En estos momentos tan críticos para el país, vale la pena revisar nuestra historia constitucional peruana, para comprender el génesis de nuestra República. El 20 de septiembre de 1822, el protector San Martín instaló el “Soberano Congreso Constituyente”, y le dejó las riendas del poder.
El primer Congreso consideró que no podía legalmente elegir un poder Ejecutivo mientras no existiese una Constitución. Pero su solución no dejó de ser polémica, pues, inspirándose en el ejemplo de la revolución francesa, decidió mantener el poder en su seno, confiándolo a una comisión de tres diputados. El tribuno José Faustino Sánchez Carrión justificó dicha idea, sosteniendo que la presencia de un individuo en el poder le recordaba la figura del rey, añadiendo que “tres no se unen para oprimir”.
Así, la "Junta Gubernativa del Perú" estuvo conformada por el mariscal José de la Mar (nacido en Cuenca en la audiencia quiteña, veterano del ejército realista, hombre honesto y carente de ambiciones personales), el aristócrata Manuel Salazar y Baquíjano (conde de Vista Florida, quien tendría una destacada figuración en la naciente República), y el jurista Felipe Antonio Alvarado (nacido en Salta en el virreinato rioplatense, hermano del general Rudecindo Alvarado, jefe del Ejército). Pese a ello, el poder de la Junta dependía del Congreso.
En el Congreso, se buscó erradicar la idea monárquica que el odiado ministro de San Martín, Monteagudo, había propiciado. Primero, el 4 de noviembre promulgó una amplia amnistía, excluyendo únicamente a Monteagudo. Luego, el 22 de noviembre, canceló los poderes de los comisionados García del Río y Paroissien, enviados por San Martín con el propósito de buscar un monarca para el Perú.
Participación y representación
El Congreso se afanó en organizar la nueva República, diseñando la división territorial que hasta hoy persiste: departamentos, provincias y distritos. Y para afianzar la idea republicana, el 16 de diciembre de 1822, el Congreso aprobó las “Bases de la Constitución Política de la República Peruana”, promulgadas por la Junta Gubernativa al día siguiente. En sus 24 artículos, las Bases recogían los principios “más adecuados para establecer las relaciones entre los ciudadanos y funcionarios del Poder Nacional, con arreglo a los derechos, obligaciones y facultades respectivas”.
Así, todas las provincias del Perú reunidas en un solo cuerpo formarían la Nación Peruana, bajo la denominación de “República Peruana” (que se mantuvo hasta 1979). La soberanía residía en la Nación, independiente de la Monarquía Española, y de toda dominación extranjera, y no podía ser patrimonio de ninguna persona o familia, con lo que desechaba definitivamente la idea monárquica, definiendo al Gobierno como popular y representativo.
Las Bases declararon que la religión del Estado sería la Católica, Apostólica y Romana, y a propuesta del representante lambayecano Justo Figuerola, se excluía el ejercicio de cualquier otra confesión religiosa, pese a la opinión a favor de la tolerancia de cultos de otros representantes, entre ellos sacerdotes como Rodríguez de Mendoza y Luna Pizarro.
La Nación elaboraría su Constitución y sus leyes por medio de sus representantes, debiendo ser ratificada por un Congreso General, compuesto de los diputados de las provincias libres, y de todas las que serían desocupadas por el ejército realista. Todos los ciudadanos tenían el derecho a voto, fundando la representación en base a la población, principio que se abandonaría en 1860.
Derechos
En materia de derechos, las Bases de 1822 establecían que la nueva Constitución protegería la libertad de los ciudadanos, la libertad de imprenta, la seguridad personal y la del domicilio, la inviolabilidad de las propiedades y del secreto de las cartas, la igualdad ante la ley “ya premie, ya castigue”, el reparto equitativo de las contribuciones y cargas públicas según las facultades de cada uno, el derecho individual de presentar peticiones o recursos al Congreso o al Gobierno; y la abolición de toda confiscación de bienes, de todas las penas crueles, de la infamia trascendental, de los empleos y privilegios hereditarios, y del comercio de negros. Además, las Bases declaraban el derecho de todo peruano a la educación (llamada entonces "instrucción").
