Recurrentes irregularidades son las que se vendrían dando en la Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque, cuando los comités encargados de realizar los procesos que se convocan para la ejecución de obras de gran envergadura elaboran las bases con ciertos vicios de nulidad y, en otros, vulnerando la jurisprudencia normativa, pasarían por alto documentación incompleta presentada por el postor al que le adjudican la buena pro.
De acuerdo al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, se advierte la publicación del proceso convocado por la Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque denominado Adjudicación Simplificada N° 006-2022-GR.LAMB, derivada de la Licitación Pública N° 01-2022, por parte del comité de selección presidido por Francisco Rómulo Duárez Delgado e integrado por los miembros Segundo Benjamín Soto Fernández y Rosa Milagros Villalobos Urteaga, cuyo objeto consiste en la ejecución de la obra “Mejoramiento del servicio de agua para riego de la comisión de usuarios de Pacora”, valorizada en 18 millones 777 mil soles.
El otorgamiento de la buena pro
De acuerdo al acta del proceso publicada en el SEACE, se advierte que cuatro postores presentaron sus ofertas, estos son: Altavista Inversiones Globales S.A.C., Congafe Contratistas y Consultores Ingenieros S.A.C. y los consorcios Señor de los Milagros y Ejecutor Pacora, las mismas que luego de ser sometidas a su evaluación respecto a la documentación obligatoria presentada para su admisibilidad.
El comité de selección decidió no admitir la oferta del Consorcio Señor de los Milagros – según el acta del proceso – debido a la no inclusión en su oferta del presupuesto desagregado del plan Covid-19, decidiendo admitir las ofertas de los tres participantes restantes, para luego establecer el orden de prelación correspondiente de acuerdo al monto ofertado.
De este modo ocupó el primer lugar la empresa Congafe Contratistas y Consultores Ingenieros S.A.C., el segundo Altavista Inversiones Globales S.A.C. y el tercer lugar el Consorcio Ejecutor Pacora. Las ofertas pasaron a la etapa de calificación, resultando descalificada la oferta de Congafe Contratistas, debido a que – según el comité – la Carta de Línea de Crédito presentada para acreditar solvencia económica no cumplía con los requisitos establecidos en las bases integradas del proceso.
El comité de selección adjudicó la buena pro al Consorcio Ejecutor Pacora por haber ocupado el segundo lugar en el orden de prelación ofertando un menor precio respecto al de su competidor.
Mirada técnica a la oferta
Expresión recurrió al consultor en Contrataciones del Estado Jorge Chávez Pita, quien a partir de nuestro requerimiento, procedió a realizar la evaluación integral de la oferta presentada por el Consorcio Ejecutor Pacora, la cual se encuentra publicada en el portal del SEACE, advirtiendo en una primera instancia que los documentos obligatorios presentados por dicho consorcio para la admisibilidad de su oferta si cumplían con los requisitos para su aceptación, es decir – refiere el consultor – que la decisión tomada por el comité de selección cumple con lo normado y lo requerido en las bases integradas del proceso.
Continuando con la mirada técnica evaluativa de la oferta en cuestión por parte del consultor Chávez Pita, este advierte que a folios 41 y 42 de la oferta del Consorcio Ejecutor Pacora se encuentra el Anexo N° 10 respecto a la Experiencia del Postor en la Especialidad, advirtiendo en detalle siete contrataciones realizadas con el mismo número de municipios distritales suscritos principalmente por el consorciado Construcciones y Servicios Generales Fuerte Roble E.I.R.L por la suma total consignada en el mismo anexo de 29 millones 50 mil 811.22 soles, importe que supera al requerido en las bases integradas, en este caso una vez el valor referencial del proceso ascendiente a 18 millones 777 mil 862.60 soles.
La documentación incompleta
Siguiendo con su línea evaluativa, el consultor logra identificar en el Anexo N° 10 obrante a folios 65 al 72 de la oferta, tres contratos celebrados por los consorcios de los cuales el integrante del Consorcio Ejecutor Pacora, Construcciones y Servicios Generales Fuerte Roble E.R.L. tuvo una participación porcentual en la ejecución de las obras materia de las contrataciones celebradas con la Municipalidad Distritales de Tambogrande hasta en dos oportunidades y el municipio de Querecotillo, todos ellos por una suma ascendiente a 14 millones 874 mil 634.90 soles, los cuales no se encuentran completos, por cuanto habiéndose modificado los montos primigenios de cada uno de los contratos mediante la aprobación de adicionales y deductivos de obra, los documentos resolutivos o adendas modificatorias no han sido adjuntados al contrato principal para permitir su validez, como así lo establece la Resolución N° 2757-2020-TCE-S3 de fecha 29 de diciembre de 2020, la cual en sus fundamentos 44 al 46 esboza los argumentos fácticos respecto a la no validación de contratos para acreditar experiencia en las condiciones omisivas de la presentación del documento que sustente la variación del monto inicial del contrato.
