Expresión conversó con Juan Miguel Valdivia Goicochea, uno de los investigados del caso “Limpios de la corrupción” y quien en los últimos años se esforzó en demostrarle al Ministerio Público que era necesario reabrir el caso “Línea”, donde uno de los principales personajes es el ex gerente general del municipio de Chiclayo Percy Quesquén Díaz, a quien los fiscales le han dado un trato diferenciado en las indagaciones por corrupción.
¿Qué representa el caso “Línea” en la búsqueda de la verdad en la investigación a la presunta red “Los limpios de la corrupción” que realiza el Ministerio Público?
En primer lugar debo aclarar que el caso de la Empresa de Transportes Línea no forma parte de la Carpeta Fiscal 2447-2014 que investiga una supuesta red criminal denominada por el Ministerio Público “Los limpios de la corrupción”, caso que está a cargo de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, siendo el fiscal a cargo Sergio Lucio Zapata Orosco.
El Caso Línea se investigó en la Carpeta Fiscal 2585-2010 y fue archivado, coincidentemente, por el referido fiscal, luego de una investigación, que, por los menos en mi consideración, dejó mucho que desear.
¿Denunció usted al fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco por este asunto?
En diciembre del año 2015 efectué unas declaraciones detallando algunos hechos que debieron haber generado convicción para que el fiscal Zapata Orozco disponga la reapertura del caso “Línea”. Sin embargo, nunca lo hizo, por lo que me vi obligado, en abril de 2017, a denunciarlo por Omisión de Actos Funcionales ante la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público. En junio de 2017, ante la inacción del fiscal Zapata Orozco para reabrir el caso, solicité, a la Presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque la reapertura de la carpeta Fiscal 2585-2010, sin recibir respuesta alguna, por lo que, en agosto de 2017, reiteré mi solicitud. Ante mi insistencia, en el mismo mes de agosto, me notificaron la disposición de Reexamen de Investigación Preliminar.
¿Por qué es importante que en el caso Línea se llegue a la exactitud de lo que pasó?
El caso “Línea” es importante en la búsqueda de la verdad porque va a exponer en toda su dimensión el actuar de Percy Quesquén Díaz y de lo que es capaz con la finalidad de eludir la justicia. Recordemos que sobre este oscuro personaje en el caso “Los Limpios de la corrupción” hasta la fecha no recae acusación alguna, y durante estos más de tres años de iniciada la investigación ha gozado de libertad y total impunidad, no obstante haber sido señalado por testigos y coimputados de haber cometido distintos delitos. Lo sorprendente, es que por alguna razón que desconocemos en el caso de la Empresa de Transportes Línea ni siquiera se le consideró como investigado.
¿Por qué pide usted que se reabra el caso?
Porque la verdad debe conocerse y quienes resulten responsables enfrentar lo que la justicia determine. Siempre lo he dicho, los funcionarios públicos siempre seremos pasibles de ser investigados y tendremos que responder administrativa, civil o penalmente por nuestra actuación en la administración pública, pero lógicamente dentro de lo que en derecho se conoce como debido proceso.
En el caso “Línea” Percy Quesquén Díaz reconoció ante mi persona que él había renunciado a la jefatura del ex SATCH porque Víctor Andrés Díaz Zárate había sido grabado por el administrador de Transportes Línea recibiendo un dinero, producto de una coima, a cambio de que la empresa se vea favorecida con el uso de las vías aledañas a su terminal.
¿A su entender fue mal archivado el caso “Línea” por parte del fiscal Zapata Orozco?
Como lo señaló Iván Noguera Ramos, consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, en la audiencia de ratificación del fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco, algo más pudo haber hecho para conocer la verdad en la Carpeta Fiscal 2585-2010. En esta audiencia, que se llevó a cabo en abril de 2017, se cuestionó duramente la actuación del referido fiscal en el desarrollo de la investigación por el caso “Línea”. Sin embargo, Zapata Orozco se mantuvo en su posición de no reaperturar el caso.