Las Bases declaraban que el principio más necesario para establecer y conservar la libertad del Perú era “la división de las tres principales funciones del Poder Nacional, (…), que deben deslindarse, haciéndolas independientes unas de otras en cuanto sea dable”.
El Poder Legislativo era unicameral, concentrando el monopolio de la iniciativa de las leyes y de la creación de impuestos. Los diputados serían inviolables e irresponsables por sus opiniones. Si bien se proponía un "Senado Central", este solo tendría funciones administrativas.
El ejercicio del Poder Ejecutivo no sería ni vitalicio ni hereditario. Quienes ejercieran el Poder Ejecutivo y los Ministros de Estado eran responsables solidarios por las resoluciones tomadas en común, y cada Ministro en particular por los actos de sus despachos.
El Poder Judicial (que al igual que en el Estatuto Sanmartiniano de 1821, era denominado “Judiciario”) sería independiente, garantizando la inamovilidad de sus jueces, estableciendo el juicio público y con jurados.
Tales fueron las Bases de nuestra primera Constitución, un texto doctrinario, liberal mas no radical, defensor de la soberanía popular y de los derechos individuales. La Junta se preocupó de establecer el mecanismo de la juramentación de las Bases, continuando la costumbre hispánica de la jura: primero con el rey, luego la Constitución de Cádiz, finalmente la independencia. Sin embargo, el horizonte para la causa patriota se volvió crítico a inicios de 1823, pues mientras el Congreso Constituyente se dedicaba a una intensa labor legislativa, descuidaba la continuación de la guerra. Los problemas en la organización de la campaña militar en el sur desprestigiaron a la Junta, y con las derrotas independentistas en Torata y Moquegua en enero de 1823, se precipitó lo que el maestro Basadre denominaría el “primer choque entre Parlamentarismo y Militarismo”.
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(*) Abogado e investigador.
Desde hace ocho días el Perú se desangra, las violentas protestas que se han extendido a nivel nacional han dejado hasta hoy siete fallecidos, la mayoría jóvenes que no pasan los 25 años y dos menores de edad, producto de enfrentamientos con la Policía. El gobierno de Dina Boluarte ha decretado el estado de emergencia en todo el territorio por 30 días, para imponer el principio de autoridad y recuperar las carreteras que han sido tomadas por los manifestantes. Ellos exigen nuevas elecciones generales y el cierre del Congreso, porque están hastiados de la clase política que nos gobierna. Pero desde el Ejecutivo y el Parlamento parecen no entender el mensaje, porque recién se convocaría a un nuevo proceso en abril de 2024. Ante este escenario conflictivo urge el diálogo alturado y responsable, y abrir puentes de diálogo para volver a los cauces de la normalidad y la paz.
La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, inició su gestión no en olor a multitud ni en olor a santidad como hubiera querido, porque recibió un país convulsionado, con heridas abiertas por todos lados, que desde sus rincones más alejados vienen exigiendo el adelanto de elecciones generales, el cierre del Congreso y una Asamblea Constituyente. Boluarte sabía que su administración no sería una perita en dulce, porque el mandatario vacado Pedro Castillo le había dejado bombas de tiempo que en cualquier momento iban a estallar; pero ella tampoco ha tenido el tino ni el olfato político para apaciguar las aguas. Desde el momento en que se enfundó la banda presidencial, en un aparente contubernio con las bancadas de la derecha conservadora del Congreso, las movilizaciones ciudadanas fueron creciendo día a día en distintas regiones del país; pero fue en Andahuaylas (Apurímac) donde se encendió la pradera y las protestas se salieron de control. Sí, la misma región donde el 2 de enero de 2005 murieron cuatro policías, tras un enfrentamiento con las huestes etnocaceristas que lideró el excomandante Antauro Humala. La presidenta no ha tenido luna de miel, pues las protestas se han extendido a casi todo el territorio nacional, con la toma de carreteras y el ataque a locales públicos y privados. La violencia en todos sus extremos se ha impuesto a la razón y el entendimiento. La situación política está que arde, a la fecha suman siete los muertos en Andahuaylas y Arequipa, todo hace indicar producto de la excesiva represión policial.
