La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha publicado el libro “La sentencia del Baguazo y sus aportes a la justicia intercultural”, un voluminoso texto en el que se analiza la importancia del fallo que la Corte Superior de Amazonas emitió a favor de los presuntos autores de los crímenes sucedidos en la protesta indígena del 5 de junio del 2009, en la que perdieron la vida 33 personas, entre ellas 23 policías, según la Defensoría del Pueblo. De acuerdo al análisis de expertos y juristas, la decisión del Poder Judicial no crea un halo de impunidad, sino más bien apunta a la ubicación y sanción de los verdaderos autores materiales de los asesinatos, tarea que el Estado todavía tiene pendiente.
Las protestas de las comunidades indígenas se dieron en rechazo a una serie de decretos dado por el gobierno nacional, durante el segundo mandato de Alan García Pérez, que alentaban la inversión privada y explotación maderera, petrolera y minera territorios considerados de propiedad comunal y que, en opinión de los líderes awajún, huambisas y de otros grupos étnicos, atentaban contra su derecho a la vida y a la preservación del entorno natural que habitan por generaciones.
La negativa del gobierno de retroceder en la vigencia de las normas o buscar mecanismo de entendimiento y equilibrio con las comunidades originarias, prolongó por más de 55 días el bloqueo de diversos tramos de la carretera Fernando Belaúnde Terry, medida que concluyó con el violento desalojo de la denominada Curva del Diablo, donde se produjeron parte de las muertes.
“Hay que tener presente los antecedentes históricos de los pueblos indígenas, históricamente sus derechos fueron pisoteados e incluso el presidente los llamó ciudadanos de segunda clase. El gobierno insistía en que los decretos debían aprobarse sí o sí y no se consideraba en ningún momento la realidad de estos pueblos, que no fueron sometidos ni en el incanato ni en la colonia, y que siempre han permanecido como celosos guardianes de la naturaleza, y que además están protegidos por los convenios internacionales que el país ha suscrito, entre ellos el 169 de la OIT. En su momento fueron 11 decretos, pero el 1090 era el más lesivo contra el mundo amazónico, y la voz de las comunidades nunca fue escuchada pese a que durante dos años gestionaron su participación en la formulación de las normas”, explica Norbel Mondragón Herrera, presidente de la Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia – COSDEJ.
LA SENTENCIA
Mondragón Herrera, reconocido promotor de los Derechos Humanos, asumió la defensa legal de varios de los líderes nativos acusados por el Ministerio Público, entre ellos Santiago Manuin Valera. Durante dos años junto a otros abogados litigó en la Corte Superior de Amazonas hasta lograr la sentencia absolutoria emitida por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria y Liquidadora de Bagua, presidida por el juez Gonzalo Zabarburú Saavedra.
El proceso se desarrolló bajo los efectos del Código de Procedimientos Penales y concluyó tras siete años de investigación.
“Los magistrados llegaron a establecer que los 53 procesados, acusados por delitos como motín, disturbios, homicidio y otros ilícitos, sumando un total de ocho tipos penales, con condenas de seis años hasta pedidos de cadena perpetua, eran inocentes. No se demostró ningún elemento vinculante que acredite su responsabilidad en los hechos sucedidos el 5 de junio del 2009”, señala.
EXCESOS DEL DESALOJO
El abogado menciona que durante el desalojo de la Curva del Diablo se produjeron diversos excesos por parte de la policía, como el acudir a la diligencia sin presencia de fiscal, lo que desde el origen deslegitimaba el operativo.
Refiere que en la madrugada del 5 de junio los nativos se disponían a desbloquear la carretera y retornar a sus comunidades tras permanecer casi dos meses en la protesta.
“En este caso hay más responsabilidad política que legal, porque se desplegó al personal de policía cuando los nativos estaban retirándose, sin presencia del fiscal y con el objetivo de repelar a diestra y siniestra a los manifestantes. Se ha probado en el juicio que los nativos nunca utilizaron armas de fuego, porque a todos se les hizo la pericia de absorción atómica para ver si tenían restos de pólvora, bario, antimonio y plomo. En el caso de los 53 el resultado fue negativo. Los especialistas antropólogos que estudian el desenvolvimiento de los indígenas demostraron que ellos utilizaron lanzas como armas de guerra y, sin embargo, todos los caídos, los heridos o los muertos, tenían impactos de armas de fuego”, refiere Norbel Mondragón.
