En marketing hay un principio fundamental que los gerentes o administradores siempre deben cumplir: la empresa debe satisfacer las necesidades y deseos del cliente. Si fallamos en ello, simplemente desapareceremos del mercado, pues no habrían ventas, afectando directamente la solvencia y liquidez.

La dificultad está en dos aspectos. El primero, es la gran cantidad de competencia que existe, tanto local, nacional e internacional. Operamos en un entorno altamente competitivo, donde cada vez es más difícil diferenciarse de otros negocios. Y si elegimos ofrecer algo distinto, previamente hay que invertir capital y mayores horas del personal.

El segundo punto, son los consumidores cambiantes; es decir, un día les gusta un producto o servicio, y mañana ya no. Esta situación genera todo un reto, debido a que es necesario prepararse continuamente. Tal es el caso que, lograr fidelizarlos ya es casi inalcanzable, y no solo basta con una buena atención. De esta manera, el trabajo es continuo, y se debe seguir analizando a las personas para lograr tenerlas contentas al momento de realizar sus compras.

Lo que pasa en el mundo

En este sentido, los líderes deben saber que si los compradores son cambiantes en gustos y preferencias, se debe en un alto porcentaje a las tendencias mundiales que existen y que arropamos en nuestro país.

A las tendencias enfocadas al marketing, las defino como las disposiciones naturales o elecciones de las personas a algo determinado, y que son alimentadas por la globalización, las nuevas generaciones, la tecnología, y los cambios en el entorno macro que vivimos. Por lo tanto, es una obligación del departamento comercial, averiguar qué está ocurriendo en el entorno, y si influye directa o indirectamente en la compañía, con la finalidad de adoptarla e implementarla inmediatamente, de tal manera que sea una fortaleza y no una debilidad.

Por ejemplo, el cuidado de la salud ya es una prioridad, lo cual implica alimentarse bien. Es tarea de los negocios ofrecer productos no solamente deliciosos, sino también nutritivos. Asimismo, se vincula con la pandemia generada por el Covid-19, donde hemos adquirido nuevas costumbres para cuidarnos, tales como el pedido a delivery y el uso de aplicativos.

Demandas del cliente

Del mismo modo, estamos protegiendo y conservando el medio ambiente. Se nota más el cuidado del planeta. Tal es así que se exige a los establecimientos, acciones concretas que permitan el desarrollo sostenible. Se pueden aplicar políticas internas de disminución del papel impreso, menos utilización de plástico, cuidado del agua y energía eléctrica. Todas estas decisiones, ayudarán a alcanzar el objetivo del modelo de producción y consumo denominado economía circular.

Por último, la hiperconectividad está generando que las personas modifiquen su proceso de compra. Por medio de la tecnología investigan todas las opciones de mercado, y eligen la que esté más acorde a sus gustos, requerimientos y presupuesto asignado.

Amigos emprendedores, es esencial conocer las tendencias para saber qué desean los consumidores, y así ofrecerles la mejor experiencia de compra.

------------------------

(*) MBA, consultor, mentor y catedrático. Especialista en Gestión Empresarial e Innovación.

Lo cierto y lo evidente son elementos que nos inducen a repensar cómo y bajo qué condiciones estamos sobreviviendo en el país. Sin duda tenemos que aceptar que bien no estamos viviendo, mal indefectiblemente que sí, ¿producto de qué? La respuesta clara y contundente tendría que ser, por el sistema político insano e interesado que cada vez más nos arrincona a convivir con un sistema mediocre, indigno y desigual.

La eficiencia del Estado, está cada vez más socavada en su estructura funcional, los valores fundamentales de la ética, la moral y la probidad son cosas del pasado, el deseo permanente de la clase política de poseer muchas cosas y sacarle provecho a su estatus circunstancial de poder, los induce a cometer sus tropelías con una obsesión compulsiva difícil de entender, pero no de reprimir diciéndoles ¡hasta acá nomás!, se van todos que vamos a resetear el sistema desde su estructura inicial.

Las activas inconductas polarizantes de los actores de la política en el Perú vienen desde hace décadas arrastrando un desgaste nocivo para legislar y gobernar. Aunado a ello, el sostenido decrecimiento del expertis de cuadros técnicos, que no solo han permitido que políticos y funcionarios públicos continúen sucesivamente gestando las políticas públicas con mala calidad, sino acentuando la crisis social y personal en el que hoy se encuentran los ciudadanos del país.

El cambio es justo y necesario, no hay otra opción, el pueblo pide y necesita vivir bien con un desarrollo global y sostenido, exigiendo para tal fin que sus autoridades y representantes congresales se despojen de sus egoísmo e intereses desmedidos como condición imperativa y, de esta manera, asuman que el poder debe y tiene que estar al servicio del pueblo que los eligió y no para satisfacer sus apetitos personales como hasta hoy prevalece en su accionar ineficaz.