Conclusiones técnicas
Como quiera que las bases integradas del proceso requirieron que los postores acreditaran contar con experiencia en la especialidad por un monto igual o superior al valor referencial del proceso, en este caso 18 millones 777 mil 868.60 soles, el Consorcio Ejecutor Pacora acreditó mediante los siete contratos presentados un importe total de 29 millones 50 mil 811.22 soles. (Ver Anexo N° 10), el cual no se encuentra formalmente acreditado por los fundamentos explicitados en la citada resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado.
Por esta razón – precisa Chávez Pita – los tres contratos precisados no debieron ser validados por el comité de selección por estar incompletos y no cumplir con lo previsto en la referida resolución del TCE.
Por ende, debieron ser descontados del monto total acreditado, cuyo resultado es sustancialmente menor al importe requerido (una vez el valor referencial), que tendría que haber dado lugar a la descalificación de la oferta del Consorcio Ejecutor Pacora, y por ende no adjudicarle la buena pro, toda vez que existe una resolución jurisprudencial del TCE al respecto, la misma que de acuerdo a lo normado es de aplicación obligatoria en los casos que sea invocada.
La denuncia
Advertido el consultor Jorge Chávez Pita de la documentación irregular contenida en la oferta del Consorcio Ejecutor Pacora, las cuales no fueron evidenciadas por el comité de selección al momento de otorgar la buena pro, ha precisado que en los próximos días estará presentando la respectiva denuncia ante los entes competentes, a fin de que sean estos los que diluciden las responsabilidades tanto administrativas y/o penales, de ser el caso, en función a los hechos expuestos contrarios a la normatividad vigente.
Todo indica que en el Proyecto Especial Jequetepeque Zaña – PEJEZA, los filtros para contratar a los funcionarios y nombrar en cargos estratégicos, estarían fallando, por cuanto recurrentemente se viene advirtiendo que los funcionarios designados o no declaran fehacientemente la información real en su declaración de intereses o tras búsqueda de su hoja de vida es posible encontrar, incluso, que estos mantienen deudas con la SUNAT por obligaciones tributarias no pagadas.
De acuerdo a la Resolución Directoral N° 108 -2022-MIDAGRI-PEJEZA/DE, suscrita el 9 de agosto de 2022 por el Director Ejecutivo Jesús Basilio Huallparica, se reconformó el comité de selección que desarrollaba los procesos de selección que se venían adjudicando, razón por la cual, mediante dicho documento resolutivo se conformó un nuevo comité de selección, en esta oportunidad presidido por Richard Iván Castillo Grados e integrado por el Edgardo Tovar Baca y Aquiliano Estrada Vásquez, quienes se encargan de elaborar las bases y conducir cada uno de los procesos de selección que convoca PEJEZA, adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI.
Primer endeudamiento tributario
De acuerdo al portal de la Superintendencia de Administración Tributaria – SUNAT, se advierte que el presidente del comité de selección, Richard Ivan Castillo Grados, ocupa el cargo de presidente desde el 5 de abril de 2019 en la Asociación Educativa Adventista David Livingston, con RUC activo y habido N° 20481386323, mostrando dicho portal que a la fecha esta organización mantiene una deuda tributaria remitida a las centrales de riego y en proceso de cobranza coactiva, por obligaciones no pagadas al sistema de salud, EsSalud, en el mes de noviembre del 2013 por un importe de 148 soles y 10 soles al Tesoro Público por el mes de agosto de 2019.
El deudor mayor
Se tiene también que el actual presidente del comité encargado de conducir los procesos de selección en PEJEZA - según el portal de la SUNAT - desde el 16 de diciembre de 2014, a la fecha, ostenta el cargo de Administrador del Consorcio Casroad Stephano, con RUC N° 20600009665, el cual a la fecha se encuentra activo y en su condición de Habido, cuyo domicilio está ubicado en el jirón Andrés Avelino Cáceres N° 440 A.H. Los Héroes de Huamachuco – Sánchez Carrión – La Libertad, cuya actividad económica principal es realizar actividades especializadas de construcción.
La gran deuda
El endeudamiento astronómico tributario que mantiene el Consorcio Casrod Stephano del cual hasta hoy – según SUNAT – el presidente de los comités de selección de PEJEZA es administrador, provine de su conducta omisiva del pago de obligaciones tributarias reportadas a las centrales de riego y sometida a sendos procesos de cobranza coactiva de más de 250 mil soles, que no incluyen los montos de deuda correspondiente a costas o gastos del procedimiento de cobranza coactiva.
La deuda pendiente de pago se disgrega por obligaciones no canceladas al Tesoro Público en el mes de julio 2015 por el importe de 67 mil 749 soles; igualmente por el mes de agosto del mismo año se registra una falta de pago del monto de 17 mil 518 mil soles, en forma sucesiva en el mes de setiembre se reporta que dicho consorcio no canceló sus obligaciones al Tesoro Público por el importe de 64 mil 352 soles, continuando con su morosidad en octubre de 2015 por la omisión del pago del monto de 48 mil 918 soles, concluyendo con su actividad omisiva cuando en noviembre de 2015 dejó de abonar al Tesoro Público de 51 mil 311 soles. Asimismo, la plataforma de la SUNAT muestra que el Consorcio Casrod Stephano no cumplió con el pago a EsSalud del importe de 51 mil 311 soles.
