De acuerdo al portal del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, se puede advertir que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Proinversión, entre los meses de marzo de 2021 y septiembre 2022, contrató directamente los servicios de diferentes estudios de abogados para la defensa legal de tres exfuncionario de dicha entidad, quienes actualmente vienen siendo investigados por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción en los casos de la concesión, construcción, operación y mantenimiento de las obras de Trasvase del Proyecto Olmos y la iniciativa privada cofinanciada del Sistema Hídrico Integral del Valle Chancay – Lambayeque.
Con fecha 8 de marzo de 2021, el jefe de Administración, Carlos Eduardo Albán Ramírez, en representación de Proinversión, celebró el Contrato N° 011-2021-LCE-Proinversión con el Estudio Benites Vargas & Ugaz Abogados S. Civil R.L., con el objeto de que este preste el servicio de defensa jurídica y asesoría legal de la exservidora Cecilia Margarita Balcázar Suárez, en su condición de excoordinadora del Proyecto Olmos a cargo de Proinversión, para ejercer su defensa en el proceso de investigación preparatoria seguido por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima – Equipo Especial del Cuarto Despacho, - Caso 506015507-2018-1-0.
Dicho caso está vinculado al proceso de Promoción de la Inversión para la Concesión de la Construcción, Operación y Mantenimiento de las obras de Trasvase del Proyecto Olmos, cuyo costo ascendente a 118 mil soles vendría siendo pagado por la entidad contratante en abonos parciales convenidos bajo las condiciones previstas en el documento contractual.
El segundo contrato celebrado
De acuerdo al Contrato N° 026-2021-LCE-Proinversión, publicado en el SEACE, en su Clausula Primera refiere que este proviene del procedimiento de selección bajo la modalidad de una Contratación Directa, la misma que fue adjudicada a favor del Estudio de Abogados Canez & Asociados SCRL por un importe de 130 mil soles, con la finalidad de que el contratista lleve a cabo la defensa y asesoría legal del exfuncionario Luis Guillermo Guiulfo Zender, en su condición de ex Director Ejecutivo de Proinversión.
Este también se encuentra inmerso en el proceso de investigación por parte de la Fiscalía Equipo Especial Supraprovincial Corporativa Especializada – Primer Despacho-, por el Caso N° 506015507-2018-1-0, al haber sido considerado como investigado por su actuación presuntamente irregular cuando ostentaba el cargo de director de la entidad promotora y se decidió concesionar la Construcción, Operación y Mantenimiento de las obras de Trasvase del Proyecto Olmos a favor de la concesionaria Trasvase Olmos S.A. adscrita a la empresa Constructora Odebrecht S.A.
Tercera contratación directa
El 10 de marzo de 2022, el Jefe de Administración de Proinversión, Carlos Eduardo Albán Ramírez, suscribió el Contrato N° 003-2022-LCE con el Estudio Mazuelos & Abogados S. Civil de R. L., por el monto de 60 mil soles, con el objeto que dicho estudio preste el servicio para la defensa en el proceso de investigación preparatoria seguido por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Distrito Fiscal de Lambayeque - Caso N° 2406070802-2020-334-0 - del servidor Gonzalo Luis Felipe Pita Chávez en su condición de Director de Proyectos, quien viene siendo sometido al rigor de las indagaciones realizadas por la fiscalía especializada, respecto a la iniciativa privada del Sistema Hidrico Integral del Valle Chancay – Lambayeque, en el cual dicho funcionario habría tenido una participación presuntamente irregular para formalizar la iniciativa privada en su oportunidad.
Contratación similar
Expresión, en su Edición 1257, dio cuenta de una similar contratación directa llevada a cabo por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, a favor de la exministra Carolina Trivelli, quien a su solicitud logró que el MIDIS contratara al Estudio Benites Vargas & Ugaz Abogados para asistir a la exfuncionaria en el proceso seguido por el Ministerio Público, por haber refrendado la transferencia 98 millones a favor del Gobierno Regional de Lambayeque con la finalidad de que se pague a la Concesionaria Trasvase Olmos S.A. gastos adicionales.
A lo largo y ancho del Perú, los candidatos a las alcaldías provinciales tienen prácticamente una característica en común, o estaban de alcaldes y pidieron licencia para postular en las Elecciones Regionales y Municipales del 2 de octubre próximo, o ya fueron burgomaestres o regidores en las jurisdicciones donde esperan volver a ganar.
En cuanto a su hoja de vida partidaria, casi todos han cambiado de organización política una o dos veces. O, de un movimiento se han pasado a un partido, y en ambos casos no necesariamente dentro de su misma línea o posición política. También están los que han postulado muchas veces a un cargo político sin éxito. Y hay un número reducido, que se presenta por primera vez, pero dentro de los partidos o movimientos de mayor antigüedad.
La condición más lamentable y que crea un hilo común son las acusaciones, juicios e investigaciones abiertas que pesan sobre ellos. Ya sea por su mala gestión pública o hechos particulares que aún no se esclarecen.
El ausentismo de los propios militantes en las elecciones internas que en algunos casos llegó al 95.97 %, además de una falta de entusiasmo, podría significar un rechazo a su representatividad. Esto podría ser, a su vez, un reflejo de la cada vez mayor indiferencia ciudadana respecto a la participación política.
