Luego de 16 años en que la Sociedad Civil de la provincia cajamarquina de Santa Cruz, inició las gestiones para la construcción de esta importante carretera, que beneficiará a más de 200 mil habitantes, la mañana del último martes el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, reiteró su compromiso de hacer realidad esta obra que redundará en el desarrollo de las provincias cajamarquinas y su intercambio con Lambayeque.
Para el C.P.C. Jorge Urraca Aguinaga, Presidente de la Asociación Frente de Gestión, Construcción, Carretera Asfaltada Puente Cumbil-Catache-Santa Cruz-Chancay Baños-Túnel Chotano, la decisión del Gobierno a través del citado ministerio, es una satisfacción lograda desde que en el año 2002, iniciaron las gestiones para buscar la viabilidad y que se le otorgue la importante de vía nacional.
Si bien las gestiones se iniciaron en el año 2002, formalmente la asociación se constituyó en el 2012, con personería jurídica y debidamente inscritos en Registro Públicos, a pesar de que algunas autoridades no quieren trabajar de la mano con la sociedad civi integrado por profesionales hijos de Santa Cruz.
Explicó que la carretera desde el Puente Cumbil-Santa Cruz hasta el Túnel Chotano, tiene una extensión de 103.700 km, en las condiciones que se encuentra un vehículo puede demorar de 4 horas, pero de ejecutarse la pavimentación el tiempo a utilizar se reduciría en 50%, ya que según los estudios de factibilidad definitivos la distancias se reduciría a 98.4 km. “Definitivamente habrán cortes en su extensión y las curvas que tiene la vía serán más anchas, así evitando accidentes de tránsito”, remarcó.
Añadió que la nueva vía permitirá entre las provincias cajamarquinas con Lambayeque, un comercio más fluido de sus productos agropecuarios y ganado mejorando sus ingresos. “Esta infraestructura vial permitirá que los productos tengan un mejor precio y lleguen frescos a los mercados de Chiclayo, Piura e incluso al Nor Oriente de país. Con la ejecución de esta vía se beneficiarán cerca de 500 mil habitantes de la provincia de Santa Cruz, Chota, Bambamarca, San Miguel y apunta a enlazarse a la Interoceánica”, remarcó.
Además refirió que Santa Cruz, tienen una infinidad de lugares turísticos que no han sido explotados. Todos pensamos en los Baños de Chancay, pero están por ejemplo las grutas de Usqupisco donde llegó Antonio Raymondi. Además contamos con lugares arqueológicos como Poro Poro, Las Chamanas, entre otras zonas turísticas que serán explotadas tras la construcción de la vida comunicación.
Cabe precisar que en este proceso, para la ejecución de la citada vía, el pasado 19 de enero del 2012, la Minera La Zanja firmó un convenio de cooperación interinstitucional con Provías-MTC, Municipalidad de Santa Cruz y la ONG Fadre, para la elaboración de estudio de factibilidad y el expediente técnico definitivo; sin embargo, su compromiso fue a medias; es decir, sólo ejecutaron el primer punto no así el Expediente Técnico que se comprometió.
Ésta actitud de parte de la minera, para un buen sector de la población, rompe la conviviencia que debe existir entre la citada empresa y la población que se sienten engaños por el incumplimiento de dicho convenio.
VISITA OFICIAL
El pasado martes, a pesar de que inicialmente se informó que el Ministro de Transporte y Comunicaciones Edmer More, llegaría a Santa Cruz para anunciar el compromiso del Gobierno en la ejecución de la vía, quien llegó en su reemplazo fue el jefe del Gabinete de Asesores de citado ministerio, Eduardo González, quien supervisó la cita carretera y el proceso de rehabilitación y construcción de la carretera Puente Cumbil - Santa Cruz de Succhabamba - Chancay y Baños.
“Se trata de una vía nacional que cumple con los niveles óptimos de transitabilidad. Desde el MTC realizaremos las acciones que permitan brindarle una vía segura a quienes transitan por esta carretera”, manifestó González.
Además detalló que se inició el mantenimiento de la vía contratado por tres años para evitar el colapso de la via sobre todo en tiempos de lluvias. Refirió que la licitación para la elaboración del Expediente Técnico tendrá una duración aproximada de 6 a 8 meses. “Luego del expediente que se terminaría en un año, se procederá a conseguir el dinero para su construcción. La decisión política del Gobierno del Presidente Martín Vizcarra, está dada para la ejecución de esta obra”, remarcó.
Por su parte el congresista César Vásquez Sánchez, quien también participó en el recorrido de la carretera Cumbil - Santa Cruz - Cruce Lajas, indicó que los representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de PROVIAS, se comprometieron con los cruceños y sus compromiso apunta a iniciar el proceso de licitación para la elaboración del expediente técnico en los primeros meses de 2019.
Además, mientras se prepara el expediente técnico, se comprometen a garantizar la transitabilidad de la vía, con el mantenimiento permanente durante 3 años, con un presupuesto aproximado de 33 millones. “He asumido el encargo del pueblo cruceño para que mi despacho esté vigilante en el cumplimiento de los compromisos asumidos. Junto a sus autoridades y sociedad civil, lograremos hacer realidad el sueño que la provincia de Santa Cruz viene esperando por más de 16 años”.
MÁS INFORMACION
El presidente del colectivo “Chiclayano Despierta”, Pedro Torres Fernández, analiza con Expresión lo sucedido hace una semana en la municipalidad provincial con la caída del gobierno de David Cornejo Chinguel, sindicado por el Ministerio Público como presunto cabecilla de la organización “Los temerarios del crimen”. Al respecto, refiere que es necesario que se abran nuevas líneas de investigación para conocer la magnitud de la corrupción instalada en la comuna.
¿Qué impresiones le deja la detención del alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, como presunto líder de una organización criminal?
Primero está la enrome vergüenza que sentimos todos los ciudadanos cuando el alcalde, el que debe representar a todos los que vivimos en esta ciudad, hayamos o no nacido aquí, aparece de repente en un operativo policial al que incluso se han tenido que traer efectivos de fuera de Chiclayo para evitar fugas de información. Ya en septiembre se había alertado de eso.
Desde julio corrió el rumor de la posible captura del alcalde…
Claro, se filtró esa información y en septiembre todo se difundió por redes sociales. Incluso el alcalde planteó un hábeas corpus contra esta investigación, recurso que le fue rechazado.
Volviendo a la reflexión, tenemos un alcalde que no aprendió nada. Que lamentablemente no aprendió nada, que se dejó ganar por la soberbia y se equivocó al creer que tenía el control de todas las cosas, cometiendo actos que él mismo criticaba del “malhadado” régimen de Roberto Torres.
¿Le mintió a la población de Chiclayo?
Sí y no solamente estamos hablando de mentiras respecto a promesas incumplidas de obras, sino de su acción personal, porque él prometió un régimen distinto, transparente y honesto, y ¿a qué nos llevó?
Fue un tipo que además de tener una verborragia interminable no permitía que nadie le presente un proyecto o una iniciativa, porque creía que lo sabía todo. Está también el hecho de que su propio hermano haya influenciado y hasta extorsionado a las empresas de transporte para tener dinero para pagar la planilla de su universidad.
Peor aún, que obligó a la Sociedad de Beneficencia Pública de Chiclayo le ceda un predio a Noé Cornejo Chinguel. ¿De qué estamos hablando?
En el caso de la Beneficencia de Chiclayo hay mucho por investigar, sobre todo en la manera en la que se han manejado las propiedades y el pago de los alquileres, donde Noé Cornejo Chinguel tuvo participación directa.
Recuerdo que casi al terminar la gestión de Roberto Torres Gonzales Expresión hizo un inventario de los bienes de la Beneficencia de Chiclayo y encontraron algunos que no aparecían. Tal vez sea el momento de reactualizar esa información.
Ese fue un pedido que Expresión formuló a la hasta hace poco presidenta del directorio de la Beneficencia, Rosario Verástegui León, pero nunca hubo respuesta.
Por eso tal vez sea el momento de que la fiscalía abra una línea de investigación en ese sentido para saber qué cosa es lo que ha pasado.
Otra cosa que también debe retomarse respecto a David Cornejo es el tema del agua. Recuerdo que cuando Expresión denunció el caso que le valió el mote de “roba agua” al alcalde, el asunto quedó en el olvido, debido a que al ganar la alcaldía de Chiclayo él empezó a manejar a EPSEL.
Ahora que tenemos una entidad intervenida por OTASS, quizá sería el momento de conocer cuánto paga la Universidad Mejía Baca por el servicio de agua potable, si hace uso y paga el servicio de desagüe.
¿Hay varias aristas por investigar en la gestión de David Cornejo, entonces?
