Lucha se emprende contra la corrupción en general, seguridad ciudadana, reactivación  económica, simplificación administrativa y agua y saneamiento

Las 112 leyes emitidas en los últimos días por el Gobierno Central, se enfocan en cinco ejes fundamentales que nuestro país necesita para desarrollar y dar seguridad jurídica no solamente a los peruanos de a pie, sino a la inversión privada: Seguridad Ciudadana, Lucha Anticorrupción, Agua y Saneamiento, Reactivación Económica y Simplificación Administrativa.  El objetivo es que el Perú avance para ser un país más justo, con más oportunidades y moderno.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

En lucha contra la corrupción, se han realizados cambios legales para abordar el problema desde tres ámbitos: prevención, persecución y sanción, y reinserción. De esta manera, se ha creado la Autoridad Autónoma de Transparencia, se ha fortalecido la autonomía de la Procuraduría del Estado, se han realizado 40 cambios a la Ley de Contrataciones del Estado, se ha aprobado la muerte civil para que los corruptos no puedan trabajar nunca más en el Estado y se ha aprobado la responsabilidad administrativa y penal de las empresas en casos de corrupción. Asimismo, se ha declarado en emergencia el sistema penitenciario.

En prevención, se crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para proteger a los ciudadanos de la arbitrariedad. También se ha liberado el Sistema Peruano de Información Jurídica, ahora es gratuito y está actualizado.

Se ha fortalecido la norma sobre Nepotismo. Existían normas que lo prohibían, pero no había una entidad del Estado que informase sobre las relaciones de parentesco. En adelante será el RENIEC la encargada de informar sobre relaciones de parentesco, y así prever posibles conflictos de intereses.

De otro lado, se han hecho más de 40 modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado donde se ataca directamente a uno de los modos de operar de Odebrecht: contratar con el Estado y luego cambiar de nombre, armar una nueva empresa o poner un testaferro para evitar una sanción, cuando haya una condena o cuando exista reconocimiento de responsabilidad, estas empresas no volverán a contratar con el Estado.

En persecución y sanción, se ha fortalecido a la Policía Nacional, al Ministerio Público y al Poder Judicial, y se le han dado instrumentos para trabajar mejor. Ya no se liberará a un corrupto porque un mal abogado dilató el proceso y logró su objetivo. El fiscal tendrá el tiempo suficiente para investigar y podrá obtener información de las personas que quieran colaborar y ayuden a capturar a los grandes delincuentes, así como a aquellos que financian y necesitan del caos para moverse con tranquilidad. Los abogados que dilatan procesos serán sancionados.

Los cabecillas de bandas delictivas podrán ahora ser  colaboradores eficaces acogiéndose a Ley de Colaboración Eficaz. Antes no podían.

Se ha declarado en emergencia el Sistema Penitenciario y se crea la carrera penitenciaria. Quien quiera ser director de un penal pasará por el polígrafo. También se aprobó la aplicación de los grilletes electrónicos.

SEGURIDAD CIUDADANA

La estrategia del Ministerio del Interior en materia de seguridad ciudadana tiene dos ejes muy importantes: uno es recuperar la confianza de la sociedad en la Policía y el segundo tiene que ver con reducir la victimización.

Para el primer eje se están implementando cinco medidas que involucran la gestión de recursos humanos y materiales, la modernización de la Policía Nacional y del propio Ministerio, así como las alianzas con los municipios.

Sobre el segundo eje, el Gobierno se ha planteado reducir la tasa de victimización a 24% y reducir de 14.8% a 10.5% las víctimas de robo. Se implementan siete acciones que tienen que ver con el programa nacional de recompensas, los megaoperativos, el programa Barrio Seguro y las estrategias de prevención, entre otros.

Los Decretos Legislativos dictados fortalecen la lucha contra el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas; crean herramientas efectivas para la lucha contra la corrupción en el sector Interior, como la obligación de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional a presentar declaración jurada de ingresos, bienes y rentas; y  se establece el nuevo reglamento disciplinario de la PNP, que busca simplificar, acelerar y hacer más justas las investigaciones, sanciones y absoluciones.