Medida de urgencia
Dina Boluarte y su gabinete enfrentan una primera crisis que no estaba en sus cálculos, pero es en estas circunstancias que ella tiene que demostrar de qué madera está hecha para abordar con inteligencia y dar solución a estos conflictos, que pueden profundizarse generando mayor inestabilidad política, económica y social, sino se toman determinaciones directas y efectivas que aminoren el clima de tensión. Ante las asonadas en distintas regiones, y la convulsión cada vez más preocupante, el Consejo de Ministros, liderado por Boluarte, declaró el estado de emergencia a nivel nacional por 30 días, debido a los hechos vandálicos y violentos, con la toma de carreteras, caminos y aeropuertos, que son actos al margen de la ley que vienen desestabilizando al país. Es decir, la Policía Nacional mantendrá el orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y se suspenden algunos derechos consagrados en la Constitución, como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y seguridad personal. Ante tanto derramamiento de sangre y muertes que pudieron evitarse, era necesario que el Gobierno demuestre capacidad de reacción y de oportunidad ante este clima sombrío. Ahora, lo que se tiene que garantizar es que las fuerzas del orden actúen con apego a lo que manda la ley y su reglamento institucional, y no sacar provecho de su condición y de esta coyuntura tan especial para atropellar los derechos ciudadanos. Que no se repitan escenarios dolorosos como las vividos en la década del noventa, cuando las FF.AA. en el afán de repeler la violencia política, abusó de su posición y pisoteó los derechos de las personas contrarias a ese régimen.
La foto maldita
Cuando la entonces segunda vicepresidenta juró al cargo en el Congreso por sucesión constitucional, el 7 de diciembre pasado, ante la vacancia del expresidente Castillo por permanente incapacidad moral, tras el golpe de estado fallido que había dado, dijo que ejercería de acuerdo con la Constitución Política hasta julio de 2026. Todo hacía indicar que ese era el acuerdo bajo la mesa al que habían llegado con el Legislativo, permanecer hasta el fin de sus mandatos (Congreso-Ejecutivo), de allí que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en tiempo récord, archivó la denuncia contra Boluarte por presunta infracción constitucional y otros delitos. Las bancadas congresales, así como la flamante presidenta quedaron felices; incluso después de aprobarse la vacancia de Castillo, un grupo de parlamentarios (Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País) se tomó una fotografía en son de victoria (después la han llamado la foto maldita) como si ellos fueran los mártires de todo este episodio, cuando antes nunca tomaron una decisión en conjunto, porque no reunían los votos para las mociones de vacancia, pues primero primaron sus intereses políticos y personales antes que los del país. Esa fotografía de la infamia, que fue colgada en las redes sociales de los parlamentarios, enervó aún más los ánimos de la población, que en respuesta a esta supuesta complicidad la población se organizó y a través de marchas masivas exigió el adelanto de elecciones y el cierre del Congreso. Boluarte inicialmente planteó un adelanto de elecciones para abril del 2024; sin embargo, ante la presión social ahora dice que ese plazo se podría reducir para diciembre de 2023. Si hay voluntad política tanto del Congreso como del Ejecutivo todo es posible.
Clase política
Lo que debemos precisar es que estos levantamientos sociales no son a favor de Pedro Castillo, sino en respuesta a una clase política desprestigiada, maloliente, putrefacta, que no es capaz de comprender que el país se está cayendo a pedazos por su responsabilidad, que sigue sin mostrar empatía con el clamor ciudadano que demanda cambios sustanciales en la forma de hacer política, con honestidad, transparencia y solidaridad. Urge una clase política más reflexiva y pensante que priorice el bienestar colectivo y deponga posiciones subalternas que no ayudan en nada a mantener la calma y a dar mensajes tranquilizadores, sobre todo en un ambiente tan polarizado y violento que hasta hoy no ha podido ser superado tras la segunda vuelta electoral de junio de 2021. La clase política representada en el Congreso se sigue disparando a los pies, en todo este tiempo han aprobado leyes con nombre propio para favorecer a grupos económicos y políticos, dejando de lado proyectos que beneficien mayoritariamente a la población, sobre todo a aquella que ha sido postergada históricamente por los gobiernos de turno. La clase política sigue sin aprender de sus propios errores y persiste en mantenerse en tierras pantanosas que cada día lo envuelven y enceguecen, ante la mirada atónita de un pueblo que ha despertado y ha perdido la paciencia ante un sistema que los ignora. Nuestra clase política no ha madurado lo suficiente como para enfrentar los grandes retos que nos depara un presente marcado por la incertidumbre, y un futuro poco alentador para generar más confianza a nivel interno y externo, y esperanza en un país golpeado por las incapacidades y la incompetencia de quienes nos gobiernan.
