El Museo de Sitio de Túcume ha logrado un nuevo premio por la política cultural que desarrolla. El Programa Ibermuseos, con sede en Brasil, le ha otorgado el VIII Premio Educación y Museos, al valorar su estrategia para hacer del patrimonio cultural una herramienta inclusiva para el desarrollo sostenible. El reconocimiento es para quienes desde 1992 han contribuido a que en el Valle de las Pirámides se consolide una institución que trabaja de manera estrecha con la comunidad, haciéndola partícipe de la conservación de la enorme riqueza material e inmaterial de la zona.
El involucramiento de la comunidad con la conservación del patrimonio arqueológico de Túcume se inició paralelamente al proyecto de investigación que entre 1989 y 1994 lideró el etnógrafo noruego Thor Heyerdahl, con el apoyo financiero del Museo Kon-Tiki de Oslo.
Antes de concluir el proyecto arqueológico, en 1992, se creó el museo de sitio, con el objetivo de garantizar la correcta gestión del complejo de pirámides y templos, construidos por la cultura Sicán o Lambayeque, siendo uno de los codirectores el arqueólogo y antropólogo peruano Alfredo
Narváez.
Para Bernarda Delgado Elías, actual directora del museo, la suma de esfuerzos y las capacidades de los iniciadores del proyecto permitieron que este tuviera desde su nacimiento un alto sentido de vinculación con el entorno, característica que hoy le ha valido el reconocimiento internacional.
“Por ello es que, luego de 25 años como museo, hemos conseguido que la comunidad participe activamente en todas las labores que tienen que ver con la conservación del sitio arqueológico. Las pirámides de Túcume son una herramienta para forjar el desarrollo de la comunidad”, señala.
PLAN DE MANEJO
El museo tiene el mérito de haber implementado hace casi 20 años un programa de educación para la conservación del patrimonio cultural y natural que protege como institución y todas las actividades responden al Plan de Manejo que abarca cuatro líneas de acción: Patrimonio Cultural, para las investigaciones arqueológicas; Turismo Sostenible, que se enfoca en los visitantes y la infraestructura; Educación, para la conservación y Población, para el espacio urbano y rural.
El programa educativo se implementó en 1998 y el Plan de Manejo en el 2009.
“En estos cuatro programas tenemos una serie de actividades y proyectos planificados. El plan fue elaborado por un grupo interdisciplinario de especialistas, entre ellos profesores, agrónomos, ingenieros, arquitectos, arqueólogos y más, que realizaron un diagnóstico del distrito y sobre esa base formularon propuestas”, refiere Delgado Elías.
“Aquí tuvimos la suerte de tener a un director que era arqueólogo y antropólogo a la vez y, por lo tanto, tenía una visión integral respecto al patrimonio, la que nos ha fortalecido muchísimo”, destaca.
BENEFICIO DIRECTO
Además de la formación de identidad y revaloración de los aspectos culturales, el museo ha permitido que la población de Túcume se beneficie directamente con los proyectos de investigación arqueológica. Por ejemplo, una de las condiciones para la realización de estos es que el 90 % de la mano de obra sea de la zona, aun cuando la ejecución de las inversiones sea otra institución.
“Es una forma de ayudar a la comunidad y de demostrarle que estas huacas sí son generadoras de desarrollo, pero para eso tenemos que preservarlas y por ello es importante el programa educativo”, indica.
Bernarda Delgado asumió la dirección del museo en el 2001 y desde entonces ha seguido la línea de trabajo que definió durante nueve años Alfredo Narváez, quien ahora es asesor y ha ayudado a redefinir el concepto que se tiene del lugar, al definirse ya no como un museo que solo tiene interés en el edificio, en su colección y en los visitantes, sino como un ecomuseo, porque su funcionamiento está integrado al desarrollo sostenible de la comunidad.
