La inmediata reacción de los abogados defensores generó un último pronunciamiento del representante del Ministerio Público que mantiene acusación contra el ex alcalde del distrito de Pacora, Jaime Urbina Urbina, por presunto acto de corrupción, al involucrar en el proceso al representante de la empresa Interamericana Norte S.A, Juan Valle Gamarra y solicitar una sanción penal de siete años de cárcel, así como una reparación civil de 500 mil nuevos soles.
De acuerdo a la investigación preparatoria transitoria que se sigue en el expediente N° 03981 -2014-99-1708-JR-PE-01, los abogados, César Vásquez Merino y Daniel de la Cruz Zelada, no descartan que tras todo ello exista un tema político direccionado que estaría manipulando al Ministerio Público y que podría tener tentáculos, pero que en el accionar viene arrastrando a personas que no tiene nada que ver en la investigación; mucho más aún, que ni siquiera han participado en el proceso de venta.
César Vásquez Merino, abogado defensor de Raúl Armando Távara Monja, vendedor de la empresa Interamericana Norte S.A, señaló en conferencia de prensa que en los últimos días existiría una desesperación del fiscal a cargo de la investigación, César Fernando Jiménez Rodríguez, por mantener en prisión a Raúl Armando Távara Monja, acción que ha logrado con acciones prevaricatorias, al haberse ampliado por tres meses más la prisión preventiva, a pesar que a estas alturas del proceso no existen elementos de prueba que acrediten que ha cometido delito alguno.
El abogado recordó que la investigación se inicia luego que el ex alcalde de Pacora, Eslidan Lontop Carpio, llamó al vendedor de vehículos de la empresa Interamericana S.A, Raúl Armando Távara Monja, y le “introdujo” palabras en su boca con referencia a la licitación pública N° 003-2013-MDP/CE para la adquisición de maquinaria pesada consistente en un volquete de 15 M3, , destinado para el mejoramiento de la capacidad operativa del servicio de mantenimiento de caminos vecinales y ejecución de obras en la comuna, sin imaginar que la conversación estaba siendo grabada por la ex autoridad municipal.
La buena pro se le otorgó a la empresa Interamericana Norte SAC, la que vendió un camión volquete de la marca Mitsubishi por la suma de 460 mil soles.
En la comunicación, Eslidan Lontop Carpio, “reclamó” una presunta comisión por la venta del vehículo, a favor de Jaime Urbina, quien en los últimos tiempos se había convertido en su enemigo político porque en dos ocasiones lo habría derrotado en las urnas.
“El señor Eslidan Llontop tiene sentencias en su haber por atentar contra los intereses del Estado, así como un proceso con EsSalud, por cobrar dinero que no le correspondía”, señaló el abogado.
TERCERO CIVIL RESPONSABLE
Vásquez Merino hizo conocer que ahora el Ministerio Público ha enfilado sus “baterías” contra Juan Valle Gamarra, basándose en la figura legal de tercero civil responsable, solicitando una sanción penal de 7 años de cárcel, así como medio millón de soles como concepto de reparación civil.
“Existe un proceso penal como tercero civil responsable a la empresa Interamericana Norte S.A, la que alcanza al representante de la empresa, Juan Valle Gamarra, quien en la fecha que se realizó la venta del vehículo que se cuestiona se encontraba de vacaciones y su lugar era ocupado por otra persona, cuyo testimonio ni siquiera ha sido tomado en cuenta por el Ministerio Público”, señalaron los abogados.
De igual manera, los letrados explicaron que en los últimos días existe una desinformación con referencia al caso que se sigue en el expediente N° 03981 -2014-99-1708-JR-PE-01, con el presunto objetivo de hacer daño a las personas que se encuentran involucradas y coaccionar al juez en sus decisiones.
“Durante el proceso hemos desacreditado las imputaciones del Ministerio Público, y a raíz de ello vienen saliendo en los medios de información hechos que no se ajusta a la realidad de lo que viene aconteciendo, presumiendo que existe un intención de mediatizar el proceso y obligar al juez que ve la causa, a que desvíe su opinión jurídica por una que no le signifique cuestionamientos de la prensa”, sostuvo.
LOS PERITOS
A su turno, Daniel de la Cruz Zelada hizo conocer que por parte del Ministerio Público han prestado declaración los peritos de audio y video, así como el perito técnico mecánico, los que se han retractado con referencia a sus primeras declaraciones.
“En el caso del perito técnico mecánico, señaló, en un primer momento realizó una apreciación de manera personal; es decir, basó su declaración en precios consultados como de uso personal, más no lo hizo como institución estatal”, explicó.
Añade que en una segunda declaración del perito mecánico aclaró que cuando las empresas venden maquinaria para instituciones del Estado, el costo es un poco mayor debido a que los vehículos son entregados con ciertos accesorios que son exigidos para que puedan desarrollar actividad, como por ejemplo contar con un seguro contra todo riesgo, circulina, entre otros accesorios.
Además, se ratificó en cuanto al supuesto direccionamiento, descartando que las bases se encuentren direccionadas para que una sola empresa participe en la licitación, señalando que las bases eran abiertas y podían participar más empresas con distintas marcas e incluso hasta marcas de procedencia china.
Sin embargo, en algunos medios de comunicación se hizo conocer que el perito técnico mecánico se había ratificado en lo que dijo inicialmente, cuando todo es falso, presumiendo que existen personas interesadas en distorsionar la información con el objetivo de presionar al juez de manera mediática para presuntamente torcer su veredicto final.
De igual manera, hasta el momento el perito de audio no ha podido determinar y responder si el audio presentado en un disco CD como elemento de prueba sobre el presunto acto de corrupción en la compra de un vehículo pesado, es el original.
“Hasta el momento y el estado en que se encuentra el proceso, el perito de audio no ha podido determinar si el audio presentado corresponde a la matriz; es decir, si es o n o el original, ya que a decir de la declaración del denunciante, Eslidan Lontop Carpio, señaló que la conversación la grabó con una grabadora de mano y que luego lo descargó a una computadora para posteriormente proceder a “quemarlo” en un disco compacto, el cual obra en poder del Ministerio Público”, explicó.
Cruz Zelada explica que en reiteradas ocasiones vienen solicitando se ponga a nivel de juzgado el audio original, para que mediante un peritaje se determine los momentos y estado en que se grabó, así como si tiene algún tipo de edición o no.
