•  Acusa a la prensa de maltratarlo por la presunta “protección” a ex directivo de EPSEL, sin embargo hechos concretos evidencian lo contrario.

En Audiencia de Desacumulación, el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco,  a cargo de la investigación “Los Limpios de la Corrupción”, señaló que todo el tiempo ha sido maltratado por un sector de la prensa como consecuencia de imputaciones falsas que se le hacían respecto a un supuesto favorecimiento a Percy Quesquén Díaz.

Sin embargo, los hechos apuntarían a que el ex presidente del Directorio de EPSEL S.A. efectivamente se vio favorecido con algunas decisiones fiscales, como por ejemplo, la de mantenerlo en libertad pese a ser considerado uno de los funcionarios de mayor confianza del ex alcalde Roberto Torres Gonzáles.

El fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco, solicitó ante el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la desacumulación de una imputación de Cohecho Pasivo Impropio contra los ex funcionarios de EPSEL S.A., Percy Quesquén Díaz y  Juan Miguel Valdivia Goycochea, acusados junto a Roberto Torres Gonzáles por supuestamente haber recibido prebendas o coimas de Darío Acuña Peralta, hermano del actual presidente regional Humberto Acuña.

La referida dádiva fue presuntamente para beneficiarlo – a través del Consorcio Triple A - con la ejecución de la obra de renovación de redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en la Av. Elvira García y García de Chiclayo.

En la audiencia en mención, en un momento determinado, el fiscal Zapata Orozco, justificó su decisión de desacumular el Caso Triple A en los siguientes términos: “…A quien habla, puntualmente, siempre se le ha criticado por no haber desacumulado delitos al señor Percy Quesquén Díaz, ¡A la saciedad!, todo el tiempo he sido maltratado entre comillas por un sector de la prensa como consecuencia de esas imputaciones falsas que se me hacían directamente…, y que resulta ahora, estoy pidiendo la desacumulación del señor Percy Quesquén Díaz y del señor Valdivia Goycochea para tenerlos frente a frente…. quiero verlos en el escenario del juzgamiento…. pero sin embargo, hay una oposición a esa desacumulación…”.

Expresión ha tenido acceso a dos documentos importantes que permiten mostrar los supuestos beneficios y trato preferencial que ha recibido Percy Quesquén Díaz, situación por la cual “un sector de la prensa” advirtió un supuesto favorecimiento al ex funcionario de confianza de Roberto Torres Gonzales. A continuación,  una cronología y exposición de los hechos:

COMPARECENCIA SIMPLE PARA PERCY QUESQUÉN DÍAZ

En el marco del operativo realizado el 30 de septiembre de 2014 que desarticuló la organización criminal “Los Limpios de la Corrupción”, fueron detenidos una veintena de funcionarios de la comuna chiclayana, entre ellos el Abog. Percy Quesquén Díaz; ex Presidente de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (EPSEL S.A.), considerado un funcionario de la más absoluta confianza del ex alcalde de Chiclayo, acusado de los delitos de Lavado de Activos y Asociación Ilícita para delinquir.

Días después, el 06 de octubre de 2014, Carlos Mendoza Oliden y Percy Quesquén Díaz sorpresivamente salieron en libertad con mandato de comparecencia simple, mientras a los demás funcionarios detenidos el 30 de septiembre se les trasladó al Establecimiento Penitenciario de Chiclayo con mandato de Prisión Preventiva. En entrevista brindada al semanario Hildebrandt en sus Trece, el entonces fiscal adjunto Juan Manuel Carrasco Millones, fiscal a cargo del caso específico de Quesquén Díaz, declaró que los referidos ex funcionarios estaban “colaborando” con la justicia.

Al respecto, independientemente que el Código Procesal Penal vigente, establece que la información proporcionada por el Colaborador Eficaz debe ser corroborada para determinar su eficacia, el mismo cuerpo normativo en su Artículo 475° establece como requisitos de la eficacia de la información y beneficios premiales que el colaborador debe “…Entregar los instrumentos, efectos, ganancias y bienes delictivos relacionados con las actividades de la organización delictiva, averiguar el paradero o destino de los mismos, o indicar las fuentes de financiamiento y aprovisionamiento de la organización delictiva…”. Hasta la fecha, y habiendo trascurrido algo menos de cuatro (04) años, no se tiene conocimiento que Percy Quesquén Díaz cuente con Acuerdo de Colaboración Eficaz aprobado por el Juzgado penal correspondiente; sin embargo, sigue gozando de libertad.

