Con fecha 12 abril del presente año, el Gobierno Regional de Lambayeque convocó el procedimiento de selección para contratar la ejecución de la obra “Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Federico Villarreal en el distrito de Chiclayo”, cuyo presupuesto aprobado asciende a 15 millones de soles.
La ejecución del proyecto de inversión pública, respecto a la mejora de la institución educativa ubicada en la cuadra 17 de la calle 7 de Enero de Chiclayo, busca dotar de una calidad educativa óptima a la población beneficiaria estudiantil y así mejorar la calidad de vida de la población, generando oportunidades de desarrollo económico y productivo, que permita ser sostenible en el tiempo y eficiente bajo los estándares de calidad que garanticen una buena educación.
El proceso
El proceso convocado bajo la nomenclatura consignada como Licitación Pública N° 6-2023-GR.LAMB, propuso un cronograma procedimental que se inició con su convocatoria a través del Sistema Electrónico de la Contrataciones del Estado – SEACE el 12 de abril del presente año, para lo cual se consideró que los postores registraran su participación entre el 13 de abril y el 7 de junio del año en curso.
Asimismo, el cronograma propuesto del proceso estableció como período para la presentación de consultas y observaciones a las bases entre los días 13 de abril al 26 del mismo mes, considerando absolver las mismas el 23 de mayo, para luego – conforme lo establece la norma – proceder a la integración de las bases el último día de la absolución de las consultas y observaciones, y conforme el cronograma establecido fijar como fecha de la presentación de las ofertas el 8 de junio y luego, al día siguiente, (09.06.2023), el comité de selección realice la evaluación y calificación de ofertas, considerando otorgar la buena pro el mismo día 9 de junio.
La primera demora procesal
De acuerdo al portal del SEACE, se evidencia que el procedimiento de selección comienza a ser materia de una primera postergación el 10 de mayo, por cuanto conforme a la información obrante en dicho portal, el comité de selección hace público el motivo por el cual se posterga la etapa de absolución de las consultas y observaciones planteadas por los postores, fundamentando dicha postergación debido a que estas no pueden ser absueltas por cuanto el comité de selección se encuentra a la espera de la opinión técnica por parte del Área Usuaria respecto a la absolución de las consultas y observaciones presentadas al procedimiento, las cuales “fueron presentadas en una gran cantidad”, refiere la información publicada.
La segunda postergación
El referido portal de transparencia - SEACE - muestra una segunda postergación publicada después de doce días de la primera, es decir el 22 de mayo, mediante la cual bajo los mismos argumentos el comité de selección refiere que el procedimiento de absolución de consultas y observaciones vuelve a ser postergado por cuanto, igual que la publicación anterior, se encuentra en espera de la opinión técnica del área usuaria; es decir, el proceso no es sujeto de su continuidad procedimental.
El estado actual del proceso
La normativa de las contrataciones del Estado establece la obligatoriedad de publicar en el SEACE la totalidad de las ocurrencias procesales de los procedimientos que se convoquen, en este caso, a pesar del tiempo transcurrido, el comité de selección presidido por Freddy Hilter Gonzaga Ramírez e integrado por los miembros Julio César Benítez Chero y July Maribel Alberca Carrasco no ha publicado más actos procesales desde el 22 de mayo, lo cual no genera certeza si el proceso aún está en curso, ya que por el tiempo transcurrido desde la última postergación a la fecha, el SEACE no muestra información alguna que permita corroborar su vigencia.
Los antecedentes
En la edición anterior de Expresión dimos cuenta del proceso para la ejecución de la obra “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de las calles del Sector Miraflores en el distrito de Zaña”, cuyo presupuesto asignado supera los 9 millones de soles, procedimiento que fue declarado nulo y retrotraído a la etapa de una nueva convocatoria, considerando para tal fin superar algunos vicios que deriven en una nueva elaboración de las bases y, por ende, se realice una nueva convocatoria.
La comunidad afroperuana tiene una importante participación en la cultura, la gastronomía, la literatura, el folclore y la identidad nacional, desde los inicios de la colonia hasta la independencia del país. Forma parte indispensable de nuestra sociedad, actualmente es el segundo pueblo más grande del país, conformado por más de 800 mil personas a nivel nacional, y representa el 3,6% total de la población.
