El Comité de Responsabilidad Social de la CCLAM, que preside Janinna Sesa, canalizó una importante donación de más de 13 000 pollos, cuyo importante oscila en más de 330 mil soles, gracias al desprendimiento de una empresa avícola de Lima, que pidió no se revelará su nombre.
La entrega de las 37 toneladas de pollo, realizada en dos fechas, estuvo bajo la supervisión del presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Juan Manuel Scander Chikani, y el comandante de la Séptima Brigada de Infantería del Ejército, general Mario La Torre Gálvez.
El pollo distribuido fue congelado y entregado a 36 parroquias y comedores parroquiales, y la segunda entrega se hizo a 51 organizaciones como comedores, asociaciones y ollas comunes.
El ejército apoyó prestando sus instalaciones del cuartel Leoncio Prado en Lambayeque para la entrega del producto y el costo de los fletes fue asumido por las parroquias, comedores, ollas comunes y la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, que al poder emitir certificados de donaciones, garantizó se pudiera recibir tan importante donación.
La primera distribución fue de 20 toneladas y la segunda de 17 toneladas.
Los párrocos han enviado a la fecha sus evidencias de las donaciones entregadas en sus comunidades.
Beneficiarios
Los beneficiarios fueron procedentes de Olmos, Jayanca, Íllimo, Batangrande, Mórrope, Pomalca, Monsefú, Mochumí, Lambayeque, José Leonardo Ortiz, Pacora, Túcume, Eten, Reque, San José, Cayaltí. Además, también se apoyó al asilo de ancianos.
Durante esta jornada solidaria también participó la gerente general de la cámara, Claudia Heredia Yacila, resaltando el trabajo conjunto entre el sector empresarial, las Fuerzas Armadas y los líderes comunitarios para llevar alimento a cientos de familias lambayecanas.
Juan Scander agradeció la solidaridad de la empresa privada con las personas e instituciones que menos tienen, al hacer llegar el producto que contribuye a su alimentación. El general Mario Gálvez, como jefe del ejército en Lambayeque, destacó el desprendimiento de empresarios que vieron en esta región el mejor lugar para hacer entrega de tan importante donativo.
Janinna Sesa refirió que esta labor está dentro del marco de la continuidad de las cinco obras del Papa León XIV: Dona con amor.
La Concesionaria Trasvase Olmos - CTO, parte del grupo Novonor, reafirmó que está plenamente habilitada para contratar con el Estado peruano, amparada por una resolución firme de la Corte Suprema. Esta habilitación incluye la posibilidad de suscribir cláusulas anticorrupción en el marco de asociaciones público-privadas. CTO advirtió que cualquier cambio en las reglas de contratación pública no puede aplicarse de forma retroactiva ni vulnerar derechos ya consolidados, en respeto al principio de cosa juzgada.
La empresa destacó que ha emprendido una transformación profunda de su estructura de gobierno corporativo, incluyendo la adopción de un sistema de integridad bajo estándares internacionales, la certificación ISO 37001 antisoborno y la incorporación de directores independientes en sus concesionarias en Perú. Su programa de cumplimiento ha sido validado por entidades como el Departamento de Justicia de EE.UU., el Banco Mundial y el BID, lo que le ha permitido continuar desarrollando proyectos en diversos países.
La concesión
El 25 de septiembre de este año se vence la vigencia del contrato de concesión suscrito por CTO con el Estado peruano para la construcción, operación y mantenimiento del componente de trasvase del Proyecto Olmos, el mismo que estuvo en aplicación desde el 2004.
El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga sostuvo que la decisión sobre el futuro de la concesión del componente de trasvase del proyecto Olmos debe ceñirse al marco legal vigente y no a valoraciones políticas o éticas. Señaló que las sanciones penales son aplicables solo a personas naturales, no a empresas como tales. Agregó que la cláusula anticorrupción no puede aplicarse de forma retroactiva, y que, si Novonor, matriz de CTO, cumple con los requisitos establecidos por la legislación actual para contratar, no existe impedimento legal para que continúe operando el proyecto.
Quiroga advirtió que si el Ejecutivo decide apartar a la empresa ignorando su habilitación legal, podría exponerse a litigios o arbitrajes internacionales. Subrayó que organismos internacionales ya han reconocido que Novonor ha cumplido con las sanciones impuestas por hechos del pasado, por lo que el Perú no puede actuar como si esas rehabilitaciones no existieran. Finalmente, reiteró que las decisiones del gobierno deben basarse en el derecho, y no en presiones políticas ni prejuicios frente a la opinión pública.
