El Segundo Juzgado Especializado Civil de Chiclayo, a cargo del juez Juan Francisco García Mayorga, resolvió declarar improcedente la demanda de Proceso Constitucional de Amparo interpuesta por Genaro Llamo Pozo contra la jueza Liz Karina Fabián Palomino, en su condición titular del Séptimo Juzgado Especializado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

El auto de improcedencia que recae en el Expediente N°01086-2017-0-1706-JR-CI-02 señala  en su primer considerando que dentro de las garantías constitucionales, el proceso de amparo tiene por finalidad la defensa de los derechos reconocidos por la Constitución; permitiendo cautelar y restituir el goce efectivo de los derechos constitucionales o fundamentales que han sido vulnerados o amenazados. Así, conforme lo establece el artículo uno del Código Procesal Constitucional, la finalidad concreta de estos procesos es proteger derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo; encontrándose protegido el derecho al debido proceso y la tutela procesal efectiva invocados por el demandante en el inciso tres del artículo 159 de la Constitución Política.

HISTORIA

Según escrito presentado en fecha 2 de junio del año pasado, Genaro Llamo Pozo interpuso demanda sobre proceso de amparo contra la juez Liz Karina Fabián Palomino, en su condición de juez del Séptimo Juzgado Especializado Civil de Chiclayo, con la finalidad de que se deje sin efecto por causal de nulidad las resoluciones número 543 en adelante, expedidas en el proceso judicial N°4430-2001, sobre indemnización seguido por Edwin Oviedo Pichotito  contra la Empresa Agroindustrial Tumán SAA.

El demandante Llamo Pozo, fundamentó su pretensión alegando que el 18 de noviembre del año pasado, la juez demandada emitió la Resolución 543, que considera congruente con el proceso, toda vez que al haber concluido el proceso de pleno derecho se cancela la medida  cautelar; que posteriormente expide otras providencias dentro de ellas la Resolución N° 550, integrando la Resolución 543, en el sentido que los administradores judiciales deben entregar el cargo y documentos al Directorio presidido por Wigberto Cabrejos Flores, por ser el último Directorio, habiéndose así vulnerado el principio constitucional de la motivación de las resoluciones sin exponer motivo alguno y vulnerando el principio al debido proceso.

Además, que resolvió convocar a elecciones para elegir un nuevo Directorio, no habiendo sido materia del proceso en el expediente N°04430-2001. Con respecto a la Resolución 557, la demandada implícitamente suspendió la ejecución del mandato judicial emitido por el Juez Mixto Penal Unipersonal de Juambilla, quien resolvía dejar sin efecto el mandato de reinstalación del Directorio presidido por Wigberto Cabrejos Flores; que en la Resolución N° 558, la magistrada, abusando de su cargo, ordena que el Jefe de la Región Policial de Lambayeque disponga el desplazamiento de efectivos policiales para la ejecución de su mandato; en Resolución N° 570, sin motivación fáctica ni jurídica, ha ordenado a la Zona Registral N° II sede Chiclayo, inscribir la Resolución N° 570.

Respecto a la Resolución N° 571, se habría vulnerado el debido proceso y la motivación de resoluciones judiciales; en Resolución N° 572 se resuelve la entrega un cheque por ochenta mil quinientos cincuenta y ocho dólares americanos a Wigberto Cabrejos Pérez;  en Resolución N° 4, emitida en el Expediente N°00018-2017-1-0103–JM-FC-01 por el Juzgado Mixto Penal Unipersonal de Bongará –Jumbilla; por último, en Resolución N° 577, la magistrada Lourdes Cristina Quiroz Vigil- encargada del séptimo Juzgado por período vacacional de la juez titular- vulnerando el principio constitucional del debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales obliga a la Policía Nacional del Perú a efectuar actos de resguardo policial a personas jurídicas particulares.