El director de la Dirección Desconcentrada de Cultura – DDC Lambayeque, Julio César Fernández Alvarado, expresó su beneplácito porque ya se cuenta con una política pública de cultura que será obligatoria en los gobiernos locales y regionales, advirtiendo que por no cumplirla las autoridades podrían incurrir en el delito de omisión de funciones.
El funcionario de la DDC Lambayeque habló con Expresión sobre las propuestas para recuperar los espacios culturales en los principales monumentos históricos.
Detalló que entre el patrimonio histórico por recuperar se encuentra el Hospital Las Mercedes, el mismo que puede funcionar como un museo de la medicina tradicional y de salud pública, debido a su hermosa arquitectura similar al Palacio Municipal de Chiclayo.
Indicó que ha tenido conversaciones con el Gobierno Regional de Lambayeque con el propósito de que ese bien, a cargo de la Gerencia Regional de Salud, se convierta en un espacio público cultural dando un respiro enorme a la ciudad, “porque la población necesita tener lugares donde ir y recrear a sus niños y jóvenes”.
Precisó que otro escenario que se viene trabajando con el presidente de la Corte Superior de Justicia es el Museo de la Justicia en el antiguo local del Poder Judicial, que está en la calle de San José frente a la Prefectura.
Indicó que en las grandes ciudades del mundo hay espacios donde los ciudadanos ven exposiciones, pero también se recrean con diversas salas, por ejemplo, salas de usos múltiples, cafeterías, lugares de souvenirs, juegos lúdicos para los niños, entre otros.
Reveló que además están trabajando en otra propuesta más. “Esperamos tener el eco en las comunidades altoandinas, específicamente en Cañaris, para implementar un museo de la cultura tradicional, es un tema que a nosotros nos interesa muchísimo porque tiene que ver con la cultura quechuahablante, tradiciones, costumbres, danza, música y gastronomía”, remarcó.
De igual modo, mencionó como un ícono al Politécnico Pedro A. Labarthe, que le pertenece a la Gerencia Regional de Educación. “Hemos tenido conversaciones con el gobernador para saber en qué condición se encuentra, nos van a informar sobre el expediente técnico que ya está encaminado”, indicó.
Subrayó que su institución tiene la mejor disposición desde el punto de vista profesional y técnico para colaborar en la conservación y restauración de este patrimonio, porque es un bien que le pertenece a todos.
“No podemos intervenir, pero hemos puesto los puentes con el mejor propósito de servir a la comunidad, porque sabemos que es un monumento histórico y nos preocupa su recuperación”, manifestó.
Gestión arqueológica
Explicó que Lambayeque tiene una unidad ejecutora que fue creada bajo un decreto supremo que priorizaba su intervención en los museos y en la conservación de los sitios arqueológicos. No obstante, indicó que están trabajando en una propuesta al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Economía y Finanzas para que esta unidad ejecutora tenga una competencia adicional no solamente en los museos y sitios arqueológicos, sino también en el Patrimonio Histórico de la Nación.
“Con ello podremos elaborar proyectos de inversión pública, de manera muy puntual y específica en lo que corresponde a monumentos históricos, como lo hace Cusco, Arequipa y La Libertad”, detalló.
Proyectos en marcha
Señaló que actualmente se realizan inversiones por dos millones 800 mil soles, que están centrados en cinco proyectos de inversión pública: investigación arqueológica en Huaca Bandera, excavación en Huaca Las Avispas en Túcume, expediente técnico de mejoramiento del Museo Sicán, expediente para la implementación de la segunda etapa del centro de interpretación del Cerro Saltur y, por último, el complejo arqueológico de Ventarrón.
Precisó que proyectan gastar el 100 % del presupuesto para no tener ningún saldo y evitar que a fin de año revierta al fisco. “La intención es gastarlo todo para que el otro año el Ministerio de Economía y Finanzas asigne más recursos para nuevos proyectos de investigación arqueológica y de ser el caso en el patrimonio histórico”, acotó.
Los museos
Fernández informó además que viene evaluando los planes operativos de los seis museos.
Indicó que en el caso del Museo Tumbas Reales de Sipán, este adolece de algunas mejoras tras 22 años de funcionamiento.
“Tenían por ejemplo problemas relacionados específicamente con el aire acondicionado y la Casa Real, entonces se ha hecho una modificación presupuestaria de 181 mil soles”, acotó.
En ese sentido, subrayó que el museo más emblemático no podía seguir como estaba. “Hemos mejorado su capacidad instalada y los servicios para dar lo mejor a los visitantes”, concluyó.
