Luis Gasco Arrobas, exitoso empresario del arroz y del transporte de carga, es uno de los principales ejemplos de que cuando se trabaja disciplinalmente y se tiene un buen guía, es posible convertir a las empresas familiares en grandes compañías.  

Chiclayano de nacimiento y de ascendencia cajamarquina, Luis Gasco heredó de su padre el nombre y también el ímpetu por el trabajo y el espíritu de superación constante.

 “Al principio teníamos la cadena del arroz en su totalidad, pero luego decidimos centrarnos en el acopio y la distribución. Hace años, era el gobierno el único comprador del arroz y fue una época buena para el distribuidor, pero desde ese entonces se cometían varios abusos con los productores; luego ya con el libre mercado las cosas cambiaron y tuvimos que adaptarnos a la competencia, por ello, varios empresarios de aquel entonces ya no están”, señala Gasco Arrobas.

Reseña que todos los actuales empresarios en la industria del arroz son emprendedores; es decir, no heredaron su empresa sino que la forjaron desde el inicio, aprendiendo a sortear los obstáculos, los retos que significa el libre mercado y, sobre todo, otros factores como el clima, las plagas y el descuido hacia la agricultura por parte de todos los gobiernos.

LA ATOMIZACIÓN Y LA FALTA DE AGUA

Presidente de la Asociación Peruana de Molineros de Arroz – APEMA, por 10 años, Luis Gasco conoce bien la problemática y las fortalezas del sector. Sabe que el grave problema es la atomización de la tierra para cultivo y su peor enemigo el calentamiento global, que ya genera graves consecuencias como la sequía, que amenaza con no permitir la siembra de la campaña de enero.

“El agricultor tiene que invertir, preocuparse por tener un producto de calidad y los que seguimos en la cadena debemos ingeniarnos para reducir costos y así no elevar el precio final. El peruano es uno de los mejores arroces de América del Sur, estamos compitiendo con el uruguayo, por ejemplo, que también es de alta calidad. Sin embargo, en el Perú, debido a la atomización de los productores y la falta de asociatividad, no logramos tener una agricultura a gran escala en este rubro y por ello los costos en la primera cadena son altos e impiden ser más competitivos internacionalmente”, reflexiona.

A ello se debe sumar el hecho de que en el Perú la mayor producción de arroz se da en la costa. Esto acarrea dos problemas graves, la salinización de la tierra en la que se cultiva este cereal y la falta de agua. En la costa peruana no llueve y Lambayeque básicamente depende de las lluvias de Cajamarca, porque la poca infraestructura de irrigación no almacena la cantidad necesaria para las épocas de estiaje.

“Y ahora, el problema se agrava con el alza de los precios en todos los eslabones de la producción. El arroz es un producto demasiado sensible a cualquier factor, basta que el clima cambie un poco para que el cultivo sufra una baja en la productividad”, explica el empresario.

EL CEREAL MÁS CONSUMIDO

Y es que la escasez del arroz no solo afecta a los productores y distribuidores, sino también afecta al 90 % de hogares, pues este se ha convertido en el principal alimento en las mesas, más aún en el norte. Según las últimas cifras, en promedio un peruano consume 55 kilos al año, por ello, es que a su alrededor ha surgido esta importante industria que genera muchos puestos de trabajo en todas sus etapas.

“El problema en el arroz, además de la falta de agua, es que la informalidad es alta y esta le hace mucho daño al sector. En innumerables reuniones con funcionarios de los diversos gobiernos que han ido pasando hemos tratado esta problemática y se les ha pedido el cambio de estructura; sin embargo, no se ha hecho nada y seguimos con un agricultor empobrecido”, sostiene.

Señala que por varios factores el agricultor ha ido perdiendo independencia económica. Estos, en su gran mayoría alquilan la tierra por cada campaña, prestan dinero para la siembra y cosecha, y al final la ganancia, si es una buena campaña, se distribuye entre el propietario de la tierra y el banco. Esta cadena es la que más daño está causando al arrocero, realidad que – dice el empresario – no cambiará en el mediano plazo.

“Los distintos gobiernos han tratado de ayudar a los agricultores a través de Agrobanco. Sin embargo, es una opción que no ayuda porque los intereses que ofrecen son muy altos, normalmente el interés por cada crédito es más alto en comparación al de las cajas financieras”, asegura Luis Gasco.

El otro esfuerzo de los diversos gobiernos son los productos alternativos, se intentó sembrar palta o quinua como parte del programa de reconversión de cultivos sin que se haya logrado importantes resultados, debido a la sensibilidad de estos productos y a que el mercado no es tan vasto como lo es en el caso del arroz.

HERENCIA EMPRESARIAL

De su padre, don Luis Gasco Bravo, recuerda su arduo trabajo y el inicio del ascenso cuando se convirtió en distribuidor de la cervecería Backus y Johnston en todo el nororiente, por casi 30 años. Eso les permitió acopiar el capital necesario para incursionar en la industria del arroz, en la que ahora no solo acopian y envasan marcas como Valle Norte; sino que han ampliado la cadena y ahora distribuyen sus productos hacia el sur, mercado al que están conquistando con gran éxito.

Pero su padre también es sinónimo de política. Dos veces alcalde de José Leonardo Ortiz y una vez congresista de la República, les inculcó a sus hijos también esta pasión, y si bien Marco Gasco le sigue los pasos; Luis prefiere ir con cautela en esta ciencia.

“Sí me gusta la política, yo no veo muy lejano hacer política, pero yo quisiera solo aquella política limpia, la que sí contribuye con el crecimiento del país, aquella que se está perdiendo. Por ahora, mi energía está centrada en el rubro empresarial”, sostiene.

Gasco Arrobas tiene dos hijas, y está feliz de que la primera tenga muchas posibilidades de seguirle los pasos en la empresa familiar, al igual que varios de sus sobrinos, porque ella estudia Ingeniería Industrial precisamente; mientras que la segunda, todavía está en la etapa escolar.

“Ojalá que mis hijas decidan seguir nuestros pasos en la empresa. Sin embargo ese es solo un deseo, ellas son libres para seguir sus propios sueños”, dice finalmente. 

A escasas horas de culminar el 2016, dos escándalos más envuelven el jefe del Centro de Gestión Tributaria – CGT, de Chiclayo – CGT, Nilton Monje Sampén, y sus más cercanos colaboradores, esta vez por haber desembolsado varios miles de soles a dos empresas cuyo rubro y giro no coincidirían con los trabajos para los cuales se les requirió y canceló.

De los hechos, el Órgano de Control Interno – OCI, ya tiene conocimiento, cuyo responsable en forma inmediata emitió las órdenes de control en contra de Mary Carmen Olaya Montejo, en su calidad de jefa encargada de la Unidad de Contabilidad y Finanzas, y contra José Quintana Ruiz, como jefe encargado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del ente recaudador.

La acción que motivó el origen de las alertas de control se dio la tarde del martes último, cuando hasta la mesa de partes de Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo se apersonó el regidor Guillermo Segura Díaz para presentar la carta N° 07-2016-Regidores-MPCh, dirigida a Nilton Monje Sampén en su calidad de jefe de la entidad recaudadora.

El documento generó el expediente N° 2016033421, en el que se solicita la entrega de una copia de la suscripción del contrato por el servicio profesional con la empresa JF & JIM Ingenieros SAC, vigente presuntamente entre 15 de noviembre y 14 de diciembre del presente año.

La contratación de dicha entidad había sido generada según memorando N° 01-’12-0000720 e informe N° 04-010-0000537-2016, habiéndose realizado la afectación N° 2’16001823, Orden de servicio N° 2016-00919, y se había emitido las facturas N° 0001-213 y N° 001212, ambas con la fecha 15 de diciembre del 2016 por el monto de 23 mil 600 nuevos soles.

NECESIDAD DEL SERVICIO

A Guillermo Segura se sumaron las regidoras Liliana Barrantes Piscoya y Laura Hernández Gonzales, así como los concejales César Torres Gálvez, César Sisniegas Vergara y Víctor Rojas Díaz, quienes solicitaron una copia fedateada del informe que sustente  la necesidad del servicio para la suscripción del contrato profesional con la referida empresa, la cual según su ficha RUC se ubica en la Mz. “B”, lote 20A del asentamiento humano Indoamericana, a espaldas del estadio de Lambayeque.

La empresa JF & JIM Ingenieros SAC había sido contratada para realizar las actualizaciones de los documentos de gestión como el Texto Único de Procedimientos Administrativos –TUPA, así como el costeo de la cuponera de tributos municipales para el año 2017 y la evaluación del Plan Estratégico Institucional del período 2012-2015.

El pedido también alcanza al jefe del área de Asesoría Jurídica, Yuri Díaz Cajo, debido a que el requerimiento y contrato debieron pasar por su despacho. Además, ello debió haber generado un informe legal de conformidad o rechazo.

EN CONTROL INTERNO

Debido a los antecedentes que Nilton Monje y el jefe de Asesoría Jurídica, Yuri Díaz Cajo, al día siguiente, el 28 de diciembre, a las 10:40 de la mañana, los concejales antes descritos se apersonaron hasta la oficina del Órgano de Control Institucional – OCI, para tramitar la carta N° 08-2016-Regidores-MPCH, dirigida al jefe de esa área, Robert Vargas Tepe.

Ante la ausencia de Robert Vargas, los concejales fueron atendidos por el jefe encargado, César Mestanza Rivasplata, a quien solicitaron de acuerdo a sus facultades realice el control del servicio profesional contratado por el CGT con la empresa JF & JIM Ingenieros SAC, y a la empresa de Servicios Empresariales Cobiseel SAC, con RUC N° 20539067967.

En la misiva hacen ver que el proveedor JF & JIM Ingenieros SAC tiene el Ruc N° 20561274968, y está representada por Jorge Yarlaqué Montalvo. Lo que llama la atención de los regidores y del propio jefe de Control Interno es que la mencionada empresa registra como actividad la construcción de edificios completos, así como las actividades de Arquitectura e Ingeniería, que en nada contrastan con la función para la cual fue contratada.

¿SOBREVALORACIÓN?

Asimismo, los regidores hicieron conocer que en la fecha en que se realizó el contrato, JF & JIM Ingenieros SAC no tenía vigencia para ser proveedor, condición que recién obtuvo el 5 de diciembre del 2016.

De igual manera, se ha pedido verificar si antes de realizado el contrato con JF & JIM Ingenieros SAC, a mediados del mes de noviembre, el CGT contaba con certificación presupuestal, debido a que en el ente recaudador se habrían realizado la modificación de su presupuesto, afectando el equilibrio financiero, y cuya responsabilidad recaería en la jefa de administración, Lucila Ganoza Ubillús y el jefe del CGT, Nilton Monje Sampén.

Los concejales también hicieron notar que habría una sobrevaloración en el costo del servicio, existiendo los mismos trabajos realizados anteriormente por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a cargo de José Ignacio Quintana Ruiz.

COBISEEL SAC

Del mismo modo, solicitaron se abra investigación de control a los contratos que el CGT habría formulado con la empresa de Servicios Empresariales Cobiseel SAC, con RUC N° 20539067967 y representada por Elmer Eliazar Vásquez Huanca, por el concepto de 12 mil 200 soles por servicio contratado de implementación de oficina ubicada en la cochera municipal, ubicada en la Avenida Balta N° 937, primer piso, destinada para el personal de emisiones a cargo de Henry Nichiyama Paiva.

