Mientras en Perú los políticos siguen sacándose las tripas por sus intereses y preparándose a forro para nuevas elecciones, que si se realizan será en medio de lagunas de agua y montones de barro, Ecuador nos da el ejemplo.
El gobierno del hermano país solicitó ayuda internacional para enfrentar los desastres que inevitablemente causará El Niño y el aceleramiento del cambio climático, obteniendo respuesta favorable del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Europeo de Inversiones, organismos multilaterales muy importantes.
En la misma ruta el gobierno del vecino del norte ha creado una página web en la que cualquier ciudadano puede obtener respuesta a sus inquietudes, sobre cómo actuar en inundaciones, incluso como cuidar a sus animalitos.
Según la prensa ecuatoriana el gobierno publicará el mapa de amenazas, donde los ciudadanos encontrarán la información precisa sobre cuan vulnerable es la ciudad, sector o barrio donde viven, si es más susceptible a deslizamientos, inundaciones u otro evento de complicación. En esta parte del globo los países más afectados por El Niño serán Ecuador, Perú y Chile.
Cuantificando los daños
El Dartmouth College, universidad privada en el estado de New Hampshire en Estados Unidos, acaba de publicar un estudio en la revista “Science”, recordando los efectos financieros negativos en todo el orbe de El Niño de 1982-1983 estimados en 4.1 billones de dólares. El estudio también calcula que El Niño de 1997-1998 produjo daños por 5.7 billones de dólares, superando en muchos países el 10% del PBI.
Para el presente del fenómeno el costo global será de3.4 billones de dólares, o sea 3.4 millones de millones de dólares.
Mientras tanto el Banco Mundial sostiene que los efectos negativos durarán cinco años, lo que en Perú es como echar gasolina a los conflictos políticos que no tienen como resolverse, porque el presidente Pedro Castillo está preso sin acusación formal, sin juicio y sin sentencia. Está como “depositado”, ante el estupor del mundo civilizado, porque en Europa, Asía y América, que a lo mejor saben cosas que nosotros ignoramos, se preguntan como es posible tamaña afrenta, aplaudida a rabiar por la prensa limeña que marca el paso temático a la prensa provinciana.
El Ejército peruano
Después del desmantelamiento de la infraestructura y equipos mecánicos del estado, por esa locura neoliberal que aún impera en el país, estamos recurriendo al apoyo del Ejército Peruano, que por su profesionalismo y disciplina está en capacidad de encabezar la prevención y la reconstrucción, pero como estamos en el Perú se acaba de aprobar un magro presupuesto de un poco más de cien millones de soles para que la institución militar compre equipos mecánicos modernos y apoye la tarea.
Los especialistas saben que se necesitan varios miles de maquinarias y que las empresas privadas no están capacitadas para afrontar los eventos devastadores de El Niño, porque no tienen el número suficiente de máquinas, la obsolescencia de sus equipos, la inexistencia de un sistema de mantenimiento y repuestos, las prácticas mafiosas cobrando más horas de servicio que las operadas y su falta de disciplina y profesionalismo como empresarios.
Recordemos que la gigantesca carretera marginal de la selva, con justicia bautizada Fernando Belaúnde Terry, fue construida por los batallones de ingeniería del Ejército Peruano, que como sostiene el dos veces alcalde de Puerto Eten, Jaime Contreras, las obras viales que hace el ejército cuestan cuarenta por ciento menos que lo que cobran las empresas privadas, envueltas en escándalos por coimas a alcaldes y presidentes regionales, presentar cartas fianza falsas, abandonar obras después de cobrar el total del costo y otras perlas que le cuestan al Perú decenas de miles de millones de soles.
¿Y nosotros qué?
Millones de peruanos nos preguntamos ¿qué hacer? sobre todo los de las zonas marginales, llamados pueblos jóvenes, los agricultores y campesinos, los empresarios industriales y comerciantes, etc.
