También tendrá que responder por situación económica en que deja el CGT y la afectación del presupuesto institucional de la Municipalidad de Chiclayo al no haber llegado a la meta de recaudación tributaria.   

Una “papa caliente” dejó Nilton Monje Sampén en el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo- CGT, ex Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo –SATCH, al no haber llegado a la meta de recaudación que el seno del Concejo Municipal le trazó en la última sesión edil del año 2015, cuando seis regidores le habían bajado el dedo por haber tenido una desastrosa gestión recaudadora durante ese año, perjudicando los presupuestos de desarrollo e inversión municipal.

Víctor Luna Victoria Menacho, abogado de los regidores Guillermo Segura Díaz, Liliana Barrantes Piscoya, Laura Irene Hernández Gonzales, César Torres Gálvez, César Edgardo Sisniegas Vergara y Víctor Raúl Rojas Díaz, explica que fue el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, con nueve regidores oficialistas, los que por extrañas razones el 29 de diciembre del 2015, volvieron a apostar por Monje Sampén.

“David Cornejo y nueve regidores dejaron al frente del CGT a Nilton Monje Sampén y como para blindarlo frente a los que se oponían a su permanencia en el ente recaudador, se le trazó para el 2016, una meta anual a recaudar de 60 millones de soles, dinero que era esperado con  ansias por la comuna provincial para cumplir con todo el gasto de inversión y compromisos de gestión que se había trazado”, explicaron.

Sin embargo, la recaudación anual del año 2016 fue de 58 millones 908 mil 383, haciéndole falta para llegar a la meta la suma de un millón 200 mil 176 soles, lo que ha significado que se perjudique el financiamiento del presupuesto municipal.

¿SUEÑOS DE OPIO?

Tras una serie de cuestionamientos a Nilton Monje Sampén por su deficiente trabajo al frente del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo en el año 2015, entre ellos la del ex Gerente Municipal, Ruperto Castellanos Custodio, el 2 de mayo Nilton Monje, de manera irónica –presuntamente- se dirige a Ruperto Castellanos en el oficio N° 01-013-000000285-2016, en la que le dice que lo saluda muy cordialmente y a la vez le hace llegar el informe N° 04-010-000000168 elaborado y emitido por su brazo derecho, el jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del CGT, José Ignacio Quintana Ruiz, quien proponía el incremento de la meta de recaudación por 2 millones 406 mil 309 soles; es decir, pretendía recaudar 62 millones y medio de soles. 

Es más, pedía la actualización de la meta institucional de la Municipalidad Provincial de Chiclayo hasta por la suma de 66 millones 2 mil 957 soles, a partir del periodo de mayo a diciembre del año 2016, y que todo ello había sido ideado y calculado a la “perfección” por su brazo derecho, José Ignacio Quintana Ruiz.

Sin embargo, la historia ahora ya es conocida por toda la ciudadanía de Chiclayo, de que Nilton Monje Sampén no volvió a llegar a la recaudación anual en el 2016, la que con las justas a pesar de haber tenido a su favor varias Amnistías y Beneficios Tributarios, con las justas llegó a 58 millones 908 mil 383, y no a los 60 millones de soles como se le había impuesto el seno municipal; y muy lejos de la propuesta que él hizo.

NUEVO JEFE DEL CGT

Pero eso no es todo, cuando Nilton Monje se compromete a recaudar 66 millones de soles en el año 2016, en lugar de los 60 millones de soles tal y como lo había impuesto el seno del concejo municipal, el alcalde David Cornejo hace conocer que no era “ningún problema” llegar a lo que proponía Nilton Monje, aun habiendo llegado en el 2015 solamente al 98% de la meta de recaudación anual que se le trazó.

A las palabras de la autoridad municipal, se sumó el actual jefe del CGT, Óscar Fiestas Jacinto, quien en ese momento se desempeñaba como Gerente de Operaciones, quien en el mes de abril del 2016, remitió el Memorando Nº 01-012-000000205, sin haber presentado las observaciones a dicha propuesta de aumento de la recaudación, apoyó a Nilton Monje en su aventurero escrito que eternizó en el oficio N° 01-013-000000285-2016.

Teniendo como aliado en ese momento a Oscar Fiestas Jacinto y a José Ignacio Quintana Ruiz, Nilton Monje propuso también al alcalde David Cornejo mejorar la recaudación de Impuesto Predial del CGT para la meta de Plan de Incentivos al Ministerio de Economía y Finanzas –MEF, la cual se debe cumplir como meta Nº 21 establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal  del año 2016.

El Centro de Gestión Tributaria tenía que cumplir con el 70.3 % de efectividad sobre el monto emitido inicial de 20 millones 887 mil 377, según lo señalado en la Resolución de Alcaldía Nº 638-2016-MPCH/A; sin embargo, al 31 de diciembre del año que pasó solamente se llegó a recaudar la cantidad de 13 millones 884 mil soles por concepto de impuesto predial, lo que significa que Nilton Monje y compañía tampoco cumplió con la meta de recaudar el 70.3% de la meta trazada en más de 20 millones de soles; pues, tenía que llegar como mínimo a los 14 millones 683 mil 826 soles.

¿ESPÍRITUD DE CUERPO?

El fracaso en la recaudación del año 2016 de Nilton Monje junto a su ex Gerente de Operaciones, Oscar Fiestas Jacinto, y José Ignacio Quintana Ruiz, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha repercutido en las arcas de la Municipalidad de Chiclayo, ya que no obtendría la asignación de los recursos para el año 2017 por haber incumplido en la recaudación.

La nueva gestión en el CGT, la del 2017, se encuentra en manos del que fuera Gerente de Operaciones y mano derecha de Nilton Monje, Oscar Fiestas Jacinto, quien a pesar de tener dos semanas en el cargo, hasta el momento no ha explicado en qué condiciones ha recibido la institución en términos de la ejecución del presupuesto al cuarto trimestre del ejercicio fiscal del año 2016 y el ejercicio anual.

De igual manera, Oscar Fiestas Jacinto no hace conocer hasta el momento el estado de la situación financiera y de los resultados integrales del periodo que culminó el 31 de diciembre pasado, debido a que existen versiones y ello se demuestra con los últimos gastos que se hizo en el CGT durante el año anterior, que no se ha llevado a cabo la austeridad en la entidad tal y como lo señalan las normas presupuestales.

Entre los despilfarros en dinero que se habría dado existiría el ingreso de personal excesivo en CAS, practicantes, locadores de servicios, así como diversos gastos que han sido materia de observación por el Organismo de Control Interno –OCI, los que están en etapa de investigación para determinar las presuntas irregularidades, así como el personal que ha estado a cargo de su aprobación.

JALÓN DE OREJAS

La gestión de Nilton Monje fue puesta en el “ojo de la tormenta” por el ex gerente municipal Ruperto Castellanos Custodio, quien tras recibir el oficio N° 01-013-000000285-2016, el 2 de mayo del año pasado, el 16 de mayo de ese mismo año, mediante carta N° 087-2016-MPCH/GM, Ruperto Castellanos le responde que antes de seguir soñando en incrementar la meta anual de recaudación, se preocupe  en trabajar mejor porque a la fecha existe incumplimiento de metas que se venían arrastrando desde el año 2015.

En la misiva Ruperto Castellanos le dice a Nilton Monje que: “En lo sucesivo ponga el empeño y eficiencia necesaria para el cumplimiento de las metas asignadas a su respectivo despacho, debiendo demostrar con este hecho su compromiso con nuestra ciudad; compromiso que ha asumido en el momento de la aceptación de su cargo respectivo, esperando que en adelante realice las acciones que correspondan a fin de dar cumplimiento a las metas encomendadas”, relata la carta antes descrita.

PRESUPUESTO MUNICIPAL

En la sesión de Concejo del 29 de diciembre de 2015, los 9 regidores que apoyan a la gestión del Alcalde David Cornejo, por mayoría acordaron aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA,  para el año fiscal 2016 de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, que ascendía a 101 millones 914 mil 615 soles, según el Acuerdo Municipal Nº 179-2015-MPCH/A, habiendo sido promulgado por el Alcalde mediante Resolución de Alcaldía Nº 1455-2015/MPCH/A del 30 de diciembre de 2015. En dicho documento se estableció que los recursos que financian el Presupuesto Institucional están compuestos por los recursos ordinarios, recursos directamente recaudados y los recursos determinados.

En la formulación del presupuesto, se estableció que el monto de los Ingresos Corrientes es de 60 millones 108 mil 559 soles, que corresponde al monto que debe ser financiado por el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo – CGT, en los doce meses del año 2016 por la recaudación a los contribuyentes y administrados; es decir, la entidad recaudadora debería haber aportado el 59% del total del presupuesto municipal, siendo esta cantidad la meta a recaudar en la gestión Nilton Monje, pero al haber fracasado la Municipalidad de Chiclayo tiene ahora problemas para cumplir con lo que se había trazado en su plan de acción anual.

“INTERPELADO”

El 4 de enero último, los regidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo fueron notificados para participar de la sesión extraordinaria en la que se “interpelará” al actual secretario técnico del Comité de Promoción de Inversión Privada –CEPRI, de la Municipalidad de Chiclayo, Nilton César Monje Sampén, pero no por el cargo en el que ahora se encuentra, sino por la preocupante situación económica en que deja al Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo.

La sesión había programada –inicialmente- para el 13 de enero del presente año, pero la autoridad edil habría optado por cambiar la fecha, la que quedó establecida para las 3:00 de la tarde del viernes 20 de enero.

Monje Sampén será interrogado sobre la suscripción del contrato por el servicio profesional con la empresa JF & JIM Ingenieros SAC, suscrita el 15 de noviembre al 14 de diciembre del presente año, por un pago de 23 mil 600 nuevos soles para realizar las actualizaciones de los documentos de gestión como  el Texto Único de Procedimientos Administrativos –TUPA, así como por el costeo de la cuponera de tributos municipales para el año 2017 y la evaluación del Plan Estratégico Institucional del periodo 2012-2015.

De igual manera, Monje Sampén, tendrá que responder por la contratación de Juan Francisco Zetner Alva como gerente de operaciones del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, por espacio de 48 horas, cuando no reunía el perfil profesional para asumir el cargo.

Asimismo, tendrá que responder por presuntamente haber dado mal uso a los dineros destinados para la promoción publicitaria de orientación y educación a los administrados de la provincia de Chiclayo, así como a las campañas publicitarias mensuales sin los contratos respectivos de publicidad, planes de medio y plan anual de marketing.

Pero eso no es todo. Desde el año 2015,  en el ente recaudador se hace un gasto mensual de seis mil soles por concepto de pago de asesor legal, cuando en el CGT existe un área de Asesoría Legal bajo la jefatura de Yuri Gali Díaz Cajo y otras dos personas más como asistentes, percibiendo sueldos nada despreciables.