Para la contratación de la empresa de Servicios Empresariales Cobiseel SAC, en el CGT se anexó el expediente de contratación conteniendo el requerimiento N° 1448; según afectación N° 2016001800 y la orden de servicio N° 2016-00902. El servicio fue cobrado con la factura N° E001-37 del 1 de diciembre del 2016.

Sin embargo, cuando los regidores requirieron información de SUNAT se dieron con la sorpresa que el giro con que prestó el servicio no coincide con la actividad a desarrollar.

EN LA MIRA

Tras la denuncia formulada por los regidores ante Control Interno, el jefe de OCI inmediatamente dispuso que mediante memorandos N° 02-012-000000144-2016 y N° 02-012-000000145-2016, dirigidos a Mary Carmen Olaya Montejo, en su calidad de jefa encargada de la Unidad de Contabilidad y Finanzas, y José Quintana Ruiz, como jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del ente recaudador, hagan llegar a la brevedad posible, información y documentación que sustenten los servicios prestados por la empresa de Servicios Empresariales Cobiseel SAC y JF & JIM Ingenieros SAC.

A Mary Carmen Olaya se le ha requerido entregue comprobante de pago N° 2016002811, del 20 de diciembre del 2016 a nombre de la empresa de Servicios Empresariales Cobiseel SAC. Así como el comprobante de pago N° 2016002812, del 21 de diciembre del 2016, a favor de la empresa de Servicios Empresariales Cobiseel SAC.

También el comprobante de pago N° 2016002854, del 26 de diciembre del 2016 a nombre de JF & JIM Ingenieros SAC. Así como el comprobante de pago N° 2016002855, del 26 de diciembre del 2016, a nombre de JF & JIM Ingenieros SAC.

A José Ignacio Quintana Ruiz Control Interno le ha solicitado haga entrega en forma inmediata del requerimiento del servicio prestado por JF & JIM Ingenieros SAC, documentación con la cual su despacho dio conformidad del servicio requerido, un juego de los entregables del servicio realizado en físico y en medio magnético, así como otra documentación que haya emitido su despacho relacionado con el citado servicio.  

En el 2016, la economía no creció lo esperado. La coyuntura electoral, el mercado internacional y una ralentización de la demanda interna fueron algunos de los factores que contribuyeron con que haya sido un año complicado. Día1 puso en la balanza al sector que alentó el crecimiento del país y, en contraparte, a aquel que no ha podido levantarse y sumó un año más hacia la baja. Minería y manufactura fueron los protagonistas.

EL BRILLO DE LA MINERÍA

Al hablar del sector que brilló más durante este año, los ojos apuntan hacia la minería, que este año tuvo un notable crecimiento de su producción.

En la Bolsa de Valores de Lima, han sido las acciones mineras las que marcaron el paso. Y si este año el mercado bursátil limeño termina entre los de mayor crecimiento del mundo, básicamente responde a que hay acciones de este sector que han más que duplicado su valor, gracias a una combinación de mayor producción, optimización de costos y mejores precios internacionales.

Eduardo Jiménez, analista senior de Macroconsult, señala que la minería cerrará el 2016 con un crecimiento de 21 %, la tasa más alta en los últimos 10 años, la cual ha servido para que la economía peruana tenga un desempeño por encima al de nuestros socios de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y México).

La razón es clara. La producción de dos grandes megaproyectos: Las Bambas y la ampliación de Cerro Verde, con los cuales la producción de cobre ha crecido 45 % y la de molibdeno (asociado al cobre) 32 %.

A estos dos complejos, Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE), agrega otros como Constancia y Toromocho.

“Desde el 2014 hasta el 2016 se creció 90 % en la producción de cobre hasta llegar a las 2,5 millones de toneladas. Es un salto muy importante y ha tenido un impacto fabuloso. A pesar de que el sector minero ha sido el más abandonado por el gobierno anterior, ha sacado la cara por la economía nacional”, resalta Gálvez.

Con todo, no ha sido un año perfecto. La fuerte caída de la inversión en el sector ha golpeado también al resto de la economía, en especial, a los proveedores mineros.

ECONOMÍA DESACELERADA

Según datos del Banco Central de Reserva del Perú, la inversión minera ha caído casi un 50 % este año y, aunque suene contradictorio con lo dicho antes, es una de las causas para que la economía siga desacelerada.

“La inversión minera es el problema. En productos crecimos con los proyectos iniciados antes del  2011, que son los que están dando sus frutos ahora; pero el frenazo ocurrido entre el 2011 y el 2016 por la conflictividad social y las dificultades para obtener permisos, apagaron la inversión en nuevos megaproyectos”, indica Gálvez.

Cabe indicar que economistas como Manuel Glave señalan que la caída de la inversión minera también se debe al cambio de las condiciones y la caída de los precios internacionales desde inicios de la década. No solo eso, en los últimos años no se ha iniciado ningún megaproyecto minero con capacidad para reanimar las cifras de inversión minera, como pudieran haber sido Conga o Tía María.

“No tenemos megaproyectos viables encaminados, solo tenemos en el horizonte proyectos de mediano tamaño”, señala Gálvez, en referencia a proyectos o ampliaciones que demandan inversiones de entre 400 o 500 millones cada uno.

Para el dirigente, el reto del sector está en reducir la conflictividad social y en hacer notar a la población que el país tiene como fortaleza su potencial geológico minero, y que se debe aprovechar para  construir nuestro futuro a partir de él.

MANUFACTURA A LA BAJA

La manufactura ha sido la que se llevó la peor parte en este 2016. Una tendencia a la baja que se da por tercer año consecutivo y que  Andreas Von Wedemeyer, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) sentenció hace poco como “un proceso de desindustrialización que debemos revertir”.

En ello coincide Juan Mendoza, economista de la Universidad del Pacífico (UP), quien afirma que  este estancamiento ya ha generado la pérdida de 150 mil puestos de trabajo en los últimos tres años. No es menor, ya que hablamos de una caída de 3 % -hasta octubre- de un sector que aporte el 16 % al PBI.

Dando un vistazo a lo largo del año, podemos ver que las industrias manufactureras vinculadas a la producción de harina de pescado, textiles y metalmecánica fueron las más afectadas. Sin duda, la paralización de proyectos mineros, la pérdida de competitividad de la industria textil y la caída del sector pesquero fueron gravitantes en esta contracción. Del mismo modo, el decrecimiento de la inversión pública también jugó su rol en esta baja.

No obstante, para Mendoza, el sector textil ha sido el más afectado ya que, dentro del mundo manufacturero, tiene un mayor peso.

Precisamente, en textiles y confecciones, explica, existe una competencia muy fuerte con las prendas chinas que afecta tanto  a las exportaciones de los productos como  a la demanda interna.

Ante ello, Javier Dávila, director ejecutivo de Xalca-Perú Consultores y miembro del Consejo consultivo de CEPLAN, confía en que se puede trabajar en innovación dirigida a  productos con fibras combinadas. También, que el Estado trabaje en elaborar normas técnicas que permitan que los productos peruanos tengan condiciones de calidad homogéneas con la competencia en el exterior.

A su vez, asegura que ello debe hacerse para todos los sectores, dado que “la industria es clave, tenemos que trabajar en el valor agregado porque no podemos depender de crecer solo con commoditties”, señala.

Sectores para crecer

Dávila identifica algunos subsectores con alto potencial para crecer y que se están desaprovechando. Por ejemplo, el sector forestal, que asegura tiene posibilidades de desarrollarse con valor agregado como muebles y otros productos de la cadena. Asimismo, acuicultura, un rubro en el que se ha avanzado con el otorgamiento de normas técnicas, pero que aún no se ha sabido aprovechar, afirma.

En Chile, por ejemplo, el Gobierno dio incentivos para promover la industrialización de ese sector. “El retorno que obtuvo el Gobierno Chileno fue de 50 o 60 veces más de lo que invirtió”, cuenta.

Si bien se han hecho avances con el Plan de Diversificación Productiva, promovida por el gobierno anterior, aún no se han visto los frutos, comenta el experto de Xalca.

“Las mesas, por ejemplo, fueron un buen instrumento. De las iniciativas más importantes dentro del Plan de Diversificación Productiva, pero le faltaba el elemento dinamizador, más allá de responder a las barreras administrativas”, anota.

Desde su óptica, se debería trabajar en un nuevo escenario en el que las mesas tengan planes de acción que les permita crecer, tanto en el sector público como en el privado, ganar competitividad y un énfasis en el impacto en el empleo y producción con planes de acción concretos.

MEDIDAS DINAMIZADORAS

Por su parte, Mendoza  considera que la continuidad de instrumentos como el ‘drawback’ también pueden contribuir en el reto hacia dinamizar la industria. “Lo ideal sería que continúe y mejore como una medida temporal para reducir algunos costos logísticos de las empresas. No las hará más productivas, pero ayudará a que no sigan cayendo”, añade.

Y es que los pronósticos para el sector manufactura están divididos. Para Dávila, en el 2017 podríamos tener una ligera reactivación y romper el maleficio de tres años de caída. “Nosotros estimamos que deberíamos estar creciendo 2,2 % en el 2017 con las obras públicas anunciadas, algunos proyectos mineros y la recuperación de la construcción.  Muy lejos, claro, del 2008 cuando crecíamos a doble dígito”, refiere.

Pero, aclara que solo será posible si es que se impulsan medidas que alienten al sector. Confía en que algunos proyectos mineros puedan moverse, al igual que las obras públicas. “Todavía no todo está perdido”, indica. Mendoza es menos optimista. “Las expectativas no son buenas. La inversión pública se prevé que estará plana, la industria textil tiene una curva que no se va a revertir sin medidas concretas. Solo pinta un buen año para la industria pesquera (harina de pescado) por proyecciones de captura y la ausencia del Fenómeno de El Niño”, sentencia.

Los retos ya los conocemos, no solo para el golpeado sector manufactura sino para la pulida minería. Habrá que esperar para ver qué medidas se tomarán para que el próximo año el desempeño de la economía pise terreno más firme.

Los padres de Rodrigo González Oliva esperan justicia. La mañana del lunes 26 de septiembre pasado el menor, que estaba próximo a cumplir cuatro años de edad, ingresó al servicio de Emergencias del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, presentando un cuadro de fiebres súbitas y malestar. Dos días después, la vida del menor se apagó. La incertidumbre de la familia no cesa, pues todo apunta a que hubo negligencia de parte del personal de salud en el modo en el que se le prestó atención.

Con su hijo en brazos, Marianela Oliva Vásquez llegó aquel día al hospital, donde coincidentemente trabaja su esposo, Giovanni González Seclén, como profesional del área de Control de Personal, en Recurso Humanos.

El niño fue recibido por el médico José Santana Villanueva, en ese momento de turno, quien procedió a realizar la auscultación y a disponer que se le inyecte Metamizol, así como a que se le dé al menor el baño frio para aplacar la fiebre. Luego de prescribir otros medicamentos, fue enviado de retorno a su domicilio.

COMPLICACIONES

Cuenta Marianela Oliva que en la madrugada del miércoles 28 de septiembre la fiebre en su hijo fue mucho más alta, por lo que cerca de las 7 de la mañana volvió a ingresarlo al Hospital Almanzor Aguinaga, donde nuevamente fue recibido por el médico Santana Villanueva, quien reiteró el suministro de Metamizol y el baño, pero además dispuso la nebulización y administración de oxígeno, permaneciendo el niño en el área de observación de Emergencia Pediátrica.