IMPROCEDENTE

Asimismo el Auto de Improcedencia refiere en su cuarto considerando que el artículo cuatro del Código Procesal Constitucional, establece que “el amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo; además conforme al artículo 47 del mismo Código, “si el juez al calificar la demanda de amparo considera que ella resulta manifiestamente improcedente lo declarará así expresando los fundamentos de su decisión”.

El juez Juan García Mayorga precisa en el considerando noveno de la referida resolución de improcedencia que el escrito de la demandada advierte que lo que pretende el actor es que la Junta General de Accionistas convocada para el 4 y 9 de julio del 2017 no se realice; habiendo incluso logrado obtener una medida cautelar en forma de administración en el Expediente N° 018-2017 del Juzgado Mixto Penal Unipersonal de la Provincia de Bongará - Amazonas, esto es, en un distrito judicial ajeno al de la jurisdicción, vulnerando así la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional contenida en el inciso dos del artículo 159 de la Constitución.

ASPECTO SOCIAL

También queda escrito que se ha advertido en esta materia de Acción de Amparo que la jueza Karina Fabián Palomino, del Séptimo Juzgado Civil, al disponer que efectivos del orden policial brinden resguardo y seguridad externa en las instalaciones de la Empresa Agroindustrial Tumán no lo hizo con la finalidad de proteger intereses privados o particulares. Por el contrario, al no hacerlo, la juez demandada habría podido incurrir en responsabilidad, toda vez que, no es ajeno – por ser un tema social- que al ordenarse estas medidas “suele desatarse el conflicto entre bandas delincuenciales cayendo en desprotección tanto los trabajadores de la empresa como la población de la ciudad de Tumán”.

Y por último, la falta de agotamiento de la vía previa, no queda justificada ni fundamentada pues, la Resolución 558 no rechaza el recurso impugnatorio contra la Resolución 543, sino que se le ha requerido que previo a su calificación debe adjuntar el arancel judicial por derecho de apelación.

El decano del Colegio de Arquitectos de Lambayeque, Antonio Uriarte Gonzales, anunció que el Tribunal de Ética, recientemente reconformado, ha iniciado la revisión de las quejas y denuncias presentadas contra algunos integrantes de la orden involucrados en presuntos actos de corrupción, con el objetivo de determinar si corresponde o no la aplicación de sanciones que podrían incluso llegar a la inhabilitación para el ejercicio profesional. Tres de ellos son actualmente investigados por el caso “Limpios de la corrupción”.

Se trata de Jorge Inchaústegui Samamé, ex gerente de Urbanismo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, quien se encuentra bajo mandato de prisión preventiva desde enero del 2015; Carlos Mendoza Oliden, quien también ocupó la Gerencia de Urbanismo en la comuna local y actualmente tiene comparecencia restringida, y José Baca Távara, ex gerente general de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, recluido desde enero del 2015 como parte del proceso de investigación seguido a la organización que habría liderado el exalcalde Roberto Torres Gonzales.

El decano explica que los arquitectos tienen responsabilidades desde el ejercicio profesional para con la sociedad y el prestigio de la orden, por lo que no se requeriría de sentencias judiciales para acreditar algún tipo de inconducta contemplada en el Código de Ética y que pueda recibir sanción de parte del comité especial que se encarga de dichos procedimientos.

Comenta, que en los últimos años ningún arquitecto que ha ocupado cargos en la administración pública y que ha sido objeto de denuncias e investigaciones por los órganos de control o el Ministerio Público ha recibido sanción de la orden profesional.

Refiere que recién hace tres meses se ha reformulado la composición del Comité de Ética del CAP Lambayeque, cuya presidencia recae en el arquitecto Enrique Rodríguez Mosqueira.

INACCIÓN

¿No funcionaba antes el comité? “Sí funcionaba, pero oh sorpresa, en el caso más connotado que es el de “Los limpios de la corrupción” no hay ningún amonestado para comenzar. Sin embargo, yo sí he sido amonestado”, responde Antonio Uriarte.