Propuesta populista

Respecto a las medidas dictadas y la propuesta asambleísta por parte del gobierno de Castillo Terrones, siendo irrelevantes y nada efectivas en el corto o mediano plazo, no dejan de ser populistas y sensacionalista para crear una cierta distracción en la población, que le permita sobrevivir en el poder, tapar sus engaños en contra de la eficiencia y las buenas formas de gobernar que hoy invaden su gestión, cada vez más ensombrecida y degradada por su condición natural.

La dignidad para vivir es un derecho adquirido, indubitable y real de la ciudadanía, que verticalmente no está dispuesta a vivir de rodillas y clamando bienestar, por cuanto no nacimos en país rico para ser pobres y testigos de la inmoralidad y el arrebato de su riqueza por parte de aquellos que, usufructuando el poder emanado por el elector, se atreven sostenidamente como viles pillos de cinco esquinas a enriquecerse y asegurar el sostén de su prole generacional.

¡Fuera!

Por todo lo expuesto y lo acontecido hasta hoy, debemos “resetear el sistema” (según el diccionario español es un verbo transitivo coloquial de la informática) con la finalidad de reiniciar o reponer lo andado y ejecutado hasta hoy y, de esta manera cambiando las formas de hacer política en el país, nos permita lograr un comienzo nuevo y a partir de ahí, lograr que las estructuras básicas políticas y gubernamentales tengan un giro radical que permita que el país crezca, que viva de su riqueza repartida por igual y que aquellos ganapanes de la política no persistan en su accionar compulsivo de robarse el dinero del pueblo saltando por la ventana y, como viles escaperos criminales, sigan viviendo con lo que mal obtuvieron en desmedro de la calidad de vida de la población en general.

Por tales razones, teniendo a la vista a aquellos interesados del poder fáctico y económico, menos del bienestar del país, les decimos: ¡Todos se deben de ir, ninguno se debe quedar!        

----------------

(*) Especialista en Contrataciones del Estado.

Tal vez nunca imaginó que estos serían sus últimos meses como alcalde. Tal vez nunca supo cuáles fueron los primeros. Los breves esfuerzos de Jorge Muñoz Wells no ocurrieron necesariamente en el municipio, sino en redes sociales y canales de televisión, como uno de los más fervientes críticos del gobierno. Tanto promovió la vacancia para que al final el vacado fuera él. Sin embargo, lo preocupante es que la decisión del Jurado Nacional de Elecciones tampoco es para celebrar.

Alguna vez, cuando esta crisis era igual o peor, solo que no aparecía en la televisión, Jorge Muñoz ganó las elecciones municipales. La verdad es que no había mucho de donde elegir. Apareció en las encuestas como un fantasma y se empeñó decididamente en cumplir ese rol. Como los fantasmas, la gente discutía si existía o no, pero nadie de verdad lo había visto. Los medios no reclamaron su ausencia. Era el espectro que apenas aparecía en las marchas ciudadanas para apagar arbitrariamente las luces de todo el Centro Histórico de Lima. En medio de las penumbras, entre gases y represión, la gente igual protestaba.

Conviene recordar en este punto lo selectivo que era nuestro exalcalde. Cuando las marchas coincidían con sus simpatías políticas más bien lo veíamos muy activo en Twitter y con abrumadora presencia mediática. En ninguna entrevista le preguntaron por los intercambios viales que incrementarán el tráfico, por los puentes peatonales más largos e inútiles del mundo, ni mucho menos por su cuestionada pertenencia al directorio de Sedapal, lo cual está expresamente prohibido por la Ley Orgánica de Municipalidades. Ahí llegó a cobrar dietas de hasta S/ 3000 semanales ante el silencio de la gran prensa. Tuvo que ser la denuncia de un ciudadano. Quizá uno de los que protestaba en medio del apagón edil.

Jorge Muñoz deja la alcaldía de Lima y la noticia tal vez dé lo mismo para millones: nunca supimos quién fue. Su plan de gobierno fue un documento más que se expuso en debates televisivos para luego desaparecer. Todo se resumía a “convertir Lima en Miraflores”, revelando con ello un centralismo perverso. El arribismo profundo de una ciudad que no quiere ver más allá de sus privilegios y a la que ahora tal vez le espere un panorama peor.