GALARDONADO
El Museo de Sitio de Túcume ha recibido hasta el momento siete premios. El primero otorgado por el Colegio de Arquitectos del Perú en 1994 y el segundo, en 1996, por el Colegio de Arquitectos de Quito – Ecuador, en valoración del diseño constructivo del antiguo recinto, ideado en perfecta armonía con el entorno, sin alterar el paisaje y empleando elementos de la zonas como la vigas de algarrobo, el adobe y la quincha.
En el 2008 el Convenio Andrés Bello, conformado por 12 países de Iberoamérica, premió al museo por su Programa Educativo. Al año siguiente lo hizo el Ministerio de Educación por el proyecto “Museo y escuela juntos” y en el 2011 Ibermuseos le confirió una Mención de Honor por su acción educativa. Cuatro años después, se erigió como el “Mejor Proyecto Turístico del Mundo”.
“Nosotros no postulamos en el 2015. Un día llegó de incognito al museo una integrante de la Asociación Británica de Escritores de Viaje, una institución muy conocida y que tiene que ver muchísimo con el turismo a nivel internacional, y fue ella quien nos postuló. Le ganamos a museos muy grandes y nos posicionamos como el ‘Mejor Proyecto Turístico del Mundo’. Fue gratísimo que una persona conocedora de aspectos culturales haya valorado y postulado a este museo, teniendo en cuenta el esfuerzo del Estado Peruano para construir un nuevo edificio cultural en el distrito y la relación que se mantiene con la comunidad”, señala Bernarda Delgado.
Este año Ibermuseos nuevamente ha reconocido el trabajo del Museo de Sitio de Túcume, al otorgarle su máxima distinción en el aspecto cultural-educativo.
“Todos los museos de habla hispana participan de Ibermuseos y nos presentamos al concurso sabiendo que pasaríamos por una serie de evaluaciones. La primera fase fue en junio, con la presentación de los documentos de gestión; en la segunda fase quedaron seleccionados 33 de 148 museos y para la fase final pasamos solo ocho. Nosotros nos presentamos en la categoría ‘Proyectos en ejecución’ como un ecomuseo”, comenta.
ECOMUSEO
El concepto de ecomuseo nació en Francia en la década del 70 y este versa sobre la preocupación real no solo por el edificio, la colección y los visitantes, sino por todo el territorio, por todo el patrimonio material e inmaterial y por la comunidad en general.
“La diferencia es abismal y por eso es que los resultados son interesantes. Ahora nos reconocemos como ecomuseo y trabajamos en cinco áreas: patrimonio, turismo sostenible, educación, población y naturaleza, paisaje y agricultura. En las cinco áreas accionan instituciones del pueblo. Tenemos 35 instituciones adscritas al ecomuseo, que son desde instituciones de gobierno hasta deportivas, de transporte, artesanales y educativas. Todas las organizaciones que hay en la comunidad forman parte del ecomuseo”, resalta.
El primer jueves de cada mes se reúnen las instituciones del ecomuseo y en estas sesiones se coordina, decide y evalúa el trabajo que se realiza.
El premio de Ibermuseos consiste en la entrega de un reconocimiento internacional y de 15 mil dólares americanos que serán administrados por el Patronato del Museo de Túcume en función de las decisiones que adopte las organizaciones que forman parte del ecomuseo. El objetivo es mejorar las instalaciones y servicios.
TALLERES Y APRENDIZAJES
Son múltiples las actividades del Museo de Sitio de Túcume orientadas a la comunidad educativa. Estas se enmarcan en el funcionamiento de diferentes talleres que hacen posible el desarrollo de capacidades vinculadas al quehacer cultural entre los estudiantes de primaria y secundaria de 20 de los 27 colegios que existen en el distrito.
Uno de los talleres es el ecológico, a través del cual los estudiantes participan del vivero – biohuerto, que está implementado con riego tecnificado por goteo y por aspersión para asegurar el uso racional del agua. Allí se les enseña a producir abonos orgánicos, el tratamiento del suelo, el sembrado y la cosecha. Los escolares aprenden a sembrar para sí, para donar y para reforestar.
