calidad educativa.
Sobre este aspecto, 11 partidos apoyan el fortalecimiento de la citada autógrafa: Democracia Directa, Frente Amplio, Juntos Por el Perú, Somos Perú, Partido Morado, Partido Nacionalista, PPC, Perú Patria Segura, Podemos Perú, Unión Por el Perú y Victoria Nacional. Por su parte, Alianza Para el Progreso propone hacerle modificaciones.
En tanto, Acción Popular, Avanza País, Fuerza Popular, Perú Libre, Renacimiento Unido Nacional y Renovación Popular no mencionan su posición dentro de su plan de gobierno.
En Lambayeque, 964 mil ciudadanos acudirán este domingo a los centros de votación para elegir a los nuevos representantes ante el Congreso de la República. Algunos candidatos bastante conocidos en el espectro político y otros rostros nuevos se encuentran en la nómina de postulantes con mayores posibilidades de alcanzar una curul, lo que dependerá de dos factores importantes: la cifra repartidora y que sus organizaciones pasen la valla electoral.
JANET CUBAS CARRANZA / JUNTOS POR EL PERÚ
Contadora, con grado de doctora, docente universitaria. Fue regidora provincial de Chiclayo por Acción Popular entre el 2003 y el 2010, partido del que fue secretaria general regional y al que representó en el 2014 a la alcaldía de Chiclayo. En el 2018 postuló nuevamente a dicho cargo como invitada de Juntos Por el Perú, en las elecciones congresales extraordinarias del 2020 obtuvo la más alta votación como candidata de Juntos Por el Perú, pero no alcanzó curul debido a que el partido no pasó la valla electoral.
ANTONIO URIARTE GONZALES / SOMOS PERÚ
Arquitecto de profesión, se ha desempeñado como decano del Colegio de Arquitectos de Lambayeque, trabajando en el ámbito privado como consultor y supervisor de obras públicas vinculadas al sector salud. Fue militante y dirigente provincial de Alianza Para el Progreso, postulando por dicha organización a regidor de Chiclayo en el 2010. Renunció y se afilió al Partido Democrático Somos Perú, al cual representó en el 2014 y el 2018 como candidato a gobernador regional de Lambayeque.
ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO / FUERZA POPULAR
Médico, ex ministro de Salud en el segundo gobierno de Alberto Fujimori, en cuyo período se habrían realizado las esterilizaciones forzadas. Está procesado por dicho caso. Fue congresista por Lambayeque por Alianza Por el Futuro en el 2006, llegando a presidir el Congreso por breve tiempo, y en el 2011 por Fuerza 2011. Antes de las elecciones del 2016 marcó distancia de Keiko Fujimori, alejándose del escenario político, pero se mantuvo cercano al padre de esta como su médico de cabecera. Está involucrado en el caso “Vacuna VIP”.
FRANCISCO ASPÍLLAGA MUÑOZ / RENOVACIÓN POPULAR
Abogado, con estudios de maestría en Auditoría y Gestión Pública. Ha sido asesor de sindicatos vinculados a las empresas de saneamiento básico. Fue candidato a la alcaldía provincial de Chiclayo por el Partido Todos por el Perú en el 2018, siendo el postulante más joven de la contienda electoral, con 24 años de edad. En las elecciones extraordinarias para el Congreso de la República del 2020 apoyó a las candidaturas del partido Contigo, antes Peruanos Por el Kambio – PPK.
MARLENY PORTERO LÓPEZ / ACCIÓN POPULAR
Técnica en Terapia Física, es presidenta de la Asociación “Ángel Mary Valero”, que se dedica a apoyo social a niños con discapacidad y adultos mayores en riesgo. Postuló en el 2002 como regidora distrital de Íllimo por Acción Popular, en el 2006 como regidora provincial de Lambayeque por el mismo partido y en el 2018 como candidata a la vicegobernación regional de Lambayeque, en la lista que encabezó Edgar Cayotopa Martínez. No ha ganado ninguna elección.