Lo que queda para la capital

Miguel Romero Sotelo, teniente alcalde que asumirá el cargo dejado por Muñoz, enfrentará más de un cuestionamiento en la brevedad de su nueva gestión. Tal como ha informado el portal Ojo Público, Romero ha estado relacionado hasta con cinco empresas del sector inmobiliario y constructor. Su hija, hermano y sobrinos presentan también vínculos con otras seis compañías del mismo rubro. En la investigación elaborada por el periodista Ernesto Cabral comprobamos que hasta una extrabajadora de una las empresas dirigidas por la hija del ahora flamante alcalde de Lima, llegó a ocupar el cargo de jefa de planeamiento durante el periodo de Muñoz.

Más allá de ocupar o copar cargos públicos, es importante recordar que fue el actual concejo metropolitano de Lima quien decidió modificar la zonificación del valle de Lurín. Fueron 1700 hectáreas que se destinarán ahora para fines comerciales y residenciales, con el consecuente riesgo para la seguridad alimentaria de toda la ciudad. Millones de ciudadanos seremos los perjudicados directos con una decisión de ese tipo, como millones también son los que están en juego para un sector inmobiliario que parece realmente vivir en una burbuja.

Conflicto de intereses. Incertidumbre por lo que viene. Obras inútiles, si es que hay obras. Funcionarios denunciados y autoridades que terminan en la cárcel. Ningún proyecto de ciudad, ninguna idea de comunidad. Esta película ya la hemos visto en los cines de Chiclayo, y en versión de drama mezclada con terror.

Rumbo al norte

Las recientes acusaciones que endilga el Gobierno Regional de Lambayeque a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, a propósito de las cuestionadas obras de la avenida Colectora, tan solo reflejan el desolador panorama político de nuestra ciudad. Aquí no hacen falta vacancias. Ellos mismos abandonan su compromiso desde el primer día. La noción de funcionario público dejó de existir hace mucho. No es de ahora. Ya no es una frase pasajera sino un estado natural de las cosas decir que Chiclayo está destruido, lleno de basura. Una ciudad donde no se puede ni caminar porque hasta el Serenazgo puede venir, golpearte y llevarse tus cosas.

Llegará una nueva elección y volveremos a escuchar promesas de terminar con los mismos problemas que en la anterior elección no se pudieron solucionar. Creíamos que era cuestión de decisión, pero no. Asumir un cargo público parece haber convertido en trampolín para organizaciones criminales con fachada de partidos. Si se van todos, regresan todos otra vez. La banda cambia de nombre. La lógica se mantiene.

Y sin embargo, una denuncia ciudadana fue la que logró la vacancia de un alcalde igual de incapaz como quienes nos siguen gobernando. Marchan en todo el Perú quienes defienden la tierra como posibilidad de vivir, ya ni siquiera de vivir bien, sino solo de vivir. No siempre logramos cosas, pero resistimos. No falta mucho para elegir alcaldes y gobernadores. Chiclayo, ¿para cuándo? Chiclayo, ¿hasta cuándo?

----------------- 

(*) Sociólogo y docente universitario.

La desconfianza de la ciudadanía hacia el trabajo parlamentario se refleja en la reciente encuesta del IEP, que revela que el 86 % de peruanos rechaza esta gestión liderada por María del Carmen Alva. El desempeño del Congreso es muy pobre en estos nueve meses en cuanto a generación de leyes productivas y efectivas que redunden en beneficio de las mayorías. El pueblo exige elecciones generales presidenciales y congresales ante los sucesivos enfrentamientos entre Ejecutivo y Legislativo, porque no hay voluntad de enmienda para tratar de salir de la crisis política. Los partidos tienen una gran responsabilidad en la crisis que atraviesa el país, pues no han sabido estar a la altura de las circunstancias ni de los desafíos que la historia demanda.

La poca credibilidad y confianza que el Congreso de la República tenía a inicios de esta gestión se va cayendo como un castillo de naipes. Su falta de empatía y de sensibilidad para atender las demandas más urgentes que exige el país le ha pasado la factura de la peor manera, y ello se refleja en la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que revela que el 86% de peruanos desaprueba el trabajo de este poder del Estado. Mientras que la actuación de la presidenta de esta institución, María del Carmen Alva, es rechazada por un 76% (en un sondeo anterior de Ipsos, el rechazo a la labor del Parlamento ya superaba el 80% y la de la presidenta bordeaba el 70%). Estas cifras adversas que exasperan a Alva cada vez que le hacen recordar por esta altísima desaprobación, se veían venir y solo era cuestión de tiempo, porque no habido un propósito de enmienda por parte de los parlamentarios que siguen empecinados en favorecer a grupos de poder económico, con leyes con nombre propio o para pagar favores de la campaña electoral reciente. El desempeño del Congreso es pobrísimo en estos nueve meses en cuanto a generación de normas productivas y efectivas que redunden en beneficio de las mayorías, que permitan la inclusión social de las regiones más olvidadas del país y que por años han estado postergadas producto del centralismo y de la indiferencia del Estado.