Toda la costa peruana tiene influencia negra, pero ésta se manifiesta con mayor intensidad en las danzas, el canto, la literatura y la gastronomía. También en las manifestaciones religiosas y el deporte popular, los afroperuanos han tenido mucha participación. Son dignos representantes de esta comunidad, los artistas Nicomedes Santa Cruz: autor de décimas y poemas patrióticos y didácticos; y su hermana Victoria Santa Cruz: compositora, coreógrafa, diseñadora y exponente del arte afroperuano.
La presencia del pueblo afroperuano en las zonas costeras del territorio nacional, debido a procesos históricos con es la esclavitud, se concentró especialmente en la costa, por la importancia de esta mano de obra en las actividades económicas de la región, y también por la despoblación indígena del siglo XVI. Así, del total de esclavos del virreinato, el 92% (37019) se concentró en la costa.
Además, el pueblo afroperuano conserva costumbres, saberes y prácticas; pero sobre todo ha brindado aportes invaluables a la construcción de la nación.
Sin embargo, pese a los aportes del pueblo afroperuano al país, este colectivo afronta diversas formas de discriminación étnico-racial. Estas permanentes prácticas han sido derivadas del racismo, entendido como una ideología que justificó la trata esclavista en la colonia e inicios de la República, para así esclavizar a millones de africanos (as) junto a su descendencia en las Américas.
Además, estas prácticas se fueron normalizando con el pasar del tiempo y se instalaron tanto en la forma de pensar de las personas, así como en las instituciones propias a la conformación de los Estados, ocasionando que se profundicen y justifiquen distintas formas de desigualdad y exclusión, que fueron conformadas y configuradas durante siglos. De esta manera, el pueblo afroperuano actualmente afronta severas limitaciones para ejercer sus derechos.
Política nacional en marcha
En respuesta a esta situación, en los últimos años el Estado peruano ha realizado una serie de esfuerzos para mitigar los problemas que afronta el pueblo afroperuano. Así, mediante el Decreto Supremo Nº 004-2015-MC, se declaró de interés nacional la atención prioritaria respecto del pleno disfrute de los derechos fundamentales de la población afroperuana, que tiene por objetivo fortalecer las medidas de desarrollo e inclusión social establecidas durante el periodo comprendido como el Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024), proclamado por la Organización de las Naciones Unidas.
De esta manera, mediante Decreto Supremo Nº 003-2016-MC se aprobó el primer instrumento de atención específica a este colectivo en el país, denominado Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana, pero que concluyó su implementación durante el 2020, dejando una serie de desafíos pendientes, entre los que se encuentra iniciar el proceso de reconocimiento territorial colectivo del pueblo afroperuano en el ámbito normativo nacional.
En ese contexto, el Ministerio de Cultura inició el proceso de construcción de la Política Nacional para el Pueblo Afroperuano (PNPA), que aborda los derechos económicos, sociales, culturales, así como los civiles y políticos de este colectivo. Esta política plasmada en el Decreto Supremo Nº 005-2022-MC, ha sido formulada de acuerdo a la metodología establecida en la Guía de Políticas Nacionales del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), y ha sido el resultado de un proceso participativo y deliberativo que contó con la activa participación de las organizaciones representativas del pueblo afroperuano a nivel nacional, permitiendo así que los elementos constitutivos de la política sean pertinentes y coherentes, tanto al interior del propio Estado como de la sociedad civil.
En suma, esta política hacia el año 2030 es una consecuencia de una serie de esfuerzos colectivos que han colocado como centro del actuar público al pueblo afroperuano. Finalmente, cabe destacar que mediante la aprobación de esta política, el Ministerio de Cultura, junto a las entidades que garantizarán su implementación, afirma su compromiso por mejorar la calidad de vida del pueblo afroperuano.