Revisamos algunas de candidaturas con más posibilidades en algunas jurisdicciones que conforman la Red de Medios Regionales del Perú.
Lambayeque
Los candidatos municipales que lideran la intención de voto son de Alianza Para el Progreso – APP, organización que podría repetir el plato de ganar dos de las tres alcaldías provinciales que tiene Lambayeque, tal como sucedió en las votaciones del 2018. En los comicios del 2014, el partido que lidera César Acuña arrasó y ganó en los tres municipios, además del gobierno regional.
En la provincia de Chiclayo se tienen las candidaturas definidas. Tras las elecciones internas, Juntos por el Perú, con su candidata Janet Cubas Carranza, lidera la intención de voto en la capital departamental. La dos veces regidora de Chiclayo es quien en las votaciones congresales del 2020 y 2021 resultó la candidata más votada, pero no elegida. Si bien la posición de Cubas Carranza es la primera, empieza a mostrar decrecimiento de la adhesión de los electores.
Alianza Para el Progreso, se posiciona en segundo lugar, con la postulación de Antonio Uriarte Gonzales, quien retornó al seno de APP. Esto, después de una temporada de militancia en Somos Perú, partido por el que postuló al Congreso y a la gobernación regional.
Somos Perú es el partido que se ubica en el tercer puesto, llevando como candidato al vacado exalcalde de Chiclayo Miguel Ángel Bartra Grosso.
Bartra, quien se inició en política con Acción Popular, ha vestido también la camiseta del fujimorismo. Y en el 2014 fue alcalde de Monsefú, como candidato de APP.
Antonio Eneque Soraluz, actual alcalde en reemplazo del renunciante Alexander Rodríguez Alvarado, candidato regional de APP, lidera en la provincia de Lambayeque. El burgomaestre también ha retornado a las filas apepistas, tras un alejamiento para postular como consejero regional por Fuerza Popular.
El segundo lugar es para Otto Santamaría Baldera, de Juntos por el Perú y varias veces alcalde del distrito de Túcume por el Partido Popular Cristiano. Santamaría Baldera también ha vestido la camiseta de APP.
En Ferreñafe la balanza se inclina a favor de Jean Pierre Martínez, de Acción Popular, quien se desempeña como alcalde de Pítipo. En segundo lugar, se ubica Polanski Carmona por Somos Perú.
Carmona postuló en el 2014 a la alcaldía de Ferreñafe por el Partido Humanista Peruano y en el 2018 por Podemos Perú.
Piura
La provincia tiene 570 mil 867 electores, de los cuales, el 51.2 % son mujeres. Para las elecciones municipales se han presentado 15 candidatos que aspiran la alcaldía de la capital de la región.
Algunos de ellos comenzaron la compaña con la instalación de comités de apoyo en los distintos sectores de la ciudad. Además, realizaron pintas y colocaron paneles con el objetivo de obtener el respaldo de los piuranos.
Los favoritos y conocidos, porque postularon en anteriores elecciones son tres: el candidato del movimiento Unidad Regional, Gabriel Madrid Orué, quien fue alcalde de Tambogrande, y a quien se le denunció por presuntas irregularidades en su gestión como una supuesta sobrevaloración de pagos en servicios ejecutados en este distrito y la presunta compra sobrevalorada de un lote de leche y hojuelas para el programa Vaso de Leche.
También Félix Chang Apuy, de Alianza para el Progreso, en tanto Félix Chang, exregidor de Piura en el periodo 2007-2010 con el Movimiento Obras + Obras, fue presentado en junio del 2021 como precandidato a la alcaldía con el movimiento Unidad Regional. Sin embargo, meses después, en octubre del 2021, confirmó que se alejó en buenos términos de la agrupación para inscribirse en el partido político Alianza para el Progreso, de César Acuña.
Fuerza Regional, organización regional ganadora de las elecciones regionales del 2018, con el apoyo partidario, presentó como aspirante a la alcaldía a Segundo Valdiviezo Rodríguez, más conocido como “Chano” cuyos antecedentes políticos provienen del Partido Aprista Peruano.
Cusco
Los favoritos a la alcaldía provincial de Cusco tienen un pasado borrascoso, a pesar de las denuncias y sentencias ya cumplidas, se lanzan nuevamente a competir para ocupar el sillón municipal de la “Ciudad Imperial”
Es el caso de Luis Flores García, quien va con el partido Alianza Para el Progreso del empresario César Acuña. Flores fue alcalde de Cusco el 2009 luego de la vacancia de la denunciada por corrupción, Marina Sequeiros y reelecto en el cargo el 2010, durante este último periodo su gestión se ensombreció por la muerte de un obrero de la que fue responsabilizado penalmente por atentar contra las condiciones de seguridad laboral; su sentencia fue de 4 años de prisión suspendida confirmada en segunda instancia.
Asimismo, se le atribuye haber otorgado licencia de construcción al Hotel Sheraton en pleno centro histórico de Cusco, vulnerando el paisaje urbanístico de la ciudad y poniendo en riesgo el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad otorgado por la UNESCO.