La justificación de María del Carmen Alva a esta penosa realidad es que todos los Congresos en el mundo tienen un alto nivel de desaprobación. Una respuesta poco sesuda y torpe que no resiste mayor análisis; por el contrario no hay un mea culpa para reconocer debilidades e incapacidades del cuerpo de legisladores que los ha llevado a esta crítica situación. Alva responsabiliza de esta desacreditación de la entidad que preside al Poder Ejecutivo, pero es incapaz de admitir los groseros errores que han tenido en este corto periodo, que los han llevado a figurar entre las instituciones más desprestigiadas del país. Alva no acepta que por falsos protagonismos y ambiciones de los líderes de los grupos políticos opositores al Gobierno, representados en el Parlamento a través de sus bancadas, ha continuado el clima de polarización y violencia política que se arrastra desde la segunda vuelta electoral del 6 de junio de 2021, y no han propiciado el diálogo ni han tendido puentes para superar este panorama que se ha complicado aún más por enfrentamientos bizantinos entre el Ejecutivo y Legislativo. De allí que el 74% de compatriotas -según encuesta de Ipsos- pide que se convoque a elecciones generales (presidenciales y congresales) para salir de este peligroso empantanamiento. Muy a su estilo y para no dejar la mamadera, desde el Parlamento plantean que se recorte solo el mandato del presidente Pedro Castillo; pero no entienden que el hartazgo también los involucra y por ello exigen que se vayan todos. La opinión del pueblo es unánime en este sentido.  

Rivalidades políticas

Si no hay cambios sustanciales en el trabajo legislativo en el inmediato plazo, este Congreso variopinto y atomizado puede llegar a igualar al elegido en el periodo 2020-2021, que registró en su momento un 88% de desaprobación, la cifra más alta de este quinquenio. Ni en el peor momento de los gobiernos de Toledo o de Humala se llegó a estos picos tan elevados de rechazo popular. El presidente de Ipsos, Alfredo Torres, ha dejado en claro que sería muy difícil sostener una salida de Castillo haciendo únicamente elecciones presidenciales y continuando con el Congreso actual. “En una situación así, la gente preferiría que se vuelvan a repartir todas las fichas, y que se vuelva a elegir un presidente y un nuevo Congreso”. Es innegable la falta de capacidad e idoneidad de Pedro Castillo para gobernar el país, con fallas clamorosas desde el inicio de su mandato; pero Maricarmen Alva tampoco es una garantía democrática y con la idoneidad suficiente para asumir tan complejo reto. La población está hastiada de estas rivalidades políticas que no conducen a nada bueno y más bien restan energías, cuando lo que urge ante esta difícil coyuntura es sumar esfuerzos para luchar contra males que aún no pueden ser erradicados de la sociedad, como la corrupción que parece incontrolable y que involucra a altos funcionarios de este régimen, entre ellos el propio presidente de la República.

Pero del otro lado, desde el Ejecutivo, tampoco hay una voluntad de enmienda para tratar de salir de la crisis política a la que nos ha llevado Castillo con sus decisiones controversiales, imprudentes y polémicas desde que se sentó en palacio de gobierno, que solo han generado mayor inestabilidad de la ya existente. Y con un presidente del Consejo de Ministros incendiario en sus declaraciones y poco dialogante con la oposición para superar el clima de tensión, el panorama político se puede tornar aún más enrevesado. Ojo, el mandatario ya ha salvado dos veces de pedidos de vacancia en el Congreso por la causal de incapacidad moral permanente, por su irresponsabilidad y negligencia en actos de gobierno, como la designación de sus ministros o funcionarios de confianza, o por su incapacidad para gobernar el país. Pese a que su continuidad ha estado en serio peligro en dos ocasiones, Pedro Castillo al parecer no escarmienta y no aprende la lección, porque no expresa con hechos concretos el haber cambiado en su forma de actuar y más bien ha persistido en los mismos errores del pasado, tal vez en la creencia de que una tercera moción de vacancia tampoco prosperaría. Sin embargo, el mandatario podría estar jugando con fuego, porque de presentarse un nuevo pedido las bancadas van a estar más cohesionadas y podrían votar en bloque. Aunque ello dependerá de que los congresistas y sus líderes políticos dejen de lado sus intereses mezquinos y arreglos bajo la mesa, como estoy seguro ha sucedido las dos veces anteriores donde las bancadas terminaron rechazando las mociones de vacancia.