Afrontan una serie de limitaciones
De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 2017, el pueblo afroperuano ascendió a 828 mil 894 personas y representa el 3,6% del total de la población a nivel nacional. Este grupo étnico representa una situación de vulnerabilidad, debido a las desigualdades estructurales que permanecen históricamente y se manifiestan a través de la exclusión, racismo, discriminación étnico-racial hacia este grupo.
Si bien la Constitución Política declara el carácter multiétnico y pluricultural de la nación peruana, actualmente un amplio sector de la población se encuentra en situación de desventaja y marginación, debido a su pertenencia a un grupo étnico determinado. Uno de esos grupos es el afroperuano, que afronta una serie de limitaciones que imposibilitan el ejercicio de sus derechos, pese a que la normativa nacional como internacional, reconocen a los derechos como normas que protegen la dignidad de los seres humanos.
De acuerdo a esta política nacional, el pueblo afroperuano ha transitado por distintos procesos históricos asociados al tráfico, la trata, el esclavismo, al racismo, la discriminación étnico-racial y a la exclusión social. Estos elementos han recortado el ejercicio de sus derechos civiles y económicos, dada su situación de pobreza histórica; políticos, debido a su reducida representación en espacios de toma de decisión; sociales, en vista a su limitado acceso a servicios básicos como la culminación de la educación básica regular o a seguros de salud.
Asimismo; culturales, puesto que sus posibilidades de inserción en la visión de desarrollo nacional y de salvaguardar su identidad cultural han atravesado por una serie de obstáculos, generando brechas sociales y económicas que lo ponen en desventaja en comparación con otros grupos poblacionales; así como ambientales, al no disponer de un entorno seguro y propicio para el disfrute de un medio ambiente saludable con respecto a su identidad.
Déficit en educación
En cuanto a los derechos económicos, entre los años 2012 y 2019 la incidencia de la pobreza en los hogares afroperuanos se incrementó de 21,1% a 26,4%; mientras que en el mismo periodo, ésta se redujo del 25,8% al 20,2% para el promedio nacional. Asimismo, para el año 2020, por motivos de la pandemia de la covid-19, se observa un incremento importante de la pobreza a nivel nacional, resultando el pueblo afroperuano (32,1%) más afectado en comparación con el promedio nacional (30,1%).
Respecto a los derechos sociales, el Censo de Población y Vivienda 2017 reveló que el porcentaje de personas afroperuanas que solo cuentan con educación primaria como máximo nivel educativo es mayor al promedio nacional (25,2% y 19,3%, respectivamente), situación que se replica en el caso de los afroperuanos con educación secundaria frente al promedio nacional (46% y 41,3%, respectivamente).
Del mismo modo, el porcentaje de personas afroperuanas con educación superior no universitaria es menor al promedio nacional (12% y 14,3%), al igual que para el caso de la educación universitaria, donde solo el 11,5% de afroperuanos tiene este nivel educativo alcanzado, en tanto que a nivel nacional se sitúa en 19,7%.
¿Dónde se concentra esta población?
La población afroperuana se halla principalmente en dos sectores: costa norte (entre Lambayeque y Piura); y en la costa surcentral (especialmente en Lima, Callao, y en las provincias de Cañete, Chincha, Pisco y Nazca).
La mayor concentración de afroperuanos en el país se halla en el distrito de Yapatera, provincia de Morropón (Piura), compuesta de cerca de siete mil agricultores, cuya mayoría es descendiente de antiguos esclavos africanos, en donde destaca una gran cantidad de población de origen "malgache" o "mangache" (venidos de Madagascar).
La provincia de Morropón es conocida por sus comunidades negras en ciudades como la misma ciudad capital de Morropón, alrededores de Chulucanas, como Chapica del Carmelo, Salitral, Buenos Aires, La Mantaza, (Hacienda Pabur), San Juan de Bigote y Canchaque.
En Lambayeque tenemos presencia de pobladores afroperuanos en el distrito de Zaña. El año 2017 Zaña fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como “Sitio de la memoria de la esclavitud y la herencia cultural africana”. Este reconocimiento fue el primero que recibió una población afrodescendiente en el Perú y en los países de la Costa del Pacífico.
De esta manera el pueblo de Zaña se integró al proyecto “La Ruta del Esclavo”, de carácter internacional. Esta distinción se inscribe dentro del Programa Memoria del Mundo de la Unesco.
