En la edición 1052 Expresión trajo a la memoria uno de los documentos técnicos más valiosos que existen sobre la represa La Calzada, obra medular para la regulación de las afluencias y el control de inundaciones en el Valle La Leche. El estudio elaborado en el 2008 por D’Leon Consulting Engineers, financiado por la cooperación norteamericana, es una hoja de ruta clave para los futuros trabajos que deberá elaborar la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios – ARCC, si se mantiene el ofrecimiento político de hacer realidad el proyecto, cuyo financiamiento bordearía los 600 millones de soles.
El trabajo de D’Leon Consulting, denominado “Estudio de Factibilidad de Control de Inundaciones en la Región Lambayeque”, fue elaborado por un reconocido equipo de expertos internacionales liderados por el ingeniero lambayecano Domingo León Ezcurra, financiado por de la Agencia de Comercio y Desarrollo – USTDA (por sus siglas en inglés), en virtud del apoyo solicitado por el expresidente del Gobierno Regional de Lambayeque Yehude Simon Munaro.
Sin embargo, desde el 2008 a la fecha poco se había dicho sobre el estudio, al punto que la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios – ARCC, al incluir a La Calzada entre los proyectos a realizar como parte de las obras de prevención ante futuros eventos climáticos similares al Niño Costero del 2017, señaló que había necesidad elaborar un plan maestro y en base a este definir la fiabilidad de la obra.
OPINIÓN TÉCNICA
Expresión buscó la opinión de los técnicos del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, específicamente del gerente de Desarrollo del Proyecto Tinajones Arturo Solorzano Gonzáles y del responsable de La Calzada Pastor Espinoza Chilón, quienes en los últimos meses han gestionado avances sobre el proyecto por ser de urgente necesidad.
Diversas interrogantes fueron planteadas. Por ejemplo, ¿por qué no se había dado trámite al estudio de León Consulting si este define la factibilidad de La Calzada desde hace una década?
Espinoza Chilón refiere que el estudio evaluó el control de inundaciones en el Valle La Leche y planteó una propuesta técnica de solución arribando al proyecto de La Calzada, pero no es un estudio definitivo sobre la presa en sí.
“Tampoco es un estudio de factibilidad bajo el esquema del entonces Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, porque para arribar a la factibilidad primero se tenía que contar con el perfil. El estudio de León Consulting básicamente estudia la posibilidad de plantear una solución al problema del Valle La Leche. Es un buen estudio, porque no solo busca un esquema sino que lo desarrolla e incluso presenta prediseños de la presa. Incluyó geotécnia, topografía y mecánica de suelos”, destaca.
EXPLORACIÓN INCONCLUSA
Sin embargo, Pastor Espinoza indica que aun cuando el estudio de la consultora con sede en California – Estados Unidos resulta fundamental, no pudo concluir con el trabajo de campo debido a la oposición de los comuneros de la parte alta del Valle La Leche, quienes se oponen a la construcción de la represa La Calzada por el área inundable que esta considera, lo que afecta directamente sus propiedades.
Espinoza Chilón recuerda que cuando el PEOT inició la formulación de estudios sobre La Calzada, en 1997, no existía el componente social de rechazo a La Calzada. Empero, dichos trabajos quedaron paralizados por la dedicación del cuerpo técnico a trabajar en la mitigación del Fenómeno El Niño de 1998.
“Cuando la USTDA formula los términos de referencia para la contratación del estudio que ganó León Consulting no incluyó el componente social. En el 2008 la población mostró su total oposición a La Calzada y eso limitó a que la consultora no pueda concluir el trabajo de campo, como la topografía y las perforaciones exploratorias en el eje de presa. Esas acciones sí se realizaron en el eje de presa Calicantro. Es un documento muy valioso, con un análisis muy detallado que incluso señala que el daño de un Niño extremo genera pérdidas por el orden de los 280 mil millones de soles, pero no se ajustaba al esquema del SNIP”, precisa.
El estudio de León Consulting estimó que la construcción de La Calzada demandaría una inversión aproximada de 300 millones de soles, aunque ese monto no consideró las compensaciones y gastos de reubicación de familias al no ser el aspecto social un encargo en el contrato de la consultoría. Si se incluyen esos aspectos, el costo del proyecto ascendería a 600 millones de soles.
¿Es posible la ejecución del proyecto pese a la oposición de los comuneros de la parte alta del valle? En respuesta, Pastor Espinoza refiere que es por esa interrogante que el PEOT ha diseñado una segunda alternativa de solución al control de inundaciones en el Valle La Leche, consistente en la construcción de cuatro represas de menor capacidad de almacenamiento (La Calzada, Calicantro, Yavis y Laquipampa). Sin embargo, reconocer que optar por esa alternativa encarecería los costos del proyecto hasta superar los mil millones de soles, cifra que sería mucho más difícil de aprobar por parte del Estado Peruano.