Clase política decadente

La crisis política que atraviesa el país hoy en día es de exclusiva responsabilidad de los partidos políticos, que no han sabido estar a la altura de las circunstancias ni de los desafíos que la historia reciente demanda. Los partidos siguen sumidos en graves problemas de organización, de capacitación, liderazgo, falta de transparencia y de honestidad en su actuar, pese a que actualmente reciben financiamiento público directo del Estado (la Oficina Nacional de Procesos Electorales transfirió S/7’898,707.84 a favor de nueve organizaciones políticas para el periodo enero a junio del 2021). En tanto que los líderes políticos no son capaces de mostrar empatía con el clamor de la ciudadanía, que exige cambios trascendentales en la forma de hacer política. La clase dirigente que nos representa hoy en el Congreso es la mejor expresión del deterioro ético y moral de la partidocracia, las bancadas viven de espaldas a la realidad nacional y sus miembros son digitados para actuar en determinado sentido, de acuerdo a la conveniencia de cada grupo político, para proteger los intereses de sus caudillos o de grupos económicos a quienes deben su curul. Como señaló el pensador peruano Manuel Gonzáles Prada, gran crítico de la clase política que gobernaba el país en ese entonces: “El Perú es un organismo enfermo: donde se pone el dedo, salta la pus”, frase de hace más de cien años que sigue vigente en la actual coyuntura que vivimos, puesto que la ciudadanía no se siente representada por esta clase política decadente, desacreditada y poco fiable.

Qué duda cabe que los partidos políticos expresan el pluralismo democrático y son esenciales para la participación política de la ciudadanía y base del sistema democrático; pero si en cada proceso electoral insisten en presentar a personajes cuestionados, investigados por la justicia y con una catadura moral reprobada, que son incluidos en las listas por el solo hecho de pagar sumas importantes de dinero al partido o el líder, la ciudadanía termina eligiendo las peores alternativas y ya vemos cuáles son las consecuencias. Así ha sucedido en los últimos 40 años. Lamentablemente los partidos tienen una imagen ligada a los grandes hechos de corrupción, con expresidentes de la República investigados por la justicia por estar involucrados en redes mafiosas que han desfalcado los recursos públicos mediante actos ilícitos. Una podredumbre espantosa en cuanto a decencia e integridad, que reitero es responsabilidad de nuestra decrépita clase política.

------------------------

(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Primer Vicedecano del Colegio de Periodistas de La Libertad.

El 18 de abril de 2022, la congresista Margot Palacios Huamán, de las filas del partido de gobierno, Perú Libre, presentó en el Área de Trámite y Digitalización de Documentos del Congreso de la República, el Proyecto de Ley N° 1744/2021-CR; “Ley que autoriza al Presidente de la República a convocar a elección de representantes populares integrantes de la Asamblea Constituyente”, siete días después, el 25 de abril de 2022, el presidente Pedro Castillo Terrones, en representación del Poder Ejecutivo, presentó, en la misma dependencia, el Proyecto de Ley N° 1840/2021-PE; “Ley de Reforma Constitucional que autoriza someter a Referéndum la convocatoria de una Asamblea Constituyente para elaborar una Nueva Constitución Política del Perú”. Se dice que en política no hay casualidades y estoy totalmente de acuerdo con esa aseveración.

Similitudes y diferencias

La principal similitud, sea quizás, el hecho de autorizar al Presidente de la República a convocar a Referéndum y/o Asamblea Constituyente con la finalidad de elaborar una nueva Carta Magna, prerrogativa que actualmente no tiene el primer mandatario de la nación. La otra similitud sería el otorgarle a los pueblos indígenas u originarios y afroperuanos, en conjunto, el 30% de los representantes a elegir.

En cuanto a las principales diferencias, pareciera que los partidarios de Perú Libre y el Poder Ejecutivo están jugando al “malo y el bueno”, donde los cerronistas serían los malos, mientras que el gobernante y sus ministros serían los buenos. El proyecto de ley del primero le da una participación del 30% a los representantes de los partidos políticos, mientras que el segundo, mejora la propuesta elevándola al 40% de representación a dichas organizaciones. Igual situación ocurre con la cantidad de escaños en la hipotética Asamblea Constituyente, Perú Libre propone 300 asambleístas, mientras el Poder Ejecutivo, después de la andanada de críticas por el número tan elevado de representantes, lo disminuye a sólo 130 asambleístas.

Muchas voces han expresado su rechazo a ambos proyectos de ley, tildándolos, incluso, de inconstitucionales. Yo no voy a entrar en esa discusión porque como economista no me corresponde, lo que si me interesa es analizar las críticas negativas al actual modelo económico que, de manesa equivocada (no quiero pensar que maliciosamente) se expone como justificación en la Exposición de Motivos del proyecto de ley de la congresista Margot Palacios, ya que, en el proyecto del ejecutivo no se menciona este tipo de cuestionamientos.