PERICIA CONTABLE DE PERCY QUESQUÉN DÍAZ

Horas antes de obtener su libertad, Quesquén Díaz, presentó ante el Cuarto Despacho de Investigación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, su Pericia Contable suscrita por el CPCC José Antonio Ibáñez Alcántara, con la que pretendía acreditar que durante el periodo 2004 al 2014, el referido ex funcionario no había incurrido en “desbalance patrimonial”; en otras palabras, que sus gastos fueron menores a sus ingresos durante el periodo bajo análisis.  En el rubro “Egresos”, señala, entre otras cosas, haber sido propietario únicamente de dos terrenos adquiridos en el año 2010; uno en la Urb. Monterrico vendido en febrero de 2011 y otro en la Urb. La Florida vendido en noviembre de 2012 a Katiuska del Castillo Muro, asimismo indicó haber adquirido tres (03) vehículos: un automóvil marca Volkswagen comprado en el año 2009, y dos automóviles Kia Picanto  en mayo y junio de 2014.

El Ministerio Público, basado en declaraciones de testigos y co imputados, a través del tiempo, ha podido concluir que Percy Quesquén Díaz habría adquirido muchos más bienes de los declarados oficialmente, utilizando presuntamente, a familiares y amistades, trasgrediendo los establecido en el inciso d) del Artículo 475° del Código procesal Penal de 2004; sin embargo, el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco; titular de la investigación seguida a la organización criminal “Los Limpios de la Corrupción”, jamás varió la medida coercitiva contra Quesquén Díaz, a pesar de haberse demostrado que le ocultó información flagrantemente a la misma fiscalía.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDOS POR PERCY QUESQUÉN DÍAZ Y SU ENTORNO FAMILIAR Y AMICAL

En la Teoría Fiscal, expuesta en la Disposición N° 238 de fecha 19 de diciembre de 2016, el fiscal Zapata Orozco, al formalizar Investigación Preparatoria por el delito de Lavado de Activos contra: Rubén, Betsabé y Jenny Quesquén Díaz (hermanos del ex presidente de EPSEL S.A.), Alejandro Quesquén Díaz y Lorenza Díaz de Quesquén (padres), Lorenzo Jorge Pecsén Mimbela y Ana María Gonzáles Tapia (suegros), y Fiorella del Carmen Bazán Paredes (amiga), sustenta su decisión en la presunción que los bienes adquiridos por estas personas fue con dinero ilícito perteneciente a Percy Quesquén Díaz, de acuerdo al siguiente detalle:

Rubén Quesquén Díaz, con fecha 14 de septiembre de 2012, adquirió un inmueble ubicado en la calle 28 de Julio N° 597 del PP JJ Diego Ferré, por un monto de S/. 3,000.00 (ha quedado acreditado que en realidad se pagó S/. 50,000.00). Percy Quesquén Díaz en su declaración de fecha 21 de enero de 2015 señaló que en el año 2012 compró el referido terreno a nombre de su hermano Rubén en aproximadamente US$ 20,000.00, construyendo un edificio gastando un aproximado de S/. 120,000.00.

Betsabé Quesquén Díaz, con fecha 11 de noviembre de 2011, adquirió una camioneta rural, marca Hyundai, modelo H-1, de placa de rodaje M1T-420, por la suma de US$ 25,990.00. Percy Quesquén Díaz en su declaración de fecha 21 de enero de 2015 señaló:“…en el año 2013 adquirí una camioneta Hillux, marca Toyota, a nombre de mi hermana Betsabé Quesquén Díaz, y la puse a nombre de mi hermana porque tenía permanentes problemas con mi esposa…”.

Jenny Quesquén Díaz, con fecha 10 de diciembre de 2013, adquirió un inmueble ubicado en la Manzana 11, Lote 26 (Calle 28 de Julio N° 415), PP JJ Diego Ferré, por un monto de US$ 17,000.00. José Nicolás Baca Távara en su declaración de fecha 12 de enero de 2015, sostuvo que Percy Quesquén Díaz era propietario de una vivienda ubicada en la avenida 28 de Julio N° 415 del PP JJ Diego Ferré, porque el mismo Quesquén Díaz se lo había manifestado, llevándolo incluso a conocer la casa.

Alejandro Quesquén Díaz y Lorenza Díaz de Quesquén, con fecha 17 de septiembre de 2011, adquirieron un automóvil marca Toyota, modelo Corolla, placa de rodaje M1S-160, por la suma de US$ 19,510.00. Percy Quesquén Díaz en su declaración de fecha 21 de enero de 2015 señaló que en el año 2011 vendió un auto Toyota Corolla y compró otro en el mismo año, a nombre de su padre.