La deficiente gestión en la lucha contra el dengue, las estrategias poco efectivas para eliminar al zancudo transmisor de esta enfermedad, que permitan controlar el elevado número de contagios, le pasó la factura a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, quien renunció ante la retahíla de críticas a su administración. Durante su periodo se contabilizaron más de 140 mil enfermos y aproximadamente 230 muertos a causa de este mal.
Ahora, esta papa caliente lo ha asumido el médico y militante de Alianza Para el Progreso, César Vásquez Sánchez, quien tendrá que tomar decisiones contundentes de corto plazo, para evitar que este virus siga cobrando más vidas humanas, así como tratar de fortalecer el debilitado sistema de salud pública nacional.
Si bien el Ministerio de Salud (Minsa) es el órgano rector de la salud pública en el país, los gobiernos regionales son los entes operadores a través de las Gerencias Regionales de Salud, en el marco del proceso de descentralización. Es decir, esta instancia de gobierno recibe partidas económicas del nivel central, y le han transferido funciones y competencias para acabar con el histórico centralismo limeño.
Es innegable que la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque reaccionó tardíamente frente a esta enfermedad, no puso en marcha las acciones necesarias de prevención y un efectivo plan comunicacional, para evitar tener el acelerado número de personas contagiadas que hay en la actualidad, sobre todo si consideramos que la región ha tenido un verano inusual con altas temperaturas, lluvias intensas por el ciclón Yaku, que provocaron inundaciones en la ciudad, así como el colapso del sistema de alcantarillado.
No admiten responsabilidades
Pero pese a esta aparente negligencia de las autoridades de salud con poder de decisión, para evitar llegar a estadíos complejos del dengue, así como a la ausencia de planes integrales para fortalecer los centros de salud del primer nivel de atención y promover campañas de fumigación sostenidas para matar al zancudo Aedes Aegypti en sus primeras etapas (de larvas), ningún funcionario regional ha hecho un mea culpa y ha admitido responsabilidades.
Por lo menos la exministra Gutiérrez tuvo las agallas para dar un paso al costado; pero en Lambayeque las autoridades hacen mutis y nadie es capaz de reconocer errores, porque sabe que ello macará su prestigio. Sin embargo, tiene que haber algún tipo de responsabilidad, porque si hubieran hecho las cosas adecuadamente no estaríamos hablando de más de 17 mil personas infectadas y más de 85 muertos que está dejando esta enfermedad.
Incluso, hubo una demora desde el sector Salud en reconocer que ya estábamos en una epidemia, por el alto número de contagios que se venían registrando desde los primeros días de mayo. Se seguía viendo a la enfermedad como si fuera algo endémico, cuando la realidad demostraba lo contrario. Recién cuando la cifra de muertos y enfermos comenzó a subir de manera imparable, admitieron que se había entrado a una epidemia.
Pero a esas alturas, los hospitales del Ministerio de Salud ya estaban colapsados, debido a la gran cantidad de personas que llegaban para recibir atención médica, ante los síntomas que hacían suponer que tenían dengue. Los pacientes eran atendidos en los pasillos y en todo ambiente posible ante la falta de camas y espacios adecuados. No se anticiparon a tomar medidas preventivas para evitar que el dengue rebase la capacidad del Estado y se ponga en peligro la vida de los enfermos.
Se repite la historia
El año 2020, la pandemia de la covid-19 expuso las precariedades del sistema de salud pública y las debilidades del Estado para enfrentar con creces este mal. Dejó en evidencia que el crecimiento económico que había tenido el país en las últimas dos décadas, no fue a la par con el fortalecimiento que debieron tener los establecimientos de Salud en cuanto a infraestructura y equipamiento, con la finalidad de brindar un servicio de calidad a los usuarios.
Dos años y medio después de ese episodio que dejó más de 210 mil fallecidos en Perú, hoy la epidemia del dengue nuevamente ha expuesto la fragilidad del sistema de salud. Si bien la diferencia entre una pandemia y una epidemia son abismales, pero denota que después de la covid-19 es muy poco lo que han hecho los gobiernos Nacional y regionales para vigorizar a los hospitales del Minsa, tanto a los de mayor resolución como a los del primer nivel de atención, para resolver con eficacia escenarios complejos.