¿Ha fracasado el modelo económico?

El análisis que efectúa la congresista Margot Palacios se basa en lo expuesto por el economista Félix Jiménez, en el capítulo 7 de su libro “El ajuste estructural en América Latina. Costos sociales y alternativas”, publicado en marzo de 2001, concluyendo en base a las aseveraciones expresadas por Jiménez que “siendo que este fracaso del modelo neoliberal se ha acentuado en los años subsiguientes, sin dar lugar a establecer las bases del desarrollo económico del país, y siendo consustancial a la Constitución de 1993, resulta un argumento central en la necesidad del cambio constitucional mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente”.

Lo primero es que, no puedes tomar como referencia, algo que se expuso hace 20 años atrás, que basaba su análisis en los primeros años del nuevo modelo económico establecido en la Constitución Política que entró en vigencia el 01 de enero de 1994.

Perú: el país con mayor crecimiento en América Latina

Si comparamos los resultados, en cuanto a crecimiento económico, tanto de la Constitución de 1979, como la Constitución de 1993, veremos que, el Producto Bruto Interno (PBI) de Perú creció entre 1979 y 1993 en 0.2% anual, ubicándonos en último lugar en Latinoamérica; sin embargo, con la actual Carta magna, entre 1993 y 2019, el crecimiento promedio del PBI fue de 4.80% anual, constituyéndonos en el país con mayor crecimiento en toda la región.

Sin embargo, cuando nos preguntamos si ese crecimiento ha alcanzado de manera equitativa a todos los peruanos, la respuesta es no, Si bien nuestra economía ha crecido de manera sostenida en el tiempo (pre pandemia), también es cierto que hemos tenido problemas para distribuir equitativamente la riqueza, principal causante de los justos reclamos sociales, pero eso no es problema del modelo, sino más bien de la ineficiencia quien gestiona el modelo.

Evolución de la pobreza monetaria

Otro de los aspectos que es necesario analizar es el referido al “incremento” de la pobreza como resultado del régimen económico neoliberal que la congresista de Perú Libre efectúa en su Exposición de Motivos, tomando como referencia las declaraciones efectuadas por Dante Carhuavilca, en su momento jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), quien en mayo de 2021 declaró que "hoy, 30,1% de personas no cubren los costos de una canasta básica alimentaria. Hay un aumento de pobres en 3 millones 330 mil el último año [...]. La pobreza no ha golpeado igual a todos, ha habido un comportamiento desigual. En el 2020, la pobreza rural ha tenido 5 años de retroceso. En caso de Lima Metropolitana hemos retrocedido 13 años. En el área urbana, el retroceso fue de 12 años”, lo cual es cierto, pero, no menciona que ese incremento de la pobreza no de debió al modelo económico, sino, a una consecuencia de la pandemia del Covid-19 que desnudó las falencias de nuestro Sistema de Salud, y a las medidas preventivas implementadas, como el confinamiento o cuarentena general decretada por el gobierno, que paralizó buena parte del sector productivo, generando desempleo y menores ingresos lo que hizo que, efectivamente, más de 3 millones de peruanos pasen a la condición de pobres.

Para hacer un análisis real, debemos ver el antes y el después, y lo cierto es que, al 2004, el 58.70% de peruanos no cubrían los costos de una canasta básica alimentaria, y que esa cifra al 2019, gracias al actual modelo económico, se redujo a sólo el 20.20% de la población en la condición de pobres; en otras palabras, en 15 años, el 28.50% de peruanos dejó de ser pobre, según la Encuesta Nacional de Hogares que realiza el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Coeficiente de Gini

En la edición 1213-1214 del Semanario Expresión, entre julio y agosto de 2021, antes que asumiera el actual gobierno, publiqué un artículo donde efectué un análisis de la evolución del Coeficiente de Gini, que es un indicador que mide la desigualdad de ingresos de las personas de un país, el cual, es un número entre 0 y 1, donde 0 representa la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 representa la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).

En el referido artículo señalé que en el año 2020, producto, nuevamente, de la cuarentena estricta dispuesta por el gobierno de Martín Vizcarra para enfrentar el Covid-19, el Coeficiente de Gini en el Perú, aumentó de 0.416 que alcanzamos el 2019 a 0.449, el mismo nivel del año 2011, en pocas palabras, nos hizo retroceder 9 años lo avanzado, pero cuando hacemos el análisis de la evolución del referido indicador a través del tiempo, observamos que, entre el 2005 y el 2019, con el actual modelo económico, la desigualdad disminuyó en 18.27% en catorce años (pasó de 0.509 en 2005 a 0.416 en 2019).