ACTOR VÁLIDO
¿Qué se ha hecho como gestión para que La Calzada sea una realidad con la ARCC? Arturo Solórzano responde que si la Autoridad de la Reconstrucción consideró al proyecto como parte del componente de prevención para Lambayeque es precisamente por la gestión emprendida desde el PEOT y respaldada por el Gobierno Regional de Lambayeque.
“Nos hemos reunido hasta en cuatro oportunidades con la Autoridad de la Reconstrucción poniendo siempre en agenda La Calzada como solución al problema del Valle Leche, pero es importante mencionar que uno de los principales obstáculos que tenemos es que en sí la ARCC no sabe aún hacia dónde va y a ello se suman los cambios ministeriales. Se ha dicho que van a elaborar un plan maestro, pero nuestra posición es que el estudio de León Consulting es la base para definir la realización de La Calzada”, señala.
El funcionario refiere que incluso se puede trabajar de manera separada un plan de mitigación y control de inundaciones para el Valle La Leche y la represa de La Calzada, pero que el actor para emprender el proceso es la Autoridad de la Reconstrucción.
“En la parte baja del valle al PEOT le reclaman no haber hecho nada por el proyecto y en la parte alta se nos rechaza por proponer la construcción de la presa. A la parte alta hemos ido con el vicegobernador, con el gobernador y hasta con un exministro de Agricultura y la posición de los comuneros es que La Calzada, como gran presa, no va. Nosotros consideramos que ya no tenemos el respaldo social para insistir por el proyecto en la zona, los rostros nuevos son los de la Autoridad de la Reconstrucción y esperamos que ellos sí puedan llegar a un buen acuerdo con la población para hacer posible el proyecto”, indica.
+NOTICIAS
El departamento de Lambayeque y consecuentemente sus provincias y distritos carecen de límites definidos por ley. Ello genera problemas en la administración no solo municipal, sino también en la administración regional y en la administración del Estado.
El gobierno peruano distribuye recursos a nivel nacional y aplica programas sociales como Pensión 65, Cuna más o Qali Warma, pero si carece de límites definidos ¿cómo puede distribuirlos eficientemente?
Según el jefe de la Oficina de Planificación y Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional de Lambayeque, Josué Portocarrero Rodríguez, el Ordenamiento Territorial (OT) es un proceso y una herramienta útil para planificar y alcanzar el desarrollo sostenible en el territorio nacional, desde las zonas rurales hasta las urbanas. El OT sirve para resolver conflictos sociales en torno a los usos del territorio y sus recursos, establecer compatibilidades entre las actividades económico productivas, así como conseguir un desarrollo más equilibrado de las poblaciones y el derecho de los pueblos indígenas.
“El proceso de OT tiene que ver con factores de desarrollo económico, social, cultural y ambiental. Esto conlleva a la asignación equitativa de territorios en función a sus potencialidades y limitaciones. Por otro lado, la demarcación territorial tiene por fin determinar las jurisdicciones y los límites políticos – administrativos de los departamentos, de las provincias y los distritos”, informa.
LÍMITES DISTRITALES
Josué Portocarrero precisa que en Lambayeque de los 38 distritos solo ocho cuentan con límites definidos y a nivel nacional se estima que el 84 % del territorio carece de demarcación, situación que dificulta a los ciudadanos la demanda de servicios a las autoridades pertinentes y por parte de estas la ejecución de proyectos que contemplan sus planes de desarrollo.
Señala que la delimitación de jurisdicciones es un proceso engorroso, pues las autoridades regionales deben ponerse de acuerdo. Ejemplo de ello fue el caso Lambayeque – Piura y Lambayeque – La Libertad.
“Existen muchos lugares en los que trabajar. La primera fase comprende una etapa de diálogo. Una vez agotada esta etapa le corresponde definir al Gobierno Regional los límites de cada parte involucrada de acuerdo a algunos criterios como el análisis de las leyes de creación de cada uno de los distritos, pues estas dan algunas referencias”, refiere.
APARENTES SOLUCIONES
Toda constitución en su parte orgánica no solo estructura y organiza el poder estatal, sino también establece los instrumentos, mecanismos y procedimientos a través de los cuales las entidades resuelvan los problemas propios de su funcionamiento.
Uno de los criterios que aplica el Estado para distribuir los recursos es la extensión territorial y el campo de acción acentuado en la jurisdicción de un gobierno, pero si no existe se recurre a la cartografía en base a los límites censales del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.
“Inicialmente cuando se crearon las jurisdicciones no se especificaban si sus límites eran carreteras, un cerro o un río. Ello surgió con la Ley Transitoria s/n mediante la cual se crean las primeras municipalidades del país tanto distritales como provinciales, a fin de formar juntas electorales y el registro cívico”, expresa Josué Portocarrero.