“Le indicó también una placa de tórax y se le encontró neumonía. Yo le reclamé al doctor, diciéndole que dos días antes había llevado a mi niño, por lo que pudo detectar la neumonía a tiempo. Me dijo que no había encontrado nada el primer día que lo auscultó. Mediante análisis de sangre le detectaron también que estaba haciendo una infección generalizada y que había daño renal”, relata.

UCI

El galeno ordenó una interconsulta a la Unidad de Cuidados Intensivos – UCI, argumentando que el medicamento había estabilizado al niño, pero que su traslado garantizaría mejores condiciones de cuidado. Sin embargo, el ingreso a la UCI no se produjo, pues se dio como respuesta que no había cama disponible para su atención.

“Sus palabras fueron que mi hijo estaba en estado crítico y que en UCI lo iban a monitorear mejor. No lo quiso derivar a Pediatría, él dijo que mi hijo estaba para UCI o para Trauma Shock. Como no había dónde ponerlo, lo mantuvieron en observación”, recuerda.

A las 5:20 de la tarde de ese miércoles, Santana Villanueva abandonó el hospital aduciendo que en su reemplazo quedaría a cargo el médico José Soto Herrera, quien nunca llegó. Horas antes las manos del niño empezaron a mostrar los problemas de coagulación al oscurecerse.

Ya en la guardia nocturna, que empezaba a las 8 de la noche, ingresó el médico Jorge Cacho Oliva, quien según sostiene Marianela Vásquez no prestó atención al pedido de atención para el pequeño Rodrigo.

LAS ÚLTIMAS HORAS

Ante la insistencia de los familiares y de las enfermeras, el galeno dispuso que el padre de Rodrigo compre dos ampollas de Ciprofloxacina. De UCI, el médico Segundo Lluén Juárez volvió a informar que no había disponibilidad para el traslado del niño.

Con el paso de las horas el estado del menor fue complicándose, incluso fue necesaria la llegada de la jefa de Control de Personal para insistir en el traslado de Rodrigo a UCI o Trauma Shock. Cuando esto finalmente se dio, mientras se le colocaban los implementos de monitoreo, el niño sufrió un primer paro cardiaco, el que le fue comunicado a los padres por el médico José Novoa Piedra.

“Se nos pidió que compráramos un catéter endovenoso de 5.0, le indicaron a mi esposo que lo compre en el Hospital Las Mercedes o en la Clínica del Pacífico, pero no había, había solo de 4.8, como también había en el Almanzor Aguinaga. Cuando mi esposo regresó nos comunicaron que el bebé había ingresado a un segundo paro cardiaco, y que le estaban haciendo la reanimación manual. Mi hijo falleció a 1:30 de la mañana y estuvo en velatorio hasta las 9 de la mañana del jueves 29. Nunca, ningún médico ni autoridad de EsSalud nos explicó qué había sucedido con mi hijo”, refiere Oliva Vásquez.

DENUNCIA

Buscando explicaciones, la familia de Rodrigo ha iniciado acciones legales para exigir que los médicos respondan sobre la aplicación de los protocolos seguidos durante la permanencia del menor en el hospital.

El 12 de diciembre, Marianela Oliva presentó ante el Ministerio Público la denuncia contra los médicos José Santana Villanueva, Jorge Cacho Oliva, José Soto Herrera, Enrique Araujo Sánchez y Eugenio Lluén Juárez, así como contra el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo y EsSalud por lesiones graves seguidas de muerte.

La denuncia ingresó a la Segunda Fiscalía Penal de Chiclayo, al despacho de la fiscal Nelly Chambergo Burgos, quien deberá evaluar si inicia o no la investigación preliminar al caso.

“Lo que nosotros deseamos es que se establezca si hubo o no negligencia por parte de los médicos, por eso esperamos que la fiscal pueda admitir la denuncia y disponer el inicio de las investigaciones. Merecemos saber la verdad y hallar justicia”, afirma la madre de Rodrigo.

+ NOTICIAS

• El 14 de diciembre pasado, a las 12:20 del mediodía, la Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD, intervino el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo.

Existe proyecto para instalar mil cámaras de video vigilancia en zonas críticas de Lambayeque, las que serán monitoreadas con ayuda de los bomberos, Defensa Civil y la sociedad civil organizada.

A pesar que tiene solo tres meses al frente de la Región Policial Lambayeque, al haber reemplazado en el cargo al general Nabor Ortiz Melgarejo, el general Jorge Pérez Flores, expuso con satisfacción que de enero a la fecha un total de 562 bandas de presuntos delincuentes fueron desarticuladas.

La autoridad destacó que en aplicación de la Ley de Régimen Disciplinario un total de dos mil 592 efectivos de la Policía Nacional acantonados en Lambayeque, entre oficiales y suboficiales, han sido sancionados tal y como lo dispone la norma. Explica que la mayoría de sanciones han sido por maltratar física y psicológicamente a su cónyuge, así como participar en hechos que afectan a la seguridad de las personas, contravenir los procedimientos de los operativos y las acciones administrativas.

Pérez Flores, quien ofreció la información en conferencia de prensa, sostuvo que en el caso de los policías sancionados, un  total de dos mil 415 agentes recibieron sanción simple, 77 fueron de rigor, 40 pasaron a disponibilidad, a 60 policías se les pasó al retiro y otros 10 están internados en el penal de Picsi.

VIDEO VIGILANCIA

El oficial explica que dentro de su trabajo de gestión al frente de la Región Policial Lambayeque se ha proyecto la creación e implementación del sistema de video vigilancia y del observatorio de criminalidad.

Detalla que dicha acción permitirá realizar una lucha frontal contra la delincuencia, pero que eso implica la instalación de unas 800 a mil cámaras de video vigilancia en las zonas más críticas de la región.

Refiere que el sistema de cámaras a instalar no solamente debe estar a cargo de la Policía Nacional, sino que a la tarea de control debe sumarse personal de las compañías de bomberos,  así como de Defensa Civil, el Ministerio de Salud y la sociedad civil organizada.

“La seguridad ciudadana es tarea de todos, y todos debemos estar unidos y trabajar bajo un mismo sistema de asistencia rápida a una emergencia que se pueda presentar”, detalló.

MÁS GESTIONES

El jefe policial explicó también que ante el Gobierno Regional de Lambayeque se han gestionado la entrega de 60 camionetas más, las cuales deben incorporarse al patrullaje policial y a combatir la delincuencia.

“Mantenemos estrecha conversación y coordinación con el gobernador regional Humberto Acuña Peralta, quien ha ofrecido que los vehículos estarán listos para ser entregados en el plazo que se ha establecido”, señala.

Otra acción de prevención que se ha coordinado es la construcción de dependencias policiales, debido a que hay zonas como el distrito de José Leonardo Ortiz donde la población ha crecido tanto y el desarrollo urbano se ha expandido, que resulta estresante para el personal de las dos únicas comisarias que existen la jurisdicción atender los casos de denuncias por robos, asaltos, lesiones, violencia familiar, accidentes de tránsito, entre otros.  

“Una propuesta que se ha hecho y que se viene dando, es la implementación del patrullaje integrado con las municipalidades distritales a través del Serenazgo, pero ello no es suficiente para neutralizar el accionar delictivo”, explicó.

En el caso de José Leonardo Ortiz –dijo- existe un alto índice de violencia familiar, lo que nos lleva a la necesidad de contar con una comisaria especial de Familia, la cual desde hace mucho tiempo no existe.

“Esa necesidad la estamos coordinando con la municipalidad de José Leonardo Ortiz, esperando tener el apoyo, pero en caso de no ser positivo tendremos que acudir a otra instancia para que lo proyectado, que es de necesidad, se haga realidad en el tiempo más corto”, destacó.

MALOS POLICÍAS

En sus tres meses de su gestión, Pérez Flores destaca que su despacho no solamente se ha dedicado a combatir la delincuencia y el crimen organizado, sino también que se ha visto en la necesidad de mirar al interior de la institución tutelar con el objetivo de combatir la indisciplina y aplicar la Ley y el Régimen Disciplinario de la PNP.

Precisó que a la fecha y durante el año un total de 10 efectivos policiales están detenidos y privados de su libertad en el penal de Picsi, al haberse determinado que faltaron a su compromiso con la ciudadanía e inclinarse a acciones delictivas.

A un total de dos mil 415 policiales se les aplicó sanciones simples por diferentes faltas, de las cuales 68 fueron para oficiales y dos mil 347 para suboficiales. En cuanto a sanciones de rigor, se aplicaron un total de 77, pero de ellas 11 fueron para oficiales y 66 para subalternos.

Además, un total de 40 pases a disponibilidad – mientras dura el proceso de investigación por diferentes faltas y delitos graves - se mantienen vigentes en el presente año. Dos son para oficiales y 38 para suboficiales.

De igual manera, 60 agentes fueron pasados al retiro por diferentes faltas y delitos graves, de los cuales seis fueron para oficiales y 54 para suboficiales.

Asimismo, en el cuadro de infracciones con mayor incidencia, graves y muy graves registradas hasta el 26 de diciembre se encuentran 18 efectivos sancionados, los que habrían participado en hechos que afectan la seguridad de las personas.

Otros 19 efectivos se encuentran a disponibilidad del comando policial por haber cometido la falta de código MG-53A, que no es más que el maltrato físico y psicológico a su conyugue.

“En la Región Policial Lambayeque también tenemos un grupo de 60 efectivos policiales sometidos a rigor por haber contravenido los procedimientos a los operativos y a las acciones administrativas”, sostuvo el jefe policial.

CONTRA EL CRIMEN

En otro ámbito de la información, el jefe de la Región Policial de Lambayeque, general Jorge Pérez Flores, reveló que hasta la fecha se han realizado un total de 37 mil 694 operativos de lucha contra la criminalidad en las diferentes calles, pueblos jóvenes y carreteras de Lambayeque. Además, mil 40 mega operativos.

“En los operativos realizados en el presente año se ha logrado intervenir a un total de dos millones 384 mil 896 personas. De esa cantidad, un total de siete mil 434 quedaron detenidas”, sostuvo el jefe policial, quien agrega que en los operativos también se impusieron un total de 96 mil 732 papeletas por infracción al tránsito.

Pérez Flores destaca que en la lucha contra la criminalidad, en Lambayeque se ha logrado desarticular un total de 562 bandas de delincuentes comunes, y en las acciones policiales se han incautado 64 armas de fuego.

“Durante el año se han incautado un total de 285 vehículos. Además, se ha detenido a cuatro mil 227 personas al estar requisitoriadas por la comisión de delitos comunes. Otras 151 por tráfico Ilícito de drogas y 19 por terrorismo”, recalcó en cuanto al trabajo policial durante el año 2016.

CASOS EMBLEMÁTICOS

Detalló que en el 2016 se desarticuló a la banda “Las rocas”, en la que se capturó a siete integrantes, los que estaban implicados en los delitos de extorsión en agravio de transportistas.

De igual manera se ha capturado y desarticulado la organización criminal “Los sicarios del norte”, la cual era integrada por 25 personas, los que estaban inmersos en el delito de extorsión, sicariato, robo agravado y asociación ilícita para delinquir.