En relación al Museo Nacional Sicán señaló que tiene una muy buena ejecución del gasto público, pues le falta un 30 %; mientras que en el caso del Museo Nacional Brüning ya se ejecutó casi el 100 %.
De igual modo, el Museo Chotuna-Chornancap está prácticamente al 100 %. “Nos falta evaluar al Museo de Sitio de Huaca Rajada y el Museo de Túcume”, indicó.
En suma, precisó que el gasto público de los museos de Lambayeque está en el rango del 70 a 80 % y en otros casi al 100 %, lo que permitirá demostrar ante el Ministerio de Economía y Finanzas capacidad de gasto para una mayor asignación.
Liquidación de proyectos
Sin embargo, subrayó que existen problemas con la liquidación de proyectos, por eso en el portal del MEF aparecen montos de 37 o 39 millones de soles.
“Estamos sincerando la gestión y hemos dado la disposición para que una comisión se encargue de la liquidación de los proyectos aún pendientes”, agregó.
De este modo, señaló, más adelante se podrá promover nuevos proyectos de inversión.
Sobre las donaciones a los museos, explicó que se están haciendo las coordinaciones para que lleguen directamente, debido a que están centralizadas en Lima.
Indicó, por ejemplo, que hay una donación de 15 mil dólares para el Museo Brüning; y aproximadamente 30 mil dólares para el Museo Nacional Sicán, recursos que vendrían desde el extranjero donde se han hecho algunas exposiciones.
Sobre la casa hacienda La Viña, en Jayanca, precisó que es un monumento histórico temático que podría ser recuperada con la elaboración de un expediente técnico.
Dijo que es penoso su estado porque se trata de una infraestructura bella y emblemática que permitirá el desarrollo de la actividad cultural, en primer lugar, y la turística, en segundo lugar.
Sugirió también una restauración, a través del Plan Copesco, como lo hizo en el malecón de Puerto Eten y el muelle de Pimentel.
“Sería de manera mucho más rápida y la pondría en uso cultural”, remarcó.
Diálogo
Fernández Alvarado señaló que existe un diálogo fluido con las organizaciones culturales y aseveró que el covid afectó muchísimo al sector.
Como consecuencia, agregó, las actividades culturales quedaron relegadas en los últimos dos años. Incluso hasta hoy los talleres de arte no han logrado captar aún al público, “porque no se sabe qué pasará mañana con la pandemia”.
No obstante, manifestó que ahora se cuenta con una política nacional de cultural que nunca existió pero que ahora va a poder ser aplicada en los gobiernos locales y regionales de forma obligatoria, de lo contrario las autoridades podrían incurrir en omisión de funciones.
“Todos estamos en la obligación de promover la cultura viva, la literatura y la poesía”, indicó.
Manifestó que ya han tenido una primera reunión con representantes de la sociedad, comunidades de Incahuasi y Cañaris, de Chaparrí, entre otros que tienen que ver con la defensa del patrimonio cultural y natural de la nación.
De igual modo, señaló que se han reunido con los migrantes asentados en Lambayeque, incluidos los migrantes venezolanos, quienes son parte de este proceso. “Van a venir nuevos talleres para este cambio que tanta falta hace a la región”, concluyó.
El presidente Pedro Castillo, entre sus propuestas de campaña, proponía eliminar la tercerización y al parecer lo ha cumplido. Esta herramienta jurídica creada hace más de 70 años en el mundo y que es utilizada por las grandes corporaciones para ser más competitivas - mediante el DS 001 - 2022 TR publicado el 23 de febrero de este año, aparentemente ha “eliminado” o restringido la tercerización. Muchos se preguntan, ¿es constitucional o legal dicha disposición con estos efectos sobre la tercerización? Analicemos lo que es tercerización, sus hechos, lo bueno y al parecer lo malo, así como las acciones legales que se vienen interponiendo contra dicha norma para su no cumplimiento en ciertas empresas.
La tercerización, de acuerdo a nuestra legislación, consiste en la contratación de una tercera empresa para que desarrolle actividades especializadas, obras o algún otro servicio en las instalaciones de una empresa usuaria. Bajo esta modalidad, la empresa tercerizadora es responsable de los resultados de su actividad y asume todos los riesgos de la prestación de sus servicios. Por tanto, la empresa tercerizadora debe contar con sus recursos financieros, técnicos o materiales propios, y mantiene su exclusiva subordinación sobre sus trabajadores, así estos realicen sus labores en la empresa usuaria. (Ley en concordancia con su reglamento publicado el 2008); de este modo, podemos indicar que la tercerización puede ser exitosa, siempre que sea un socio estratégico de las empresas, para que sean más competitivas en el mercado local e internacional.