Se modifican los artículos 279 y 317 del Código Penal y se sanciona con penas de seis a 15 años de prisión a quienes fabriquen, suministren o posean artefactos explosivos o materiales destinados a su preparación. Similar pena tendrá quien presta, alquila o trafica dichos artefactos, y para el que los transporta sin estar debidamente autorizado.

Asimismo, con entre ocho y 15 años de cárcel será sancionado quien promueva, organice, constituya o integre una organización criminal de tres a más personas. Los líderes, jefes o financistas tendrán de 15 a 20 años de cárcel. Igual condena se aplicará si causan la muerte o lesiones graves durante su accionar delictivo.

De igual forma, se modifican los artículos de la Ley contra el crimen organizado aplicable para delitos como homicidio calificado, sicariato, conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato, secuestro, trata de personas, violación del secreto de las comunicaciones, delitos contra el patrimonio, pornografía infantil, extorsión, tráfico ilícito de drogas, reglaje, lavado de activos, entre otros.

El Decreto Legislativo 1253 fortalece la inversión en seguridad ciudadana y dicta una medida orientada a fortalecer la sostenibilidad del servicio de serenazgo o seguridad ciudadana brindado por las municipalidades en todo el territorio de la República. Para ello, se establece la recaudación de los montos correspondientes a través de los recibos de las empresas prestadoras de energía eléctrica.

Por su parte, el Decreto Legislativo 1338 crea el Registro Nacional De Equipos Terminales Móviles Para La Seguridad, orientado a la prevención y combate del comercio ilegal de equipos móviles. La norma tiene por objeto permitir el cruce de información que ayude a detectar equipos terminales móviles robados, independientemente de que su IMEI se mantenga o haya sido alterado, y así disminuir el valor de los equipos robados al imposibilitar su conexión a la red de telefonía móvil local.

En otro ámbito, el decreto Legislativo 1340 prohíbe el uso de instalaciones policiales como depósitos vehiculares de cualquier clase, y define las responsabilidades del personal policial sobre vehículos automotores sujetos a investigación o a procesos judiciales.

Finalmente, el decreto 1260 establece la creación de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, teniendo como objetivo principal y exclusivo apoyar las operaciones del Cuerpo General de Bomberos, debiendo facilitar los recursos logísticos y humanos necesarios para que cumplan su importante función.

EN SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

En este dispositivo legal el objetivo es lograr poner el Estado al servicio del ciudadano. Para ello, los decretos simplifican, optimizan, automatizan o  eliminan trámites; refuerzan la competencia de Indecopi en materia de eliminación de trabas; define, la estandarización de procesos y tasas a cobrar en los tres niveles de gobierno; y se establece un sistema para revisar de manera obligatoria, periódica y exhaustiva todas las normas vigentes del Poder Ejecutivo.

La reactivación económica y formalización están enfocados en tres actores: la clase media, los pequeños empresarios y la reactivación de la inversión privada y pública. Sobre los dos primeros, es la primera vez que el Ministerio de Economía y Finanzas lidera una reforma pensada en ellos. Sobre el tercero, se han realizado cambios a las leyes de Obras por Impuestos y a las Asociaciones Público Privadas, se ha fortalecido la labor de Proinversión y se ha reemplazado el SNIP por el sistema Invierte.pe, que permitirá que los gobiernos regionales y locales puedan formular y ejecutar sus proyectos de manera más sencilla y rápida.

Un objetivo prioritario del actual Gobierno  es ingresar de lleno a la era digital mediante la implementación efectiva de las tecnologías de la información; simplificar, optimizar, automatizar o  eliminar trámites inútiles; y reducir costos de tramitación.

Un segundo grupo está orientado a consolidar e institucionalizar una nueva relación entre el Estado y los ciudadanos y empresas, a través de un marco normativo  que asegure la economía de los trámites y sus costos,  y que ponga a disposición de los ciudadanos mejores instrumentos para enfrentar la imposición de barreras por parte de funcionarios y entidades resistentes al cambio.