FRANKLIN CHÁVEZ TORRES / VICTORIA NACIONAL
Arquitecto, ha trabajado en el Programa Nacional de Inversiones en Salud y en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Postuló al Congreso de la República por Cajamarca como representante de Perú Posible en el 2006 y por el mismo partido como presidente regional de Lambayeque en el 2010, congresista en el 2011 y gobernador regional en el 2014. También fue sub secretario nacional de Organización de Perú Posible, partido al que renunció en el 2015. No ha ganado ninguna elección.
NORBIL VEGA OROZCO / PARTIDO POPULAR CRISTIANO
Ingeniero Mecánico Electricista formado en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, con estudios de maestría en Ciencias de Ingeniería Mecánica Eléctrica con mención en Energía por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Se desempeña como gerente de la empresa A Y D Ingenieros EIRL, trabajó como jefe de Servicios Industriales de Nestlé Perú y fue director regional de Energía y Minas entre el 2009 y el 2010. Ha postulado a la gobernación regional de Lambayeque y al Congreso en el 2020.
ADA CHICOMA SOTOMAYOR / ALIANZA PARA EL PROGRESO
Obstetra por la Universidad Particular de Chiclayo, se ha desempeñado como trabajadora de la Red de Servicios de Salud de Chiclayo, jefa de Capacitación de la Oficina de Gestión y Desarrollo del Personal Humano y Coordinadora del Programa de Serums de la Gerencia Regional de Salud, así como de coordinadora del Programa de Población y Cultura de Paz del Gobierno Regional de Lambayeque. Fue decana del Colegio de Obstetras del Perú – Consejo Regional Lambayeque del 2016 al 2019.
MERLY BERRÍOS SÁNCHEZ / PARTIDO MORADO
Profesora del nivel secundario y socióloga. Postuló como regidora de José Leonardo Ortiz por el Movimiento Independiente Lambayecano de Apoyo Social – MILAS, en 1998 y por Perú Posible en el 2002. En el 2010 tentó la alcaldía provincial de Chiclayo por el Partido Fonavista del Perú. Fue funcionaria de la Municipalidad Provincial de Chiclayo en la primera administración de Roberto Torres Gonzales, siendo responsable de la subgerencia de Programas Sociales, cargo al que renunció al denunciar presuntos malos manejos.
Este domingo 11 de abril, 25 millones 287 mil 954 electores están hábiles para acudir a las urnas y con su voto decidir quiénes de los 18 aspirantes a la presidencia de la república pasarán a segunda vuelta. Hasta la última encuesta, seis candidatos tenían las mayores posibilidades.
VERÓNIKA MENDOZA / JUNTOS POR EL PERÚ
Nació el 9 de diciembre de 1980 en el distrito de Santiago, región Cusco. Cuenta con nacionalidad peruana y francesa.
Cursó sus estudios primarios y secundarios en la Ciudad Imperial, en la institución educativa Santa Rosa y el colegio Virgen del Carmen, respectivamente.
Realizó sus estudios universitarios en París-Francia, en la facultad de Ciencias Humanas Clínicas de la Universidad de París VII Denis Diderot, donde obtuvo el título de licenciada en Psicología el 2003.
Sus estudios de maestría los realizó en la Universidad Sorbona Nueva-París III, en la cual logró el grado de magíster en Ciencias Sociales en el 2006. Posteriormente obtuvo el grado de magíster en Educación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España.
Trabajó como profesora de español en el Instituto Academia de París, en la Asociación Pukllasunchis de Cusco y como docente de diplomado en la Universidad Nacional del Altiplano-Puno.
Como experiencia laboral señala que es consultora independiente, docente en seminarios de la Asociación Nuestro Sur, administradora de la Asociación Nuevo Perú y que ha realizado investigación sobre pueblos indígenas en el Centro Peruano de Estudios Sociales.
