En el 2022, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia 119/2022 correspondiente al Expediente N° 03041-2021-PHD/TC, reconoció la existencia del derecho al olvido, sujeto a restricciones o limitaciones derivadas de la necesidad de que sea armonizado con otros bienes constitucionales como la libertad de información. Al respecto, el abogado Roberto Pereira Chumbe, especialista en medios y libertad de expresión, sostiene que la aplicación del derecho al olvido debe tener un ámbito muy restringido, donde la persona pueda acreditar dos presupuestos básicos: que la información en cuestión sea inexacta y que haya perdido su relevancia pública.
“Este es un gran problema que se plantea ahora por la capacidad que tienen los medios digitales de perennizar la información y su fácil ubicación. Creo que es un problema que debe resolverse caso por caso, cuyo ámbito de aplicación debe ser muy restringido, sujeto a que la persona, por ejemplo, pueda acreditar que la información que se conoce sobre sí es inexacta; y, en cuanto a su utilidad, que con el paso del tiempo haya perdido cualquier tipo de interés público”, señala.
Límites
Sin embargo -continúa Pereira- el interés público es “contingente”, es decir, que un hecho puede pasar por años sin interés público y, de pronto, en un contexto determinado, volver a tener relevancia.
“Un tercer criterio a tener en cuenta, más propio de la ejecución en sí de la medida, es que uno puede excluir información de determinados ámbitos. No es lo mismo excluirla de una publicación digital que de los archivos documentarios, de una biblioteca”, explica.
Señala que cuando empezó a debatirse el derecho al olvido hubo decisiones jurisprudenciales que amparaban un marco de acción muy amplio. Luego comenzó a advertirse que personas con un “pasado cuestionado” empezaron a invocar este derecho, a fin de que se borrara el registro de sus antecedentes.
“En ese momento los tribunales comenzaron a retroceder y establecer los criterios que he mencionado: la antigüedad de la información, el interés público, la veracidad de la misma, si se modificó con el tiempo y los niveles de exclusión. Incluso en España se pretendió borrar información hasta de los archivos y bibliotecas, hecho que finamente no prosperó, precisamente, porque la información era de interés público, a pesar del transcurrir de los años”, comenta.
Detalla que una información puede que ya no sea de interés público actual, pero sí reviste de un interés histórico para conocer lo que sucedió en un contexto y situación determinado.
“Las imputaciones por este tema tendrán que irse resolviendo caso por caso. Imagínate que alguien haya sido detenido en los noventa en una redada antiterrorista en una universidad. Le sembraron un afiche, le hicieron un parte policial, pero a los pocos días el juez al ver que no había nada lo soltó. Esa información podría estar en los archivos de un medio de comunicación, pero también en los archivos policiales. Eso hoy ya no tiene ninguna relevancia, alguien podría exigir que se levante la información de las plataformas digitales y los archivos policiales”, ejemplifica.
Sistema de justicia
De otro lado, señala que los funcionarios y autoridades recurren a figuras como la afectación del derecho al honor, distorsionándolas, para impactar negativamente en la libertad de información. Y el Ministerio Público, lejos de hacer una evaluación rigurosa y rechazar imputaciones como reglaje y organización criminal, abre investigación, generando con ese solo hecho un grave perjuicio a la libertad de expresión en los periodistas involucrados.
“Eso también genera un efecto de autocensura en los demás periodistas que no forman parte de estas investigaciones, pues es un mensaje muy poderoso en el sentido que orienta a no meterse con determinados temas o con políticos que ostentan poder”, menciona.
Alude también al Poder Judicial, sobre el cual señala que tampoco realiza un escrutinio riguroso ante denuncias de afectación al honor, puesto que abre mecánicamente procesos penales por querellas donde se imputa a periodistas y medios de comunicación la afectación al honor de algún funcionario público.
Con 150 ataques a periodistas en lo que va del año, este 2025 se presenta con un panorama sombrío para quienes ejercen la labor de informar. Así lo entiende Zuliana Lainez Otero, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas – ANP, y también vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas, quien ve con preocupación la escalada de agresiones que este año han costado la muerte de dos hombres de prensa.
En diálogo con Expresión, Zuliana Lainez opina sobre los riesgos del ejercicio periodístico y las trabas que se están poniendo desde los poderes del Estado para la correcta fiscalización desde los medios de comunicación.
En los últimos años, ¿los casos de violencia hacia periodistas han ido en aumento?
La curva de la situación de las libertades informativas en el país, reflejada en ataques a periodistas, es completamente ascendente en la última década. El año pasado llegamos a tener casi 400 ataques a periodistas y este año la tendencia es que se supere en número. Hasta hoy tenemos 150 ataques, pero lo peor es que va a crecer en gravedad porque tenemos dos periodistas asesinados, situación que no la teníamos hace dos años. Hablamos de Gastón Medina en Ica y Raúl Celis en Iquitos, ambos fueron asesinados con el mismo patrón. Ellos se dirigían a las radios donde tenían programas informativos, uno al mediodía, el otro a primera hora de la mañana, fueron embestidos por sicarios y los asesinan allí: a uno en la puerta de su casa y al otro en la mototaxi en la que se desplazaba a la cabina de radio.
Y hasta hoy, si bien es cierto, en el caso de Ica el sicario tiene una medida de prisión preventiva de nueve meses, habría que preguntarnos quién lo mandó a matar, porque un sicario al final es alguien que cobra por apretar el gatillo, pero tiene que identificarse a los responsables intelectuales de este crimen. Los asesinatos de periodistas son siempre mensajes para todos los periodistas y eso lo hemos podido corroborar porque, apenas se produjeron estos, inmediatamente muchos periodistas en regiones, que hacen buen periodismo de investigación, expresaron miedo frente a esta situación. Y es lógico. Uno está acostumbrado al acoso judicial, a la estigmatización y sabes cómo defenderte, pero frente a una violación del derecho a la vida el escenario cambia tangencialmente.