Para la formulación del registro cívico – agrega - era indispensable y urgente crear las primeras municipalidades establecidas por la constitución. Sin embargo, dicha situación ocasionó desorganización en todo el Perú.
¿QUÉ OCASIONAN?
“La falta de proyectos para delimitar las jurisdicciones de los municipios ocasiona problemas de asignación de recursos y/o problemas de prestación de servicios. Existen poblaciones que reciben todo, reciben doble o no reciben nada. Ejemplo de ello es el Vaso de Leche y los comedores populares. Ante esta ausencia de límites se ven afectadas las poblaciones, pues nadie los atiende y no saben dónde reclamar”, expone.
Según el INEI hasta el 2007 Monsefú, Santa Rosa y Oyotún eran los distritos más pobres con 51,5 %, 45 % y 42 %, respectivamente. La pobreza es originada por el atraso económico y social de áreas y poblaciones rurales donde no conviven actividades agrícolas y no agrícolas como el turismo, la artesanía, la acuicultura o la transformación agroindustrial que requieren mayor conectividad.
Agrega que otro problema a raíz de ello son los enfrentamientos entre poblaciones, también problemas de documentaciones y registro civil. Dentro del crecimiento desordenado de las ciudades se concentra la invasión de las áreas verdes, el comercio ambulatorio, las invasiones, el acortamiento de vías, entre otros que complican el desarrollo de cada jurisdicción.
La responsabilidad de prestación de servicios públicos es del Estado nacional, regional y local. Al no haber una definición propiamente dicha entra a un proceso de acuerdo a la Ley Nº 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, la cual expone la necesidad de un diagnóstico y zonificación. Este es un estudio territorial de evaluación y análisis de las interacciones físicas, culturales y económicas, las cuales transforman, estructuran y organizan la dimensión espacial y/o geográfica de las jurisdicciones político-administrativas.
Asimismo, toda iniciativa sobre acciones de demarcación territorial deberá sustentarse en principios de unidad y criterios técnicos de orden poblacional, geográfico, socio-económico y cultural mínimos que justifique la propuesta correspondiente.
Otro de los componentes para la delimitación territorial es la zonificación económica. Esta consta de estudios especializados que arrojan un diagnóstico integral del territorio con el que se puede identificar cuál es el uso actual de los suelos, cuál es la infraestructura de riego, posibles zonas vulnerables ante una intensidad sísmica o una inundación. Así como un mapa de áreas prioritarias que se deben conservar por identificación de flora, fauna y especies endémicas.
EL CASO DE FERREÑAFE
Los alcaldes de Ferreñafe suscribieron la semana pasada las Actas de Acuerdos de Límites Territoriales entre los distritos de la provincia y sus colindancias en el marco del proceso de ordenamiento territorial de Lambayeque de conformidad con la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial.
“En este proceso el supuesto era que era la provincia de Ferreñafe sería más fácil de delimitar, pues aparentemente solo había seis distritos con los cuales trabajar. Pero esos distritos colindan con Piura y Cajamarca, entonces todos se atribuyen jurisdicciones que el otro refuta”, acota.
La suscripción de las actas de límites pone fin a los problemas limítrofes de los distritos de Ferreñafe en un 80 %, pues aún hay temas por resolver con los distritos de las provincias de Lambayeque y Chiclayo.
Los límites suscritos son: Manuel Mesones Muro y Tumán, seguido de Manuel Mesones Muro y Pítipo; Pueblo Nuevo y Pítipo; Pítipo y Chongoyape; Pítipo y Mochumí; Pítipo y Ferreñafe; Manuel Mesones Muro y Picsi; Pítipo y Pueblo Nuevo, entre otros.
“Ciertos sectores de Ferreñafe aún están en controversia. Estos serán resueltos por el gobierno regional, tal como lo indica el artículo 25 del Reglamento de la Ley de Demarcación y Organización Territorial. Una vez tomada la decisión, esta no puede ser materia de objeción”, señala.
CASO LAMBAYEQUE – LA LIBERTAD
El alcalde provincial de Chepén, Nelson Kcomt Ché, denunció en el 2015 que Lambayeque insistía en quedarse con parte de la superficie perteneciente a su localidad, pues exigía que se trace una línea oblicua hacia el sur cortando a la caleta de Chérrepe, de modo que gran parte del litoral quedaría en su jurisdicción, situación que era insostenible e inaceptable según las autoridades chepenanas.
Sin embargo, el conflicto finalizó en el 2016 cuando Josué Portocarrero declaró que desde 1997 los equipos técnicos de Lambayeque y La Libertad definieron acuerdos sobre los puntos de demarcación, los cuales en diciembre del 2010 fueron ratificados por la Presidencia del Consejo de Ministros.