Zapata Orozco archivó el caso en dos oportunidades, en la primera no se tomó la declaración testimonial de Percy Requejo Gálvez a fin de corroborar lo declarado por Víctor Andrés Díaz Zárate, no se efectuó la visualización y transcripción del vídeo objeto de la denuncia, y, solo se contaba con un borrador del contrato supuestamente firmado entre Requejo Gálvez y los representantes legales de Línea para brindar “servicios jurídicos”.
En el video de la entrega de la coima se menciona a un tal Percy, que en mi convicción es Percy Quesquén, pero este, conforme me lo confesó, hizo pasar al abogado Percy Requejo como gestor de trámites a favor de la empresa.
¿Hubo un archivamiento más?
Sí. En el segundo archivamiento, la visualización y transcripción del vídeo fue realizada por el fiscal Zapata Orozco con la presencia del administrador de la empresa de transportes Mario Salini Falconí y su abogada, sin contar con el apoyo técnico de ningún especialista, y no se tomó la declaración de los representantes legales de la empresa de Transportes Línea para corroborar si efectivamente ellos habían suscrito el contrato de servicios con Requejo Gálvez.
Estas son algunas de las razones por las que he manifestado que la investigación realizada por el Ministerio Público dejó mucho que desear; ya que independientemente de lo declarado por mi persona existían elementos de convicción para seguir investigando. Además, las contradicciones en que había incurrido Víctor Andrés Díaz Zárate, nunca fueron aclaradas.
Ante la disposición de reexamen del caso el exadministrador de “Línea” presentó un hábeas corpus. ¿Buscaba evitar la nueva investigación?
No soy abogado de profesión, pero por los conocimientos adquiridos en el ejercicio de mi defensa tengo claro que la sola interposición de un hábeas corpus no suspende los actos de investigación programados, ni deja sin efecto los que ya se hayan efectuado.
El señor Mario Carlos Alberto Salini Falconí presentó un hábeas corpus ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el cual ha sido declarado infundado por la juez María Elena Primo Vásquez, al considerar que la Disposición de Reexamen de la Investigación Preliminar de la Carpeta Fiscal 2585-2010 se encuentra arreglada a Ley.
Esta semana estuve en el despacho de la Coordinadora de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo indagando sobre la reprogramación de diligencias en el caso “Línea” y la fiscal a cargo me manifestó que el señor Salini Falconí había apelado la resolución que declara infundado el hábeas corpus, a pesar de que la juez de primera instancia ha sido lo suficientemente clara y explícita en los fundamentos de hecho y de derecho que la han llevado a declarar infundado su requerimiento.
Ahora está en manos de una de las salas de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que se continúe investigando este caso y algún día se pueda conocer la verdad. Yo considero que a la fecha la fiscal a cargo ya cuenta con los elementos de convicción suficientes para formalizar investigación preparatoria que permita en un futuro cercano llevar a juicio a los responsables de ese acto de corrupción.
¿El caso “Línea” representa el hilo de la madeja para poner en evidencia a algún colaborador que sí estuvo muy comprometido en casos de corrupción y que no ha sido juzgado como tal?
Como ya lo he señalado, con la reapertura del caso “Línea” lo que se pretende, en primer lugar, es que la verdad se conozca y los responsables por este acto de corrupción puedan ser juzgados como corresponde, y luego exponer de lo que es capaz Percy Quesquén Díaz con el único objetivo de eludir la justicia.
Los mismos fiscales que tuvieron a cargo las investigaciones del caso “Los Limpios de la corrupción”, en algún momento reconocieron que Percy Quesquén Díaz era “colaborador eficaz”, como lo señaló el fiscal Juan Manuel Carrasco Millones en una entrevista que le hicieron en el Semanario “Hildebrandt en sus trece”.
¿Después del archivamiento dispuesto por el fiscal Zapata Orozco se han aportado nuevos elementos de convicción que fundamenten una formalización de investigación preparatoria contra Percy Quesquén Díaz y los que resulten responsables?