Por último, se tiene la desarticulación de las organizaciones “La hermandad del norte” y  "Los empresarios del norte“, deteniendo a 21 integrantes, a quiénes se les imputan los delitos de asociación ilícita para delinquir, sicariato, extorsión, homicidio y robo agravado.

Finalmente, está el caso de la menor que falleció tras ser sometida a un aborto clandestino. En este caso hay tres personas detenidas en el penal de Chiclayo.

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• El jefe policial reveló que más mil vehículos, entre mayores y menores, fueron robados en la región Lambayeque, de los cuales la Policía logró recuperar un total de 373 mayores – autos, camionetas, camiones, y 822 menores – motos lineales y mototaxis.

Destaca haber sido dirigente estudiantil, haber tirado piedras, roto lunas y saber lo que es estar encerrado en una cárcel, pero ahora es juez supremo y presidente del Poder Judicial.

“Desde la presidencia del Poder Judicial voy a entrar en política, pero en política de colaboración, no de confrontación. Yo he sido dirigente estudiantil, he tirado piedras, he roto lunas, he estado preso por mis ideales y los ideales de muchos, pero ahora soy juez y soy Juez Supremo y presidente del Poder Judicial, lo que me ha dado mayor responsabilidad, y esa responsabilidad me obliga a trabajar para el bien del país, con sentido común de igualdad y justicia”, sostuvo el electo presidente de la Corte Suprema de la República, Duberlí Rodríguez Tíneo, en su reciente visita a Chiclayo.

Resaltó que el nuevo cargo, que a partir del primer día hábil del 2017 ejercerá, lo hará con responsabilidad y sobre todo con respeto a los Derechos Humanos. Dice que no quiere defraudar a nadie, y que en él solo cabe el objetivo de avanzar en la difícil tarea que ha recibido, la de gobernar un poder del Estado, de igual a igual con el Ejecutivo y el Legislativo.

“Hablaré de igual a igual con los representantes de los otros poderes del Estado, con respeto y sin claudicar en las atenciones que cada uno tiene”, puntualizó Duberlí Rodríguez.

BUEN CORAZÓN Y PULMONES

Nacido en Huarmaca, Piura, recordó que durante el desarrollo de su vida ha escuchado muchas cosas, como la música andina en la que hay contenidos sociales, los que a lo largo de su vida como, persona y profesional en Derecho, lo han llevado a entender y comprender antes de actuar.

“A más altura, las personas que somos del ande desarrollamos nuestro corazón y los pulmones mucho más, y eso se da debido a la falta de oxígeno. Nuestra caja torácica se amplía, pero con ese corazón y pulmones más grande que ahora tengo, estoy seguro que voy a poder cargar y llevar adelante la responsabilidad que se me ha encomendado”, destacó.

Otra cosa que existe y se practica con mucho respeto por parte del poblador del ande –explicó- es que existe un enorme respeto por la propiedad, respeto por el vecino, por el amigo; es decir, que existe un sentido común de respeto por los demás y la propiedad.

Contó que de niño aprendió a escuchar la canción de nombre Ñanda Mañachi, que significa de “Préstame tu camino”.

“Cuando una persona transita por la sierra, por esos caminos de herradura, siempre se va a encontrar con otras personas, pero aquí se práctica el respeto. El que sube le dice al que baja, préstame tu camino, y lo hace con respeto, que no es más que el respeto por el derecho de la posesión.

Del mundo  andino hay mucho por aprender. Aquí existe mucho respeto por los semejantes, se saluda con respeto y voluntad, algo que se ha perdido en el mundo urbano, por culpa supuestamente del cemento, por el estrés, por los carros, o por la contaminación”, detalló.

CONOCE LA CÁRCEL

Duberlí Rodríguez no niega que en su juventud, en la época de estudiante universitario, haya participado en protestas contra el gobierno central, las cuales considera eran justas.

Ser dirigente lo llevó a ser detenido en más de una oportunidad, así como a conocer la cárcel de Lurigancho y el Callao. 

“Varias veces he sido detenido. Recuerdo que cuando hicimos una marcha de sacrificio a Lima, y de eso no me deja mentir mi amigo y colega el doctor Manuel Huangal Naveda, nos encontrábamos a la altura del distrito de Reque, vino la guardia de asalto en un camión policial y nos detuvieron a varios”, recuerda.

Detalla que como cualquier persona que es detenida fue llevada hasta la comisaría César Llatas Castro y encerrado en un calabozo. Su padre llegó al día siguiente muy temprano, llevándole una botella de leche y pan, lo cual tuvo que consumir dentro de un calabozo sucio y mal oliente.

Con una sonrisa en los labios, recuerda que allá por el año de 1975 regresaba de Europa tras participar en un evento estudiantil, siendo detenido por la policía. Dos meses antes a su detención –explica- salió del país por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con toda su documentación en regla, pero su regreso lo hizo vía Quito, Ecuador, luego avanzó a Perú por tierra, pero al cruzar la frontera fue detenido por la Policía de Migraciones, debido a que un juzgado de Lima había emitido una orden de captura en su contra.

“En Migraciones, en una hoja de papel, la policía tenía una relación de nombres de personas y al controlarme me dicen que estaba con requisitoria. Pregunté qué era eso, y un policía me respondió que estaba solicitado por un juez. Volví a preguntar por qué estaba requisitoriado, y me respondieron que no sabían ya que en el papel solamente figuraba mi nombre”, contó.

HASTA LIMA

Relató que mediante la modalidad de custodia fue llevado desde Tumbes hasta Lima; entrando de ciudad en ciudad. Dice que no era un detenido importante como para que lo lleven en avión o lo trasladen en forma directa.  

Explicó que durante su traslado conoció a muchas personas, policías y delincuentes, que le enseñaron que los seres humanos son seres humanos, y que así sean policías, militares, delincuentes, son seres humanos con  derechos y obligaciones.

“Recuerdo que cuando me llevaron a Tumbes conocí a un Coronel de apellido Reyna, quien me preguntó por qué estaba detenido, a lo que yo le respondí que no sabía. Me volvió a preguntar sobre quién era, le dije que era presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Perú, fue entonces que le dijo al resto de policías que no me metieran al calabozo, sino que me iba a quedar en su oficina bajo su responsabilidad”, narró.

Detalló que dicho oficial se hizo amigo de él e incluso durante el tiempo que estuvo en Tumbes lo sacó a comer. Le dijo: “Tu eres un dirigente estudiantil y en el futuro seguro llegarás a ser ministro o alguien importante del gobierno”.

Pero todo no fue color de rosa, pues estando en Piura conoció a otro oficial de la Policía de apellido Estuky, quien no tuvo contemplaciones con él y lo envió al calabozo con tres delincuentes comunes.

“Me ingresaron al calabozo y fue allí donde conocí que el ser humano no pierde su esencia, se encuentre donde se encuentre sigue siendo ser humano”, recordó.

Narró que a las personas que estaban detenidos con él en el calabozo de la comisaría de Piura, sus familiares les llevaban sus frazadas y alimentos, pero a él nadie lo socorría.

“No tenía a nadie, pero allí aprendí que el ser humano aun siendo delincuente nunca pierde su condición de ser humano, y eso lo tengo muy en cuenta. Cuando en Chiclayo  he juzgado delincuentes, porque he sido presidente del tribunal, nunca los he maltratado, porque considero que son seres humano como yo, equivocados, pero hay que llevarlos al camino del bien, no hay que hacerlo abusivamente”, resaltó.

Encerrado en la celda – siguió narrando - los detenidos por delitos comunes compartieron su frazada con él y le dieron de comer.

Tras una semana de sufrimiento y peripecias llegó a Lima, y fue encerrado en el sótano del Palacio de Justicia, edificio desde donde ejercerá desde enero la presidencia del Poder Judicial.  

“Ese sótano lo conozco, allí estuve encerrado durante dos meses, y como paradoja de la vida, ahora soy el presidente de la Corte Suprema”, puntualizó.

SENTIDO DE JUSTICIA

Advierte que los jueces tienen mucho poder, pero si ese poder se usa abusivamente está proscrito; es decir, está prohibido.

“La arbitrariedad está prohibida. Un juez jamás puede ser arbitrario, yo en lo posible trato de ser justo e incluso escapo a veces de lo que dice la Ley, que podría ser considerado como prevaricato. Soy un convencido que lo que guía al derecho es el valor de justicia. Si no ponemos el derecho al servicio de la justicia, estamos demás, nosotros administramos justicia, no administramos derecho, el derecho es una cuestión puramente técnica. En esto, nosotros los jueces, administramos justicia”, detalló.

Explicó tener muy en claro que cuando Alfonso Barrantes Lingán, quien fue su abogado en dos oportunidades, una estando preso en el penal de Lurigancho y otra en la cárcel pública del Callao, por un período de seis meses, decía que los ingleses solamente necesitan de tres requisitos para ser buenos jueces.

“Uno de los requisitos es ser honrado; el otro requisito es tener sentido común, y ese requisito toda persona lo tiene y con facilidad puede ser juez. El tercero es que si se sabe algo de derecho, es mejor. El saber derecho no es el principal requisito, lo esencial es ser honrado y tener sentido común, sentido de justicia”, sostuvo.

Anotó que en el sistema de justicia anglosajón (norteamericano-inglés), los jueces no son profesionales, tampoco son abogados, son legos; es decir, desconocen del Derecho, son personas del pueblo que por sorteo salen elegidos miembros de un jurado, y ese jurado resuelve el destino de los casos más difíciles de esos países.

“Los casos más emblemáticos y que muchas veces han dado la vuelta al mundo son resueltos por personas que no saben nada de leyes, y mejor que no lo sepan, porque a veces los abogados malogramos las cosas. La mayoría de los abogados estamos educados para el pleito, no para la paz, la armonía, la conciliación”, señaló.

Duberlí Rodríguez recalcó que los tres requisitos antes descritos los tiene bien en cuenta en los momentos que le ha tocado administrar justicia en nombre de la nación.

“Podré cometer errores, podré meter la pata, podré resbalarme al momento de desarrollar mi trabajo como juez, pero jamás he metido la mano”, puntualizó.

LO MEDIÁTICO

En otro momento, el magistrado trajo al presente la obra  de Manuel Scorza, “Redoble por Rancas”, en la cual se relata la historia del alcalde de un pueblito que desarrolla obra pública y que para hacerla conocer y ganarse aplausos utiliza a la prensa para mediatizar su trabajo.

“El  Perú está plagado por la puesta de la primera piedra en las obras de puentes, carreteras, pistas, colegios, entre otras, y donde las autoridades citan a la prensa, se toman las fotos, conceden entrevistas, pero todo queda allí, solamente en la colocación de la primera piedra”, sostuvo.

El magistrado añadió que de la carretera, el puente, la pista, el colegio, nadie se acuerda después, cuando lo ideal sería que las autoridades anuncien la ejecución de las obras, y llamen a la prensa cuando estas estén listas; es decir, cuando se ha colocado la última piedra.

DE IGUAL A IGUAL

Confesó que como toda persona tiene objetivos que desea alcanzar, no para satisfacción personal, sino para el bienestar general de la sociedad. Refirió que tiene proyectos que pondrá en práctica desde el primer día hábil en que asuma funciones.   

“Lo más importante es tener objetivos, el que piensa en grande llega a ser grande, no por el tamaño, sino por los objetivos que se proyecta y los alcanza, pero para eso hay que tener sueños, hay que soñar despierto y también hay que tener utopías”, señaló.