Remarca que sí hay responsables de las muertes, pero estos no eran los procesados en el juicio que demoró dos años, y es entonces donde se erige la tarea pendiente del Estado de llegar a la verdad y sancionar a los ejecutores de nativos y policías.
“La justicia concluye que los 53 procesados que estuvieron en el banquillo de los acusados, que acudieron a 62 audiencias, durante dos años y medio, no eran los responsables. Lo que no implica que las muertes deben quedar impunes. Los nativos ejercían su derecho a la protesta y a la defensa del medio ambiente”, enfatiza.
IGNORANCIA DEL ESTADO
Para Norbel Mondragón, el Estado demostró con el Baguazo la incapacidad que aún presenta para tratar y resolver conflictos con las comunidades nativas, deficiencia sobre la cual a partir de la sentencia de la Corte de Amazonas se empieza a reflexionar y que es precisamente materia de análisis en el libro recientemente publicado.
“La sentencia del Baguazo ayuda a reflexionar mucho hoy en día esta situación. Los peruanos tenemos el derecho de reclamar para ser escuchados de manera pacífica y en este caso particular los jueces aplicaron una serie de criterios de ponderación que son importantes de tener en cuenta. Ellos reconocen que los nativos no tenían otra manera de reclamar, no tenían acceso a los medios de comunicación y tampoco recursos para ir al Congreso o ante el Ejecutivo. En consecuencia no estaban en igualdad de condiciones para protestar, por lo que su única salida era el bloqueo de vías y la paralización en defensa de un territorio que cuidan hace generaciones”, explica.
PARA REFLEXIONAR
Anota que conforme señaló el informe en minoría del congresista Guido Lombardi, existe una alta responsabilidad política sobre el expresidente Alan García Pérez, el ex presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon Munaro, la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas Bustamanete y la ex ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz Fernández, actual segunda vicepresidenta de la república.
“Todo esto tuvo una enorme repercusión nacional e internacional, son hechos que no se pueden volver a repetir y que necesariamente tienen que esclarecerse, como el caso del aún desaparecido mayor Bazán. Se tiene que investigar porque esta historia no ha terminado, debemos saber qué es lo que ocurrió verdaderamente. El informe de la coordinadora y la sentencia en sí son un importante aporte a la justicia intercultural, porque se trata de uno de los primeros casos a nivel nacional en el que la mayoría de las audiencias se realizaron justamente en lengua awajún y huambisa, respetando la interculturalidad del país. Se trata entonces de una sentencia histórica”, destaca.
El fallo de la Corte de Amazonas consta de 392 páginas, y aunque existe un recurso de nulidad que deberá ser revisado por la Corte Suprema de la República, el fiscal supremo Pedro Chávarry Vallejos se ha manifestado solo a favor de un nuevo juzgamiento contra tres de los 53 procesados. Ellos son: Feliciano Cahuasa Rosalín, Ronald Requejo Jime y Dani López Cahui por el delito de tenencia ilegal de armas.
“La sentencia del Baguazo nos motiva a reflexionar sobre las enormes brechas que aún tenemos en el país y la necesidad de que el Estado preste atención a las comunidades nativas. Son ellos quienes defendieron nuestra frontera en la guerra contra el Ecuador, y no es justo que el país les pague de ese modo. Los pueblos indígenas están protegidos por los convenios y declaraciones internacionales, y ese respeto es el que todos debemos defender”, anota Mondragón Herrera.
+NOTICIAS
Horas después de sucedidos los hechos del 5 de junio del 2009, el Congreso de la República derogó los decretos legislativos que rechazaban las comunidades nativas.
En la última elección para la renovación del consejo directivo del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque – ICAL, Carlos Palomino Guerra quedó en segundo lugar, recibiendo un importante respaldo de los agremiados que lo califica para analizar la situación de la administración de justicia en el departamento. Expresión dialogó con él y estas son sus impresiones.
En su condición de abogado y al queda como segunda opción para decano del ICAL, ¿cuál es el análisis que hace de la situación judicial que se vive en el departamento actualmente?
Hablar de análisis judicial es muy amplio, se puede señalar que la percepción de la lucha contra la corrupción aún no llega a resultados definitivos, como es el caso de los “Limpios de la corrupción” y de las organizaciones criminales. Esta falta de celeridad y eficacia genera mayor percepción que la administración de justicia no está funcionando en forma rápida, para ser parte en la lucha frontal contra la corrupción y la inseguridad. No es posible que los encargados de perseguir y juzgar los actos delictivos se estén acusando entre ellos de las deficiencias que supuestamente tiene cada uno o en la celeridad de actuar; esto no favorece en nada a la administración de justicia.
