Este domingo 9 de diciembre los peruanos acudirán a las urnas para participar del referéndum a través del cual se busca la aprobación o rechazo a las cuatro reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo y aprobadas por el Congreso de la República.

La elección definirá la creación o no de la Junta Nacional de Justicia en sustitución del Consejo Nacional de la Magistratura – CNM, organismo encargado de la evaluación, nombramiento y ratificación de los fiscales y jueces de la República, caído en desgracia con el escándalo del caso “Lava juez”.

Asimismo, si se aprueba o no la fiscalización del financiamiento a los partidos políticos, la reelección o no de los congresistas y la restitución o no del sistema bicameral en el Poder Legislativo.

“La campaña de cara al referéndum de este domingo no ha sido muy activa. La información se ha ido trasmitiendo de forma oral entre la ciudadanía, eso podía decirse como particularidad de este proceso”, refiere el abogado constitucionalista Freddy Centurión González, quien considera que el entusiasmo de los ciudadanos ante la consulta obedece a la indignación generada a partir del comportamiento de la clase política.

“La población busca castigar con su voto a los políticos. Ante la impopularidad del Congreso de la República, cualquier medida que sea levantada con las banderas de la lucha contra la corrupción y la limpieza del Legislativo de la sarta de innombrables que hay en él, cualquier medida, recibirá el aplauso popular”, señala.

LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

Respecto a la primera pregunta que aparecerá en la cédula del referéndum, que a la letra dice: “¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura?”, Centurión González señala que la población emitirá su pronunciamiento sobre una reforma que ya fue aprobada en el Congreso.

“Cambiar al Consejo de la Magistratura, cuyo funcionamiento era deficiente como se ha visto, por una Junta Nacional de Justicia, sin que se haya precisado cómo va a funcionar, genera ciertas dudas. En el referéndum no se aprobará cómo funcionará la junta, por lo que es necesario que haya mayor información al respecto”, sostiene.

Rescata sí que en la composición de la junta se proponga la incorporación de profesionales con más de 25 años de experiencia o la participación de los representantes de las universidades con más de 50 años de creadas, lo que – en su opinión – genera visos de confianza. Sin embargo, refiere que la reforma del sistema de justicia va más allá de la sustitución del CNM por un nuevo organismo.

FISCALIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO A LOS PARTIDOS

La segunda pregunta es: “¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas?”.

“Lo que se ha visto en los últimos meses en el país son investigaciones, principalmente a Fuerza Popular, por lavado de activos, porque se buscó camuflar los aportes recibidos de empresas como Odebrecht a través de la técnica del pitufeo, colocando falsos aportantes. La pregunta es cuánta eficiencia se garantiza para la fiscalización de los aportes a los partidos políticos con la lentitud con la que actúan las entidades de control”, cuestiona.

Freddy Centurión explica que existen actualmente engorrosos trámites, principalmente en la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, que hacen compleja la fiscalización y transparencia de los aportes.

“Los partidos declaran y los órganos electorales no hacen la adecuada fiscalización. Como ejemplo se tiene el caso de Fuerza Popular, cuya irregularidad de los aportes no se descubre en la ONPE, sino con una tesis universitaria en Arequipa. Lo encontrado fue llevado a la fiscalía y durmió el sueño de los justos. ¿Qué pasó entonces con la ONPE y con el Jurado Nacional de Elecciones que tenían la obligación de revisar la fiscalización y la contabilidad?”, señala.

REELECCIÓN DE CONGRESISTAS

En la tercera pregunta, los ciudadanos deberán decidir si aprueban o no “la reelección inmediata de parlamentarios de la República”.

Centurión González indica que ese es un tema que se presta a mucha discusión. “Hay que gente que dice que si ya tuvieron una oportunidad no deberían volver. El caso más extremo fue México. México estableció durante buena parte del siglo XX la no reelección presidencial y en el año 33 la no reelección de congresistas, alcaldes ni de funcionarios elegidos. Eso se ha cambiado recientemente. El anteaño pasado hubo una reforma que ahora permite la reelección de las autoridades únicamente para el mismo distrito, no cambiando de jurisdicción. El caso de México se explica porque tienen el trauma de Porfirio Díaz que se quedó 35 años en el poder, reeligiéndose constantemente hasta que lo tumbó la revolución. En el caso peruano tenemos el trauma de Augusto B. Leguía y el trauma de Alberto Fujimori para establecer el principio de la no reelección presidencial, manteniendo la congresal”, expone.

Anota que si bien hay congresistas en el Perú que “se han atornillado al Legislativo para sus fines non santos”, es necesario entender que los principales escándalos en ese poder del Estado tienen como protagonistas no a los experimentados, sino a los nuevos.

“¿Mamani y Ponce son del congreso anterior? No, fueron elegidos en la elección del 2016, quizá por haber comprado una ubicación en la lista parlamentaria. Entonces la reforma tendría que venir por ahí”, manifiesta.

“Los congresistas apelarán al tema de la igualdad. La constitución establece que todos los ciudadanos tenemos el derecho de elegir y ser elegidos y al establecerse una prohibición para reelegirse, podrían objetar la reforma. Sin embargo, la población mete en el mismo saco a todos los congresistas y considera que esa reforma sí es necesaria, guiada quizá por un sentimiento revanchista frente a la mala gestión que hace el Congreso en los últimos años”, indica.

Añade que una mejor solución, antes que prohibir la reelección congresal, sería el uso razonable y responsable del voto preferencial.

RETORNO A LA BICAMERALIDAD

“¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?”, es la cuarta pregunta del referéndum.

Sobre esta, Freddy Centurión se muestra a favor de la restitución de este sistema en el Legislativo.

“La bicameralidad está en nuestra constitución histórica desde 1828 hasta 1979. La Constitución del 93 marcó una ruptura tremenda de la bicameralidad al establecer una sola cámara. El problema es que yo no estoy de acuerdo ni con el proyecto que para esta reforma presentó el presidente Martín Vizcarra ni con el proyecto que modificó el Congreso”, sostiene.

Explica que el proyecto de Vizcarra proponía dos cámaras: una de diputados con 100 representantes y una de senadores con 30 integrantes. El proyecto modificado por el Congreso propone 130 diputados y 50 senadores.

“Nuestro país, según el censo del año pasado, tiene 32 millones de habitantes. Teniendo en cuenta esto, si nos quedamos con una cámara de diputados de 130, quiere decir que cada uno representaría a casi 250 mil electores lo cual imposible. La existencia del sistema bicameral aparece primero en Inglaterra para garantizar la estabilidad de los sectores tradicionales y en Estados Unidos para garantizar una representación más equitativa de todos los estados, es decir mientras la Cámara de Representantes se compone en función del número de habitantes, el Senado se integra por dos representantes de cada Estado”, detalla.

Centurión González señala que la población puede asumir el retorno de la bicameralidad como un incremento del gasto en el Poder Legislativo, por lo que existen amplias posibilidades de que rechace la reforma.

“El Congreso de 1991, el último bicameral que tuvimos, costaba menos que el Congreso que tenemos actualmente”, asevera.

A ello se suma la modificación que los congresistas han realizado sobre la cuestión de confianza, rompiendo el equilibrio que esta figura puede asegurar entre el Legislativo y el Ejecutivo.