Se confesó ser seguidor de Eduardo Galeano, periodista con el pensamiento más lúcido de los últimos tiempos de América Latina, y que tuvo como referente a las utopías para alcanzar lo que uno anhela en la vida.

“Galeano decía que caminaba diez pasos y la utopía avanza  diez pasos, si lo hacía en 20, la utopía avanza otros 20 pasos más. Sin embargo, yo lucho por lo inalcanzable, y ahora estoy en una lucha por la utopía que se llama justicia, y voy a dar los pasos necesarios para alcanzar y acercarme a la justicia”, concluyó. 

De incongruente fue calificada por los miembros de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República,  la investigación fiscal preparatoria que la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo abrió contra el empresario azucarero y actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo Picchotito.

El pleno de la Sala, presidida por Javier Villa Stein y conformada por los jueces supremos Duberlí Rodríguez Tineo; electo presidente del Poder Judicial, Josué Pariona Pastrana, César Hinostroza Pariachi y José Neyra Flores, confirmó por unanimidad, la tutela de derechos jurisdiccional a  favor de Edwin Oviedo, la que hace un año fue amparada por el entonces titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Shilling Castañeda Salazar, pero luego anulada en revisión por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque.

Los magistrados advierten que en las disposiciones emanadas por el Ministerio Público de Lambayeque, las que fueron elaboradas por el fiscal Juan Carrasco Millones y Lucio Zapata Orozco, no se dispone nada con respecto al investigado Oviedo Picchotito, a pesar que se le describe hechos vinculados a una probable asociación ilícita en el llamado caso “Los Washiturros”.

El documento sustenta que las disposiciones fiscales son incongruentes al no tener correlación entre la parte considerativa y decisoria de la resolución judicial emitida el 29 de octubre del 2015 por parte de la Primera Sala Penal de Apelaciones, presidida por el magistrado Aldo Zapata López, vulnerando la  garantía constitucional de la debida motivación de resoluciones, a consecuencia de la imputación formulada por el representante del Ministerio Público, generando indefensión al investigado.

EL PROCEDIMIENTO FISCAL

El recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de Edwin Oviedo contra la resolución de la Primera Sala Penal de Apelaciones, que revocó la resolución del 13 de octubre de ese mismo año, expedida por el juez Shiling Castañeda, se ampara en la orden de ampliación de la investigación por 120 días solicitada por el fiscal Juan Carrasco Millones contra el empresario, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado, asociación ilícita para delinquir, tenencia ilegal de arma de fuego, municiones y otros, en agravio del Estado, Ministerio del Interior, Percy Waldemar Farro Witte y otros.

Contra las disposiciones fiscales emitidas por Juan Carrasco Millones, Edwin Oviedo solicitó tutela de derechos, amparado en el artículo 71 inciso 4 del Nuevo Código Procesal Penal, al considerar que durante las diligencias preliminares, así como en la investigación preparatoria, sus derechos no fueron respetados e incluso fueron limitados.

Es así que en la disposición fiscal del 20 de agosto del año 2015, no se advierte cuál es el aporte presuntamente delictivo de Edwin Oviedo en hechos materia de la investigación.

De igual manera, en la disposición fiscal del 3 de setiembre del 2015, en la parte resolutiva, no dispone ninguna actuación contra Oviedo Picchotito, a pesar que en la parte considerativa lo incluye como uno de los presuntos integrantes de la asociación ilícita.

Respecto al delito de homicidio calificado, el fiscal Juan Carrasco Millones no detalla cuál es la participación de Edwin Oviedo. En relación al delito de robo agravado con subsecuente muerte en agravio de Rafael Mechán Ballena, se tiene que no se detalla en la disposición fiscal del N° 6, del 20 de agosto del 2015, pero extrañamente se detalla en la disposición fiscal emitida por el Fiscal Superior.

“En todas las disposiciones fiscales que ha hecho el fiscal Juan Carrasco Millones en nombre del Ministerio Público, se advierte claramente que no existen detalles concretos de los hechos que determinen cuál es la participación de Edwin Oviedo Picchotito en cada uno de los ilícitos de homicidio calificado, asociación ilícita para delinquir, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones”, sostuvo el abogado del empresario azucarero, José Carlos Isla Montaño.

Opiniones judiciales

Ante la vulneración de derechos, Oviedo Picchotito a través de su abogado defensor, accionó en defensa de sus derechos que la Constitución Política del Perú y las leyes le conceden, recurriendo a una Tutela de Derechos, para exigir al Ministerio Público transparencia en la investigación y respeto a los derechos de persona.

Es así, que el titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Shilling Castañeda, declaró fundada la tutela de derechos, disponiendo, mediante resolución, que en el plazo de cinco días hábiles, la Tercera Fiscalía Provincial Penal explique las imputaciones claras contra el investigado.

“Los delitos imputados son graves contra mi patrocinado, como el de homicidio, tenencia ilegal de armas y asociación ilícita, y lo mínimo que la fiscalía debió hacer era esclarecer cada una de las imputaciones que hace, para que pueda desarrollar investigación preliminar y preparatoria”, sostuvo el letrado.

De igual manera,  resalta que desde el primer momento en que el fiscal Carrasco Millones inició las investigaciones sobre los presuntos hechos y actos que imputa a Edwin Oviedo, se denota que carece de una teoría del caso y del delito.

“Con la acción de tutela de derechos, se ha buscado determinar si existen suficientes elementos de juicio o por lo menos indicios para que en su momento, el Ministerio Público pueda decidir si formaliza o no investigación preparatoria contra Edwin Oviedo, pero mientras ello no ocurra, no se reconoce la imputación contra el investigado”, destaca Carlos Islas.      

¿CELERIDAD PROCESAL?

La resolución del titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Shilling Castañeda, a favor de Edwin Oviedo, fue impugnada por el representante del Ministerio Público mediante escrito del 16 de octubre.

Eso motivó a que los vocales de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque, presidida por el juez superior Aldo Zapata López e integrada por los magistrados Víctor Torres y Erwin Quispe, emitieron  resolución el 23 de octubre del 2015, en la que declararon fundado el recurso de apelación realizado por el Ministerio Público. Es decir, desestimaron la tutela de derechos que le concedió a Edwin Oviedo el juez Castañeda Salazar.

De igual manera, mediante auto –mandato judicial- del 27 de octubre del mismo año, se resolvió en sus considerandos que por ser un proceso “urgente”, se admitió en el breve plazo el recurso impugnatorio. Además, se señaló audiencia pública para el 29 de octubre; es decir, dentro de 48 horas, cuando la ley expresa que el plazo a convocar es de cinco días hábiles.

Lo más extraño es que cuando los notificadores judiciales se suelen demorar hasta dos meses en entregar notificaciones a las partes procesales, está la hicieron en el acto, según consta en la boleta de notificación, presumiendo que existiría un interés o presión.

A pesar de todo ello y contra todo pronóstico, el 29 de octubre los magistrados de la mencionada Sala Penal de Apelaciones, revocaron la resolución emitida en primera instancia, dejando entrever que el juez Shilling Castañeda incurrió en error de concepto al conceder la tutela de derechos a Edwin Oviedo.

LA CASACIÓN

Ante la presunta avalación de vulneración de derechos constitucionales, el abogado de Edwin Oviedo interpuso recurso de casación contra la resolución de los magistrados de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque, invocando las causales previstas en los incisos 1, 2 y 4 del artículo 429 del Código, al no existir una imputación detallada y genérica en las diligencias preliminares.

Además, el fiscal, en nombre del Ministerio Público, imputó diez delitos a Edwin Oviedo sin especificar en forma detallada y precisa cuál fue su supuesta intervención.

De igual manera, el trámite de impugnación no se dio conforme a Ley; esto es, que la Sala de Apelaciones no corrió traslado del escrito del recurso de apelación a los sujetos procesales por el plazo de cinco días, si no de dos días, lo que generó la indefensión de Edwin Oviedo.

“La Sala Penal de Apelaciones ha vulnerado en dos oportunidades el derecho a defensa amparado por la Constitución, porque se ha violentado el trámite de la apelación establecido en la ley, que indica un plazo de cinco días para que la Sala corra traslado a las partes para que estas puedan prepararse para rebatir los argumentos de apelación en la audiencia”, señala el letrado.

A un día de la audiencia –indica el abogado- la sala puso de conocimiento del investigado los fundamentos del Ministerio Público, y dio un día para preparar la defensa en un caso tan emblemático, como lo ha considerado la fiscalía. Dio un día, cuando la ley dice que son cinco como mínimo.

Añade que resulta inaudito que la audiencia se haya realizado sin escuchar a la defensa de Edwin Oviedo. “Nosotros no acudimos porque eso era convalidar un acto violatorio a la Constitución en el extremo del derecho a la defensa. Solicitamos a la Sala que reprograme la audiencia basándose en la ley, pero se negó, y por eso recurrimos en queja y casación”, argumenta Carlos Islas. 

EL “JALÓN DE OREJAS”  

Los magistrados de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República señalan en la sentencia de casación N° 326 -2016, del 23 de noviembre, notificada a las partes el último 26 de diciembre, que en la disposición fiscal no dispone nada respecto al investigado Oviedo Pichotito. 

De igual manera, a pesar que en la resolución emitida por los magistrados de la Primera Sala Penal de Apelaciones presidida por Aldo Zapata López, se toma como referente el Acuerdo Plenario N° 02-2012/CJ-116, la que considera que para investigar a alguien solo basta una simple sospecha e imputación mínima de los ilícitos imputados. Sin embargo, ello no es obstáculo o impedimento para que las disposiciones fiscales emitidas por los representantes del Ministerio Público sean congruentes y tengan correlación entre sí en el desarrollo del procedimiento de investigación.

Además, en el caso o la cosa opinable – sub judice- los magistrados de la sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia evidencian que las disposiciones fiscales son incongruentes al no tener correlación entre las partes considerativa y decisoria, vulnerándose la garantía constitucional de la debida motivación de resoluciones.

De igual manera, a consecuencia de ello, la imputación formulada por el representante del Ministerio Público genera la indefensión al investigado.     

LA DECISIÓN SUPREMA

José Carlos Isla Montaño, abogado de Edwin Oviedo, indicó que la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación, declarando nula la resolución vista y expedida el 29 de octubre del año 2015, que revocó la resolución del 13 de octubre amparada por el juez Shiling Castañeda, la que declara fundada la solicitud de tutela de derechos solicitada por Edwin Oviedo, y dispuso que en el plazo de cinco días hábiles el representante del Ministerio Público cumpla con subsanar y sustentar las imputaciones en la investigación contra el empresario azucarero.

Carlos Islas sostuvo que durante año y medio se violentó el prestigio y la buena reputación del empresario Edwin Oviedo. Además, con el escándalo mediático que se generó, presumiblemente orquestado desde el mismo Ministerio Público, le ha generado irreparable daño moral, que nadie se lo va a devolver.

“Todo el daño que se ha hecho en contra del señor Edwin Oviedo es totalmente arbitrario y tiene que ser resarcido por los que resulten responsables. No es posible que en un Estado de Derecho, a un ciudadano se le apertura  investigación penal cuando el investigador no tiene nada y solo basa su acción en presunción. Eso no es posible, y el daño que causa es irreparable y tiene que ser resarcido”, puntualizó. 

