El mes de julio, es muy especial para todos los peruanos, pues celebramos nuestras Fiestas Patrias. Disfrutamos este acontecimiento viajando en familia a diferentes lugares de nuestro país, o nos aventuramos a conocer países vecinos, aprovechando el feriado largo decretado por el gobierno, y así poder despejarnos de la rutina diaria y el estrés. Del mismo modo, se tiene la costumbre de salir a almorzar probando la variada gastronomía que poseemos y que es reconocida a nivel internacional, y por la cual nos sentimos sumamente orgullosos.
Sin duda, todos estos acontecimientos hacen que la persona gaste más en este mes que en otros y, que incluso, supere su presupuesto planificado. Por ello, el gobierno establece un ingreso adicional en los meses de julio y diciembre a los trabajadores del sector privado, denominado gratificación.
La gratificación, es un beneficio laboral económico, que se entrega a los colaboradores que forman parte de una organización privada, donde brindan sus servicios profesionales, cumplen horarios definidos y están subordinados a un jefe directo. Para acceder, se debe contar con un contrato de trabajo vigente.
Posible sanción
Una característica es que se entrega dos veces al año. El primero, en el mes de julio por motivo de las Fiestas Patrias de nuestro país. El segundo, se desembolsa en diciembre, por concepto de navidad. Para ambos casos, el plazo máximo de depósito es la quincena. De lo contrario, el negocio se verá sometida a pago de multas por la infracción grave cometida.
Los montos de las sanciones van desde S/544 hasta más de 129 mil soles, dependiendo del régimen laboral y tamaño de empresa. Por consiguiente, es la función del área de Talento Humano, estar al pendiente y realizar todos los pagos de planilla. Igualmente, es responsabilidad del gerente, supervisar el cumplimiento de los abonos en las fechas planificadas.
¿Cómo se calcula?
Si soy un trabajador y quiero saber si han depositado correctamente mi gratificación, debo seguir los siguientes pasos. Primero, conocer cuánto es el ingreso bruto (sin ningún descuento) que percibo mensualmente. Lo siguiente, es evaluar si te corresponde la asignación familiar. Para el presente año es S/102.50 soles, equivalente al 10 % de la Remuneración Mínima Vital (RMV).
Como último paso, se debe sumar ambas cantidades (sueldo bruto más asignación familiar), y añadirle el 9 % del monto calculado, por concepto de bonificación extraordinaria para los afiliados a EsSalud. Si está registrado en la Empresa Prestadora de Salud (EPS), le corresponde el 6.75 %, según la Ley 29351.
Ejemplo: Juan Pérez labora en una organización, y percibe un sueldo bruto de S/2,000 soles mensuales. Asimismo, al ser padre, le corresponde la asignación familiar S/102.50. El total de ingresos es de: S/2,102.50. El señor está afiliado a EsSalud, y se debe calcular el 9 % (S/189.23). Por lo tanto, la gratificación que deberá recibir es de S/2,291.73.
Por último, recomiendo a los emprendedores no esperar el último día para realizar el abono de la gratificación y así evitar pagos de multas innecesarios, e incomodidades de sus colaboradores.
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(*) Consultor, mentor y catedrático. Especialista en Gestión Empresarial e Innovación.
Encuesta revela que existe un rechazo muy fuerte a la lideresa del fujimorismo en una pretensión de postular el 2026, pese a que congresistas y dirigentes de Fuerza Popular lo consideran como la “candidata natural” de ese partido. Esta es una sanción de la ciudadanía a su nefasta performance en la crisis política de los últimos seis años, donde ella ha tenido una alta responsabilidad en la inestabilidad política que ha vivido el país. Las investigaciones fiscales sobre las donaciones de dinero a sus campañas electorales y las acusaciones de liderar una organización criminal, también abonan en su mala imagen.
El 18 de junio pasado, la lideresa de Fuerza Popular había señalado que “no iba a renunciar a su derecho de postular en las elecciones del 2026, aunque todavía no había tomado esa decisión definitiva”. Incluso, para dar fortaleza a esa expresión dijo “estar agradecida por el respaldo que había recibido en tres oportunidades, ya que era la primera mujer en haber llegado a segundas vueltas electorales en el país”. Sin embargo, ese optimismo y su lógica pretensión de postular por cuarta vez a la Presidencia de la República, puede derrumbarse, o por lo menos llevarlo a la reflexión si una candidatura suya es oportuna. Ello, tras conocerse la última encuesta de Ipsos, realizada para Perú 21, donde la resistencia a la lideresa naranja es mucho mayor de lo que se piensa: un 61% de la ciudadanía sostiene que “definitivamente no votaría por ella” en una eventual postulación. Si bien los congresistas y dirigentes de Fuerza Popular lo consideran como la “candidata natural” de ese partido, estos resultados negativos respecto de su popularidad, pueden hacerla cambiar de opinión o entrar en periodo de meditación profunda. Se abre el espacio de consultar con su entorno político más íntimo, su entorno familiar (que incluye a su padre) y su conciencia.