Sí. La fiscalía ha dicho que ha logrado identificar actos de corrupción que suman más de dos millones de soles, pero, oiga, son 20 personas investigadas y cuatro años de gestión. ¿25 mil soles anuales por persona? ¿Alguien arriesgaría su libertad y su prestigio por dos mil soles al mes? Yo creo que no, por eso es que la investigación debe profundizarse y llegar a conocer cuál fue la real magnitud de la corrupción en la gestión de David Cornejo.
También investigar lo sucedido con los regidores, como el caso de Alfredo Montenegro Bermeo, hoy detenido, quien asumió el cargo de alcalde de la ciudad cuando de acuerdo a la norma no le correspondía.
Sabía que no le correspondía. La Ley Orgánica de Municipalidades lo dice claramente. Era muy distinto que el alcalde envíe a un regidor como su representante a un evento social, académico o protocolar, que dejarle la responsabilidad legal y administrativa de la municipalidad. Eso sí fue una vulneración a la ley.
Sobre eso el Jurado Nacional de Elecciones – JNE también debería pronunciarse.
Sobre la coyuntura nacional. La semana inició con la negativa del gobierno de Uruguay de otorgarle el asilo político a Alan García Pérez. ¿Qué reflexiones tiene sobre este hecho?
El presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, dijo en conferencia de prensa que para negar el asilo a Alan García se había tomado consideraciones de tipo jurídico, dejando de lado todo el armatoste político que se pretendía presentar, como que aquí el expresidente fuera víctima de una persecución cuando todos sabemos que no lo es, más aún porque en la última elección tuvo un respaldo del 5 %, lo que lo deslegitimiza para articular un movimiento popular que pueda poner en jaque al gobierno.
Peor todavía, porque a pese a todos los escándalos de la justicia peruana, el Poder Judicial ha tomado algunas medidas de sanción y sobre ello está la amenaza del Fiscal de la Nación contra el presidente Martín Vizcarra. Todo ello jugó un papel importante en la decisión de Uruguay, al igual que la prensa y los líderes de opinión que se manifestaron en contra del asilo.
El presidente de Uruguay se dio el trabajo de leer las más de mil hojas enviadas por la cancillería peruana y a su juicio precisa que a García se le investiga por delitos de orden económico, no político.
¿Qué podría suceder con García en las próximas semanas? ¿Es posible un mandato de prisión preventiva?
Estamos todavía en la etapa de investigación preliminar. Para ir a una etapa de detención preliminar que es por 10 o 15 días, el fiscal tendría que tener elementos de convicción suficientes para afirmar que hay indicios de delito. Al recabar nuevos elementos recién podría formalizar la investigación preparatoria, que es la fase en la que se puede requerir una prisión preventiva, no ahora.
¿No le correspondería entonces a Alan García la prisión preventiva?
El fiscal tendría que formalizar primero la investigación preparatoria y no creo que tenga, ahorita, tantos elementos de convicción para ello.
¿Entonces a qué le huye García, cuál es su miedo?
No olvidemos que Jorge Cuba, que fue su viceministro de Transportes, en algún momento intentó negociar una colaboración eficaz que los fiscales dejaron de lado. Ahora, con la llegada de Rafael Vela como cabeza del equipo especial del caso Lava Jato y de José Domingo Pérez, a cargo de la investigación a García, aparentemente se busca retomar el testimonio de Cuba como colaborador. Todo hace indicar que es a eso a lo que le tiene miedo el expresidente, porque el colaborador no solamente acusa, sino también prueba sus dichos.
Todo eso puede generar que se empiece a jalar el hilo de la madeja y se descubran más cosas. Lo de la conferencia que García dio en Sao Paulo no es suficiente. Nadie puede pensar que va a exponer su prestigio y trayectoria por 100 mil dólares.
¿Cree que las conferencias eran una manera de encubrir los aportes de Odebrecht?
Aparentemente. Esa es la tesis de la fiscalía, ahora vamos a ver si lo puede probar.
El domingo se publicó un reportaje sobre la participación de Alan García como director de la empresa española Abengoa, a la que la propia prensa española había cuestionado en su momento. Lo que nunca se supo cuáles eran las funciones del Comité de Asesores Internacionales y a cuánto ascendías sus remuneraciones. García, siendo presidente, benefició a Abengoa.
Entonces, hay más cosas por descubrir para conocer hasta dónde puede llegar la fiscalía con su investigación.
Recordemos que después de su primer gobierno se hizo una investigación bastante seria y se llegó a acreditar las cuentas, los depósitos y la manera en la que Alan García recibió las coimas del Tren Eléctrico. Ese caso fue declarado prescrito.
Esta vez, si Odebrecht ha señalado que hay por lo menos cuatro proyectos en los que hubo coimas y que se está buscando un marco de colaboración para que nueva información llegue desde el Brasil, entonces es posible pensar que habrá nuevos hechos por conocer.
Alan García tiene que someterse a la investigación que el Ministerio Público ha planteado…
Como todo ciudadano. Si alguien nos empieza a investigar tenemos que someternos y si somos inocentes tendrán que demostrar nuestra culpabilidad y nosotros ejercer el derecho a la defensa con las garantías que la constitución establece.
¿Vivimos en un Estado de Derecho?
La nuestra es una democracia con grandes falencias, que tiene defectos, pero no podemos decir que aquí hay dictadura o persecución política. Eso no se puede decir.
¿Qué significa, cree usted, el fiscal José Domingo Pérez para el país?
Creo que hay algunas cosas que deben ajustarse, pero hay algo que no se puede negar, que es su capacidad para investigar e ir construyendo su teoría sin temor a nada y respaldado simplemente con la ley como herramienta fundamental. Así está planteando cosas que ningún otro fiscal, antes, se había atrevido a hacer, al punto de cuestionar al titular de la institución en la que trabaja.
Más allá de que se pueda estar de acuerdo o no con algunas de sus decisiones, creo que forma parte de una nueva hornada de magistrados que quieren aplicar la ley con imparcialidad.
La población fue advertida antes de las elecciones municipales del 2014: David Cornejo Chinguel no era el mejor candidato y tampoco garantizaba un gobierno transparente. Sus antecedentes en la vida pública lo pintaban de cuerpo entero. El siguiente es un recuento de los hechos más saltantes en la accidentada trayectoria del ahora detenido alcalde de Chiclayo.
En septiembre de 1998 la periodista Vania Távara Palacios, de la Unidad de Investigación de La Industria de Trujillo, reveló aspectos poco conocidos del entonces candidato a la alcaldía de esa ciudad por el partido fujimorista Vamos Vecino, David Cornejo Chinguel. Uno de los hechos más saltantes es el referido a su título profesional.
GRADO ANULADO
“Cornejo Chinguel se dice ingeniero industrial. Estudió en la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) entre 1973 y 1979. Sus ex compañeros de clase lo recuerdan como integrante de la agrupación izquierdista Patria Roja. Diez años de después de haber dejado sus estudios, en 1989, la Facultad de Ingeniería le expidió el certificado N° 01-85-89 como parte del expediente de graduación. Luego, en 1991, él fue incluido en una investigación que la UNT inició contra 16 personas por haber obtenido irregularmente el grado de bachiller.
Tales pesquisas se cerraron el 9 de agosto de 1991, cuando el Consejo Universitario aprobó el informe de la Comisión Investigadora de la Facultad de Ingeniería, presidida por Hugo Requejo Valdivieso. La citada Comisión anuló el grado de Bachiller en Ingeniería Industrial de David Cornejo Chinguel, según consta en actas que se pueden verificar”, publicó Távara Palacios.
La anulación se basó en los siguientes considerandos: no había actas de los créditos de los cursos que según el certificado 01-085-89 Cornejo Chinguel había aprobado; no se especifica la calidad de electivo en ningún curso del certificado y había dos cursos obligatorios (según el currículo de 1989) que no constaban en el certificado de graduación.
Previamente, Cornejo Chinguel había asegurado que su graduación fue regular y que los dos cursos que no había aprobado no eran obligatorios en su época de estudiante. Pero la comisión investigadora desestimó esos argumentos señalando que por haber dejado de estudiar durante más de tres años consecutivos él no era alumno de la UNT y no tenía derecho a reanudar sus estudios. Peor aún, tampoco podía ser considerado como ex alumno porque no había aprobado todos los cursos.
INGENIERO SIN SERLO
En 1991, el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú envió desde Lima una carta desautorizando a Cornejo Chinguel a usar el título de ingeniero, porque no está inscrito en la orden.
Vania Távara preguntó en su investigación si Cornejo Chinguel, en aquel momento, podía inscribirse en el Colegio de Ingenieros con su bachillerato anulado. Es más, también cuestionó el hecho de que este figurara en el registro de la Cámara de Comercio de La Libertad como Ingeniero Electrónico sin serlo.