Por este motivo afronta actualmente un juicio por daño al patrimonio junto a tres directores de cultura investigados por esta cuestionada licencia de construcción. Otro hecho irregular que se detectó en su gestión fue un mal manejo de los fondos del boleto turístico que proviene del pago que hacen los turistas para ingresar a diferentes atractivos turísticos de Cusco, dinero que es recaudado por el Comité de Servicios Integrados Turísticos Culturales del Cusco - COSITUC, que luego son entregados a diferentes municipios para obras públicas.
Arequipa
Entre los nombres conocidos figuran varios alcaldes y exalcaldes distritales de Arequipa, quienes buscarán reemplazar a Omar Candia Aguilar. En las listas oficiales en contienda se encuentran actuales alcaldes y exalcaldes como Luis Aguirre Chávez, Justo Mayta Livisi, Gilmer Luna Boyer, Benigno Cornejo Valencia y Percy Cornejo Barragán.
Cabe señalar que si bien fue voceado como precandidato de Yo Arequipa -la agrupación del exrector Rohel Sánchez-, Gilmer Luna Boyer decidió postular por Fuerza Arequipeña. Y el postulante por el movimiento del exrector será Luis Gamero Juárez.
También repiten su participación en esta contienda el exárbitro Víctor Hugo Rivera, quien va por su cuarta carrera al sillón provincial. Asimismo, Edwin Martínez Concha, quien lleva cinco postulaciones anteriores a diferentes cargos, pero esta es su primera competencia por el municipio de Arequipa.
Esta vez, hay dos mujeres que tienen interés en llegar a ser alcaldesas: Lizeth Apaza Bejarano, que va por Juntos por el Perú y Karen Ricra Carrillo de Perú Libre.
También se está presentando el exoficial PNP José Miguel Briones Silva, fundador del movimiento regional Del Ajo con Justicia y Orden. Según su hoja de vida política, Briones postuló para alcalde provincial de Celedín, en el proceso electoral de 2018.
Próximos a la celebración del Día del Maestro, tres destacados educadores lambayecanos abordan uno de los retos más grandes que tiene la educación en el país, consecuencia de la pandemia por el Covid-19: la nivelación de los aprendizajes. Cada uno explica qué aspectos deben considerarse para asegurar que el proceso sea exitoso, atendiendo así a la necesidad de los estudiantes que entre el 2020 y el 2021 vieron cómo los métodos de enseñanza dieron un giro de 180°.
Expresión buscó a los educadores Merly Berríos Sánchez, también socióloga de profesión y past decana del Colegio de Profesores de Lambayeque; Beder Bocanegra Vilcamango, ganador de las Palmas Magisteriales 2016, y Pedro Soplapuco Montalvo, ganador de las Palmas Magisteriales 2019, ambos en el grado de Maestro. Los tres tienen experiencia en la docencia universitaria.
MERLY BERRÍOS: “Falta visión educativa”
“Somos los sobrevivientes de esta pandemia, nos hemos sentidos muy atemorizados, y bajo ese esquema hemos realizado un trabajo educativo que, si bien no ha logrado el 100 % de las competencias, sí ha permitido adquirir varios aprendizajes como la solidaridad que debe existir en la familia para el proceso educativo y el acercamiento con los docentes. También hemos debido enfrentar una gran brecha con aquellos alumnos que no tenían los medios para conectarse a las sesiones de aprendizaje. Podemos concluir, al respecto, que quienes han tenido mayores dificultades de aprendizaje son también quienes han tenido los principales problemas de conectividad”, señala.
Refiere que el modelo híbrido de educación tiene serias dificultades por la falta de apoyo del Estado con herramientas tecnológicas y materiales. Cita como ejemplo el caso del Politécnico Pedro Labarthe, donde labora, en el que el aula tecnológica ha quedado disminuida tras el robo del único televisor disponible a inicios de año, el mismo que aún no ha sido repuesto.
“Hay una brecha enorme entre quienes no tienen acceso a las herramientas tecnológicas y quienes sí. Mis estudiantes de segundo de secundaria terminaron el sexto de primario y el primer año de secundaria sin haber adquirido la totalidad de conocimientos, con serias limitaciones. Por ello es que urge el trabajo de nivelación. No podemos hablar de recuperación”, menciona.
En ese sentido, refiere que se debe replantear los contenidos de estudio a fin de ajustarlos a las necesidades que tienen los alumnos.
“Educación, al igual que salud, son temas de conversación solamente en campañas políticas, porque ya en la gestión se olvidan de ello. De lo que hemos observado en el sector en Lambayeque es la construcción de colegios, pero no se ha mejorado los servicios de los colegios con infraestructura antigua y como ejemplo emblemático del abandono está mi Politécnico Labarthe, pero también el Colegio de San José, que pese a tener un local moderno no tuvo este año el mobiliario suficiente para todos los alumnos. Observamos, entonces, que no existe trabajo con proyección para crecer en calidad del servicio educativo”, manifiesta.
Cuestiona que a nivel regional tampoco exista información actualizada de la realidad de las escuelas ni se haya dado pasos en la construcción de un diseño curricular regional. “La falta de visión, preocupa. La educación debe ser abordada como inversión social, pero eso no lo entienden aún los actores políticos”, indica.
BEDER BOCANEGRA: “Con o sin pandemia los problemas de educación persisten”
Beder Bocanegra refiere que en el país las políticas educativas nunca han sido focalizadas, lo que impide tener una medida técnica que atienda las necesidades de la escuela y a sus componentes (maestros, trabajadores, alumnos y padres de familia).