CASO LAMBAYEQUE – PIURA
El conflicto fronterizo trata de una la línea de frontera entre ambas regiones, cuyo proceso de saneamiento inició en el 2006. Esta línea se extiende por aproximadamente 287 kilómetros y abarca las provincias de Sechura, Piura, Morropón y Huancabamba, en el departamento de Piura, así como las de Lambayeque y Ferreñafe, en Lambayeque.
En este contexto, los gobiernos regionales de Piura y Lambayeque instaron a sus funcionarios a realizar un trabajo coordinado con la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la PCM. Finalmente, los gobiernos regionales acordaron respaldar el ‘Acta de Acuerdo de Límites de las provincias colindantes entre los departamentos de Lambayeque y Piura’, así como autorizar a los presidentes regionales a suscribir el ‘Acta de Acuerdo de Límites Territoriales’ respectivos.
LAMBAYEQUE EN EL FUTURO
Josué Portocarrero en agosto del 2017 entregó a los municipios distritales y provinciales el documento “Prospectiva Territorial de Lambayeque al 2030”, en el que plantea los retos que se deben afrontar, dado que actualmente Chiclayo es una metrópoli (por concentrar en un mismo lugar a Chiclayo, La Victoria y José Leonardo Ortiz).
“Si desde ya no se trabaja en las delimitaciones del territorio, en unos años será un caos en todos los aspectos, tanto en lo económico, lo social, turístico o agrícola. Es imperativo atender la conectividad vial de Chiclayo por medio de la implementación de un sistema de transporte masivo urbano y la instalación de una autoridad autónoma de transporte metropolitano. A ello se le suma el componente social y de infraestructura. Para ello se necesita de un trabajo integrado de municipios, de lo contrario Chiclayo y distritos serán una bomba de tiempo”, finaliza.
Reacciones diversas ha generado la presentación del Estado de la Situación Financiera del Colegio de Ingenieros del Perú – CIP Consejo de Lambayeque en la reciente sesión extraordinaria de la Asamblea Departamental. Los rubros que se detallan en el informen ameritan una minuciosa revisión a fin de clarificar de qué manera maneja los recursos la directiva que lidera el decano Carlos Burgos Montenegro.
Al 31 de diciembre del 2017 el CIP Lambayeque reportó en sus cuentas bancarias un total de 280 mil 768 soles, cinco veces más que registrado a fines del 2016, cuando en las cuentas de la institución se tenía depositado 52 mil 674.39 soles.
A la fecha, el CIP Lambayeque no mantiene deudas con ninguna entidad financiera y tampoco con la SUNAT.
Cabe mencionar que el informe presenta partidas contables que no se pueden modificar porque altearían la información de los ejercicios anuales anteriores.
En el 2016 los activos del rubro “Inmueble, maquinaria y equipo” ascendían a 15 millones 764 mil 899 soles, creciendo para el año siguiente a 15 millones 932 mil 272 soles, desagregados de la siguiente forma:
Nueve millones 248 mil 538 en Terrenos; tres millones 138 mil 678.22 en Edificaciones y Otras Construcciones; 424 mil 705.48 en Unidades de Transporte; 448 mil 420.49 en Muebles y Enseres; 355 mil 95.78 en Equipos Diversos; cuatro mil 290.24 en Herramientas y Unidades de Reemplazo, y dos millones 313 mil 543.45 en Construcciones, Trabajos en Curso y Otros.
SINCERAMIENTO DE INGRESOS
Una de las acciones de la directiva de Burgos Montenegro al asumir la conducción de la orden profesional fue el sinceramiento de los ingresos. El CIP Lambayeque, por ser una institución profesional sin fines de lucro está exonerada del pago de impuesto a la renta y del total del IGV paga un porcentaje.
Antes, no se emitían comprobantes por todos los ingresos que recibía el colegio, por lo que el monto entre los comprobantes emitidos y los montos existentes en las cuentas de la orden no tenían concordancia. Desde el 2016 la disposición fue que se sinceren los ingresos institucionales, acuerdos que se tomaron en la primera sesión de la directiva.
En el 2017 el CIP Lambayeque percibió un millón 935 mil 231.99 soles por Cuota Ordinaria de Asociados; 645 mil 682.64 por Trámites y Derechos de Colegiatura; 33 mil 435.95 por Certificados de Habilidad de RESIP de OBR; 231 mil 75.65 por Certificados de Habilidad Simple; cinco mil 230 por Duplicados de Carnet; 444 mil 373.71 por Inscripciones y Certificados a Cursos; 160 por Recarnetización; mil 200 por Duplicados de Diploma CIP y 127 mil 377.31 por Otros Ingresos por Socios.