Al parecer, la práctica de hacerse llamar ingeniero sin serlo le duró muchos años a David Cornejo Chinguel, y es que tras revisar los archivos de la Universidad Nacional de Trujillo, Expresión comprobó que este recién obtuvo el título como ingeniero industrial el 27 de noviembre del 2009, es decir, 35 años después de haber concluido su período formativo en dicha casa superior de estudios.
Cornejo Chinguel accedió a la titulación presentando información de trabajo profesional. Logrado el título, recién el 1 de agosto del 2011 el fundador del Consorcio Educativo “Juan Mejía Baca”, oficializó su incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de La Libertad, con el registro de colegiatura N° 128421, siendo asignado al Capítulo de Ingeniería Industrial, Económica y Administrativa. Durante más de 30 años se hizo llamar ingeniero cuando no lo era.
CANDIDATO FUJIMORISTA
“Yo le voy a ganar a Murgia porque tenemos un cuadro de regidores extraordinario, con mucha capacidad de trabajo por Trujillo”, dijo en 1998 un joven David Cornejo Chinguel la noche en que fue proclamado como candidato a la alcaldía provincial de la “Ciudad de la Eterna Primavera” por el movimiento fujimorista Vamos Vecino.
Las elecciones municipales de 1998 se celebraron el 11 de octubre y las ganó José Murgia, del Partido Aprista Peruano, con un aplastante 55.27 % de votos sobre el 20.40 % que obtuvo Cornejo Chinguel, apoyado por el aparato de gobierno.
Lo particular de su participación como candidato a la alcaldía de Trujillo en dichas elecciones es que David Cornejo no ejerció el voto, debido a que sencillamente su ubicación como elector no correspondía a La Libertad.
Cornejo Chinguel indicó a los medios de comunicación ese día que había cumplido con sufragar en la mesa de votación N° 089305, que se instaló en la Escuela Municipal, empero dicha mesa se instaló en el Colegio Santa Rosa y en los padrones de electores no aparecía su nombre. Lo más extraño es que el candidato mostró una fotografía en la que aparecía con el dedo pintado con tinta indeleble. ¿Cómo lo hizo? Eso sigue siendo un misterio.
ESTAFA Y ABIGEATO
En los archivos de la Corte Superior de Justicia de La Libertad obra la Instrucción N° 44-95, que fue abierta el 28 de marzo de 1995 contra David Cornejo Chinguel y Carlos Azabache Guevara, acusados por falsificación de documentos y estafa en agravio de Entel Perú S.A. (sucursal Trujillo) y Litho Impresores S.A. de José Navarro Grau.
“El problema surgió cuando Entel Perú envió a la empresa Impresores Continuos, de Cornejo Chinguel, la Orden de Compra N° 161116, pidiendo cuatro estabilizadores de corriente; luego Cornejo adulteró esa orden (señala el expediente), consignando un pedido de papel a nombre de Entel y la faxeó a Litho Impresores (donde trabajó un tiempo). Esta última empresa remitió el pedido a Entel, pero no llegó a su destino. La estafa se demostró cuando Entel Perú se negó a pagar el pedido que no había solicitado ni recibido”, relata la Unidad de Investigación de La Industria de Trujillo.
Durante el proceso penal Cornejo Chinguel negó los cargos, pero en la confrontación con testigos y las pericias grafotécnicas determinaron que él sí había adulterado la orden de compra. En 1996 fue hallado responsable del delito por el Juzgado Penal de Trujillo.
Entre lo investigado por la periodista trujillana figura también la denuncia por robo de burros en la que estuvo involucrado David Cornejo Chinguel, cuya carne – según se afirmó – era comercializada como si fuera embutidos a base de cerdo.
CONEXIÓN CLANDESTINA
En febrero del 2014, Expresión puso al descubierto un hecho condenable que también involucró a David Cornejo Chinguel: la existencia de una conexión clandestina de agua potable para abastecer el local de su universidad.
La información se sustentó en el Informe N° 002-2014-EPSEL.SA/GC/SGC/DC/VC/JQF, de fecha 18 de febrero del 2014, suscrito por el verificador catastral Julio Quispe Farro, quien dio cuenta que el 7 de ese mismo mes, al promediar las 9:30 de la mañana, cuando se encontraba realizando sus labores de verificador en la intersección de la avenida Quiñones y la calle Arica, en la Urbanización San Juan, se percató que la maquinaria que realizaba trabajos en la cuadra 17 de la calle Arica rompió una tubería de agua de 2 pulgadas, poniendo de conocimiento de lo sucedido, vía telefónica, a su superior inmediato, arquitecto Carlos Carrasco Castro, Subgerente de Catastro de EPSEL.
La indicación de Carrasco Castro fue que el verificador permanezca en el lugar hasta que se corrobore en el sistema la situación real de la conexión, determinándose minutos después que esta no estaba registrada como usuario de la empresa del agua, por lo que se confirmó que era clandestina.
“Esta abastecía de agua a la Universidad ‘Juan Mejía Baca’”, reza textualmente el documento, relatando que se procedió, con apoyo de personal del Equipo de Cortes y del Departamento de Conexiones, al levantamiento de dicha conexión.
Los operarios de EPSEL corroboraron que la conexión real que debía abastecer de agua potable al local donde funciona la sede principal de la universidad de David Cornejo se encuentra instalada no en la calle Arica, sino en la avenida Quiñones, en el frontis del inmueble, y mantiene el código N° 1.1.2.49.400, la misma que estaba cortada en caja, con medidor retirado, y cuya última facturación databa de enero del 2012.
EPSEL confirmó el caso y procedió a denunciar el uso clandestino de la red de agua potable, procedimiento que fue archivado por falta de pruebas, mas no por considerarse a nivel fiscal que no había delito a investigar.
POZOS SIN AUTORIZACIÓN
La furibunda respuesta de David Cornejo no se hizo esperar. Primero dijo que la tubería hallada le había sido “sembrada” con el objetivo de perjudicar su postulación a la alcaldía de Chiclayo. Luego que todo era mentira. En su defensa argumentó que su universidad no necesitaba de una conexión clandestina debido a que contaba con pozos tubulares para el abastecimiento directo de agua.
Sin embargo, al continuar con la investigación, Expresión probó que el uso del agua del subsuelo que Cornejo Chinguel pregonaba era ilegal.
Contestando a una solicitud presentada al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el administrador de la Autoridad Local del Agua - ALA Chancay Lambayeque, ingeniero Elser Rodríguez Espinola, confirmó con Carta N° 083-2014, del miércoles 5 de marzo del 2014, que “en los archivos de la Administración Local de Aguas Chancay – Lambayeque no se ha tramitado ningún derecho de uso de agua subterránea a nombre de la Corporación Abaco, Universidad Juan Mejía Baca, David Cornejo Chinguel o Luis Cabrejos Guevara”, este último propietario del edificio donde funciona la empresa educativa del ahora detenido alcalde. ALA Chancay Lambayeque es competente para la autorización de pozos tubulares en Chiclayo distrito.
Con su misiva, el ingeniero Rodríguez Espinola confirmó que la Universidad ‘Juan Mejía Baca’ ni el empresario educativo ni el propietario del inmueble de la avenida Quiñones habían solicitado hasta el momento la Regularización de Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua Subterránea, por lo que Cornejo Chinguel, al ser quien usufructúa como promotor de la universidad el agua del sub suelo, trasgredía la Ley de Recursos Hídricos vigente desde el 2009, un año antes de que se instalara en el local.
AGUA NO TRATADA
Cornejo Chinguel dijo también, a modo de defensa, que el agua extraída del sub suelo era tratada y potabilizada para consumo de los estudiantes y el personal de su universidad. Afirmó que los análisis y certificados de calidad habían sido formulados por los laboratorios de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Aquello también era mentira.
Expresión corroboró que en el Laboratorio de Aguas y Suelos de la Facultad de Ingeniería Agrícola nunca se habían realizado análisis de agua a solicitud de la Universidad Mejía Baca, David Cornejo Chinguel o Luis Cabrejos Guevara, a cuyo nombre aparece el local universitario. Es más, hubiera sido imposible que se pidan estudios del recurso hídrico en dicho laboratorio porque este solo analiza el agua para uso agrícola.
En el Laboratorio de Físico – Química de la Facultad de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias, competente para entregar constancias que certifiquen que el agua de los pozos a los que David Cornejo hizo mención tenía niveles adecuados de PH, Dureza, Conductividad, Calcio, Magnesio, Cloruros, Alcalinidad, Nitratos, Sulfatos, Sólidos Totales y Turbiedad, tampoco existía registro de certificación de calidad de agua extendida a nombre de la Universidad ‘Juan Mejía Baca’, David Cornejo Chinguel o Luis Cabrejos Guevara.