“Con o sin pandemia los problemas de educación persisten. La pandemia simplemente agudizó la situación, nos puso en evidencia. Lo que pueda hacer el señor Pedro Castillo, que no solo nos desencanta, sino también nos avergüenza, puesto que siendo maestro tiene una tesis plagiada, no permite esperar mucho. Lo misma pasa a nivel regional. Los gobiernos regionales siempre pugnan por su autonomía, pero no tienen a los técnicos mejor calificados para mirar con objetividad el verdadero problema”, anota.
Pone énfasis al señalar que las innovaciones, cuando nacen desde abajo, también son válidas. Sin embargo, son pocas las escuelas que han avanzado en la búsqueda de estrategias para mejorar los aprendizajes de sus estudiantes o trabajar en aspectos tan fundamentales como la promoción de la alimentación saludable.
“Si no hay investigación no hay innovación y si no hay innovación no hay cambio. A nivel universitario también pasa lo mismo. En las universidades existen vacíos hasta epistemológicos para entender cuál es el papel de las carreras profesionales y que estas permitan repercutir en la sociedad. Muchos estudiantes que salen de las universidades no saben aún cuál es su rol o espacio de desarrollo profesional. En Chiclayo, tres de 10 titulados no ejercen lo que estudiaron. Si en la escuela hay problemas, en el nivel universitario podemos decir que este se encuentra de espaldas a la realidad”, afirma.
PEDRO SOPLAPUCO: “Los docentes no nos sentimos contentos”
A nivel educativo – indica Pedro Soplapuco – en el Perú no existe un plan estratégico a largo plazo. De existir, permitiría definir acciones en tiempos específicos, con objetivos claros de lo que se quiere como resultado del trabajo en las aulas.
“Si bien la pandemia ha desnudado esta situación es pertinente decir que el problema educativo no es responsabilidad de una persona ni de un gobierno. Ha existido por décadas el descuido de las autoridades sobre el sector. No hay políticas a largo plazo que se respeten, sino que cada gobierno hace ensayos, lo que mejor le parece, y no enfoca las acciones en base a investigación. Cada gobierno implementa programas, muchas veces, para cubrir el presupuesto, pero sin base en la investigación. A nivel docente, puedo afirmar que no podemos sentirnos contentos. Quisiéramos avanzar, pero los estudiantes tienen serias debilidades que nos impiden continuar en los aprendizajes”, expone.
En ese sentido, a decir de Pedro Soplapuco, para la nivelación de aprendizajes se ha podido trabajar, desde el inicio del año escolar, dos estrategias.
Explica, que en el nivel secundario las escuelas tienen seis horas de libre disposición, que bien podrían haberse utilizado desde el inicio para el desarrollo de competencias que no se lograron en los dos primeros años de la pandemia.
“A eso podemos sumarle que el estudiante lleva horas de reforzamiento, mientras que las demás horas lectivas podía recibir los contenidos correspondientes al grado de estudio. Esa es una primera estrategia que podía aplicarse, la que, además, no implicaba en absoluto salirse de la norma o dispositivos del Ministerio de Educación”, señala.
La segunda estrategia que plantea como viable es que se dedique como mínimo ocho semanas del año escolar para la nivelación de aprendizajes, de tal manera que el estudiante logre, con prioridad, las competencias no alcanzadas entre el 2020 y el 2021. Ello, sería posible – afirma – con una adecuada planificación curricular, aspecto en el que aún existen muchas deficiencias.
“Algunos dirán que eso implica atrasarse en la programación, pero no es así. Más atraso genera cuando se quiere educar al estudiante sin que este cuente con los saberes previos.
En diálogo con Expresión, el exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta Cárdenas, analizó la situación política y económica del país, numerando los factores que juegan a favor y en contra del gobierno de Pedro Castillo, en un escenario de severa crisis interna y global.
Existe, sin duda, un escenario global que afecta a la economía, pero también factores internos como la inestabilidad política. ¿Bajo esas circunstancias, cómo analiza la situación del país?
El Perú, más allá del escenario de precios altos y complicaciones globales, debería estar creciendo al triple de lo que está creciendo ahora, teniendo en cuenta el alto precio de los minerales y el efecto multiplicador que tiene el sector minero sobre otros rubros de la economía.
Sin embargo, lo que hemos visto desde el 28 de julio del año pasado es una intención de ir por un camino equivocado, de hacerlos autogoles y uno de los principales autogoles que hemos hecho es perder la confianza de la inversión privada.
De acuerdo al Banco Central de Reserva, que es la proyección más optimista de todas las existentes actualmente, la inversión entre el 2022 y el 2023 prácticamente no crezca; es decir, cero este año y 1 % el siguiente. Eso no es nada.
Si entramos a ver al detalle vemos que una de las inversiones más importantes, que es la minera, va a caer -16 % este año y -5 % el año siguiente. ¿Qué estamos haciendo mal? Tenemos un gobierno que no quiere gestionar el Estado.
No es que el Estado antes funcionara de forma magnífica, había problemas, pero ahora se ha elegido sumar a personas que no tienen capacidades, que han entrado al sector público para tomarlo como si fuera un botín.
¿Puede afirmarse entonces que este gobierno llena los puestos estatales con gente sin capacidad?