LOS INVESTIGADOS
El Ministerio Público señala que durante la investigación preliminar se ha determinado que los funcionarios municipales, Jaime Urbina Urbina, en su calidad de alcalde, así como Rodolfo Alberto Sandoval Santamaría, gerente edil y presidente del comité especial que llevó a cabo la licitación para la adquisición del camión volquete, habrían concertado con Raúl Armando Távara Monja para vender el vehículo, pero para ello iban a direccionar el proceso de licitación pública con la finalidad de que la empresa Interamericana Norte SAC sea la ganadora.
Sin embargo, los abogados defensores no descarta que en torno a la investigación preparatoria transitoria que se sigue existiría un tema político direccionado con la intención de causar daño.
Delito fue advertido por jefe de Control Institucional del ente recaudador, Robert Vargas Tepe, quien emitió las alertas de control. Funcionario solamente estuvo 24 horas en el cargo
Las acciones negativas en contra del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, ahora llamado CGT, y que hasta el mes de abril del año 2015 se llamaba Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo -Ex SATCH, no tienen cuando acabar por parte de sus actuales funcionarios sobre quienes ha recaído la responsabilidad de dirigir la institución.
A la 1:00 de la tarde del último miércoles, el jefe del ex SATCH, Nilton Monje Sampén, fue denunciado una vez más en el Ministerio Público, por el presunto delito de nombramiento indebido en el cargo, al haber designado como Gerente de Operaciones del CGT al ex aspirante a regidor de la Municipalidad de Chiclayo por las filas del Partido Humanista, en la candidatura de Carlos Burgos Montenegro, Juan Francisco Zetner Alva, pero que luego se convirtió en el subgerente de Desarrollo Económico Local, de la comuna chiclayana.
La historia de esta denuncia que en su “rosario” carga Nilton Monje Sampén, se suscitó el martes 8 de noviembre pasado, cuando por medio de la encargada del área de Recursos Humano, Milagros Huamán Paredes, cursó memorando y resolución de conclusión de servicio como Gerente de Operaciones de Oscar Fiestas Jacinto, a quien la decisión cayó como un balde de agua fría.
El lugar dejado por Fiestas Jacinto, reza el memorando, iba a ser ocupado por Juan Francisco Zetner Alva, quien recién el miércoles 9 de noviembre se sentó en la silla de Gerente de Operaciones, pero es el caso que 24 horas después fue obligado a renunciar por no reunir el perfil profesional que el Manual de Organización de Funciones del CGT requiere.
La renuncia de Zetner Alva se dio luego que el funcionario fuera alertado que regidores de la oposición habían cuestionado su designación debido a que estando al frente de la subgerente de Desarrollo Económico Local, de la comuna chiclayana, poco o nada hizo por desarrollar actividad productiva, y mucho más aún lo iba a realizar en el CGT, donde a escasos meses de culminar el año 2016, existe un déficit de menos de tres millones de soles de la meta trazada, producto de una deficiente gestión
LA DENUNCIA
Es así, que los regidores Guillermo Enrique Segura Díaz, Liliana Barrantes Piscoya, Laura Irene Hernández Gonzales, César Torres Gálvez, César Edgardo Sisniegas Vergara y Víctor Raúl Rojas Díaz, se apersonaron a la sede del Ministerio Público en compañía de su abogado defensor, Víctor Luna Victoria Menacho, y denunciaron el presunto nombramiento indebido en el cargo de Juan Francisco Zetner Alva.
Los fiscalizadores solicitaron el inicio de diligencias preliminares por la presunta comisión del delito de nombramiento indebido para el cargo público contra Nilton Monje Sampén, en su calidad de jefe del CGT, y Juan Francisco Zetner Alva, en su calidad de haber sido designado como Gerente de Operaciones del CGT, sin reunir el perfil profesional requerido.
Al jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, Nilton Monje Sampén, se le acusa de haber expedido la resolución de gerencia en la cual designa a Juan Francisco Zetner Alva como Gerente de Operaciones, sin tener en cuenta si reunía los requisitos para ocupar un puesto tan delicado y de mucha responsabilidad.
De acuerdo al literal “c” del Ítem 6 de requisitos mínimos de la “E” de funciones específicas del punto 4.7 Gerencia de Operaciones del Manual de Organización de Funciones vigente a la fecha de designación –señalan en su denuncia- Zetner Alva no cuenta con experiencia mínima de 5 años en administración tributaria pública, de preferencia en gobiernos locales.
CONTROL INTERNO
La designación en el cargo de Juan Francisco Zetner Alva fue pasada por desapercibido por el jefe de Asesoría Jurídica del CGT Yuri Gali Díaz Cajo, quien lejos de observar la designación por no reunir los requisitos mínimos y evitar una denuncia penal en contra del jefe del ente recaudador, lo habría dejado pasar.
Sin embargo, el jefe de Control Institucional, Robert Vargas Tepe, habría advertido el nombramiento presuntamente ilegal de Juan Francisco Zetner Alva, e inmediatamente, el mismo 9 de noviembre remitió al jefe del CGT, el escrito donde le hacía saber la ilegalidad en la designación, lo cual debió haber sido advertido por el jefe de Asesoría Legal del ente recaudador, y sugerir se hagan las correcciones respectivas a fin de no afectar el normal funcionamiento del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo.
Asimismo, el jefe de Control Interno del ex SATCH habría advertido que se pretendería modificar las funciones del Gerente de Operaciones en el Manual de Organización de Funciones –MOF, a la medida del perfil profesional de Francisco Zetner, éste pueda regresar y asumir funciones en la siguiente semana.
De acuerdo a lo manifestado por el abogado de los fiscalizadores que hicieron la denuncia, se busca preservar la legalidad de los nombramientos de funcionarios y servidores públicos, protegiendo a la administración pública de irregularidades en el ingreso a la función pública de personas que no reúnen los requisitos mínimos.
“Se busca proteger al sujeto pasivo o a la víctima, que en este caso es el Estado, con una conducta típica – existente- por parte del jefe del ente recaudador, Nilton Monje, al designar en el cargo a una persona que no cuenta con los requisitos que exige la Ley o el reglamento para desempeñar cargo público”, señaló el abogado.
De igual manera, añade que en el presente caso se ha determinado hasta tres elementos objetivos importantes que tipifican un ilícito penal, como: “hacer nombramiento”, “cargo público” y “persona que no cuenta con los requisitos legales”, llevando a que el delito no es cometido por desconocimiento o ignorancia, ya que en el ente recaudador existe un órgano de Asesoría Jurídica con dos abogados, con sueldos nada despreciables, y conocedores del Derecho en sus diferentes ramas, especialmente el administrativo..
