Además, disponía que un grupo de funcionarios sean reinstalados en sus cargos. Sin embargo, ante grave infracción a la normatividad vigente, alcalde David Cornejo Chinguel dejó sin efecto el mencionado dispositivo bajo la argumentación de afectación al derecho constitucional de interés público.
¿Error adrede o claro abuso de autoridad contra los chiclayanos? En un presunto desconocimiento de los dispositivos legales que regulan la administración pública y el orden jurídico administrativo tributario y no tributario, el gerente municipal de la provincia de Chiclayo, brazo derecho y hombre de confianza del alcalde David Cornejo Chinguel, José Williams Pérez Delgado, dispuso mediante resolución de gerencia municipal N° 211-2017-MPCH/GM la implementación de un departamento de Ejecución Coactiva, para que se encargue de las cobranzas tributarias y no tributarias en la Capital de la Amistad.
Lo grave de la emisión y publicación de resolución antes descrita, es que contraviene a la Constitución Política del Perú, a las leyes y a las normas reglamentarias que rigen el orden jurídico y social en el Perú, ya que a través del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT- la comuna con un departamento de Ejecución Coactiva, siendo imposible la existencia de dos entes para que ejerzan acción coercitiva en contra de los chiclayanos que tienen deudas tributarias y no tributarias.
Lo peor aún, es que va contra el propio alcalde de la comuna chiclayana, David Cornejo Chinguel, y los regidores, quienes en el año 2015 aprobaron y pusieron en vigencia de la Ordenanza Municipal N° 09-2015-MPCH-A, la que aprueba el reglamento de Organización y Funciones –ROF- y la propuesta de Estructura Orgánica del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo-CGT, y por el cual la autoridad municipal y el jefe del ente recaudador, se encuentran procesados en el Poder Judicial por no haber instalado en el tiempo previsto, lo que aprobaron en sesión ordinaria de concejo.
Es decir, en la Municipalidad Provincial de Chiclayo ya existe desde el año 2004 un departamento de Ejecución Coactiva, el cual se encuentra instalado y en operatividad, en el Centro de Gestión Tributaria, el cual es, de acuerdo a las facultades conferidas por la Ley, el órgano encargado de la recuperación de la deuda impaga de tributos y multas administrativas, en estricto cumplimiento de la normatividad aplicable vigente.
ABERRANTE RESOLUCIÓN
El pasado 15 de noviembre, el gerente general de la Municipalidad de Chiclayo, José Williams Pérez Delgado, emitió la resolución de Gerencia N° 211-2017-MPCH/GM, en la cual resolvía encargar a la Gerencia de Recursos Humanos de la casa edil, implemente el Departamento de Ejecución Coactiva de la Subgerencia de Fiscalización.
Además, ordena que se le restituya en cargo de Ejecutor Coactivo III al servidor municipal Ismael Gómez Silva, así como el cargo de auxiliar coactivo a los servidores Jimmy Augusto Hoyos Quiroz y Dany del Rocío Morales Esqueche.
El mencionado funcionario, quien a pesar de ostentar el grado académico de abogado, basa su disposición – como quien queriendo lavarse las manos- en el memorando N° 125-2017-MPCH-GPP/SGPR, del 22 de setiembre del 2017, en el cual se emite el informe técnico N° 307-2017-MPCH-SGF, del 8 de setiembre del 2017, donde se sustenta la implementación del departamento de Ejecución Coactiva de la subgerencia de Fiscalización, y mediante memorando N° 263-2017-MPCH-SGF, se requiere la urgente implementación del mencionado departamento.
AL PASADO
En el informe antes mencionado, el responsable de la subgerencia de Fiscalización, hace conocer que en 1996 la Municipalidad convocó el primer concurso público de méritos para el cargo de Ejecutor Coactivo Municipal, resultando seleccionado el abogado Ismael Gómez Silva. En el año de 1997 se efectuó el segundo concurso público de méritos para designar el Ejecutor Coactivo Adjunto, resultando seleccionada la abogada Zelmi Marina Rosario Camacho.
En 1999, se efectuó otro concurso más para cubrir el cargo de auxilia coactivo, resultando ganadores Jimmy Augusto Hoyos Quiroz y Adriana Consuelo Guerrero Samamé. Del mismo modo, con la Resolución Administrativa N° 575-2002, del 24 de junio del año 2002, se contrató al abogado Aldo Piccini Solis y Danny del Rocío Morales Esqueche.
Lo que ahora llama la atención y que consta en la resolución de gerencia general N° 211-2017-MPCH/GM, es que actualmente todos son servidores municipales nombrados en el grupo ocupacional respectivo de la comuna chiclayana, percibiendo sueldos de F-A.
ORDENANZA MUNICIPAL
De igual manera, el gerente general de la Municipalidad de Chiclayo, José Williams Pérez Delgado, avala su disposición en la Ordenanza Municipal N° 008-2015-MPCH del 27 de abril del 2015, en la que se aprueba la nueva Estructura Orgánica y el Reglamento de Organizaciones y Funciones –ROF- de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, documento de gestión que regula las responsabilidades y funciones generales de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización y de la subgerencia de Fiscalización.