Ventajas y desventajas
El BCR en un informe de este año, señala que los principales beneficios de la tercerización laboral para las empresas son el aprovechamiento de las economías de escala y de la experiencia de empresas especializadas; la mayor flexibilidad especializada de las empresas usuarias frente a demandas volátiles e inciertas es lo que permite una mejor adaptabilidad y gestión de riesgos; y la reducción de costos de contratación permanente debido al menor costo de búsqueda de personal especializado. Asimismo, bajo el enfoque de la OIT, este reconoce a la tercerización y promueve que los países se encarguen de su regulación.
Según informe del MTPE, al año 2020 estaban en planillas de las empresas tercerizadas, más de 100 mil trabajadores y que existían 918 empresas tercerizadoras.
En concordancia con lo anterior y de acuerdo a los especialistas, podemos indicar que las ventajas de la tercerización son: a) Las empresas con la tercerización se encuentran en una mejor posición frente a los cambios económicos y exigencias del mercado. b) Una empresa con tercerización es más flexible y versátil. c) Una empresa con un servicio de tercerización tiene la oportunidad de enfocarse a su core business y d) La contratación de tercerización reduce a la empresa principal los costos de contratación, capacitación, rotación de personal, en estar contratando personal, reducción de contingencias laborales y proceder a despidos.
Sin embargo, estas descripciones positivas en favor de la tercerización no se cumplían en la realidad peruana en los últimos años y esto quedó demostrado en diciembre del 2020, cuando los trabajadores, principalmente de las empresas tercerizadoras de Ica, expresaron y demostraron que las tercerizadoras no les incluían en planillas y les empleaban con una relación precaria de vínculo laboral, donde las empresas principales además eran parte de este circuito irregular, quedando expresado que la tercerización no era una herramienta legal adecuada para proteger derechos de los trabajadores. También demostró estas protestas en Ica y en otras regiones del país, principalmente de empresas exportadoras, que el Estado no cumplió con su rol fiscalizador, en este caso representado por SUNAFIL, donde también se pudo concluir que muchas empresas abusan o cometían acciones fraudulentas con el contrato de tercerización.
El decreto
Con fecha 23 de febrero de este año se emitió el Decreto Supremo 001 - 2022 TR que prohíbe tercerizar actividades del núcleo del negocio y complementarias.
Esta norma otorgó a las empresas usuarias de los contratos de tercerización, entre ellas a las empresas mineras, hidrocarburos, energía, retail, navieras, constructoras y de salud entre otros, un plazo de 180 días para adecuarse.
Esto quiere decir que desde el 23 de agosto, las empresas principales no pueden contratar a una empresa tercerizadora para sus labores principales o esenciales. De no cumplir, los trabajadores de la empresa tercerizadora pasarán a ser trabajadores de la empresa principal, manteniéndose además las otras causales donde el trabajador, por incumplimiento de la ley, puede ser trabajador directo de la empresa principal. Adicionalmente, se aplicarán las sanciones de multas a las empresas principales y tercerizadoras que no cumplan esta norma.
Contra esta norma DS 001 - 2022 TR, cientos de empresas, han iniciado diferentes acciones legales. Así tenemos, según un reporte de INDECOPI, que existen más de 144 denuncias, bajo el argumento de suspender o eliminar dicha norma por ser una que impone barreras burocráticas, además en dichas denuncias, solicitaron medida cautelar para evitar su aplicación al respecto.
Otras acciones legales contra el DS son las demandas de proceso de amparo, los cuales son interpuestos por diversas empresas y la demanda de acción popular, interpuesta por CONFIEP y SEDAPAL. De salir un resultado favorable en esta demanda, beneficiaría a todos los involucrados en las relaciones de tercerización, me refiero a las empresas. Por último, las otras acciones que vienen impulsando las empresas interesadas se orientan a la presentación de proyectos de ley ante el Congreso para derogar la norma reglamentaria, es decir el DS 001 - 2022 TR.
Empero, estas acciones tienen entre sus principales fundamentos para cuestionar el DS 001 - 2022 TR ante INDECOPI y que son parte de las denuncias, procesos de amparo y acción popular: a) La prohibición de tercerizar las actividades que forman parte del núcleo del negocio de una empresa; b) Exigir como desnaturalización de la tercerización, cuando el desplazamiento de trabajadores por parte de la empresa tercerizadora se realiza para el desarrollo de actividades que forman parte del núcleo del negocio de la empresa principal; c) Cuando se exige considerar como desnaturalización de la tercerización cuando el desplazamiento de trabajadores por parte de la empresa tercerizadora no tenga por objeto desarrollar actividades, es decir, cuando sea principal para la realización de actividades complementarias, no recurrir a la imposición de restricciones sin sustento técnico, d) la afectación del derecho a la libertad de empresa, libertad de contratar entre otros derechos.
Realidad próxima
En nuestra región, la empresa de servicios Electronorte contrata a muchas empresas tercerizadoras para brindar sus servicios principales y podríamos decir que a partir del martes 23 de agosto no podrían tercerizar sus labores esenciales de acuerdo a lo establecido por el DS 001 - 2022 TR y además por todo lo indicado.