Fue congresista de la República en el periodo 2011-2016, por la región Cusco, con el Partido Nacionalista-Gana Perú al cual renunció en el 2012.
No registra sentencias ni demandas. El 2016 acudió a la Fiscalía para declarar, en calidad de testigo, en la investigación a la ex primera dama Nadine Heredia por presunto lavado de activos en campañas electorales del 2006 y 2011.
Esta es la segunda vez que Verónika Mendoza participa como candidata presidencial. Compitió en las elecciones presidenciales del 2016 como candidata del Frente Amplio.
HERNANDO DE SOTO / AVANZA PAÍS
Nacido el 2 de junio de 1941 en Arequipa, Hernando de Soto tiene una amplia trayectoria en el diseño de políticas socioeconómicas y en la asesoría a autoridades de gobierno, tanto en el Perú como en otros países. El 2001 fundó el partido Capital Popular, lanzando una candidatura presidencial de la que desistió antes de los comicios generales de aquel año.
En lo que respecta a su perfil académico, De Soto cuenta con estudios generales en la Pontificia Universidad Católica del Perú y de economía en la Universidad de Génova, Italia. Además, es licenciado en dicha especialidad y máster en Derecho Internacional por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales, con sede en Ginebra, Suiza.
En Perú, De Soto ha brindado asesoría en distintos momentos a los gobiernos encabezados por Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Alan García.
Además, durante el primer gobierno de Alan García el IDL, la institución encabezada por De Soto, desarrolló los lineamientos de la simplificación administrativa dentro del sector público. En 1991, el gobierno de Alberto Fujimori encargó a ILD desarrollar un convenio con Estados Unidos para el control del tráfico de drogas y el desarrollo de cultivos alternativos a la coca.
El 2006, durante su segundo gobierno, Alan García lo designó su representante personal en el proceso de firma y ratificación del tratado de libre comercio entre Perú y Estados Unidos.
KEIKO FUJIMORI / FUERZA POPULAR
Nació el 25 de mayo de 1975, es administradora de empresas con estudios en la Boston University y con una maestría en la misma profesión por la Columbia University, ambas en Estados Unidos.
Según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones - JNE, registra el cargo de presidenta del partido político Fuerza Popular y se desempeñó como titular de Oportunidades Instituto para el Desarrollo.
Asimismo, indica su labor como congresista de la República durante el periodo 2006-2011, por la alianza electoral Alianza por el Futuro.
Este año, la lideresa de Fuerza Popular protagoniza su tercer intento de llegar a la Presidencia.
El primero se produjo en el proceso electoral del 2011 con Fuerza 2011, enfrentándose y perdiendo en segunda vuelta ante Ollanta Humala.
Posteriormente, el 2016 se presentó con Fuerza Popular siendo la candidata más votada en la primera vuelta y fue derrotada en la segunda vuelta por Pedro Pablo Kuczynski, en un estrecho resultado final.
Fujimori Higuchi está casada con el ciudadano estadounidense Mark Vito Villanella, con quien tiene dos hijas.
Desde el 2018 es investigada por el Ministerio Público a causa de los aportes irregulares de campaña en medio del caso denominado Lava Jato.
Fue detenida preventivamente ese año y liberada tras la concesión de un habeas corpus por el Tribunal Constitucional.
Luego regresó a la prisión preventiva en enero del 2020, siendo revocada la misma por la Sala de Apelaciones en abril del año pasado.
En la actualidad cumple una medida de comparecencia restringida, que se aplica desde mayo del mismo año.
GEORGE FORSYTH / VICTORIA NACIONAL
Forsyth Sommer tiene 38 años y nació en Caracas, Venezuela, según la información que consigna en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones - JNE.
Conocido por su carrera deportiva en el Club Alianza Lima, donde se desempeñó como futbolista profesional, en el puesto de arquero, saltó a la cancha política en el año 2011, cuando fue elegido regidor de la Municipalidad de La Victoria por el Partido Popular Cristiano (PPC).