En el documento se señala que existiendo los cargos requeridos para implementar el Departamento de Ejecución Coactiva, y que existiendo la resolución de Gerencia Municipal N° 170-2015-MPCH/GM del 19 de octubre del 2015, se aprobó el organigrama interno de la subgerencia de Fiscalización, la que dispone la creación e implementación de tres departamentos, entre ellos el de Ejecución Coactiva, la cual requiere su urgente implementación, sin importarle o darse cuenta que contraviene contra las normas constitucionales, civiles, administrativas y penales vigentes.
Lo más extraño es aún que, la mencionada resolución solamente había sido visada por el Gerente Municipal, José Williams Pérez Delgado, y el responsable de Planeamiento y Programación –GPP- de la Municipalidad de Chiclayo.
JALÓN DE OREJAS
Ni bien la resolución de Gerencias Municipal N° 211-2017-MPCH/GM fue publicada y distribuida a la alcaldía, secretaria general, Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización, Gerencia de Presupuesto y Planificación, así como a las personas interesadas involucradas en la emisión, Asesoría Jurídica de la comuna la observó y puso en alerta a la autoridad municipal sobre el grave delito que se estaba cometiendo en contra de la ciudadanía y la afectación económica a las alicaídas arcas ediles.
Mediante Resolución de Alcaldía N° 942-2017-MPCH/A, del 24 de noviembre pasado, al Gerente Municipal, José Williams Pérez Delgado, se le observa y cuestiona que su resolución contravenía la Constitución Política del Perú, a las leyes y normas reglamentarias, así como estaba omitiendo algunos requisitos para su elaboración, emisión y ejecución.
De igual manera, se hace constar que el Gerente Municipal, José Williams Pérez Delgado, ha vulnerado el interés público mediante un acto encubiertamente con alguna finalidad personal de la propia autoridad a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la Ley.
Pues, el artículo 3 de la Ley N° 28165 señala que: “El Ejecutor Coactivo es el titular del Procedimiento y ejerce a nombre de la Entidad, las acciones de coerción para el cumplimiento de la Obligación, de acuerdo a lo establecido en esta Ley. El cargo es indelegable”.
FUNCIÓN EN EL CGT
A ello, se suma que el Gerente Municipal, José Williams Pérez Delgado desconoce la Ordenanza Municipal N° 09-2015-MPCH-A, la que aprueba el reglamento de Organización de Funciones –ROF- y la propuesta de Estructura Orgánica del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo- CGT, el cual desde su creación cuenta con un departamento de Ejecución Coactiva a cargo del abogado Segundo Emilio Huamanchumo Ucañay, el cual junto a su adjunto y equipo de auxiliares, es el órgano encargado de la recuperación de la deuda impaga de tributos y multas administrativas, en estricto cumplimiento de la normatividad aplicable vigente.
En el fuerte “jalón de orejas” se le señala que en lo anteriormente expuesto; es decir, el Ejecutor Coactivo del CGT- Ex SATCH- implica que en la actualidad el Ejecutor Coactivo del CGT cuenta con todas las facultades emanadas por la Ley, la cual le faculta desempeñar acciones en materia Tributaria y no Tributaria. Además, está facultado a ejecutar demoliciones, lo cual está amparado en el artículo 12 del Decreto Supremo N° 018-2008-JUS – Texto Único Ordenado de la Ley N° 26979 – Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.
En tal sentido, en la Resolución de Alcaldía N° 942-2017-MPCH/A, del 24 de noviembre último, se señala que al contar ya la Municipalidad de Chiclayo con un departamento de Ejecución Coactiva vía Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT-, no se puede implementar otro, por cuanto habría duplicidad de funciones.
POR ENCIMA DEL ALCALDE
Asesoría Legal de la comuna chiclayana también cuestiona la resolución del Gerente Municipal, José Williams Pérez Delgado, quien pasa por encima de la autoridad edil y sobre todo documento de gestión y normas legales vigentes al ordenar también que se efectué la restitución del cargo de Ejecutor y auxiliares coactivos de Ismael Gómez Silva, Zelmi Marina Rosario Camacho, Jimmy Augusto Hoyos Quiroz, Adriana Consuelo Guerrero Samamé, Aldo Piccini Solis y Danny del Rocío Morales Esqueche, los que no solamente significa crear un área más sino incrementar la planilla de pago edil.
A José Williams Pérez Delgado le ponen en claro que el hecho de la restitución es un término con raíz etimológica con mucho contenido legal, el cual se trata de un proceso y resultado de restituir algo que existe o poner algo en el estado en el cual se encontraba con anterioridad, regresar una cosa a su dueño o hacer que un individuo vuelva a un sitio de origen que existe con continuidad.
Sin embargo, eso no ocurre en el presente caso, ya que el Ejecutor Coactivo, el adjunto y los auxiliares, así como los asistentes nunca han sido destituidos de sus cargos, estando laborando en la comuna a pesar que el departamento en mención no existe desde el año 2004, percibiendo remuneraciones con la categoría F-1.
También se le aclara que conforme al contenido de la resolución materia de revisión - 211-2017-MPCH/GM- esta ha sido emitida en contra a la normatividad contenida en el Decreto Supremo N° 018-2008-JUS.
Además, le recalcan que con la disposición de implementar el departamento de Ejecución Coactiva en la Municipalidad de Chiclayo, se estaría afectando a la colectividad chiclayana, lo que implica agravio del interés público y la comisión de un grave delito de función que hasta ahora el alcalde David Cornejo Chinguel no ha dispuesto se realice investigación y al autor de tan descabellada Resolución de Gerencia Municipal, sea sometido a Proceso Administrativo Disciplinario.