Por supuesto, aparte de mi declaración se cuenta con las serias contradicciones entre lo declarado y lo que realmente se dice en el vídeo por parte de Víctor Andrés Díaz Zárate; además, a petición de mi persona, la fiscal a cargo dispuso que la Policía Nacional del Perú realice una pericia para determinar la antigüedad de los vídeos presentados: uno por el Procurador Público Anticorrupción de Lambayeque que formuló la denuncia, y otro por el exadministrador de Transportes Línea. Los resultados son más que evidentes, ninguno de los dos vídeos es el original y, lo que es peor, el vídeo alcanzado por Salini Falconí está recortado; o sea, “editado”, a pesar de haber sido presentado como el vídeo “original”. Ese informe lo firma el comandante Romel Díaz Paz.
¿Algo más por agregar?
Que el Ministerio Público y el Poder Judicial deben dar muestras de que efectivamente su actuar se guía por los principios de objetividad, imparcialidad, transparencia y probidad, respetando el debido proceso, que nos garantice a los investigados y/o procesados el respeto irrestricto de ese principio básico que es la presunción de inocencia.
En otros casos se ha formalizado investigación preparatoria y se ha obtenido incluso condenas basados únicamente en las declaraciones de un testigo que está en la búsqueda de beneficios premiales, sin mayores elementos periféricos que corroboren su versión, y en el presente caso a pesar que se cuenta con las pruebas suficientes se viene dilatando la continuación de los actos de investigación y la pregunta que siempre flotará en el aire es por qué tanta impunidad.
El 30 de septiembre próximo se cumplirán cuatro años de la caída del gobierno de Roberto Torres Gonzales. En todo este tiempo, el Ministerio Público ha logrado que se dicten únicamente tres sentencias contra el exalcalde de Chiclayo: dos por colusión y una por cohecho, y ninguna está firme. Por otro lado, el Poder Judicial lo ha absuelto en dos procesos. A tres años y medio de iniciado el sonado caso “Los limpios de la corrupción” los fiscales aún no pueden demostrar la existencia de los dos delitos por los que Torres Gonzales fue enviado a prisión preventiva: lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Así las cosas, varias sorpresas se darían cuando la Corte Suprema de la República empiece a revisar las sentencias. Dos ya están en sus manos vía recurso de casación.
Expresiónconversó con el abogado Tito Esteves Torres, cuyo estudio jurídico asumió en marzo del 2017 la defensa de la exautoridad en todos los procesos que este tiene por supuestos actos de corrupción cometidos en sus dos períodos municipales (2007-2010 / 2011-septiembre 2014).
En la siguiente entrevista el letrado expone las razones por las que considera que hasta el momento se han cometido diversos vicios procesales en los juzgamientos dictados contra su patrocinado, entre ellos el desacato de la jurisprudencia existente respecto a delitos de corrupción.
A su criterio, ¿qué es lo más saltante del caso “Limpios de la corrupción” a tres años y medio de iniciado?
Esta investigación contra el señor Roberto Torres Gonzales y los demás exfuncionarios municipales se inicia el 30 de septiembre del año 2014 por dos delitos: lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Septiembre del 2014. Vamos a cumplir cuatro años y esa investigación hasta ahora no termina y ojo que consecuencia del inicio de esa investigación es que se dictó la prisión preventiva contra los involucrados.
Algunos han recuperado su libertad porque se vencieron los plazos. Ha habido desidia del Ministerio Público en apretar el acelerador para acreditar los dos delitos con los cuales inició su investigación. Hasta ahora no hay nada.
¿Nada? ¿Ni los peritajes contables para demostrar el desbalance patrimonial de los investigados?
Nada. En el camino de la investigación y como consecuencia de algunas escuchas telefónicas han ido descubriendo, entre comillas, algunos otros hechos que el Ministerio Público considera relevantes en materia penal.
¿Qué ha hecho el Ministerio Público? Se olvidó del proceso principal por el cual pidió la prisión preventiva contra los involucrados y comenzó a trabajar esos nuevos hechos.
Que son casos más pequeños o sencillos…
Casos más pequeños como delitos de colusión simple, colusión agravada y algunos cohechos. Se dedicó tanto a confeccionar estos diversos procesos que llegó un momento en que humana y logísticamente era imposible sostener esa investigación. Por eso pidió la desacumulación de los nuevos hechos.