Otro taller es el artesanal, cuya participación es complemente gratuita para los escolares de Túcume. Quienes pertenecen a otras jurisdicciones y desean participar pagan una merced que se destina a la compra de materiales y al pago de los profesores. Los encargados de las clases son los artesanos del museo.
“Tenemos talleres de orfebrería, repujado en lámina de aluminio, textilería, teñido, cerámica, juguetería y papel reciclado. También tenemos un taller de patrimonio cultural. Hemos construido una réplica de una huaca para que los niños aprendan a excavar, registrar, documentar y fotografiar, con todas las técnicas y herramientas de la arqueología, asistidos por el responsable de conservación y arqueólogos. Resultado de esto tenemos tres estudiantes de Arqueología en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, jóvenes que participaron de nuestro taller”, destaca Bernarda Delgado.
El museo también promueve la cultura popular del distrito y en ese marco dicta clases para que los niños aprendan a bailar la Danza de los Diablicos, considerada Patrimonio Cultural de la Nación, o marinera. También se les enseña a confeccionar máscaras y a elaborar material de radiodifusión. El museo cuenta con una productora radial en la que los alumnos graban mensajes relacionados a la conservación del medio ambiente o del patrimonio histórico, los mismos que son difundidos en sus colegios.
Con los adultos se trabaja en el aspecto artesanal y también en temas agrícolas.
“Todos los días del año tenemos niños en el museo y hay ocasiones en las que vienen todas las secciones a participar de los diversos talleres que ofrecemos de forma gratuita. Cada taller tiene personal permanente, de tal manera que los niños son asistidos en cada actividad que realizan. Lo importante es que también tenemos un convenio con la Gerencia Regional de Educación que nos permite certificar a los profesores que participan junto a sus alumnos del programa que les ofrecemos”, detalla.
Una serie de denuncias recibió la Fiscalía Anticorrupción por parte del trabajador Frank Keiler Mío Santamaría, quien acusó directamente al encargado del Consejo Regional del Deporte - CRD, Juan José Fort Cabrera, de cometer una serie de irregularidades en dicha institución, las mismas que serían apañadas por un grupo de trabajadores contratados, así como por un funcionario de alto nivel del IPD.
Con carta del 6 de diciembre, Mío Santamaría da a conocer a la fiscalía que Fort Cabrera “ha sembrado el miedo entre los trabajadores a tal punto de amenazarlos con despedirlos si se atreven a contradecir sus órdenes”. Explica hechos presuntamente irregulares en el hospedaje del Centro de Alto Rendimiento a cargo de la Katya Guillermo, de quien se dice sería su secretaria.
A pesar de la existencia del Memorando Circular 006-2017 -IPD/OCR, de la Oficina de Coordinación Regional Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales del Instituto Peruano del Deporte, de fecha 23 de enero del 2017, que prohíbe pernoctar en los ambientes que administra el IPD a terceras personas, trabajadores contratados y trabajadores nombrados, habrían hecho caso omiso, toda vez que en los cuadernos de control que maneja el personal de seguridad se registran extraños ingresos.
Por ejemplo, el 23 de mayo del 2017, a las 15:00 horas, se registró textualmente lo siguiente: “Katya Guillermo (apoyo IPD), 17:00 horas…Srta. Katy Guillermo, regreso al IPD y permanece en su habitación del CEAR (Centro de Alto Rendimiento. Asimismo con fecha 31 de mayo del mismo año los agentes registraron en su cuaderno de control a las 19:45 horas; Katya al Centro…”.
En la misma misiva Mío Santamaría sostiene que la gestión del actual responsable del CRD Lambayeque habrían cobrado dos mil soles a la Academia Internacional de Fútbol por el alquiler de las canchas anexas del Estadio Elías Aguirre, sin que a la fecha se le haya otorgado a dicha entidad los correspondientes comprobantes de pago, hecho en el que además estarían inmersos los servidores Martín Guerrero Paredes y Walter Flores Dávila, quienes serían trabajadores de extrema confianza del funcionario.