Cosecha lo que sembró
Keiko mantiene un rechazo importante de más de dos tercios de la población, como ha ocurrido con estudios anteriores. Y si se ve el desagregado, en el interior del país el rechazo llega a un 66%, y a nivel de regiones este sube a 81% en el sur. La lideresa del partido naranja está cosechando lo que sembró desde el 2016, cuando su partido colocó a 73 congresistas y se convirtió en la principal fuerza opositora al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Tras su tercera derrota electoral, el partido de Fujimori se constituyó en una fuerza arrolladora y obstruccionista a ese régimen, provocó la censura de varios ministros y fue pieza fundamental en la renuncia de Kuczynski. Esta imagen de todopoderosa y de que ella, a través de su opulenta bancada, era quien prácticamente gobernaba el país, le pasó la factura en los comicios extraordinarios al Parlamento de 2020-2021, donde sólo consiguió ocho representantes. Fue una respuesta a su forma tan vil y mezquina de hacer política. Pero regresemos a la encuesta de Ipsos. Otro aspecto que coloca bajo la lupa el sondeo está relacionado a la gestión del actual Congreso, el cual tiene un elevado nivel de desaprobación por la enorme decepción que tiene la población respecto a este poder del Estado, y donde la bancada de Fuerza Popular juega un rol importante en la aprobación de leyes intrascendentes que solo benefician a grupos de poder económico y político, y no miran las grandes necesidades de la población. Todo esto suma en contra de la popularidad de Keiko.
Una mochila bien pesada
La hija mayor del exdictador Alberto Fujimori carga una mochila super pesada desde hace mucho tiempo, lo que se ha traducido en un enorme anti voto que no le permitió triunfar en ninguna de las tres finales que disputó con Ollanta Humala, Kuczynski y Pedro Castillo. Nunca fue capaz de reducir ese anti voto que se instaló en el colectivo ciudadano, que recordaba en cada elección los momentos más nefastos del gobierno de su padre y del cual nunca pudo tomar una posición clara sobre temas cruciales de derechos humanos o de la corrupción a gran escala que se gestó en su régimen. Además, en los últimos años ha estado involucrada en hechos poco transparentes que le han merecido varias investigaciones fiscales y hoy afronta un pedido de 22 años y 8 meses de cárcel por el caso Cócteles, y en otra han solicitado más de 30 años de cárcel por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración por la presunta financiación irregular de las campañas electorales de 2011 y 2016. El antropólogo Javier Torres Seoane, sostiene que “el alto rechazo a Keiko Fujimori debe ser leído como una sanción de la ciudadanía a su nefasta performance en la crisis política de los últimos seis años. Las investigaciones fiscales sobre las donaciones de dinero a sus campañas también abonan en su mala imagen. De alguna manera simbolizaría todo lo que los peruanos rechazan de los políticos: la corrupción y su incapacidad de llegar a acuerdos para sacar al país de la crisis”.
No hay cuadros de relevo
Como dije en un artículo anterior, descifrar el pensamiento político de Keiko en estas circunstancias es muy complejo, porque no se sabe cuándo dice la verdad o cuándo esconde algo (aunque en política vale todo). El implacable tiempo dirá si la lideresa del fujimorismo tentará por cuarta vez llegar la Presidencia, que más parece una obsesión enfermiza o querer reivindicar su apellido. Sin embargo, vale preguntarse qué pasará si vuelve a ser derrotada, hará sus típicas pataletas de niña perdedora o apelará al tema del fraude. Lo que evidencia, además, es que este partido no ha preparado cuadros políticos de relevo para sustituir a la Fujimori, considerando su perfil de perdedora consecutiva. Como bien precisa César Hildebrandt: “El fujimorismo es la peor peste que hemos tenido. Es lo peor que nos sucedió y nos va a seguir sucediendo mientras las Juárez, los Galarreta, las Moyano, sigan ahí”. Y agregó que “sus representantes en el Congreso han creado un ‘capítulo delincuencial’ de la política peruana”.
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(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Primer Vicedecano del Colegio de Periodistas de La Libertad.