Hasta ahora, hasta el día de hoy, no tenemos una disposición del Ministerio Público que diga: “Terminó la investigación”. ¿Qué significa eso? Que cuando la fiscalía empezó la investigación por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir solamente tenía dos indicios: las escuchas telefónicas y en el caso del señor Roberto Torres el dinero que se incautó en su casa. No tenía más.
El Ministerio Público no tenía elementos para sustentar una incriminación de la naturaleza o de la magnitud que se le dio en ese tiempo.
A ello se suma que algunos de los investigados han denunciado algunas presuntas irregularidades en la investigación como la inclusión de informes de inteligencia inexistentes o írritos, falsas colaboraciones institucionales y ahora se habla hasta de una supuesta cooperación internacional recibida por el Ministerio Público, concretamente por los integrantes de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo.
No tendría nada que ver aquí la cooperación internacional en tanto todos son delitos comunes. Tenemos tres casos en los que ha sido sentenciado el señor Roberto Torres, dos en primera y segunda instancia que ya subieron a la Corte Suprema en casación y uno en apelación.
En ninguno de los tres casos en los que ha sido sentenciado Roberto Torres se señala la existencia de una organización criminal. Son delitos comunes. La investigación por presunta organización criminal está paralizada hace casi cuatro años. Duerme el sueño de los justos.
¿Le ha dado el Ministerio Público alguna respuesta de por qué no existe hasta la fecha peritaje contable a su patrocinado?
A mi patrocinado se le ha sentenciado en dos casos por el delito de colusión agravada y ya la Corte Suprema ha establecido en una casación última, del año 2017, que para acreditar la defraudación patrimonial se requiere de una pericia contable y en ninguno de los dos casos se ha practicado esa pericia. ¿En qué se sustenta el delito de colusión agravada supuestamente cometido por Roberto Torres? Simple y llanamente en un informe de la Contraloría, en el que se hizo una operación aritmética. La casación exige textualmente una pericia contable y esa no existe.
¿Los jueces que están revisando las denuncias del caso “Limpios de la corrupción” se apartan de la jurisprudencia existente? ¿Cree que están sentenciado impulsados por presiones externas aun sabiendo que sus fallos son inconsistentes?
Tengo la impresión que los magistrados se dejan llevar por la cuestión mediática. Por ejemplo, la Corte Suprema ha establecido que el delito de colusión se configura entre el tercero, que es el “extraneus”, y el “intraneus”, el funcionario con facultades especiales. ¿Qué significa? Que para que se configure el delito de colusión debe haber concertación entre el funcionario que tiene a cargo el proceso de selección y un tercero, que puede ser un proveedor u otro.
¿Qué se dice en las sentencias contra Roberto Torres? Que se habría acreditado la concertación entre este, que no tenía facultades especiales, que era un tercero, y la proveedora, que también era un tercero (caso compras fraccionadas de combustible que involucra a Ruth Zúñiga López). Ambos son “extraneus”. ¿Entre “extraneus” se puede configurar el delito de colusión? La Corte Suprema ha dicho que no.
Otro ejemplo. Se le condena a Roberto Torres por su supuesta calidad de cómplice. La sala dice que no, que no tiene la calidad de cómplice porque él concertó con la proveedora y, por lo tanto, era instigador. Sin embargo, confirma la sentencia que lo ubica en calidad de cómplice.
Hay una serie de situaciones que se están dando, los jueces superiores se dan cuenta de los errores del órgano jurisdiccional inferior, pero igual confirman las sentencias porque no quieren hacerse problemas.
¿Confía entonces que las casaciones presentadas serán favorables a su defendido?
Espero que la Corte Suprema revise y analice bien el tema, sobre todo porque en estos últimos años ha empezado a establecer jurisprudencia vinculante y es importante que resuelva con parámetros o principios que deben tener en cuenta los jueces a nivel nacional.
¿Le preocupa que los jueces que estén sentenciado delitos de corrupción no sean titulares?
Se acaban de crear los juzgados anticorrupción, pero se ha dictado una resolución administrativa que señala que los casos anteriores deben seguir en manos de los jueces anteriores y estos, en su mayoría, son provisionales.