Asimismo, junto a la persona responsable de la Imagen Institucional y Relaciones Públicas del CGT, se le solicitó en su oportunidad sustente con antecedentes las razones y motivos administrativos y de necesidad que dieron origen a la contratación de la publicidad con personas naturales y jurídicas, desde el primero de marzo del año 2015 hasta la actualidad.

Amparados en el derecho constitucional de Petición – Incisos 5 y 20 del artículo 2, así como de Acceso a la Información Público -27927- y la Ley Orgánica de Municipalidades -27972, los regidores han solicitado al alcalde David Cornejo que Nilton Monje entregue la relación de comisiones de servicios aprobados a favor de su persona durante el año 2015 y 2016 -hasta el 31 de diciembre del año 2016.

De igual manera, se ha requerido la entrega de la copia de planilla de viáticos, así como los memorandos aprobando la comisión de servicio a las ciudades de Lima, lugar donde en más de una oportunidad Nilton Monje viajó, según aparece a través de las redes sociales y medios de comunicación, en compañía del alcalde David Cornejo Chinguel y algunos regidores del oficialismo, cuando la función que cumplía era al frente del CGT y no de la Municipalidad de Chiclayo.

Asimismo, se ha solicitado copia certificada de los documentos sustentatorios que aprueban sus viajes fuera de la región. También se le ha requerido entregue los informes de rendición de gastos por los viáticos otorgados y los informes de la gestión realizada en la entidad o lugar autorizado a donde acudió representando al CGT o en nombre del ente recaudador.

También tendrá que responder sobre la relación de bienes o servicios adquiridos al proveedor Segundo Enrique Obando Chávez, quien extrañamente inicia actividad comercial en el mes de junio del presente año y desde ese momento se convierte en el principal abastecedor del CGT hasta el último día de gestión de Nilton Monje.

De igual manera,  en la lista de pedidos se registra la relación de bienes o servicios adquiridos al proveedor Constructora Coso SRL, empresa que de acuerdo a su ficha Ruc de la Superintendencia de Administración Tributaria, registra como dirección el Jirón Miramar N° 49 del Centro Contralmirante Villar, en Zorritos, Tumbes, como referencia ofrece su ubicación a espaldas de la Panadería don Beto. Además, la gerencia general recae sobre Saúl Orlando Chunga Torres, quien señala como sucursal de la constructora, la dirección de la Mz. G1- Lote. 20, del  Asentamiento Humano “Señor de los Milagros de la Pradera”, en Chiclayo, Lambayeque.

Dicha empresa realizó contrato con el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo por la suma de 9 mil nuevo soles para arreglar el baño de varones, ubicado en el segundo piso del local del CGT, de la Av. Balta N° 820. Dicha empresa habría realizado trabajos en arreglos y mejoras de gasfitería, cambio de tuberías de agua y desagüe, albañilería, sistema eléctrico, cambio de inodoros, cerámico y colocación de caño para uso de aseo de personal. La obra se habría realizado en un pequeño ambiente de 70 centímetros por metro 20.

También se ha requerido informe sobre el contrato firmado por el CGT con la constructora para realizar el pintado del local institucional ubicado en la Av. Balta N° 820, por la suma de 23 mil soles, precio que ha llama do poderosamente la atención de los fiscalizadores, debido a que en años anteriores y durante la gestión edil de Roberto Torres Gonzales, se habría pagado mucho menos.

Para la investigación a desarrollar, los regidores han solicitado se les haga entrega de copias de la orden de compra o de servicios, facturas emitidas, requerimiento de servicio por el área usuaria, emisión de la conformidad del servicio realizado de “arreglo de baño de varones” y “pintado de fachada de local institucional.

Otro cuestionamiento a la gestión de Nilton Monje es lo referente al proceso de selección, adjudicación de Menor Cuantía Nº 001-2015-ABAST/SATCH y Contrato Nº 001-2015/SATCH sobre adquisición de declaración jurada del año fiscal 2015, así como el Expediente de Contratación al proveedor EMDECOSEGE S.A, por la impresión de las cuponera de Tributos Municipales 2016.

Nilton Monje Sampén deberá responder cada una de las imputaciones hechas en su contra y que los órganos jurisdiccionales correspondientes tendrán que investigar a fondo.

Lucha se emprende contra la corrupción en general, seguridad ciudadana, reactivación  económica, simplificación administrativa y agua y saneamiento

Las 112 leyes emitidas en los últimos días por el Gobierno Central, se enfocan en cinco ejes fundamentales que nuestro país necesita para desarrollar y dar seguridad jurídica no solamente a los peruanos de a pie, sino a la inversión privada: Seguridad Ciudadana, Lucha Anticorrupción, Agua y Saneamiento, Reactivación Económica y Simplificación Administrativa.  El objetivo es que el Perú avance para ser un país más justo, con más oportunidades y moderno.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

En lucha contra la corrupción, se han realizados cambios legales para abordar el problema desde tres ámbitos: prevención, persecución y sanción, y reinserción. De esta manera, se ha creado la Autoridad Autónoma de Transparencia, se ha fortalecido la autonomía de la Procuraduría del Estado, se han realizado 40 cambios a la Ley de Contrataciones del Estado, se ha aprobado la muerte civil para que los corruptos no puedan trabajar nunca más en el Estado y se ha aprobado la responsabilidad administrativa y penal de las empresas en casos de corrupción. Asimismo, se ha declarado en emergencia el sistema penitenciario.

En prevención, se crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para proteger a los ciudadanos de la arbitrariedad. También se ha liberado el Sistema Peruano de Información Jurídica, ahora es gratuito y está actualizado.

Se ha fortalecido la norma sobre Nepotismo. Existían normas que lo prohibían, pero no había una entidad del Estado que informase sobre las relaciones de parentesco. En adelante será el RENIEC la encargada de informar sobre relaciones de parentesco, y así prever posibles conflictos de intereses.

De otro lado, se han hecho más de 40 modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado donde se ataca directamente a uno de los modos de operar de Odebrecht: contratar con el Estado y luego cambiar de nombre, armar una nueva empresa o poner un testaferro para evitar una sanción, cuando haya una condena o cuando exista reconocimiento de responsabilidad, estas empresas no volverán a contratar con el Estado.

En persecución y sanción, se ha fortalecido a la Policía Nacional, al Ministerio Público y al Poder Judicial, y se le han dado instrumentos para trabajar mejor. Ya no se liberará a un corrupto porque un mal abogado dilató el proceso y logró su objetivo. El fiscal tendrá el tiempo suficiente para investigar y podrá obtener información de las personas que quieran colaborar y ayuden a capturar a los grandes delincuentes, así como a aquellos que financian y necesitan del caos para moverse con tranquilidad. Los abogados que dilatan procesos serán sancionados.

Los cabecillas de bandas delictivas podrán ahora ser  colaboradores eficaces acogiéndose a Ley de Colaboración Eficaz. Antes no podían.

Se ha declarado en emergencia el Sistema Penitenciario y se crea la carrera penitenciaria. Quien quiera ser director de un penal pasará por el polígrafo. También se aprobó la aplicación de los grilletes electrónicos.

SEGURIDAD CIUDADANA

La estrategia del Ministerio del Interior en materia de seguridad ciudadana tiene dos ejes muy importantes: uno es recuperar la confianza de la sociedad en la Policía y el segundo tiene que ver con reducir la victimización.

Para el primer eje se están implementando cinco medidas que involucran la gestión de recursos humanos y materiales, la modernización de la Policía Nacional y del propio Ministerio, así como las alianzas con los municipios.

Sobre el segundo eje, el Gobierno se ha planteado reducir la tasa de victimización a 24% y reducir de 14.8% a 10.5% las víctimas de robo. Se implementan siete acciones que tienen que ver con el programa nacional de recompensas, los megaoperativos, el programa Barrio Seguro y las estrategias de prevención, entre otros.

Los Decretos Legislativos dictados fortalecen la lucha contra el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas; crean herramientas efectivas para la lucha contra la corrupción en el sector Interior, como la obligación de los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional a presentar declaración jurada de ingresos, bienes y rentas; y  se establece el nuevo reglamento disciplinario de la PNP, que busca simplificar, acelerar y hacer más justas las investigaciones, sanciones y absoluciones.

Se modifican los artículos 279 y 317 del Código Penal y se sanciona con penas de seis a 15 años de prisión a quienes fabriquen, suministren o posean artefactos explosivos o materiales destinados a su preparación. Similar pena tendrá quien presta, alquila o trafica dichos artefactos, y para el que los transporta sin estar debidamente autorizado.

Asimismo, con entre ocho y 15 años de cárcel será sancionado quien promueva, organice, constituya o integre una organización criminal de tres a más personas. Los líderes, jefes o financistas tendrán de 15 a 20 años de cárcel. Igual condena se aplicará si causan la muerte o lesiones graves durante su accionar delictivo.

De igual forma, se modifican los artículos de la Ley contra el crimen organizado aplicable para delitos como homicidio calificado, sicariato, conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato, secuestro, trata de personas, violación del secreto de las comunicaciones, delitos contra el patrimonio, pornografía infantil, extorsión, tráfico ilícito de drogas, reglaje, lavado de activos, entre otros.

El Decreto Legislativo 1253 fortalece la inversión en seguridad ciudadana y dicta una medida orientada a fortalecer la sostenibilidad del servicio de serenazgo o seguridad ciudadana brindado por las municipalidades en todo el territorio de la República. Para ello, se establece la recaudación de los montos correspondientes a través de los recibos de las empresas prestadoras de energía eléctrica.

Por su parte, el Decreto Legislativo 1338 crea el Registro Nacional De Equipos Terminales Móviles Para La Seguridad, orientado a la prevención y combate del comercio ilegal de equipos móviles. La norma tiene por objeto permitir el cruce de información que ayude a detectar equipos terminales móviles robados, independientemente de que su IMEI se mantenga o haya sido alterado, y así disminuir el valor de los equipos robados al imposibilitar su conexión a la red de telefonía móvil local.

En otro ámbito, el decreto Legislativo 1340 prohíbe el uso de instalaciones policiales como depósitos vehiculares de cualquier clase, y define las responsabilidades del personal policial sobre vehículos automotores sujetos a investigación o a procesos judiciales.

Finalmente, el decreto 1260 establece la creación de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, teniendo como objetivo principal y exclusivo apoyar las operaciones del Cuerpo General de Bomberos, debiendo facilitar los recursos logísticos y humanos necesarios para que cumplan su importante función.

EN SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

En este dispositivo legal el objetivo es lograr poner el Estado al servicio del ciudadano. Para ello, los decretos simplifican, optimizan, automatizan o  eliminan trámites; refuerzan la competencia de Indecopi en materia de eliminación de trabas; define, la estandarización de procesos y tasas a cobrar en los tres niveles de gobierno; y se establece un sistema para revisar de manera obligatoria, periódica y exhaustiva todas las normas vigentes del Poder Ejecutivo.