Un importante grupo de dirigentes populares están reorganizando la Confederación Regional Unitaria de Pueblos Jóvenes para enfrentar los desastres que causarán las intensas lluvias, cambios bruscos de temperatura, exceso de humedad, estrés emocional, plagas, las pandemias (Dengue, La Covi 19, Chikungunya, Guillain Barre, Malaria, Leptopirosis, etc) y la proliferación de insectos masticadores como grillos y langostas.
Por eso hay que agradecer y apoyar a Oscar Paz, Israel Chilcón, Mateo Pacherres, William Crisanta, Nilo y Asunción Guanmuro, Coni Balderrama, Mariflor Lara, Arturo Cheves, Yelsen Humbo, Miguel Segura y otros tantos que están haciendo la tarea de juntarlos.
Como se extraña a Toribio Villafana Corcino, organizador de Pueblos Jóvenes y de Cois, a mi amigo Ciro Fernández, organizador en San Antonio, a Pedro Silva de Simón Bolívar, Lorenzo Infante de La Pradera, a Warner Gómez del Castillo, estudiante universitario, se graduó de ingeniero civil en “la Pedro” y el maldito cáncer lo mató.
Sin olvidar a Lorenzo Falconí y a Daniel Vásquez, alejados del trajinar popular jaqueados por penosas enfermedades.
A Jorge Vilca Pérez, líder indiscutible en San Antonio, cristiano de base, preso catorce años por sus ideas, cumplió su pena, regresó a la universidad, terminó su carrera de sociólogo, ingresó a trabajar en la misma “Pedro” y fue despedido acusado de comunista por vicerrectores amigos, suponemos por recomendación de ese maldito a quien su hijo le rompió la pierna a patadas por pegarle a la mamá y a quien las brasas del infierno lo esperan cantando canciones de amor.
Un capítulo final, perdonando las ausencias, para Marisa Mocarro, negra linda y generosa, a quien el COVI se la llevó. Vivía en Nueve de Octubre y lideraba explícitamente a mucha gente en los barrios.
Actuemos todos
Los sectores urbanos y rurales deben elegir y renovar sus directivas, poner en orden y en limpio sus requerimientos e iniciativas, comenzando con las urbanizaciones mesocráticas como Santa Victoria, casi, casi, una Ucrania bombardeada por misiles, los pueblos jóvenes para quienes no hay programa, los campesinos y agricultores, sobre todo los de las partes bajas de los valles -que deben señalar las zonas inundables y de refugio- las nuevas urbanizaciones construidas en terrenos por debajo del nivel del suelo, las urbanizaciones y pueblos jóvenes ubicadas a orillas de acequias y canales, etc.
Insistimos, debe formarse un estado mayor, comandado por el presidente de la Región Lambayeque y alcaldes provinciales, cuyo mando operativo debe ser entregado a la Fuerza Armada con el apoyo de la Policía Nacional presente en todo el departamento.
En las zonas fronterizas con Cajamarca debe auspiciarse la estrecha coordinación entre los municipios distritales para sumar esfuerzos.
En las zonas altoandinas deben de afinar sus tradiciones y cultura comunal, cuya base es la reciprocidad y la cooperación y esperar poco de los gobernantes para quienes son invisibles, llamen a sus mejores hijos, que son profesionales y si no quieren regresar tráiganlos de las orejas.
Al parecer, la cultura de despilfarro de los dineros estatales se viene haciendo una costumbre arraigada en dos poderes del Estado Peruano: Ejecutivo y Legislativo, quienes con un descaro impresionante y una insolvente capacidad de ver la realidad económica que atraviesa el país, dictan normas irracionales y poco efectivas que, al final, le terminan costando al erario nacional ingentes cantidades de dinero, que sólo sirve para consumar hechos atentatorios contra los derechos de quienes dicen defender.
Como no podía ser menos y con total desprecio por la dignidad humana, el Congreso de la República, presidido por José Williams Zapata, decidió el 3 de julio del año en curso, por insistencia, promulgar la Ley 31812, con la finalidad de modificar un sólo artículo y una disposición complementaria de las Leyes Orgánicas de los Gobierno Regionales y Municipales, para de una forma insana y desmedida otorgarle a los consejeros regionales y regidores municipales dinero para cumplir con sus funciones, que por cierto ya ostentan, producto de las respectivas leyes que así lo prevén.
