Después de cinco años de una intensa batalla legal contra enemigos del Colegio de Periodistas del Perú-CPP, la justicia ha terminado por archivar tres procesos penales seguidos a 22 dirigentes del CPP y del Colegio de Periodistas región Lima, que se habían abierto en cinco fiscalías de la capital de la República.
Las demandas planteadas comprendían los presuntos delitos contra la fe pública, falsedad ideológica, contra la tranquilidad pública, organización criminal, malversación de fondos, lavado de activo y pérdida de dominio; todas, por supuesto, infundadas y descabelladas.
Los colegas dirigentes fueron querellados falsamente en el ejercicio de sus funciones como directivos, por difamadores profesionales que se cobijan en la propia institución y sus cómplices que operan en pasquines y libelos de la capital del país. “Es una hora de regocijo para la paz, tranquilidad y el derecho al buen nombre de los dirigentes de nuestro glorioso CPP”, comentó Ricardo Burgos Rojas, decano nacional; a la vez que remarcó el agradecimiento al Colegio de Periodistas de Lima, titular de la defensa institucional de los colegas y la acertada defensa del abogado Daniel Bolaños Galindo.
Burgos Rojas recordó que su gestión en el CPP está librando, hace un buen tiempo, incluso desde su periodo como decano de Lima, una batalla legal contra enemigos de la Orden y difamadores a través de pasquines. Luis Ubaldo Llumpo Chapoñan, entabló esas tres denuncias fiscales. “Por supuesto, todas las acusaciones son falsas y arbitrarias, pero amarraron a casos judiciales que perjudican la imagen y honor de los querellados”.
Hasta mayo último, dos de estos procesos: peculado, malversación y organización criminal, entre otras perlas, ya habían sido archivadas definitivamente. Este último sábado 10, se dio a conocer el archivamiento de un tercer y último proceso por lavado de activos que involucraba a unos siete miembros de la Orden.
Los casos
El primer caso, seguido inicialmente ante la 54° Fiscalía Provincial de Lima y finalmente en la Segunda Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María 5° Despacho, fue por el supuesto delito contra la fe pública, falsedad Ideológica y contra la tranquilidad pública -organización criminal-, cuyas resoluciones finales de archivamiento se dieron en mayo de este año.
El segundo caso, seguido ante la 2° Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima y finalmente en la Segunda Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, Quinto Despacho, fue por el supuesto delito contra la administración pública, malversación de fondos, cuyas resoluciones finales de archivamiento, incluyendo la de la 4° Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, también fue archivada el último mayo.
Un tercer caso, seguido ante la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, fue por el supuesto delito de lavado de activos y obtuvo la resolución final de archivamiento definitivo este mes de junio.
Las reacciones
“¡Es una gran noticia!”, expresó el decano del Colegio de Lima, Luis Tipacti, tras reconocer, agradecer y felicitar al decano nacional, Ricardo Burgos y al abogado Daniel Bolaños, por el esfuerzo, dedicación, entrega y mucho interés que le pusieron desde el primer día. “Como decano de Lima he sido testigo del actuar de ambos. Esto, sin embargo, que nos sirva de lección para impedir que (tipos como los denunciantes), sigan en la Orden Profesional que tienen como único objetivo hacer daño a personas honestas y transparentes”.
Tipacti señaló que el Colegio de Periodistas de Lima, durante su gestión como decano, decidió por unanimidad de su consejo directivo y como debe ser, patrocinar la defensa institucional de los dirigentes Max Obregón Rossi, José García Sosaya, Lena Margot Reátegui, Guiliana Agurto Tassara, Benito Portocarrero Grados, César Campos Rodríguez, Víctor Larcery Díaz Suárez, Róger Reyna Cárdenas, Lizzet Paz Quispe, Carlos Cuaresma Sánchez, Daniel Cumpa León, Harry Horacio Rengifo García, Carolina Cámac Aramburú, Dante Zegarra Salazar, Luis Alberto Escalante Rodríguez, Rosa Reyna Peláez, Efraín Pozo Sosa, Luis Grados Trinidad, Giuliana Bernaola Villanueva, Gloria Pineda Loayza, Ana Cecilia del Castillo Leandro y Ricardo Burgos Rojas.