La reactivación económica y formalización están enfocados en tres actores: la clase media, los pequeños empresarios y la reactivación de la inversión privada y pública. Sobre los dos primeros, es la primera vez que el Ministerio de Economía y Finanzas lidera una reforma pensada en ellos. Sobre el tercero, se han realizado cambios a las leyes de Obras por Impuestos y a las Asociaciones Público Privadas, se ha fortalecido la labor de Proinversión y se ha reemplazado el SNIP por el sistema Invierte.pe, que permitirá que los gobiernos regionales y locales puedan formular y ejecutar sus proyectos de manera más sencilla y rápida.

Un objetivo prioritario del actual Gobierno  es ingresar de lleno a la era digital mediante la implementación efectiva de las tecnologías de la información; simplificar, optimizar, automatizar o  eliminar trámites inútiles; y reducir costos de tramitación.

Un segundo grupo está orientado a consolidar e institucionalizar una nueva relación entre el Estado y los ciudadanos y empresas, a través de un marco normativo  que asegure la economía de los trámites y sus costos,  y que ponga a disposición de los ciudadanos mejores instrumentos para enfrentar la imposición de barreras por parte de funcionarios y entidades resistentes al cambio.

El Decreto también prohíbe la exigencia de documentación como copias de DNI, copias de Partidas de Nacimiento o Certificado de Defunción, copia de Ficha de RUC, Constancia de habilitación profesional; entre otros.

Se dispone que el vencimiento de la fecha de vigencia del DNI no impide al ciudadano realizar actos civiles, comerciales, administrativos, notariales, registrales, entre otros. De esta manera, y en concordancia con la interpretación del Tribunal Constitucional, se regula la eficacia del DNI, sin  perjuicio de que persiste la obligación del ciudadano de cumplir con el trámite de renovación del documento.

La Licencia de Funcionamiento es la autorización para operar que debe obtener desde el más pequeño negocio hasta la empresa más grande. Como se trata de un procedimiento administrativo municipal, existe gran diversidad de requisitos, procesos, plazos y costos, lo que ha ocasiona muchas dificultades, especialmente para las pequeñas empresas, pero ahora y luego de 10 años, se establece de manera taxativa que el único requisito para el trámite es la Declaración Jurada.

LA REFORMA DEL AGUA EN MARCHA

Aquí, el Estado se enfocado en dos aspectos: recursos para cerrar las brechas de infraestructura que se mantienen principalmente en las áreas rurales, y fortalecimiento de la capacidad de gestión de las Empresas Prestadoras de los Servicios de Saneamiento, así como del marco regulatorio y del supervisor, la Sunass. Además, el Ministerio de Vivienda tendrá oficinas en las 24 regiones para apoyar a las EPS, labor que será apoyada por el Organismos Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS).

Entre el 2009 y 2014 el gobierno central ha transferido 18 mil millones de soles a las Entidades Prestadoras de los Servicios de Saneamiento. A pesar de ello, la calidad de los servicios de agua y saneamiento no han mejorado. ¿Por qué? Por la mala gestión de dichas entidades. De las 50 que existen, 48 están a cargo de municipalidades.

En este sentido, con el objetivo de avanzar en su promesa de que el 100% de los peruanos cuenten con servicio de agua y alcantarillado en el 2021, en los primeros cinco meses de gestión el gobierno ha enfocado sus esfuerzos en dos sentidos: Más recursos y Obras que permitan llevar el servicio de agua y desagüe a más peruanos para así cerrar las brechas de infraestructura existentes.

El fortalecimiento empresarial de las Entidades Prestadoras de los Servicios de Saneamiento, para que a través de la mejora de su gestión puedan proveer de un mayor y mejor servicio de agua a sus comunidades.

Ahora bien, en uso de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso, mediante el DL 1284 el Ejecutivo ha creado el Fondo para el Financiamiento de Proyectos en materia de Agua, Saneamiento y Salud. El objetivo del fondo es financiar los programas, proyectos y/o actividades orientadas a cerrar brechas de cobertura de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a nivel nacional.

El Fondo cuenta con recursos por 2  mil millones de soles, monto que ha permitido aumentar a 6 mil 517 millones soles el presupuesto del sector para este año 2017.

De este total, 4 mil 624 millones de soles irán al financiamiento de inversiones en 1280 proyectos de agua y saneamiento.

MÁS AGUA

Asimismo, mediante el DL 1274 el Ejecutivo ha aprobado el programa Agua Más, cuyo objetivo es reducir el déficit cualitativo de los servicios de agua y saneamiento en las zonas rurales. Para ello, se procederá a la rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en centros poblados. La unidad ejecutora será Foncodes a través del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social.

Cabe recordar que según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, al 2015 solo el 61% de la población en el ámbito rural tenía acceso a agua por red pública. Y de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, solo el 22% de la población rural contaba con sistemas de saneamiento adecuados el mismo año.

La nueva norma se basa en cinco ejes: Autonomía empresarial, gobernanza y gestión ambiental, integración de las EPS, política tarifaria y fortalecimiento de la gestión del ente rector.

En autonomía empresarial las EPS pasarán a ser Empresa y la Junta General de Accionistas estará conformada solo por alcaldes provinciales, quienes tendrán que garantizar la autonomía de la gestión empresarial y buen Gobierno Corporativo.

Asimismo, los directorios de las EPS estarán conformados ahora por tres directores, ya no por cinco, como era en los casos de las entidades cuyo ámbito de cobertura superaba los 15 mil usuarios. El reglamento de la norma definirá los requisitos profesionales y personales de quienes puedan integrar los directorios. El Ministerio de Vivienda ya no tendrá representantes en estos organismos.

En cuanto a gobernanza y gestión ambiental, la ley pone especial énfasis en el tratamiento de aguas residuales. A la fecha, ninguna EPS cumple con dicho proceso, y el objetivo es promover su uso para así evitar la contaminación de las fuentes receptoras de agua. De otro lado, también se implementará un sistema de transparencia de la gestión y rendición de cuentas.

La integración promoverá la integración de localidades que se gestionan de manera autónoma a las EPS ya existentes, y se promoverá la fusión de las 48 EPS mediante incentivos vinculados al financiamiento de proyectos de inversión. El objetivo es que las EPS puedan alcanzar una escala mínima de demanda que las haga viables económicamente.

En lo referente a política tarifaria, se define la exclusividad del ente regulador, la Sunass, para ejercer la función de regulación económica a nivel nacional, ampliando su ámbito de acción en la fijación, revisión y reajustes tarifarios, en la determinación de la estructura tarifaria y de cargos de acceso, así como en la posibilidad de desregular un mercado.

Y en el fortalecimiento de gestión, el Ministerio de Vivienda implementará 24 Oficinas Desconcentradas para brindar asesoría y acompañamiento técnico a los Gobiernos regionales y locales y a las EPS, en planificación y formulación de estudios y en ejecución de proyectos.

LA REFORMA EN ECONOMÍA

El Decreto Legislativo tiene dos grandes objetivos: acelerar la inversión privada y mejorar la productividad, en un marco de estabilidad macroeconómica. Ambas son las dos únicas fuentes de crecimiento económico sostenible. Solo activando estos motores internos, que no dependen de las condiciones internacionales, podremos dar un impulso efectivo y duradero a la economía, seguir reduciendo la pobreza, financiar una revolución social y alcanzar la modernidad.

Para alcanzar estos objetivos, la estrategia se basa en dos pilares: aumento en la inversión en infraestructura y aumento en la formalización y mejora en el clima de negocios

Una mayor inversión en infraestructura, vía inversión pública y Asociaciones Público Privadas, tiene un doble efecto. Por un lado, dinamiza la inversión privada y la actividad económica; por otro, mejora la productividad al tener sistemas de transporte, energía y saneamiento más eficientes, lo cual permite reducir la pobreza y mejorar la competitividad empresarial.

La mejora en la formalización y en el clima de negocios pasa por reducir los costos de acceso a la formalización y las trabas al crecimiento de las empresas, lo que mejora la productividad y aumenta el empleo estable con beneficios, capacitación y tecnología.

PARA LOS MÁS GRANDES

Es la primera vez que desde el Ministerio de Economía y Finanzas se realiza una reforma pensada exclusivamente para la clase media y para el pequeño emprendedor al que le cuesta mucho cumplir con sus obligaciones, que se enfrenta con una administración tributaria hostil, al que le es muy caro financiar su crecimiento. El objetivo de estas reformas es que ese pequeño emprendedor pueda crecer y traer prosperidad.

El paquete de decretos legislativos en materia tributaria ha tenido tres propósitos principales: reducir el costo de cumplimiento tributario para pequeñas empresas; incentivar su crecimiento a través de un sistema tributario adecuado para las Mypes; y crear incentivos para que más personas y empresas se integren a la economía formal y moderna.

El Decreto Legislativo No. 1251 reforma la legislación de Asociaciones Público Privadas y la estructura de Proinversión, con la finalidad de optimizar los proceso de promoción de los grandes proyectos de infraestructura: sistemas de transporte urbanos, carreteras, aeropuertos, generación eléctrica, entre otros.

El Decreto Legislativo No. 1252 crea el Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y pone fin al denominado “SNIP”. Este sistema se asegura que las inversiones públicas en infraestructura tengan un adecuado retorno social, sin las complejidades de este sistema que lo hacían engorroso y retrasaban la realización de obras. 

El paquete de medidas legislativas publicado por el Ejecutivo contiene una serie de modificaciones al marco tributario del país, que si bien en algunos casos representantes avances importantes para mejorar la recaudación e incrementar la tasa de formalidad, en otros, como en el de los micro empresarios, puede generar dificultades, en la medida que existe desinformación sobre los cambios aprobados.

La reconocida contadora, auditora y tributarista María Astrid Reynoso de Vargas explica que entre los 112 decretos legislativos promulgados por el Ejecutivo se encuentran modificatorias tributarias que entraron en vigencia desde el 1 de enero de este año, y, sin embargo, no se está dando difusión para que los micro empresarios conozcan de qué manera se están cambiando las reglas de juego.

“Las empresas grandes y medianas, los grandes contribuyentes, tienen consultores y asesores que los alertan, pero eso no sucede con los micro y pequeños contribuyentes, quienes aún no saben que desde el 1 de enero ya existe un cambio normativo tremendo. Es decir, las bodegas, las peluquerías, las pequeñas tiendas, que se encontraban bajo el régimen del Nuevo RUS y podían tener ingresos de hasta 20 mil soles mensuales, deben saber que las cinco categorías que existían hasta el año pasado se han reducido a dos, y el tope máximo de ingresos o adquisiciones es de ocho mil soles mensuales”, señala.

CAMBIOS EN EL RUS

Reynoso de Vargas, quien trabajó en la SUNAT como auditora de grandes contribuyentes nacionales durante 12 años y medio, menciona que el microempresario tiene que ser – en adelante – cauteloso, debido a que para permanecer en el régimen del Nuevo RUS, no solo debe mantener su nivel de ingresos, sino también de adquisiciones.

