Los gestores del sistema de gobiernos regionales pensaron en todo menos en reducir el peso de Lima incrementando el de las provincias. La solución a ese problema está pendiente. No es posible construir Perú sin reducir las distancias entre la capital y las provincias, sentando las bases para una democracia económica real con una mejor distribución geográfica de los beneficios de las riquezas producidas.
Las desigualdades regionales
Las desigualdades regionales producen fuerzas centrífugas contra la unidad nacional y urge abordar el problema, antes que se produzcan divisiones insolubles.
A comienzos de siglo el sociólogo y politólogo Julio Cotler fue invitado por el programa Aula Abierta de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, para hablar a maestrantes de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación.
Cotler reveló un estudio de la Rand Corporation que decía que para el 2025, Perú, Ecuador y Bolivia, tendían a desaparecer como países por sus fuertes contradicciones internas.
Acertado o no, el vaticinio de la Rand tiene muchísimo peso en las decisiones de política exterior norteamericana y en las rutas estratégicas de la geopolítica del país del norte.
La RAND (Research and Development) es un Think Tank de investigaciones geopolíticas sin fines de lucro creada en 1948 con fondos privados y del gobierno norteamericano, como “laboratorio de ideas y un grupo de académicos expertos en análisis y formulación de políticas”.
Actualmente su financiamiento corre a cargo del Departamento de Defensa, Departamento de Seguridad Nacional, otros departamentos que tienen que ver con la seguridad de Estados Unidos y empresas privadas y universidades.
La Rand elabora reportes, análisis y recomendaciones para el gobierno y los organismos de seguridad e inteligencia norteamericanos y el 53 % de sus empleados poseen un PhD en sus especialidades.
Lima Megalópolis de 20 millones de habitantes
Los planes de convertir Lima en una megalópolis de 20 millones de habitantes, construir un ferrocarril que una Tacna con Tumbes más el gigantesco Puerto de Chancay, aumentarán el peso de Lima y sepultará los sueños de un desarrollo armónico y justo de las provincias, solidificando el predominio de la capital, se abandonará el desarrollo del interior y hará peligrar la intangibilidad de nuestras fronteras.
El ferrocarril Tacna-Tumbes en realidad es Tacna-Lima y Tumbes-Lima, para seguir concentrando el poder económico y político en Lima.
Las llamadas clases dirigentes, los políticos y sus partidos, todos los días muestran su miopía, incapacidad, desprecio a los intereses del país y su fracaso para construir un Perú fuerte con futuro.
La región Lima aporta el 48.1 % del PBI nacional ¿cuánto sumará cuándo pase de 11 millones de habitantes, actualmente, a 20 millones?
¿Cuánta riqueza concentrará cuando sea el destino principal del ferrocarril Tacna-Tumbes? o ¿cuánto crecerá con el mega puerto de Chancay?
En la hora actual Lima tiene más o menos dos millones de habitantes que viven en condiciones precarias, muchos en los cerros que rodean a la capital, privados de los servicios elementales de agua, alcantarillado, energía eléctrica, vivienda adecuada, educación, salud y otros servicios.
Hagamos un simple ejercicio de cálculo para estimar lo que costará cubrir las brechas de los servicios que faltan en este momento, agregando lo que se necesitará para cubrir a los nueve millones de habitantes adicionales en plazo relativamente corto.
Y si a eso agregamos las obras de transvase del Atlántico al Pacífico que ya se necesitan para resolver la carencia de agua que tiene la capital. Estamos pues hablando de miles de millones de soles que deberá invertirse anualmente, sumas de dinero que se sustraerán del Presupuesto General de la República, en detrimento de lo que se necesitan para cubrir las enormes brechas de las provincias en salud, educación, vías de comunicación, infraestructura agrícola y las obras estratégicas, como las que plantea el Plan Hidráulico de Lambayeque.
De urgente necesidad son las regulaciones para la exitosa y boyante agricultura de agro exportación y el masivo pequeño comercio, donde los trabajadores son explotados sin respetar sus derechos a un salario adecuado, organización sindical, pliego de reclamos, jornada de trabajo, bonificaciones por sobretiempo y jornada nocturna, estabilidad laboral, descanso dominical y otros derechos consagrados por la Constitución Política del Perú, leyes laborales vigentes y acuerdos de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, así como las exigencias de los Tratados de Libre Comercio y las regulaciones que establecen las normas de comercio de los países compradores que prohíben el trabajo esclavo, el trabajo de niños, la explotación de los trabajadores y otras exigencias.