Miremos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Allí se debió promover la inversión, pero lo que se ha hecho es desmantelar lo poco y bueno que había para llenarlo de gente que no sabía nada del sector y se ha dedicado a la corrupción.
Otro ejemplo es lo que ha pasado con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC. Se tenía un buen avance, con algunas limitaciones, pero muy sustancial a lo que se tuvo los primeros años después de El Niño Costero. Han sacado a un buen equipo para poner a personas que no tienen nada de experiencia.
Lo que me llama la atención es que las regiones del norte, que fueron afectadas por el fenómeno, no salgan a protestar por la persona que les han puesto en la ARCC.
¿Considera usted que la estrategia del Ejecutivo es no gobernar, para propiciar un escenario de convulsión social que posibilite aplicar planes como el de forzar una asamblea constituyente?
Algún objetivo debe tener que no es precisamente las necesidades de la población. Sí, deben perseguir algún objetivo de carácter político y por eso intenta construir una narrativa basado en que la crisis económica que estamos viviendo no se debe a su ineptitud y a los malos funcionarios que han tomado al Estado.
El presidente, en cada plaza a la que va, dice que todo esto es consecuencia de 200 años de colonialismo, de modelo neoliberal y de la constitución actual. Lo que quiere es construir una historia en ese sentido, no obstante él y su gobierno son los autores de la crisis que vivimos ahora.
¿Y es posible que la población se convenza de esa narrativa?
No lo creo, la gente se da cuenta y se ve en las encuestas. Con toda la campaña electoral, vamos a llamarla así, que realiza con sus consejos de ministros descentralizados, que parecen grandes mítines y en los que se ofrecen grandes cosas como si no fuera ya el presidente, la población sigue creciendo en su rechazo.
Lo que él debería hacer es decirnos qué está haciendo, a, b y c, no que va a hacer y que va a traer, lo cual es mentira, porque ni siquiera tiene las bases institucionales presupuestarias y de inversión que existen en el Estado para que lo que ofrece se realice.
Yo creo que la gente sí se da cuenta que el señor no está trabajando. Trabajar no es ir en campaña pueblo por pueblo y vociferar como si aún no estuviera en el gobierno, mientras las personas ven que los precios se disparan.
Es cierto que hay un escenario global que condiciona el aumento de precios, pero esto sería más llevadero si hubiera la oportunidad de conseguir empleo de calidad y eso no hay, porque eso se genera con un crecimiento robusto y serio.
Sabido es que el empleo de calidad lo genera el sector privado, no el Estado. En ese sentido, ¿cuán importante es la calificación de riesgo país para que los capitales lleguen al Perú a invertir?
Hay que pensar en cómo se genera la viabilidad económica a largo plazo. Esto solo se logra con la posibilidad de atraer más inversión. El Perú tiene un elemento estructural que todavía lo hace atractivo a los inversionistas extranjeros y es ese factor de competitividad importante que es la estabilidad macro económica, el hecho de contar con una buena predictibilidad de la política fiscal y monetaria.
Eso ayuda y no muchos países pueden decir que lo tienen. Gracias a esa estabilidad es que el país todavía tiene movimiento, no en el potencial que debería, pero aún sigue moviéndose. La pregunta es hasta cuándo ese bastión va a resistir.
La estabilidad macroeconómica está resistiendo a los propios autogoles que realiza el gobierno. El principal enemigo del gobierno de Castillo es el propio gobierno.
¿Cree que el gobierno acabará el mandato?
Primero, el clima de convulsión social se va a incrementar, lo cual es lógico, además, porque ya está sucediendo en la mayoría de países en el mundo. Hay un escenario de escalada inflacionaria.
Hay factores que, frente a ello, son muy importantes: capacidad económica y fiscal para atender esas circunstancias; consenso político, que estos momentos no hay, y calidad de los funcionarios para poner en marcha los programas de ayuda, lo que tampoco hay. Podemos decir que el Perú tiene uno de tres elementos.
Dicho esto, si la situación continúa como está y el único factor a favor del gobierno se debilita, es probable que acabe el mandato.
¿Cuál es el peor error del gobierno de Pedro Castillo a 11 meses de iniciado?
El peor sería haber dado la espalda a la población sumando a personas que no están capacitadas para gestionar. Eso muestra un desprecio ya no solo hacia el sector privado o la derecha, sino ante los ciudadanos, con los cuales tiene un contrato social. Ese es un error gravísimo, porque la gente espera que el Estado haga un buen uso de los recursos y eso no se ve.
El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú – SUTEP, cumplirá el 6 de julio 50 años de fundación. Esta semana sus bases a nivel nacional han vuelto a las calles exigiendo al gobierno del Pedro Castillo, abierto opositor de la organización, el cumplimento de sus promesas con el sector y la atención a la crisis política y económica que vive el país.
“Los maestros y auxiliares del país nos hemos movilizado para expresar nuestro malestar frente a la crisis política y económica que agobia a la mayoría de la población, debido no solo a causas externas como la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, sino también porque el gobierno no tiene un horizonte claro de hacia dónde llevar al país. Vemos improvisación e incapacidad para solucionar problemas como la falta de empleo, el alza de los alimentos y, en el caso de nuestro sector, la mejora de las escuelas y de las condiciones laborales”, comenta Cebero Guerrero Segura, secretario general del SUTE Región Lambayeque.