NULIDAD TOTAL
Tras el análisis y tener en claro el abuso de autoridad contra los chiclayanos, al afectarse derechos constitucionales de interés público, al alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, no le quedó otra alternativa que declarar la nulidad de oficio la resolución de Gerencia Municipal N° 211-2017-MPCH-GM, dejando sin efecto todo su contenido.
En el año 2012, para evitar que la estabilidad de su familia y su carrera política no se vea afectada, decidió realizar una transacción extrajudicial para reconocer a su supuesta hija, la que reclamaba tal procedimiento para hacer uso del apellido.
Al poco tiempo la supuesta hija decidió demandarlo ante el Juzgado de Familia Transitorio de Chiclayo por filiación extramatrimonial y con el fin de tener derecho para disponer de todo lo que este había logrado obtener en sus años de trabajo y, al igual que sus hermanos de padre, acceder al derecho de herencia.
Sin embargo, como intuyendo que algo no andaba bien, el abogado del demandado lo sometió a dos pruebas de ADN en diferentes laboratorios, las que determinaron que el demandado no era el padre de la joven que exigía ser reconocida y que se le pague una indemnización pecuniaria.
Está historia tiene como protagonista nada más y nada menos que al regidor de la Municipalidad del Distrital de José Leonardo Ortiz, Aureliano Castañeda Hernández, quien el último 4 de diciembre fue notificado de la Resolución N° 10, del Expediente 03625-2012-0-1706-JR-FC-03, en la que el juez Miguel Ángel Peralta Lui, declara infundada la demanda interpuesta por Lucero Elizabeth Castañeda Collazos, sobre declaración judicial de paternidad extramatrimonial.
LA HISTORIA
Mediante escrito, Lucero Elizabeth Castañeda Collazos acudió al despacho judicial para interponer la demanda contra su supuesto padre, Aureliano Castañeda, con el objetivo de que se declare la existencia del vínculo biológico paterno-filial entre ellos.
La demandante señaló que habiendo existido una relación amorosa entre el demandado y su madre, Ana Alizabeth Collazos Sánchez, el 23 de enero de 1991 – antes de la concepción- su progenitora le comunicó a Aureliano Castañeda que se encontraba embarazada, teniendo esta una respuesta negativa por parte del emplazado.
Su madre –tras el nacimiento - la registró en el Registro Civil del distrito de José Leonardo Ortiz con el apellido paterno de “Castañeda”, pero sin ser firmada, a los que cuatro años después, en 1996, mediante resolución judicial de Expediente N° 140-1995, un juzgado de familia expidió sentencia excluyendo el nombre del demandado como padre de Lucero Elizabeth Castañeda Collazos.
Dieciséis años después, en junio del 2012, Lucero Castañeda Collazos interpuso una demanda contra Aureliano Castañeda Hernández sobre declaración judicial de paternidad extramatrimonial.
CONCILIACIÓN
Para evitar que la acción legal en su contra afecte su vida conyugal, familiar y política, el 8 de septiembre del año 2012, Aureliano Castañeda – al verse presionado porque el problema se hizo público - optó por realizar una transacción extrajudicial con la demandante, en la cual declaraba ser su padre biológico. El demandado se comprometió a realizar todos los trámites administrativos, notariales y judiciales para el reconocimiento formal.
Sin embargo, ante la negativa de cumplir lo acordado, la demandante se vio en la necesidad de hacerlo público, aprovechando que Aureliano Castañeda ocupaba el cargo de regidor de la comuna leonardina y su nombre resonaba por ser un férreo opositor a la gestión municipal del exalcalde Raúl Cieza Vásquez.
INDEMNIZACIÓN
Elizabeth Castañeda Collazos no solamente buscaba ser reconocida como hija, sino que tenía pretensión acumulativa de indemnización al señalar que se causó daño al derecho a la identidad, a llevar un nombre. Además, de haberle causado un daño psicológico y moral, dejando también de percibir una pensión alimentaria y que a la fecha de la demanda se encontraba en estado de necesidad.
De igual manera, añadió que la afectación se daba también al haber sido excluida mediante sentencia judicial para no utilizar el apellido “Castañeda”, lo cual le afectaba en su condición de ser humano y de persona, al no haber podido disfrutar de toda asistencia material y sentimental del demandado, así como de lo que posee y gozan los hijos del regidor.
Asimismo, manifestó la imposibilidad de inscribirse en el RENIEC y poder ejercer sus derechos civiles como ciudadana.
EL PROCESO
Mediante Resolución N° 1, del 21 de octubre del 2012, el Juzgado Mixto Transitorio de Leonardo Ortiz declaró admisible la demanda contra Aureliano Castañeda Hernández, en la vía de proceso de conocimiento.
El 21 de octubre del 2013 se dio inicio al juicio oral y a pedido del abogado del demandado, Walter Torres Vera, se requirió la presencia de un laboratorio para que haga la toma de muestras de ADN y con método científico se determine con exactitud si Elizabeth Castañeda Collazos era en realidad hija de Aureliano Castañeda.
