Desde la mañana del miércoles 27 de enero el gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, permanece internado en una clínica particular. Durante este tiempo se le han realizado hasta tres intervenciones quirúrgicas, en tanto el Poder Judicial confirmó el mandato de detención preliminar dispuesto en su contra por presuntos actos de corrupción. En paralelo, la Fiscalía Especialidad en Delitos de Corrupción de Funcionarios espera que el juez de investigación preparatoria admita el requerimiento de 36 meses de prisión preventiva en su contra.
El lunes 8 de octubre se instaló la audiencia en la que la representante del Ministerio Público, Karim Ninaquispe Gil, presentó los graves y fundados elementos de convicción para requerir la prisión preventiva no solo contra Lozano Centurión, sino también contra los otros 16 investigados por el caso denominado “El imperio del mal”.
La investigación se centra en las operaciones que habría desarrollado la presunta organización criminal en la Municipalidad Distrital de La Victoria, en el período 2015-2018, que fue el último en el que Lozano Centurión se desempeñó como alcalde. De acuerdo al Ministerio Público, dicha red se habría trasladado después al Gobierno Regional de Lambayeque, a partir de enero del 2019, cuando Anselmo Lozano asumió el cargo de gobernador.
Los ilícitos que se imputan son varios: organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, en sus figuras activa y pasiva, todo en torno a la presunta adjudicación irregular de obras a cambio de sobornos, los mismos que habrían sido entregados, incluso, en el despacho de la alcaldía de La Victoria, según las declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz.
Prisión preventiva
La fiscal Karim Ninaquispe solicitó al Poder Judicial el mandato de prisión preventiva por 36 meses contra el gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, y sus coinvestigados, al formalizar la investigación preparatoria contra los involucrados en el caso "El imperio del mal".
En pedido incluye al actual vicegobernador de Lambayeque, Luis Díaz Bravo, a quien la Tercera Sala Penal de Apelaciones anuló el mandato de detención preliminar.
Asimismo, se pide 36 meses de prisión preventiva contra María Castro Grosso, ex gerente general de la municipalidad de La Victoria y del Gobierno Regional de Lambayeque, actualmente internada en la misma clínica que Lozano Centurión.
Otros investigados con el mismo mandato son: el ex alcalde de La Victoria, Leoncio Páucar Merino; el ex gerente del gobierno regional Germán Pisfil Agapito, el ex gerente regional de Infraestructura, Harry Gonzáles Solano, y el hijo de María Castro, William Sime Castro.
También contra: Wilfredo Castro Carmona, Wilmer Vásquez Guerrero, José Barba Maique, Marco Tarrillo Bustamante, Walter Mondragón Vera, José Huamán Vargas, Alejandro Criollo Quispe, Osman Yangua Criollo, Alexandra Criollo Ramírez y José Chinguel Calle.
Elementos y posible pena
Para la fiscal, resultado de las diligencias realizadas tras la detención preliminar de los presuntos integrantes de la red, fortalecen la teoría de que hubo dádivas (coimas) a cambio de la adjudicación de obras en la comuna victoriana, modalidad que luego se trasladó al gobierno regional.
Esto se habría corroborado con la declaración de los investigados Walther Padilla Mera y Salomón Caján Aguinaga, empresarios de dos constructoras que contrataron con la municipalidad de La Victoria, quienes han señalado al Ministerio Público cómo es que habrían entregado las coimas a los funcionarios ediles, entre ellos al propio Anselmo Lozano.
De acuerdo al requerimiento de la fiscalía, Lozano Centurión, por los delitos imputados, podría ser condenado hasta a 24 años de prisión, considerando que se le atribuye organización criminal, cohecho y colusión simple.
La fiscalía ha expuesto, además, conversaciones de mensajería y audios, además de documentación relacionada a los ingresos de los empresarios constructores de manera reiterada para reunirse tanto con Lozano Centurión como con otros funcionarios de mando medio, en el tiempo en el que la presunta red ya se habría instalado en el gobierno regional.
Cuestionamiento a la fiscalía
La defensa del gobernador regional, Omar Zapata López, cuestionó severamente la postura del Ministerio Público, al considerar que no existen elementos de convicción graves y fundados que acrediten la participación de su defendido en los presuntos actos de corrupción, por lo que el juzgado, a cargo del juez Reynaldo Leonardo Carrillo, debía desestimar el requerimiento de Ninaquispe Gil.
“No hay ningún elemento de convicción que valide que el señor Anselmo Lozano haya incurrido en los delitos imputados. Él ocupa uno de los cargos más importantes en la región y no se cumplen los presupuestos para que eluda las investigaciones”, dijo el abogado.
Zapata López señaló incluso que en la primera sesión de la audiencia la fiscal no pudo responder las interrogantes del juez, referidas a las imputaciones por tipos penales contra Lozano Centurión.