Indica que el comité que antes presidía el arquitecto Rodolfo Arbulú Chereque, en la actualidad se encuentra revisando los casos de Incháustegui Samamé, Mendoza Oliden y Baca Távara, quienes se encuentran en calidad de investigados.

“El arquitecto Rodolfo Arbulú Chereque no hizo nada y no dejó las cosas claras, los arquitectos que delinquen o hacen mal uso de la profesión deberían ser sancionados y eso no se ha hecho, en cambio a mí y a otro arquitecto se nos amonestó por cosas sencillas, sanciones que han sido apeladas al comité nacional. Lo que se ha visto es incongruencia y esperamos que esto pueda rectificarse”, señala.

Antonio Uriarte anota que el nuevo comité deberá evaluar apoyándose en su independencia y autonomía, y remarca que su decisión deberá centrarse en la conducta ética de los investigados al margen de las sanciones penales que estos puedan recibir por los ilícitos que habrían cometido durante su paso por la administración pública.

“Creo que si está suerte de permisibilidad se ha presentado es por dejadez, porque no ha habido un interés firme de defender el prestigio del colegio. Si hubo intereses económicos internos definitivamente lo desconozco. Lo que está claro es que estás tres personas han hecho quedar mal al colegio y más porque no han recibido la sanción que les corresponde, pero esa es una opinión muy personal, es el comité quien debe pronunciarse”, señala.

COMISIONES TÉCNICAS

Por otro lado, el decano indica que también se ha iniciado un mayor control sobre los arquitectos designados para participar en las comisiones técnicas que se encargan de la revisión de proyectos de construcción en las municipalidades del departamento.

El colegio designa todos los años a un representante en los municipios, siendo Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pimentel, Lambayeque y Ferreñafe los distritos con mayor dinámica constructiva, en los que los arquitectos tienen presencia permanente.

Sin embargo, conforme la orden ha denunciado en reiteradas veces los municipios autorizan construcciones que incumplen los reglamentos, atentan contra el ornato y generan vulnerabilidad, amparándose en los dictámenes que emiten las comisiones en las que participan sus representantes.

CONTROLES DÉBILES

A decir de Antonio Uriarte, los filtros para la aprobación de proyectos y emisión de licencias no accionan de manera eficiente.

El decano señala que existen responsabilidades compartidas y en esto se involucra al proyectista, que puede o no elaborar una propuesta de construcción correcta. Luego está el revisor, que debe exigir el cumplimiento de la norma y observar el proyecto de ser necesario. Posteriormente está el funcionario municipal que emite la licencia y, finalmente, el inspector o supervisor.

“Por lo general, en un 80 % de proyectos, durante la etapa  de ejecución, no se cumple lo que se ha aprobado, y es ahí donde el supervisor debería paralizar la obra y no entregar la conformidad, como actualmente sucede. El proyectista puede cumplir con la norma y obtener la licencia, pero el ejecutor o el propietario alterar el proyecto. Lo que estamos disponiendo como colegio es que se inicie la fiscalización de los proyectos aprobados y ejecutados. Si hay irregularidades, los casos deberán pasar directamente a ética”, precisa.

Añade que se han presentado casos de municipalidades que emiten licencias de construcción sin previa revisión de los equipos técnicos en los que participan los representantes de los colegios de arquitectos e ingenieros.

Frente a ello, la orden ha dispuesto la realización de visitas a los diferentes alcaldes distritales para hacerles conocer las implicancias de este procedimiento irregular, que incluso puede acarrear sanciones de tipo penal.

Asimismo, se ha dispuesto la instalación de una oficina de enlace en el colegio, para que los arquitectos revisores reciban los proyectos y puedan emitir su opinión técnica sin necesidad de desplazarse hasta la zona de ejecución.

PLAN METROPOLITANO

En relación a la formulación del Plan de Desarrollo Metropolitano, necesario para la ordenamiento de Chiclayo y sus distritos circundantes, Antonio Uriarte comenta que a raíz del convenio suscrito entre la comuna provincial y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la elaboración del documento, con un financiamiento de 520 mil soles, el Colegio de Arquitectos estableció un acercamiento con las autoridades ediles para poner a su disposición la asistencia técnica.