MÁS DENUNCIAS
El denunciante también explica las presuntas irregularidades en la contratación de personal por parte del actual responsable del CRD, como por ejemplo la presencia de una persona de sexo femenino encargada de recaudar el dinero y del control de personal, así como del trabajador de apellido Fernández, “que extrañamente nadie en la institución conoce”.
También ante la Fiscalía Anticorrupción, Mío Santamaría explica la existencia de una denuncia por parte de la Liga de Básquet y Vóley, que acusa a los responsables del CDR – Lambayeque de usar los vehículos oficiales en tareas ajenas a lo dispuesto, así como también la salida de dichos vehículos de su jurisdicción.
SERVIDORES DE CONFIANZA
Mío Santamaría dio a conocer en su denuncia que Max Vera Dávila, chofer del Consejo Regional del Deporte de Lambayeque, repuesto judicialmente, ha terminado de supervisor de campo, lo que ha generado una serie de incomodidades y suspicacias entre los trabajadores. A ello se suma su participación como jurado en la extraña convocatoria para cubrir la plaza de administrador, esto no tendría nada de raro sino fuera porque en el mes de febrero del 2017 se efectuó la misma convocatoria con requisitos bastante rigurosos para los postulantes, quienes debieron cumplir con el siguiente perfil: titulado en Administración o carreras afines, cuatro años de experiencia en general y puestos similares, dos años en el sector público, haber realizado cursos de contrataciones del Estado y Recursos Humanos, conocimientos en la Administración Pública y en el Sistema Integrado de Administración Financiera.
Mío Santamaría señala en su denuncia que la plaza quedó desierta y en este mes extrañamente el perfil ha sido menos riguroso. Por ejemplo, ya no se necesita contar con el título profesional, bastaba con ser bachiller y la convocatoria no solamente estaría dirigido a bachilleres en Administración, sino también podían participar Contadores o Ingenieros Industriales, contando con un año de experiencia en el sector publico y/o privado, un año en funciones relacionadas al puesto como analista y/o especialista, además haber cursado estudios de diplomados o curso en Gestión Pública y tener conocimiento del Sistema Integrado de Administración Financiera, Gestión Pública, así como de Ofimática.
Dicha convocatoria se desarrolló de la siguiente manera: el 29 de noviembre se realizó la entrega de hojas de vida, el día 1 de diciembre la evaluación y publicación de los resultados, el 2 de diciembre se efectuó la entrevista y publicación de los resultados, pese a no ser un día laborable para el sector público. Finalmente del 4 al 11 de diciembre se realizaría la suscripción del contrato.
Finalmente, Mío Santamaría sostuvo en su denuncia que el actual responsable del Consejo Regional del Deporte de Lambayeque, conjuntamente con los servidores Walter Torres Dávila y Martín Guerrero Paredes, ha alquilado el cafetín ubicado en el interior del estadio Elías Aguirre sin haber realizado una licitación pública.
La semana que pasó, en nuestra edición 1041, publicamos un tema referido a lo que el coordinador de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, Juan Manuel Carrasco Millones, dijo en una actividad académica realizada en el Colegio de Abogados.
El fiscal, fiel a su estilo frontal, hizo varias afirmaciones que vale la pena remarcar, más porque en los últimos años su palabra se ha mantenido en el espectro mediático al que escaló rápidamente cuando, siendo adjunto de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, ofreció una serie de declaraciones a los medios locales y nacionales sobre el caso “Limpios de la corrupción”. Incluso ofreció entrevistas al lado del controvertido Fernando O’phelan Pérez, el director de la organización llamada Pro Justicia, quien lo presentaba como un ejemplo a seguir.
Carrasco Millones dijo que si existen retrasos en el trabajo del Ministerio Público no es por culpa o ineptitud de los fiscales, sino por responsabilidad de los jueces que no atienden con celeridad los requerimientos presentados.
Afirmó además que solo los fiscales que archivan todos sus casos son los que no reciben denuncias o quejas en su contra y que esto les permitirá acceder a la ratificación automática de acuerdo a las modificatorias aplicadas al reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura. Como era de esperarse, las críticas del fiscal también apuntaron a los jueces supremos de la República que en octubre pasado decidieron, a través de un acuerdo plenario, fijar directrices para la aplicación del Decreto Legislativo 1307, referido a la adecuación de las investigaciones complejas a la tipicidad de criminalidad organizada.