Sin embargo, las empresas eléctricas, entre ellas Electronorte, han logrado conseguir en INDECOPI, una medida cautelar de acuerdo a la Resolución N° 0273-2022/CEB-INDECOPI Lima, del 5 de agosto de 2022, y que fue interpuesta por la denuncia por imposición de barrera burocráticas, para que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral se abstengan de aplicar, de modo provisional, a la Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali Sociedad Anónima y las otras denunciantes (entre ellas Electronorte) los efectos del DS 001 - 2022 TR.
En los próximos meses podremos decir si fue una norma para generar más trabajo, trabajo más digno, mayor formalidad, más empleabilidad o realmente generará mayor precariedad, informalidad, menos puestos de trabajo, empresas más “grandes” con más trabajadores o empresas menos competitivas. Estaremos atentos y poder compartir dicha información.
Por cierto, mediante Ley Nº 31254, el Congreso de la República promulgó el 7 de julio de este año otra norma que prohíbe la tercerización y toda forma de intermediación laboral de los servicios de limpieza pública y afines que prestan los obreros municipales.
--------
(*) Abogado laboralista y docente universitario.
El notario Pedro Valdivia Dextre ha sido sentenciado en primera instancia a tres años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución, con un período de prueba de dos años, por el delito de falsedad ideológica en agravio de María Chavesta Gonzales y el Estado, representado por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP.
La sentencia fue emitida en Resolución N° 13, del 19 de julio de este año, recaída en el Expediente N° 04354-2017-59-1706-JR-PE-03, por el juez José Merino Iberos, del Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo.
El caso se remonta al 2015, cuando mediante escritura pública, emitida en la Notaría Valdivia Dextre, se transfirió el terreno de María Chavesta Gonzales, ubicado en Callanca - Monsefú, a Hebert Castro Llontop, predio que fue vendido dos veces más, utilizando para ello la suplantación de la identidad de la propietaria.
Valdivia Dextre fue nombrado como notario del distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo, con la Resolución Ministerial N° 0083-2014-JUS, del 27 de febrero del 2014, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El caso
María Chavesta denunció que Valdivia Dextre, como notario de La Victoria, dio trámite a un contrato de compra-venta del terreno de su propiedad, ubicado Callanca, jurisdicción del distrito de Monsefú, acto para el cual se suplantó su identidad.
“Está probado con la solicitud de inscripción de título de fecha 7 de diciembre de 2015, donde el Notario Público Pedro Abraham Valdivia Dextre, mediante el cual solicita la cancelación de asientos registrales C0002, C0003 y C0004 de la partida registral N° 11022922 del Registro de la Propiedad de Chiclayo, anexando Oficio Notarial N° 0128-NOT/VAL-LAM37- 2015 de fecha 07 de diciembre de 2015 (Fs. 176-177) en la que precisa como hechos que con fecha 19 de junio de 2015, presuntamente ante su Notaria se celebró contrato de compraventa la original propietaria María Liliana Chavesta Gonzáles, en calidad de vendedora, a favor del presunto comprador Herberth Ronald Castro Llontop, acto jurídico fraudulento contenido en la Escritura Pública N° 663, dado que presentado los documentos originales y autenticados por parte de la agraviada que acreditan su propiedad, de su cotejo con los que obran en el archivo notarial se corrobora que son burdas falsificaciones de los originales: DNI, reporte del biométrico, pagos de autoavaluo, voucher de pago del precio del predio en el Banco, incluso el Parte Notarial correspondiente a la Escritura Pública Kardex 663 es un documento que contiene Falsedad Ideológica, el mismo que fue el título notarial que dio mérito al Asiento de Inscripción C00002. Sin la intervención real de la agraviada María Liliana Chavesta Gonzáles sino de una persona que suplantó a la agraviada, conforme a la oralización de dicho documento”, se lee en la resolución de sentencia.
Ante el oficio de Valdivia Dextre, SUNARP procedió a la cancelación de los asientos registrales de María Chavesta.
En el proceso de investigación se llegó a corroborar que fue la ciudadana Luisa Mercedes Castro Llontop quien suplantó la identidad de la agraviada María Chavesta; incluso, los documentos graduados al ser sometidos a una pericia grafotécnica, se concluyó que la firma y huella dactilares que figuraban en el contrato de compra-venta pertenecen a la imputada Luisa Castro y no a la agraviada Mercedes Castro.
Del mismo modo se corroboró que la abogada Ruby Karina Cabello Reyna, trabajadora de la notaría Valdivia Dextre, fue quien redactó la minuta de compra-venta. El referido terreno también fue revendido a los ciudadanos Alan Cruzado Balcázar y Annie Kerina Távara Hurtado.
Sentencia
El juez condenó a los acusados Pedro Valdivia Dextre, Luisa Castro Llontop, Ruby CABELLO REYNA y José Chavesta Gonzáles, como coautores del delito de contra la fe pública en su figura de falsedad ideológica, previsto en el Primer Párrafo del artículo 428 del Código Penal, en agravio de María Chavesta Gonzales, el Estado representado por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y la sociedad conyugal de Alan Cruzado Balcázar y Annie Karina Távara Hurtado.