Resultados
La operación de CTO al frente del trasvase Olmos ha permitido que el proyecto alcance resultados efectivos a favor del desarrollo del departamento, como la generación de 75 mil empleos y el incremento de las exportaciones desde Lambayeque, que el año pasado sumaron más de mil millones de soles, convirtiéndola en cuarta región exportadora del país.
A ello se suma el aporte al fisco con más de 800 millones de soles en impuestos.
El componente de trasvase del Proyecto Olmos está conformado por la presa Limón, que almacena las aguas del río Huancabamba, así como el túnel Trasandino, por el cual se derivan las aguas hacia la cuenca del Pacífico, permitiendo la irrigación del Valle Nuevo de Olmos, son se tiene productivas 25 mil hectáreas.
Por unanimidad, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque declaró infundado el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público respecto a la sentencia contenida en la Resolución n.° 42, del Décimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que absolvió al exalcalde de Chiclayo Marcos Gasco Arrobas y otros once procesados por el delito contra la administración pública en su figura de colusión agravada en el llamado ‘Caso Veolia’.
Este caso versa sobre la contratación directa para el alquiler de compactadoras destinadas al servicio de recojo de residuos sólidos de la municipalidad de Chiclayo en el 2019, la cual se habría hecho mediante la emisión de informes técnicos y legales irregulares, con la única finalidad de realizar una contratación directa, previamente concertada con la empresa Veolia, la misma que no cumplía con las exigencias establecidas en las Bases Administrativas y los Términos de Referencia, ocasionando un perjuicio económico al Estado de 249 mil 733.14 soles.
A través de la Sentencia de Vista n.° 167-2025, los magistrados Juan Riquelme Guillermo Piscoya (presidente de la Sala), Raúl Humberto Solano Chambergo y Erwin Guzmán Quispe Díaz también declararon infundada la apelación formulada por la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Lambayeque, respecto a la determinación de responsabilidad civil.
Alegatos de la fiscalía
Al respecto, el fiscal superior Julio César Taboada Ramón alegó que la situación de desabastecimiento inminente del servicio de limpieza pública no era una situación impredecible que calzara como presupuesto para una contratación directa, sino que, al contrario, era una situación previsible, toda vez que en el 2019 se realizaron hasta tres convenios y una adenda entre la Municipalidad Provincial de Chiclayo y el Gobierno Regional de Lambayeque, a fin de que este segundo apoye en la mitigación de basura.
Respecto al exalcalde Marcos Gasco, la fiscalía sostuvo la empresa Veolia desplazó a un trabajador suyo (Montoya Vega), quien tenía como domicilio fiscal Trujillo, hasta Chiclayo, a fin de que se reúna con Edgardo Siadén Ortega (entonces jefe de Logística de la MPCH) para presentar su oferta en la contratación directa que realizaría la comuna chiclayana.
Además, el titular de la fiscalía alegó que Marcos Gasco suscribió el Contrato 01-2019 el 22 de abril de 2019, pese a que existía el oficio 003-2019, de fecha 17 de abril de ese año, donde el OCI de la Municipalidad Provincial de Chiclayo le ponía de conocimiento que la empresa Veolia no había cumplido con acreditar los requerimientos técnicos mínimos exigidos en la contratación directa.
Considerandos del juez
Por su parte, la Segunda Sala Penal de Apelaciones considera que no se podría haber producido el pacto colusorio desde los actos preparatorios, si a la fecha de celebración del contrato con Veolia existía el expediente técnico y la modalidad de contratación aprobada por el entonces alcalde encargado Junior Vásquez Torres. Además, los magistrados consideran que se desvirtúa cualquier acto de concertación para beneficiar a Veolia, pues la primera opción para contratar directamente fue la empresa ECORIN, a quien invitaron a contratar, pero desistió de presentar su propuesta.
La sala señala en su sentencia que sí hay información probatoria sobre la existencia de la problemática relacionada a la acumulación de residuos sólidos que requería actuación inmediata de la municipalidad, al punto que la Fiscalía de Prevención del Delito identificó 42 puntos críticos de basura. Si bien el gobierno regional apoyó con maquinaria pesada, la sala acredita que el entonces jefe de Departamentos Internos de la municipalidad, Elvis Collantes Vela, testificó que al 26 de febrero del 2019 había 13 compactadoras inoperativas y su reparación demandaba un promedio de 60 días.