Asumió interinamente la alcaldía de La Victoria en 2014, cuando el entonces burgomaestre Alberto Sánchez Aizcorbe solicitó licencia para postular en las elecciones para la Municipalidad de Lima. La teniente alcalde Milagros Manchego también pidió permiso lo cual permitió que el regidor número dos asuma la alcaldía.
Cuatro años después de aquella experiencia, Forsyth ganó la alcaldía de La Victoria representando a Somos Perú.
Asumió el cargo del burgomaestre el 2019, pero renunció a este el año pasado para postular a la Presidencia de la República.
Durante la campaña electoral a la alcaldía, en setiembre del 2018 contrajo matrimonio con la actriz Vanessa Terkes, de quien se separó en mayo del 2019.
En cuanto a su formación académica, Forsyth cursa actualmente el noveno ciclo de la carrera de administración y negocios en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
YONHY LESCANO / ACCIÓN POPULAR
Nació en Puno el 15 de febrero de 1959. Su etapa escolar la formó en el Núcleo Educativo Campesino de Ccota, el colegio particular San Juan Bautista y la Gran Unidad Escolar San Carlos.
Cursó estudios superiores en la ciudad de Arequipa, donde obtuvo el título de abogado en 1982 por la Universidad Católica Santa María. Luego retornó a Puno para ejercer su carrera y la docencia en la Universidad del Altiplano.
En 1995 siguió estudios de maestría en la Escuela de Graduados de la Universidad de Chile. En Puno, a través del programa radial “Con la ley en la mano” difundido en radio Onda Azul, brindaba orientación legal a la población.
Posteriormente, fue elegido congresista de la República en cuatro períodos (entre los años 2001 y 2019), dos en representación del departamento de Puno y dos por Lima.
En el Parlamento, presidió comisiones como la de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, y Vivienda y Construcción.
Después de 18 años como parlamentario, retornó a sus labores de docente universitario y reinició el ejercicio independiente de la abogacía.
En marzo de 2019, fue denunciado por presunto acoso sexual por una periodista, tras la difusión de unas conversaciones de WhatsApp.
El pleno del Congreso lo suspendió por 120 día por recomendación de la Comisión de Ética; no obstante, la fiscalía archivó el caso. Lescano señaló que con ello se demostró que todo era mentira y que no había ningún delito.
RAFAEL LÓPEZ ALIAGA / RENOVACIÓN POPULAR
Nació en Lima el 11 de febrero de 1961. Es ingeniero industrial por la Universidad de Piura y magister en administración por la Universidad del Pacífico.
Se ha desempeñado como catedrático en la Universidad Nacional de Ingeniería – UNI, entre los años 2017 y 2020.
Además, desde el año 1999 ha sido presidente del directorio de Perurail y director de Perú Belmond Hotels; y del año 2000 a la fecha ha sido director de Ferrocarril Trasandino.
En los 80 fue gerente de Banca Corporativa y de Desarrollo del Citibank.
López Aliaga fue regidor provincial de Lima por la alianza electoral Unidad Nacional en el periodo municipal 2007 - 2010.
Además, desde el año pasado es presidente y representante legal del partido Renovación Popular, antes Solidaridad Nacional.
Durante la campaña ha sido cuestionado por sus declaraciones sobre las niñas víctimas de violación sexual y el caso de Ana Estrada, sobre el derecho a la muerte digna y la eutanasia.
También, por sus deudas empresariales y a personales con la SUNAT y los beneficios que sus empresas recibieron del programa Reactiva Perú. Otro hecho saltante de su postulación es que pidió la renuncia de su primera vicepresidenta Neldy Mendoza en marzo, a quien cuestionó por las opiniones vertidas por esta sobre la autonomía y empoderamiento de las mujeres.