La Defensoría del Pueblo de Lambayeque en su momento requirió a la Geresa implementar medidas urgentes ante el incremento de los casos de dengue en la región. Incluso, señaló que ello tendría su origen en la presencia de aguas estancadas en la vía pública en distintos puntos de Chiclayo y otras localidades, como resultado de las fuertes lluvias.
La situación en esta región norteña es de suma preocupación, porque la cantidad de contagios ha crecido de manera vertiginosa hasta alcanzar los más de 17000 casos y hay 81 fallecidos, según el último reporte de la Geresa- 21-06-2023. Esta cifra supera largamente a los registros históricos de los últimos años, donde la cifra no pasaba de los 1600 infectados y las defunciones no superaban los tres, en el peor de los casos.
Ante el colapso de los hospitales, la Gerencia de Salud -de manera reactiva- instaló once Unidades de Vigilancia Clínica en Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, para la atención exclusiva de esta enfermedad. El objetivo era desembalsar a los nosocomios de mayor resolución que estaban atiborrados de pacientes.
¿Dengue cosmopolitan?
Pero la situación podría complicarse más con la circulación de una nueva variante del dengue en Lambayeque. Ello lo alertó el gobernador regional, Jorge Pérez, en el inicio de la mega fumigación contra el zancudo que se realiza en los distritos de La Victoria, José Leonardo Ortiz y Chiclayo.
Pérez señaló que de acuerdo a algunas investigaciones científicas es probable que en la región esté circulando el dengue cosmopolitan, que es una especie nueva que ya hizo una alta mortalidad en la región de Madre de Dios. “Si bien actualmente tenemos el dengue tipo 2, hay una alta probabilidad de que en los próximos años tengamos un cosmopolitan 2 y 3, eso sí sería fatal sino atacamos decididamente al vector transmisor en las campañas de fumigación”, refirió.
En ese sentido, la autoridad invocó a la población a colaborar permitiendo el ingreso de los brigadistas de salud para cumplir con la fumigación y así eliminar a las larvas. “La población debe entender que si de cien casas que visitan, veinte no abren sus puertas, en ese territorio no se habrá eliminado totalmente al zancudo, porque los huevos van salir en 10 días y vamos a tener por todos lados al Aedes Aegypti infectando a más personas”, sentenció.
Por su parte, el titular de la Geresa, Jaime Nombera, aclaró que el zancudo transmisor de la enfermedad no está en las chacras o sembríos, eso se debe descartar. “Este vector vive dentro de las viviendas donde existe acumulación de agua, que generalmente está en depósitos descubiertos, y más el calor hace que se multiplique más rápido”, subrayó.
Para colmo de males …
La Contraloría de la República alertó el riesgo de escasez de reactivos para el diagnóstico viral del dengue en el laboratorio del Hospital Regional de Lambayeque (HRL). “Esta situación representa una amenaza para los pacientes que necesitan acceder a estos reactivos, durante la emergencia sanitaria por el brote de esta enfermedad en varios distritos de Lambayeque”.
Según el informe N° 023-2023-OCI/0633-SOO, existe un stock mínimo de cuatro kits de reactivo IGM y tres kits de reactivo NS1 en todo el hospital (cada kit produce en promedio 47 muestras).
Señala que el Departamento de Apoyo y Diagnóstico ha solicitado los reactivos necesarios a la Oficina de Administración para hacer frente a la situación; sin embargo, la adquisición está retrasada por falta de asignación presupuestal, pese a las disposiciones establecidas y a la declaración de estado de emergencia por parte del Gobierno Central.
La Contraloría también alertó sobre los riesgos en el tratamiento y la atención de los pacientes, debido a la falta de ambientes adecuados en el área de emergencia. “Se han registrado casos confirmados de dengue y otras patologías en los pasadizos de esta área, lo que ha llevado a una saturación del lugar. Se constató que la sala de espera y admisión fueron adaptadas para recibir a pacientes con casos graves de dengue, y las 10 camillas disponibles con mosquiteros y hojas de monitoreo resultan insuficientes”.