DELITO CONSUMADO
Pero eso no es todo, a pesar que el jefe de Asesoría Jurídica, Yuri Díaz Cajo, conocía y debió alertar por escrito del delito que Nilton Monje estaba cometiendo, permitió que este se consumara en el instante en que el agente, el funcionario público, hizo el nombramiento oficial y con las formalidades de Ley, de la persona que no cuenta con el perfil técnico profesional exigido.
Lo más grave es que Juan Francisco Zetner Alva fue presentado al personal del ente recaudador el 8 de noviembre. Sin embargo, enterado que su designación era ilegal y que había cometido un delito castigado por el Código Penal, Francisco Zetner no hizo más que presentar su carta de renuncia y abandonar la institución y evitar ser pasible de una denuncia penal.
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La ejecución del Terminal Portuario de Lambayeque es un largo proceso sobre el cual empiezan a darse pasos concretos. Desde la aprobación del Plan Maestro que mandó a elaborar el Gobierno Regional de Lambayeque a la fecha se ha procurado que el gobierno nacional le dé mayor atención al proyecto, cuyo impacto irradiaría a la macroregión norte. Actualmente no hay ninguna iniciativa privada que garantice los más de 200 millones de dólares que demandaría la construcción de las primeras fases del megapuerto, de ahí que la tarea de autoridades e instituciones es, precisamente, lanzarse a la búsqueda de inversionistas.
Sobre el proyecto esta semana han expuesto en diferentes escenarios el asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Mario Arbulú Miranda; el Director de Planeamiento y Estudios Económicos de la Autoridad Portuaria Nacional – APN, Ricardo Gimaray Hernández, y el gerente general de la Autoridad Portuaria Regional, Jorge Nakazaki Servigón.
Arbulú Miranda, quien se presentó en el auditorio de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, coincidió con los otros expertos en el tema al señalar que las condiciones del mercado internacional, que demanda de materias primas y productos con valor agregados del Perú, genera una escenario positivo para la construcción de un Terminal Marítimo en Lambayeque, pues aun los ingresos generados por el comercio exterior han decrecido, (por la caída del precio de algunos productos, como el cobre, por ejemplo), los volúmenes de carga que se envía al exterior por los puertos que actualmente tiene el país van en aumento, generándose así la necesidad de contar con mayores terminales y operadores logísticos.
“Si este escenario bueno para las exportaciones peruanas no existiera, no se justificaría la construcción de un puerto en Lambayeque, pero gracias a Dios las condiciones están dadas”, señaló.
Gimaray Hernández, quien participó del Foro “Situación Actual del Sistema Portuario Nacional y el Futuro Desarrollo Portuario de Lambayeque”, realizado en la Universidad de San Martín de Porres – USMP, Filial Norte, mencionó que hasta el momento el Estado ha entregado siete concesiones portuarias: Matarani, Paita, Yurimaguas, los tres muelles del Callao y Pisco, que responden al Plan de Desarrollo Portuario vigente en el país y que se espera reformular a partir del próximo año.
En tanto, Jorge Nakazaki refirió que la ejecución de un puerto en Lambayeque abre un abanico de oportunidades de inversión que se engarzan a los cuatro pilares de conectividad, abriendo espacios para la construcción de carreteras, líneas ferroviarias y aeropuertos, en el entendido que hoy en el mundo los puertos tienen un tratamiento distinto al que antes se les daba, únicamente de carga y descarga de mercancías.
Hoy – explicó – los puertos son parte de una cadena de producción e industria, e incluso se les añade un componente de ciudad para que en su zona de influencia sea posible el desarrollo de nuevas actividades.
LA PRIMERA FASE
De acuerdo a lo proyectado en el Plan Maestro del Terminal Marítimo de Lambayeque, aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, con Decreto Supremo 010-2015, del 15 de noviembre del año pasado, en el que se incorpora el proyecto al Plan Nacional de Desarrollo Portuario, la ejecución del proyecto demandaría una inversión total estimada de 577 millones 250 mil dólares, comprendida en dos fases.
La primera fase corresponde a la construcción del puente de acceso, considerando que la plataforma portuaria se ubicaría a dos kilómetros mar adentro, a seis kilómetros al sur de Puerto Eten, para evitar los problemas de arenamiento; el pantalán, las instalaciones en mar, las obras civiles en tierra y las instalaciones en tierra. Esto costaría 155 millones 450 mil dólares.
Dentro de esta fase se considera también la construcción de rompeolas, estructura que se ubicaría de manera paralela a la costa para proteger la infraestructura portuaria, demandando una inversión de 60 millones de dólares. Quiere decir que la primera fase representaría un costo de 215 millones 450 mil dólares.
“Con este monto se puede hablar de un puerto en condiciones para operar y que dependiendo del flujo de carga y la dinámica que se genere en torno a él podría ampliar en infraestructura hasta llegar a los 577 millones de inversión total que indica el Plan Maestro”, explicó Arbulú Miranda.
INVERSIÓN FINAL
Mario Arbulú, quien se ha desempeñado como presidente de la Empresa Nacional de Puertos – ENAPU, y tiene más de 20 años vinculado al desarrollo de infraestructura marítima trabajando para el Estado, resaltó que el área de influencia del Terminal Portuario de Lambayeque considera la producción agroindustrial, minera, manufacturera y comercial de Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura y San Martín, por su cercanía y facilidad de conexión.
Sin embargo, fue claro en señalar que esta misma área de influencia se comparte con los puertos de Paita, en Piura, y Salaverry, en La Libertad. “Es ahí donde toma importancia la capacidad de competir con mejores condiciones y servicios, aspectos que pueden ofrecer el operador logístico”, dijo.
Añadió que la producción minera es una poderosa razón para hacer sustentable la inversión total de los más de 577 millones de dólares que se requieren, según el Plan Maestro, para la ejecución del Terminal Portuario de Lambayeque tal y como se ha proyectado.
Dicha producción minera se vería potenciada con la ejecución de los proyectos Michiquillay, La Granja, El Galeno y Cañariaco Norte, cuya salida al mercado internacional sería a través de Puerto Eten.
La inversión de los 577 millones 250 mil dólares representarían la instalaciones de multiboyas, el incremento del puente de acceso, del rompeolas, las motas de cierre, el muelle de contenedores, el relleno de explanada, las obras civiles de instalación y el equipamientos. Estos componentes representan la asignación de 343 millones 800 mil dólares.
BUSCAR INVERSIONISTAS
“Si a un inversionista le decimos que tiene que invertir 577 millones de dólares se va a espantar, sobre todo porque no sabrá si el flujo de carga será suficiente para sustentar dicha inversión. Pero si le decimos que el proyecto se ejecuta por fases y que para empezar se requiere de no más de 220 millones de dólares, será mucho más sencillo buscar empresas o consorcios interesados en el proyecto”, señaló.