La misma respuesta se obtuvo en el Laboratorio de la Facultad de Ciencias Biológicas.
CORNEJO ALCALDE
Pese a sus antecedentes, David Cornejo fue elegido alcalde de Chiclayo con el 22.195 % de los votos válidos, aupado por Alianza Para el Progreso, el partido fundado por César Acuña Peralta, con quien se amistó con fines electorales tras más de 20 años de aguda rivalidad.
Desde el inicio, la administración Cornejo empezó mal. Juró de manera irregular ante el gobernador regional Humberto Acuña Peralta y no ante el primer regidor, como lo exige la norma. Luego regularizó el procedimiento en una sesión privada del concejo provincial.
También quiso ser presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú – AMPE, sin lograr el objetivo.
Nombró como jefa del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo a Rosario Julca Encomendero, quien en entrevista con Expresión pidió respeto a la autonomía institucional y el cese de la intromisión política en el manejo de la entidad. David Cornejo la echó del cargo acusándola de desleal, en tanto mantuvo en el cargo y luego respaldó la continuidad de Henry Chiclayo Vega como funcionario municipal, pese a su irregular rendición de cuentas de cuando se desempeñó como gerente de Imagen Institucional del municipio.
Tras idas y vueltas, en mayo del 2016 Cornejo Chinguel renunció a Alianza Para el Progreso y enfiló sus baterías contra sus antiguos aliados. Ese mismo año empezó a tener problemas como autoridad. En agosto, la Contraloría General de la República solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF el congelamiento de las cuentas del municipio al detectar hasta siete hechos irregulares en procesos de adjudicación y adquisiciones para programas sociales. Para salir del impase, el alcalde buscó como aliados a los congresistas Javier Velásquez Quesquén y Héctor Becerril Rodríguez.
Se revelaron también hechos irregulares que comprometían a varios funcionarios, entre ellos la hermana de su coordinadora de alcaldía, Susana Culqui Pacaya, lo que desencadenó la denuncia masiva de gerentes y subgerentes, entre ellos el propio gerente general de la comuna y su abogado personal Ruperto Castellanos Custodio.
Semanas después Expresión dio cuenta de los sospechosos gastos de la caja chica y las polémicas compras que con recursos de la municipalidad se realizaban a nombre del despacho de alcaldía, motivando la intervención del propio procurador municipal pidiendo una investigación al Ministerio Público. La respuesta de Cornejo fue despedir al procurador.
Llegaría el Fenómeno El Niño del verano del 2017 y su negligente manejo de la emergencia; su cerrada oposición a la intervención del OTASS en EPSEL a fin de no perder el manejo del Directorio y, por ende, de la empresa del agua; las sentencias por incumplimiento de la ordenanza municipal que disponía la restructuración administrativa del CGT, los procesos de selección anulados una y otra vez por el OCSE y las deficiencias en la ejecución de obras como las pavimentaciones de las calles Cajamarca, Tumbes y Arequipa.
A todo ello se sumó la negativa de cumplir con la Ley Orgánica de Municipalidades al no encargar la alcaldía, durante sus ausencias, al primer regidor; los incumplimientos del convenio del Proyecto Chiclayo Limpio con la cooperación suiza; las deficiencias para garantizar servicios como el de limpieza pública y los adeudos generados con los trabajadores y obreros de la comuna.
Así llegó a la madrugada del 29 de noviembre de este año, día en que fue capturado como presunto líder de una organización criminal al interior del municipio.
Los programas sociales se han realizado con éxito en los 38 distritos del departamento y para alcanzar logros, las instituciones públicas como privadas se unieron para cumplir los retos trazados y de esa forma conseguir avances en la igualdad de género. Así lo expresa la gerente regional de Programas Sociales de Lambayeque, Ana Lucia Rabines Merino.
Los avances, desafíos, retos y logros se gestionaron a través del programa regional de Igualdad de Oportunidad y Género.
BRECHAS
Han logrado implementar la planificación estratégica, operativa y participativa con la sociedad civil, además trabajaron conjuntamente con las diferentes gerencias, instituciones públicas y privadas para disminuir las brechas de género.
Brechas que sufren las mujeres al no acceder a ciertos derechos como son la igualdad de oportunidades, porque social y culturalmente han sido oprimidas, por lo que el Gobierno Regional de Lambayeque desde el 2007 empezó a trabajar implementando la transversalización del enfoque de género, con el objetivo de disminuir el embarazo adolescente, la mortalidad materna, la igualdad de brecha salarial, derechos sexuales y reproductivos, participación política y el acceso a toma de decisión.
Existen indicadores de cambio en los trabajos que se han realizado de igualdad de género, ahora es un programa fuerte y estable, donde participan más de 60 instituciones públicas y privadas, como organizaciones de la sociedad civil que accionan para garantizar los derechos humanos de las niñas, mujeres adultas y mayores.
PROGRAMAS
En el departamento existen también los programas de niñez y adolescencia, juventudes, trata de personas, adultos mayores y seguridad alimentaria. En los 38 distritos de Lambayeque se han implementado centros integrales del adulto mayor.
“El Gobierno Regional de Lambayeque es estratégico y los gobiernos locales se encargan de operativizar el cumplimiento de las leyes a favor de cada población vulnerable”, explica.
El gobierno regional ha brindado capacitaciones y asesoramiento técnico a los municipios, para que implemente la ley a favor de la niñez, adolescencia, juventudes y adultos mayores.
“Somos una entidad estratégica que implementa planes regionales por población vulnerable”, manifiesta Rabines Merino.
COMISIONES
Asimismo, señala que cada objetivo estratégico se trabaja a través de comisiones y cada comisión es integrada por las diferentes gerencias del gobierno regional, instituciones públicas y privadas, como son la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la sociedad civil. Todos juntos implementan en el plan regional con acciones, actividades, programas y proyectos para poder disminuir las brechas sociales.
En el gobierno de Humberto Acuña Peralta se ha logrado la integración de los 38 gobiernos locales, gracias al trabajo mancomunado que han realizado con todas las gerencias y con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan cada tema de población vulnerable.
En los 38 distritos se han implementados leyes como, por ejemplo, la del adulto mayor, la cual refiere que el gobierno regional debe de promover la implementación de los centros integrales del adulto mayor. Luego que promueven los programas en los diferentes distritos, se realiza el monitoreo y el seguimiento permanente, con asistencia técnica, ya que el Estado no es autosuficiente y necesita de un ente que articule todo para que sea más eficaz el gasto público.
FIRMA
La gerencia de programas sociales, ha logrado además implementar acciones a favor de la primera infancia, ha firmado un convenio con el Ministerio de Desarrollo Inclusión Social para que las gerencias de vivienda, educación y salud puedan trabajar conjuntamente para reducir la prevalencia en la anemia.
Han logrado también implementar una herramienta que se llama Padrón Nominal, que ha permitido que el gobierno regional y el sector público como privado, trabajen con un dato exacto y que les permita realizar intervenciones en salud, educación y vivienda.
“Gracias al padrón nominal, los niños menores de 6 años y de bajos recursos económicos ya están estudiando en un colegio de nivel inicial. Como se encuentran identificados están obligados a asistir a clases, porque de faltar, las autoridades los buscan en sus casa para llevarlos a estudiar y es por eso que los padres tienen que priorizar los estudios de los menores”, expresa.
La crítica situación por la que atraviesa Chiclayo, con el colapso del gobierno municipal por indicios de corrupción y la detención de sus principales autoridades, amerita de una profunda reflexión y acción, que en palabras del historiador y docente universitario Martín Cabrejos Fernández, candidato al sillón edil en el reciente proceso electoral, debe motivar la unión de los agentes políticos y suscripción de una agenda común de cada al 2035.
¿En enero inicia una nueva administración municipal. ¿Deben las fuerzas políticas unirse para fiscalizar y evitar así que vuelva a suceder lo vivido con Roberto Torres y David Cornejo?
En el proceso electoral el pueblo eligió a una nueva autoridad. Quienes pierden las elecciones suelen decir, tal vez como una voz de consuelo, que el electorado les ha dado la misión de fiscalizar. Yo creo que electorado no nos da la misión de ser oposición o de fiscalizar, el electorado solo elige la opción que quiere en el gobierno.
¿Es el político el que asume el rol de fiscalizador?
Así es, el político que se decide a hacerlo y lo plantea no solo en un espacio electoral, sino también en un espacio democrático que trasciende a lo electoral. El buen político decide seguir con las mismas prácticas y planteando las mismas propuestas de cambio en base a principios y a ética.
En este caso, yo invoco a la ciudadanía a que se oriente en lo que para mí es una gran oportunidad de cambio.