El abogado recalca que el daño causado por el Ministerio Público es irreversible, y por el momento es el Ministerio Público es que tiene que corregirse tal y como lo ordena la Corte Suprema de Justicia, en cuanto al nombre del empresario investigado, más allá del daño moral y económico.

“Vamos a esperar el cumplimiento a la sentencia judicial. Vamos a esperar que se ejecute y luego procederemos conforme a lo que la Ley establece”, sentenció.

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• Como para sentar precedente jurisprudencial y los representantes del Ministerio Público no vuelvan a vulnerar los derechos personales, desarrollen investigación dentro del marco de la legalidad, la Corte Suprema dispuso que la resolución a favor de Edwin Oviedo sea leída en audiencia pública y se publique en el diario oficial El Peruano.

César Hirakata Nakayama trabaja en EsSalud desde 1991, es uno de los últimos médicos nombrados, pues llegó cuando esta institución todavía se llamaba Instituto Peruano de Seguridad Social – IPSS; y por ello, tiene la autoridad para analizar la situación del sector, que para él no es la mejor. Sin embargo, afirma que tampoco es la más pésima, porque en salud – asegura - siempre se puede estar peor.

Este médico de cabello cano, que es nieto de inmigrantes japoneses, se siente tan chiclayano como limeño, porque nació allá pero se realizó profesional y personalmente en Chiclayo, donde junto a su esposa, también nacida en Lima, está terminando de educar a sus dos hijos.

Cuenta que, hace 30 años se graduó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos como médico general y posteriormente hizo su especialidad en laparoscopía, y desde entonces hizo su internado en el Hospital Guillermo Almenara, donde recibió la oferta de trabajar en el IPSS, por parte del entonces presidente ejecutivo Luis Castañeda.

EL PROBLEMA ES EL SISTEMA

Si bien acepta que la actitud de algunos médicos y personal de los hospitales no siempre es la adecuada, cree que los asegurados llegan con la predisposición de reclamar, porque la imagen de mala atención se ha generalizado, pues lo que no funciona es el sistema.

“Siempre explico la situación del sistema de salud con un ejemplo sencillo. Qué pasa si una señora sale de su casa y a la empleada le deja el encargo de lavar, cocinar, planchar, etc. pero regresa al mediodía y halla que no lavó ni planchó ni hizo nada. Entonces, le reclama, pero la empleada explica que intentó lavar, pero les cortaron el agua, intentó planchar, pero les habían cortado la energía eléctrica y cuando quiso cocinar se dio cuenta de que no había gas. ¿Es culpa de la empleada? Eso mismo pasa en el sistema de EsSalud”, señala Hirakata Nakayama.

Un ejemplo muy claro para describir que no son los médicos, sino el sistema el que no sale de estado crítico. Solo en Lambayeque, EsSalud atiende a medio millón de asegurados, a los que suma un millón de referidos de toda la región macronorte. Todos aportan una parte de su seguro, pero no es suficiente, porque existen instituciones completas que no abonan por este concepto.

“Es igual que cuando un buen día el esposo llega con cinco personas más a la casa para almorzar, y no avisó. ¿Qué es lo que tiene que hacer la esposa? Lograr que alcance para todos y para ello debe agregar más agua; en EsSalud pasa lo mismo, nosotros debemos atender a 100 pacientes con el presupuesto de 10”, señala.

Y es que EsSalud es un sistema que debería ser autosostenible, pero no lo es, porque – explica el médico - las entidades gubernamentales son las principales deudoras, y en el caso de Lambayeque no solo son las municipalidades y algunas otras instituciones públicas, sino también las empresas azucareras. Y pese a estas deudas, los trabajadores de las empresas deudoras siguen teniendo el derecho de ser atendidos.

“Además, EsSalud es el único seguro que cubre la atención de enfermedades pre-existentes; incluso pacientes que nunca han aportado, se inscriben, aportan tres meses y ya tiene derecho a diálisis peritonial, cirugía cardiaca de alto costo, cobertura total de enfermedades complejas, etc. En esas circunstancias no hay seguro que pueda ser eficiente”, refiere César Hirakata.

EL ESTADO BENEFACTOR NO AYUDA

Los tiempos en que el Estado da todo ya debe acabarse, refiere el galeno, quien precisa que lo se necesita es generar puestos de trabajo de calidad, para que todos los peruanos tengan la posibilidad de acceder a la salud, pero con el debido aporte.

“Recuerdo mucho la historia del médico argentino René Gerónimo Favarolo, un famoso cirujano cardiovascular que regresó de los Estado Unidos hacia Argentina para patrocinar una fundación que atendía a niños con problemas cardiacos, al final el gobierno le tenía una deuda tan grande a su fundación que Favarolo escribió una carta y se suicidó pegándose un tiro en el corazón; esto nos da una idea de lo que pasa en el sistema de salud, porque el problema en los hospitales del Ministerio de Salud es todavía más grave, porque el gobierno subsidia todo”, explica César Hirakata.

Asimismo, asegura que aquella exoneración de EsSalud a las gratificaciones que tanto alegró a los trabajadores, al seguro le ha generado un grave forado que empeora la situación. El Decreto de Urgencia dado en el segundo gobierno de Alan García Pérez, debido a la crisis económica internacional de aquél entonces, debió ser temporal, pero permanece hasta la fecha.  

Más allá de las exoneraciones, en general el problema en EsSalud son los sueldos de los trabajadores aportantes. En el país poco más del 1,7 % de trabajadores ganan por encima de los tres mil 500 soles, la gran mayoría tiene un sueldo menor a los mil 500, eso implica que el aporte sea mínimo y que llegue siquiera a 200 soles al mes.

LA FALTA DE ESPECIALISTAS

En el sistema de salud en general existe una contradicción, mientras que por un lado algunos hablan de exceso de personal, la mayoría de asegurados se queja de no recibir atención oportuna.

“Somos un país al que le faltan especialistas, tenemos un déficit de seis mil especialistas a nivel nacional, aquí tampoco podemos señalar al culpable, porque lo que ocurre es que en todo el Perú no se forman más de 600 especialistas al año. Para llenar ese forado necesitaríamos 10 años. Por ello, es que desde hace dos años se aumentó el número de plazas para formación de médicos residentes”, señala Hirakata Nakayama.

Asimismo explica que el otro problema es que existen plazas cautivas y plazas libres; es decir, un hospital forma a un especialista pero al culminar debe quedarse en esa plaza y con el mismo sueldo del anterior; mientras que cuando es plaza libre se debe generar otro puesto de trabajo y, por ende, se demanda gasto, pero ni el MINSA ni EsSalud tienen dinero para crear muchas más plazas y ello agudiza el problema.

El otro dilema es la persona. En este caso un médico debería optar por especializarse, su sueldo no es bajo y debería tener la capacidad de invertir en su formación. Sin embargo, algunos médicos no lo hacen porque se convierten en padres de familia y priorizan la educación de sus hijos, o el bienestar de ellos mismos adquiriendo una casa o algún otro bien para el futuro.

Para César Hirakata, los cartones no son lo único que cuentan. “Lo que yo sé hacer, no lo hace cualquiera”, señala. Y no se refiere solo a sus  30 años como médico, sino más bien a la dedicación que le ha puesto a su labor.

“Me formé en una época de crisis, cuando los peruanos estábamos medio cabizbajos y no teníamos la esperanza de adquirir bienes y por ello en lo único que nos ocupábamos era en estudiar y especializarnos, pero ahora los tiempos han cambiado. Con justa razón, los jóvenes buscan desarrollarse económicamente, ahora es más fácil acceder a créditos y por ello para pagar esas deudas, los médicos trabajan en varios lugares y las cosas se van complicando”, señala.

Mientras tanto, la carencia de especialistas continúa golpeando cada día. Por ejemplo, en el hospital Luis Heysen Incháustegui, donde trabaja César Hirakata, actualmente solo hay cuatro anestesiólogos, cuando debería existir 12 como mínimo para brindar atención durante cirugías.  Puede que haya cirujano y equipo de enfermeras, pero si no hay anestesiólogo, no se puede desarrollar la intervención.

LA GRATITUD

“La mayor satisfacción de un médico es que sus pacientes recuerden su intervención. Hace poco, por ejemplo, llegó un paciente por emergencia al Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, donde mi hijo realiza su internado. Era alguien a quien hace muchos años operé de una pancriatitis, y como mi hijo se llama igual que yo, el paciente le mostró su abdomen con múltiples cortes y le hizo saber que hace mucho tiempo yo el salvé la vida.  Estas son las cosas que a lo largo de los años atesoro, la gratitud de las personas que valoran el esfuerzo que uno pone pese a las limitaciones”, narra orgulloso César Hirakata.

Este cirujano capaz de operar sin la necesidad de realizar un gran corte, trabajó por muchos años en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo. Sin embargo, luego de mucho trajinar, en estos últimos años ha preferido un poco de sosiego y sobre todo dedicación a sí mismo. Por ello pidió su cambio al Hospital Luis Heysen, donde trabaja reglamentariamente seis horas al día y esto le da tiempo para dedicarse a su consultorio privado y a dictar clases para trasvasar sus conocimientos.

“Después de muchos años de trabajo y con el paso de los años, vi que me quedaba solo con mi esposa, porque mi hija menor estudia Comunicaciones en Lima, mi hijo realiza su internado; entonces, decidí darnos un poco más de tiempo y pedí mi cambio al Hospital Luis Heysen. Aunque ahora dicto clase, o sea que tanto tiempo no tengo, pero me gusta transmitir mis conocimientos. A nivel del Colegio Médico en varias ocasiones he sido miembro del Comité de Ética, Comité de Asuntos Contenciosos, siempre trabajando para mejorar y siempre consciente de que en toda profesión existe lo bueno y lo malo; como se dice: la carne siempre sale con hueso”, asegura entre risas.

César Hirakata solo tiene un pedido para sus pacientes y futuros pacientes: “Que sean cuidadosos con su salud, porque una vez que se resquebraja, por muy buenos médicos que los traten su cuerpo ya no funcionará igual. Cómo la gente cree que puede agarrar un auto a 150 kilómetros por hora y salir ileso de un accidente, o habiendo tenido un terrible accidente, salgas del hospital cojeando un poco y diciendo que te operaron mal. Ese pensamiento es el que prevalece hoy. La gente cree que puede tomar como un descocido, malograr su hígado y que el médico tiene que salvarla. Cada quien tiene responsabilidad en su salud”, reflexiona finalmente. 

En el segundo semestre del 2016, el Gobierno Regional de Lambayeque alcanzó el 73.9 % de la ejecución presupuestal; con una inversión de 257 millones 487 mil soles, logrando financiar 147 proyectos en beneficio de la población, siendo Educación el sector más favorecido.

Así lo dio a conocer el gobernador regional, Humberto Acuña Peralta, en la segunda  Audiencia Pública del año,  realizada en el auditorio de la sede central y ante los trabajadores, sociedad civil organizada y público en general que pudo participar.  

Acuña Peralta, expresó su satisfacción tras los logros  obtenidos en el año, pues con estos, y pese a que la ciudadanía continúa expresando que no sienten la presencia de su gobierno, la región se ubica entre las primeras ejecución de  gasto y como líder en inversión en la Educación.

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN

 “A la fecha los logros en el sector Educación dejan una valla muy alta. El 2016 cierra con un presupuesto asignado de 84 millones 909 mil soles para 56 proyectos y 138 instituciones educativas atendidas”, especificó el gobernador regional.