El Decreto también prohíbe la exigencia de documentación como copias de DNI, copias de Partidas de Nacimiento o Certificado de Defunción, copia de Ficha de RUC, Constancia de habilitación profesional; entre otros.

Se dispone que el vencimiento de la fecha de vigencia del DNI no impide al ciudadano realizar actos civiles, comerciales, administrativos, notariales, registrales, entre otros. De esta manera, y en concordancia con la interpretación del Tribunal Constitucional, se regula la eficacia del DNI, sin  perjuicio de que persiste la obligación del ciudadano de cumplir con el trámite de renovación del documento.

La Licencia de Funcionamiento es la autorización para operar que debe obtener desde el más pequeño negocio hasta la empresa más grande. Como se trata de un procedimiento administrativo municipal, existe gran diversidad de requisitos, procesos, plazos y costos, lo que ha ocasiona muchas dificultades, especialmente para las pequeñas empresas, pero ahora y luego de 10 años, se establece de manera taxativa que el único requisito para el trámite es la Declaración Jurada.

LA REFORMA DEL AGUA EN MARCHA

Aquí, el Estado se enfocado en dos aspectos: recursos para cerrar las brechas de infraestructura que se mantienen principalmente en las áreas rurales, y fortalecimiento de la capacidad de gestión de las Empresas Prestadoras de los Servicios de Saneamiento, así como del marco regulatorio y del supervisor, la Sunass. Además, el Ministerio de Vivienda tendrá oficinas en las 24 regiones para apoyar a las EPS, labor que será apoyada por el Organismos Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS).

Entre el 2009 y 2014 el gobierno central ha transferido 18 mil millones de soles a las Entidades Prestadoras de los Servicios de Saneamiento. A pesar de ello, la calidad de los servicios de agua y saneamiento no han mejorado. ¿Por qué? Por la mala gestión de dichas entidades. De las 50 que existen, 48 están a cargo de municipalidades.

En este sentido, con el objetivo de avanzar en su promesa de que el 100% de los peruanos cuenten con servicio de agua y alcantarillado en el 2021, en los primeros cinco meses de gestión el gobierno ha enfocado sus esfuerzos en dos sentidos: Más recursos y Obras que permitan llevar el servicio de agua y desagüe a más peruanos para así cerrar las brechas de infraestructura existentes.

El fortalecimiento empresarial de las Entidades Prestadoras de los Servicios de Saneamiento, para que a través de la mejora de su gestión puedan proveer de un mayor y mejor servicio de agua a sus comunidades.

Ahora bien, en uso de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso, mediante el DL 1284 el Ejecutivo ha creado el Fondo para el Financiamiento de Proyectos en materia de Agua, Saneamiento y Salud. El objetivo del fondo es financiar los programas, proyectos y/o actividades orientadas a cerrar brechas de cobertura de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a nivel nacional.

El Fondo cuenta con recursos por 2  mil millones de soles, monto que ha permitido aumentar a 6 mil 517 millones soles el presupuesto del sector para este año 2017.

De este total, 4 mil 624 millones de soles irán al financiamiento de inversiones en 1280 proyectos de agua y saneamiento.

MÁS AGUA

Asimismo, mediante el DL 1274 el Ejecutivo ha aprobado el programa Agua Más, cuyo objetivo es reducir el déficit cualitativo de los servicios de agua y saneamiento en las zonas rurales. Para ello, se procederá a la rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en centros poblados. La unidad ejecutora será Foncodes a través del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social.

Cabe recordar que según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, al 2015 solo el 61% de la población en el ámbito rural tenía acceso a agua por red pública. Y de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, solo el 22% de la población rural contaba con sistemas de saneamiento adecuados el mismo año.

La nueva norma se basa en cinco ejes: Autonomía empresarial, gobernanza y gestión ambiental, integración de las EPS, política tarifaria y fortalecimiento de la gestión del ente rector.

En autonomía empresarial las EPS pasarán a ser Empresa y la Junta General de Accionistas estará conformada solo por alcaldes provinciales, quienes tendrán que garantizar la autonomía de la gestión empresarial y buen Gobierno Corporativo.