Además, se observó que otros pacientes con dengue están ubicados en camillas en los pasadizos del área de emergencia, compartiendo el espacio con pacientes de otras enfermedades debido a la falta de un espacio exclusivo. Lamentablemente, dichas camillas no cuentan con mosquiteros ni otras medidas de seguridad.
Como decía César Vallejo en su poema “Los nueve monstruos”: Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal. ¿Qué hacer? ¡Ah! desgraciadamente, hombres humanos, hay hermanos, muchísimo que hacer.
El 18 de abril pasado, el Tribunal Constitucional declaró improcedente recurso de aclaración presentado por Homero Gonzalo Duárez Sáenz, expareja de María del Carmen Requejo Chanamé, quien fue asesinada en enero del 2011.
Después de 12 años con seis meses de dura batalla legal, ante constantes dilaciones así como recursos presentados por Duárez Sáenz, el Tribunal Constitucional abre una luz en el camino de la justicia al cruel asesinato de la joven María del Carmen Requejo Chanamé, ocurrido el 6 de enero del año 2011; y, su o sus asesinos paguen con cárcel el horrendo crimen que perpetraron en el interior de la vivienda ubicada en la cuadra cero de la calle Manuel María Ízaga, frente al Hospital de Sanidad de la Policía Nacional.
Decisión del TC
Conforme a lo detallado por la defensa técnica de la extinta María del Carmen Requejo Chanamé, por tercera vez, los tribunos que integran el Tribunal Constitucional desestimaron los recursos presentados por Homero Gonzalo Duárez Sáenz, con el único objetivo de evitar que sea nuevamente procesado al ser el principal sospechoso del horrendo crimen de su expareja.
Homero Duárez recurrió al Tribunal Constitucional para encontrar respaldo legal y evitar que se ejecute el proceso de amparo presentado por el padre de la víctima, Walter Requejo Quiroz. Sin embargo, en dos ocasiones el máximo ente de interpretación del derecho declaró nula las resoluciones de primera y segunda instancia, las que favorecían a Duárez Sáenz.
No contento con ello, el 10 de septiembre del 2021, Homero Duárez recurrió nuevamente al Tribunal Constitucional para solicitar aclaración sobre lo que ya se había fallado y que no le favorecía. Sin embargo, los tribunos han resuelto en auto del 18 de abril del 2023 y notificado el día 6 de junio pasado, que lo peticionado por Homero Duárez: “carece de objeto que continue solicitando en esta instancia su incorporación al amparo, toda vez que el Tribunal ha devuelto la competencia al órgano jurisdiccional de primera instancia”; es decir, la situación jurídica de Homero Duárez será revisada nuevamente por el Poder Judicial.
Espera de justicia
Han pasado 12 años desde que se le arrebató la vida cruelmente a María del Carmen Requejo Chanamé, una joven madre de 28 años, que se había graduado como economista. Desde ese momento, Walter Requejo Quiroz, padre de la víctima, lucha incansablemente por justicia.
Homero Duárez declaró ante las autoridades judiciales que se trató de un robo, seguido de un asesinato. No obstante, el progenitor de la occisa considera que existen los medios probatorios suficientes para determinar que se trató de un feminicidio.
Según Walter Requejo, a lo largo del proceso la fiscalía encontró diversos obstáculos a pesar de señalar a Suárez Dáenz como el principal sospechoso. Incluso, indica que no se habían valorado muchas pruebas. "Mi única hija murió cruelmente y aunque al principio quisieron indicar que fue atacada por delincuentes, no se halló ningún indicio de ello”, sostuvo.
En el 2015, el mismo año que Homero Duárez quedó libre de imputaciones. Walter Requejo presentó un recurso de agravio ante el Tribunal Constitucional, ente que hace poco ha dispuesto dar trámite a la demanda de amparo contra el empresario; es decir, su situación jurídica volverá a ser revisada por el Poder Judicial. “El padre de mi nieto presentó tres recursos de aclaración ante el máximo órgano de interpretación del derecho, pero han sido desestimados. Me llena de esperanza saber que las investigaciones continuarán y le pido a mi Dios que esta vez la verdad salga a la luz”, refirió.