Debatibles, las expresiones de Juan Manuel Carrasco no dejan de llamar la atención, sobre todo si se tiene en cuenta que el trabajo fiscal sigue siendo, en muchos casos, débil o deficiente. Un claro ejemplo de esto es lo que sucedió en la investigación del caso denominado “Los wachiturros”, que precisamente se encuentra en la fiscalía que él dirige.
En ese caso, la fiscalía incluyó al empresario Edwin Oviedo Picchotito como líder de la supuesta organización criminal y pese al tiempo transcurrido desde que el escándalo estalló el fiscal a cargo no señaló al órgano jurisdiccional cuáles eran las imputaciones concretas por las que se involucraba a Oviedo. El asunto llegó hasta la Corte Suprema de la República que terminó admitiendo la tutela de derechos a favor del empresario. ¿De quién fue la responsabilidad en ese caso? ¿Del Ministerio Público o del Poder Judicial?
Otro ejemplo es el caso “Hermandad del norte”, también a cargo de la FECOR dirigida por Carrasco Millones. Resulta sorprendente que en un año de investigación la fiscalía no haya añadido en su requerimiento de prisión preventiva contra el empresario Carlos Roncal Miñano, sindicado de ser el instigador del asesinato del exauditor de la SUNAT Luis Cieza Herrera, nuevos elementos de convicción a los que presentó cuando solicitó su detención preliminar, en noviembre del 2016.
Es más, se ha probado que uno de los nueve elementos de convicción presentados a la jueza Mary Núñez Cortijo, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, para que dicte 36 meses de prisión preventiva contra Roncal Miñano, es falso, al señalar hechos presuntamente contenidos en la declaración de un aspirante a colaborador eficaz cuando, de acuerdo a la revisión de la carpeta, la realidad es otra.
Incluso, otros elementos presentados contra el empresario se caen por sí solos con la sola revisión de la documentación existente en la carpeta de investigación. Sobre esto vale nuevamente preguntarse de quién es la responsabilidad, ¿del juez o del fiscal?
Por consideraciones de este tipo no comparto lo esgrimido por el fiscal Carrasco Millones, pues no creo que solo los fiscales que hacen su trabajo – como él dice – resulten quejados o denunciados. También lo son aquellos que violentan el debido proceso y los principios constitucionales a los que todo ciudadano, incluso el más vil de los criminales, tiene derecho. Y decir esto no significa en ningún modo hacer una defensa cerrada de quien, según la justicia, puede ser responsable de un delito, sino de exigir que el Ministerio Público, conforme manda el marco constitucional y su propia ley orgánica, sea el primer defensor de la legalidad y legalidad implica desarrollar procedimientos eficientes, transparentes y correctos.
Quiero creer que Carrasco Millones, con sus afirmaciones, ha intentado hacer una diferenciación entre los fiscales que investigan con apego a la ley y los que ceden a presiones económicas, políticas o mediáticas para no hacerlo. Quiero creer que Carrasco Millones no ha olvidado que así como hay fiscales que investigan bien y respetando los principios y la legalidad, también hay quienes vulneran derechos y cometen abuso de poder desde su posición dentro de la magistratura. Cegarse ante estos últimos es una mala señal.
La Sociedad de Tiro “Elías Aguirre” de Chiclayo es quizá una de las instituciones centenarias con mayor patrimonio en Lambayeque. Posee bienes inmuebles en privilegiada ubicación que le generan altos ingresos mensuales, cuyo manejo – según han denunciado algunos socios – no sería el adecuado. Sin embargo, un problema mayor afecta directamente su ordenamiento interno y es que la prolongación de la presidencia de Oswaldo Ramírez Pejerrey sería ilegal, considerando que de acuerdo al estatuto con el que fue elegido en el 2015 su mandato de dos años debió concluir el 11 de septiembre pasado.