¿Cómo recibió la noticia de detención del alcalde David Cornejo Chinguel? ¿Qué significó para usted?
Sentí una gran tristeza, como todos, y, sin embargo, no hubo en mí un atisbo de sorpresa.
Usted lo conoce desde hace mucho tiempo, incluso antes que asumiera como alcalde…
Conocía algunas cosas. Es muy lamentable para él, es una tragedia para él y su familia. Nadie se siente feliz con las tragedias del prójimo, pero esto se veía venir, caía de maduro, porque la Municipalidad Provincial de Chiclayo funciona como un sistema integral de corrupción y una parte de ese sistema está conformado por aquellas autoridades de paso, el resto por el aparato permanente.
¿Cuál es su percepción del nuevo gobierno municipal que se instalará en Chiclayo a partir de enero próximo? Hasta el momento el alcalde electo no ha dicho quiénes conforman su equipo técnico ni quiénes asumirán los puestos claves de su administración. ¿Aceptaría una invitación de Marcos Gasco Arrobas a su gestión?
No aceptaría trabajar en un equipo técnico, lo que sí aceptaría es integrar un comité ciudadano para acompañar a la gestión.
¿Propone un comité de notables que vigile la transparencia de la próxima gestión?
Por su puesto. No existe ninguna otra manera de dar solución a los problemas de Chiclayo, tal como lo dijimos en la campaña electoral, si no es sobre la base de la unidad.
¿Cuánto nos cuesta en Chiclayo comprender aquello que se entendió de manera más sencilla en las ciudades más modernas del mundo y que ahora están a la vanguardia del desarrollo? Acá en Chiclayo lo que se necesita es que todos los agentes políticos se desprendan de su camiseta partidaria y piensen en función de ciudad.
La ciudad nos está viendo, la ciudad necesita respuestas y aquí va una invocación: Tenemos que pasar ya de la queja a la acción, es indudable que los ciudadanos tienen derecho a la indignación, es indudable también que lo que está pasando a todos nos molesta. Sin embargo, nos hemos caracterizado en la última década por ser reactivos, no propositivos ni proactivos. Eso ha llevado a que, por ejemplo, no se pueda conformar una comisión o una unidad de agentes políticos sobre la base de objetivos comunes, en la que no se traten temas electorales.
Por ejemplo, la lucha contra la corrupción es un objetivo común, la limpieza pública, el caos vehicular, el comercio ambulatorio y otros temas más.
Trazar metas a largo plazo…
Exacto. Esa comisión o agencia no puede ser un ente de gobierno paralelo. De ninguna manera, porque el alcalde ha sido elegido para gobernar. Es su derecho, y nosotros tenemos que aplaudir las buenas acciones del alcalde. Sin embargo sí se necesita una voz sabia, consciencia reflexiva para indicar, en nombre de todos los pobladores cuáles son los pasos que se deben dar en adelante.
Hay instituciones y colectivos ciudadanos que pueden mantenerse en reunión permanente y redactar un documento que, propongo, puede llamarse Chiclayo 2035, pensando en el segundo centenario de la provincia, en el cual esté, por primera vez y por fin escrita la lista de los objetivos comunes de la ciudad.
¿Y hay algún esfuerzo para dar cuerpo a esa comisión?
Hace poco nos hemos reunido con algunos excandidatos a la alcaldía de Chiclayo y hemos empezado a trabajar un proceso no partidario. Un proceso en el cual yo no represento al partido que me llevó como candidato.
Este ya no es el momento de las marchas. Chiclayo ya no necesita que la gente salga a las calles. Chiclayo necesita una movilización ética e intelectual, necesitamos pensar.
Leía un libro de Isaías Berlín en el cual se dice que tal vez la más notable de las habilidades políticas sea la de interpretar la coyuntura, el momento, el contexto histórico.
¿Cree que ya se ha llegado a un momento de quiebre en Chiclayo?
Es que peor ya no podríamos estar. Estamos viendo cómo los alcaldes están sobre sillas de tres patas y en cualquier momento caen.
Va llegando el momento de plantear soluciones definitivas. Esto ya no está en las marchas ni en las calles, sino en hacer valer el derecho que tenemos a pensar, a reflexionar y a unirnos. Se necesita enunciar objetivos comunes. Después de ello, unirnos en gestiones que permitan guiar y orientar el destino de la ciudad. Basta de seguir en la tribuna.
Cuando decidimos participar en política una de las cosas que más me costó fue bajar de la tribuna al campo de juego, pero he descubierto que aunque el voto popular no nos favoreció hicimos muy bien en interpretar que era el momento de volcarnos a poner nuestro conocimiento al servicio de la ciudad.
¿Cómo cree que acabe David Cornejo?
No lo sé. Yo le deseo lo mejor. Como dije al comienzo, a ningún ser humano se le desea lo malo, porque la ley de la siembra y la cosecha es una ley espiritual y eterna. Si yo le deseo mal a alguien, quizá algún día ese mal me alcance. Lo que sí puedo desear es que se haga justicia.
Tenemos, gracias a Dios, buenos operadores de la justicia y en ellos debemos confiar. Debemos creer que la investigación fiscal y judicial será proba, debemos esperar que si hay alguna forma en la que los acusados puedan defenderse lo logren. La competencia no es enviar a alguien a la cárcel, sino descubrir la verdad.
¿Qué es lo que debe garantizar entonces el próximo gobierno municipal?
Transparencia, participación ciudadana, un gobierno de todo, en el que todos estemos involucrados. Yo hago un llamado al alcalde electo de la ciudad, primero para desearle lo mejor. Yo espero en Dios de que a él le vaya bien en todo, porque cada buena obra suya será en beneficio de nosotros. Pero también le animo a promover la unidad de todos los agentes políticos.
La esperanza no nos debilita. Una actitud esperanzada, aún en tiempos de crisis, no es una actitud de gente débil. La esperanza que nos alegra la vida debe ser también de los políticos y del ciudadano responsable.
Quiero repetir, como hace mucho: “Que nadie nos robe la esperanza” y decir, además, que en Chiclayo somos más los honestos, los veraces y los capaces, y estoy totalmente seguro que muy pronto saldremos adelante sobre la base de la unidad.
Las enfermeras del departamento de Lambayeque exigen al Ministerio de Salud – MINSA, cumpla con el aumento de sus remuneraciones, acuerdo que se firmó en un acta después de la huelga realizada en el año 2017.
Tras aprobarse el presupuesto del próximo año para todos los sectores, las profesionales de la salud exigen al MINSA cumplir con los acuerdos pactados.
La secretaria general del Sindicato de Enfermeras de Lambayeque, Dalia Reyes Flores, expresa que en la plataforma de lucha nacional exigen al Estado que solucione el problema presupuestal de los enfermeros. A pesar que se aprobó el presupuesto para el próximo año, el MINSA quiere reconocer el 33 % del aumento del sueldo a las enfermeras, y no el 60 % como ya está pactado en un acta firmada.
También exigen que el proceso de nombramientos se cumpla, ya que en la lista de trabajo, donde están 250 enfermeras, 29 de ellas pertenecientes a la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque esperan que se les nombre sí o sí antes de finalizar el año.
Las enfermeras han tenido muchos inconvenientes para su nombramiento, y eso se debe por los constante retrasos que se han presentado debido a la mala disposición administrativa, que no ha permitido que los documentos estén en los plazos previstos, razón por lo que el MINSA y el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, sacaron de la lista a las personas postulantes.
“El gobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, recién ha firmado la ordenanza regional el 29 de noviembre, ahora el gerente regional de Salud, Pedro Cruzado Puente, tiene que emitir un documento con dicha ordenanza al MINSA y al MEF, para que nuevamente reconsideren y puedan abonar la parte presupuestaria que está destinada para esa parte de trabajadores. Mientras eso no se dé, continuaremos con nuestra medida de lucha”, expresa.
SALUD
Los centros de salud y hospitales de Lambayeque se encuentran muy limitados, ya que carecen de insumos de logística básica para brindar atención de calidad. La infraestructura está menoscabada y las enfermeras trabajan en condiciones de hacinamiento, sin contar con ambientes adecuados.
“No tenemos los insumos adecuados en cuanto a medicinas, estamos carentes, porque los rembolsos del SIS como de costumbre llegan tarde”, señala.
También reclaman el pago del bono de Atención Primaria en Salud - APS, ya que según el reglamento del Decreto Supremo N° 1153, dicha bonificación se le tiene que dar a los enfermeros por estar en InfoRuc en el primer nivel de atención. A pesar que existen enfermeros que cumplen con el requisito, no se les está pagando, ya que se les está acondicionando a la aprobación de un diplomado virtual, que en su momento dio el MINSA. Al revisar el reglamento, han podido saber que ninguno de los artículos menciona que es requisito indispensable aprobar el diplomado para acceder a la bonificación.