Actualmente, el Ministerio Público de Lambayeque tiene en su poder cinco denuncias presentadas hace más de un año contra los exadministradores de la Empresa Agroindustrial Tumán, por delitos que van desde crimen organizado hasta lavado de activos. Sin embargo, los fiscales han entrado en una suerte de “ruleteo” al pasar y derivarse las carpetas, pretendiendo acumular casos que no se relacionan entre sí, dilatando plazos, con el riesgo de que los delitos prescriban.
De las cinco carpetas fiscales, cuatro están en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – FECOR, y una en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Estas carpetas datan de los años 2021 y 2022.
Primera carpeta
La primera Carpeta Fiscal es la 18-2018, que es la que tiene mayor avance, al haber pasado a la etapa de formalización de la investigación preparatoria, a cargo del fiscal José Jaramillo Cubas. Esta se encuentra bajo revisión del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.
“En dicha carpeta fiscal están denunciados los señores César Sandoval Lozada, Paquita Pérez Vásquez, Euler Zuñe Montalvo, Alex Neira Guerrero y Helen Gonzales Sánchez, esto por la gestión que desempeñaron en la empresa Tumán como parte de una administración judicial en el año 2015, cuando se inició el proceso de crisis en la azucarera”, explica el abogado Gilberto Carrasco Lucero.
En letrado señala que contra los denunciados se imputa el delito de organización criminal, toda vez que habrían incurrido en una serie de actos que afectaron directamente a la empresa, como la extracción de dinero y el reconocimiento de presuntas deudas y acreencias. “Estos hechos fueron denunciados y motivó que el Ministerio Público asuma la tesis que la denuncia tiene sustento, por lo procedió a formalizar la investigación preparatoria”, refiere.
Segunda Carpeta
La segunda carpeta es la 2016-2021, en la que se denuncia a Marcelino Llontop Suyón, Diomedes Bocanegra Irigoín, Jorge Paredes Delgado, Fernando O’phelan Pérez, Sergio Gavilán Montesinos y otras personas más (un total de 32 imputados), por los delitos de lavado de activos, organización criminal, usurpación agravada y hurto agravado.
“Los hechos se remontan al 2015, cuando encabezados por Marcelino Llontop tomaron el control de facto de la Empresa Agroindustrial Tumán sin tener ningún cargo ni responsabilidad delegada, asumiendo la conducción de la azucarera desde marzo de ese año hasta septiembre, cuando recién logran obtener una administración judicial de un juzgado de José Leonardo Ortiz. En ese lapso, entre marzo y septiembre, se produjo fuga de capitales e incluso se comenzó a pagar a terceros con bolsas de azúcar por montos que superaban las supuestas prestaciones. Es decir, se pagó por servicios no realizados, principalmente de asesoramiento, por personas que no tenían ni la preparación ni la idoneidad para ser asesores o brindar algún servicio profesional a la empresa”, comenta el abogado.
Carrasco Lucero refiere que dicho caso se conoce como “Los incas del azúcar”, cuya investigación está en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de la fiscal Karin Ninaquispe Gil.
“La denuncia fue presentada el 13 de mayo del 2021 y comprende al período de administración judicial que se instaló en la empresa desde el 12 de septiembre del 2015 al 15 de septiembre del 2016. Recién el 21 de septiembre del 2021 se abrió la investigación, estableciéndose un plazo de ocho meses. Sin embargo, han pasado 20 meses desde la denuncia y hasta el momento no hay mayor avance de la fiscalía. La fiscal no se ha pronunciado si archiva la denuncia o formaliza la investigación preparatoria”, expone el abogado, señalando que con la evidencia recabada existen los elementos de convicción suficientes para que se formalice la investigación.
Tercera carpeta
La tercera carpeta es la 7-2022, que obra en la FECOR Lambayeque. La denuncia se presentó el 1 de diciembre del 2021 y estuvo inicialmente a cargo del fiscal Rodolfo Albújar Álvarez, estando comprendidos Leoncio Egúsquiza Sánchez y otros por el delito de organización criminal.