En conclusión, no se puede presentar un Proyecto de Ley, y menos ser aprobado, con una Exposición de Motivos llena de falacias o medias verdades. Si pretendemos hacer un análisis de como el modelo económico ha impactado en el crecimiento y desarrollo en nuestro país, éste debe ser integral y debe comprender todo el periodo de vigencia del actual modelo; en definitiva, la justificación de la convocatoria de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta Magna, no la van a encontrar en los indicadores económicos.

(*) Economista y Magister en Educación

El presidente de la república, Pedro Castillo, anunció desde el Cusco la presentación de un proyecto de ley al Congreso, para que pueda incluirse una cédula durante las elecciones regionales y municipales donde se consulte a la población si está de acuerdo con una nueva constitución.

El anuncio se hizo durante la clausura del VI Consejo de Ministros Descentralizado, realizado en la ciudad de Cusco, donde indicó que el Parlamento tendrá la potestad de aprobar o no esta iniciativa.

"Vamos a hacer llegar un proyecto de ley al Congreso, siguiendo el curso constitucional, para que en estas próximas elecciones municipales y regionales, también a través de una cédula se consulte al pueblo peruano si está o no de acuerdo por una nueva Constitución", manifestó.

En otro momento, el mandatario señaló que tras 18 años el gas de Camisea solo benefició a algunas ciudades como Lima, pero que no llegó a otras zonas del interior del país, pues los costos se vuelven excesivos para que pueda llegar este servicio.

"Nosotros al iniciar el mandato pusimos en mesa de partes del Congreso de la República, entre otros proyectos de ley, una propuesta destinada a la masificación del gas de Camisea y pido al Parlamento que la ponga en agenda para debatirla", refirió.

Asimismo, sostuvo que la población del Cusco y otras del país no solo piden esta masificación, sino que dejen al Gobierno trabajar y que "no nos pongan zancadillas".

"Hoy debo decirles que pese a estas riñas, hemos tenido nosotros que decirle al país que estamos acá para responder a las grandes necesidades y lo hemos hecho con la Refinería de Talara, y luego para implementar esta planta petroquímica para que el Perú esté en la capacidad de producir su propio fertilizante para la segunda reforma agraria", dijo.

De otro lado, hizo un llamado al pueblo y al Parlamento Nacional para agendar las grandes urgencias del país, porque este Gobierno "no puede quedarse de brazos cruzados".

El proyecto

De acuerdo al gobierno, la elaboración de la nueva Constitución se realizará no solo por representantes de los partidos políticos, como sucedió en la Constitución de 1993, sino también por representantes de los pueblos indígenas, afroperuanos y ciudadanos independientes. Así lo establece el proyecto de ley remitido el lunes 25 de abril al Congreso con carácter de urgente.

Se trata de un proyecto de reforma constitucional para incorporar en la vigente Constitución Política del Perú el artículo 207, a fin de que el Congreso autorice someter a referéndum la convocatoria de una Asamblea Constituyente en las Elecciones Regionales y Municipales del 2022 y para que, una vez elaborada la nueva Constitución por los asambleístas, sea sometida a otro referéndum para su aprobación. 

De acuerdo al texto, la convocatoria para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente estará a cargo del presidente de la república con la aprobación del Consejo de Ministros; o por solicitud de los dos tercios del número legal de congresistas; o por el 0.3 % de la población electoral nacional. 

Dicha iniciativa se remite al Congreso para su aprobación. El Ejecutivo fundamenta la incorporación de una Asamblea Constituyente en la Carta Magna señalando que el pueblo es el titular del poder constituyente y mediante este poder se puede dar un proceso de reforma total de la Constitución. 

En tal sentido, el documento precisa que existen experiencias de otros países en relación a la Asamblea Constituyente y el cambio de Constitución, como los casos de Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala y Uruguay. 

Consulta popular vía referéndum

La propuesta del gobierno plantea, en las disposiciones transitorias de la reforma constitucional, que se someta a referéndum, en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, vía cédula especial y con las alternativas del Sí o el No la siguiente pregunta: “¿Aprueba usted la convocatoria de una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución Política?”. 

Si la población se pronuncia en forma mayoritaria a favor del Sí en la consulta popular, el presidente de la república convocará a la elección de asambleístas en un plazo no menor de 120 días calendario y la Asamblea Constituyente se instalará en un plazo no mayor de 15 días, después de la proclamación de resultados de las elecciones. Si se pronuncian por el No, el cambio constitucional no se dará.

La Asamblea Constituyente tendrá como única competencia elaborar y aprobar el proyecto de una nueva Constitución en un plazo de nueve meses, pudiendo prorrogarse, por una sola vez, por un periodo de tres meses.