Lamentablemente los jueces provisionales son secretarios que están siendo promovidos frente a pedidos de vacaciones o licencias de los jueces titulares.
En una de las audiencias del caso Vértiz Cellerini se vio a su defendido bastante ofuscado, increpándole a uno de sus exfuncionarios ilícitos que él decía no conocer. Eso da pie a pensar que en la Municipalidad Provincial de Chiclayo no hubo una organización criminal sino un grupo de personajes corruptos que buscaron, por su cuenta, sacar provecho de donde podían.
No se equivoca. La organización criminal, de acuerdo a la Ley 3077, tiene que ser debidamente estructurada, con una temporalidad, es decir tener por lo menos un tiempo de inicio y hasta ahora no se nos dice cuándo se inició o implementó esta organización criminal. También se debe señalar el número de integrantes y sobre todo los roles que cada uno de estos cumple. Hasta ahora no tenemos eso, por eso es que el Ministerio Público tuvo que desacumular los casos y buscar sentencias por delitos comunes.
Pienso yo que en el momento en que la fiscalía concluya la investigación del proceso principal va a pedir el archivamiento o sobreseimiento porque no va poder sostener una imputación de ese tipo.
¿Ha presentado usted alguna queja contra los fiscales a cargo de la investigación como sí lo han hecho los abogados de los otros imputados o ellos mismos, por presuntas irregularidades en su actuar funcional?
Yo soy poco de denunciar o quejar a los magistrados porque entiendo que es su función, cada uno ocupa una función. Yo prefiero pelear en el tribunal. Soy muy respetuoso de las resoluciones judiciales, de eso es consciente el señor Roberto Torres Gonzales y por eso es que no se me verá denunciando o quejando a un magistrado porque resolvió en contra.
¿Percibe que hay presiones en este caso, que existe un afán protagónico de algunos magistrados?
La cuestión mediática sí, eso se percibe.
Los tres fallos contra Roberto Torres suman 17 años de cárcel, pero no se trata de sentencias acumulativas, ¿por qué?
Porque en el momento en que fue sentenciado mi patrocinado no tenía ninguna sentencia firme y la ley solamente faculta la sumatoria de penas cuando existe previamente una sentencia firme.
El año pasado cuando varios de los investigados estaban a punto de recobrar su libertad, incluido el mismo Roberto Torres, los fiscales y jueces se apuraron en programar audiencias para juicios. Teníamos audiencias casi todos los días, ahora no. ¿Cuál era el objetivo? Mantenerlos dentro. La gran mayoría obtuvo su libertad, pero si salía Roberto Torres hubiera sido el acabose.
¿Le extraña que en casi cuatro años de investigación no haya hasta ahora ni un fiscal, juez o alto funcionario del Estado denunciado por el caso “Limpios de la corrupción”? Inicialmente se dijo que los tentáculos de la supuesta red habían llegado hasta los niveles más altos del país.
Esa fue una de las imputaciones que se le hizo al señor Roberto Torres en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional, pero ahí quedó. El objetivo aquí solo fue Roberto Torres y punto.
Tengo entendido que se había iniciado alguna investigación contra algunos magistrados pero ahí quedó. Me parece que hay un poco de temor en el Ministerio Público, porque si este quiere, como sostiene, erradicar la corrupción debe poner el mismo interés a estos casos.
¿Cree en la inocencia absoluta de Roberto Torres o considera que existen algunos casos en los que podría hallarse a las acusaciones?
Yo tengo que creerle a mi cliente. De los diversos hechos que conversamos él siempre pregona su inocencia y yo tengo que creerle y trabajar por eso. El día que él me diga que tuvo participación en algún hecho ilícito tendría que trabajar por la aplicación de una pena negociada como prevé la norma.
¿Qué se ha acreditado en los casos en los que ha sido condenado?, ¿la entrega de algún tipo de soborno o dádiva? No, no se ha acreditado. ¿Se ha acreditado que Ruth Zúñiga le pagó dinero a Roberto Torres? No. ¿Se ha acreditado que Roberto Torres ordenó a sus funcionarios que le otorguen la buena pro del combustible? No.