“En tiempos que los enemigos de la libertad de prensa buscan infructuosamente afectar el derecho de la sociedad a ser informados, es meritorio comprobar que la justicia, actuando de acuerdo a ley, ha archivado estas absurdas denuncias presentadas por suplantadores externos de nuestra profesión y los propios ‘topos’ que se cobijan en nuestra institución", terminó reflexionando el decano nacional Ricardo Burgos.
Por su parte, Max Obregón Rossi, dos veces decano nacional del Colegio de Periodistas del Perú, expresó su agradecimiento al decano nacional, Ricardo Burgos, por la decisión de asumir la defensa de los directivos del CPP hasta esta coronación exitosa y, al mismo tiempo, al doctor Daniel Bolaños quien, con su experiencia, dedicación y conocimientos, hizo posible esta buena noticia.
“Fueron cinco años de molestias generadas por un miembro de la orden que se valió de periodistas mermeleros y no colegiados (de pasquines de Lima Norte) para entablar este juicio… y todo porque desde la gestión que llevé adelante mantuvimos a raya a tantos indeseables en la Orden”, manifestó.
Finalmente, agradeció a cada uno de los dirigentes que lo acompañaron en las administraciones del CPP y que se vieron involucrados en estos años amargos. Sin su confianza, fe y deseos de una orden profesional honesta no estaríamos celebrando hoy”, remarcó Obregón.
Otros exdirectivos nacionales del Colegio de Periodistas también se pronunciaron, recordando que se reconstruyó una Orden profesional venida a menos, dándosele dignidad y credibilidad y por ello fueron enjuiciados por impresentables que quisieron empañar su trayectoria profesional. “Lamentablemente, ese fue el precio que debimos pagar por enfrentar a los mermeleros y que algunos usaron porque se les cortó su presencia en el antiguo CPP”, precisaron.
La Asociación de Pensionistas DL 20530 de la sede del Gobierno Regional de Lambayeque - ASPEN, se ha dirigido al gobernador Jorge Pérez Flores, titular de esa repartición, planteándole se les pague una deuda que la institución les debe por el periodo de mayo a diciembre de 2016 y que supera los 856 mil soles.
En documento dirigido al responsable de la oficina regional de Planeamiento, Planificación y Acondicionamiento Territorial del GORE, Ángel Giovanny Cisneros Fernández, el presidente de la ASPEN, Fernando Piccisini Navarro, le hace recordar que con oficio 0731-2021-GR-LAMB/OERH, la oficina de Recursos Humanos de esa repartición le solicita “gestionar un mayor presupuesto por el importe de 856,104.00 soles, cuya finalidad es financiar el saldo del proceso de nivelación (51 %), no atendido y correspondiente al periodo mayo-diciembre del 2016,; tal como está registrada dicha deuda en la oficina de Recursos Humanos y de esta manera evitar el incremento de los intereses legales que a la fecha ya viene ocurriendo”.
Piccini refirió al respecto que en el transcurso de estos años las diferentes autoridades del Gobierno Regional de Lambayeque han venido cumpliendo con la sentencia emitida por el Sétimo Juzgado Especializado Civil, habiéndose suscrito acuerdos que garanticen dicho cumplimiento; pero aún estando pendiente de atención solamente 8.25 cuotas mensuales correspondientes al periodo indicado.
Exigen cumplimiento
En este contexto, se le pide a Planificación del GORE dar trámite a lo planteado por Recursos Humanos y se solicite al Ministerio de Economía y Finanzas el monto requerido, por cuanto desde el 2017 se viene atendiendo la nivelación de los pensionistas extrabajadores de la sede del GORE.
Caso contrario, indican, se debe atender esta solicitud con los saldos de libre disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal 2022, tal como lo manifiesta el art. 73°del Decreto Legislativo 1440 del 15 de setiembre del 2018, en el sentido que el pago de las sentencias judiciales se efectúe con cargo al presupuesto institucional de las entidades del Estado, señalando asimismo el procedimiento de atención utilizado para tal fin los saldos de libre disponibilidad existentes de acuerdo a la proyección de la ejecución presupuestal al cierre del ejercicio fiscal.