Mario Arbulú recordó que el año pasado se presentó una solicitud de iniciativa privada para la ejecución del terminal portuario, a través de un consorcio conformado por capitales italianos y colombianos, pero que finalmente fue rechazada porque los postores no alcanzaron la documentación exigida de manera completa.
“Actualmente en Proinversión no existe ninguna iniciativa de inversión para Puerto Eten, por lo que nuestra tarea debe ser salir a buscar a empresarios dispuestos a invertir en el proyecto. Yo no creo que sea necesario esperar a que el proyecto sea declarado de interés nacional, es suficiente con que se recalque la importancia que tiene y el escenario positivo que presenta. Además, como se sabe, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha mostrado su voluntad de ayudar en lograr esta obra”, comentó Arbulú Miranda.
BENEFICIOS
Jorge Nakazaki explica que a través de Puerto Eten se podría exportar gran parte de la producción de la zona norte, principalmente de productos como los capsicums, el café, el arroz, las uvas frescas, las menestras, los mangos y las paltas.
Otros productos de alta demanda internacional y que se cosechan actualmente en la zona de influencia son las paltas, la maracuyá, el limón, el banano, los espárragos, la alcachofa, las cebollas, mandarinas y más. A esto se suma la carga minería potencial, procedente de Cajamarca y la sierra de La Libertad, que actualmente se comercializa a través de El Callao, con los problemas de sobrecostos y distancia que esta implica.
A través del puerto lambayecano se podrían enviar al extranjero contenedores de 20 y 40 pies.
“Solo para el sector agrícola el Terminal Portuario podría generar un impacto directo superior a los 30 millones de soles, y un ejemplo de ello es la irrigación Olmos y los enormes beneficios en ahorro de tiempo y transportes que significaría exportar por Puerto Eten en comparación a hacerlo por Paita o La Libertad”, señaló.
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Rafael Aita Campodónico / Prefecto del Departamento
“El panorama cada vez está más claro respecto a la importancia que tiene el Terminal Portuario para Lambayeque y lo que nos corresponde ahora es avanzar en el encargo de unirnos para buscar inversionistas. Estamos seguros que con el apoyo del gobierno nacional vamos a lograrlo”.
Humberto Acuña Peralta / Gobernador Regional de Lambayeque
“En el reciente encuentro con los gobernadores regionales el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha reafirmado su compromiso de trabajar por la ejecución del Terminal Portuario. Hemos logrado la aprobación del Plan Maestro, tenemos Autoridad Portuaria, ahora tenemos que buscar el inversionista”.
Olivio Huancaruna Perales / Presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque
“Lambayeque no se puede conformar a que la enorme producción de Olmos sea exportada por Paita, Salaverry u otros puertos. Otros pueden construir todos los puertos que deseen, pero tenemos la obligación de conseguir Puerto Eten para asegurar el progreso del departamento”.
El politólogo Jorge Vallejo Castello reflexiona en alto para Expresión sobre la coyuntura nacional, regional y local, poniendo énfasis en las carencias que presenta actualmente Lambayeque y por las cuales se reducen las posibilidades de progresar al ritmo de departamentos vecinos como Piura y La Libertad. La inexistencia de una utopía colectiva de lo que se quiere en el futuro, es quizá el principal problema, asegura.
Recientemente se cumplieron los 100 primeros días del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y en palabras de Vallejo Castello son medianamente tibios los resultados que hasta el momento puede exhibir la administración, al margen del paquete que reduce trámites en entidades públicas y medidas legislativas que se anunciarán en los próximos días.
“Esperábamos medidas más trascendentales al inicio del gobierno, anuncios mucho más importantes o de mayor impacto que hasta ahora no se han visto. Más allá de ciertas medidas y alguno que otro escándalo, en los primeros meses de gobierno se ha demostrado que no hay todos los equipos o cuadros que se esperaban como respaldo de la gestión de Peruanos Por el Kambio”, señala.
A esto suma la primera crisis en la bancada oficialista, que con 18 integrantes a inicios de semana resolvió apartar al legislador Roberto Vieria, restando aún más respaldo en el Parlamento donde el fujimorismo tiene mayoría aplastante.
“El oficialismo no puede darse el lujo de ir pendiendo a sus integrantes, más aún porque el trasfondo de esta expulsión del señor Vieria es una posible rivalidad entre los congresistas de la capital y los de provincia, y el secuestro del presidente de la República por un grupo de poder, que no es la primera vez que se manifiesta. Lo mismo se dijo de Ollanta Humala”, indica.
Jorge Vallejo comenta que se esperaba que un presidente como Pedro Pablo Kuczynski, que ha pasado por distintos espacios gubernamentales y que se mantiene en política desde los años 60, garantice medidas y decisiones con mayor firmeza al inicio de su gobierno. “Esa era la expectativa”, dice.
“Decir que un presidente, con 78 años de edad, que está política desde los años 60, se encuentra secuestrado por un grupo, o es una manera de tratar de justificarlo o, si es verdad, es algo demasiado serio”, apunta.
PUESTOS ANARANJADOS
El también consultor, quien se desempeña como coordinador de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, pone énfasis al precisar que el gobierno de Kuczynski ha mostrado amplia permisibilidad para que el fujimorismo ocupe puestos claves en instituciones del Estado, esto tras la designación del nuevo intendente de la SUNAT, del Defensor del Pueblo y de los directores del Banco Central de Reserva – BCR.
La situación – señala – merece especial atención considerando que en las próximas semanas se deberá elegir también al nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones – JNE, al jefe de la ONPE y renovar asientos en el Tribunal Constitucional.
“Esto es parte del juego político. Hay una bancada mayoritaria que es la que tiene en este momento estos puestos públicos y nombramientos, y los votos necesarios para hacerlos efectivos. El fujimorismo tiene la sartén por el mango. El punto está en cómo se lidia con ello, lo que se está organizando o haciendo ante los nombramientos son marchas y movilizaciones, pero ¿cuánto durará esto? No podemos seguir a ese paso”, refiere.
Anota que el gobierno debería ponerle más seriedad al tema y procurar impulsar reformas y filtros que permitan la designación de los más idóneos, sin importar sus relaciones político – partidarias, en los puestos claves del Estado.