¿Qué se ha acreditado? Que ella y su esposo formaban parte de la campaña política de Roberto Torres, que ambos acudieron a un cumpleaños del señor Torres Gonzales o que participaron de un mitin. No existen otros elementos de prueba.
“Las necesidades son reales”, señala el gerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, Juan Saavedra Jiménez, en atención a los reclamos de los pobladores de la “Capital del Limón” para que el gobierno nacional ejecute las obras de desarrollo que esperan hace décadas. El sentir de los olamos es que el Estado priorizó la habilitación de la nueva ciudad, próxima a las 38 mil hectáreas beneficiadas con la irrigación, antes de resolver las carencias de infraestructura que tienen.
En su protesta, los vecinos han responsabilizado al PEOT de la desatención que sufre la ciudad frente a la millonaria inversión que ejecuta el Estado en la nueva habilitación urbana, por haber sido este el promotor de las obras que permitirán – en un futuro próximo – contar con la primera ciudad planificada del país.
“Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que en Olmos se necesita un hospital, un instituto, mejorar las pistas, las veredas y más, pero también hay que preguntarse cuáles son las competencias. Ante todos estos reclamos hay competencias que se deben diferenciar. Por ejemplo, la construcción de un hospital no le corresponde al PEOT ni al gobierno regional, sino a la municipalidad distrital y al Ministerio de Salud”, remarca el funcionario.
Al instalarse la mesa de diálogo entre los representantes del gobierno nacional y el denominado colectivo de ciudadanos de Olmos, a fin de buscar salidas concretas a las demandas del distrito, hubo quienes han señalado al PEOT como “ente corrupto” por supuestamente haber participado en la formulación del expediente técnico de la nueva ciudad, afirmación que Saavedra Jiménez rechaza por faltar a la verdad.
En principio – explica – “el PEOT trabajó el ordenamiento territorial del distrito y lo presentó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y este lo hizo suyo”, desarrollando en adelante todos los procesos referidos a la nueva ciudad, incluido el expediente técnico.
“Nosotros no somos ni supervisores ni coordinadores en el tema de la nueva ciudad. Podría decir que somos mirones ocasionales, nada más. Hemos recibido varios pedidos de información sobre la nueva ciudad y en todos he lamentado responder que nosotros no contamos con el expediente técnico, que es el Ministerio de Vivienda quien debe informar al respecto”, señala.
Lo cierto es que el convenio para la habilitación urbana que se erige cerca del Valle Nuevo de Olmos fue suscrito entre el Ministerio de Vivienda, la municipalidad del distrito y el Gobierno Regional de Lambayeque. En este caso la participación del PEOT es nula.
LA NUEVA CIUDAD
La idea de habilitar una nueva ciudad cerca de las 38 mil hectáreas irrigadas por el Proyecto Olmos nació hace algunos años, cuando los técnicos del PEOT, basándose en los antecedentes de otros proyectos de irrigación como Chavimochic y Jequetepeque – Zaña, entendieron que la mano de obra local resultaría insuficiente para atender las necesidades de las empresas instaladas en la zona.
Al darse la llegada de nuevos trabajadores, procedentes de otras zonas, estos tienden a alojarse en lugares próximos a los centros de producción, generando diversos impactos, tanto en el ordenamiento urbano, el medioambiente y en la economía local, toda vez que la dispersión y el desorden encarecen la habilitación de servicios básicos y merman el presupuesto municipal. Ese fenómeno es el que se buscó evitar en Olmos y es esa la razón por la que se concibió habilitar una zona de crecimiento urbano entre las 38 mil hectáreas y lo que será la futura segunda etapa de la irrigación.
“El exministro de Vivienda Milton Von Hesse señaló que la habilitación de la Nueva Ciudad de Olmos sería un adelanto de las inversiones que dicho portafolio puede desarrollar para saneamiento rural hasta en 20 años, financiando el agua, desagüe y las vías de acceso. ¿Cómo se recupera ese dinero? Con la venta de los macrolotes para la construcción de vivienda, terrenos que son de propiedad del PEOT. Quiere decir, que con el dinero de la venta de los terrenos el Ministerio de Vivienda financiará proyectos de saneamiento rural en el resto del distrito. La ventaja de esto es que se está adelantando una inversión que en otros casos puede durar hasta 20 años”, detalla Saavedra Jiménez.