Piccini reveló que los solicitantes son extrabajadores del GORE que acusan con más de 70 años de edad y sus derechos de atención tienen la condición de preferente y prioritario de acuerdo a la Ley 30490, "Ley de la Persona Adulto Mayor", que otorga protección y seguridad física, económica y social a la persona Adulto Mayor, por lo que solicitan atender lo planteado de inmediato.
De acuerdo a la Resolución Ejecutiva Regional N° 0000333-2023-GR.LAMB, de fecha 30 de mayo de 2023, emitida por el gobernador Jorge Pérez Flores, se ha resuelto declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección convocado para la Ejecución de la obra: “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de las calles del Sector Miraflores en el distrito de Zaña”, proyecto de inversión que cuenta con un presupuesto que supera los nueve millones de soles, el cual, pese al tiempo transcurrido aún no puede iniciarse.
La primera razón para la nulidad del proceso que fue convocado el 14 de marzo de 2023, se circunscribe al Informe N° 000015-2023-GR. LAMB/GRIN-DEAT, emitido por el Especialista en Pavimentos, ingeniero Celso Gianpiero Rojas Villalobos, quien al efectuar el análisis con respecto a las observaciones planteadas por los postores en el proceso Licitación Pública N° 3.2023-GR.LAMB, recomienda modificar el Expediente Técnico incluyendo lo indicado por los postores, debido a que las observaciones planteadas tienen implicancia directa tanto en la calidad como en el tiempo de ejecución de obra.
Asimismo, teniendo en cuenta también lo indicado por el consultor de obra, se debe considerar todo aquello que permita mejorar el expediente técnico y la ejecución del mismo, poniendo en realce dicho informe que las modificaciones al Expediente Técnico involucrarán cambios en el valor referencial de obra, por lo que recomienda retrotraer dicho proceso de selección con la finalidad de realizar el proyecto con calidad y así evitar posibles paralizaciones de obra y adicionales.
El informe técnico
Mediante el Informe Técnico N° 00004-2023-GR.LAMB/GRIN, de fecha 19 de abril de 2023, el gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Lambayeque concluye que el Expediente Técnico en cuestión, elaborado para la ejecución de dicha obra, debe ser devuelto a la Municipalidad Distrital de Zaña, que fue la encargada de la elaboración del mismo, con la finalidad de que realice la subsanación de las observaciones advertidas por el consultor, razón por la cual recomienda que el proceso de selección sea retrotraído a la etapa de los actos preparatorios, por cuanto el mismo estaría sujeto a un sustancial incremento presupuestal.
La deficiente subsanación
Respecto al informe emitido por el Especialista en Pavimentos, este cuestiona una serie de aspectos técnicos, pero a la vez la resolución aludida hace mención que al revisar los antecedentes y la absolución de consultas por parte del consultor de obra,ingeniero Miguel Íncio Flores, se ha podido verificar que se han realizado observaciones a la parte administrativa, tales como: mecanismos contractuales, consideraciones al procedimiento de aplicación de penalidades, entre otros.
Asimismo, el cuerpo resolutivo detalla en extenso en su parte considerativa, haciendo mención la existencia de observaciones respecto a la falta de material aparente de relleno básico para obtener una capacidad óptima de soporte. A pesar de que el consultor indica que el costo considerado es por el total, además de que el costo por metro cuadrado de dicho material se aleja del precio del mercado actual.
La observación más importante
Igualmente, se observa – lo refiere la resolución – las cotizaciones de la mezcla asfáltica y del asfalto diluido MC-30, las cuales se toman de una carta supuestamente emitida por la empresa cotizadora, sirviendo de referencia para la elaboración del Expediente Técnico, la misma que será falsa. Verificando el monto de la mezcla asfáltica (S/ 480) y del asfalto diluido (S/ 8.00), estos montos no corresponden ni siquiera al año 2022, debiendo ser reconsiderados, refiere la fundamentación de la resolución.
En iguales condiciones, se advierte otras observaciones que deberían ser tomadas en cuenta ante una reformulación del Expediente Técnico, como son: retirar el tractor de tiro en la partida de imprimación, reformulación de los gastos generales, considerando los ensayos de calidad correspondientes, separar el monto asignado para la liquidación y el tiempo de los profesionales durante la ejecución de obra.