Como tal se les impone tres años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de dos años. Asimismo, impuso 180 días multa contra el notario.
Tribunal de Honor
En diálogo con Expresión el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Notarios de Lambayeque, Abelardo Fernández Rojas, señaló que tras conocer de la sentencia ha informado del caso al decano de la orden, Carlos Caballero Burgos, para que a su vez eleve consulta al Consejo Nacional del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a fin de que se instruya cuáles son los procedimientos a seguir, toda vez que no existen precedentes de notarios con sentencias condenatorias en el departamento.
“No hemos tenido casos previos. Este caso se trata de una sentencia en primera instancia, por lo que debemos revisar qué es lo que dice la Ley del Notariado al respecto”, señaló.
El artículo 149 de la Ley N° 26002, Ley del Notariado, establece cuáles son las faltas consideradas dentro del ejercicio notarial, entre ellas “la conducta no acorde con la dignidad y el decoro del cargo”, señalada en el inciso c).
“El Tribunal ha comunicado al Decanato de la situación, toda vez que no se trata de un procedimiento administrativo interno, sino de una sentencia derivada de un proceso penal. Si bien se trata de una sentencia de primera instancia y apelable, se debe determinar si en este caso correspondería o no establecer una medida cautelar como la suspensión del notario en su ejercicio, hasta que se resuelva el proceso penal en instancia definitiva”, comentó.
En el marco de la celebración del 56 aniversario institucional, el decano del Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, Consejo Departamental de Lambayeque, Carlos Burgos Montenegro, dialogó con Expresión, refirmando el compromiso de la orden de continuar vigilante y aportar con su experiencia y capacidad en el desarrollo de la región y el país.
Anunció importantes obras a nivel gremial como la construcción de la Clínica del Ingeniero y la inauguración de una Planta de Oxígeno al servicio de la población en general.
También se pronunció sobre la necesidad de ejecutar el Terminal Portuario Regional, culminar la Autopista del Sol, en los tramos que corresponden a la región y continuar con la modernización del Aeropuerto Internacional José Quiñones Gonzales.
Sobre la situación actual de las obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Burgos Montenegro puntualizó que han visitado a más de una, no solo en Chiclayo, sino en las tres provincias, remarcando que el alcalde Marcos Gasco Arrobas es renuente a recibir aportes técnicos.
“En más de una oportunidad nuestros aportes han ido al tacho de la basura y con una actitud renuente y caprichosa, desde la comuna trabajan de manera antitécnica. En estos momentos han abierto varios frentes de trabajo en distintos puntos, pero les va a faltar tiempo”, advirtió.
Agregó que cuando las obras empiezan de manera improvisada, finalmente terminan abandonadas. “La Contraloría lo acaba de decir, en estos últimos años, hay más de 50 obras paralizadas en la Región Lambayeque”, acotó.
Recordó que miles de millones se han perdido por los malos manejos y la corrupción, citando como ejemplo las obras de los emisores y la Avenida Chiclayo. “Creo que Lambayeque perdió la brillante oportunidad de mejorar en infraestructura”, acotó.
Crisis regional
Sobre el retorno del suspendido gobernador regional, Anselmo Lozano Centurión, Carlos Burgos señaló que es muy desatinado, pues no debe existir un punto de quiebre en la transición de una autoridad a otra y por tanto no hay tiempo que perder.
Señaló que prácticamente lo que resta de tiempo es negativo. “El señor Lozano debe quedarse tranquilo en su casa y recordar que la actual autoridad, el señor Luis Díaz Bravo es de su agrupación y de su equipo, lo llevó en las elecciones pasadas y finalmente, la sumatoria de fuerzas es para que puedan avanzar de manera conjunta más no aislada”, indicó.
Precisó que de algún modo la ciudadanía es culpable por no saber elegir bien a las autoridades. Igualmente indicó que los representantes de la sociedad civil deben hacer un mea culpa, “pues las instituciones no estamos bien representadas, a veces no todos le dedicamos el tiempo, cuando esto en realidad no debería ser así, deben llegar personas que ya se sientan realizadas, no tengan preocupación desde el punto de vista económico, laboral o empresarial”, indicó.
Manifestó que los decanos de los colegios profesionales deben estar vigilantes del quehacer de las autoridades. “Somos líderes de opinión y referentes, cada quien en su especialidad, en el frente que le corresponde”, subrayó.
Problemas locales
Sobre los grandes problemas de Lambayeque, como el mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado, señaló que se requiere la voluntad política de los estamentos a nivel distrital, provincial, regional y nacional. Además, indicó que “el gran problema es que muchas veces la gran mayoría de los expedientes técnicos son copia y pega, por eso muchas obras quedan paralizadas, postergadas, suspendidas y abandonadas en perjuicio de la ciudad y de la región”, apuntó.