“Hay que tener cuidado, porque como ahora, todos los contribuyentes, en su mayoría, presentan libros electrónicos e informan las ventas que se hacen a las personas ubicadas en el Nuevo RUS, de tal manera que SUNAT fácilmente tendrá información de cuánto compran las personas naturales. Si se supera los ocho mil soles en adquisiciones e ingresos, automáticamente se queda excluido del Nuevo RUS”, refiere la contadora, magíster en Tributación y Asesoría Fiscal.

Si una bodega adquirió bienes por un monto total superior a los ocho mil soles, desde el 1 de enero, automáticamente serán categorizadas en otro régimen tributario que les obliga a pagar Impuesto General a las Ventas – IGV, Impuesto a la Renta anual, a llevar un registro de compras y ventas, y un libro diario en formato simplificado. En conclusión, está obligada a llevar contabilidad.

“Mucho desconocimiento existe en este momento porque no hay una difusión directa de la norma. Se dice que ha habido una modificación tributaria, pero no se informa en concreto de lo que trata”, indica.

TENDENCIAS TRIBUTARIAS

María Astrid Reynoso destaca que la intención del gobierno nacional sea avanzar en la formalización de las unidades económicas del país. Sin embargo, en su opinión, también existe una tendencia que apunta a la eliminación del Nuevo RUS.

“En realidad hay algunas cosas que no veo como muy positivas, porque será muy difícil que un bodeguero pueda pagar contabilidad, pagar el IGV, llevar registros de compra y venta, cuando sabemos que los ingresos de un negocio de este tipo son de subsistencia. El cambio es bueno para los demás regímenes, pero no lo veo de la misma forma para los microempresarios. Esto debió ser paulatino, no debieron eliminarse las cinco categorías del RUS”, manifiesta la fundadora del Estudio Reynoso, que tiene 25 años de función contable.

OTROS CAMBIOS

Contraria es la percepción que tiene de los cambios aplicados en los demás regímenes tributarios, los que – en su opinión – favorecen ampliamente a la mediana y gran empresa.

“El contribuyente que tiene ingreso de 20 mil soles ya no puede estar en el Nuevo RUS, y para lograr el crédito fiscal que le permita la deducción de impuestos está obligado a manejar un registro de sus ingresos y egresos. Eso lo tienen que saber los empresarios, a fin de no perjudicarse, porque de lo contrario tendrá que pagar el íntegro del IGV a la SUNAT y los montos pueden ser muy altos”, precisa.

Las empresas que compren y/o vendan más de ocho mil soles mensuales pasan automáticamente al Régimen MYPE Tributario, y en tanto los empresarios se adecuen al nuevo marco normativo tendrán un año de gracia (todo el 2017) en el cual quedarán libres de sanciones o multas por parte de SUNAT.

Empero, Reynoso de Vargas considera que un año no será suficiente para cambiar una cultura de tributación de casi dos décadas, desde que se implementó el Nuevo RUS y sus cinco categorías.

“Un año en el que no se les multará por no legalizar su registro de compras o sus declaraciones juradas. Pero un año no es suficiente”, afirma.

SUNAT DEBE EDUCAR

La también especialista en Normas Internacionales de Auditoría y de Información Financiera, refiere con la nueva política adoptada por la SUNAT, de mostrar una conducta mucho más amigable hacia el contribuyente, es posible estimar que los resultados de las modificatorias sean buenos en el mediano plazo, esto en la medida que la superintendencia concentre también sus esfuerzos en la educación del empresario, informándole de los cambios aplicados.

“Insisto, hay que educar e informar al empresarios sobre las obligaciones formales que tiene desde el primero de enero y hasta el momento, lamentablemente, no se está viendo eso. El Estado tiene que utilizar los medios de comunicación para llegar a los contribuyentes”, manifiesta.

Más ventajas

Respecto al Régimen MYPE Tributario, Reynoso de Vargas señala que este es muy beneficioso para las empresas que manejan hasta mil 700 Unidades Impositivas Tributarias – UIT, equivalentes a seis millones 885 mil soles de ingresos anuales.

“Estos contribuyentes, en base a las utilidades que perciban, con un tope de 15 UIT, podrán pagar solo el 10 % del impuesto a la renta. Solo por el exceso pagarán el 29.5 % como todas las empresas del Régimen General. Con eso se está dan un gran beneficio a las empresas del Régimen MYPE Tributario”, explica.

Añade que las empresas incluidas en este nuevo régimen también podrán deducir gastos y tributarán únicamente sobre la utilidad.

“También se habla que habrá una flexibilización. Antes, por ejemplo, para que las empresas agroindustriales o agroexportadoras puedan deducir los desmedros estaban obligadas a seguir el único procedimiento establecido por SUNAT, el mismo que no diferenciaba la naturaleza del producto. Es decir, tenían que seguir el mismo procedimiento aplicado a productos no perecibles, que significaba comunicar a SUNAT con seis días de anticipación y realizar la destrucción con la presencia del juez de Paz o un notario. No se entendía que cuando se trabaja con frutas o verduras se tiene que atender lo que dice la Ley General de Salud, que ordena evitar la contaminación cruzada de los alimentos y destruir el producto en el mismo día”, comenta.

Esta problemática fue expuesta por Reynoso de Vargas a la segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz Fernández, durante su visita a la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, realizada en noviembre del 2016.

“La buena noticia es que ya en el Régimen MYPE Tributario se ha establecido que SUNAT fijará procedimientos alternativos para la eliminación de desmedros de acuerdo a la naturaleza de productos. Ya hay un procedimiento alternativo que se aplica a los supermercados, quienes llevan un registro de lo eliminado sin necesidad de contar con la presencia de jueces o notarios. Eso sí, el formato debe incluir topes, porque esta podría ser una forma sutil para la evasión de impuestos”, asevera.

Menciona que las empresas agroexportadoras han proporcionado a SUNAT estadísticas reales de los desmedros o pérdidas que se generan por cada tipo de producto durante la cosecha o empacamiento, información que puede servir de base para establecer los topes de merma aplicables en cada procedimiento admitido con el nuevo régimen tributario.

Alcalde David Cornejo Chinguel dejaría a quien asuma el sillón edil en el 2018, deuda de 600 millones de soles, crisis laboral y una ciudad devastada.

Un preocupante tercer año de gestión municipal le espera al alcalde David Cornejo Chinguel, debido a que en la actualidad la comuna chiclayana enfrenta más de veinte laudos arbitrales con empresas constructoras y proveedoras, a quienes no les han cumplido con el pago de sus liquidaciones de obras o no han respetado cláusulas de contratos que firmaron en su debida oportunidad.  

La alerta la hizo pública el ex Procurador Municipal, Pedro Alvarado Guerrero, quien  afirma que la crisis municipal en el 2017 será una de las peores que la municipalidad de Chiclayo haya podido tener en su existencia administrativa, pues todos los procesos arbitrales se encuentran latentes y a punto de ser resueltos, los que le demandaría una pérdida de más de 20 millones de soles y que tendrán que ser pagados en el acto.

“El laudo arbitral es la decisión que emite el árbitro y que resuelve la controversia sometida a su conocimiento; es este caso, las empresas constructoras reclaman su derecho vulnerado o violado por la Municipalidad de Chiclayo y antes de ir a un juicio en el Poder Judicial que es costoso y tedioso, prefirieren ir a un arbitraje para encontrar la razón a su reclamo en el tiempo más breve”, sostuvo

AÑO NEGRO

Pedro Alvarado, quien es abogado y especialista en laudos arbitrales y árbitro de la Cámara de Comercio de Lambayeque, así como del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, y de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo -USAT, afirma que para este año la gestión de David Cornejo Chinguel tendrá en caja más de 120 millones de soles como Presupuesto de Inversión, pero de esa cantidad de dinero, el 85 por ciento ya está comprometido para la planilla de los trabajadores.

“El saldo, que no es más que el 15 por ciento, será repartido en obritas de pavimento y nada de importancia para Chiclayo, así como para pago de laudos arbitrales, beneficios sociales, pago de ordenes judiciales por concepto de CTS, AFPs, entre otros”, detalló el letrado.

Sin embargo, lo que más preocupa a Pedro Alvarado es que a partir del segundo trimestre del presente año, los laudos arbitrales podrían estar empezando a ser resueltos, lo que llevaría a que  la comuna empiece a entrar en una crisis para poder pagar lo que se ordene en la resolución,  que no serán unos cuantos soles, sino cientos de miles y hasta millones como lo vienen reclamando algunas constructoras al sentirse afectadas por el incumplimiento de pago y de cláusulas por parte de la comuna chiclayana.   

“Está visto que la Municipalidad de Chiclayo va a entrar en una crisis, salvo que el alcalde decida no contratar personal para las diferentes áreas ediles, como por ejemplo 800 trabajadores vía CAS para Serenazgo, Policía Municipal, y otros trabajadores que en los dos años anteriores han engrosado la planilla municipal con la venía del burgomaestre. Además, que a los funcionarios se les vuelva a los sueldos que ganaban hasta diciembre del año 2015, y que el incremento considerable que recibieron ha engrosado la planilla municipal”, destacó.

VAN PERDIENDO

Explica que en lo que va del año, del cien por ciento de los laudos arbitrales que existen en contra de la Municipalidad de Chiclayo, el 90 por ciento los están perdiendo, lo que no solamente significa que afectará los pagos de la masa laboral y el gasto administrativo, sino que afectará la inversión pública; es decir, la Municipalidad de Chiclayo no tendrá un solo centavo para desarrollar obra pública por el bien de Capital de la Amistad y los chiclayanos.

“La afectación económica será bien alta y preocupante para la ciudad de Chiclayo”, detalla Pedro Alvarado.

Explica que el 40 por ciento de los laudos arbitrales que afronta la comuna chiclayana provienen de la gestión del ex alcalde Roberto Torres Gonzales, pero el otro 60 por ciento pertenecen a la gestión de David Cornejo Chinguel.

“Esta situación nos hace ver que en la gestión pasada había cuidado en no llevar a la comuna a juicios por incumplimiento de pago o de cláusulas de contrato o firmar contratos que no se hayan cumplido, tema que en esta gestión edil se ha agudizado y las demandas arbitrales no son por algo insignificante sino por millones de soles”, explicó.

Detalla que un ejemplo claro es lo ocurrido con la obra de la calle Cajamarca en el pueblo joven José Olaya, donde la gestión de David Cornejo Chinguel ha tenido que conciliar con  la empresa constructora  demandante un pago de 4 millones de soles, a pesar que esa obra viene desde la gestión de Roberto Torres Gonzales.

