La entrevista al Decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, Carlos Martínez Oblitas, me dejó preocupada, pues ha señalado que algunos fiscales, por no decir varios, son simples “acusetes”, y lejos de defender la legalidad, más bien hacen uso y cometen abuso con el Derecho contra personas, que en muchos casos se ven involucradas en problemas por el simple dicho de otra, que presumo, está en tela de juicio si es gratuita. 

Si bien es cierto y de acuerdo a la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica, el Ministerio Público es un organismo autónomo que “defiende la legalidad”, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, más no debe hacer uso y abuso de esas facultades para hacer daño a alguien, o atentar contra el buen nombre de las personas. Sin embargo, por su “error” sus operadores no reciben sanción alguna.

Desde Mi Expresión me atrevo a decir que los “errores” que puedan cometer algunos fiscales, no constituye un simple error, sino que se convierten en parte de la corruptela que desde hace varios años viene carcomiendo las bases de la democracia, libertad y desarrollo de nuestro país. El  “error”, que yo llamaría delito contra la humanidad, que un fiscal pueda cometer con una persona, al acusarla y gozar al mandarla a la cárcel por la simple sindicación o presunción de delito.

El delito más grave que un fiscal pueda cometer contra una persona que investiga por el simple dicho de alguien, sin tener la carga de la prueba en sus manos, es solicitar una prisión preventiva que puede prolongarse hasta por 36 meses, bajo el argumento de desarrollar investigación para encontrar las pruebas necesarias para incriminarlo. Caray,  me pregunto: ¿Y dónde queda la presunción de inocencia?, ¿El principio in dubio pro reo?, que no es más que la duda de responsabilidad o culpabilidad que favorece a la persona investigada ante la falta de pruebas.

Si lo manifestado por el Decano de los Abogados tiene por lo menos el 50 % de verdad, ¡Dios mío!, la seguridad jurídica y los derechos de persona están en peligro en Lambayeque. Otra vez me pregunto: ¿Qué está pasando? ¿Quién está detrás de los shows mediáticos? ¿Qué mente enfermiza planifica y ejecuta todo esto?

Recordemos que los shows mediáticos se iniciaron en los últimos días del mes de diciembre del año 2013, cuando un grupo de policías y fiscales cuyos nombres no merecen ser recordados, teniendo bajo el brazo lo “revelado” supuestamente por un colaborador eficaz, incursionaron en la oficina del coronel Jorge Linares Ripalda, en la propia sede de la II Dirección Territorial de la PNP, para detenerlo porque supuestamente pertenecía a una organización criminal de sicarios y extorsionadores.

El oficial fue vejado en su honor y derecho de persona, ser humano, profesional y padre de familia. Lo más grave de todo, es que cada uno de los pasos de la intervención fue grabada tanto por la policía y el Ministerio, que luego esas imágenes, por arte de magia,  aparecieron en los noticieros vespertinos y nocturnos de diferentes canales de televisión local, nacional y redes sociales, tal y como viene ocurriendo ahora, lo que me atrevería a afirmar que es parte del “show mediático” o del menú del presunto compromiso.

Lo más delicado de la acción del Ministerio Público y la Policía en el caso Linares Ripalda, es que tras haber transcurrido más de dos años de “investigación” y haber sido encerrado en una prisión de máxima seguridad en Lima, este ha recobrado su libertad al no encontrársele ningún tipo de responsabilidad penal. Sin embargo, nadie le reparará el daño moral y psicológico que se le han provocado.

El segundo show mediático fue el de los “Washiturros”, donde se trató de involucrar a un conocido empresario en actos criminosos, bajo la premisa que existe la confesión de un “colaborador eficaz” signado con un código.

Ahora, en los últimos días, los chiclayanos somos testigos de otra acción incriminatoria bajo el modus operandi del “colaborador eficaz”, y donde se quiere meter a todos en un mismo saco. El Decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, Carlos Martínez Oblitas, ha dejado en claro que algunos fiscales son simples “acusetes”, pero otros se escudarían en la figura jurídica del colaborador eficaz, los que bien podrían estar siendo sobornados por “X” para incriminar a cuanta persona es piedra en el zapato de alguien, y que ese alguien podría tener su operador en el mismo Ministerio Público y hasta en el propio Poder Judicial.

Sería bueno que el actual Congreso de la República se interese en el Proyecto de Ley N° 5004-2015/CR, Ley que establece indemnización y responsabilidades por los errores judiciales en las actuaciones de fiscales y jueces en los procesos penales y detenciones arbitrarias, la cual fue presentada el 19 de noviembre del año 2015, por el grupo parlamentario de Perú Posible, a iniciativa del excongresista Renal Espinoza Rosales.

Los actuales parlamentarios por Lambayeque, dejando de lado el color político o quien impulsó el proyecto de Ley, deberían retomar la iniciativa, ya que de aprobarse, los jueces y fiscales que hayan cometido errores judiciales o detenciones arbitrarias asumirían el pago de indemnizaciones a favor de las personas afectadas.

La iniciativa legislativa también señala que el pago de la indemnización podrá hacerse efectivo contra el Estado solo cuando el fiscal o juez directamente responsable no tenga bienes, o si los tuviera no sean suficientes para responder por el daño causado, muy aparte de la denuncia penal para que respondan por el daño moral y psicológico causado a la persona afectada.

Para culminar, también me pregunto: ¿Y dónde está la Defensoría del Pueblo? Está institución es un órgano Constitucional autónomo cuya misión es proteger los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; la protección de los Derechos Humanos, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración del Estado.

En fin,  los chiclayanos no estamos ciegos a la conducta temeraria de ciertos fiscales, que con el simple dicho de un “colaborador eficaz”, hacen uso y abuso del Derecho para incriminar, perjudicar o dañar la imagen y el buen nombre de personas.

Al cierre de edición había recobrado su libertad el exalcalde de San José Víctor Paiva Llenque, quien al momento de ser detenido, el pasado 3 de noviembre, fue acusado de integrar una banda de traficantes de tierras y de pretender asesinar al actual alcalde del distrito pesquero. ¿Quién resarcirá el honor de él y de su familia, cómo se enterará toda la opinión pública nacional que el procedimiento por el que fue apresado no era el correcto?

Insto a las universidades lambayecanas a través de sus Facultades o Escuelas de Derecho a realizar foros, paneles y cuanto evento sea necesario para discutir estos temas de interés regional y nacional.