Cita como ejemplo lo recientemente logrado en Chile, donde las cámaras han aprobado una medida que eleva las vallas para el acceso a dichos nombramientos. “Se pasa por comisión a los candidatos, donde se evalúa idoneidad, trayectoria, conducta ética y otros aspectos, y recién después pasan al pleno de la cámara de diputados y el senado, para que no haya sorpresas. Son filtros que nacen en la institucionalidad. Este tipo de iniciativas ya debería de trabajar la bancada oficialista en vez de estar llamando a marchas”, explica.
LA RUTA DE LAMBAYEQUE
El análisis que Vallejo Castello realiza de la situación departamental se centra en la ausencia de objetivos comunes o grandes líneas de desarrollo que agrupen el esfuerzo de los espacios de gobierno regional y local, y de la sociedad civil organizada.
En su opinión, más allá de la puesta en operatividad de la irrigación Olmos y de los intentos por lograr la ejecución del Terminal Marítimo de Puerto Eten, no se ve más.
“En todo caso, es algo que yo he mencionado varias veces: falta una mejor estrategia de comunicación sobre lo que se está haciendo y cuáles son los objetivos de la gestión regional. En Lambayeque lo que falta es saber articular los niveles de gobierno, por un lado está el gobierno nacional mientras que el gobierno regional y los municipios no logran armonía. Lo que se ve son pleitos entre las autoridades y eso no le hace ningún bien a la ciudadanía”, remarca el politólogo.
CASO CHICLAYO
Asegura que el caso de Chiclayo es mucho más preocupante en comparación a lo que sucede en el resto de provincias de Lambayeque, sobre todo porque esta tiene una historia reciente marcada por el mal gobierno y la corrupción, cuya expresión máxima es la prisión preventiva que por ahora cumplen el exalcalde Roberto Torres Gonzales y sus más cercanos colaboradores.
Jorge Luis Vallejo señala que la continuidad de esa “historia trágica, representa simplemente mayor atraso”.
“Chiclayo tenía la oportunidad de despercudirse, de reaccionar, pero hasta ahora no noto una actitud clara de reacción. Podríamos estar peor, sí, pero tampoco hemos avanzado. La provincia pudo conducirse de mejor manera”, enfatiza en analista, quien forma parte del Instituto de Estudios Social Cristiano – IESC.
Recuerda que cuando el alcalde, provincial David Cornejo Chinguel, juró el cargo, en enero del 2015, expresó un discurso claro y directo a la población de lo que se quería hacer, “un intento de reforma administrativa de la municipalidad”, pero cuyos resultados aún no se perciben y no han sido explicados a la ciudadanía.
“Aún a nuestros alcaldes lo que les falta es entrar en una mayor comunicación con la ciudadanía, lo que no quiere decir imprimir folletos o revistas, sino de llegar a la población y también escucharla. Llama sí la atención que el alcalde de Chiclayo no haga lo que dijo en ese primer discurso, es decir tener una política de puertas abiertas para todos. No se nota esa actitud”, afirma.
LA GRAN CARENCIA
A decir de Jorge Vallejo, uno de los principales problemas en Lambayeque es la falta de una visión compartida de lo que se quiere para el largo plazo.
“A Lambayeque le falta definirse, tener claro hacia dónde quiere ir. Me parece que las cosas se hacen conforme cae el día, porque se hacen obras y proyectos, pero nadie sabe a qué responden estos, ¿forman acaso estos parte de un eje mayor?, ¿responden a los objetivos estratégicos de mejora de la calidad de vida? No se trata simplemente de poner cemento por aquí o por allá, sino de saber para qué se hace, resolver cuál es la utopía que se busca de Lambayeque, la idea mayor”, señala.
Anota que no se observa el rol de alcaldes provinciales, que piensen y actúen en función del bienestar y progreso de los distritos dentro de sus jurisdicciones, y lo mismo pasa con el Gobierno Regional de Lambayeque, donde hay ausencia de una gestión multiprovincial, con proyectos que tengan impacto para todo el departamento.
“No se ve a un gobernador regional que sepa articular tres provincias y 38 distritos. No se trata de mandarlas, porque hay autonomía entre el gobierno regional y los gobiernos municipales, pero sí de coordinar. Repito, nos falta tener una utopía de Lambayeque y al mismo tiempo saber coordinar nuestras políticas públicas”, menciona.
Vallejo Castello añade que es saludable que en los últimos meses la sociedad civil, a través de las instituciones de mayor representatividad local, empiecen a organizarse y trabajar juntas en la búsqueda de objetivos comunes como el Terminal Marítimo de Puerto Eten.
“En el gobierno de Roberto Torres la sociedad civil se organizó cuando el problema era ya insostenible, pero lo que debió existir y debe existir siempre es una actitud vigilante mucho más cercana a los gobiernos. Si las instituciones de Lambayeque se comprometen a luchar por un proyecto, como el Terminal Marítimo o cualquier otro, considerando que hay muchas potencialidades no aprovechadas, entonces será posible establecer nuevas agendas para el departamento”, anota.
UNIVERSIDADES
Lambayeque tiene a la fecha 10 universidades, las cuales no interactúan entre sí pese al rol social que tienen. Su distanciamiento de la realidad local merece – según afirma Jorge Vallejo – un severo llamado de atención, pues “estas permanecen cerradas y preocupadas solo de su reja hacia dentro”.
“Les falta esa actitud de comprometerse con el desarrollo local. Las universidades de Lambayeque tienen distintas facultades, no quiere decir que los rectores van a estar en todas las coordinaciones y actividades. La academia es un actor importante para el desarrollo, porque se entiende que ahí está el apoyo técnico. No solo a nuestros gobernantes les falta trabajar en equipo, también a las universidades”, precisa.
HUB DELINCUENCIAL
En los últimos cinco años Lambayeque ha hecho noticia nacional por la desarticulación de presuntas organizaciones criminales que operaban en diversos sectores, desde el universitario hasta el azucarero.
Este tipo de hechos – explica Jorge Vallejo – muestra que existe un serio problema de control y seguridad que no se enfrenta aún con la efectividad necesaria, lo que acarrea una serie de impactos negativos en perjuicio del desarrollo departamental.
“En lugar de ser el hub empresarial nos estamos convirtiendo en el hub delincuencial, porque desde aquí las bandas operan en Piura y La Libertad y otras zonas del país. Es alarmante y hay que evaluar cómo reaccionan ante ello nuestras autoridades. Por la delincuencia con redes que se infiltran en diferentes espacios, es necesario medir la reacción de las autoridades y el compromiso que asumen al respecto”, señala.