“Esta gestión municipal le está haciendo mucho daño a Chiclayo a tal punto que el alcalde tiene un conflicto absurdo con el Gobernador Regional, pero no se da cuenta que quien ha perdido es la ciudad de Chiclayo. Nos encontramos frente a un alcalde conflictivo y que lejos de conciliar para no llegar a  los famosos arbitrajes, hace todo lo contrario”, explicó Perico Alvarado quien agrega que la comuna tiene actualmente más de 20 arbitrajes, de los cuales en el año 2016 ha perdido cuatro, lo que le ha significado desembolsar 6 millones de soles antes de ser demandada por incumplimiento, así como por daños y perjuicios.

BLOQUEOS Y EMBARGOS

Pedro Alvarado, en su calidad de especialista en laudos arbitrales y ex Procurador de la Municipalidad de Chiclayo, añade que sobre las resoluciones a favor de las empresas demandantes, la municipalidad va a tener más problemas de índole económico y las consecuencias van a ser muy preocupantes no solo para los trabajadores, sino para la misma ciudadanía.

Se proyecta que como la Municipalidad de Chiclayo no va a tener dinero para pagar lo que se ordene en las resoluciones de laudos arbitrales, esto le va a generar demandas de cumplimiento, así como por indemnizaciones por varios miles de soles bajo el argumento jurídico de daños y perjuicios.

“No quiero ser alarmista, sino que voy a ser muy claro y sincero. Sobre el Laudo Arbitral perdido, a la Municipalidad de Chiclayo  le van a caer demandas por indemnización de daños y perjuicios e incluso en algunos casos van a haber algunos bloqueos de cuentas y hasta embargos, lo que va a significar que la comuna se quede sin plata ni para pagar los servicios básicos, generando perjuicios económicos millonarios a la institución”, detalló.

PREOCUPANTE HERENCIA

Otra visión más y que advierte Pedro Alvarado, es que al finalizar la gestión de David Cornejo Chinguel la Municipalidad de Chiclayo podría llegar a tener una deuda económica de hasta 600 millones de soles.

Explica que a la ciudad de Chiclayo le esperan deudas millonarias en el sentido que la deuda municipal va a crecer y el afectado y que cargará con todos los problemas será la nueva autoridad municipal que en el 2018 gane la silla edil.

“La nueva autoridad municipal va a encontrar problemas financieros muy altos que me atrevería a decir sobre los 600 millones de soles. El nuevo alcalde tendrá que solucionar los problemas con las empresas, trabajadores y otros, con préstamos, refinanciamientos de las deudas o tendrá que mejorar la recaudación tributaria o buscar apoyo de la cooperación técnica internacional”, sostuvo Pedro Alvarado.

ÚLTIMO AÑO

Detalla que los resultados que en estos momentos se tienen con respecto a la forma como se administra la ciudad y que cualquier ciudadano puede palpar, nos hace ver que una vez más los chiclayanos hemos perdido cuatro años para desarrollar.

“Hasta el momento estamos perdiendo cuatro años por tener una gestión deficiente, dejando la posibilidad de haber generado inversiones, pero lo más preocupante es que nos acercamos a una crisis terrible donde el propio alcalde y sus principales funcionarios podrían acabar como el ex alcalde Roberto Torres Gonzales”, sostuvo.

Alvarado Guerrero es un convencido que en el cuarto año de gestión municipal podría culminar con  paralizaciones laborales por parte de los trabajadores que reclaman el pago de planillas.

“En el último año de gestión municipal tendremos un alcalde pagador de planillas y generador de millonarias deudas”, puntualizó. 

El 23 de septiembre del 2014, la jueza del Segundo Juzgado Transitorio de Trabajo de Chiclayo, Carmen Sánchez Gonzales, declaró fundada en parte la demanda interpuesta por el docente Jhony Zorrilla Mundaca contra la Corporación Educativa César y David Cornejo Solano S.R.L., promotora del Instituto Superior Tecnológico Privado “Juan Mejía Baca”, ordenando el pago de los beneficios sociales reconocidos al educador, quien hasta el momento no ha recibido nada de lo que dispuso a su favor el Poder Judicial.

Zorrilla Mundaca trabajó para la institución educativa desde abril del 2005 hasta abril del 2011, siendo despedido sin que se le haya reconocido la compensación por tiempo de servicio, las gratificaciones de ley ni el pago de sus vacaciones.

Este se desempeñó como docente y coordinador académico de la carrera de Administración en el Instituto Mejía Baca, percibiendo una remuneración promedio de mil 300 soles por jornadas de 8:00 de la mañana a 11:00 de la noche, de lunes a sábado.

Explica que su función como Coordinador Académico de la carrera de Administración, equivalía a la de un Director Académico, cuyas actividades se enfocan al correcto desarrollo de los cursos, que los docentes cumplan con asistir a sus clases, distribución de horarios, turnos, malla curricular, asistencia de alumnado, supervisión de, reuniones con docentes, aplicación de prácticas pre profesionales de estudiantes, entrega de notas de ciclo y otras más.

En su labor docente, dictó cursos como Marketing, Proyectos de Inversión e Investigación de Mercados.

EXIGENCIA DE DERECHOS

Luego de ser despedido, Jhony Zorrilla recurrió a la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo para que esta verifique el despido arbitrario, el mismo que quedó acreditado por los inspectores.

“Después de seis años de trabajo mi relación laboral con el promotor César Cornejo Solano se había debilitado por diferentes motivos como el resistirse a colocarnos en planilla a pesar de tiempo laborado e incumplir con el aumento de sueldos que nos había ofrecido durante tres años, a pesar que la población estudiantil aumentó. En mi caso, desde que asumí el cargo de coordinador, logré que se pase de 200 estudiantes a más de 550 solo en la carrera de Admiración. Otras situaciones fueron la salida de buenos docentes capacitados y preparados por no pagarles horas académicas decorosas, me da pena solo mencionar que les pagaba a 6 soles la hora a cada docentes y habían algunos que trabajaban hasta 200 horas semanales, o sea 10 horas académicas diarias, para solo recibir mil 200 soles los docentes principales, porque con los otros docentes que tenían la mitad de horas era penoso, eran mayormente administradores y contadores universitarios mal pagados y sin planilla trabajando todo el día”, expone Zorrilla Mundaca.

Anota que los docentes eran obligados a acudir a las diferentes actividades de la institución y fechas cívicas como desfiles de 28 Julio, aniversario de Chiclayo, ferias, aniversarios, ad honoren, es decir sin pago adicional.

Iniciada la acción judicial en exigencia de sus beneficios, acudió a la audiencia de conciliación con la promotoría del instituto, de acuerdo a lo establecido por la Nueva Ley Procesal del Trabajo, sin que se llegue a ningún acuerdo. En tanto la defensa del instituto respondió a la demanda negando la legalidad del reconocimiento de los beneficios laborales, argumentando – entre otras cosas – que el docente laboraba por horas, que no existía el principio de subordinación y que su remuneración no ascendía a mil 300 soles.

FALLO JUDICIAL

Empero, para la juez Sánchez Gonzales quedó establecido que los servicios prestados por el demandante fueron de naturaleza laboral en aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, por lo que correspondía se le reconozcan los derechos y beneficios que emergen de una relación laboral bajo el régimen laboral de la actividad privada en su condición de trabajador a plazo indeterminado, conforme al Artículo 4° del Decreto Supremo N° 003-97-TR – Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

En ese sentido, el Poder Judicial ordenó a la Corporación Educación César y David Cornejo Solano S.R.L. el pago de 16 mil 611.71 soles, más los intereses legales, con condena de costos y costas procesales, a favor de Zorrilla Mundaca, la misma que fue declarada consentida el 23 de diciembre del 2015, con Resolución N° 9.

“Después de que yo hiciera mi denuncia laboral casualmente colocó a algunos docentes en planilla, lo extraño y curioso es que casi todos los docentes no ganan más de 600 soles mensuales, tomando en cuenta que hay docentes a tiempo completo y la mayoría de las planillas son de sueldos por debajo de los 500 soles. Es bien extraño y habría que averiguar que está pasando realmente. El Instituto Juan Mejía Baca no tiene ninguna voluntad de pagar a sus docentes que se sacrificaron por la institución por años y lo digo con tal afirmación porque yo padezco el calvario de cobrar mis beneficios con un juicio ya ganado desde hace más de un año. Así como yo, son muchos docentes que hoy en día luchan, como Roberto Castillo Chumacero o Jannet Constantino Bonilla”, menciona.

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO

Desde que se emitió el fallo judicial, hasta el momento, el docente, quien reside ahora en Lima, no ha recibido el pago ordenado por el Poder Judicial. Por el contrario, se ha visto en la obligación de recurrir nuevamente a la autoridad jurisdiccional en exigencia de sus beneficios sociales, a fin que se ejecuten los apercibimientos correspondientes contra la promotora del instituto.

Con Resolución N° 10, del diez de marzo del año pasado, la jueza Carmen Sánchez Gonzales ordenó a la Corporación Educativa César y David Cornejo Solano S.R.L. cumpla, en un plazo máximo de cinco días, con pagar lo reconocido a Zorrilla Mundaca, esto bajo apercibimiento de embargo en caso de inobservancia.

En mayo del 2016, el apercibimiento de varió a multa, la misma que le fue impuesta a la promotora del Instituto Juan Mejía Baca el 20 de julio pasado, con Resolución N° 13, otorgándole tres días para que haga efectivo el pago de los beneficios sociales al exdocente.

Ante la negativa, el Poder Judicial emitió una nueva resolución, en octubre del año pasado, incrementando la multa contra la promotora de una a tres Unidades de Referencia Procesal, dándole otros cinco días para que cumpla con el mandato, bajo apercibimiento de continuar en el incremento de la sanción.

ACCIÓN PENAL

Empero, aun cuando han transcurrido más de 90 días desde la última resolución judicial, la exempleadora de Zorrilla Mundaca persiste en el incumplimiento, lo que ha motivado a que la defensa legal del profesor ingrese el 12 de enero de este año se requiera el cumplimiento del mandato judicial bajo apercibimiento de denuncia penal contra César Cornejo Solano, representante legal de la promotora.

“Vengo batallando desde el año 2011, desde que denuncié el pago de mis beneficios laborales en la Zona de Trabajo que por cierto es una institución que siento no apoya en nada por los trabajadores, al menos a los de la Corporación Mejía Baca, que por cierto tenía como abogado, en ese entonces, a Ruperto Castellano. Hasta el día de hoy son cinco años y medio desde que denuncié y más de un año desde que el Poder Judicial me dio la razón, ordenando que me paguen mis beneficios”, refiere Jhony Zorrilla.

Añade que el gerente de la promotora se muestra desafiante ante la ley laboral, debido a que “el instituto ha venido funcionando con total impunidad frente a instituciones como la Zona de Trabajo”.