Cuotas de poder
La decisión del adelanto de elecciones está en la cancha del Congreso, no depende directamente de Boluarte, porque la reforma constitucional que se que tenga que hacer pasa por la voluntad política de los parlamentarios. Pero con este Legislativo plagado de personajes involucrados en casos de corrupción, que solo mira sus intereses y defienden sus cuotas de poder, que ni se inmuta ante la ola de protestas y no es capaz de entender lo que sucede en sus narices, es poco probable que pongan en agenda del pleno el adelanto de elecciones (la mayoría quiere quedarse hasta el 2026). Hay que tener mucho cuidado con las reformas que pretenda hacer el Parlamento, porque algunas bancadas -sobre todo las de la derecha conservadora- quieren imponer el regreso a la bicameralidad y la reelección congresal, porque si hay un adelanto de elecciones ellos puedan presentarse en ese proceso. Si partimos de la hipótesis de que toda esta crisis es consecuencia de tener una clase política mercantilizada, ambiciosa y selectiva, entonces una solución pasa por adecentar a los partidos con ciudadanos probos, que miren a la política como un servicio a los demás y no para servirse de ella, se tiene que involucrar a más jóvenes y profesionales que vean a la política como un medio para construir y consolidar la democracia, para fortalecer la institucionalidad y trabajar partidariamente en proyectos integradores e inclusivos.
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(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Primer Vicedecano del Colegio de Periodistas de La Libertad.
Cada vez falta menos para celebrar las fiestas navideñas, en las cuales se acostumbra a realizar reuniones familiares en los hogares, donde se respira unión y se crean vínculos emocionales de amor y alegría. Para estas fechas, las personas se organizan preparando la cena y comprando los regalos, que son entregados principalmente a los niños. Asimismo, es importante la decoración, que incluye el nacimiento y las luces de diferentes modelos y colores.
Sin duda, todo ello amerita un gasto elevado para cada hogar, y es ahí donde el emprendedor debe sacar el máximo provecho. En este sentido, detallo algunas recomendaciones y estrategias que pueden implementar los negocios para maximizar sus ventas y cerrar de la mejor manera el año.
Planificación
Lo primero es la planificación de la campaña. Comprende destinar funciones y responsabilidades al equipo de colaboradores. Por ejemplo, algunos se dedicarán a la venta y a reponer productos en los estantes. Del mismo modo, otros realizarán la cobranza y cierre de caja. Otra tarea -que no pueden obviar- es alimentar la base de datos, para lograr generar una comunidad de clientes por redes sociales, que conlleve a su fidelización.
Además, es necesario destinar una partida económica para el acondicionamiento del local con la temática navideña. Se puede incluir la decoración de la tienda, música (villancicos), y la vestimenta del personal. No olvidar la ampliación en el horario de atención.
Para el plan de marketing, igualmente hay que destinar un gasto por concepto de publicidad. Aplicar promociones y descuentos especiales en mercadería altamente demandada por los usuarios. Pueden seleccionar algunos juguetes, ropa o accesorios, de tal manera que atraiga a las personas con rebajas, y así puedan comprar otros objetos a precios regulares. De esta manera, se deja de ganar en algunos artículos, pero se compensa con otros.
Venta a domicilio
También sugiero implementar el canal de delivery, debido a que los consumidores muchas veces no tienen tiempo para desplazarse hasta el establecimiento por el trabajo u otras actividades que realizan, y buscan soluciones para la compra y entrega de sus productos. Incluso están dispuestos a pagar algo adicional por el envío, con tal que llegue a sus manos lo más pronto posible.
Otra recomendación es analizar siempre el entorno actual. Nos encontramos en una quinta ola de contagios, y es necesario transmitir seguridad a los visitantes. Por ello deben fortalecer el mensaje de los protocolos implementados, y que en su empresa se toman muy en serio el cuidado de todas las personas, tanto clientes como colaboradores.