Negociación colectiva
El dirigente magisterial explica que siendo el SUTEP el sindicato absolutamente mayoritario del sector educación, como lo ha reconocido el ministerio del sector con la Resolución de Secretaría General 0100-2022, le corresponde la negociación colectiva al amparo de la Ley 31188, proceso para el cual desde enero pasado presentó el Pliego de Reclamos 2022-2023.
En dicho pliego, el SUTEP plantea, entre otros puntos, la asignación del 6 % del Producto Bruto Interno – PBI nacional al sector, conforme ordena el artículo 16 de la Constitución.
“Fue nuestra dirigencia la que, exponiendo incluso su propia salud, el 2020 visitó a los congresistas de manera presencial para exponer la necesidad de modificar el artículo 16 de la Constitución y consagrar en él que el Estado no debía invertir menos del 6 % del PBI al año en educación, para ponernos en el promedio regional. La lucha fue del SUTEP desde un inicio y lo conseguimos, por lo que correspondía al gobierno actual cumplir con dicha asignación en el Presupuesto General de la República, pero no se dio. El presidente Pedro Castillo, siendo maestro, incumple un mandato constitucional referido al sector del que proviene. Eso es cuestionable”, asevera el dirigente.
Refiere que el incremento de recursos para el sector es necesario para reducir las brechas que actualmente afectan a la escuela pública, como la de infraestructura, por ejemplo.
De acuerdo al Ministerio de Educación, antes de la pandemia la brecha de infraestructura ascendía a 100 mil millones de soles, cifra que a enero de este año se ha incrementado a 110 mil millones.
Mejores salarios
Añade que el SUTEP plantea también el incremento de remuneraciones para maestros nombrados y contratados, así como para los auxiliares de educación. Actualmente, el sindicato representa a más de 300 mil docentes y seis mil auxiliares del país.
“El presidente Castillo ofreció que el sueldo de un maestro de primera escala sería equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria – UIT. Como sindicato, nosotros proponemos que sea el 85 % de equivalencia, considerando la situación económica del país. Sin embargo, lejos de ello, solo aprobó un aumento de 175 soles, en promedio, para este año, cuando el aumento, para llegar a una UIT, como prometió, debería ser de 500 soles anuales hasta el 2026”, explica, acotando que resulta injusto que un auxiliar de educación perciba mil 200 soles de remuneración.
“Con la Ley del Profesorado, que fue conquista histórica del SUTEP, un maestro y un auxiliar percibían la misma remuneración. Eso cambió de manera injusta con la Ley de Reforma Magisterial del gobierno de Ollanta Humala y el Estado no ha hecho nada por corregir dicha inequidad”, comenta.
En el petitorio sindical plantea también el aumento de pensiones para cesantes y jubilados, para que sean equivalentes al sueldo de un maestro de primera escala, y el reconocimiento del pago del 100 % de la Compensación por Tiempo de Servicios – CTS, para docentes contratados y auxiliares.
“Como sindicato logramos la promulgación de la ley del 100 % de la CTS para maestros nombrados, pese a que el presidente Pedro Castillo no la quiso firmar, nosotros logramos el respaldo del Congreso y fue su presidenta la que promulgó la norma. Lo mismo ha sucedido con la ley para el pago de la deuda social sin judicializar, lucha de más de 30 años de nuestro sindicato. Ahora, exigimos que se reconozca el derecho del 100 % de la CTS para los compañeros maestros contratados y auxiliares. El proyecto ya fue aprobado en las comisiones de Educación y Presupuesto, debe pasar al Pleno y ahí esperamos el respaldo de la representación parlamentaria”, menciona.
En el Pliego de Reclamos se considera también el nombramiento docente en las plazas orgánicas existentes y la reconversión de 41 mil plazas de contrato a orgánicas, la atención urgente a la Educación Intercultural Bilingüe y la promoción del ascenso docente con evaluaciones meritocráticas.
Gestión ministerial
Cebero Guerrero sostiene que el magisterio nacional siente decepción de Pedro Castillo, pues lejos de atender las necesidades del sector ha puesto énfasis en promover la división de los maestros y auxiliares.
“Al ministro Juan Cadillo lo despidió por WhatsApp y puso en su lugar a Carlos Gallardo, quien lejos de gestionar el sector y continuar lo avanzado se dedicó a copar el Ministerio de Educación de personas ligadas al entorno de la organización del presidente Castillo, cuestionadas y no calificadas. Gallardo es el responsable político de que el año pasado, por segunda vez consecutiva, no haya concluido el proceso para el nombramiento docente, recordemos que la prueba se filtró e incluso se señaló a su hija como partícipe de este acto. En su reemplazo ha sido colocado el ministro Rosendo Serna, cuya gestión tampoco responde a las necesidades del sector y cuya renuncia ya ha sido pedida por el SUTEP, al evidenciar falta de capacidad para hacer cumplir las normas y resolver las carencias de la escuela pública”, precisa.
Comenta que con el Decreto Supremo 014-2021, dado en agosto del año pasado, el ministro Juan Cadillo declaró en emergencia el sector Educación, estableciendo seis objetivos para revertir la crisis agudizada por la pandemia.