“La Zona de Trabajo en todos estos años no han hecho nada por los trabajadores o docentes condicionados a trabajar sin planillas, sin beneficios o con planillas extrañamente bajas a cambio de un puesto de trabajo. Es raro que hasta la fecha la Zona de Trabajo no haya sancionado de manera enérgica a esta institución que tiene más de 10 años en la impunidad y ahora desafiante ante el Poder Judicial ya que por mi caso han recibido dos notificaciones con un total de cuatro unidades impositivas procesales por desobedecer al pago. Ese es el peor mensaje que se puede dar para la justicia peruana”, enfatiza.

Recuerda que burgomaestre ofreció dejar a Chiclayo como un anís en los primeros 100 días de su gestión. Han transcurrido cerca de 760 días y se nota la ausencia de3 gestión municipal.

También se comprometió construir cuatro pasos a desnivel y dos by pass para aliviar el problema del tránsito, así como erradicar los ambulantes y construir de cinco pisos el mercado Modelo, pero hasta el momento no hay nada.

“El hombre es esclavo de sus propias palabras”, sostuvo la regidora de la Provincia de Chiclayo Liliana Barrantes Piscoya, para referirse al alcalde de la Capital de la Amistad, David Cornejo Chinguel, en el inicio de su tercer año de trabajo al frente de la ciudad de Chiclayo, pero que sigue atrapado en sus discursos y falsos ofrecimientos.

La concejal explica que es una convencida que David Cornejo ha engañado a Chiclayo, y en estos dos años de gestión que aún le queda al frente de la administración municipal, al pueblo de Chiclayo no le queda más que sufrir, sufrir las consecuencias por haber elegido a una persona que miente sin ningún tipo de remordimiento.

“Yo podría decir que los chiclayanos elegimos a un “lobo vestido de cordero”, una persona que no ha tenido un comportamiento coherente y ni siquiera tiene la personalidad de un gobernante, que no tiene ni siquiera el mínimo de imperar el principio de autoridad. Sinceramente no nos vemos bien representados por el alcalde David Cornejo, quien solamente vive viajando, supuestamente haciendo gestiones que no se reflejan en nada para favorecer a Chiclayo”, sostuvo la fiscalizadora edil.

Liliana Barrantes, quien forma parte del grupo de la oposición, aclaró que su función no es obstaculizadora, ella dijo desempeñar una oposición fiscalizadora, que vela por los intereses de Chiclayo, es una convencida que al cierre del segundo año de gestión municipal y el inicio del tercero, puede decir que no se ha avanzado mucho en la Capital de la Amistad.

SUELDOS

Explica que el alcalde David Cornejo ha iniciado su tercer año de gestión y hasta este tiempo no se ha avanzado mucho en lo referente a desarrollo, lo único rescatable en lo económico que se recuerde es que a inicios del año 2016, la gestión Cornejo Chinguel aprobó que los funcionarios tengan un nada despreciable aumento en sus sueldos, lo que le ha restado varios millones de soles a la administración pública para ejecutar obras de desarrollo en pueblos jóvenes, urbanizaciones, parques, jardines, entre otros lugares.

Señala ser una convencida que el pueblo chiclayano exige que el alcalde David Cornejo cambie de actitud y que el nuevo equipo técnico que lo acompañe en el 2017, lo lleve a entrar en razón y comience a trabajar en beneficio de la ciudad, principalmente de los que vivimos en esta provincia.

“Si el alcalde revertiera todo lo malo que ha hecho por el momento, lo cual considero que es difícil porque está lleno de denuncias, Chiclayo habría cambiado en algo en comparación a otras regiones vecinas del país”, señaló.

PROMESAS EN EL AIRE

Detalla que durante los dos primeros años de gestión de David Cornejo Chinguel no se han cubierto las expectativas que la ciudanía demanda. Además, durante la campaña electoral del año 2014 el actual burgomaestre de la Capital de la Amistad ofreció muchas obras de necesidad inmediata, pero que en la realidad no han sido cumplidas y siguen siendo las expectativas de los chiclayanos ante una nueva campaña electoral que ya se avecina.

“Existen muchos puntos en que la ciudadanía se ha visto decepcionada, debido a la poca capacidad que ha habido en la gestión municipal, así como en la toma de decisiones por parte del alcalde”, acotó.

Agrega que el tema principal de la campaña electoral de David Cornejo fue la limpieza pública, la cual ofreció de manera incansable e incluso se puso el plazo de 100 días de inicio de su gestión, jurando que Chiclayo iba a quedar convertido en un anís.

“Estamos empezando el tercer año de gestión municipal y Chiclayo “huele a añas”, debido al colapso de los desagües, la acumulación de la basura es preocupante a pesar que contamos con el apoyo de Cooperación Suiza con el programa Chiclayo Limpio”, resalta.

Barrantes Piscoya, dice ser una  convencida que David Cornejo no ha tenido un plan bien integrado, planificado e incluso tampoco ha contado con un equipo técnico capaz que tenga un perfil profesional que pudiera ocupar los cargos donde ahora están desempeñándose. Eso ha traído como consecuencia que David Cornejo no haya podido cumplir con tantas promesas que hizo en la campaña electoral municipal del año 2014.

“El comercio ambulatorio crece cada día. En la actualidad existen más de cinco mil comerciantes informales, los que están ocupando los espacios públicos de los alrededores del mercado Modelo, así como de las principales calles e incluso parque principal hasta la avenida Bolognesi”, dijo.

El problema de los ambulantes -señala- se ha visto durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, donde los informales se apoderaron de las calles sin que nadie diga o haga algo.

Recuerda que David Cornejo decía en campaña electoral que modernizaría el Mercado Modelo y lo convertiría en un centro comercial de cinco pisos, pero al iniciar su gestión se olvidó de todo eso y ahora en el 2017, el centro de abastos sigue en el mismo lugar de hace más de 30 años, con más problemas, con más ambulantes y con más peligro para la población en general.

De igual manera, detalla que David Cornejo no ha cumplido con otras promesas y todo lo que ha ofrecido ha quedado al paso. Asimismo, se suma el trabajo desarrollado en Epsel donde la Municipalidad de Chiclayo es la principal accionista, y presuntamente no habría voluntad de trabajo para cumplir con lo que dice la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y de esa mala gestión todos los chiclayanos son testigos diariamente por el lugar donde vayan. 

“No podemos negar que se ha hecho algo, pero es poco el trabajo que se ha realizado hasta ahora, y de eso todos nos damos cuenta, sólo basta salir a la ventana de nuestras casas o de la combi en que viajamos, para darnos cuenta que en la ciudad en la que estamos viviendo, el trabajo que desarrolla la autoridad municipal junto con sus más cercanos funcionarios, es deficiente”, señaló.

Recuerda que al inicio de la gestión municipal mucho se le escuchaba hablar al alcalde e incluso hacía uso de frases rimbombantes, pero a estas alturas de la gestión municipal, con facilidad la comunidad se da cuenta que todo no ha pasado más que de eso, de frases bonitas y rebuscadas, pero llenas de mentiras.

“Al empezar este tercer año de gestión, sigo pensando lo mismo que dije al inicio de la gestión municipal, el alcalde no cuenta con un equipo de gestión con los que se tuvo que dar esos primeros pasos. Aún recuerdo que a inicio de la gestión David Cornejo dijo que después de haber pasado los peores tiempos para Chiclayo por la deficiente gestión del ex alcalde Roberto Torres Gonzales, iba a “poner a Chiclayo como un anís”, pero esto ha quedado  como una frase anecdótica para la Capital de la Amistad”, explicó.

PELEA CON TODOS

Añade que ante los cuestionamientos que hay contra David Cornejo Chinguel por la forma como actúa, en el haber de la autoridad municipal existe un listado de promesas aún no cumplidas y que tienen origen en la falta de un plan de acción y de trabajo, el cual – durante la campaña electoral del año 2014 – dijo que lo tenía.

“El alcalde cree que como tiene cuatro años para gobernar la ciudad de Chiclayo, tiene tiempo suficiente para hacer las cosas, pero lo que no sabe es que cada cosa que tiene que hacer, tiene un trámite y un plazo de gestión”, sentenció la fiscalizadora.

Otra promesa incumplida es el reordenamiento urbano, así como los planes de desarrollo urbano y el plan regulador de rutas.

“No hay documentos de gestión. El señor Cornejo Chinguel habló de una articulación y convocatoria de profesionales que lo iba a realizar a través de los colegios profesionales para que ellos propongan a los mejores y éstos puedan ocupar los cargos en la municipalidad, pero lo único que ha hecho es pelearse con los decanos de las ordenes profesionales como es el caso de los ingenieros y los arquitectos, así como con el Gobernador de la Región Lambayeque, Humberto Acuña Peralta. De esa manera no se puede avanzar en el desarrollo de una ciudad”, recalcó Liliana Barrantes.

Otra promesa incumplida y que es preocupante por la facilidad con que miente y con la frescura que camina y responde cuando alguien le pregunta por las obras ofrecidas y que hasta ahora no desarrolla, es la de los más de veinte polideportivos o centros deportivos recreativos que ofreció construir en cada uno de los pueblos jóvenes y urbanizaciones de Chiclayo.

“Lo que el señor alcalde está haciendo es mejorar algunas plataformas deportivas que fueron construidas por la gestión municipal de Roberto Torres Gonzales”, afirma. 

Destaca que la autoridad edil también ofreció el Parque de las Fuentes, la cual si lo ha hecho pero no de fuentes sino de una sola fuente.

“Ese parque no está culminado. Si bien es cierto tiene bancas, una fuente y área verde, el alrededor no tiene ninguna mejora. El lugar está plagado de ambulantes y las pistas ni que hablar, no hay veredas y existe una total inseguridad”, explica Liliana Barrantes.

LOS BY PASS

Barrantes Piscoya también nos hace recordar que en el portal del INFOgob del Jurado Nacional de Elecciones  -JNE-, y con el nombre de “Chiclayo Diferente”, el alcalde David Cornejo Chinguel presentó entre los tantos puntos a su plan de trabajo de los “nuevos tiempos para Chiclayo”, la construcción de cuatro pasos a desnivel aéreos y dos by pass.

Indica que Cornejo sostuvo que los pasos a desnivel y los by pass que ofrecía construir la autoridad municipal ni bien se sentaba en la silla edil, eran para mejorar las condiciones del tránsito vehicular el cual es un grave problema y un caos en las horas punta.

“En este ofrecimiento, hasta la fecha no sabemos si existe algún proyecto o gestión, pero mientras tanto el caos vehicular nos afecta a todos. No hay vías de acceso  rápida y todo es un problema, y esto se agrava aún más con los presuntos actos de corrupción que habrían en la gerencia de Transportes de la Municipalidad de Chiclayo, lo que no es más que una secuela que se vivió en la gestión edil anterior”, sostuvo.

DEL HOY CGT  

También recuerda que otra de las alegres frases de Cornejo Chinguel durante la campaña electoral, era que el ex Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, ahora llamado Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo -CGT, era el represor del contribuyente.