Anota que, por ejemplo, los alcaldes tienen la obligación, por ley, de realizar al año cuatro audiencias públicas referidas exclusivamente a la seguridad ciudadana, exigencia que no se cumple y sobre la cual nadie ha fiscalizado.
“La excusa de las autoridades es decir que delincuencia hay en todo el país y con ello se justifican para no hacer nada. El problema es ese, que hay omisión de funciones y muy poco hace la sociedad civil para fiscalizar y hacer presión sobre esto”, concluye.
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Todo se ha mecanizado, pero existen fiscales que no realizan investigación tal y como lo ordena la norma. Además, el agravar penas y la implementación de más delitos, no está dando resultados positivos en la lucha contra la criminalidad.
“En los últimos años, los lambayecanos hemos sido testigos de constantes delitos perpetrados por agrupaciones criminales que han “sembrado” el terror en diversas ciudades del país, en especial en nuestra localidad, Chiclayo. En su momento se descubrió a la conocida “Gran Familia” que fuese desarticulada y cuyos miembros purgan condenan actualmente.
A esta, le sucedió “El nuevo clan del norte” y recientemente se ha detenido a “La Hermandad del Norte”, agrupaciones que establemente y con distribución de roles, según las investigaciones preliminares, extorsionan, secuestraban, trafican terrenos y asesinaban dentro de la ciudad, y cuya complejidad ha ameritado un arduo trabajo para el Ministerio Público, Policía Nacional y Poder Judicial”, sostuvo la abogada Julissa Larios Saavedra, especialista en Derecho Penal.
La letrada explica que conocedores de esta realidad, la de nuestro país, en lo referente a crimen organizado, el legislador ha creído conveniente incorporar dispositivos legales tendientes a “mejorar” la investigación en este tipo de criminalidad; además de “asegurar” el cumplimiento definitivo de las condenas, sin embargo algunas de estas medidas exceden los límites de los derechos fundamentales y, lejos de propugnar el fin resocializador de la pena, generan represión penal afectando el principio de proporcionalidad.
“EL CHUPONEO”
La Ley Nº 30077, denominada “Ley Contra el Crimen Organizado” –señala, incorpora diferentes dispositivos tanto penales, procesal penales, como de ejecución penal, entre ellos se tiene la interceptación de las comunicaciones, si bien se ha regulado para su obtención se requiere de fuertes elementos objetivos de convicción, pero en la práctica sucede que sin concurrir este presupuesto y por la sola mención a “organización criminal”, se brinda la misma, en este caso al Ministerio Público para escuchar por medio de uso diario de su teléfono a cuanta persona se desee.
De igual manera, teniendo en cuenta que se prevé también la posibilidad de que en caso el contenido de las llamadas sean irrelevantes; es decir, sin importancia para el caso, estás sean devueltas y destruidas. Sin embargo, ello sucederá cuando en todo caso ya existe una afectación al derecho de las comunicaciones e intimidad personal, ya que el hecho de escucha que no es más la forma de “chuponeo telefónico” se ha materializado.
“Inclusive el mismo Ministerio Público, defensor de la legalidad, es imputable de dicho actuar, siendo que el mismo órgano del Ministerio Público, es el primero en infringir normas, y derechos fundamentales, que se debe respetar al imputado hasta que esa presunción de inocencia no sea quebrada”, explica Julissa Larios.
Ahora bien – detalla la abogada, la modificación del artículo 189 del Código Penal – Robo Agravado, e incorporación de cadena perpetua por la comisión de dicho delito cuando se integra una organización criminal, me atrevo a sostener que esta medida es desproporcionada, pues se condena con una pena atemporal un delito que afecta el bien jurídico patrimonio, lo que no ocurre en los delitos Contra la Vida –Homicidio- afectando al principio de proporcionalidad de las penas, en tanto para un bien jurídico de orden mayor –Vida- no se establece una protección tan intensa como para el patrimonio -robo.
VULNERACIÓN DE DERECHOS
En este punto, en la prohibición de beneficios penitenciarios se ha incluido también la prohibición de otorgar beneficios penitenciarios de semi libertad y liberación condicional a quienes integren estas organizaciones, empero, ello no se colige con los fines de resocialización de la norma de ejecución penal, por el contrario obedece a un efecto represivo, el cual de modo alguno debe ser legitima para la limitación de derechos.
“Si bien los beneficios penitenciarios son considerados estímulos, bajo el principio de igualdad, los internos deberían estar en las mismas posibilidades de acceder a ellos, siendo que ya en cada caso deberá analizarse su efectiva resocialización más no negarse su acceso de plano, cuando todos sabemos el estado de hacinamiento en que se encuentran las prisiones del país, especialmente la de Picsi, donde existen más de 4 mil internos, cuando su capacidad es de casi mil”, señaló.
Precisa que es poco concebible tratar de entender que en un procedimiento de esta índole, al supuesto imputado se le priva de muchos derechos, entre ellos el derecho al Debido Proceso, uno de los pilares fundamental del Proceso Penal; es decir, el Nuevo Código Procesal Penal que es garantista, se convierte o lo han convertido en adversario del imputado e inquisitivo para quienes son acusados o sindicados de un delito, que para demostrarse que es responsable o tiene alguna participación, es detenido y encerrado en una celda por varios meses, según el periodo que dure la investigación, tiempo que el Ministerio Público necesita para determinar si una persona es culpable o no.
“Me pregunto: ¿Realmente se cumple con la Ley N° 30077 - “Ley Contra el Crimen Organizado”? Desde mi punto de vista, la mencionada Ley está en aplicación del mismo, y dentro de los parámetros del Nuevo Código Procesal Penal, por lo cual debe respetarse en el momento de su aplicación”, señala.
¿Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES?
“Con respeto de los derechos fundamentales de los imputados por tales o cuales delitos, tenemos en cuenta que en estos casos a los imputados se les priva de todos sus derechos fundamentales, y para ello actúan tanto los fiscales como la Policía Nacional, como los principales transgresores de dicha norma”, sostiene la especialista en Derecho Penal.
Explica que ahora el Ministerio Público se ha vuelto un transgresor de los Derechos Fundamentales y de la realidad palpante, considerando que era innecesaria una nueva Ley Contra el Crimen Organizado, al advertir incoherencias y disposiciones que resultan contraproducentes con la administración de justicia.
“Cabe precisar que ya se ha determinado que el incrementar penas, crear nuevas figuras delictivas y restringir los beneficios penitenciarios, respecto de los que se subsuman en dicho tipo penal, los delitos se siguen cometiendo; en ese sentido, la falta de análisis y estudios de las mejores medidas para combatir acertadamente los fenómenos de la criminalidad, pueden generar a la larga, "efectos totalmente negativos" como los que en la actualidad se están viendo; es decir, se vulneran derechos de personas, consagrados en nuestra Carta Magna, y en normas internacionales de derechos personales”, señaló.