Para que no se dilate y más adelante se impugne el proceso, se le pidió a Elizabeth Castañeda Collazos que sea ella quien requiera el laboratorio para la realización del examen respectivo, escogiendo al laboratorio Genetic, cuyos profesionales llegaron hasta el juzgado respectivo y en audiencia pública tomaron muestras de ADN mediante la técnica del hisopado bucal tanto en la demandante como en el demandado.
El ADN
El día 16 de junio del 2014 se realizó la diligencia de apertura de sobre de ADN, en la cual se consignó el resultado de la prueba practicada, la que concluye que se excluye la paternidad a Aureliano Castañeda; es decir, el regidor leonardino no es el padre biológico de la recurrente, señalándose una probabilidad de paternidad del 0 %.
Sin embargo, mediante escrito del 18 de julio del 2014, la demandante impugnó los resultados remitidos por el laboratorio Genetic, alegando que el demando habría tenido contacto con el personal del laboratorio para presuntamente adulterar los resultados.
Ante la impugnación, el abogado de Aureliano Castañeda Hernández solicitó al juzgador se realice una nueva prueba, pero por otro laboratorio y que sea de la elección de la demandante.
Es el caso que, mediante Resolución N° 16, del 19 de junio del 2014, el juez resolvió tener por impugnada la prueba genética de ADN, y aceptó que se realice una segunda prueba.
NUEVO RESULTADO
Durante audiencia del 28 de enero del 2015, la titular del Tercer Juzgado de Familia de Chiclayo designó al laboratorio Bio Links para la realización de la nueva prueba de ADN.
El 14 de agosto del 2015 se realizó la segunda diligencia de toma de muestras de ADN, en donde consta que se procedió a tomar una muestra de sangre tanto a la demandante como al demandado.
Un año después, el 15 de agosto del 2016, en el juzgado donde se ventiló la cusa se desarrolló la diligencia de lectura de resultado de la nueva prueba de ADN, la que arrojó que Aureliano Castañeda Hernández no es el padre biológico de Lucero Elizabeth Castañeda.
El informe del laboratorio detalló que: “según las normas internacionales sobre prueba de ADN para determinación de paternidad, tres o más alelos que no coinciden entre un hijo o hija y el supuesto padre, son demostración de exclusión de paternidad”.
ANÁLISIS DEL JUZGADOR
A su turno, en la parte considerativa de la resolución judicial, el magistrado detalla que de lo desarrollado en el proceso judicial se determina que se practicaron dos pruebas genéticas de ADN por distintos laboratorios, cuyos resultados fueron leídos en presencia de las partes y en audiencia, concluyendo en la exclusión de paternidad del demandado Aureliano Castañeda Hernández con respecto a la demandante, Lucero Elizabeth Castañeda.
El magistrado aclara que si bien es cierto que en el escrito de su demanda Lucero Elizabeth Castañeda Collazos sostiene que la paternidad de Aureliano Castañeda Hernández ha quedado probada debido a que este manifestó inicialmente su decisión de allanarse a la demanda y que además reconoció su paternidad mediante transacción extrajudicial, el último párrafo del artículo 402 del Código Civil señala que el juez desestimará las presunciones contempladas cuando se haya realizado una prueba genética.
Detalla también que en clara aplicación al caso, se han realizado dos pruebas genéticas de ADN que concluyen con la exclusión de la paternidad del regidor leonardino, lo que en consecuencia lleva a que la demanda deberá ser desestimada al no haberse demostrado el vínculo de parentesco ni de filiación entre los justiciables.
EL FALLO
Tal decisión se amalgama con las pruebas genéticas de ADN, las que han determinado que Aureliano Castañeda Hernández no resulta ser padre biológico de Lucero Elizabeth Castañeda Collazos.
Agrega también que, si ambos resultados de ADN han sido cuestionados por la demandante, estos cuestionamientos han sido resueltos en su oportunidad y no han sido amprados.
Por todo lo expuesto, mediante Resolución de Sentencia N° 10, del 30 de noviembre del 2017, desprendida del Expediente 03625-2012-0-1706-JR-FC-03, el magistrado declaró infundada la demanda interpuesta por Lucero Elizabeth Castañeda Collazos, contra Aureliano Castañeda Hernández, sobre declaración judicial de paternidad extramatrimonial.
Demostrando que la gastronomía chiclayana es de primer nivel y sus fusiones pueden aplicarse en cualquier celebración especial, el restaurante “Al Barrio” presentó una variedad de platos elaborados a base de pescado para que las familias celebren las fiestas navideñas y darle la bienvenida al nuevo año 2018.
La empresaria gastronómica Katy Quesada, gerente del restaurante “Al Barrio”, ubicado en el cuadra 9 de la calle Los Andes del distrito de La Victoria, señala que la propuesta de presentar los platos Pescado a la Macho, Perla de Langostinos, Festival de Causitas y Calamares Rellenos, bien podrían sustituir el clásico pavo o chancho en estas fechas de celebración. Estos platos serán acompañados con un trago a base del famoso pisco peruano, que podría ser un chilcano del licor bandera del país.
“Se trata de variar el menú en el almuerzo familiar el día de Navidad y darle la bienvenida a los nuevos 365 días del nuevo año, degustando pescado bañados con exquisitas salsas preparadas por nuestra cheff, con controles de alta calidad para los clientes que nos visitan o las familias que quieran llevarlos a sus casas”, dice la empresaria.