Asimismo, los directorios de las EPS estarán conformados ahora por tres directores, ya no por cinco, como era en los casos de las entidades cuyo ámbito de cobertura superaba los 15 mil usuarios. El reglamento de la norma definirá los requisitos profesionales y personales de quienes puedan integrar los directorios. El Ministerio de Vivienda ya no tendrá representantes en estos organismos.

En cuanto a gobernanza y gestión ambiental, la ley pone especial énfasis en el tratamiento de aguas residuales. A la fecha, ninguna EPS cumple con dicho proceso, y el objetivo es promover su uso para así evitar la contaminación de las fuentes receptoras de agua. De otro lado, también se implementará un sistema de transparencia de la gestión y rendición de cuentas.

La integración promoverá la integración de localidades que se gestionan de manera autónoma a las EPS ya existentes, y se promoverá la fusión de las 48 EPS mediante incentivos vinculados al financiamiento de proyectos de inversión. El objetivo es que las EPS puedan alcanzar una escala mínima de demanda que las haga viables económicamente.

En lo referente a política tarifaria, se define la exclusividad del ente regulador, la Sunass, para ejercer la función de regulación económica a nivel nacional, ampliando su ámbito de acción en la fijación, revisión y reajustes tarifarios, en la determinación de la estructura tarifaria y de cargos de acceso, así como en la posibilidad de desregular un mercado.

Y en el fortalecimiento de gestión, el Ministerio de Vivienda implementará 24 Oficinas Desconcentradas para brindar asesoría y acompañamiento técnico a los Gobiernos regionales y locales y a las EPS, en planificación y formulación de estudios y en ejecución de proyectos.

LA REFORMA EN ECONOMÍA

El Decreto Legislativo tiene dos grandes objetivos: acelerar la inversión privada y mejorar la productividad, en un marco de estabilidad macroeconómica. Ambas son las dos únicas fuentes de crecimiento económico sostenible. Solo activando estos motores internos, que no dependen de las condiciones internacionales, podremos dar un impulso efectivo y duradero a la economía, seguir reduciendo la pobreza, financiar una revolución social y alcanzar la modernidad.

Para alcanzar estos objetivos, la estrategia se basa en dos pilares: aumento en la inversión en infraestructura y aumento en la formalización y mejora en el clima de negocios

Una mayor inversión en infraestructura, vía inversión pública y Asociaciones Público Privadas, tiene un doble efecto. Por un lado, dinamiza la inversión privada y la actividad económica; por otro, mejora la productividad al tener sistemas de transporte, energía y saneamiento más eficientes, lo cual permite reducir la pobreza y mejorar la competitividad empresarial.

La mejora en la formalización y en el clima de negocios pasa por reducir los costos de acceso a la formalización y las trabas al crecimiento de las empresas, lo que mejora la productividad y aumenta el empleo estable con beneficios, capacitación y tecnología.

PARA LOS MÁS GRANDES

Es la primera vez que desde el Ministerio de Economía y Finanzas se realiza una reforma pensada exclusivamente para la clase media y para el pequeño emprendedor al que le cuesta mucho cumplir con sus obligaciones, que se enfrenta con una administración tributaria hostil, al que le es muy caro financiar su crecimiento. El objetivo de estas reformas es que ese pequeño emprendedor pueda crecer y traer prosperidad.

El paquete de decretos legislativos en materia tributaria ha tenido tres propósitos principales: reducir el costo de cumplimiento tributario para pequeñas empresas; incentivar su crecimiento a través de un sistema tributario adecuado para las Mypes; y crear incentivos para que más personas y empresas se integren a la economía formal y moderna.

El Decreto Legislativo No. 1251 reforma la legislación de Asociaciones Público Privadas y la estructura de Proinversión, con la finalidad de optimizar los proceso de promoción de los grandes proyectos de infraestructura: sistemas de transporte urbanos, carreteras, aeropuertos, generación eléctrica, entre otros.

El Decreto Legislativo No. 1252 crea el Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y pone fin al denominado “SNIP”. Este sistema se asegura que las inversiones públicas en infraestructura tengan un adecuado retorno social, sin las complejidades de este sistema que lo hacían engorroso y retrasaban la realización de obras.