“En su discurso hablaba que cerraría el SATCH, pero ya estamos en el 2017 y no ha pasado nada, y más bien le ha cambiado el nombre de Servicio de Administración Tributaria a Centro de Gestión Tributaria, lo cual lleva a una reorganización, pero tampoco nada de eso ha pasado”, resaltó. 

Añade que Cornejo Chinguel, con la verborrea que lo caracteriza, nombró como jefe del ex SATCH a Avelino Ponce de León, y a los pocos días tuvo que salir a escondidas porque la prensa lo puso al descubierto que no contaba con título profesional, sino que utilizaba uno falso.

“En el lugar de Avelino Ponce de León designo a la señora María Julca Encomendero, a quien a los pocos días sacó del cargo porque ésta pidió autonomía para poder trabajar y cumplir con las metas que el seno municipal había trazado para el año 2015”, detalló.

Finalmente, en el CGT terminó colocando a Nilton Monje Sampén, quien durante los años 2015 y 2016 no ha alcanzado las metas de recaudación que se impuso”, sostuvo.

Destaca que en la actualidad el CGT sigue teniendo atribuciones que no le competen, pese a que fue creado solo para recaudar impuestos. Esto –señala- demuestra que los indicadores, metas y modernidad están muy lejos de la gestión de David Cornejo Chinguel. En la actualidad, en el CGT existe una cultura de la maldición como decía en campaña el alcalde David Cornejo.

DENUNCIAS

Barrantes Piscoya añade que David Cornejo terminó el año 2016 con siete demandas constitucionales de hábeas data que interpusieron regidores de oposición en el Juzgado Civil de Chiclayo, por no entregar documentos relacionados a la gestión.

“Las demandas las formulamos porque hemos hecho más de 50 petitorios y a pesar de haber transcurrido los plazos reiterativos, estas no han tenido respuesta, como por ejemplo los ingresos y gastos que tiene la comuna; así como los gastos de la Subgerencia de Coordinación de Alcaldía e Imagen Institucional”, detalló.

LA CORRUPCIÓN

En estos dos años de gestión – detalla- los chiclayanos van teniendo claro que poco o casi nada es lo que se viene cumpliendo, pero lo que también más preocupa en la ciudadanía es la  lucha contra la corrupción que se dijo se iba a desterrar en toda la institución municipal. 

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque los exhorta a resolver sus problemas societarios y buscar una solución definitiva al manejo de las agroindustriales.

A 20 días de asumir la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el magistrado Aldo Zapata López dialogó con Expresión y compartió algunos alcances de las líneas maestras que regirán su gestión, la que se prolongará hasta diciembre del 2018. Firme en su compromiso, el titular del Poder Judicial sostiene que es momento de señalar y sancionar a quienes cometen actos irregulares en la administración de justicia. Asimismo, llama a los trabajadores y accionistas de las empresas agroindustriales a deponer sus diferencias, lo que pondría fin a la injerencia de los jueces en el control de las azucareras.

Zapata López destaca que su predecesora, Ana Salés del Castillo, dejó una valla alta en cuanto a la productividad de la Corte, que en el último año se ubicó entre las primeras a nivel nacional por el número de expedientes resueltos.

Sin embargo, pese al avance logrado, los más de 60 días de paralización de los servidores del Poder Judicial han generado el embalsamiento de procesos, cuya carga deberá disiparse en los próximos meses a fin de recuperar el ritmo de trabajo que se tuvo antes de la huelga.

“Este año se presenta un escenario muy distinto y es por eso que el propio presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, consciente de esta realidad, propuso y consiguió que se suspendan las vacaciones de los trabajadores. Se ha declarado en emergencia la resolución de casos, porque se tiene una carga permanente de expedientes que se ha incrementado con lo que no se atendió por los días de huelga. Hay entonces de parte de los trabajadores el compromiso de recuperar las horas de paralización, pero además de retomar el nivel de productividad que se tuvo hace algunos meses”, menciona.

Aclara que si bien los avances en productividad son notorios, aun no se ha medido si el incremento en la resolución de expedientes significa también calidad, aspecto que deberá evaluarse este año. “Los jueces de Lambayeque han cumplido las metas establecidas por el Poder Judicial a nivel nacional, pero además han superado en exceso los objetivos definidos. No es posible aún decir que el plus de productividad significa menor calidad, pero esta sí es una preocupación permanente entre los magistrados. Hay que cuidar calidad y cantidad, y es probable que este año podamos medir ambos indicadores”, señala Zapata López, precisando que los jueces de apelaciones deberán ponderar y establecer criterios que permitan avanzar y no retroceder sobre lo alcanzado en el 2016.

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES

El próximo año se cumplirá una década desde la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en Lambayeque, herramienta que ha permitido mayor celeridad, al igual que la Nueva Ley Procesal Laboral, puesta en vigencia desde el 2010 en el distrito judicial, y así como son evidentes los logros obtenidos por los actores del sistema de justicia, son también notorias las necesidades por cubrir, principalmente de recursos humanos y nuevos órganos jurisdiccionales.

Las carencias no solo se concentran en el ámbito penal, sino también en el laboral y familiar, especialidades donde la carga es todavía elevada.

Aldo Zapata refiere que de esta realidad es consciente el gobierno nacional, por lo que se han impulsado reformas para agilizar la solución de las controversias judiciales, dotando para ello a las cortes del país de más órganos jurisdiccionales y de mayor número operadores como jueces, especialistas y trabajadores.

“Este año esperamos contar con los órganos jurisdiccionales suficientes para resolver la carga. Las decisiones que se implementan se dan desde Lima, nosotros somos los requirentes y es obvio que necesitamos más órganos de atención en cualquiera de las especialidades. En la presidencia se reciben todos los días solicitudes, reclamos y preocupaciones de los jueces que consideran que no están en las condiciones para ofrecer un mejor servicio. Necesitan más personal, nosotros necesitamos más jueces que puedan enfrentar la demanda de justicia que es cada vez mayor”, señala.

Lucha anticorrupción

Elegido como presidencia de la Corte de Lambayeque, el uno de diciembre del año pasado, Zapata López aseguró que su gestión se caracterizaría por aplicar “cero tolerancia a la corrupción”. Bajo esa premisa – sostiene – en las primeras semanas de su mandato ha dispuesto que la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura – ODECMA, a cargo del juez Cástulo Rojas Díaz, actúe con rigurosidad respecto a las denuncias por irregularidades en la labor jurisdiccional.

“Estamos instruyendo al órgano de control local para que prioricen atenciones en la lucha contra la corrupción. En los años anteriores hemos tenido una ODECMA muy comprometida, sentando bases claras para que todos los actores judiciales sepamos que la corrupción no debe acompañar a nuestro trabajo. Es decir, se ha hecho una labor preventiva muy interesante, muy amplia. Pero notamos que después de la prevención, del aviso, de la comunicación y advertencia, es tiempo ya que quienes no han entendido la tolerancia cero a la corrupción sean investigados y sancionados. Esas son las instrucciones al órgano de control y en eso está trabajando ahora”, señala el magistrado.

MEGAPROCESOS

De acuerdo a la proyección del Ministerio Público, al cumplirse el primer trimestre de este año la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo estaría lista para formular la acusación penal contra los integrantes de la presunta organización delictiva denominada “Los limpios de la corrupción”, liderada por el exalcalde Roberto Torres Gonzales.

Este escenario – indica el presidente de la Corte – será una prueba de fuego tanto para la fiscalía como para el Poder Judicial dada la complejidad del caso y el megaproceso que se iniciaría de acreditar el Ministerio Público los elementos suficientes para someter a juicio a los imputados.

“El caso de ‘Los limpios de la corrupción’, como los otros de criminalidad organizada que se tienen en Lambayeque, se encuentra actualmente bajo competencia estricta del Ministerio Público. El Poder Judicial ha cumplido hasta ahora la labor que le corresponde al dictar las medidas cautelares de prisión preventiva o comparecencia restringida contra los imputados, y estamos a la espera que el Ministerio Público formule la acusación. Estamos atentos y a la espera, para asumir nosotros nuestro papel. Será una prueba de fuego, sin duda, porque es una preocupación que los casos de corrupción y crimen organizado tengan una atención inteligente y eficaz”, señala.

Anota que esto último engarza perfectamente con la disposición del gobierno nacional, contenida en el paquete de medidas legislativas adoptadas, de crear órganos especializados de casos de corrupción, a fin de potenciar la lucha contra este flagelo desde el Poder Judicial. Se espera que lo mismo suceda con el crimen organizado, es decir que se dé carta libre a la creación de juzgados dedicados a exclusividad para su revisión.

“La fiscalía ya tiene despachos especializados, cosa que todavía no sucede en el Poder Judicial. Esperamos que como ya se ha dispuesto la creación de estos en el paquete de medidas legislativas dadas por el Ejecutivo se tenga celeridad en su implementación”, sostiene el magistrado.

MEJOR GESTIÓN

Aspecto en el que hace falta fortalecer el trabajo interinstitucional es el referido al observatorio de criminalidad en Lambayeque, espacio que nace a partir de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal y que – a decir de Zapata López – exige mayor compromiso de los actores de justicia y la sociedad civil.

“Las reuniones se dan, aunque no con frecuencia, eso es cierto. La intención de las instituciones involucradas en el observatorio es encontrar los puntos neurálgicos de atención y esta se manifiesta”, indica.

Menciona que entre sus objetivos institucionales está mejorar la administración y para ello ha convocado a profesionales en distintas ramas que se incorporarán a más tardar en febrero próximo, por lo que estima que en marzo deberá tenerse una primera evaluación de lo alcanzado por su gestión al frente de la Corte de Lambayeque.

PROBLEMA AZUCARERO

Por otro lado, Aldo Zapata, quien se desempeñó hasta el año pasado como presidente de la Primera Sala Penal de Apelaciones, refiere que es de preocupación permanente la situación de controversia e inestabilidad que existe en las empresas agroindustriales del departamento, cuya solución – enfatiza – no pasa por decisiones judiciales, sino más bien por el entendimiento entre sus propietarios, que son, a la vez, trabajadores.

“He tenido la oportunidad de conversar con algunos trabajadores de estas empresas y les he manifestado que es más por falta de voluntad que la solución no llega. Visto de manera objetiva, el Poder Judicial parece ser el pretexto para postergar la solución a problemas que corresponden a los trabajadores, a los accionistas y a los que tienen que ver con la titularidad de estas empresas. Los jueces que tratan estos casos reconocen que siendo empresas y sociedades las soluciones están previstas en otro ámbito. No corresponde al Poder Judicial ponerle fin al problema azucarero, y esa es la exhortación que le hemos hecho a los trabajadores, que pongan fin a sus diferencias”, asevera.

Zapata López indica que la resolución de los conflictos azucareros en Lambayeque se mantiene desde hace varios años como un asunto pendiente, que además afecta la imagen del departamento y, sobre todo, de la institución que preside.