Agrega que en la etapa de verano el mar provee de una diversidad de pescados y mariscos frescos, los mismos que son aprovechados para realizar una mistura de presentaciones a los platos que a diario presentan a sus clientes a precios al alcance de todos los bolsillos. “Nosotros adquirimos pescados como el mero, cabrilla y diversos mariscos, frescos que pasan por un control de calidad para utilizarlos en lo platos que preparamos a diario”, explica.
La empresaria recuerda que su experiencia en este tipo de negocios, al haber trabajado más de una década en instituciones particulares atendiendo a empresarios de la región, la respalda y compromete para que cada día se esfuerce en brindar una atención de calidad en el distrito de La Victoria, que se viene convirtiendo en un punto gastronómico de la provincia.
LAS DELICIAS
El Pescado a lo Macho es preparado a base de mero, acompañado de una salsa de mariscos, calamares y langostinos que le dan una textura especial al plato y una mescla de sabores que hacen delirar al más exquisito paladar.
Mientras que los Calamares Rellenos están hecho a base de una salsa de tocino, cabezas de calamares y salsas especiales. En tanto la Perla de Langostinos, están acompañados con una salsa golf, mayonesa, kétchup y a los extremos adornados con aguaymanto. En tanto, el Festival de Causas es elaborado a base de papa amarilla, rellenas con pollo deshilachado, pulpo al olivo y cóctel de langostinos.
“Se trata de encontrar una alternativa a lo que por años hemos consumido las familias en las fiestas de fin de año como es el pavo y chancho. Creemos que comiendo pescado en diversas presentaciones puede ser más nutritivo y además nos ajustamos en nuestra economía”, indica.
PLATOS MUNDIALISTAS
“Al Barrio”, contagiado con el ambiente mundialista de Rusia 2018, anuncia la presentación de diversos platos que se convertirán en la sensación del verano, entre ellos, cebiches, piqueo, entradas y otros.
“Tenemos algunas propuesta como el cebiche ´Guerrero´, el tiradito ´Cuevita´, o la “Foquita”, entre otras delicias que oportunamente daremos a conocer a la colectividad chiclayana”, comenta Katy Quesada.
Finalmente dice que las personas encargadas de la preparación de platos se encuentran debidamente capacitadas en la manipulación de alimentos y en verificar la calidad de los mismos, lo que hace del restaurante “Al Barrio”, un lugar confiable para sus clientes.
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Desde octubre del 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, a través de la Resolución 58/4, que el 9 de diciembre de todos los años se debe conmemorar el Día Internacional Contra la corrupción. El Perú, por su parte, mediante Ley Nº 29976, del 10 de diciembre del 2012, constituyó la llamada Comisión de Alto Nivel Anticorrupción - CAN, con la intención de confiar las acciones de este tipo a un organismo de responsabilidades concretas, que pudiese alcanzar resultados prácticos y visibles en este combate que ahora se vislumbra como muy estéril, a pesar de las declaraciones rotundas y confiadas que se han dado de una parte y otra de la tribuna, pero sin que la corrupción haya retrocedido un solo centímetro.
Lambayeque, como todas las demás regiones del Perú también tiene, a su vez, una Comisión Regional Anticorrupción, llamada la CAR Lambayeque y que actúa dentro del Sistema Nacional de Comisiones que la mencionada Ley N.º 29976 estableció. Por ahora la Comisión Regional es liderada por el presidente de la Corte Superior de Justicia, Aldo Zapata López, y la integran otros funcionarios públicos de primer nivel.
La comisión cuenta con un Secretario Técnico, que actúa acreditado por una Ordenanza Regional que consolidó esta suerte de colectivo institucional del cual muy poco se conoce. El secretario técnico es Elías Daniel Pinglo Risco, a la vez directivo del Gobierno Regional de Lambayeque y quien comenta con Expresión sus preocupaciones y propuestas para que la comisión “deje de ser un té de tías”, como él mismo lo menciona, y se convierta en una herramienta visible y adecuada para luchar contra la corrupción.
¿Por qué decir que la Comisión Regional Anticorrupción es “un té de tías”?
Con el perdón de las “tías” eso me lo dijo un periodista muy joven, quien en el año 2011, cuando se reconformó la Comisión Anticorrupción de Lambayeque me dijo que, a su parecer y por encima de las personas que la conformaban, para él solamente era una decoración más y que nada se lograría con dicha comisión. A la luz de lo que hemos vivido en Lambayeque desde ese año hasta hoy nos veríamos obligados a darle la razón al amigo de prensa, pero también debemos extraer una lección muy cierta: las declaraciones en papel no sirven de nada para luchar contra la corrupción, porque el fenómeno se ha extendido tanto que inunda nuestro día a día y afecta hasta a la vida de nuestras familias.
O sea, ¿no sirven de nada las comisiones?
Si no arriesgamos en darle recursos a todos los buenos propósitos que tiene el sector público entonces seguiremos desperdiciando tiempo y palabras en prometer lo que sabemos a ciencia cierta que nunca se va a lograr. Los años que tengo en gestión pública me han convencido de que debemos recuperar el practicismo y como dijo el inmortal Vallejo: “Echarnos a andar”.