El objetivo de ejecutar dicha obra, deviene del Convenio N° 00045-2022-GR.LAMB/GR, de fecha 26 de agosto de 2022, celebrado entre el Gobierno Regional de Lambayeque y la Municipalidad Distrital de Zaña para la ejecución del proyecto, considerando en el mismo el financiamiento de la ejecución de la obra de competencia municipal, en concordancia con establecido en el artículo 45° de la Ley de Bases de la Descentralización y por el artículo 76° de la Ley Orgánica de Municipalidades, por lo que bajo estos elementos normativos se encargaron las responsabilidades que cada una de las partes tenían que asumir, incluso el procedimiento de selección para contratar al ejecutor de la obra, que en este caso corresponde al ente regional.
Juan Cadillo León fue el primer ministro de Educación del gobierno del expresidente Pedro Castillo, pero sólo duró un poco más de dos meses. El 2015 obtuvo las Palmas Magisteriales, y en 2017 fue considerado uno de los 50 mejores maestros del mundo, según The Global Teacher Prize. Así es que tiene toda la autoridad moral para hablar de las falencias y necesidades que acarrean al sector Educación.
En entrevista con Expresión, señaló que es clave establecer un conjunto de metas que se deben ir trabajando en el tiempo, las cuales tienen que ser certificadas para no variarlas; pero lamentablemente los cambios permanentes de ministros no permiten cumplir con objetivos a mediano y largo plazo en beneficio del sector.
Refirió que cada ministro trae un conjunto de ideas totalmente distintas, y por lo tanto la continuidad de cualquier proceso se corta rápidamente. “En el gobierno de la presidenta Dina Boluarte se han cambiado a tres ministros de Educación, entonces la continuidad no puede ser sostenida”, sentenció.
Aunque valgan verdades, en el régimen de Castillo la poca continuidad de los funcionarios fue una de sus mayores debilidades (a Cadillo le sucedieron Carlos Gallardo y Rosendo Serna), pues en solo un año nombró a 59 ministros, generando inestabilidad política e incertidumbre, lo que se tradujo en una mala señal para las inversiones.
Exigencia de condiciones mínimas
Cadillo León declaró que en el sector Educación tiene que haber un plan mínimo que se tiene que cumplir, que es una cuestión de responsabilidad más social; es decir, se necesita a toda la sociedad comprometida con la educación, de tal manera que haya una exigencia de esas condiciones mínimas.
“Si esto no se da, cualquier ministro tendrá buenas intenciones, pero rápidamente se cortará por el breve tiempo que le toca estar. No es cosa de uno o dos años, tenemos que tener una sostenibilidad de unos diez años para lograr algún tipo de cambio”, subrayó.
Asimismo, explicó que lo que falta es llegar a acuerdos; o sea, ceder determinadas cosas y asumir otras; pero lamentablemente el factor político no permite establecer esos acuerdos mínimos, porque tenemos un Congreso desprestigiado y hay cambios muy rápidos de ministros que no permiten dar sostenibilidad a algunos ejes claves.
“Esto nos abre una enorme dificultad que al final lo pagan los estudiantes. En ese sentido, es importante lo que planteamos: la formación de unos acuerdos mínimos que se haga través de algún tipo de estrategia, que se puedan sostener en el tiempo, como el tema de la infraestructura, qué tipo de sistema constructivo tenemos y cómo le vamos a dar solución”, aseveró.
Aplicar sistema informático
Al ser consultado sobre la posibilidad de que las acciones que desarrolla hoy en día el PRONIED - Ministerio de Educación (Minedu)-, sean absorbidas por el anunciado Ministerio de Infraestructura, Juan Cadillo señaló que podría ser una estrategia, aunque no necesariamente la mejor.
“Recuerde que el gasto no solo está dentro del propio Minedu, sino que los expedientes inician en las municipalidades y los gobiernos regionales, entonces nosotros tenemos que ver cómo trabajamos y organizamos esos tres niveles. No es solo cuestión de sacar un órgano externo pensando que con ello se va a solucionar todo”, puntualizó.