“No se puede negar que la imagen del Poder Judicial se afecta, y lo digo porque de origen el camino ha sido el equivocado. Nosotros somos buscados por quienes parece que no quieren una solución definitiva, sino algo inmediato que no tiene como propósito lograr la paz que estas empresas y sus poblaciones necesitan. Eso tiene una cuota de suspicacia inevitable que se acerca mucho a la corrupción y es algo que debemos de cuidar y controlar”, afirma.

Finalmente, el presidente de la Corte de Lambayeque refiere que no tendrá miramientos ni dudará al momento de señalar a quienes dañan la majestad de la labor judicial, pues asegura que la probidad es inherente a la conducta del juez, siendo esta exigible en todo momento.

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• A inicios de febrero el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, se reunirá con los presidentes de todas las cortes del país en Tumbes, a fin de escuchar sus demandas y propuestas de solución a las principales dificultades que enfrentan los jueces.

• Aldo Zapata refiere que se está gestionando la restitución de la Sala de Derecho Constitucional en la Corte de Lambayeque, desactivada hace tres años por disposición del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

El nombre del colaborador eficaz signado con el código FPPCLL1502016 fue revelado por uno de los abogados de los presuntos integrantes organizaciones criminales “Hermandad del norte” y “Empresarios del norte”, durante la audiencia de requerimiento de prisión preventiva en su contra. Se trata de David Ángel Guerrero Rodríguez, alias “Ñoño”, conocido en los pasillos policiales y judiciales por sus antecedentes delictivos, y con quien el Ministerio Público ha tenido un trato especial pese a que incumplió lo dispuesto por el Poder Judicial cuando se acogió por primera vez al beneficio de la colaboración eficaz, allá por el año 2012.

La historia se remonta al 7 de agosto del 2012, con la Resolución N° 2 del Expediente N° 4986-2010-14, cuando la jueza Esmeralda Carlos Peralta, resolvió aprobar el acuerdo de colaboración eficaz celebrado entre el representante del cuarto despacho de investigación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo y Guerrero Rodríguez.

“Ñoño”, como es conocido en el mundo del hampa, había sido condenado a cinco años de prisión por la comisión del delito de receptación agravada en perjuicio de José Cobeñas Chero, quedando la pena sin efecto, así como la semilibertad que se le había otorgado por el delito de robo agravado.

De acuerdo a la resolución de la jueza Carlos Peralta, Guerrero Rodríguez quedaba obligado a informar todo cambio de residencia; a ejercer oficio, profesión u ocupación lícitos, debiendo acreditar ante el juzgado y el Ministerio Público el trabajo o estudio en el plazo máximo de 20 días. Debía, además, reparar los daños ocasionados por el delito; abstenerse de consumir bebidas alcohólicas; presentarse cada tres meses ante el juzgado a firmar el cuaderno de control de sentenciados y a justificar sus actividades.

Asimismo, estaba obligado a cumplir con lo contemplado en el Código de Ejecución Penal y su Reglamento, y a no cometer nuevos delitos.

La suspensión de la pena efectiva que se le otorgó a Guerrero Rodríguez se justificó en la información que este proporcionó al Ministerio Público, la misma que fue constatada y verificada y permitió desarticular una organización delictiva involucrada en delitos graves, de la que formaban parte – según la resolución judicial – diez personas a las que al momento de su intervención se les encontró armas de fuego, municiones, granadas de guerra y vehículos. La clave con la que Guerrero Rodríguez participó como colaborador eficaz en dicho proceso fue la CE312.

ASESINATO DE TEODOSIA FLORES

El beneficio de libertad gestionado por el Ministerio Público y concedido por el Poder Judicial no fue suficiente para que Guerrero Rodríguez se aleje de las acciones delictivas.

En junio del 2015, la fiscal adjunta de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de José Leonardo Ortiz, Ingrid Merino Gonzales, solicitó al Poder Judicial la intervención de comunicaciones y telecomunicaciones a diversos números de celulares, uno de ellos registrado a nombre de David Ángel Guerrero Rodríguez, por la presunta participación en el asesinato de Teodosia Flores.

El 10 de junio de ese año, personal de la Policía Nacional se constituyó al pueblo joven Salamanca, específicamente a la calle Unión, Lote 45, donde fue victimada Teodosia Flores Vásquez, quien recibió cuatro disparos.

La hija de la víctima narró que un sujeto de aproximadamente 18 años de edad fue quien ejecutó los disparos a metros de distancia. En la escena del crimen se halló un teléfono celular que se le cayó al sicario al momento de huir, al que ingresaron diversas llamadas, una de ellas, inmediatamente después de sucedido el crimen, procedente del celular de Guerrero Rodríguez.

Semanas después, en agosto del 2015, la fiscal Merino Gonzales solicitó al juez de Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz la detención preliminar de David Ángel Guerrero Rodríguez y de Cristian Jeyson Paredes Bustamante, como presuntos autores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado, en perjuicio de Teodosia Flores.

Fue el policía Marco Castillo Jaramillo, quien declaró al Ministerio Público que uno de los números de los que ingresaron llamadas al celular dejado por el sicario en la escena del crimen correspondía al de su informante, que no era otro que David Guerrero Rodríguez, alias “Ñoño”, “Gordo” o “Carnicero”. Las diferentes llamadas al teléfono de Cristian Paredes permitieron a la fiscalía determinar que Guerrero Rodríguez tenía participación directa en el asesinato de Teodosia Flores, por lo que se justificaba su detención.

Al brindar su testimonio, Paredes Bustamente confirmó al Ministerio Público que Guerrero Rodríguez fue quien lo movilizó, hospedó, y proveyó del arma de fuego con el que victimó a Flores Vásquez.

Guerrero Rodríguez fue capturado el 5 de septiembre del 2015; el 11 de ese mes la fiscalía formalizó la investigación preparatoria y tres días después, el 14, logró que tanto a él, como a Paredes Bustamante, se les dicte mandato de prisión preventiva por el delito de homicidio calificado.

Para librar la prisión preventiva, el abogado de Guerrero Rodríguez pidió al Poder Judicial valorar que “desde el 2010 este tenía condición de colaborador eficaz”, pese a que había infringido ampliamente lo ordenado en el 2012 cuando fue puesto en libertad.

PEDIDO DE LIBERTAD

A fines de enero del 2016, la Fiscalía Especializada Corporativa contra la Criminalidad Organizada de La Libertad dispuso la investigación preliminar, por ocho meses, contra la presunta organización denominada “Hermandad del norte”, que de acuerdo a las declaraciones del colaborador eficaz FPCLL15012016, sería liderada por los hermanos Sánchez Coronel.

Ese colaborador es David Ángel Guerrero Rodríguez, conforme se confirmó en la audiencia de prisión preventiva programada en Chiclayo contra los presuntos integrantes de la organización.

La carpeta del caso pasó a la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de Lambayeque en marzo del año pasado, siendo el coordinador del despacho el fiscal Juan Carrasco Millones.

Cuando desde Trujillo se envió lo avanzado en la investigación seguida por el Ministerio Público, se incluyó la carpeta con 91 hojas, un tomo auxiliar de dos folios, un cuaderno de intervención de las comunicaciones con 41 páginas, dos cuadernos de colaborador eficaz (uno de 249 hojas y otro de seis), un sobre lacrado con bienes incautados y dos sobres lacrados con datos identificatorios del colaborador, es decir de Guerrero Rodríguez.

Esto quedó confirmado el 20 de septiembre del 2016, cuando el fiscal Carrasco Millones remitió el documento reservado al juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz, donde se investiga el asesinato de Teodosia Flores, solicitando de manera “muy urgente” “medidas de protección para David Ángel Guerrero Rodríguez”.

Carrasco Millones pidió al juez de Leonardo Ortiz las medidas de protección a favor de Guerrero Rodríguez argumentando que “en el proceso de colaboración se ha venido recabando una serie de diligencias en relación a la desarticulación y tendiente a la captura de la organización criminal Hermandad del norte, integrada aproximadamente por 40 personas, quienes vienen cometiendo una serie de delitos relacionados al sicariato, extorsión, asociación ilícita para delinquir, etc”.

Según el fiscal, alias “Ñoño” venía siendo objeto de una serie de ataques tendientes a causarle daño a su integridad física y familiar al interior del establecimiento penitenciario de Picsi, “por lo que existe abierta una carpeta de medida de protección hacia la familia del colaborador. Asimismo, hasta la fecha existen – dijo Carrasco en septiembre pasado – cuatro ataques a la integridad de la persona”.

El propio coordinador de la FERCOR Lambayeque señala en su escrito que la medida de aseguramiento personal a favor de David Guerrero Rodríguez se entendía como la medida de excarcelación, por lo que solicitaba que se le dicten las reglas de conducta, esto sin considerar que ya en el 2012 el sujeto fue beneficiario de la misma figura sobre una sentencia condenatoria, sin que cumpla con el mandato judicial de no volver a cometer ilícitos.

“Este órgano requiere la variación de la medida de prisión preventiva por la comparecencia con restricciones, para tal fin y de manera reservada solicitamos emita la resolución que ordene la variación de la medida coercitiva y con el fin de que pueda fundamentar su decisión se hace llegar reservadamente copias de lo actuado en el presente proceso de colaboración eficaz”, señala Juan Carrasco en la parte final de su documento.

A ESPERA DEL INFORME

El 7 de octubre del año pasado, poco menos de un mes antes que se realice el operativo de captura de los presuntos integrantes de las organizaciones “Hermandad del norte” y “Empresarios del norte”, se realizó la audiencia de variación de prisión preventiva para David Guerrero, alias “Ñoño”.

Luego de escuchar los alegatos de la fiscal a cargo de la investigación del crimen de Teodosia Flores, del representante de la FECOR y del abogado del colaborador eficaz, la juez Sara Vera Zuloeta dispuso remitir el informe y la carpeta fiscal a la coordinadora de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de José Leonardo Ortiz para que emita su informe en relación al pedido de Carrasco Millones, que favorece a Guerrero Rodríguez pese a su reincidencia criminal y a que violó lo normado respecto a la colaboración eficaz acordada en el 2012. El informe aún no ha sido elevado.

Días después, el 13 de octubre, el Ministerio Público solo pidió la prolongación de la prisión preventiva contra el sicario Cristian Paredes Bustamante. Es decir, la suerte de “Ñoño” puede variar si el Ministerio Público decide, nuevamente, beneficiarlo con su libertad.

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• La Primera Sala Penal de Apelaciones que ha revisado el mandato de prisión preventiva contra algunos de los integrantes de las presuntas organizaciones “Hermandad del norte” y “Empresarios del Norte”, ha ordenado que se oficie a la presidencia de la Junta de Fiscales de Lambayeque y al fiscal responsable de dicha investigación por la manera en la que se ha conducido hasta el momento el procedimiento en base a lo señalado por el colaborador eficaz FPPCLL1502016.