ENFERMERAS
El Minsa de Lambayeque actualmente cuenta con 876 enfermeras, entre contratadas y nombradas. Sin embargo, como denuncia el sindicado, lamentablemente existe una mala distribución del personal, ya que algunos centros de salud cuenta con enfermeros que han sido contratados, sin que les evalué el perfil profesional.
“Los enfermeros en vez de sumar a la atención en los centros de salud restan, porque hay que enseñarles el trabajo que van asumir”, explica.
Asimismo, hasta el mes de octubre tuvieron el reporte que 115 enfermeras se encuentran con contrato administrativo de servicios CAS, y en Servicios No Personales SNP existen 76, las mismas que laboran en centros de salud pequeños.
Las enfermeras nombradas gana un sueldo de dos mil 670 soles, al igual que la profesional que se encuentra en CAS, mientras que el enfermero CLASS y SNP gana mil 300 soles.
TURNOS
Las enfermeras por turno de guardia en la noche ganan 145 soles, mientras que por el turno diurno la suma de 130.
Reyes Flores agrega que el último nombramiento que ocurrió en Lambayeque se registró en diciembre del 2017.
Por otro lado, refiere que siete enfermeros de Lambayeque, han sufrido hostilización y maltrato por parte de sus superiores, quienes no han respetado sus derechos.
Los centros de salud ubicados, en las zonas altoandinas del departamento, solo cuentan con un enfermero, lo que es suficiente para atender a toda la población, mayormente, el enfermero u enfermera que se desempeña en dichos sectores es de SERUMS.
Además, dice que en los centros de salud hacen falta los insumos básicos como antibióticos, analgésicos, desinflamatorio, que son importantes para atender, las enfermedades, principalmente en infantes.
Como parte de su huelga indefinida, las enfermeras visitaron los centros de salud de Lambayeque para garantizar el acoplamiento de sus colegas, para que de esa manera su medida de lucha sea más fuerte. Durante los días de huelga recorrieron las calles y avenidas de Chiclayo, y también realizaron una vigilia en la puerta de la catedral.
El presidente de la Federación Peruana de Fútbol y empresario azucarero, Edwin Oviedo Picchotito, fue detenido de manera preliminar la mañana del jueves en Lima, por sus presuntos vínculos con la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”, que habría liderado el destituido juez supremo César Hinostroza Pariachi. También fue detenido su abogado, José Carlos Isla Montaño, y el exprocurador del Poder Judicial, Roly Capcha Requena.
Con Resolución N° 3, del 5 de diciembre, el Colegiado A la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, integrado por los jueces Susana Castañeda Otsu, Ramiro Salinas Siccha y Juan Guillermo Piscoya, declaró fundado el requerimiento de detención preliminar contra Oviedo Picchotito, su abogado Carlos Isla Montaño y los coinvestigados Roly Capcha Requena, Alberto Chang Romero y Javier Prieto Balbuena, por el período de diez días.
Asimismo, ordenaron el allanamiento, registro domiciliario con descerraje en bienes de siete inmuebles, entre ellos la Federación Peruana de Fútbol, que funciona al interior de la Villa Deportiva Nacional – VIDENA, debiendo intervenirse la oficina de Presidencia, Secretaría General, Secretaría de Presidencia, gerencia de Marketing, la Subgerencia de Marketing, la Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia Departamento Legal y la Gerencia de Comunicaciones.
En el caso de Oviedo Picchotito, la orden judicial consideró además la incautación de los libros y/o registros de Contabilidad y Administrativos vinculados a su condición de presidente de la Federación Peruana de Fútbol, los libros de actas y/o registros de Contabilidad, los registros de comprobantes de ingresos, gastos y toda la documentación relacionada a la administración de la VIDENA. También, equipos de cómputo, informáticos y los datos que contengan información contable, sustancias ilícitas, dinero, celulares, chips, memorias internas, externas, USB y demás elementos de almacenamiento.
La incautación documentaria se centra en lo generado entre octubre del 2017 y junio de este año.
El colegiado de la Corte Suprema admitió además el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones sobre los investigados.
PEDIDO FISCAL
La Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada solicitó la detención contra los imputados por un plazo de 15 días, requerimiento que fue desestimado por el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria el 29 de noviembre. Ante ello, el Ministerio Público presentó el recurso de apelación, recayendo en el colegiado presidido por Castañeda Otsu que, finalmente, amparó el pedido.
En la fundamentación de la apelación, el representante del Ministerio Público señaló, en audiencia reservada, que el juez de primera instancia no había valorado adecuadamente los hechos puestos de su conocimiento, tampoco el peligro inminente de evasión de Oviedo Picchotito al sometimiento indagatorio, “quien haciendo uso del poder o facultad que le brinda ejercer el cargo de presidente de la Federación Peruana de Fútbol, recurre a los medios de prensa a fin de victimizarse”.
FUNDAMENTOS DE LA SALA
La sala consideró que el requerimiento fiscal está referido a la vinculación de los imputados con la red de corrupción conformada por el ex juez supremo César Hinostroza Parichi, denunciado constitucionalmente por, entre otras cosas, presuntamente haber “recibido dinero y otros beneficios de Edwin Oviedo Picchotito, con la dolosa colaboración de José Carlos Isla Montaño”, su abogado, a cambio de favorecerlo en la investigación “Los wachiturros de Tumán”, seguida en su contra en el Lambayeque.
Dicho apoyo se habría materializado con la emisión de la Casación N° 326-2016-Lambayeque, del 23 de noviembre del 2016, dada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, de la que César Hinostroza era integrante. Dicha casación confirmó una tutela de derechos a favor de Oviedo Picchotito para que sea apartado del caso “Los wachiturros”.
Del mismo modo, la sala ha tomado en cuenta la presunta colaboración dolosa de Roly Capcha Requena, ex procurador del Poder Judicial, quien habría facilitado a Hinostroza Pariachi la información del caso Tumán.
“Se sustenta además que en las entregas de dinero que presuntamente realizaba Edwin Oviedo a César Hinostroza habría participado Antonio Camayo Velarde, gerente general de Iza Motors, en cuyo domicilio se habrían realizado las entregas de dinero y quien incluso, por pedido de Oviedo con el compromiso de reintegrarle la cantidad, habría solventado el pago de cinco mil dólares a Gloria Gutiérrez Chapa, esposa de Hinostroza Parichi, como bolsa de viaje el día de su partida a Rusia (16 de junio del 2018), e incluso habría sido la persona que por su vinculación a Oviedo le habría apoyado en las coordinaciones y futura entrega de entradas para los partidos de las eliminatorias y también al mundial”, detalla la resolución.
Sobre esta última hipótesis, el resultado del avance de la presente investigación ha permitido advertir que para el favorecimiento de las entregas (entradas) a favor del ex juez supremo se contó con la dolosa colaboración de Alberto Chang Romero, quien habría gestionado, adquirido y recibido las entradas para el mundial Rusia 2018.
PRESUNTOS DELITOS
En la investigación preliminar se le atribuye a Edwin Oviedo Picchotito el delito de organización criminal previsto en el Artículo 317 del Código Penal, toda vez que formaría parte del tercer nivel de corrupción de la organización denominada “Los cuellos blancos del puerto”, sosteniendo directa vinculación con el juez César Hinostroza, líder de la misma.
“Dentro de esta organización tendría el rol de solventar al líder de la organización criminal con dádivas (eliminatorias septiembre-octubre 2016 hasta octubre 2017 y partidos amistosos hasta mayo del 2018), favores como tratamientos en VIDENA y dinero por la suma descubierta de 13 mil dólares, haciendo uso de su posición como presidente de la Federación Peruana de Fútbol para buscar la expansión de la red de corrupción, mantener hegemonía e impunidad”, indica.
Asimismo se le atribuye los delitos de cohecho activo específico, por haberse comprometido a la entrega de entradas para las eliminatorias para el mundial Rusia 2018 con la finalidad de obtener favores judiciales, como el ser favorecido con la Casación N° 326-2016, y cohecho activo genérico, pues se habría comprometido a entregar el pago de tres mil 300 soles mensuales a favor de César Hinostroza a cambio que este preste asesoría respecto a la tramitación del caso “Los wachiturros de Tumán”.
También se le imputa el presunto delito de tráfico de influencias en calidad de instigador.
“Se puede concluir razonablemente que respecto del investigado Edwin Oviedo existen razones plausibles para considerar que ha cometido los graves delitos que se le atribuye. Asimismo, los elementos de convicción dan cuenta que existe fuerte posibilidad de fuga y de obstaculizar la acción de la justicia”, señala la resolución.