Resultado de ese acercamiento, el colegio alcanzó una terna de tres arquitectos para que sean considerados en el equipo técnico y puedan liderar el proceso de manera adecuada. Asimismo, ha ofrecido uno de los pisos de su sede institucional para que el grupo de expertos desarrollen sus actividades.

“Eso es lo que hemos podido conseguir, pero todavía no se materializa, en eso hay que ser claros.  Ya hemos tenido las conversaciones, pero está que se dilata el tiempo y esperemos que el día lunes se pueda concretar el acuerdo”, menciona.

El colegio ha propuesto a los arquitectos Marco Panta Merino, Ramón Siancas Layo y Carlos Palomino Medina, cuya postulación ha sido aceptada. Sin embargo, es el Ministerio de Vivienda el va a evaluar cuál de los tres tiene el perfil adecuado para asumir el liderazgo del equipo.

DOCUMENTO ACTUALIZADO

Uriarte Gonzales enfatiza en que la concepción del Plan de Desarrollo Metropolitano debe ser distinta a la que se manejaba antes de la emergencia presentada por El Niño Costero, considerando las áreas de vulnerabilidad y gestión de riesgos necesarias para proyectar la expansión de Chiclayo conurbano.

Refiere que al inicio de la gestión del alcalde David Cornejo Chinguel el equipo que lideró Rodolfo Arbulú Chereque trabajó sobre la base del Plan de Desarrollo Urbano 2010-2015, aprobado recién en enero del 2016, cuyo contenido ya está desactualizado.

“Definitivamente los criterios que se manejaban ya no se ajustan a la realidad post emergencia y ahora se tiene que incluir con mayor énfasis la gestión de riesgos y reducción de vulnerabilidades con una visión de 10 o 15 años”, señala.

Actualmente el Colegio de Arquitectos de Lambayeque trabaja con 12 comisiones técnicas, entre ellas la de medio ambiente, normas, universidades, asuntos gremiales, y deportes, en las que participan 60 agremiados.

“Como persona, Epifanio Cubas Coronado es un buen leonardino. Como amigo, es un buen amigo, pero como político y como autoridad la población ya ha dado un veredicto y me sumo a esa voz, porque no podemos seguir permitiendo que cada día el distrito se hunda en la desgracia. Esta gestión municipal es pésima, paupérrima y en verdad, somos muchos, por no decir toda la población, los que hemos perdido los sueños y las esperanzas de que esta gestión realice alguna mejora en orden, limpieza, seguridad  y gestión”, sostiene el regidor oficialista Aureliano Castañeda Hernández.

Afirma que ha llegado el momento de aclarar que si bien es cierto llegó a la gestión municipal de la mano de Epifanio Cubas, al ser parte de la plancha de regidores que se presentó ante Jurado Nacional de Elecciones –JNE, por Solidaridad Nacional, durante la campaña electoral del 2014, esto no lo convierte en el escudero de la autoridad.

“Si bien es cierto, en un primer momento apoyé a Epifanio Cubas; es decir, en el inicio de gestión, porque había un buen plan de trabajo, el cual lo hicimos conocer durante la campaña electoral, pero eso no quiere decir que me convierta en su escudero y lo he demostrado durante los dos años y medio de gestión como duro opositor a las acciones negativas que van en contra del desarrollo de José Leonardo Ortiz”, explica.

Recuerda que en el discurso del primer día de gestión, Cubas Coronado sostuvo que su trabajo estaría centrado a enfrentar la contaminación, la inseguridad, el caos vehicular y la evasión tributaria.

“La no atención de estos problemas durante los dos años y medio de gestión, son algunos de los problemas más resaltantes que han perjudicado la calidad de vida de más de 160 mil habitantes”, señala. 