Lo que en realidad sucede es que en el gobierno peruano se juega mucho al Gran Bonetón y a la irresponsabilidad. Se ha consolidado un credo cuyo gran decisor es el Ministerio de Economía y Finanzas: si tú quieres proponer una ley y esa ley requiere recursos efectivos, pues tendrás que ponerle al texto de la ley un artículo que diga: “Cada entidad hará esto con sus propios recursos sin exigir nada al Tesoro Público”. En caso contrario; es decir, si no lo haces, el MEF no deja pasar la Ley y te quedas con las ganas de aprobarla. Sucede entonces que, para conseguir que se suscriba la norma el autor de la iniciativa incorpora aunque sea de mala gana este candado presupuestal y ¡échate a soñar y después a llorar!La norma no servirá más allá que para ser expuesta en congresos internacionales y decir: “Miren el Perú tiene esta Ley bien bonita, pero de nada nos ha servido hasta hoy”.
¿No es un poco duro eso? En el CADE último se reclamaba que el MEF recupere el control económico porque la actuación del Congreso de mayoría fujimorista está promoviendo leyes a las que se tilda de populacheras y que harán un gran forado en los fondos públicos.
Ese es el cuco que los funcionarios del MEF siempre sacan a la luz. Mucho se habla del poder de los tecnócratas, muchos de ellos estudiosos destacados de las universidades europeas o de Norteamérica; pero a la hora de los loros, como se dice en cristiano, los errores que esos técnicos han cometido nos están poniendo al borde del abismo. El paraíso fiscal prometido ha sido un bluff generado y corrupto por un poderoso caballero que ponía el dinero brasilero y yo me pregunto si ningún tecnócrata del MEF se dio cuenta de cómo se afectaba y comprometía nuestro futuro de los próximos cien años; bueno y si se dieron cuenta los del MEF y nada dijeron pues entonces resultan siendo cómplices por omisión de todo lo que pueda pasar.
¿Cuál sería entonces la ruta para luchar contra la corrupción?
La ruta tiene dos carriles al entender de la Comisión Regional Anticorrupción de Lambayeque. En la última sesión extraordinaria que se tuvo, en noviembre pasado, sus integrantes plantearon interesantes propuestas, pero también coincidieron en que debemos adoptar acciones concretas. Aunque no es una novedad, vale la pena remarcarlo: los carriles eran sanción efectiva y prevención educativa, pero en este último tema ello no se limitaría únicamente a la formación de los menores en los colegios, sino que se entraría por primera vez a la formación de adultos interesados en participar en la gestión pública, digamos como candidatos a cargos regionales, locales o nacionales en los procesos electorales y también candidatos a directivos por designación. Prevención en mayores es, a criterio de la CAR Lambayeque, una acción urgente porque el tiempo ya nos ganó la batalla y seguimos sin reaccionar ante ello.
¿Sanción efectiva?, ¿acaso los códigos en vigencia no están agravando penas y nada sucede?
Sí, es cierto que las penas se incrementan en los delitos vinculados a corrupción, pero eso no resuelve el problema. La disuasión no tiene fuerza realmente porque ha avanzado tanto la sinvergüencería que ya es casi una tarea nacional y a nadie le llama la atención que los más corruptos terminen siendo declarados inocentes por algunos jueces.
El círculo es vicioso por excelencia: a más corrupción más recursos indebidos acumulados... Esa riqueza sirve para comprar conciencias; de este modo el corrupto sigue libre y también sigue acumulando recursos al extremo que algunos malos operadores de justicia los empiezan a mirar con mucha apetencia. No olvidemos que tuvimos un juez que se hizo famosísimo por su capacidad extorsiva, que huyó bien cargado de dinero seguramente, que alrededor de él hasta hubo un crimen contra su secretaria, que todos hablaban de su abuso de poder, pero todos lo dejamos huir y hasta malos abogados compraban, a través de él, sus decisiones completando el circulo de la vergüenza. Muchos colegas se reputan ser buenos únicamente porque están bien articulados con las mafias internas y así compran también la razón de sus defensas. Ah, y cobran mucho por sus servicios sin que les importe de dónde salgan los recursos para financiarlos.
De eso nadie dice nada.
¿Cómo se debería sancionar? Hay países que hasta decretan muerte para estos casos.
Correcto. En redes sociales circula mucho un video sobre el caso de Singapur que algunas fuentes tratan de desacreditar; pero que sí refleja cosas ciertas de ese país. En primer lugar se debe perder la complicidad del silencio. El mandatario de Singapur Lee Kuan Yew decía: “Si quieres derrotar la corrupción debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares".
También se estableció la pena de muerte en ese país, pero claro que no con el radicalismo que se dice en las redes. Hubo casos concretos en los que se acudió al fusilamiento de delincuentes y extorsionadores; y lo que mejoró notoriamente fueron los ingresos de los servidores públicos, pero al mismo tiempo se estableció un régimen de sanciones que los inhabilitaba de por vida si a pesar de ganar muy buena remuneración se involucraban en actos de corrupción.
Pero acá en el Perú se dice que no podemos optar por la pena de muerte…
Lo que nos sucede aquí es que si no paramos de una forma u otra el partido la corrupción nos ganará por goleada. Es cierto que la población cansada exige pena de muerte como un elemento disuasivo y siempre les sale al frente un teórico que argumenta, sin prueba alguna, que la pena de muerte no ha tenido resultados en ningún sitio. Para mí es una cuestión de criterios. Lo que me ha hecho más gracia es la voz de un congresista, quien dice que no se puede aplicar la pena de muerte en el Perú porque la administración de justicia es tan mala que podría dar muerte a un inocente.