 Los distritos beneficiados con el interés que el gobierno ha puesto en este sector en materia de infraestructura educativa son: José Leonardo Ortiz, Chongoyape, Túcume, Pacora, Jayanca, Mochumí, Íllimo, Olmos, Pátapo, Monsefú, Motupe, Pítipo, Pimentel, Chiclayo, Reque, La Victoria, Mórrope, Cañaris e Incahuasi.

Durante su exposición, Acuña Peralta anunció que para el 2017 se ejecutarán obras cuyo proceso de licitación pública ya concluyó y se encuentran en situación de contrato, por un monto de 24 millones 446 mil soles.

Las obras que destacó fueron: el mejoramiento de los servicios de infraestructura educativa en 16 colegios de nivel inicial y primaria en los distritos de Cañaris,  Pítipo,  José Leonardo Ortiz,  Reque,  Pátapo; Mórrope y Olmos en favor de todos los escolares de la zona y de aquellos que inician la vida escolar.

Según esta rendición de cuentas, también se encuentran en proceso de licitación para el 2017 dos colegios en el distrito de Pimentel y dos en el distrito de Salas.

Para el 2017, también se concretará un anhelo chiclayano que ha venido siendo postergado por diversos factores. El gobernador regional precisó que la entidad que dirige destinó los recursos necesarios para financiar la elaboración del perfil para la construcción de la nueva infraestructura del Colegio Elvira García y García con un presupuesto de casi 10 millones de soles.

INFRAESTRUCTURA URBANA

“El próximo año, la característica de mi gestión será la misma; es decir, más obras. En tal sentido, quiero anunciarles que se ejecutarán proyectos importantes para la población, entre ellos el mejoramiento  del parque  principal del cercado del distrito Manuel Antonio Mesones Muro;  la construcción de veredas y pavimentos en Pomalca”, detalló.

 Asimismo, anunció que el 2017 se mejorará la cobertura  del servicio de energía eléctrica de 19 caseríos de las provincias de Chiclayo y Lambayeque; saneamiento básico en el distrito de Chóchope y la rehabilitación y mejoramiento de la carretera  Eten – Villa el Milagro – Cascajales.

“El 2017 las obras por adjudicación simplificada con una inversión de un millón 883 mil 152 soles se hará la construcción del parque principal del centro poblado de Capote en el distrito de Picsi. El mejoramiento del servicio policial de prevención de las comisarías y unidades de emergencia de la DIRTEPOL – Lambayeque. Así como la creación de la plaza mayor del distrito pesquero de San José”, detalló Acuña durante su exposición.

SALUD

Según lo especificado durante la rendición de cuentas, en este segundo semestre, el sector Salud  ha logrado transferir al gobierno regional cuatro millones 369 mil soles para la elaboración de los expedientes técnicos de los proyectos de construcción de los hospitales referenciales de Ferreñafe y Monsefú.

Para ambos proyectos se ha destinado un presupuesto de 145 millones 596 soles, debido a la relevancia de los mismos. “La construcción de estos hospitales son una exigencia de la población y ya es momento de hacerlos realidad. Con todas las dificultades presupuestales que Lambayeque afronta, mi gestión está logrando el financiamiento y eso –estoy seguro – será reconocido por todos los lambayecanos”, señaló.

ABRIGANDO CORAZONES

Pese a que siempre ha sido cuestionado porque supuestamente es una forma de hacer propaganda política, el  programa de ayuda social Abrigando Corazones es uno de los que fue resaltado durante la última rendición de cuentas.

Solo en el segundo semestre del 2016, Abrigando Corazones atendió gratuitamente a  231 mil 800 personas de escasos recursos en localidades alejadas. A los asistentes se les brinda asesoría en salud, vacunas, medicamentos básicos y también orientación en otros rubros como registro civil, acceso a justicia, etc.

AGRICULTURA

La gerencia de Agricultura destacó este año por el cambio de gerentes, pero además por haber invertido 16 millones 146 mil soles en la ejecución de defensas ribereñas en las márgenes del río Reque en los distritos de Ciudad Eten y Monsefú.

También destacan la reforestación de 100 hectáreas en las cuencas altas en los distritos de Incahuasi, específicamente en los centros poblados de Marayhuaca y Mamagpampa; el avance de siembra de cosechas y producción en 11 mil 576 hectáreas.

Sin embargo, ha debido lidiar con uno de los problemas más temidos por este sector: la sequía. Siendo Lambayeque una zona donde no llueve con frecuencia, y debido a la escasez de infraestructura para almacenar agua en los tiempos de avenidas de agua, esta región depende casi íntegramente de las regiones vecinas como Cajamarca.

Por ello, la campaña de algodón de este año no se desarrolló y los agricultores, especialmente de Mórrope deberán optar por otro cultivo. En tal sentido, también corría peligro la campaña de arroz, pero en la última semana de enero, las esperanzas volvieron al comprobar que en Cajamarca empezaron lluvias fuertes.

La enseñanza es que el Gobierno Regional de Lambayeque debe priorizar el avance de ejecución del Plan Hídrico Regional, pues mientras Olmos avanza, los valles costeros corren grave peligro.

OTRAS GERENCIAS

Durante la Audiencia Pública, de la Gerencia de Transportes y Comunicaciones solo se detalló sobre la ejecutó el mantenimiento de cinco vías departamentales con una inversión de ocho millones 369 mil soles. Pero no se habló sobre ningún avance en el Plan Vial que anunciaron con bombos y platillos durante la campaña electoral de hace casi dos años.

En tanto, la gerencia de Comercio Exterior y Turismo se ha destacado por promover las MYPES en el extranjero, además de la inversión de dos millones 500 mil soles, para el mejoramiento de los accesos turísticos de la Cruz de Chalpón en Motupe; la pavimentación de los accesos al recurso turístico playa Pimentel- Malecón Sur- Muelle de Pimentel, con una inversión de dos millones  847 mil soles y la instalación de los servicios turísticos del complejo arqueológico El Sinto – Pátapo, por un monto de tres millones 871 mil soles.

La Gerencia de Vivienda y Saneamiento instaló 70 sistemas de cloración de agua, beneficiando a 43 mil personas de 14 distritos.

CONSTRUCCIÓN CIVIL Y LA MESA DE DIÁLOGO

Un logro importante del gobierno regional y que se canalizó a través de la Mesa de Diálogo, liderada por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo e integrada además por los representantes de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y los gremios de Construcción Civil, es la depuración de los mismos.

Sabido es que gran parte de sus integrantes, debido a la falta de tamiz, están involucrados en actos delictivos y por ello es que en los últimos años se extendió la práctica de la extorsión en las construcciones, uno de los mayores pasos es haber desactivado los gremios Provincial y Regional por supuestos vínculos con la delincuencia por parte de algunos de sus dirigentes.

Con el objetivo de reducir el índice delictivo en los gremios de construcción civil y procurar una paz laboral, los integrantes del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) realizaron su última sesión del 2016, logrando actualizar el reglamento de la Mesa de diálogo de Construcción Civil. Luego de una exposición y debate entre sus integrantes, se anexaron ocho puntos de los 21 aprobados a inicios del 2016.

Los temas incluidos fueron los siguientes: Depuración de padrones de afiliados será cada seis meses y cada sindicato deberá informarlo a la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio Público, Departamento de Protección de Obras Civiles, Policía Nacional y CAPECO. Otro punto es la realización de operativos conjuntos con el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Gerencia Regional de Trabajo y un representante de los trabajadores, para verificar el cumplimiento de las normas socio-laborales.

De igual manera las organizaciones sindicales se ratifican en el respeto a la suscripción de las actas de acuerdo a la bolsa de trabajo, respetando la jurisdicción. Los integrantes de la Mesa de Diálogo de Construcción Civil no aceptarán como válidas las actas de acuerdo entre empresas y trabajadores con intervención de alcaldes, prefectos, sub prefectos, tenientes gobernadores o jueces de paz. 

Un moderno cuartel, militar, con todas sus comodidades, y con campos modernos para la instrucción y preparación de los soldados, ante una posible penetración enemiga en nuestras fronteras, así como para atender a la población y hacer frente a eventualidades de la naturaleza, se construirá en Lambayeque. El proyecto demandaría una inversión de 200 millones de soles, 

La grata y alentadora noticia la hizo conocer el comandante de la Séptima Brigada de Infantería de Lambayeque, general José Rospigliosi Galindo, quien en entrevista con el Expresión, reveló que desde el año 2015 se viene trabajando de manera estrecha con el Gobierno Regional de Lambayeque con el objetivo de construir un nuevo y moderno cuartel militar con una extensión de 145 hectáreas de terreno.

“De culminarse en los próximos días los expedientes técnicos, que un equipo de profesionales del Batallón de Ingeniería del Ejército, acantonado en Lambayeque, trabaja conjuntamente con el área de proyectos del Gobierno Regional de Lambayeque, el próximo año la región podría contar con un nuevo y moderno cuartel en el distrito de Pimentel”, destacó el jefe de la Casa Militar de Lambayeque.

Añade que se ha firmado un convenio con el Gobierno Regional de LAMBAYEQUE para la construcción de un fuerte, que contará con todas las necesidades de una instalación de instrucción castrense para agrupar a mil 200 personas que integrarán los batallones de tropa, así como a otras cuatrocientas personas más entre oficiales, técnicos y suboficiales.

“Tenemos 145 hectáreas de terreno que nos va a permitir contar con un cuartel con todas las facilidades y comodidades de alojamiento, instrucción y habitabilidad para el personal. El proyecto que manejamos ha previsto que se albergará a unas mil 200 personas de tropa, así como a otras 400 más de los grados de suboficiales, técnicos y oficiales, los que desarrollarán entrenamiento diario, y capacitación académica al servicio de la patria, tal y como lo ordena la Constitución Política del Estado”, destacó.

EXPEDIENTE TÉCNICO

Rospigliosi Galindo detalló que la preocupación de mejorar la capacidad instructiva y el confort en el personal de tropa nació con la gestión de su antecesor, general Fernando Acosta Rodríguez.

Explica que la idea nació como una necesidad de mejorar la infraestructura, la que fue llevada hasta el gobernador Humberto Acuña Peralta, quien en forma inmediata, tras escuchar la exposición, puso a disposición a los profesionales del área de Proyectos de la sede regional para que trabajen conjuntamente con el personal del batallón de Ingeniería de la Séptima Brigada de Infantería de Lambayeque.   

“Este proyecto es una preocupación y una forma de desarrollar trabajo en conjunto con las autoridades de la región. Lo único que se busca es dar comodidad y confort al personal que sirve a la patria, mediante el ingreso al Servicio Militar Voluntario”, detalló.

Confía en que en el 2017 se presentará el expediente técnico, el cual ya se viene trabajando, con el objetivo de llevarlo a consulta y se pueda ver la factibilidad y el financiamiento lo antes posible.

“Como lo he señalado anteriormente, el proyecto viene de la gestión del general Fernando Acosta Rodríguez, e incluso ya tenía código SNIP, pero como muchas cosas han cambiado, hemos tenido que retomar el trabajo”, destacó.

Aclara que el proyecto que realizan es ambicioso, pero no imposible de desarrollar si es que existe la predisposición por trabajar y, sobre todo, por buscar el progreso de Lambayeque.