Los trabajadores del Poder Judicial estuvieron a un paso de iniciar una huelga general indefinida demandando al gobierno mejoras laborales, aspiración que finalmente se concretó con la inclusión de una nueva escala remunerativa en la Ley de Presupuesto para el 2019. Sin embargo, tal como señala su dirigente en Lambayeque, Luis Escajadillo Castillo, los problemas que atraviesan no se solucionan únicamente con mejoras económicas, también exigen un mejor trato de parte de los magistrados y el cese de lo que califica como medidas de hostilización.
El 20 y 21 de noviembre los trabajadores judiciales paralizaron sus labores por el incumplimiento de la Ley de Presupuesto 2018 que consideró una nueva escala remunerativa. Por el temor de que nuevamente su demanda sea postergada, a través del sindicato se anunció la inminente huelga nacional, medida que finalmente se desestimó con la inclusión de la escala en la ley de presupuesto para el próximo año.
“Si bien la nueva escala contemplaba ligeros incrementos a favor de los trabajadores, esta generaba nuevas brechas, por ejemplo, entre el relator con el secretario y los trabajadores de confianza con los secretarios. Como solución se logró que se apruebe la continuidad de la escala remunerativa en la Ley de Presupuesto 2019, lo que esperamos se cumpla”, explica.
Escajadillo Castillo comenta que también han logrado que las bonificaciones que reciben los trabajadores del Poder Judicial pasen como parte de la remuneración básica, lo que posibilitará que a partir de julio del 2019 reciban gratificaciones más altas.
Hasta hace unas semanas, el sueldo básico de un secretario era mil 702 soles, de un asistente mil 502 y del vigilante mil 300. Con la nueva escala un secretario recibirá como básico tres mil 850 soles.
CONTRATACIONES
Empero, el aspecto económico no es lo único que preocupa en el funcionamiento del Poder Judicial.
“En la presente gestión del presidente de la Corte de Justicia de Lambayeque, Aldo Zapata López, ha habido fricciones con los trabajadores por las rotaciones indebidas y el despido de servidores. Creo que esto se debe a la falta de un trabajo serio en el área de personal. Lamentablemente las cortes del país se han convertido en agencias de empleo. Presidente que entra lleva a su gente, luego los contratos se desnaturalizan, el trabajador inicia las demandas y luego se genera un problema. El no respetar los concursos ni la meritocracia ha originado que las cortes sean un caos. Hay más personal que plazas orgánicas. Eso es lamentable”, asevera el dirigente.
Escajadillo Castillo comenta que se ha hecho abuso de las contrataciones CAS para la inserción de más personal en la cortes. Cita como ejemplo, en el caso de Lambayeque, las contrataciones recientes para los juzgados de familia, procedimientos en lo que – afirma – los filtros de evaluación “no han sido los más rígidos y meritocráticos”.
“Eso ha generado que el trabajador con justa razón especule. Las contrataciones directas han generado que los trabajadores mismos critiquen, reclamen, porque hay trabajadores antiguos que siguen como auxiliares y asistentes, teniendo diplomados y maestrías, mientras gente nueva llega al cargo de secretario de juzgado. Eso genera desazón”, asevera.
El secretario general del sindicato refiere que es necesario que se tome con seriedad la urgencia de convocar a concursos de ascenso dentro de la carrera judicial.
“La autoridad tiene la facultad de la discrecionalidad, pero ello no implica que descuide la capacidad del servidores, porque no va a contratar a un bachiller”, manifiesta.
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS
Sobre los mandatos de reposición de trabajadores que la gestión de Aldo Zapata se negó a cumplir, Luis Escajadillo precisa que un argumento del actual presidente de la Corte fue esperar que los procesos terminen en la Corte Suprema de la República, sin atender que existían medidas cautelares de no innovar o resoluciones de reincorporación de los servidores que habían sido despedidos.
“Lamentablemente el presidente estuvo inflexible en un primer momento y decía que no iba a reponer a nadie, lo que generó incluso denuncias que Expresión documentó oportunamente. Como sindicato hemos apoyado a los trabajadores que se encontraban en esa situación, casi el 90 % de los casos ya han sido atendidos”, asevera.
“Lamentamos que la autoridad se haya mostrado inflexible. ¿Cómo ve la población que en la casa de la justicia no se respeten los mandatos judiciales? Esa ha sido una contradicción”, refiere.
Finalmente, ante la elección de nuevas autoridades en el Poder Judicial para el período 2019-2020, el dirigente precisa que se espera una gestión mucha más eficiente de los recursos y ordenada en el ámbito administrativo.
“Nosotros como sindicato recibimos quejas de los trabajadores. A veces, el magistrado cree que el trabajador es de su propiedad, lo trata de manera denigrante, con falta de respeto o negándole los permisos. En la Corte de Lambayeque hay bastantes casos de hostilización laboral”, enfatiza.
Cuatro años después la historia se repite. El jueves en la madrugada fue capturado el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, sindicado por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR, como cabecilla de una organización criminal dedicada a realizar actos de corrupción en la administración municipal, formando parte de la misma regidores, funcionarios, terceros ajenos al aparato público e incluso el hermano del burgomaestre, quien en el 2016 quiso llegar al Congreso de la República con una campaña financiada con recursos de la ciudad.
Por lo que se conoce, el caso de David Cornejo Chinguel se asemeja mucho al del exalcalde, hoy recluido por corrupción, Roberto Torres Gonzales, cuyo gobierno cayó precisamente hace cuatro años gracias al operativo conjunto que desplegaron fiscales y policías, coincidentemente autorizado por el mismo despacho judicial que la semana pasada ordenó la detención preliminar por 15 días contra la actual autoridad y sus allegados.
REQUERIMIENTO FISCAL
La noche del 28 de noviembre la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Cecilia Grandez Rojas, amparó el requerimiento fiscal presentado por el coordinador de la FECOR Lambayeque, Juan Manuel Carrasco Millones, en el Expediente N° 06984-2018-62-1706-JR-PE-04, aprobando la detención preliminar, allanamiento, incautación, registro de personas y levantamiento del secreto de las comunicaciones contra los investigados, presuntos integrantes de la organización denominada “Los temerarios del crimen” o “Corchines de la corrupción”.
A estos se les imputa el delito contra la administración pública en su figura de corrupción de funcionarios, colusión y cohecho, abuso de autoridad en agravio del Estado; contra el patrimonio en su figura de extorsión en agravio de empresas de transporte y contra la tranquilidad pública, en su figura de organización criminal.
ROLES EN LA ORGANIZACIÓN
Los supuestos integrantes de la red, liderados por David Cornejo Chinguel, son: Noé Cornejo Chinguel, hermano del alcalde, alias “Doctor”, quien en el 2016 postuló al Congreso de la República por Alianza Para el Progreso, cuya labor habría sido la de lugarteniente.
En línea vertical se ubica Waldramina Aguilar Cueva, alias “Charo”, natural de Pucará, provincia de Jaén, al igual que los hermanos Cornejo Chinguel, también militante de Alianza Para el Progreso y quien se habría desempeñado como coordinadora.
Los regidores Alfredo Montenegro Bermeo y Juan Carlos Pérez Bautista; los funcionarios Daniel Coronado Tarrillo (gerente de Asesoría Legal de la Municipalidad de Chiclayo); Jhon Vásquez Díaz (sub gerente de Secretaría General de la comuna) e Isaías Merino Chavesta (gerente de Desarrollo Vial y Transportes). Además, los exfuncionarios Miguel Quiroz Míñope, quien se desempeñó como gerente de Urbanismo en el primer tramo de la administración Cornejo; Luis Gil Otiniano, ex subgerente de Estudios y Proyectos de la municipalidad, y Jhon Vega Sánchez, antes funcionario de la Gerencia de Desarrollo Vial.
Se suman como investigados Homero Vigo Quintana, Washintong Aliaga Marín, Marco Antonio Medina Villena, Manuel Odar Farro, César Guzmán Castillo, Martín Guevara Rosado, Mario López Correa y Emiliana Garnique Gonzales.
CAPTURA
David Cornejo, que el lunes 26 de noviembre dirigió su última sesión de concejo en el municipio y recibió al próximo alcalde, Marcos Gasco Arrobas, para instalar la comisión de transferencia, se encontraba de licencia por motivos de salud. Aparentemente sus problemas de diabetes se habían agudizado en las últimas semanas por lo que decidió tomarse un descanso de las actividades de despacho.
El miércoles por la noche, la autoridad habría recibido el aviso de que una orden de captura en su contra se redactaba en en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, por lo que abordó un auto gris, de placa 1H5-360, con el que tomó rumbo a la ciudad de Trujillo.