A esa inversión adelantada, que bordearía los 200 millones de soles, se sumarán los proyectos que de manera independiente el municipio distrital deberá gestionar ante el gobierno nacional.
El funcionario remarca que en los últimos siete años el Ministerio de Vivienda ha invertido 140 millones de soles en Olmos, financiando, por ejemplo, las obras de saneamiento rural y de saneamiento básico en el casco central, cuya ejecución ha resultado deficiente por causas no imputables al PEOT, al proyecto de la nueva ciudad o al gobierno regional.
“Con su oposición a la habilitación de la nueva ciudad el colectivo está atentando con la fuente que generará los recursos para el saneamiento rural del resto del distrito. Lo que deben entender también es que la nueva ciudad es para las personas que están trabajando en el Valle Nuevo. Hay actualmente siete mil personas que tienen que desplazarse desde diversos puntos del distrito para llegar a su centro de labores, viajando hasta 60 kilómetros. La solución para ellos es vivir cerca a los sitios de producción” asevera.
LAS ACCIONES DEL PEOT
Como se ha indicado, el PEOT elaboró el ordenamiento territorial de Olmos y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento formuló el Plan de Desarrollo Urbano, documento en el que se considera que la locomotora de la capital del distrito son las cinco mil 500 hectáreas del Valle Viejo.
En este sector, Juan Saavedra reconoce que el Estado tiene una deuda pendiente con el pueblo de Olmos porque las obras de infraestructura menor de riego para el Valle Viejo deben ser asumidas por el Ministerio de Agricultura, pero que ante la falta de voluntad de este el PEOT formuló el estudio de preinversión y está próximo a concluir la factibilidad del proyecto, asumiendo el íntegro de los costos que ambos estudios representan.
“Las obras del Valle Viejo no son competencia directa nuestra, sin embargo estamos tratando de ser actores directos, gestores y facilitadores en todo lo concerniente al desarrollo del distrito de Olmos. La prioridad para nosotros es el Valle Viejo, porque los empresarios del Valle Nuevo caminan solos, están obligados a ser excelentes y a invertir porque tienen candados muy fuertes en los contratos. Por ejemplo, usen o no el agua tienen que pagarla y tienen que prever la reducción hidrológica, razón por la que desde un inicio han perforado sus pozos y no como se está diciendo en Olmos que lo han hecho porque la Presa Limón está colmatada. Se está desinformando mucho al respecto”, indica.
Saavedra Jiménez refiere que la inestabilidad política del país ha jugado en contra de la gestión de proyectos para Olmos distrito y para el Valle Viejo y cita como ejemplos los cambios ministeriales que no han permitido concretar las coordinaciones que se tenían con el gobierno nacional.
“El PEOT está muy interesado, pese a que no es su competencia, en que se privilegie al distrito de Olmos actual y al Valle Viejo. Esa es la prioridad para nosotros”, enfatiza.
OTRO RAZONAMIENTO
Quienes se oponen a la inversión estatal en la habilitación de la Nueva Ciudad de Olmos refieren que si esta albergará a los trabajadores del Valle Nuevo debe ser el sector privado el que se encargue de habilitar los servicios básicos y construir las vías, veredas y viviendas.
Frente a ese razonamiento, el gerente general del PEOT señala que es utópico creer que una situación de esa naturaleza podría darse teniendo nuevamente como antecedente lo sucedido en otros proyectos de irrigación, donde las empresas se han conformado con que los trabajadores se asienten de manera informal en determinados espacios sin contar con los servicios suficientes.
“En los casos en los que han construido viviendas la estrategia que las empresas utilizan es la de creación de campamentos y en estos existe una gran segregación social. Solo los funcionarios y profesionales tienen las comodidades cubiertas, mientras que el resto de trabajadores no y ese tipo de exclusión es la que se puede evitar construyendo una habilitación urbana donde todos gocen de los mismos servicios y accedan a viviendas dignas”, manifiesta.
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