“Aquí se exponen actos irregulares e ilícitos que se cometieron durante su período de administración del 16 de septiembre al 31 de octubre del 2016. En este caso el fiscal Rodolfo Albújar, el 12 de septiembre del año pasado emitió una disposición declarando complejo el caso y estableciendo un tiempo de investigación de ocho meses. El 5 de diciembre el caso pasó a otro fiscal, habiendo transcurrido en exceso el plazo, sin que existan actos de investigación realizados por el fiscal a cargo. Esta carpeta lleva casi seis meses sin que se programe ningún acto de investigación”, manifiesta.
El 13 de junio de este año, el fiscal Rodolfo Albújar derivó la carpeta al fiscal José Luis Jaramillo Cubas para que la acumule a la Carpeta 18-2018, en la que se investiga a César Sandoval y otros, la misma que se encuentra formalizada, es decir, más avanzada.
“Sin embargo, no existe conexión entre las personas y los hechos denunciados en ambas carpetas, por lo que no debería acumularse, sino seguir cada una su curso. Se pretende acumular carpetas que están en etapas procesales distintas, lo que va a acarrear retrasos en su tramitación”, explica Gilberto Carrasco.
Cuarta carpeta
Similar situación es la que se tiene en la cuarta carpeta fiscal 20-2022, que también estuvo a cargo del fiscal Rodolfo Albújar. La denuncia que dio nacimiento a la carpeta fue presentada el 8 de abril del año pasado contra Daniel Riojas Sánchez, Martín Martínez Valdiviezo y Salatiel Marrufo Valcárcel, por hechos sucedidos en la administración judicial comprendida desde el 21 de marzo del 2017 al 24 de septiembre del 2017 y del 13 de octubre del 2017 al 30 de enero del 2018.
“Se ha denunciado ahí el delito de organización criminal, estafa agravada, hurto agravado, fraude en la administración de personas jurídicas, apropiación ilícita y lavado de activos. Esta investigación, que inicialmente estuvo a cargo del doctor Rodolfo Albújar, también ha sido enviada al despacho del fiscal Jaramillo Cubas, para ser acumulada en la carpeta18-2018, pese a que tampoco existe conexión entre los hechos ni las personas. Esto va a generar que el fiscal que ha recibido la carpeta la devuelva al fiscal de origen y en ese lapso no se realice ninguna investigación”, acota.
Manifiesta que el 28 de octubre del año pasado se emitió la Disposición 1 de dicha carpeta, estableciendo un plazo de cuatro meses para la investigación preliminar. “Es decir, se inició la investigación después de más de seis meses de presentada la denuncia, pues la denuncia se presentó en abril del año pasado y se inició la investigación en octubre. Ha pasado más de un año y no hay ningún acto de investigación por parte del Ministerio Público”, señala.
Quinta carpeta
La quinta carpeta es la 34-2022, también obrante en FECOR, siendo derivada por el fiscal Albújar Álvarez al fiscal Jaramillo Cubas, estando comprendidos Erick Benavides y otros.
“La prescripción de alguno de los delitos podría ocurrir. Sin embargo, lo que yo percibo es la falta de interés del Ministerio Público, a través de los fiscales que están a cargo de las investigaciones, para determinar la existencia de los delitos y llegar al fondo de la verdad. Eso de ir y venir de una fiscalía a otra, querer desprenderse de una investigación, acarrea perjuicio para las partes. Ha transcurrido más de un año de presentadas las denuncias y no hay un acto de investigación que permita distinguir que hay voluntad de investigar y conseguir sanción”, advierte.
Gilberto Carrasco menciona que el fiscal Rodolfo Albújar no ha mostrado disposición de atender a los representantes de los trabajadores de la azucarera, quienes exigen celeridad y resultados en el procedimiento del Ministerio Público, en tanto desde la Presidencia de la Junta de Fiscales de Lambayeque solo han recibido el ofrecimiento de consultar sobre el porqué de la demora en la tramitación de las carpetas, sin que haya resultado concreto.