Cuando Ramírez Pejerrey, quien había sido presidente en el período 2013-2015, fue reelecto estaba vigente el Estatuto de 1989, cuyo artículo 22 señala que el mandato de las directivas iniciaba el 11 de septiembre y concluía dos años después, en la misma fecha, coincidiendo con el aniversario institucional.
La controversia actual surge porque semanas antes de la reelección, el reglamento de la institución fue modificado por la asamblea de asociados, pero su inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, se produjo meses después.
El nuevo estatuto manda que el período de gobierno, empieza en enero y concluye, dos años después, en diciembre, artículo al que la directiva de Oswaldo Ramírez busca acogerse basándose en una anotación a la norma interna que ha sido declarada inexistente por la zona registral.
LAS ELECCIONES
El domingo último se realizó la elección de la directiva para el período 2018-2019. Sin embargo, varios de los socios de la centenaria institución protestaron en los exteriores del local, ubicado en la cuadra 1 de la calle Elías Aguirre, al considerar que el proceso era ilegal.
El argumento más sólido del cuestionamiento es que las elecciones fueron desarrolladas por un comité cuyo nombramiento lo hizo la directiva de Ramírez Pejerrey en noviembre, pese a que su mandato había concluido dos meses antes.
La situación ha motivado que se interponga una demanda ante el Poder Judicial para que, al amparo del Artículo 85 del Código Civil, la autoridad competente convoque a una asamblea general extraordinaria, en la que los asociados aprueben una solución a la controversia y se convoque a nuevas elecciones, poniendo en aplicación el nuevo estatuto.
CARTAS Y RESPUESTAS
El 11 de noviembre pasado el Comité Electoral, designado por la directiva de Oswaldo Ramírez y presidido por Juan Sandoval Sandoval, remitió una carta dando a conocer su juramentación y adjuntando el Reglamento de Elecciones para el nombramiento del Consejo Directivo 2018-2019. El documento fue entregado a los asociados dos días después.
En respuesta, el abogado y socio Guillermo Romero Cárdenas, dirigió una carta notarial a los integrantes del Comité Electoral, haciéndoles saber que el mandato de la directiva que los había designado culminó el 11 de septiembre, dos meses antes, conforme a lo dispuesto por el Artículo 22 del Estatuto con el que fue elegida como órgano de gobierno.
Según Romero Cárdenas, Ramírez Pejerrey debió convocar a una asamblea general extraordinaria que le faculte prolongar su mandato hasta el 31 de diciembre de este año, de tal manera que el nuevo consejo directivo pueda iniciar funciones el 1 de enero del 2018 aplicándose de modo correcto el nuevo estatuto. Sin embargo, tal procedimiento no se produjo, asumiéndose la continuidad del mandato de gobierno de manera unilateral.
DECISIÓN DE LA SUNARP
Romero Cárdenas adjuntó en su carta notarial una copia de la Esquela de Observación, firmada por el abogado certificador de SUNARP Chiclayo, Roberto Carrasco Monsalve, el 13 de noviembre, donde se señala textualmente que “el período de mandato de la Junta Directiva en pleno ya caducó, por haber superado el período de vigencia de dos años”.
Basándose en lo certificado por la zona registral, el socio pidió al Comité Electoral que suspenda el proceso al que había convocado, “a fin de evitar nulidades posteriores”.
En respuesta, el 18 de noviembre, el Comité Electoral informó al asociado que había sido elegido en “sesión extraordinaria de la Junta Directiva del 6 de noviembre del 2017”, y que esta les había hecho llegar una copia legalizada del Acta de la Asamblea General Extraordinaria del 16 de agosto del 2015, donde se aprueban las modificaciones al estatuto de la sociedad.
El comité informó que la directiva le había informado que según la página 145 del Libro de Actas, el artículo 31 del nuevo estatuto señala que “El mandato del Consejo Directivo será de dos (02) años consecutivos, contados a partir del 1 de enero del año siguiente a su elección”.