Disparatada e irracional decisión es la que ha tomado el Poder Ejecutivo al autorizar mediante el Decreto de Urgencia N°024 – 2023 – PCM, la transferencia de recursos para contratar “empleados de confianza” para fortalecer, supuestamente, la gestión de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento – EPS, en zonas declaradas en estado de emergencia por el advenimiento del Fenómeno El Niño.
La ocurrencia desmedida del gobierno de Dina Boluarte, propiciada por cierto en la interna del Palacio de Gobierno, donde se ubica la presidencia del Consejo de Ministros - PCM, gestor del disparate autentico de mal gastar nuestro dinero, ha decidido con total desparpajo e irracional argumentación entregar a diferentes EPS millonarias sumas dinerarias, para según ellos, fortalecer la gestión de las entidades prestadoras que como bien sabemos caminan en reversa, dañando la salubridad de la población donde operan y cobrando por servicios deficientemente prestados.
La base legal
Según dicho decreto, la medida dictada discrecionalmente, se basa en el artículo 7-A de la Constitución Política del Perú, el cual reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable, y establece que el Estado garantiza este derecho, priorizando el consumo humano sobre otros usos; además señala que el Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y como tal, constituye un bien público y patrimonio de la Nación.
Dice también el argumento legal, no ajustado a la realidad, que es por dicha razón que mantener la continuidad de los servicios de saneamiento es esencial para preservar la vida y la salud de las personas, así como la higiene personal, limpieza y desinfección de sus hogares, bajo este contexto y siguiendo su línea argumentista plagada de una mentira absoluta, la PCM ha impulsado su decisión a todas luces fuera de la realidad calamitosa que atraviesa la población y la precariedad funcional de las mal llamadas entidades prestadoras de servicios, que como tales sólo son el refugio de una burocracia dorada, engordada con los dineros recaudados por la prestación de servicios que más daños causan antes de mejorar la salubridad poblacional, otorgándoles dineros para supuestamente mejorar su funcionabilidad, cuando su paupérrima gestión técnica y administrativa de cada una de ellas es cada vez menos efectiva e inoportuna.
EPSEL
De acuerdo a lo decretado, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque – EPSEL, a través del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, recibirá parte de los recursos asignados para financiar la contratación de personal de confianza, supuestamente con la finalidad de mejorar la alicaída calidad de sus cuadros funcionales que mantiene por largos años con una realidad tangible difícil de superar, tal es así que los colapsos constantes de aguas servidas y el servicio mal prestado para resolver los mismos, están provocando un progresivo deterioro de la salud pública en varios ámbitos de la región, incluyendo Chiclayo y, por qué no, la erosión constante de las pistas y veredas de las ciudades, donde la infraestructura vial, vetusta y mal tratada, se derrumba en forma sorpresiva y desmedida poniendo en vilo hasta la vida de las personas, producto de los colapsos de las aguas servidas que discurren por el sub suelo sin que estas sean advertidas.
Los recursos mal dirigidos
Ad portas del Fenómeno El Niño, la asignación de millonarios recursos para mejorar la gestión de las EPS, no hacen sino prescindir del sentido común aplicado para su aprobación, por cuanto la contratación del “personal de confianza” que debiera incrementar la burocracia de cada entidad, no es de necesidad imperativa para lograr amortiguar los embates del fenómeno natural, en razón de ello, es que es necesario dejar de lado la contratación de personal que bien podrían ser de gabinete, cuando la ocurrencia natural próxima exige contar con el equipamiento adecuado plenamente operativo, que permita en el tiempo oportuno evacuar las aguas pluviales y amenguar por lo menos los colapsos y embalses de las aguas servidas, las cuales se verán incrementadas en mayores volúmenes comparativamente con las que ya se tiene día tras día en diferentes puntos de la región.
Los resultados medibles
Luego de las precipitaciones pluviales producidas por el ciclón Yaku y el Fenómeno El Niño, estas han ocasionado daños irreparables en el ámbito de su ocurrencia, tal es así que la inyección de los dineros asignados para reparar lo dañado no han sido bien utilizados para el fin que fueron orientados, preponderantemente en la región Lambayeque, donde la velocidad del deterioro de las ciudades que la componen sigue siendo vertiginosa y traumática en sus estructuras básicas que, en buena cuenta, permiten medir que así existan recursos para superar el daño causado, la burocracia y la falta de decisión política, proactiva y transparente de sus autoridades, no permiten enfrentar y superar los embates de cuanto fenómeno natural ocurra en esta jurisdicción.
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(*) Especialista en Contrataciones del Estado.