Asimismo, por Adscripciones – Peritaje mil 440 soles; por Comisión Revisadora de Proyectos Municipales 421 mil 264.40; por Alquiler de Ambientes 27 mil 954.25; por Alquiler del Centro de Esparcimiento 68 mil 633.29; por Alquiler de Equipos 169.49; por Centro de Peritaje 62 mil 442.04. Por Otros Ingresos de Gestión 75 mil 359.33.
CARGAS DE PERSONAL
Este es quizá el aspecto más saltante del Estado Financiero 2017 del CIP Lambayeque. En el rubro “Cargas de Personal” se consigna un egreso total de 896 mil 28.54 soles, de los cuales 598 mil 720.61 corresponden a Sueldos y Salarios; 113 mil 730.60 a Gratificaciones; 22 mil 565.72 a Vacaciones; 13 mil 770 soles a Asignación Familiar; tres mil 650 a Bonificaciones; dos mil 320 a Riesgo de Caja; dos mil 162.72 a Capacitación; 57 mil 562.06 a Régimen de Prestaciones de Salud; 77.94 a Régimen de Pensiones y 81 mil 468.89 a Compensación por Tiempo de Servicio.
La orden tiene a la fecha 38 trabajadores, cuatro de los cuales se encuentran bajo el Régimen 728 con contratos a plazo indeterminado. El resto son trabajadores con plazos fijos que se han incorporado de acuerdo a las necesidades de la institución. Por ejemplo, antes el colegio no tenía choferes y hoy sí, debido a que la gestión de Burgos Montenegro adquirió un ómnibus, una camioneta y la motocicleta.
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
El desembolso realizado en el 2017 por este rubro fue de un millón 710 mil 193.36 soles. De ese total, dos mil 305.42 corresponden a Carga; 38 mil 380.42 a Transporte de Pasajeros; dos mil 371.06 a Correos; seis mil 261.81 a Alojamiento; cuatro mil 398.64 a Alimentación y 36 soles a Otros Gastos de Viaje.
Transporte de Pasajeros considera los gastos de viajes de las comisiones a lugares a los que no se envían las unidades propias de la institución.
Del mismo modo, mil 400 soles corresponden a función Administrativa; 26 mil 372.05 a Legal y Contable; seis mil 332.20 a Auditoría Contable; 111 mil 968.57 a Comisiones Revisoras; 148 mil 998.94 a Comisión Supervisora; 11 mil 671.19 a Otros.
Dos mil 857.22 a Reparación de Cómputo; 29 mil 637.42 a Reparación de Inmuebles y Ambientes; cinco mil 136.79 a Reparación de Vehículos; 10 mil 304 a Mantenimiento de Jardinería; dos mil 245 a Mantenimiento y Seguridad; cuatro mil 334.04 a Mantenimiento de Muebles; 63 mil 188.74 a Mantenimiento de Inmuebles; 338.98 a Maquinaria y Equipos de Explotación; seis mil 556 a Equipos Diversos; 55 mil 711.98 a Energía Eléctrica; 63.790.13 al pago de agua; tres mil 665.09 al pago de teléfono; dos mil 937.99 al pago de Internet y mil 360.98 al pago de televisión por cable.
Por RPM el colegio pagó en el 2017 cinco mil 353.72 soles; por anuncios radiales 500 soles; por publicaciones en el diario La República mil 299.43; por Publicaciones 13 mil 969.21; por Consumos 44 mil 530.32; por Atenciones Oficiales y Celebraciones 531 mil 946.22 soles; por Centro de Peritaje 47.276.22; por Gastos Bancarios 12 mil 438.67; por Pasajes – Viajes Aéreos 33 mil 576.39; por Viáticos, Alojamiento y Consumo 26 mil 572.43 y por Otros Servicios Prestados por Terceros 371 mil 994.94 soles.
Atenciones Oficiales y Celebraciones consignan los gastos por Día del Padre, Día de la Madre, Día del Ingeniero, Aniversario del CIP, Aniversario del Consejo Departamental y Navidad.
TRIBUTOS
En Tributos el CIP Lambayeque pagó 229 mil 732.82 soles. De estos, 151 mil 904.17 pertenecen al IGV – ISC; 98.05 al Impuesto a las Transacciones Financieras; 69 mil 821.88 al Impuesto Predial; siete mil 608.72 a Arbitrios Municipales y Seguridad Ciudadana, y 300 a Otros.
CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN
El total pagado por este rubro fue de 714 mil 719 soles. Por SOAT pagó mil 178.03 soles; por Seguros contra Accidentes – Colegiados 18 mil 841.84; por Suscripciones dos mil 500.18; por Licencias y Derechos de Vigencia mil 560.90; por Útiles de Oficina 14 mil 104.80; en Útiles de Limpieza 17 mil 220.34; en Combustibles y Lubricantes 12 mil 488.85 soles; en Donaciones 15 mil 625.59; en Sanciones Administrativas cuatro mil 323.46; en Fotocopias e Impresiones 101 mil 923.78; en Agua Mineral mil 679.29; Otros Gastos de Gestión 128 mil 433.49, en Dietas siete mil 600 y en Aportes al Consejo Nacional – CIP 387 mil 238.45 soles.
El rubro de Fotocopias e Impresiones incluye, por ejemplo, los informativos, las revistas, la folletería, papelería, revistas y cajas de regalos que se entregan a los asociados. Además se incluye la impresión de expedientes, informes, planos y documentos. En el rubro de Gastos de Gestión están consideradas, por ejemplo, las compras de materiales de construcción. Todo está sustentado en los sub centros de costos.
Chiclayo y sus distritos más cercanos enfrentan a diario problemas comunes: el colapso de los desagües, la falta de drenaje pluvial, la carencia de un terminal terrestre, de un Plan de Desarrollo Metropolitano y de un mercado mayorista. Las siguientes con alternativas técnicas de solución que podrían aplicarse para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO
Chiclayo se asemeja a un pantano por la acumulación de aguas residuales y el elevado nivel de la napa fraética. El primer problema se origina por permanente colapso de las redes de saneamiento.
Tras un minucioso trabajo de estudio de la problemática, el ingeniero Julio Ching Wong, past decano del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, propone lo que podría ser una solución técnica permanente al serio problema de represamiento de aguas residuales en el sub suelo.
El planteamiento del especialista consiste en la instalación de tres plantas de bombeo en las terminaciones urbanas de los emisores Norte, Norte Norte y Sur, construidas sobre la superficie (sin necesidad de cavar zanjas), con las que se extraiga el agua acumulada bajo la ciudad.
Según sus estimaciones, existen aproximadamente dos millones de metros cúbicos de agua del desagüe acumulados en Chiclayo, La Victoria y José Leonardo Ortiz y cerca de mil toneladas de sedimentos fecales y solidos adheridos a las tuberías de la red de saneamiento, a un promedio de un kilo por cada metro cuadrado, lo que obstruye el libre curso de las aguas a evacuar.
Estando en funcionamiento dichas Plantas de Bombeo, sin necesidad de intervenir las calles, se podría iniciar la elaboración de un estudio integral para la renovación de las conexiones domiciliarias y colectores de la zona urbana. En tanto, por la evacuación de las aguas acumuladas en la red se reducirían los aniegos y afloramientos de los desagüe, problemas que se registran a diario.
“Teniendo el terreno seco, sin aguas acumuladas bajo la superficie, recién se podría pensar en la renovación de los emisores sin que dejen de funcionar las plantas de bombeo, porque estas ayudarán, precisamente, a que se pueda superar el desfase de seis metros que existe entre el nivel de las tuberías y el nivel de las lagunas de oxidación. Seguir pensando en que trabajar con pendientes es la solución es antitécnico. Hay que modernizar la aplicación de la ingeniería, cuyas herramientas no se están utilizando de manera adecuada”, explica.
Añade Ching Wong que también es urgente que se dé tratamiento de rehabilitación a las lagunas de Pampa de Perros y San José, hoy colmatadas también por la acumulación de sedimentos.
“La mejor prueba que este sistema de pendientes no funciona es que a las lagunas de oxidación llega un flujo de aguas de no más de 30 o 40 centímetros, hecho que es ilógico si se tiene en cuenta que la producción de agua residual en Chiclayo es de mil litros por segundo. Otro aspecto que es necesario señalar es que actualmente EPSEL no ejecuta el tratamiento de las aguas servidas, por lo que está cometiendo un severo delito ambiental”, indica.
EL DRENAJE PLUVIAL
No es un secreto que Chiclayo metropolitano, así como Lambayeque y Ferreñafe requieren de un sistema de drenaje pluvial. Las consecuencias de las lluvias sobre las zonas urbanas son altas por el daño a los pavimentos, la transitabilidad y la generación de focos contaminantes que ponen en riesgo a la población.
¿Cómo se ejecutará el sistema de drenaje? Responder esta interrogante es todavía imposible en el caso de Chiclayo, más si no se tiene un estudio definitivo que dé una idea clara del proyecto que hoy por hoy se constituye en urgente y cuya realización demandaría – según algunos especialistas – la inversión de cientos de millones de soles.
En 1997, previa a la catástrofe que representó para Lambayeque el Fenómeno El Niño de 1998, cuyo episodio más dramático, la lluvia del 14 de febrero, dejó a la capital departamental bajo las aguas, el Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, a través de su consejo departamental, presentó los Términos de Referencia – TDR, para la ejecución de un proyecto de drenaje pluvial.