Añadió que la forma en que se trabaja en el Minedu tiene que ser mucho más expeditivo, y a la vez estar regulado por sistemas informáticos; es decir, que ayuden a la actualización de determinados expedientes, porque cuando pasa dos años tienen que actualizarse y eso demanda la elaboración de uno nuevo, y muchas municipalidades que han invertido 50, 80 o 100 mil soles, no tienen los recursos para ello.
“Entonces eso se podría sanear rápidamente con un sistema informático, donde haya una base de datos que jale esos elementos y el expediente quede totalmente actualizado. Es obvio que hay que darle una mirada humana para que algún elemento no se haya perdido; pero es inconcebible que dentro de dos años se tenga que hacer otro expediente para actualizar los tiempos”, estimó.
Ética del servidor público
Del mismo, precisó que se tiene que apelar a la ética del servidor, pues en muchos lugares se ha construido buena infraestructura educativa; pero sin demanda. “Por cuestiones políticas se saltan los espacios de ir al gobierno regional para conseguir la aprobación y van directo al Minedu u otra institución. Ese elemento ético tiene que respetarse, porque hay un conjunto de prioridades”, manifestó.
Cadillo León indicó que otro aspecto es la parte de cómo se hacen los contratos, que tiene que ver con los contratistas, a quienes muchas veces se les da un adelanto y no lo ejecutan, y encima no hay ningún mecanismo de reversión, entonces hay que ser cuidadosos con los mecanismos de contratación.
En cuanto al presupuesto por mantenimiento que se entrega a los colegios, detalló que previamente se debe hacer un diagnóstico de la institución educativa para saber qué es lo que necesita. “Por lo general hay una estandarización, pero a veces hay colegios que necesitan menos y se les da más por el hecho de tener más aulas, y después tergiversan ese dinero al tratar de usarlo de otra forma. En cambio, otros planteles con más necesidades reciben mucho menos, se necesita una priorización y apelar al componente de la tecnología”.
El exministro de Educación se refirió también al tema de los vouchers educativos, señalando que es un modelo que se está intentando traer desde afuera, pero no existe evidencia científica de que realmente funciona.
En Chile, por ejemplo, agregó, no ha funcionado adecuadamente y en vez de ayudar, al final terminan pagando más, porque hay un sentido lucrativo que es algo que se quiere evitar, se elevan las pensiones y al final afecta no solo a las personas que reciben este subsidio, sino también a los otros, porque termina encareciendo la educación. Hay que ser muy cuidadosos con este tipo de propuestas.
Fortalecer educación pública
Juan Cadillo reiteró que la educación privada no necesariamente es mejor que la educación pública, pues existe una educación privada de muy mala calidad. Si bien hay un grupo muy pequeño de colegios altamente tecnologizados, con infraestructura adecuada, con maestros que ganan mucho más, con aspectos de innovación y de mejora; hay otro grupo de colegios que son de subsistencia.
“Entonces cuando se ve estos elementos y se remite a los datos de lo que pasa en otros países, no existe una diferencia de lo que se podría lograr (vouchers); por lo tanto, se estaría gastando dinero que no se tiene. La apuesta debería se tener una mejor educación pública y eso demanda consensos, porque si seguimos quitándole recursos a la educación pública para orientarla a la educación privada, que lo único que se hace es favorecer a un grupo de escuelas y algún tipo de interés económico”, sentenció.
Refirió que la apuesta es por una mejor educación pública y eso implica innovación, nuevas formas de gestión, porque si se utilizan las mismas cosas que no han funcionado, los mismos programas, entonces no se avanza.
Lo otro es la formación, la capacitación de los maestros, durante años se ha utilizado respuestas para capacitar, pero no se observan resultados diferentes, entonces se tiene que replantear, esa es una revisión de diferentes tipos de políticas y se da a nivel de la formación de los maestros, de la infraestructura, de las evaluaciones.
Se necesita un sentido más crítico de analizar y proponer soluciones que sean duraderas en el tiempo, no simples parches. “La educación tiene que dar posibilidades a todos, que sea accesible, equitativa y ello implica invertir más. Pero también se tiene que castigar a aquellos que malgastan el erario nacional, se prestan a la corrupción, entonces allí se requiere implementar sistemas informáticos y aplicar la ética en los servidores públicos”.