En otros temas, como ya lo dijo el doctor Duberlí Rodríguez Tineo, presidente de la Corte Suprema, debemos de cerrar de una vez por todas que jueces de otras jurisdicciones tengan injerencia en las controversias de las azucareras, ya que por un sentido hasta común los que deben de tener competencia para resolver estos asuntos son los jueces de Chiclayo.
Algo que debe de preocupar a la ciudadanía y a la clase trabajadora, es que sus pretensiones o reclamos en materia laborales se vean tan dilatados para ser resueltos; no es posible que tengan que esperar más de un año para una audiencia y otro año más para la emisión de la sentencia. Si se toma en cuenta que esos plazos son solo los de primera instancia, por lo que si se suma la apelación y el recurso que puede llegar a la Suprema, lo tiempos se exceden. Las demoras en la administración de justicia son preocupantes.
En conclusión, se debe esperar un promedio de cinco años a más para lograr una sentencia sobre un reclamo de derechos laborales. Eso ya no es justicia.
¿Cree que el sistema de justicia y sus operadores responden de manera eficiente a la problemática local y a las expectativas de los ciudadanos?
La expectativa de los ciudadanos con respecto al sistema de justicia definitivamente no es la mejor. El doctor Rodríguez Tineo está encaminado y demostrando una proactividad en su función, porque al parecer su plan de trabajo se basa en algo que es lo que realmente necesita el Poder Judicial.
Con esa misma fuerza, deben de partir los representantes de los abogados, como son los colegios de abogados, así como de las facultades de Derecho. De igual modo, es necesario fortalecer la esencia del valor de servicio al ciudadano, y no solo por la parte del operador que puede ser el juez, fiscal u secretario, sino también por parte de los abogados; donde todos, como operadores de la administración de justicia, debemos fortalecer y mejorar los servicios que se brindan, ya sea como juez, fiscal, secretario, asistente u abogado defensor.
¿Cómo podría mejorarse a fin de corregir las debilidades que existen?
Para mejorar la administración de justicia es muy importante la participación activa de representantes de la sociedad civil, en este caso, definitivamente, de los representantes de los colegios profesionales y sobre todo del Colegio de Abogados.
Sin embargo, en la actualidad esta representación solo está limitada con mayor protagonismo del representante designado a los órganos de control (OCMA y ODECMA) y no al representante de todos los abogados del país, es decir el miembro de Comité Ejecutivo del Poder Judicial, que es designado por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, o acaso alguien sabe de su participación o conoce de él en el mundo jurídico. Parece que quien tiene mayor interés de apoyar en la mejora de la administración es la representante de los magistrados de los juzgados especializados, que es coincidentemente la doctora lambayecana Rosa Amelia Vera Meléndez.
Por lo tanto, para mejorar o corregir las debilidades del sistema de justicia; la solución no solo debe venir del representante de quienes administran justicia, sino también de aquellos operadores que son parte del sistema como los abogados y de los miembros de la sociedad civil.
¿Considera que hay excesos en algunos casos emblemáticos que investiga el Ministerio Público con los requerimientos de prisión preventiva, por ejemplo?
Claro que sí. Partiendo desde la óptica de la Constitución, se ha dejado de lado definitivamente el derecho a la presunción de inocencia e inclusive en los últimos tiempos se ha visto que por la sola acusación de un “colaborador eficaz” se ordena prisión preventiva y esto es alarmante, por cuanto cualquier ciudadano se encuentra en zozobra a su libertad, ya que se puede pensar que la sola acusación de un supuesto colaborador o de un tercero, que solo puede generar indicios, es suficiente para una prisión.
Considero que este es un tema muy delicado y que es preferible hasta equivocarse en no otorgar prisión efectiva a que otorgar prisión a un inocente. Muchos fiscales, posiblemente por cumplir o llevar a cabo su estrategia, ven como una forma de lograr sus metas, solicitando prisiones preventivas de todos aquellos que serían parte de una organización o parte en la comisión de un delito, decisión que se debe de valorar.
Esta posición ya la señaló hace unos meses el mismo Presidente de la Corte Suprema al decir que se está abusando de las prisiones preventivas, vulnerando uno de los derechos más elementales, como es el de la inocencia.
¿Cómo podría la Corte de Lambayeque mostrar mayor eficiencia y celeridad en los diversos procesos de corrupción que revisa a fin de sancionar a quienes le han fallado al Estado?