En el tiempo, dicho documento quedó en el olvido y aunque su diseño pudo tener algunas ausencias de orden técnico, no exigibles para la época, como el Estudio de Impacto Ambiental – EIA, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA, y el estudio de preinversión, es posible que de haberse atendido Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria hubieran estado mejor preparadas para enfrentar las lluvias torrenciales registradas en el verano del 2017.
El drenaje pluvial sirve para evacuar las aguas de lluvias de las veredas, de las pistas, de las zonas bajas y de alta inundación de manera rápida. Esa es la concepción básica de un sistema de este tipo, que además debe ser construido de manera independiente al sistema de alcantarillado, tal como lo señala el reglamento vigente en el país.
“Obviamente en algún punto van a tener que cruzarse, porque al tratarse de infraestructura que va bajo las vías debe tenerse en cuenta ambos sistemas, no solo por las líneas de agua y desagüe, sino también por las conexiones domiciliarias”, explica el presidente de la Comisión de Contingencias del CIP Lambayeque, Pablo Valdivia Chacón.
Valdivia Chacón, ingeniero sanitario y docente universitario, refiere que el drenaje no necesariamente trabaja aprovechando las pendientes que existen en la topografía urbana, sino que en algunos casos también puede requerirse de mecanismos de bombeo para agilizar la eliminación de las aguas de lluvia.
“Lo ideal es aprovechar los desniveles geométricos de las vías, pero si es pertinente bombear, debe hacerse”, señala.
Comenta que un ejemplo cercano al tipo de drenaje que se debería aplicar en la zona metropolitana que comprenden Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria y Pimentel, es el que existe en Iquitos, capital de Loreto, donde el terreno es prácticamente plano.
“Ese sistema drena y ayuda a la evacuación rápida de las aguas acumuladas por las lluvias, al menos en el centro de la ciudad”, menciona.
TERMINAL TERRESTRE
El copioso tráfico, que inicia desde las seis de la mañana y se prolonga hasta las diez de la noche, en las avenidas José Balta, Bolognesi y José Leonardo Ortiz, las principales de la ciudad, es agudizado por el ingreso de 386 buses al centro de la ciudad todos los días.
“Es imposible que aquellas avenidas puedan recibir esa magnitud de vehículos diariamente, más porque congestionan y contaminan por completo la ciudad. Hemos descuidado el control del medio ambiente y no contamos con los equipos para medir el daño que se genera a esas horas del día, pero de hacerlo probablemente sabríamos que Chiclayo es una de las ciudades más contaminadas del Perú”, expone Lucio Asalde Vives, quien presidió el Comité de Promoción de Inversiones que se creó para Terrapuerto de Chiclayo.
Este panorama caótico, que las autoridades no han podido resolver en los últimos años, donde se presencia un flujo cercano a 500 taxis por hora circulando en esa zona durante el horario mencionado ha llevado al planteamiento del Terminal Terrestre.
“Esta propuesta sugiere llevar el terminal a la prolongación de la avenida Grau con la Vía de Evitamiento, a un terreno de diez hectáreas que hoy tiene más de cien a 150 mil metros cúbicos de desmonte, porque jamás hubo una autoridad que impida que este terreno valioso para la ciudad se convierta en un basurero gigantesco”, indica.
En el 2016 se presentó una propuesta para construir un terminal terrestre sobre cien mil metros cuadrados (10 hectáreas), con capacidad para albergar a las 68 empresas de transportes que hay en Chiclayo, los 386 buses que entran diariamente al casco central y los cerca de 14 mil pasajeros que se movilizan todos los días.
El proyecto consideró además una zona de desembarque con espacios reservados para tiendas en el primer piso. En el segundo piso se distribuyen las zonas de espera, con dos zonas VIP.
“Es el caso de Trujillo, siendo un terminal relativamente grande, cuenta con un problema fundamental: trabaja solo al 25 % de su capacidad. Esto se debe a la ubicación del terminal, debido a que gran parte de las empresas de transportes cuentan con instalaciones cercanas, haciéndole competencia. Falta una autoridad que ponga orden y que haga cumplir las ordenanzas correspondientes”, afirma Asalde Vives.
A parte de la zona consignada para la infraestructura del terrapuerto, se consideró zonas destinadas para franjas comerciales, un centro de convenciones, áreas para bancos u hoteles; ubicadas en los extremos y complementariamente al terminal. Sin embargo, el concejo provincial desestimó la iniciativa privada.
PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO
Hasta el 24 de diciembre del 2016 Lima era la única ciudad metrópoli considerada por la Constitución de la República. Por tanto, el único Plan de Desarrollo Metropolitano que se podía proponer era para la capital. Sin embargo, cuando la Normal 022, propuesta por el Sistema Nacional de Centros Poblados – SINCEP, entró en vigencia en el 2016, se definió que además de Lima hay otras ocho ciudades en el Perú que deben ser consideradas como metrópoli. Es decir, una ciudad que funciona como un núcleo madre en base a un conjunto de pequeñas ciudades en un radio de 20 kilómetros tomados desde la plaza principal.
El plan del Centro Metropolitano de Desarrollo de Chiclayo articula 16 ciudades como Lambayeque, Puerto Eten, Pimentel, etc. A esta institución llegan proyectos de alcance metropolitano. Por ejemplo: proyectos del sistema integrado de transporte público, el megamercado mayorista, el terrapuerto o un terminal de carga y contenedores.
El coordinador del Plan de Desarrollo Metropolitano de Chiclayo, Carlos Palomino Medina, destaca que formular un plan metropolitano implica tres fases.
“La primera, un diagnóstico preliminar de fuentes secundarias. Las instituciones son autónomas y tienen su mundo y su propia información. Al plan de desarrollo metropolitano le toca por primera vez integrar todo y tener un diagnóstico. Cuando eso está listo ya hay una idea de la situación de la ciudad. Posteriormente viene la parte del diagnóstico integral de fuentes primarias. Aquí se forman brigadas de campo para verificar el orden de la ciudad o cómo ha cambiado. A partir de ahí recién se lanza una propuesta”, detalla.
Actualmente, el equipo técnico del Plan de Desarrollo Metropolitano trabaja en el diagnóstico preliminar de la ciudad, cuyo contenido deberá revelar – entre otras cosas – el impacto de El Niño Costero sobre Chiclayo.
MERCADO MAYORISTA
Moshoqueque es un mercado macro mayorista nacional considerado como el segundo más importante del Perú, después de el de Santa Anita, en Lima, pues lo que ahí se concentra no es solo para Chiclayo, sino también para Lima, Yurimaguas, San Ignacio, Chachapoyas, etc. Funcionó en su momento, pero el crecimiento es tan acelerado que logró rebasar la ciudad y actualmente presenta problemas de todo tipo: congestión, contaminación y delincuencia.
Moshoqueque se ubicó ahí porque cuando se creó las avenidas transversales (México y Venezuela) eran el final de la ciudad, el último borde o anillo periférico. Pero la urbe ha ido creciendo y el mercado que estaba en la periferia, finalmente quedó en el centro de José Leonardo Ortiz.
“Por tales consideraciones Chiclayo requiere de un moderno mercado mayorista, cuya finalidad es proveer a los comerciantes minoristas que llegan en sus camionetas o volquetes y adquieren grandes cantidades de diversos productos. Este es un fenómeno llamado capacidad de compra. Sin embargo, a Moshoqueque constantemente acuden al establecimiento amas de casa que hacen el marcado para la semana o para el mes, congestionando la zona y dando un mal uso de este servicio”, explica Carlos Paredes García, past decano del Colegio de Arquitectos de Lambayeque.
“El urbanismo dice que un mercado se debe ubicar en vías próximas al alto nivel de tránsito nacional, cerca de una vía de evitamiento, de un anillo vial principal, cerca de una carretera nacional o de un encuentro de vías nacionales. Entonces, la primera medida sería reubicar al mercado Moshoqueque más al norte de la ciudad”, revela.
Mientras más a la periferia se ubique al mercado, mayor será su tiempo de supervivencia. De lo contrario, si se ubica un mercado cerca de la ciudad, ocurrirá lo mismo que en Moshoqueque, pues la zona urbana se satura y crece. Considerando también que los camiones con carga dañan las pistas y veredas, así como las viviendas.
“Si yo tuviera que construir un mercado para la ciudad y para el norte, lo haría próximo al anillo vial tres, porque por ahí van a venir los camiones del nororiente, de la sierra; tráileres trayendo mercancía y vehículos menores. Esto es cercano a los dos ejes de conectividad más importantes, prácticamente en la Avenida Chiclayo. Ese el concepto para construir un mercado mayorista de esa magnitud”, agrega.
“Podría ser que Chiclayo esté requiriendo una red de mercados, así como el mercado modelo. Para ello necesitaríamos cinco de esta dimensión por toda la ciudad y cubra la oferta y demanda. Además, para que eso ocurra deben habilitarse vías principales para el acceso de vehículos de carga”, explica.
“Pueden existir muchas iniciativas para solucionar la situación de Moshoqueque. Sin embargo, el principal problema para poner el mercado es que necesitamos 30 o 40 hectáreas y actualmente Chiclayo no dispone de terrenos de esa magnitud, considerando también el costo por metro cuadrado”, dice Marco Panta Merino, arquitecto y consultor urbanista.