Sin embargo, transcurrido el tiempo de vigencia de la emergencia declarada, el ministerio no cumplió con la implementación de las medidas que permitiesen alcanzar alguno de los objetivos, lo que – en su opinión – evidencia el desinterés del gobierno de Pedro Castillo por la mejora de la educación.
“El presidente no tiene claridad de lo que quiere para el país y mucho menos de lo que se debe hacer en educación. No tiene interés por la crisis educativa. Los maestros y auxiliares apostamos por el cambio, pero nos sentimos defraudados al ver cómo lo que sucede en el gobierno es la continuidad de un modelo corrupto, incapaz y que solo busca satisfacer intereses de grupo o personales. El gobierno se ha olvidado de hacer realidad esa prédica de atender las demandas del pueblo y en el SUTEP hemos sido muy claros al respecto: si el presidente Castillo no sabe qué hacer con el país lo mejor es que renuncie y se convoque a nuevas elecciones”, enfatiza.
Cebero Guerrero finaliza resaltando que el 6 de julio el SUTEP cumplirá 50 años de creación.
“El magisterio celebra una fecha trascendental en el movimiento sindical, porque como organización seguimos vigentes y fortalecidos, pese a los intentos errados de dictaduras y gobiernos aparentemente democráticos de quebrar la unidad de los maestros y auxiliares. El SUTEP cumple 50 años de lucha junto al pueblo y firme, siguiendo el ejemplo de Horacio Zeballos, nuestro primer secretario general, y los maestros dirigentes que nos antecedieron”, señala.
A 30 días del primer año del gobierno de Pedro Castillo, el juicio que sus colegas maestros realizan es severo. Para el decano del Colegio de Profesores de Lambayeque, Percy Morante Gamarra, la presencia de personajes no calificados en la gestión del sector Educación a nivel nacional, impide alcanzar mejoras.
“Hubo una expectativa muy alta sobre el inicio del gobierno del profesor Pedro Castillo, pero a medida que el tiempo ha pasado esa expectativa fue cayendo. Se plantearon propuestas y normativas para ver de una manera diferente a la educación, con un nuevo escenario. Los maestros y los padres de familia veían una luz al final del camino, pero nada se ha concretado”, menciona.
Refiere que si bien se han logrado avances históricos como el reconocimiento del pago del 100 % de la Compensación por Tiempo de Servicios – CTS, para maestros nombrados y el pago de la deuda social sin judicializar, remarca que estos avances han sido impulsados en el Congreso, e incluso promulgados por este poder del Estado ante la negativa del mandatario de la república.
“El presidente Castillo tuvo la oportunidad de ser el gran protagonista en esas grandes decisiones, pero eligió no hacerlo. Ante ello nos preguntamos dónde queda el presidente maestro. Parece que ya existe un divorcio entre lo que él propuso como candidato y lo que hace estando en el poder”, manifiesta.
Defensa de la meritocracia
Anota que son varias las promesas de Pedro Castillo relacionadas al sector Educación que siguen sin cumplirse, citando el caso del aumento de sueldos o la emisión de una ley que reemplace a la Ley de la Reforma Magisterial.
“La Ley de la Reforma Magisterial, como toda norma, es perfectible. En lo que sí debemos tener un cuidado extremo es en no retroceder. Es un riesgo grande hablar de una nueva norma en la que se pueda echar por tierra lo avanzado, como lo relacionado a la meritocracia. El maestro ya es consciente que con mejores capacidades y competencias puede alcanzar mejoras económicas. Eso no se puede perder, la meritocracia debe reforzarse”, señala Percy Morante.
Agrega que también es necesario que se defina en qué medida se puede exigir al maestro un mejor desempeño y capacidades, para que tenga un rendimiento más eficaz y eficiente, puesto que la capacitación y actualización debe ser garantizada por el propio empleador, en este caso el Estado.
“Si lo que se quiere es un mejor desempeño docente, el Estado tiene que destinar partidas para la preparación del maestro. Así recién estaríamos hablando de un Estado que acompaña en el perfeccionamiento docente, dotándole de las herramientas para mejorar en las aulas”, enfatiza.
Recursos
El decano del Colegio de Profesores indica que la demanda del magisterio por mayores recursos para el sector Educación no debe ser mal vista por la ciudadanía, pues existe el criterio equivocado que la exigencia tiene que ver únicamente con lo remunerativo.
Percy Morante explica que la lucha por el 6 % del PBI para Educación implica la reducción de las brechas, la mejora del equipamiento, las tecnologías y de las capacidades humanas.
“Cuando se habla de más presupuesto se debe entender que esto involucra varios aspectos puntuales y uno de ellos es el de la infraestructura. Vemos que en las escuelas, cerradas durante dos años por la pandemia, no se ha hecho nada. Estamos ya en el mes de julio y aún tenemos estudiantes recibiendo clases de manera remota, sabiendo que los resultados no han sido los esperados. Otro aspecto importante es el fortalecimiento de capacidades para el desempeño docente o el cumplimiento de las obligaciones laborales que el Estado tiene pendientes con el magisterio. Es muy complejo hablar del aumento de recursos, pero sí es necesario tener más presupuesto en el sector. Existe una deuda histórica con el trabajo docente”, precisa.
Percy Morante considera que es complejo hablar de recuperación de los aprendizajes actualmente, teniendo en cuenta que los estudiantes han retornado a la presencialidad tras dos años de educación remota, aunque una parte de estos todavía siguen recibiendo clases en sus casas.