Por último, el líder debe saber que todo lo planificado no podrá lograrlo solo, y que necesita de su equipo. Por consiguiente, debe recompensarlos con bonos de cumplimiento (según los indicadores establecidos), de tal manera que se mantengan motivados en esta campaña navideña.
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(*) MBA, consultor, mentor y catedrático. Especialista en Gestión Empresarial e Innovación.
El día miércoles 7 de diciembre, a horas 11:48 de la mañana, Pedro Castillo leyó el mensaje a la Nación haciendo varios anuncios que lapidaron su estadio en el sillón presidencial. El primero, disolviendo el Congreso de la República, para luego, en el transcurrir de su lectoría temblorosa, seguir zarandeando al país como si fuera un movimiento sísmico de grado 9 en la escala de medición sísmica tecnificada, decidiendo intervenir en los aparatos públicos para su reorganización.
El aciago séptimo día del mes de diciembre, en el discurrir de una mañana demoledora para Pedro Castillo, la intentona golpista desde el Ejecutivo acometió contra la estructura funcional de otro poder del Estado, como es el Poder Judicial declarándolo en reorganización, como así también el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público ente otros.
No contento con ello, dictaminó el encierro de la ciudadanía con un toque de queda desde las 10:00 de la noche de ese mismo día, hasta las 4:00 de la mañana del día subsiguiente, quedando de esa manera configurado el ensayo golpista de Castillo Terrones.
¿Era un golpe de Estado bien organizado?
Por cierto que no. La temeridad de un aprendiz de dictador, acompañado de su inseguridad y nerviosismo discursivo, trasuntaban un despropósito irresponsable, liviano en su respaldo y, por qué no, un remedo decisorio de quebrantar el orden democrático y el estado de derecho en nuestro país, tal es que a los minutos del inesperado anuncio, los palitroques de sus ministros, unos más escuderos que otros, empezaron a caer uno a uno, diciéndole a su insensato mandatario: “Me voy porque no sé lo que estás haciendo”, “¿Quién te dijo que lo hagas?” y “¿Por qué no nos comentaste de la aventura que pensabas emprender?”.
La post decisión aventurera
Advertido el intento golpista, sin contar como no podía ser menos con el respaldo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, Castillo y su prole familiar emprendieron la retirada del Palacio de Gobierno que los acogió por un año y 4 meses. La hoja de ruta estaba marcada hacia el distrito limeño de San Isidro, donde se ubica la Embajada de México, lugar en el cual ya lo esperaban con las puertas abiertas, ordenado ciertamente por su protector de ocasión y defensor a ultranza, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pretendiendo asilarse él y su familia en la suntuosa residencia, para luego emprender el viaje sin retorno al país azteca, después del mamarracho frustrado de seguir desestabilizando al país.
Las órdenes se cumplen
Mientras discurrían los minutos post discurso golpista, con el tránsito vehicular atascado, la orden milagrosa de detener a Castillo retumbó en el oído del jefe de la seguridad presidencial, quien sin reparo alguno, con la voz altisonante de los ciudadanos de a pie como testigos de ocasión, ordenó que los policías apertrechados con elementos y armas de combate, aparecieran como un haz de luz, logrando desviar la circulación del vehículo presidencial hacia la embajada mejicana, hasta llegar al lugar donde suelen ser llevados los delincuentes, en este caso, el local policial ubicado en la avenida España, donde Castillo tenía que pernoctar por algunas horas, en razón de ello, tenemos que decir, ¡Honor y gloria a la Policía Nacional!
El dicho de Castillo
Resulta que con el transcurrir de los días, el entorno ministerial de Pedro Castillo no sabía nada de lo que su defendido jefe iba a decir.
Los sobones ministros (Sánchez, Salas y Chero), según ellos, tampoco lo sabían, pero sí el impresentable y sabelotodo Aníbal Torres, como también la diosa del amor Betsy Chávez, quienes no impidieron que Castillo diera el salto al vacío por su condición natural de ser tal cual son. El primero, un retrograda maestro universitario cargado de conocimientos contrarios a la realidad y al estatus quo vigente en el país, y la segunda persona, fémina ella, con un carácter de rebeldía y frustrada alegría de vivir, que la desequilibra con una conducta probablemente bipolar, inductiva al mal y la rebelión social, como hoy lo viene propendiendo sin reparo alguno.
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(*) Especialista en Contrataciones del Estado.