Composición

La iniciativa legal contempla que los asambleístas serán un total de 130 y estarán conformados por un 40 % de representantes de partidos políticos, el 30 % de candidatos o candidatas independientes, el 26 % de representantes de los pueblos indígenas y el 4 % de representantes de los pueblos afroperuanos.

Subraya, además, que será de carácter popular y plurinacional, tendrá paridad de género y será elegida por distrito electoral múltiple. El Congreso, gobiernos regionales y locales mantendrán sus funciones.

De acuerdo a la propuesta del gobierno, durante la elaboración del proyecto de nueva Constitución, todos los organismos constitucionalmente autónomos, como el actual Congreso de la República, así como los gobiernos regionales, locales y las demás entidades públicas, mantendrán plenamente el ejercicio de sus funciones y competencias.

Una vez culminado la elaboración del proyecto de nueva Constitución, el Jurado Nacional de Elecciones convocará a un referéndum para que la población apruebe o rechace dicho proyecto. La aprobación se dará con más de la mitad de los votos emitidos, sin considerar los blancos o nulos.

“No temer”

El miércoles, Pedro Castillo reiteró su llamado al Congreso de la República para atender el clamor del pueblo y aprobar el proyecto de ley para someter a consulta popular la convocatoria a una asamblea constituyente.

"No hay que tenerle temor, ahí se expresará voluntariamente y libremente el ciudadano si quiere o no una nueva Constitución. Allí se expresará el ciudadano libremente sin ningún chantaje y sin ningún temor", señaló el jefe de Estado en la clausura del VII Consejo de Ministros Descentralizado en Ayacucho.

Sostuvo que es el momento de escuchar a todos los ciudadanos del país, no solo a quienes están en las grandes ciudades sino a quienes no cuentan con servicios básicos y reclaman su derecho por una educación de calidad.

"En ese marco creemos importante, que corresponde en todo caso al Congreso, ver que se asuma el clamor del pueblo", expresó.

El mandatario saludó la postura de muchos congresistas que han expresado su apoyo a la iniciativa del Poder Ejecutivo a fin que la ciudadanía ejerza su derecho a ser consultado sobre la asamblea constituyente en octubre de este año, durante las elecciones regionales y municipales.

En contra

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, cuestionó el proyecto de ley de reforma constitucional presentado por el Poder Ejecutivo para someter a referéndum la convocatoria de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución Política.

"Es un tema de distracción para tratar de tapar, para que la gente esté hablando de la Asamblea Constituyente y no de la incapacidad, ineptitud, que hay en este Ejecutivo, en este Gobierno. Nueve meses paralizados, con cuatro gabinetes, dicen que ya cambian porque este premier la verdad que no da para más", señaló.

En declaraciones a Blu Radio de Colombia, la titular del Parlamenta estimó que "de ninguna manera" el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo se va a aprobar en el Parlamento porque no existen los votos necesarios.

Alva Prieto también cuestionó que el país esté "paralizado" y que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, "no da para más" por sus declaraciones "desubicadas e inoportunas". Sobre el presidente Castillo, la presidenta del Parlamento consideró que no existe la posibilidad de que sea vacado en el cargo.

"Lo más probable es que este proyecto irá a la Comisión de Constitución, se debatirá y allí quedará. Es muy difícil que esto se apruebe. Además, el ánimo en general de los congresistas es no cambiar las reglas del juego. Al no aprobar este proyecto de Asamblea Constituyente estamos dando tranquilidad a los inversionistas extranjeros", indicó.

"Será priorizado"

La congresista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, informó que el proyecto de ley 1840, Ley de Reforma Constitucional que autoriza someter a referéndum la convocatoria de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución Política, "será priorizado", como lo establece la Constitución.

"En los próximos días iniciaremos su estudio y debate", señaló la legisladora de Fuerza Popular al referirse a la iniciativa presentada en la víspera por el Poder Ejecutivo.

El lunes pasado, el presidente Pedro Castillo envió oficialmente el proyecto de ley de reforma constitucional para que una Asamblea Constituyente elabore una nueva Constitución.

En el oficio, suscrito por Pedro Castillo y el premier Aníbal Torres, el Gobierno solicita a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, se someta a debate y votación la propuesta ante el Pleno.

Asimismo, pide que esta sea consultada a la ciudadanía por la vía del referéndum el mismo día de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

"Dicho proceso de referéndum será autónomo e independiente al proceso electoral convocado mediante D.S. N° 001-2022-PCM. No modifica ninguna regla del mencionado proceso electoral y contará con una cédula especial para dicha consulta", se lee.

La pregunta que iría, de ser aprobado el pedido de Pedro Castillo, sería: "¿Aprueba usted la convocatoria de una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución Política?".

Fuentes: Andina y RPP.