Para mí esa afirmación es el disparate más grande que he escuchado, porque refleja la confesión de que no sirve para nada el sistema de justicia y entonces qué podemos esperar de ese sistema todos los peruanos. No tenemos defensa y menos delanteras. ¡Terminaremos en una suerte de Fuente Ovejuna! Y cuando eso suceda no creo que queden esperanzas de remediar nuestros problemas. Creo que al Perú siempre le ha gustado ponerse pantalones demasiados grandes. Somos el país de los copiones, nos copiamos la constitución de otros países sin pensar en que esos países son distintos a nosotros; nos traemos las leyes más avanzadas y queremos que las personas se acuesten peruanas y amanezcan europeas solamente porque en El Peruano se publicó una ley. ¡Eso es un mito!
¿Entonces reforzando la sanción y empezando la prevención educativa, pero cómo?
La Comisión Regional Anticorrupción, como todas las de su tipo, es una mesa de concertación en donde participan los máximos representantes de los organismos públicos y los representantes más visibles del sector privado. No es para nada una corte ni un tribunal acusatorio. Es una mesa de acuerdos, en donde se ven las caras los cabezas de entidades y se deberían confiar, unos a otros, la necesidad de encuentros de cooperación que contribuyan primero a sancionar a los responsables. En el sector público se están mejorando los controles, se sanciona ejemplarmente a algunos malos funcionarios, se les inhabilita por seis años y al día siguiente salen las voces: “Pobrecito, mucho le han puesto”, y luego de eso, y para colmo de males, a través del Poder Judicial les conceden amparo por derecho al trabajo y terminan reinstalados mondos y lirondos en el mismo puesto del que administrativamente se les sacó. Solo falta que te saquen la lengua y te hagan muecas. Esto es un circo.
Eso, por ejemplo, no debería suceder si los responsables de las instituciones de justicia conociesen directamente de parte de los alcaldes, gerentes y gobernador los casos exactos para contribuir en un propósito común. La propia policía se queja de que el Ministerio Público libera a los delincuentes que son capturados en flagrancia y es que no falta un letrado que, a cambio de ser bien remunerado, se dedica a combatir precisamente luchando a favor de todos los grandes infractores.
El Proyecto de Irrigación Olmos alcanzó un nuevo récord nacional al lograr la puesta en productividad de 20 mil hectáreas en tres años de operaciones. Esto representa para el país la captación de millones de soles por el cobro de impuestos y casi 50 mil puestos de trabajo, beneficiando directamente a la población de Lambayeque.
“Se están evidenciando los resultados de las obras de trasvase y de irrigación, en funcionamiento desde agosto del 2012 y noviembre del 2014, respectivamente. Esto también es resultado de todas las vallas que se pusieron en los contratos de servicios, por los cuales los usuarios deben pagar el agua sí o sí, la usen o no, obligándolos a que sean excelentes en todo y justamente como parte de ello empezaron a preparar los terrenos y a sembrar”, comenta Juan Saavedra Jiménez, gerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, ente responsable de la supervisión del manejo de la irrigación.
Hasta el momento, las empresas que adquirieron las 38 mil hectáreas de la irrigación Olmos han investido mil 200 millones de dólares, generando ocho mil 500 empleos directos y más de 40 mil indirectos en la zona.
A ello se suma que el Estado Peruano ha captado, solo por Olmos, más de 100 millones de dólares por Impuesto General a las Ventas – IGV, lo que cubre el confinanciamiento de 70 millones de dólares que este otorgó para la ejecución de las obras de trasvase (presa Limón y Túnel Trasandino).
En los próximos años se estima que Olmos aportará al Estado 150 millones de dólares al año en impuestos y permitirá reducir la carga social y las brechas de pobreza en la zona de influencia.
“Para nosotros es muy grato decir que tenemos 20 mil hectáreas ya produciendo en tres años de operación del proyecto, mientras Chavimochic demoró 20 años para llegar a 14 mil hectáreas. Esto demuestra que la inversión privada ha apostado por la región, cree en el proyecto y está comprobando sus ventajas, porque tanto las condiciones de clima como de suelo han superado las expectativas que se tenían”, destaca.
SEGUNDA ETAPA
Saavedra Jiménez recuerda que con las exigencias puestas a los inversionistas para pagar por el agua de Olmos la usen o no, era muy difícil que la venta de las 38 mil hectáreas sea exitosa. Sin embargo, el objetivo se logró y esto permitió el desarrollo de la irrigación.
“Esto nos hace pensar en la segunda fase del Proyecto Olmos, porque a medida que se van incrementando las áreas cultivadas hay mayor demanda de agua y nosotros tenemos que garantizar el recurso hídrico no solo para las 38 mil hectáreas, sino también para otras 35 mil que comprenden la segunda fase. Para ello se tiene que incrementar la capacidad de la presa Limón llevándola a una altura de 85 metros, ampliar el embalse en seis kilómetros, reubicar la tubería del Oleoducto Norperuano, levantar las compuertas y ejecutar algunas otras obras como la presa Olmos, que nunca la descartamos, a fin de beneficiar también a los agricultores del Valle Viejo”, refiere.