¡No a la municipalización!
Respecto a la posibilidad de municipalizar la educación, Cadillo León puntualizó que quien orienta la política educativa es el Minedu, el cual no debe permitir que las municipalidades se entrometan en las actividades educativas.
Por lo tanto, si se respetan esas políticas no habría problema. Lo que sí pueden hacer las comunas es mejorar infraestructura, la capacitación y formación de los maestros u otro tipo de intervenciones que mejoren los espacios educativos en su zona geográfica.
Desde que estalló el conflicto por el control de la Empresa Agroindustrial Tumán, los más afectados han sido los trabajadores y sus familias, quienes, en parte, propiciaron la salida de la administración judicial que en el 2015 tenía la conducción de la azucarera, a cargo de Segundo Ordinola Zapata, con el respaldo del Grupo Oviedo, como socio inversionista.
Nueve años antes, Tumán había iniciado un franco proceso de recuperación productiva, económica y social. En el 2005, la empresa se encontraba prácticamente quebrada, con una deuda de más de 254 millones de soles, sueldos impagos, campos sin cultivar y la fábrica sin operar.
Con la gestión de Ordinola Zapata, el V directorio, como órgano de gobierno y el Grupo Oviedo como inversionista, la azucarera logró despegar, al punto que entre los años 2010 y 2012 tuvo utilidades, llegando a distribuir nueve millones de soles entre sus trabajadores.
Los sueldos se pagaban de manera puntual, al igual que los demás beneficios laborales; los trabajadores recibían tres bolsas de azúcar al año; funcionaban los programas de responsabilidad social como la Academia Pre Universitaria, había siete mil hectáreas sembradas y la fábrica llegó a producir 10 mil bolsas de azúcar diarias.
Crisis empresarial
Sin embargo, la ambición de grupos liderados por los mismos personajes que antes habían llevado a Tumán a una situación de quiebra, forzó la salida de la administración de Ordinola Zapata y el Grupo Oviedo, iniciándose un período de caos y anarquía del que hasta el momento no se recupera la empresa.
“Tumán atraviesa una crisis agobiante, un camino sin salida, después de ser una de las mejores empresas azucareras del norte del país. A principios del 2015 se empezó a destruir todo lo avanzado. Hoy, Tumán es un desastre y aquí debemos decir que los culpables de toda esta situación somos todos los trabajadores, porque dimos pie a lo que no debió suceder, al escuchar a gente inexperta, aprovechada y oportunistas que lo único que han hecho es saquear nuestra empresa”, señala Vicente Castillo Nicolás, dirigente de los trabajadores.
Tras la salida de la administración de Segundo Ordinola y el Grupo Oviedo, se instaló la administración de Marcelino Llontop Suyón, impulsada por personajes como Fernando O’phelan Pérez y otros. Dicha administración fue designada por el Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz, a cargo del juez Erick Pérez Alquizar, quien luego fue suspendido por el Órgano de Control de la Magistratura – OCMA.
A esta administración le sucedieron la de Leoncio Egúsquiza, César Sandoval y Daniel Rioja, siendo la última la de Erick Benavides, designada en el 2019.
“Después de 36 meses en los que todo era pérdida en Tumán, con la administración de Segundo Ordinola se había logrado un momento de éxito para la empresa y todo se vino abajo cuando los oportunistas tomaron por asalto la empresa. Fueron los enemigos de Tumán los que prepararon todo el estallido del 2015, cuando la empresa se encontraba en la parada de fábrica por mantenimiento y dijeron que la administración la estaba desmantelando, y porque hubo un retraso de siete días en el pago de sueldos, algo que no se compara con lo que actualmente sucede en la empresa”, menciona.
Añade que los trabajadores se han visto forzados a buscar otro tipo de ingresos, algunos en las agroexportadoras ubicadas en Motupe y Olmos, mientras que mil 900 han optado por la jubilación para recibir la pensión de la Oficina de Normalización Previsional – ONP, pero sin haber recibido ningún pago como parte de la Compensación por Tiempo de Servicios – CTS de la empresa.