Alianzas supra regionales
Para Lambayeque y el nororiente urge construir una alianza supra regional, sin hegemonismos, rescatando la milenaria experiencia de la civilización andina, que como sostienen María Rostoworoski y el sabio Javier Pulgar Vidal, se basaba en la cooperación y la reciprocidad y en la complementariedad geográfica transversal.
El área de influencia de esa alianza comienza en el sur de Piura (Sechura, Huancabamba y Ayabaca), en el norte de La Libertad (Chepén, Guadalupe, Pacasmayo y San Pedro) y hacia el este enlazando los departamentos de Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto.
El enlace por razones geográficas, de comunicación y traslado de mercaderías, es a través de un ferrocarril que una Puerto Eten con Iquitos, cuyo punto neurálgico estará en Chota, donde se ubican yacimientos de cobre, y en menor medida de oro, plata y zinc, como la mina más extensa de Latinoamérica y quizá del mundo, la Granja, cuya producción demandará el traslado a Puerto Eten más de dos millones de toneladas anuales de concentrados de cobre.
Un ramal del ferrocarril irá de Chota a Jaén y San Ignacio para transportar la producción de la zona y del sur este de Ecuador.
Otro ramal irá al sur de Chota a la ciudad de Cajamarca para recoger los concentrados de cobre y oro de Yanacocha, Michiquillay, Gold Fields y otros yacimientos. Estamos hablando de cerca de dos millones de toneladas de concentrados que también saldrán por Puerto Eten.
El ramal principal irá de Puerto Eten a Chota y de ahí a Yurimaguas, pasando por Chachapoyas, Rioja, Moyobamba y Tarapoto, para conectarse con el ferrocarril de Iquitos a Yurimaguas, en cuya planificación el Gobierno Regional de Loreto invirtió cincuenta millones de soles de hace quince años.
De la zona se trasladará la importante producción de arroz, café, cacao, hortalizas, frutas, tubérculos, madera, carne, leche, embutidos, quesos y de agroexportación.
Será un hecho histórico rescatar al Departamento de Loreto y a su capital, Iquitos, del abandono y aislamiento por tierra del resto del Perú y abrirá a la producción nacional las gigantescas reservas que contienen los 380 mil kilómetros cuadrados del departamento.
Hablamos de arroz, café, cacao, frutas, maderas, minerales, petróleo, gas, frutas exóticas, biodiversidad y agua dulce, además de su incorporación real al Perú, abriendo la posibilidad de transportar al Pacífico la gigantesca producción industrial, agrícola y ganadera del noroeste de Brasil y del sur de Colombia.
Hablamos de millones de toneladas, que más que justificarán la unidad macrorregional, el ferrocarril y Puerto Eten.
Manejo de los recursos financieros y capacidad legislativa
No se puede hablar de desconcentración en las funciones y en la toma de decisiones, y de regionalización, mientras las regiones no cobren directamente los impuestos generados por el funcionamiento del estado y por las empresas ubicadas en su ámbito geográfico, entregando al Tesoro Público la parte correspondiente a la defensa nacional y para el funcionamiento del sistema público central.
Las regiones también deben tener funciones legislativas para la región geográfica donde funcionan y debe crearse un fondo de compensación regional para las regiones que no tengan canon y para las que estén en crisis por razones de desastres naturales y/o por otras razones urgentes.
Los consejos regionales se transformarán en parlamentos regionales, además de tomar decisiones ejecutivas, lo que obligará a un cambio total de la legislación de los gobiernos regionales concentrando las funciones legislativas y ejecutivas.
Una nueva ley de regionalización se hace necesaria.
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(*) Sociólogo y periodista.
A 20 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación - CVR, que estudió a profundidad el período de conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y el 2000, la implementación de sus recomendaciones es una tarea pendiente.
A decir de Jennie Dador Tozzini, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, todo proceso de búsqueda de la verdad, como fue la misión de la CVR, tiene un proceso posterior de oportunidad para implementar reformas y recomendaciones, tiempo tras el cual hacerlo resulta más difícil.