¿Cree que la labor periodística es mucho más peligrosa hoy que hace cinco años?
Sin duda. Creo que quizá el único momento en la historia con el que no me atrevería a compararlo es con el período del 80 al 2000, pues tuvimos más de sesenta asesinados. Era el período de violencia, era una situación terrible. Pero en el siglo reciente, de los últimos 25 años, esta es la peor época para el ejercicio del periodismo en el país, porque es la tormenta perfecta. Tienes periodistas asesinados, tienes un ejecutivo que solo estigmatiza a la prensa, califican la crítica como terrorismo de imagen, nos dicen que jugamos en pared con la fiscalía para dar un “golpe blanco” como lo dijo la señora Boluarte. Pero, además, tienes una presidenta que estuvo en silencio 260 días y que cuando habló lo que dijo prácticamente fue ‘me van a preguntar lo que yo quiero que me pregunten’. Ella va a determinar cuáles son los temas de interés público. Tienes un Ejecutivo que cada 60 días presenta un proyecto de ley con impacto a las libertades informativas, tienes operadores del sistema de justicia que intentan vulnerar el secreto profesional, tienes otros patrones de ataques a periodistas como quienes están denunciados por reglaje por un alto funcionario del gobierno como el señor Santiváñez.
Pero, aquí también, localmente, el mismo Semanario Expresión ha sufrido en su momento el embate del Poder Judicial, queriendo obligarle a revelar fuentes y una denuncia ante el Ministerio Público, que finalmente se archivó, por supuesta organización criminal. Eso habla de la situación de la libertad de prensa en el país.
¿La protección a los periodistas pasa por mejorar el marco normativo? ¿O por dónde?
Yo creo que en el Perú la protección a los periodistas no pasa por más legislación, al contrario. Además, con el Legislativo que tenemos, realmente sería riesgoso poner a discusión algún avance en el marco legal. Además, nosotros tenemos un marco legal muy robusto. Tenemos protección al secreto profesional, garantías y reconocimientos a los cuatro derechos fundamentales de las libertades informativas. La Constitución es clara al decir que en este país no hay censura previa. Tenemos una buena ley de rectificación y ley de acceso a la información pública.
¿Por dónde pasa entonces la protección a los periodistas?
Los ataques a periodistas están viniendo de quienes ejercen función pública. Creo que todas las medidas que se han llevado adelante en el último tiempo buscan escarmentar al periodismo. Y lo quieren escarmentar porque, si vemos al Legislativo, ¿quién reveló los ‘Mochasueldos’? ¿Quién reveló los cócteles del fujimorismo? ¿Quién reveló ‘Los Dinámicos del Centro’, ¿los sobrecostos que se daban para remodelar parte del Congreso, ‘Los Niños’ de Acción Popular? Fue el periodismo.
¿Quién reveló el tema de los rólex en el caso del Ejecutivo? ¿El cofre, las operaciones? No salen estas investigaciones del Ministerio Público o de otros sectores que vigilen el tema de la corrupción en el país, salen del periodismo. Y eso nos convierte a los periodistas en un blanco deliberado de estas arremetidas del poder político.
Y si trasladas eso al escenario local y regional es exactamente lo mismo. Yo no soy fiscal, no voy a vincular los asesinatos directamente con alguna autoridad política tanto en Ica como en Iquitos, eso es algo que tendrán que investigarlo los operadores de justicia en el país, pero las amenazas y estos hechos sí puedo decir que se producen justos después de que nuestros colegas hacen destapes periodísticos de temas de corrupción que involucran a autoridades locales y regionales.
Cada cierto tiempo también tenemos intentonas de ‘leyes mordaza’…
Y ahora estamos ad portas de que se apruebe una ‘ley mordaza’. Nos hemos salvado por nada hace unos días. De hecho, hace algunos meses tuvimos una reunión con el presidente del Congreso para expresarle nuestra preocupación por esta nueva ‘ley mordaza’. Él se comprometió a que esto no entraría en la agenda prioritaria, dijo que mucha gente había votado por esto sin que se conocieran los contenidos, que en el pleno no había los votos. Y, claro, nosotros también estamos convencidos que en el pleno no tienen los votos para una segunda votación y por eso están usando la figura de la Comisión Permanente, donde sí pueden tener los votos para aprobar esta ’ley mordaza’. Ya hay movidas para tener una última sesión de la Comisión Permanente antes del cambio de la Mesa Directiva.
Nos toca estar atentos porque esta ‘ley mordaza’ no solo eleva las penas por temas de difamación, sino que modifica las reglas de rectificación, lo poco bueno que tenemos, garantista de las libertades informativas, estaría siendo vulnerado al aprobarse una legislación de esta naturaleza.
¿Por qué cree que muchos, sin ser periodistas, se toman la atribución de opinar sobre cómo debe ejercer su labor un periodista? Esto es algo que no ocurre con un médico o un ingeniero.
Porque no entienden la naturaleza del periodismo. El periodista no es amigo de quien ejerce el poder, no es su oficina de relaciones públicas, no es su dependencia de imagen. El periodismo hace vigilancia social y su trabajo es ese: ser incómodo al enrostrarle al poder eso que no está haciendo bien.
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Zuliana Lainez participó como expositora en el curso “Derechos Humanos en el contexto de la libertad de prensa y expresión”, realizado por el Colegio de Periodistas de Lambayeque, el Instituto Prensa y Sociedad, y el DCAF.