Cornejo Chinguel fue interceptado antes de llegar a la capital liberteña por agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes estaban haciendo seguimiento de sus movimientos para evitar la fuga. Así, fue trasladado de retorno a Chiclayo, hasta su vivienda ubicada en la urbanización Santa Victoria.
En paralelo fueron intervenidas las viviendas de los otros investigados, encontrándose en el domicilio del ex gerente de Asesoría Legal de la comuna, Daniel Coronado Tarrillo, 119 mil soles y diversas tarjetas de operatividad.
La captura del alcalde y sus colaboradores se produjo como parte del megaoperativo denominado “Ciclón 2018”, en el que participaron 30 fiscales, más de 385 policías procedentes de otras ciudades y 62 unidades vehiculares.
La investigación se inició en julio de este año, tomando como indicios las irregularidades presentadas en la comuna provincial. En ese momento corrió el rumor que la fiscalía estaba tras los pasos de Cornejo Chinguel y su entorno más cercano, e incluso se dijo que algunos regidores se habían acogido a la colaboración para delatar los hechos irregulares sucedidos en el municipio.
HECHOS IMPUTADOS
“Son funcionarios ediles de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, resultando presunto cabecilla de la organización el alcalde David Cornejo Chinguel. Nosotros hemos investigado determinadas acciones y sobre esa base hemos establecido que se venían valiendo de sus cargos para emitir resoluciones a diferentes empresas de transporte a cambio de sobornos que iban desde los 40 mil hasta los 110 mil soles, para otorgar licencias de funcionamiento definitivo, y de 10 mil hasta 15 mil para darles el permiso provisional”, explicó el general Miguel Núñez Polar, Director Nacional de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional, quien junto a los demás mandos de la institución ofreció una conferencia de prensa sobre la captura “Los temerarios del crimen”.
Según la fiscalía, a la empresa de transportes Texas se le cobró 40 mil soles; a la empresa Viaje Seguro SAC, un monto similar; a la empresa Fexticum Express, por la concesión de la ruta Chiclayo – Monsefú, 60 mil soles; a la empresa Unión y Progreso 30 mil soles; a la empresa Liza SAC 40 mil soles; a la empresa Santa Pascuala 90 mil soles; a la empresa Acunta 110 mil soles; a Turismo Reque 700 soles por cada vehículo asociado a la empresa.
Asimismo se detectó irregularidades en los procesos de selección para la elaboración de expedientes técnicos de rehabilitación en cuatro avenidas de la ciudad: Paseo del Deporte, Francisco Cúneo, Elvira García y García y Carlos Fermín Fitzcarrald.
“Noé Cornejo Chinguel, sin ser funcionario público, era el nexo para pedir las sumas de dinero. La organización tuvo como coordinadora a la trabajadora CAS Waldramina Aguilar Cueva. Junto a ellos estuvieron funcionarios, gerentes y funcionarios oficialistas de la municipalidad de Chiclayo”, enfatizó Núñez Polar.
Según ha detallado el fiscal Juan Manuel Carrasco, la lista de los 19 imputados sobre los que se solicitó el mandato detención preliminar, es solo la primera de una larga nómina que contiene hasta 100 personas, entre funcionarios, empresarios, operadores y hasta periodistas. De los 19 investigados de la lista inicial, 14 se encuentran detenidos en el Departamento Antidrogas de la Policía Nacional.
Carrasco Millones, cuyo despacho ha llamado a declarar a decenas de personas, espera que al término del plazo concedido por la juez Cecilia Grandez haya avanzado con las diligencias correspondientes y esté en condiciones de solicitar una medida coercitiva de prisión preventiva, que por tratarse de una presunta organización criminal podría ser hasta de 36 meses.
CORRUPCIÓN A ESCALA
“Los años 2015 y 2016, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, habría ordenado a su hermano Juan Noé Cornejo Chinguel que los inspectores de la Gerencia de Tránsito y Transportes de dicha comuna realicen operativos contra las empresas de transporte que no querían apoyar con unidades móviles y dinero en efectivo en la campaña política de este último cuando postulaba por una curul al Congreso de la República por el Partido Alianza Para el Progreso, sin lograr su objetivo. Para este hecho contaron con el apoyo de Waldramina Aguilar Cueva, logrando que las empresas ‘La Pradera’, ‘Cruz de la Esperanza’, ‘Ávila Morón’, empresa interprovincial ‘América’, ‘Taxi Seguro’, ‘Taxi Latino’, ‘Taxi Vip’ y otras en proceso de identificación entreguen un cupo quincenal como beneficio económico indebido a favor de Noé Cornejo Chinguel y el líder de la organización criminal”, señala el requerimiento fiscal.
Estos hechos configurarían el delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado, por la ocurrencia de operativos fraudulentos.
Asimismo, la red habría incurrido en el delito de corrupción de funcionarios por la anulación de papeletas de tránsito a cambio de coimas.
“David Cornejo le facultó a Waldramina Aguilar Cueva anule las Actas de Control de Transporte (Papeletas de Infracción a la Ordenanza Municipal 01-2012-MPCH), de vehículos que habían sido internados en el Depósito Municipal ubicado en el Terminal EPSEL. Esta había cobrado a los propietarios de los vehículos sumas de 50, 150 y 300 soles para liberarlos, pese a existir actas e informes firmados por los inspectores intervinientes”, se detalla en la resolución judicial.
También se imputa el delito de cohecho pasivo impropio en agravio de la comuna de Chiclayo por la realización de operativos fraudulentos en transportes, en los que se involucra a los exfuncionarios Isaías Merino Chavesta y César Guzmán Castillo; y el delito de corrupción de funcionarios por la emisión de resoluciones de alcaldía fraudulentas y permisos de circulación irregulares.
Otro hecho que la fiscalía investiga es la comisión del delito de extorsión en agravio de transportistas.
Del mismo modo se detectó la presunta comisión del delito de colusión por la adjudicación fraudulenta de obras de rehabilitación de avenidas.
“En el segundo semestre del 2017, la Municipalidad Provincial de Chiclayo convocó a cuatro procedimientos de selección para la contratación de elaboración de expedientes técnicos de ejecución de cuatro obras: Rehabilitación de la avenida Elvira García y García, rehabilitación de la avenida Fitzcarrald, rehabilitación de la avenida Francisco Cúneo y rehabilitación de la avenida Paseo del Deporte. La Contraloría General de la República, luego de fiscalizar los procesos, evaluando los expedientes de contratación y procedimientos de selección, encontró varias irregularidades, como que en los expedientes de contratación se encontraban resúmenes ejecutivos firmados en formatos derogados que no concordaban con los del SEACE, no se había publicado el resumen ejecutivo de la adjudicación simplificada N° 050, los resúmenes ejecutivos no estaban respectivamente llenados y no tenían sustento legal (estudio de mercado, pluralidad de postores y otros). Además, las bases tenían incongruencias en su contenido, no se consignó las actividades que realizaría el consultor, y otras irregularidades más”, se precisa en la resolución judicial que amparó el mandato de detención.
Para la fiscalía, existen también indicios de corrupción en el proceder de los comités responsables de dichas adjudicaciones.
TERRENO DE LA BENEFICENCIA
En la carpeta fiscal se menciona también un caso de tráfico de influencias configurado por la presunta donación sospechosa de un terreno, propiedad de la Sociedad de Beneficencia Pública de Chiclayo, a favor del hermano de Cornejo Chinguel.
El hecho se centra en lo ocurrido en el 2015, cuando David Cornejo supuestamente ordenó a los funcionarios de la beneficencia y de asesoría legal la elaboración de los documentos relacionados al traspaso de un terreno de aproximadamente dos hectáreas, ubicado en la carretera Chiclayo – San José, conocido como “el botadero de basura”, para ser entregado en calidad de donación a una asociación inscrita en Ecuador a nombre de Noé Cornejo Chinguel.
A ello se suma que para la fiscalía, Noé Cornejo aprovechó su condición de hermano del alcalde para ocupar los recursos de la comuna con el objetivo de trabajar en su campaña al Congreso de la República. Por ejemplo, empleó a médicos de la beneficencia para campañas de salud en los pueblos jóvenes y recibía respaldo de personal de serenazgo y la policía municipal.
A Noé Cornejo también se le señala también, junto a Aguilar Cueva, como promotor para la obtención irregular de títulos de propiedad de los pobladores del pueblo joven Nadine Heredia, en la urbanización La Pradera, debido a que a estos les faltaba constancia de posesión por parte de la municipalidad. El apoyo del hermano del alcalde se habría concretado tras la asignación de dos lotes de terreno a su nombre.
Ambos personajes también habrían participado en el cambio irregular de personal municipal y en la expedición de permisos a empresas de transporte del servicio interurbano.