El problema que en la actualidad se vive en el país, especialmente en Lambayeque, nos lleva a pensar que se van a necesitar una enorme cantidad de jueces y fiscales para poder resolver dentro de los plazos que dice el Código Penal, los casos que el Ministerio Público imputa a las personas.
“Hoy en día los jueces no se dan abasto, más aun cuando el Estado Peruano no ha asignado presupuesto para tener más fiscales y jueces, debiendo tener en cuenta que también se tendrá que duplicar el número de penales en el país.
Con estas normas todos los que podían acogerse a la reducción de la pena por redención, trabajo o estudio en el penal ya no van a poder hacerlo, y cada día vamos a tener penales a punto de estallar donde existen personas culpables e investigadas bajo la modalidad de prisión preventiva", sostuvo.
De igual manera, la letrada afirma que en el mundo, el agravar penas y la implementación de más delitos, no ha dado resultados positivos en la lucha contra la criminalidad, sino que -al contrario- genera una sociedad más violenta.
"No hay nadie que haya podido reducir la criminalidad con normas. Si queremos reducir la criminalidad, tenemos que hacer políticas sociales, políticas de desarrollo, políticas de humanidad, de relaciones humanas y del respeto en general, tanto de ciudadanos a autoridades y de autoridades a ciudadanos", afirma.
TRABAJO CONSCIENTE
Las condiciones sociales que originan la delincuencia continúan en aumento e incluso se potencian cada día, aunque haya una mayor eficacia en la persecución penal. Con todo lo que viene ocurriendo en el país y en Lambayeque, lo único que se va a producir es una mayor población penal, pero más no una sociedad segura.
“Por la forma como se viene administrando la justicia en nuestra región, que no nos extrañe que al final el problema se duplicará, pues a las tasas de criminalidad que diariamente se investigan y por las que se pide prisión preventiva a pesar que en algunos casos no hay pruebas contundentes, deberá sumarse el problema de la escasez de cárceles y el hacinamiento penitenciario”, explicó.
Los ciudadanos y los abogados –señala- buscan que la ley sea efectiva y que la delincuencia y el crimen organizado disminuya, pero eso dependerá de los operadores del sistema penal – el Ministerio Público y el Poder Judicial, los que internalicen los beneficios o las ventajas que ofrecen estas leyes en la persecución penal y pongan las condiciones para su adecuada utilización en los casos concretos. A ello –agrega- también se debe sumar la Policía Nacional como ente de apoyo al control y orden público, pero capacitada y respetuosa de los derechos ciudadanos.
RESPETO A LOS DERECHOS
Lo más preocupante para que esta internalización de los operadores del sistema penal obtengan los resultados de seguridad y tranquilidad pública que todos deseamos, es que las personas en la que es Estado ha puesto su confianza, no transgredan nuestro Debido Proceso cuando existe un proceso de investigación, realicen intervenciones abusando del poder que se tiene, “sembrando elementos para crear delitos, entre otras acciones que en estos momentos son cuestionadas.
“Las leyes que tenemos suenan muy bonitas y con el carácter que tienen fácilmente nos pueden dar seguridad y tranquilidad, pero hacen falta muchas cosas que no son más que cuestiones de personas como por ejemplo realizar una labor de capacitación a policías, jueces y fiscales en el manejo de estos nuevos instrumentos legales”, detalla.
En la actualidad –explica- los operadores de justicia, así como los órganos de apoyo, se exceden en sus funciones presuntamente por desconocimiento o por “mareo” de la responsabilidad concedida.
“Hay que tener en cuenta que todo se ha mecanizado, lo cual es bueno y es malo, pero en el caso del Ministerio Público, puedo decir que existen fiscales que no realizan investigación tal y como lo expresa nuestra norma, inclusive el Ministerio Público debe tener una participación activa, cosa que no se da en el momento que se desarrolla una investigación con respecto a un hecho penal”, explica.
Otro grave problema que afecta el sistema de Seguridad Nacional, desde el punto de vista penal, es que el Sistema Penitenciario no está preparado para albergar más presos.
“En la actualidad tenemos varias leyes penales que están activas y se vienen aplicando como el de los Procesos Rápidos, la cual es buena porque busca “sacar de las calles a los delincuentes”, pero el sistema administrativo judicial y penitenciario no están preparados y capacitados, cometiendo errores y hasta abusos.
De igual manera, no existe capacidad penitenciaria para poder digerir la respuesta punitiva que las nuevas leyes penales están originando. Y nuevamente me pregunto ¿es suficiente creer que la amenaza penal reducirá la criminalidad? Me atrevo a asegurar que es un pensamiento equivocado.
“El Estado Peruano debe de iniciar campañas de prevención del delito, la misma que debe dirigirse a los servidores y funcionarios públicos, así como a la sociedad civil organizada, pero en forma directa”, sentenció.
Desde sus inicios, la regularización tributaria ha generado controversia sobre si debería incluirse en el ámbito penal o permanecer en el rubro administrativo. Luego de diferentes decretos y correcciones, esta herramienta forma parte del derecho penal, siendo aplicable en diversos casos. ¿En qué consiste esta herramienta administrativa – legal?, ¿cómo se aplica? Percy García Cavero, docente especialista en Derecho Penal de la Universidad de Piura – UDEP, ofrece su punto de vista y aclara las principales dudas.
Según García Cavero, la regularización tributaria no es un tema penal, pues consiste en pagar obligaciones que no se han cumplido a partir de ciertas omisiones que tienen un carácter delictivo. Sin embargo, los delitos tributarios sí son cuestiones penales.
“A partir de ello se genera una vinculación muy importante de cara a ver cómo los efectos de un instrumento tributario influyen en un aspecto completamente penal que es la imputación penal en los delitos tributarios”, refiere.
Este puente se determina a partir de un artículo muy específico del Código Tributario (el n° 189), el cual establece lo que es la regularización tributaria y cómo esta tiene efectos en la persecución penal de los delitos tributarios.
VÍNCULOS ENTRE DISCIPLINAS
La teoría de los sistemas autopoiéticos fue desarrollada por un biólogo chileno, y ha sido transportada a los sistemas sociales por el famoso sociólogo alemán Niklas Luhmann, quien intenta explicar de alguna manera cómo los sistemas sociales van desarrollándose a sí mismos a partir de una comprensión autopoiética (comunicaciones internas), y además establecen mecanismos de relación entre los diferentes sistemas. Este criterio es el que se emplea para vincular las herramientas administrativas con el derecho penal.