Las modificaciones
Según el escueto texto del cuerpo normativo aprobado, la causa real a todas luces irracional e innecesaria para modificar ambas leyes, consiste en conferir atribuciones a los consejeros y regidores para fiscalizar la gestión pública de los estamentos sub nacionales, para que cada uno de ellos realice el control político y gubernamental en el ámbito de su aparato jurisdiccional, considerando a la vez y como no podía ser menos, la asignación de ingentes recursos económicos destinados a fortalecer la función de fiscalización de los integrantes de ambos consejos, cuando al parecer, dicha función son letra muerta para muchos de ellos, quienes miran de costado las tropelías de las gestiones de las cuales son parte.
El fundamento presupuestal
Según la insensata ley modificatoria, refiere que para el fin que esta inservible legislación persigue, se debe considerar en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de ambos gobiernos la incorporación de los recursos según clasificador presupuestario que proporcionen los consejos, tanto regional y municipal, respecto a la capacidad logística y el apoyo profesional necesario para el ejercicio de sus actividades de “fiscalización”, cuando bien se sabe que ni ellos mismos saben que capacidades tienen, que es lo que necesitan y cómo tienen que alcanzar el objetivo de fiscalizar al gobierno de turno, del cual en mayoría, son adjuntos escuderos y en algunos casos garantistas de acciones ineficientes, defendidas con argumentaciones vagas e inconsistentes plagados de intereses personalísimos.
Los recursos
De acuerdo a la norma prescrita, los recursos incorporados anualmente en el PIA de ambos gobiernos sub nacionales (regionales y municipales) no pueden ser inferiores al 1 % ni superior al 2 % del presupuesto procedente de la suma de los montos del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN e “impuestos municipales”. En los mismos porcentajes establecidos en el caso anterior, los recursos no podrán ser superados en los rangos ya previstos, con la diferencia que para la gobernación regional los dineros provendrán de la genérica de gasto de bienes y servicios pertenecientes a la siempre oscura y mal ejecutada, fuente de los recursos ordinarios asignados para dicho pliego presupuestal. Lo establece así la reciente Ley.
La entrega demás dinero
La ley promulgada con insistencia por el parlamento nacional, a todas luces invasiva y lacerante para mejorar la calidad de vida de las personas, ha considerado consumar una maldad absoluta de gastar los recursos estatales sin reparo alguno y a condición objetiva para su ejecución, decretando que de “requerirse la habilitación de mayores recursos para asegurar el financiamiento de fiscalización”, tanto de las municipalidades como de los gobiernos regionales, durante la fase de ejecución presupuestal, dichos gobiernos “quedan exceptuados de las disposiciones presupuestarias a fin de realizar las modificaciones respectivas”, haciendo hincapié que, los procedimientos ampliatorios presupuestales sólo servirán para habilitar recursos para la disfrazada función pública fiscalizadora, es decir, en este rubro los dineros se encontraran a libre disponibilidad para el que los necesite. ¡Bien por ellos!
La rendición de cuentas
De acuerdo al cuerpo normativo que por cierto resulta ser atípica en su concepción e inoportuna en su ejecución, refiere que los regidores municipales y consejeros regionales están obligados a presentar un balance semestral sobre el monto destinado al fortalecimiento de las labores de fiscalización que hubieran utilizado durante ese período, en razón de ello, quien debe contrastar lo gastado, conforme la Ley lo prevé es el ente contralor, en este caso, la Contraloría General de La República.
El doble control
Como quiera que la legislación ha sido promulgada bajo los fundamentos que esta sostiene, se presenta una marcada dicotomía controladora, ya que por un lado los consejos sub nacionales realizarán labores de fiscalización utilizando más recursos, en el otro extremo la Contraloría General de la República seguirá realizando la misma función, es decir, ambos entes de fiscalización y control realizarán la misma labor con recursos, uno más engrandecido que el otro.
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(*) Especialista en Contrataciones del Estado.