TAN SOLO SUEÑOS

“Otra promesa que hasta el momento está sin cumplir fue de la de atender de manera primordial y enfrentar la inseguridad, la que domina al distrito producto de la carencia de políticas públicas contra la delincuencia”, añade-

Menciona que en su plan de trabajo, Epifanio Cubas ofreció la construcción de tres comisarías más y prometió que trabajaría para ejecutar la reconstrucción de la Comisaría de la Mujer o de Mujeres, obra que está paralizada desde hace mucho tiempo.

“También ofreció continuar con la gestión y realización de obras que se mantienen inconclusas. Cubas aseguró que reiniciaría las obras paralizadas en el anterior gobierno, pero hasta la fecha todo sigue siendo tan solo promesas”, indica.

VISIÓN PARTIDARIA

Aureliano Castañeda recuerda que cuando Epifanio Cubas lanzó su candidatura a la alcaldía de José Leonardo Ortiz por Solidaridad Nacional, vendió la promesa de hacer del distrito “un lugar para que todos vivan mejor”.

Además, ofreció seguridad en las calles, con obras que generen bienestar y desarrollo integral del distrito. Una gestión más allá de las promesas, con honestidad, capacidad y trabajo.

“Recuerdo que decía que el distrito requería con urgencia un alcalde que gobierne con trabajo en equipo y solidaridad para todos, donde se promueva empleo digno y se abra las puertas a la inversión privada, sin corrupción y transparente”, cuenta, precisando que se creyó mucho en la sencillez de la persona y en el empresario, pero que a 30 meses de gestión no hay resultados favorables al distrito.

“El atraso en el cual se encuentra sumido José Leonardo Ortiz es responsabilidad de la gestión municipal, y esa gestión edil es liderada por Epifanio Cubas Coronado, a quien le falta de capacidad y conocimiento. Sin embargo, hasta el momento no está dicha la última palabras y somos los regidores los que tenemos que hacer algo antes de irnos”, sostiene Aureliano Castañeda.

LAS PROPUESTAS

El fiscalizador añade que fueron 27 mil los leonardinos que dieron su voto para que Epifanio Cubas se convierta en el alcalde.

“De qué nos sirve tener autoridades que pregonan que tienen los valores de ser honestos y transparentes en el manejo de los dineros del Estado, cuando los leonardinos elegimos a una persona para que trabaje por el distrito y no para que nos robe. No hay obras de infraestructura y de servicios que permitan el desarrollo integral del distrito y que el bienestar alcance a todos sin exclusión de barrios o zonas”, indica.

En el tema del transporte en general, Epifanio Cubas sustentaba que era un caos en el distrito, especialmente en el cuadrante del complejo del mercado Moshoqueque. A este problema, se une que no existe red vial en gran parte del distrito.

Por citar como ejemplo, el parque de vehículos menores – mototaxis- crece desmesuradamente. El registro municipal solo acredita un promedio de dos mil 500 unidades. Sin embargo, actualmente circulan cerca de 12 mil mototaxis. La semaforización es mínima y no existe un plan de desarrollo vial de transporte.

La autoridad edil ofreció un distrito ordenado, con vías debidamente asfaltadas y control del tránsito y transporte.

SEGURIDAD CIUDADANA

En el plan de trabajo se plasmó que asumiría el liderazgo político que la ley le confiere en resguardo de los intereses de la población, y que a través de ordenanzas municipales declararía como prioridad la seguridad ciudadana e implementaría programas de seguridad ciudadana en los centros educativos y organizaría programas de prevención con las organizaciones sociales de base.

De igual manera, propuso crear estrategias e invertir en un sistema tecnológico de protección que sirva de centro de monitoreo de video cámaras en lugares estratégicos, para lograr un distrito seguro con autoridades comprometidas con las actividades de la ciudadanía. Nada de eso se ha hecho.