“Considero que entre el sistema tributario, la regulación tributaria y el sistema penal podemos afirmar la existencia de dos sistemas independientes que funcionan con parámetros de operación distintos: uno busca recaudar tributo mientras el otro imputa responsabilidades”, comenta Percy García.
El reconocido catedrático, que ha dictado clases en diversas universidades de Chile, Argentina, Ecuador y Colombia, indica que entre estos dos sistemas funcionalmente diferenciados (tributario y penal), existen puntos de contacto que permiten vincular efectos de un aspecto netamente recaudatorio en la imputación penal o la determinación de la responsabilidad penal.
“Esto supone una labor de adaptación de aquello que se entiende muy bien en un sistema tributario como la recaudación en un sistema penal. El juez no va a tomar en principio una especie de regularización tributaria y dejar el tema ahí, hay que pagar por el delito cometido”, manifiesta.
La labor a realizarse, según expone García Cavero, es cómo hacer que la regularización tributaria despliegue efectos dentro del sistema penal, por lo que se requiere de un trabajo dogmático encargado de configurar la regulación tributaria, “el cómo debemos de entenderla en el derecho penal y sus requisitos”.
DESDE LA PERSPECTIVA PENAL
El especialista en legislatura señala que al revisarse los trabajos realizados sobre delitos tributarios, como el de Domingo García Rada, se puede ver cómo estos surgen más en el ámbito de la regulación tributaria que en el derecho penal.
“Durante mucho tiempo se manejó la denominada crisis tributarista de los delitos tributarios, los cuales no eran considerados en el derecho penal sino en el tributario, y dentro de este existe un conjunto de mecanismos que refuerzan sus normas, que según la gravedad son dos: los ilícitos o infracciones tributarias y los delitos tributarios”, informa.
Agrega que si se analizan los códigos tributarios anteriores al Código Penal de 1991, los delitos tributarios eran parte del Derecho Tributario, generando que la interpretación de estos tuviese en cuenta más los principios tributarios que los criterios penales.
“Esto ha ido evolucionando, considerándose como el primer gran paso la legislación específica en el código de 1991, seguido del Decreto Legislativo 813 (cinco años después), con el que los delitos tributarios adquieren una clara configuración”, detalla Percy García.
Actualmente los delitos tributarios, pese a no negar la indiscutible vinculación que tienen con la regulación tributaria, son independientes. “Esto significa que la configuración del bien jurídico se hace desde el punto del derecho penal, que los criterios de imputación de responsabilidad penal se hacen desde este mismo ámbito”, indica el catedrático de la UDEP.
Por tal motivo determina que en estas circunstancias existen vinculaciones que son manifiestas, como el caso de la ley penal especial, donde se involucran aspectos tanto penales como administrativos.
“También se encuentra que los tipos penales están configurados a partir de una técnica de tipificación que establece vinculaciones entre lo penal y lo administrativo, que es lo que se conoce como ‘la ley penal en blanco’, esto significa que algunos elementos típicos de los delitos tributarios se configuran a partir de la regulación jurídico – tributaria”, expone Percy García.
Para avanzar en el proceso penal de cara a una determinada responsabilidad se tienen que cumplir con ciertas condiciones administrativas, conocidas como informes técnicos. Estos informes los tiene que emitir el órgano administrador del tributo sobre la incidencia tributaria de la conducta que es objeto de juzgamiento, para determinar si se cumplen o no con estos elementos típicos de los delitos tributarios que están referidos en la normativa tributaria.
“¿Cuál es la utilidad que tiene el bien jurídico? Es la llave de entrada para la interpretación de los tipos penales. Si yo no dimensiono mi bien jurídico no puedo interpretar, salvo que sea una interpretación netamente intuitiva”, manifiesta.
Explica que si la interpretación es correcta se deberá a la suerte, por esta razón el trabajo de determinación de los bienes jurídicos es fundamental; siendo además uno de los principales puntos que los diferencia de aquellos que no son juristas.
ESCLARECIENDO DUDAS
La regularización tributaria es el pago de la totalidad de la deuda, o en su caso la devolución del reintegro, saldo a favor o cualquier otro beneficio tributario indebidamente obtenido. Este pago de la deuda tributaria incluye el tributo, los intereses y las multas.
“Esta definición sí está determinada y acotada claramente con la finalidad de establecer ciertas consecuencias en el ámbito de la persecución penal por los delitos tributario”, advierte el jurista.
Si el pago de la deuda tributaria se hace antes que el fiscal inicie una investigación o antes que la administración tributaria realice la noticia criminis (comunicar al fiscal), entonces no se procede a hacer el ejercicio de la acción penal, pues existe un supuesto que impide el ejercicio de la acción mencionada.
“Esto tiene un conjunto de implicancias, produciendo efectos en la responsabilidad penal. Un juez penal no puede condenar a una persona por el delito tributario a pesar de haberlo cometido”, describe García Cavero.
Por tal motivo, el catedrático en Derecho Penal comenta que se debe encontrar un fundamento para dimensionar los efectos que tiene la regularización tributaria, puesto que algunos sostienen que es un tema netamente de política fiscal. “La razón o fundamento es que el Estado quiere dinero, y aunque parece muy claro, no se adapta a las propias particularidades que tiene la regularización tributaria, porque si fuera un tema de dinero no tendríamos que establecer un límite temporal para darle a la regularización los efectos exclusivos de la responsabilidad penal. Está claro que la finalidad recaudatoria no es el único elemento configurador de los efectos que la regularización tiene en la persecución penal”, sostiene.
Esto ha llevado a que otros señalen que tiene una finalidad político – criminal que se basa en sembrar un puente dorado de vuelta a la sinceridad. “Se busca que la persona que es un delincuente tributario pase a la sinceridad tributaria y vuelve a ser un ciudadano común y corriente”, explica.
Finalmente, la problemática surge al buscar cuándo es aplicable esta herramienta. ¿Se puede aplicar la regularización tributaria en el caso de productos aduaneros? Esta es una pregunta muy frecuente y la respuesta es que el injusto penal tanto en la defraudación aduanera como en el delito tributario son similares en su estructura”, señala.
Esto significa que si se regulariza tributariamente una deuda aduanera con un comportamiento configurativo del delito de defraudación de rentas de aduanas se tendría que gozar del mismo efecto del artículo 189, el cual regula específicamente los delitos tributarios (analogía in bonam partem).