“Si bien el Ministerio Público asume en su imputación que no correspondía declarar el desabastecimiento debido a que no se presentaba una situación extraordinaria e imprevisible, en virtud a los convenios interinstitucionales celebrados (…) estos convenios eran insuficientes para el recojo de los residuos sólidos, ante el álgido problema en la acumulación de residuos sólidos en el distrito de Chiclayo, y lo limitado de la maquinaria que tenía la comuna”, se lee en la sentencia, la misma que agrega que “no se verifica con claridad meridiana” un nexo entre la declaratoria de desabastecimiento con el propósito delictivo, puesto que esta “se sustentó objetivamente”.
Continúa la sala en sus argumentos e indica que, si bien la fiscalía ha señalado que la problemática de los residuos sólidos no calzaba como algo imprevisto para realizar una contratación directa, se obvia que, en la práctica, objetivamente se presentó tal situación que requería atención inmediata. En ese marco, no se ha demostrado que los ‘extraneus’ (investigados que no eran servidores ediles) realizaran pactos colusorios con cada funcionario que intervino “ni siquiera a nivel indiciario”.
Con relación al agravio que argumento la Procuraduría Anticorrupción, la Sala indica que “la contratación directa revertió la situación real que presentaba el distrito de Chiclayo, y que justificó la contratación directa a la empresa Veolia, beneficiándose a la población en su conjunto. Por ello, se conviene con el razonamiento del juez A quo sobre la inexistencia del daño, que es un elemento de la responsabilidad civil”.
En una ceremonia especial realizada en el marco del 26.° aniversario de creación institucional, la Universidad Señor de Sipán – USS, confirió el grado honorífico de doctor honoris causa a Julio Emilio Velarde Flores, presidente del Banco Central de Reserva del Perú - BCRP, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y a sus valiosos aportes al desarrollo económico del país.
Velarde Flores, quien lidera el BCRP desde el 7 de septiembre de 2006, ha sido autor de diversos libros y artículos especializados en economía, y ha recibido múltiples distinciones tanto a nivel nacional como internacional por su trabajo técnico en favor de la estabilidad macroeconómica del Perú.
La ceremonia fue presidida por la doctora Carmen Rosa Núñez Campos, presidenta ejecutiva de la USS, y el doctor Alejandro Cruzata Martínez, rector de la casa de estudios. También participaron el magíster Richard Acuña Núñez, presidente del Directorio y gerente general de la USS; el doctor Erick Salazar Montoya, vicerrector académico; y el doctor José Liza Sánchez, secretario general. Acompañaron el acto distinguidos representantes de instituciones públicas y privadas del ámbito económico, académico, científico, cultural y político del país.
Méritos distinguidos
Durante su discurso de bienvenida, el rector Alejandro Cruzata Martínez destacó: “En la USS entendemos que el desarrollo económico sostenible y la cohesión social de nuestro país dependen en gran medida de nuestra capacidad para fomentar el talento local, fortalecer el tejido productivo regional y promover una cultura de emprendimiento e innovación. La educación superior, en este contexto, es un espacio de formación académica y un motor estratégico para el desarrollo territorial y nacional”.
A su turno, el magíster Richard Acuña Núñez señaló que este reconocimiento simboliza el compromiso de la USS con una educación superior de excelencia que dialoga con los grandes desafíos del país.
“Otorgar esta distinción al doctor Julio Velarde no solo es un honor para nuestra institución, sino también un mensaje claro: en la USS apostamos por el liderazgo técnico, ético y visionario que el Perú necesita. Su ejemplo inspira a nuestras futuras generaciones y nos alienta a seguir construyendo una universidad con impacto nacional”, expresó.
Gratitud
Tras recibir la distinción, Julio Velarde agradeció a la universidad y expresó. “Recibo con profunda gratitud y humildad el grado de doctor honoris causa que me confiere la USS, institución que representa el esfuerzo constante por fortalecer la educación superior en el país. Este reconocimiento no solo me honra a nivel personal, sino que reafirma la importancia del trabajo colectivo y sostenido en favor de la estabilidad económica y el desarrollo del Perú. Me siento especialmente agradecido por formar parte, desde hoy, de una comunidad académica”.
De esta manera, la USS reafirma su compromiso con la formación de profesionales retadores, con visión transformadora, que aporten al crecimiento y desarrollo del Perú, reconociendo a líderes que, desde su campo, han dejado huella en la historia del país.