“La obra tiene un costo de 200 millones de soles, lo cual posiblemente no se haga de golpe, sino poco a poco o en todo caso por etapas. Tendrá cuadras para el personal de tropa, cuadras para oficiales, técnicos y suboficiales, así como gimnasio, piscina, casino, comedores, cocina, campos de entrenamientos e instrucción, y algunas aulas para la impartición de clases tácticas”, explicó. 

MODERNOS VEHÍCULOS

El alto oficial también anunció que en los próximos días a la Séptima Brigada de Infantería de Lambayeque llegará un total de 50 modernos camiones de combate de la marca Man, los que en el mercado bélico están considerados como las mejores unidades de combate, y acompañan en combate al soldado al desplazarse por cualquier tipo de terreno.

“Los vehículos Man son especiales y como peculiaridad tienen que desafían a la geografía de la zona donde se encuentren. Para este tipo de vehículos no existe la arena, la piedra, las pendientes, ríos, entre otras dificultades. Es decir, es un carro de combate construido para cualquier tipo de terreno y se desplaza a la misma velocidad como si estuviera en pista e incluso con plena carga, con clima adverso. Además, supera pendientes, lo que normalmente no hacen los vehículos”, destacó.

Rospigliosi Galindo señala que el Ejército Peruano está cambiando, teniendo como objetivo principal la defensa de la patria, y para ello se viene renovando el parque automotor, el cual tiene una antigüedad de 30 a 40 años.

“Los vehículos que en la actualidad se tienen, son carros que aún funcionan pero necesitamos renovarlos. Con los camiones Man tendremos mayor proyección y efectividad en los objetivos trazados, no solo en combate, sino en las proyecciones que hagamos en bien de la comunidad, así como en el enfrentamiento de los embates naturales, como es el caso de los incendios forestales que hace poco se suscitaron en Lambayeque y que gracias a la oportuna intervención se controlaron”, explicó.

SERVICIO MILITAR

Otro de los factores que ha mejorado en el Ejército, es que el comando institucional ha mostrado su preocupación por la educación del personal militar y civil, estableciendo directrices que permitieron dar educación y doctrina para ejercer un liderazgo eficaz.

“Lo destacable en la actualidad en cuanto al personal de tropa, es que nuestra institución se ha abocado a lo educativo, a la formación y al perfeccionamiento del soldado, con la única finalidad que mejore su proceso académico, así como el de infraestructura y equipamiento”, sostuvo.

Destaca que el soldado de ahora es educado en el propio cuartel; es decir, estando en el servicio militar activo tiene las facilidades necesarias en formación y aportes en la generación y cultivo de valores.

“Los muchachos vienen con ciertos valores y acá les reforzamos y logramos que asimilen, muy aparte de la preparación militar para la guerra que se les brinda. Esos valores en muchos casos se han perdido en la vida civil, pero en el cuartel el soldado es preparado no solo para luchar en la guerra y en defensa de la patria, sino también para servir a su prójimo en la vida civil”, señaló.

La identificación con la comunidad es desde el punto de vista de colaboración, de desarrollo, de bien común, de cumplir con ideales, pero todo ello debe ser tratado con disciplina

“El Ejército es disciplina, valores positivos que se llevan cuando se reintegran a la sociedad luego de haber cumplido con el servicio militar, lo que quiere decir que es importante”, expresó.

LOS CONTINGENTES

Señala que si bien es cierto, en la actualidad existe una preocupación por que el Servicio Militar se vuelva obligatorio, en Lambayeque no existe carencia de soldados, más bien es destacable ver que más de los días jóvenes llegan hasta la sede militar para preguntar por las fechas de postulación.

“La obligatoriedad del Servicio Militar no depende de nosotros, sino de los políticos, pero en nuestro caso estamos teniendo acogida; pues, se están presentando bastantes muchachos. Tenemos dos contingentes semestrales; uno en el mes de enero, y otro en junio”, afirmó.

Revela que en el año que se va se ha requerido contar con un total 850 hombres en ambos semestres del año, y se ha logrado completar el contingente. Agrega que se viene el mes de enero del año 2017 y en esta oportunidad se está requiriendo la cantidad de 400 nuevos soldados, los que serán repartidos en los fuertes o cuarteles de Lambayeque, Pimentel y Cajamarca, donde está en Batallón Zepita.

Detalla que uno de los factores de la acogida que se tiene para completar los contingentes, se debe que el soldado ahora tiene la oportunidad de estudiar una carrera profesional a través del programa Beca 18.

“Los jóvenes que sirven a la patria no solo reciben el apoyo para Beca 18, sino que también reciben una capacitación adicional en los talleres del Ejército, para poder desempeñarse en un campo laboral cuando se reintegren a la vida civil”, reveló.

Además, señala que en la actualidad existe apoyo a los licenciados de las Fuerzas Armadas cuando postulan a las universidades y a los institutos armados. Además, también tienen facilidades y apoyo cuando postulan a un puesto de trabajo.

“Los licenciados de las Fuerzas Armadas tienen un valor agregado cuando postulan a las Fuerzas Armadas y Policiales. Al tener conocimiento de la disciplina militar, manejo de armas, y de adaptación a la vida con rigor y disciplina, tienen cierto beneficios para hacerse de los cargos o los cupos que se ofertan”, puntualizó.

En los últimos meses la Contraloría General de la República empezó a darle mayor difusión a la labor que realiza en prevención y fiscalización en las entidades estatales, lo que a decir del Jefe de la Oficina Regional de Control de Chiclayo, Nelson Guevara Altamirano, quien además tiene la jefatura de la macro región que incluye a siete departamentos, permite que la población conozca de los esfuerzos que se realizan para evitar que los recursos públicos sean mal utilizados.

“Trabajamos para que los recursos se canalicen de la manera más correcta en todos los ámbitos, sean nacionales, regionales o locales”, menciona Guevara Altamirano, quien reconoce que la política de puertas abiertas adoptada por la institución obedece a una directiva nacional implementada por el contralor Edgar Alarcón Tejada.

La gerencia que administra Nelson Guevara monitorea la labor de control en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín, departamentos en los que, en el 2016, se han ejecutado 58 auditorías. De ese total, 12 corresponden a Lambayeque, la mayoría de ellas aplicadas en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, donde la Contraloría trabaja de la mano con el Ministerio Público en la elaboración de informes periciales no solo para determinar los alcances de la corrupción en el período edil del exalcalde Roberto Torres Gonzales (enero 2007 – septiembre 2014), sino también en la actual administración del alcalde David Cornejo Chinguel.

“También estamos trabajando en el Gobierno Regional de Lambayeque, donde hemos hecho varias auditorías, y en varias municipalidades distritales como Tumán, Ciudad Eten y José Leonardo Ortiz, además de EPSEL, donde hemos intervenido”, menciona.

La Contraloría ha concluido un proceso auditor aplicado a la actual gestión del municipio de Chiclayo, que responde a las alertas por siete procesos de selección que oportunamente fueron elevadas a la administración del alcalde Cornejo, lo que motivó que en agosto pasado la institución rectora del sistema de control solicitara al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, el bloqueo de las cuentas de la comuna.

SERIAS LIMITACIONES

Aun cuando existen avances destacables en la fiscalización, todavía hay limitaciones debido a que, por ejemplo, de las 22 Oficinas de Control Interno – OCI, que existen en Lambayeque, 10 jefaturas son pagadas con recursos de las instituciones a evaluar, por lo que algunas autoridades, principalmente municipales, buscan entorpecer la función poniendo restricciones de personal y logística.

“Es crítico, porque les quitan personal, no les asignan presupuesto o cuando piden un especialista como un ingeniero para supervisar las obras les niegan los recursos. Son formas muy sutiles de limitar el trabajo de control. Pero hay también instituciones que sí han permitido nuestro trabajo y han dado las condiciones suficientes para realizarlo”, señala.

Otra limitación que se tiene es el acceso a la información. La Contraloría no puede verificar de manera directa el secreto bancario o tributario de las instituciones públicas, aun cuando estas manejan recursos del Estado. Incluso, el Banco de la Nación en reiteradas veces se ha negado a proporcionar información que permita determinar el tratamiento que las entidades le dan a los dineros públicos.

Esto es preocupante en la medida que la Contraloría, en el caso de Chiclayo, encontró que durante la gestión de Roberto Torres se derivaba dinero público a bancos privados para ser depositado en cuentas de fondos mutuos. Asimismo, hay reservas bursátiles y registrales que retrasan las acciones de control y cuyo marco legal no discrimina a las entidades estatales.

“De este modo nos ponen restricciones para la fiscalización”, afirma Nelson Guevara.

PESO DE LOS INFORMES

Un problema mayor es la falta de sintonía con algunos operadores del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción. Hace algunos años se normó que las pericias e informes concluyentes de la Contraloría se constituían en prueba actuada y que en base a ellos el fiscal debe proceder a la formulación de la acusación penal, suprimiendo los pasos de investigación preliminar y preparatoria.

Sin embargo, recientemente en Chiclayo se produjo un hecho cuestionable que va en contra de esta directiva, cuando la fiscal Tania Bravo Vigo solicitó al Poder Judicial el sobreseimiento para los imputados en la compra irregular del local de la ex mutual para el municipio provincial, durante el gobierno de Roberto Torres, pese a que la Contraloría alcanzó a su despacho, con la debida antelación, el informe pericial que concluye la existencia de perjuicio económico para el Estado y la responsabilidad penal en los exfuncionarios y exautoridades.

La Contraloría tiene capacidad para procesar y sancionar en el ámbito administrativo, por lo que corresponde al Ministerio Público la acción penal, que debería ser concordante con una política de lucha contra la corrupción del Estado, que involucre además al Poder Judicial, las procuradurías, la Defensoría del Pueblo, y la Policía Nacional.

“Si tenemos un frente de ese tipo la corrupción tendrá más problemas para escapar o filtrarse, lo que no pasa cuando las instituciones trabajan de manera aislada”, asevera.

CORRUPCIÓN SOFISTICADA

Nelson Guevara tiene 22 años de trabajo en la Contraloría y por su experiencia afirma que la corrupción en el país no solo es más visible, sino también más sofistica, pues se vale de la tecnología para actuar y prueba de ello es lo que pasa, casi siempre, en los procesos de selección.

“Si bien la lucha ha mejorado, la corrupción también avanza en sus propios mecanismos y se tecnifica. Nosotros decimos que la corrupción no duerme y prueba de ello es que se cuelgan procesos de selección en la madrugada y al día siguiente ya se entrega la buena pro. No hay norma que lo prohíba, por lo tanto esos vacíos son aprovechados para sacarle la vuelta al Estado”, menciona.

Añade que también existe necesidad de mejorar de manera continua los estadios que por los que pasan los procesos de contratación en el Estado, desde la fase de preinversión hasta la entrega de la buena pro y la post inversión.

+ NOTICIAS

• La Contraloría General de la República ha remitido a la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo 16 informes y carpetas de control referidos a los hechos irregulares presentados en la gestión del exalcalde Roberto Torres Gonzales.
• Actualmente hay 75 auditores disponibles para los siete departamentos sobre los que tiene influencia la jefatura de Guevara Altamirano.
• Para mejorar el trabajo del Ministerio Público, la Contraloría ha asignado tres peritos a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, así como un ingeniero y dos contadores a la Tercera Fiscalía Penal que lleva el caso “Limpios de la corrupción”.
• Desde Chiclayo se monitorea el control a 900 municipios, siete gobiernos regionales con todas sus dependencias, nueve universidades y siete empresas prestadoras de servicios públicos.