“No se puede recuperar lo que no se ha tenido. Nuestros niños fueron promovidos de grado sin haber recibido la totalidad de contenidos que correspondía a sus niveles de estudio. Esto amerita a una evaluación detallada para saber en qué condición han retornado a la presencialidad y hacer una proyección para entender qué metas o capacidades debieron alcanzar en los últimos dos años para de ahí restructurar el plan de estudios. Esto no se trata de tiempo, sino de sincerar la situación del educando y procurar nivelar los conocimientos”, plantea.
Gestión del sector
Por otro lado, el titular de la orden profesional de maestros en Lambayeque considera que otro aspecto importante es el personal que ocupa los puestos clave en el sector Educación, funcionarios que – enfatiza – deben tener las condiciones de experiencia e idoneidad para el ejercicio de los cargos en los que se toman las decisiones sobre quehacer educativo del país.
“Lo que vemos es que no se ha convocado a las personas idóneas”, manifiesta el decano, añadiendo que al exministro Juan Cadillo el gobierno de Pedro Castillo le negó la oportunidad de desarrollar sus objetivos a la cabeza del sector, reemplazándolo por Carlos Gallardo, cuyo desempeño obedeció más a la postura sindical y política del propio presidente de la república que a las necesidades del portafolio.
“Cadillo venía con muchas expectativas, era un técnico. Sin embargo, para el gobierno han primado expectativas más políticas. El ministro Gallardo actuó lamentablemente parcializado, fragmentando al magisterio más de lo que ya estaba, mientras que el actual ministro Rosendo Serna la situación es regular. Hay ciertos logros, pero no son los que se esperaría de un gobierno próximo a cumplir un año”, menciona.
“Con la educación no se puede jugar, venimos de una situación muy crítica por la pandemia y a estas alturas el presidente Pedro Castillo debería haber evaluado y comprender que es necesario abandonar esos intereses particulares y convocar a la gestión del sector a profesionales bien preparados, técnicos y especialistas que ayuden a mejorar, y que los hay, además. No se puede seguir convocando a funcionarios solo por cuestiones personales y de otra índole, porque eso afecta a nuestro sector”, añade el decano del Colegio de Profesores de Lambayeque.
Universidades
Morante Gamarra, quien también es docente universitario, considera que la firmeza que le falta al gobierno para convocar a buenos cuadros al Ministerio de Educación, también la ha mostrado para defender la reforma universitaria iniciada con la promulgación de la Ley 30220, de julio del 2014.
“Con todas sus limitaciones la reforma ha sido muy positiva, pero la actitud del gobierno para defenderla no es decisiva, firme ni consistente, porque existen muchas situaciones de avances y retrocesos. Lo que debería regularse es cómo lograr un puente entre la universidad, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, y el Ministerio de Educación. Es cierto que en las universidades han existido hechos que impedían la calidad y el avance, pero con la SUNEDU y su regulación se han alcanzado cambios. Falta todavía mucho por corregir y mejorar, por eso se debe defender la reforma”, acota.
Añade que el gobierno debería propiciar un entendimiento entre las universidades públicas y privadas y la SUNEDU para que se corrijan los aspectos que están débiles.
“El objetivo debe ser uno solo: satisfacer la demanda de la ciudadanía de tener una mejora educación superior, que las universidades sean capaces de producir conocimiento científico y para eso se tienen que tener las condiciones y los presupuestos muchas veces son mínimos. Es más, nos exigen que la universidad alcance ciertos estándares, pero no nos otorgan los recursos. Sería importante que desde el Ministerio de Educación se asuma un rol más protagónico, pero siempre en diálogo con las instituciones académicas que son parte del sistema universitario”, precisa.
Trabajo por la educación
Del mismo modo, señala que es importante la decisión política para la aplicación de las herramientas que permitan la mejora de la enseñanza, como los Proyectos Educativos Regionales – PER o los diseños curriculares acordes a la realidad de cada localidad.
En el caso de Lambayeque, el PER aprobado en el 2006 feneció en su horizonte de vigencia sin ser aplicado y hasta el momento no se ha convocado a los actores involucrados en el quehacer educativo para un nuevo diagnóstico y formulación.
Sobre el Colegio de Profesores, Percy Morante explica que existen sendos pronunciamientos jurisdiccionales que reconocen la legitimidad de la orden, en el consejo directivo que lidera el decano nacional Pablo Helí Ocaña.
La división del colegio, impulsada por personajes cercanos al entorno del presidente Pedro Castillo, ha generado confusión en buena parte del magisterio, que amparado en una disposición transitoria de la Ley de la Reforma Magisterial aún no se colegia.
En Lambayeque, el legítimo Colegio de Profesores, liderado por Percy Morante, cuenta con más de dos mil 500 maestros asociados y se espera que en el mediano plazo la mayoría de los 20 mil existentes a nivel departamental opten por su afiliación a la orden.
“Mantenemos abierta nuestra invitación a las maestras y maestros para que conozcan el trabajo que realizamos y se integren al colegio. En el Día del Maestro nuestro reconocimiento a su trabajo, sacrificio y esfuerzo, animándolos a continuar por el camino correcto, velando siempre por nuestra niñez”, concluye.