Pero además, que seguido al artículo aparece la anotación: “Nota: Asimismo, queda establecido que la última junta directiva culmine su período de gestión el 31 de diciembre para cumplir con el Artículo 31 del nuevo estatuto”.
Romero Cárdenas insistió en su cuestionamiento con una carta dirigida al Comité Electoral el 24 de noviembre, dando a conocer, además, que la nota a la que hace mención Sandoval Sandoval “no constituye acto legal de prórroga de mandato, toda vez que la Asamblea del 16 de agosto del 2015 debió aprobar una disposición transitoria, y al no aparecer en los estatutos inscritos en Registros Públicos y distribuidos a los socios, hace presumir que haya sido un agregado posterior al acta”, la misma que hicieron llegar al comité.
Dos días después se realizó una sesión ordinaria en el local institucional, actividad que fue presidida por Oswaldo Ramírez Pejerrey. Guillermo Romero solicitó como cuestión previa que se designe a una comisión transitoria que convoque a elecciones, precisando que la directiva que dirigía la sesión ya no se encontraba en uso legal de sus facultades por haber concluido su mandato, moción que recibió el respaldo de varios de los asistentes. Sin embargo, el requerimiento no fue atendido.
Como muestra de rechazo, 20 socios se retiraron de la sesión suscribiendo un acta de disconformidad.
Guillermo Romero ha alcanzado al Poder Judicial copia del Estatuto de 1989 y del nuevo estatuto de la institución, del acta de disconformidad suscrita por los asociados, de las cartas cursadas al Comité Electoral y sus respuestas, la esquela de observación de la SUNARP y el audio de la asamblea en la que solicitó que se conforme una comisión transitoria.
Esta semana deberá señalarse si se admite o no la demanda en el juzgado civil.
LA LISTA
El 30 de noviembre, dos días antes de las elecciones, los socios Alberto Díaz Arias y Luis Valencia Cañoli, se dirigieron al presidente del Comité electoral, Juan Sandoval Sandoval, observando la conformación de la Lista N° 1, que inicialmente postulaba para un tercer mandato a Oswaldo Ramírez Pejerrey.
La candidatura de Ramírez Pejerrey fue tachada y este no presentó ninguna apelación que le permitiese seguir en carrera. Sin embargo, el Comité Electoral permitió que la lista sea restructurada, contraviniendo lo establecido por el Artículo 69, inciso f), del estatuto.
Inicialmente la lista estaba conformada de la siguiente manera: Oswaldo Ramírez Pejerrey (presidente), Daniel Parra Acosta (vicepresidente), Vicente Luna Guerra (fiscal), Gladys Vallejos Gómez (secretaria), Germán Aquino Díaz (pro secretario), Manuel Velásquez Pinillos (tesorero), Luis Puicón Rojas (pro tesorero), Francisco Carbajal Atencio (capitán de tiro), Benjamín Vera Núñez (vocal) y Juan Suyón Mío (asesor legal interno).
Tras la tacha, Daniel Parra postuló como presidente y Germán Anquino como vicepresidente, ingresando en la lista como candidata a pro secretaria Rosa Suyón Mío.
Sin embargo, el estatuto señala que “de ser procedente la tacha, el Comité Electoral, notificará al delegado de la lista que la formuló y al delegado de la lista del candidato tachado, para que sea reemplazado por otro, considerado en la Nómina de Socios Aptos para Elegir y ser Elegidos”.
Quiere decir que en vez de restructurar el orden de los postulantes, la socia que ingresó a la salida de Ramírez Pejerrey debió ocupar la candidatura a la presidencia de sociedad.
Díaz Arias y Valencia Cañoli hicieron saber de esta irregularidad al presidente del Comité Electoral, a fin que declare la invalidez de la Lista N° 1, que además fue la única que se presentó a las votaciones realizadas el 3 de diciembre.
Rosa Suyón Mío es esposa de Oswaldo Ramírez y hermana del candidato a asesor legal en tanto Gladys Aquino y Benjamín Vera son esposos.
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