“El serenazgo cuenta con más de 30 personas y se dividen en tres turnos diarios. Además, se tienen tres modernas camionetas que fueron adquiridas a presión con el programa de incentivos, pero los vehículos son utilizados para repartir documentos. En la noche, es difícil ubicar un sereno en la Plaza Cívica y el responsable realiza función administrativa y se olvida de la operativa”, detalla el fiscalizador.

LA BASURA

Cubas Coronado ofreció establecer una nueva política de limpieza pública en alianza estratégica con el personal obrero de la municipalidad, basado en resultados y promoviendo la cooperación técnica de las entidades del gobierno central para la implementación de un sistema adecuado de recojo y procesamiento de basura.

“Una de sus propuestas fue la de adquirir equipos de limpieza pública que garanticen un efectivo servicio de recojo de la basura, así como implementar un Plan Integral de Residuos Sólidos e incorporar un plan de reforestación para el sembrío de árboles y recuperar las áreas verdes del distrito”, dice Aureliano Castañeda.

Sin embargo, lejos de tener un distrito limpio, saludable, con áreas verdes y digno para vivir, Leonardo Ortiz sigue sumido en la suciedad y la basura.

La gestión actual –indica- compró cinco volquetes de procedencia asiática en el último trimestre del año 2016, los cuales fueron observados y ahora son parte de una investigación, ya que la compra habría sido direccionada y sobrevaluada.

TUGURIZACIÓN

Epifanio Cubas Coronado ofreció promover la modernización de los centros de abastos del distrito, con mejor infraestructura y vías de acceso.

También tenía como plan promover un esquema ordenado de actividades comerciales por rubros y sectores, la formalización de los comerciantes informales, así como capacitar al comerciante leonardino con la finalidad de lograr mayor competitividad frente al auge de los grandes supermercados.

Otra cosa más,  prometió la creación de la Cámara de Comercio en José Leonardo Ortiz en coordinación con la Cámara de Comercio de Lambayeque y construir a largo plazo un nuevo mercado de abastos y obtener un porcentaje mayoritario de los comerciantes formales.

LOS DESAGÜES

El sistema de alcantarillado ha colapsado en gran parte del distrito por haber cumplido su tiempo de vida útil o por falta de mantenimiento por parte de la empresa responsable que es EPSEL S.A. Ante ello, Epifanio Cubas propuso exigir a la citada empresa cumplir con el cambio de redes o mantenimiento dentro del primer trimestre del año 2015.

La acción –dijo en un primer momento - iba a permitir proyectar a mediano y largo plazo la pavimentación de las principales calles y avenidas, con el objetivo de tener un distrito con un sistema de alcantarillado óptimo.

Sin embargo, la realidad que viven los leonardinos ha demostrado que todo quedó en ofrecimientos.

RENDICIÓN DE CUENTAS

Castañeda Hernández recuerda que otra de las promesas incumplidas por Epifanio Cubas Coronado es informar periódica y públicamente, una vez al año, las metas y propuestas para el ejercicio siguiente con el presupuesto requerido para su ejecución.

“Además, ofreció que trimestralmente la municipalidad informaría a los leonardinos sobre la ejecución del presupuesto, ingresos y egresos de la comuna, pero hasta la fecha todo es letra muerta”, sostiene el fiscalizador.

Aureliano Castañeda hace un mea culpa y señala que los regidores son corresponsables de la desastrosa gestión de Epifanio Cubas Coronado.

“Nuestra función es legislativa, fiscalizadora y normativa, pero también tenemos responsabilidad en la pésima y desastrosa gestión de Epifanio Cubas, que como amigo es una gran persona, pero como administrador o gerente de la casa edil es un cero a la izquierda por su inoperancia y falta de efectividad. La culpabilidad ejecutiva y directa es de Epifanio Cubas junto a un grupo de funcionarios que están haciendo cosas incorrectas”, puntualiza.

Revela que en el entorno actual de Epifanio Cubas existen dos personas que lo asesoran, estos serían los regidores Robert Paredes Chávez y Wilder Bravo.