Consultado sobre la ejecución de grandes proyectos, señaló que el Himno de Chiclayo habla del frente aéreo, terrestre y marítimo. Sin embargo, indicó que ninguno de los tres se ha desarrollado. En ese aspecto, puntualizó que el terminal portuario no puede seguir siendo postergado.
“El presidente de la república lejos de venir a entregar ambulancias o colegios, que son cosas elementales y básicas, debería traer bajo la manga un anuncio importante como la ejecución del terminal”, señaló.
Indicó que desde el año 2016 se viene gestando vuelos internacionales desde el Aeropuerto José Quiñones Gonzales, y la primera etapa está a punto de finalizar, que consiste en la rehabilitación de las pistas de aterrizaje y mejoramiento del cerco perimétrico.
“Nosotros necesitamos que ingresen aviones de alto calaje, que puedan llevar productos perecibles hacia el exterior, considerando que somos una región netamente agrícola y pecuaria”, anotó.
En ese aspecto señaló que sería importante un anuncio importante destrabar el expediente para su remodelación integral, porque se cuenta con el presupuesto. Pidió similar trato para la obra de la Autopista del Sol. “Somos la región que menos ha logrado avanzar. Sin embargo, estamos pagando peajes. Lamentablemente siguen postergando los intereses de nuestra región”, remarcó.
Precisó que la autopista del Sol a duras penas ha avanzado en un 20 %, pero en las regiones vecinas como Piura alcanza el 100 % y en el caso de La Libertad el 85 %.
Remarcó que se debe impulsar el terminal marítimo de Lambayeque, pero para eso se necesita un alimentador vial para que todo el todo el nororiente tenga acceso directo al puerto.
“Este no puede ser por la antigua Panamericana vía Ñaupe- Motupe – Olmos, sino trazar un corredor, una bimodal que propusimos en nuestro primer periodo de gestión al frente de Colegio de Ingenieros, que es por el sector este, por donde el primer aportante de servidumbre sería la empresa agroindustrial Pomalca, y luego pequeños parceleros que están prestos a que se le pague su justiprecio, como cabecera para acceso a una autopista que generaría desarrollo eminente para la región Lambayeque”, reveló.
Ante la información de la Contraloría que dos mil 346 obras públicas están paralizadas por más de 29 mil millones de soles a nivel nacional, dijo que existe una propuesta del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, que espera tenga el respaldo del Consejo Regional de Decanos – CONREDE y de los congresistas de la república, que representan a los 32 millones de peruanos, para que los proyectos de inversión pasen primero por una comisión conformada por todos los colegios profesionales para detectar errores sustanciales y de fondo en cada expediente técnico.
También señaló que es un alivio la creación de las Juntas de Revisión de Disputas para obras mayores a 20 millones de soles, pues habrá un acompañamiento muy tenaz en cada partida presupuestaria, pero los presupuestos menores a 20 millones muchas veces son licitados con una serie de errores a través del famoso copia y pega.
Celebración
De otro lado, precisó que en el marco de su aniversario han organizado actividades académicas, culturales y de proyección; precisando que el domingo 21 de agosto participaron en una misa solemne en la Catedral de Chiclayo, posteriormente izaron el Pabellón Nacional en compañía del Ejército y la Policía. En tanto, este viernes 26 de agosto se llevará a cabo una noche cultural a partir de las 8:00 de la noche en el auditorio del edificio de Manuel María Ízaga y el sábado 27 empezarán desde las 9:00 de la mañana con el relanzamiento de su centro médico; posteriormente, a las 10:00 de la mañana, colocarán la primera piedra donde se edificará la Clínica del Ingeniero; y a las 11:00 de la mañana, pondrán al servicio una planta de oxígeno en alianza con la Diócesis de Chiclayo, a través de la parroquia Santa Rosa, la misma que funcionará en el centro del esparcimiento.
Igualmente, señaló que debido a que la región no tiene una obra emblemática que exhibir por parte del sector público, han programado junto a 27 decanos del país una visita a Cerro Prieto, modelo ubicado al sur, entre Lambayeque y La Libertad, por constituirse en un ejemplo en el crecimiento de la frontera agrícola aprovechando al máximo el recurso hídrico.
También manifestó que los ingenieros vitalicios son pilares importantes de la institución. “Hemos encontrado prácticamente una institución caminando, una institución brillando, gracias a los ingenieros vitalicios y reconocemos su amplia trayectoria de más 30 años”, acotó.
Precisó que el Colegio de Ingenieros cuenta con 12 mil afiliados, de los cuales nueve mil están hábiles. Agregó que algunos ingenieros vienen de otras regiones pidiendo su traslado, porque el colegio va creciendo.
Pidió a los jóvenes ingenieros involucrarse con la transformación de la sociedad con responsabilidad y ética. “Por eso antes de recibir su colegiatura tienen una charla deontológica para que no incurran en actos de corrupción y después estén lamentándose”, acotó.