Deudas y pérdidas
Actualmente la deuda de la azucarera supera los mil 300 millones de soles, entre compromisos laborales, a terceros, la ONP, AFP y EsSalud, además de tributos municipales no cumplidos.
A ello se suma que las administraciones judiciales del 2015 a la fecha habrían ocasionado un perjuicio económico a la empresa que supera los 200 millones de soles.
De acuerdo a un estudio contable encargado por la Asociación de Defensa y Asesoría de Accionistas y Trabajadores Activos, Jubilados, Viudas y Herederos de la Empresa Agroindustrial de Tumán, S.A.A., la gestión de Marcelino Llontop Suyón habría ocasionado un daño de cuatro millones 358 mil 858 soles.
Asimismo, la administración de Leoncio Egúsquiza y Alejandro Zevallos, el perjuicio ascendería a tres millones 633 mil 796 soles; en el período de César Sandoval Lozada, 74 millones 19 mil 772 soles; en la gestión de Daniel Rioja Sánchez, 34 millones 578 mil 317 soles, en la administración de hecho de Leoncio Egúsquiza la suma de 18 millones 486 mil 547 soles y en la de Erick Benavides, el perjuicio económico habría llegado a 29 millones 245 mil 76 soles; lo que representaría la falta de rendición de 200 millones 322 mil 366 soles.
“La empresa necesita no menos de 100 millones de soles para volver a flote. En estos momentos no hay nadie que se haga responsable de Tumán. Un grupo, liderado por Leoncio Egúsquiza, tiene posesión de parte de la fábrica y la administración, otro grupo está en el Club Tumán y dice que sabe cómo recuperar la empresa, hay más de 700 hectáreas invadidas y lo único que se están dedicando es a depredar lo poco que queda, venden incluso la caña sembrada en el 2014 porque no han vuelto a sembrar”, afirma Castillo Nicolás.
Salidas posibles
En ese escenario, existen dos posibilidades para el reflotamiento de la azucarera. El primero es que se reúna el 5 % de los accionistas y se convoque a una Junta General de Accionistas para la designación de un nuevo Directorio, el mismo que designe a la gerencia general, pues las facultades del V Directorio ya no están vigentes.
Otra alternativa, en el mismo sentido, es que el Grupo Oviedo, como titular del 35 % de acciones; es decir, accionista mayoritario de la empresa, convoque a la junta y en esa se elijan a los órganos de gobierno.
El segundo escenario es la instalación de una Junta de Acreedores como resultado del inicio de un proceso concursal ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. Esta situación supondría el reconocimiento de adeudos reales.
“Los trabajadores hemos realizado tres marchas, una última en marzo, pidiendo al Grupo Oviedo que retorne a la administración de Tumán. Hemos marchado trabajadores con nuestras familias, jubilados, huérfanos y herederos porque la situación es insostenible. Hay familias que no tienen siquiera para comer”, menciona.
Vicente Castillo demanda también el accionar del Ministerio Público, pues afirma que las denuncias presentadas contra los exadministradores de Tumán, desde el 2015 a la fecha, siguen entrampadas sin que se resuelven las investigaciones por lavado de activos, fraude de personas jurídicas y otros casos más.
Los casos
Una de las carpetas está referida a la administración judicial de Marcelino Llontop Suyón, Carpeta 2016-2021, a cargo de la fiscal Karim Ninaquispe Gil, que aún no se ha pronunciado sobre las diligencias realizadas por la Policía Anticorrupción, que ya concluyó con sus acciones investigativas y ha quedado a espera de la disposición de la representante del Ministerio Público.
Esta carpeta se encuentra en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.
Otra carpeta es la que se mantiene abierta contra Leoncio Egúsquiza Sánchez, a cargo del fiscal Luis Jaramillo Cubas, quien ha recibido exámenes contables sobre el mal manejo de los recursos de la empresa, sin que hasta el momento se haya convocado al perito para que explique los resultados y dé elementos que favorezcan la investigación.
También está la investigación a cargo del fiscal Rodolfo Albújar Álvarez, quien tiene en su despacho denuncias por hechos prejudiciales a la azucarera. Aún no se emite la disposición de investigación preliminar, pese a que el caso se presentó a inicios de año.
En total son 50 investigados en las tres carpetas fiscales.