Para el caso peruano – sostiene – ese período pasó y se desaprovechó, pues la atención estuvo centrada en el diseño de cambios a nivel institucional como la nueva Ley de Partidos Políticos y la Ley de Financiamiento de Organizaciones Políticas, faltando trabajar en el componente de socialización del informe, para que su contenido sea conocido y aceptado por la ciudadanía, pues es el relato oficial de lo ocurrido durante 20 años de violencia.
“El informe no es la invención de un grupo que se sentó a redactarlo. Es la expresión de más de 20 mil personas que dieron su testimonio de lo que había ocurrido y habían vivido. Tenemos avances, sí, como los 101 casos sobre los que se ha dictado sentencia, pero no es suficiente respecto a las vulneraciones vividas. De las 21 mil personas desaparecidas, aún falta encontrar a 17 mil y no hay presupuesto ni tecnologías para buscarlas. Hay procesos pendientes, siendo uno de ellos la reforma policial y de las Fuerzas Armadas, que quedaron truncas. No haberlo hecho en su momento nos pasa hoy la factura, con las violaciones cometidas recientemente”, menciona.
Anota que en los últimos 20 años se han reportado más de 200 casos de ciudadanos que han muerto al participar en movilizaciones y protestas, no existiendo hasta el momento ninguna sentencia condenatoria.
“Lo que se está sosteniendo en el tiempo es la impunidad y eso hay que cambiarlo. En el afán de hacer algo se modificaron algunas normas, como la que permite la participación política de exintegrantes de las Fuerzas Armadas y policiales. Hoy tenemos cinco ex altos mandos del ejército y la marina en el Congreso, que casualmente son quienes corresponden justamente al período del conflicto armado interno. Ello hace más difícil que se pueda llegar a la verdad en todos los casos o los que siempre ponen en la agenda la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, enfatiza.
Salida de la CIDH
La salida del Perú del Pacto de San José para desvincularse de la jurisdicción y alcances de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, es una de las banderas que cada cierto tiempo levantar ciertos sectores de la política, bajo el argumento que con ello se podría restituir – por ejemplo – la pena de muerte para violadores.
En el fondo – señala Jennie Dador – lo que estas voces buscan es desvincular al Perú de la jurisdicción de la corte, porque saben que es el escenario en el que se puede exigir justicia frente a la vulneración de derechos humanos y fundamentales.
“No solo piden que salgamos de la corte, sino también intentan modificar el currículo educativo y lo que se va a enseñar sobre la historia reciente del país en su afán de reescribir los hechos o contarlos según su conveniencia”, afirma.
Añade que en la CIDH no solo se han ventilado casos de derechos humanos vinculados a la violencia terrorista o de las fuerzas armadas y policiales, sino también demandas laborales como es el caso de los despedidos de Telefónica; jurisdiccionales, como el de los jueces cesados por la dictadura de Alberto Fujimori tras el autogolpe del 5 de abril y que fueron repuestos por la corte, o de índole político, como la demanda pendiente de resolverse emprendida por el exalcalde de Chiclayo Arturo Castillo Chirinos, quien accionó contra el Estado Peruano luego que el gobierno de Alan García Pérez desconociera la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenó su reposición como burgomaestre de la ciudad.
“Los críticos dicen que la corte ordenó pagar reparaciones a terroristas y eso es totalmente falso, porque el Estado nunca pagó ninguna reparación a sentenciados por terrorismo. En el único caso en el que hubo esa pretensión, el Estado se protegió haciendo efectivo el cobro de la reparación civil. Las narrativas que presentan quienes se oponen a la justicia supranacional en materia de derechos humanos representa un peligro latente para que el Perú salga de la corte, más porque existen intereses políticos del Parlamento y pactos con el Ejecutivo”, explica.
Gobierno de Boluarte
Dador Tozzini sostiene que es un hecho que luego de lo sucedido entre diciembre del 2022 y diciembre de este año, con la muerte de 43 civiles por impacto de armas de fuego, durante la represión policial y militar, los integrantes del actual gobierno de Dina Boluarte terminarán respondiendo ante la justicia.
“En el gobierno saben perfectamente que les espera la cárcel y eso es lo que en este momento los lleva a sumar al discurso para que el Perú salga de la CIDH o querer copar el sistema de justicia. No se trata únicamente de los implicados en las violaciones a los derechos humanos, también están los ‘mochasueldo’ y tantos otros que están involucrados en casos de corrupción. Hay un montón de gente que sabe que va a ir a la cárcel y todos están unidos con el único interés de mantenerse en el poder y no perder su libertad”, afirma.