Para la formulación de la segunda etapa del Proyecto Olmos también se están respetando los estudios definitivos que elaboraron las empresas soviéticas en la década del 70, a los que se han añadido algunas actualizaciones.
El PEOT ha avanzado hasta el momento en la formulación del perfil con la participación de sus propios técnicos y se está a la espera que el Gobierno Regional de Lambayeque asigne el financiamiento de 13 millones de soles para el estudio de factibilidad que permita gestionar la ejecución del proyecto a través de una Iniciativa Privada o de una Alianza Público Privada. Se estima que las obras demandarían una inversión de 600 millones de dólares.
LA CARRETERA
Juan Saavedra comenta que para que seguir consolidando el crecimiento del Proyecto Olmos y que los beneficios sean mayores para Lambayeque y el país, es necesario superar algunas necesidades urgentes, como la construcción de la carretera que conecta a la capital del distrito con el Valle Nuevo, la ciudad Sutton y la carretera Panamericana Norte, saliendo por Mórrope.
Iniciado el actual gobierno nacional, siendo ministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra asumió el compromiso de considerar el presupuesto para la vía que tiene una extensión de más de 70 kilómetros, en tanto el gobierno regional solicitó que se incluya el proyecto en el Plan de la Reconstrucción con Cambios pero el requerimiento no tuvo eco.
El gerente del PEOT indica que ha expuesto el proyecto al ministro Bruno Giuffra y este ha dispuesto que la construcción de la vía se incorpore en el Programa Multianual de Inversiones 2018, comprometiéndose además a financiar el estudio de factibilidad.
“En el gobierno nacional han entendido perfectamente que tenemos que actuar como promotores de la inversión privada. Si esa carretera no se ejecuta los agricultores perderán el 30 % de sus productos exportables y eso significa la pérdida de IGV, por lo tanto al Estado le conviene que se construya la carretera. Tenemos que darle todas las garantías a los empresarios para el desarrollo de sus proyectos, de tal manera que se genere confianza e interés en más inversionistas pensando en la segunda etapa de Olmos”, señala.
VALLE VIEJO
Respecto a la infraestructura menor de riego para el Valle Viejo de Olmos, que fue un ofrecimiento del Estado a través del Ministerio de Agricultura, Saavedra Jiménez indica que el PEOT no se ha quedado de brazos cruzados.
La institución ha financiado el 100 % del costo del perfil y está en proceso de elaboración de la factibilidad, estudio que también ha cubierto con sus propios recursos y que debe estar listo en marzo del próximo año. Con ello se buscará el financiamiento para las obras, considerando que es poco probable que el Estado asuma su ejecución.
Actualmente hay 100 hectáreas del Valle Viejo produciendo banano orgánico beneficiando directamente a las asociaciones de comuneros a las que Agroideas y el Banco Agrario otorgó asistencia técnica y recursos. En los próximos meses deberá instalarse otras 400 hectáreas con banano orgánico y piña Golden.
“El PEOT está apostando por otras cosas, queremos que los usuarios del Valle Viejo se consoliden y asocien”, manifiesta.
SUPERVISIÓN
Por otro lado, comenta que el organismo técnico ha formulado diversas observaciones al trabajo de la concesionaria H2Olmos en la operación y mantenimiento de las obras de irrigación, como por ejemplo en el manejo de los accesos al Valle Nuevo.
“Al parecer las expectativas que ellos tenían se han visto superadas por el ingreso de vehículos al Valle Nuevo y a la nueva ciudad, lo que ha generado el deterioro de los accesos con mayor rapidez. Otro aspecto importante es que la concesionaria tampoco tenía idea, y eso me consta, de lo que era el manejo de un Fenómeno El Niño y este año ha tenido que sortear una serie de contingencias. Los usuarios nuevos, porque han invertido una fuerte cantidad, son muy exigentes”, menciona, señalando que el canal y la bocatoma La Juliana, que fueron afectados por el crecimiento del río Olmos en el verano pasado, han sido rehabilitados al 80 %.
“Algo en lo que también están trabajando es en la implementación de un sistema de drenaje con miras a un próximo Fenómeno El Niño, lo que no estaba considerado en el contrato. Sin embargo, se están tomando medidas al respecto. El supervisor (el PEOT) está un paso delante de la concesionaria y es por eso que no han podido hacer lo que sí hicieron en otros proyectos”, manifiesta.
EL ACUÍFERO
Respecto a la explotación del acuífero, dada la perforación de pozos tubulares en el Valle Nuevo de Olmos, el PEOT ha suscrito un convenio con la Autoridad Nacional del Agua – ANA, que es el organismo competente para el licenciamiento y fiscalización del uso del agua subterránea, a fin de realizar acciones coordinadas.
Uno de los planteamientos es el desarrollo de una evaluación hidrogeológica en el Valle de Olmos para determinar cuáles son las fuentes de agua, qué tipo de acuíferos se tiene y proyectar los trabajos necesarios para prevenir fenómenos similares al presentado en el Valle de Villacuri, en Ica, donde se deprimió el acuífero.
“Con esa evaluación podemos avanzar hacia un estudio hidrogeológico por zonas específicas, lo que permitirá a la ANA, principalmente, conocer cuál es el volumen subterráneo de agua y cómo se puede potenciar. Por este tipo de iniciativas es que ahora al PEOT nos ven como un actor estratégico, porque han entendido la visión que estamos manejando”, señala.