No solo la Corte de Lambayeque debe de tener mayor eficiencia para sancionar, sino también el Ministerio Público, que es parte importante en estos procesos.
Lo que debe pasar, en primer lugar, es que los representantes de estas dos instituciones, Corte de Lambayeque y Ministerio Público, reciban todo el apoyo necesario para cumplir sus metas, como presupuesto, logística, personal entre otros, a fin de conseguir la celeridad deseada por la ciudadanía, como es sancionar a los que resulten responsables de la comisión de los delitos de corrupción por haber fallado a la sociedad en su conjunto.
La historia ha demostrado, según el autor Alfonso Quiroz en su famoso libro “Historia de la corrupción en el Perú”, que la sanción a los corruptos no solo depende de la mejor voluntad de los jueces y fiscales honestos y probos, sino también de la voluntad de sus líderes o representantes, en este caso del gran apoyo que debe ser del presidente de la Corte Superior y de la presidenta del Ministerio Público de Lambayeque.
¿A casi seis meses de iniciada la gestión de Aldo Zapata López como presidente de la Corte de Lambayeque, qué es lo que más puede destacar de su gestión?
Uno de los logros más destacados hasta el momento, que se debe de reconocer, es que en coordinación con la Presidencia de la Corte Suprema es que se haya suspendido el mes de vacaciones de los trabajadores del Poder Judicial, a fin de continuar con las audiencias no realizadas como consecuencia de la huelga que se inició la segunda quincena de noviembre del año pasado.
Asimismo, considero que por la experiencia y logística, esta gestión puede hacer más en lo relativo a organizar eventos académicos de manera semanal o quincenal, en beneficio de la sociedad, donde están incluidos los operadores del Derecho, a fin de acercar al Poder Judicial con la sociedad.
Tenemos toda la confianza que esta gestión superará a la buena gestión de la anterior presidenta en ser drástica en la lucha contra la corrupción; en apoyo a la celeridad de los procesos; en mejorar y apoyar en la formación de sus colaboradores en competencias, para que puedan brindar un mejor servicio, no solo capacitarles en temas jurídicos, sino también en habilidades directivas.
El equipo de esta gestión sabe que la base fundamental para mejorar el sistema de administración de justicia puede tener muchos elementos, pero uno de ellos es empezar por valorar al trabajador en su calidad humana y mejorar el clima laboral, como sucede en otras cortes.
Por último, debo de reconocer que el presidente acudió a nuestra orden para recibir las opiniones de los abogados litigantes, quienes expresaron sus observaciones y dieron sugerencias.
¿Cómo avanza la recuperación institucional del colegio después del período de inestabilidad interna que vivió? ¿Tiene permanente acercamiento el actual decano con los abogados? ¿Con usted ha conversado o le ha pedido que su Plan de Trabajo se sume al que él tiene?
Todos los abogados colegiados a la orden de Lambayeque deseamos que se concreten muchas metas y proyectos, pero esta se debe de llevar de una manera unida, donde todos los exdecanos puedan aportar con su experiencia así como los abogados. No es posible que cada nuevo decano no tenga una buena relación con su antecesor. Ahora existe estabilidad institucional y eso es bueno para cumplir las metas y proyectos que los abogados se merecen.
El acercamiento del Decano, bueno debe ser una característica de todo líder o representante; queda en cada abogado sacar sus conclusiones sobre si el representante tiene un acercamiento con todos.
Nosotros siempre estaremos dispuestos a colaborar con nuestra orden, si la actual Junta Directiva lo considera. Sin embargo, hasta la fecha no hemos tenido ninguna comunicación.
¿Cree usted que el ICAL trabaja en la fiscalización ética y deontológica de sus agremiados? ¿Conoce si hay abogados sancionados por faltas profesionales?
Considero que los abogados de hoy en día, debemos de esforzarnos en mejorar más la calidad de servicios que se brinda al cliente; un mal servicio puede conllevar incluso a una denuncia ante el INDECOPI.
Nuestra orden solo actúa si hay una denuncia de un cliente o de algún agraviado, a fin de cuidar la imagen y reputación que los abogados nos merecemos por el ejercicio de nuestra profesión.
El gobierno, en mérito a las facultades otorgadas por el Congreso, ha promulgado un Decreto que crea el Registro Nacional de Abogados Sancionados, norma y registro muy importante, porque antes muchos abogados que eran sancionados en Lima ejercían la profesión en provincias. El registro está disponible en el portal del Ministerio de Justicia.