Alejandro Quesquén Díaz y Lorenza Díaz de Quesquén, con fecha 22 de agosto de 2010, adquirieron un lote de terreno ubicado en la calle Universidad La Católica s/n, Chochope, Lambayeque, por la suma de US$ 19,510.00. Mariano Carranza Suyón en su declaración de fecha 09 de noviembre de 2016, sostuvo que la venta del referido predio se efectivizó con participación de Percy Quesquén Díaz y su madre, siendo el primero de los nombrados quien efectuó el pago de S/. 1,000.00 en presencia del Juez de Paz de dicho sector.

Alejandro Quesquén Díaz y Lorenza Díaz de Quesquén, habrían adquirido un área en la parte posterior del inmueble ubicado en la avenida 28 de Julio N° 571 (Fitzcarrald N° 574 – Interior A), PPJJ Diego Ferré. José Nicolás Baca Távara en su declaración de fecha 12 de enero de 2015, sostuvo que Percy Quesquén Díaz compró un terreno ubicado en la parte posterior de la vivienda de sus padres, con acceso a un departamento de material noble ubicado en el segundo piso a través de una escalera.

Lorenzo Jorge Pecsén Mimbela y Ana maría Gonzáles Tapia, con fecha 12 de noviembre de 2012, adquirieron un inmueble ubicado en la calle León Barandiarán N° 139 – Departamento 301, Urbanización Arturo Cabrejos Falla, Santa Victoria, por la suma de US$ 125,000.00. Percy Quesquén Díaz en su declaración de fecha 21 de enero de 2015 señaló que en el año 2013 compró el departamento de la Urbanización El Abogado, Santa Victoria, y allí canceló la suma de US$ 50,000.00 en efectivo, y el resto se financió con un préstamo hipotecario con el Banco de Crédito del Perú a nombre de sus suegros por la suma de S/. 126,000.00. También adquirió la cochera en aproximadamente US$ 12,000.00.

Fiorella del Carmen Bazán Paredes, con fecha 19 de agosto de 2014, adquirió una camioneta marca Toyota, modelo RAV 4, por la suma de US$ 25,000.00. La misma Fiorella del Carmen Bazán Paredes, con fecha 20 de octubre de 2014 hizo entrega de la referida camioneta, declarando que le pertenecía a Percy Quesquén Díaz quien le solicitó que figurara a su nombre.

Como corolario, el Ministerio Público señala en el punto 5.21.3. de la referida disposición: “…Por consiguiente, se colige que el procesado Percy Quesquén Díaz solía realizar esta modalidad de adquisiciones o transferencias de vehículos (actos de conversión y transferencia: compra y venta), e incluso de inmuebles a nombre de terceras personas y familiares porque sencillamente el dinero que sirvió para adquirirlos era de procedencia ilícita al no poder justificarlo…”.

PROGNOSIS DE PENA DE PERCY QUESQUÉN DÍAZ

En la misma Disposición N° 238 de fecha 19 de diciembre de 2016, el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco señala: “…5.5. De este modo, advertimos que el imputado Percy Quesquén Díaz era considerado del círculo de confianza de Roberto Torres Gonzáles, porque fue designado en altos cargos directivos con la única finalidad de tener dominio de los caudales del Estado como la MPCH y EPSEL S.A., y aquel acataba sus órdenes, generándose un alto grado de confianza entre ellos…”.

Entre los delitos atribuidos por el Ministerio Público al ex funcionario de confianza de Roberto Torres Gonzáles, tenemos: Lavado de Activos, Asociación Ilícita para Delinquir, Cohecho Activo genérico, Cohecho Pasivo Impropio y Cohecho Pasivo Propio, que suman una prognosis – considerando únicamente la pena mínima – de veinticuatro (24) años de pena privativa de la libertad; sin embargo, no obstante la gravedad de las imputaciones y los abundantes medios probatorios en su contra, el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco, a pesar de haber transcurrido casi cuatro años desde el inicio de las investigaciones, nunca solicitó la medida coercitiva de prisión preventiva para Percy Quesquén Díaz, aún a sabiendas que resulta materialmente imposible que pueda obtener una sentencia con pena suspendida.

MINTIÓ AL MINISTERIO PÚBLICO Y NO PASÓ NADA

Queda claro entonces, que Percy Quesquén Díaz viene mintiendo de forma permanente al Ministerio Público desde el inicio de la investigación, presentando una pericia contable que no se ajusta a la realidad, denotando su total falta de arrepentimiento; es más, el reconocimiento posterior de la propiedad de bienes muebles e inmuebles, se realizó porque otros imputados y testigos declararon que dichos bienes le pertenecían realmente a Quesquén Díaz, y no fueron entregados por voluntad propia.

Todo esto, con el conocimiento y anuencia del fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco, quien viene siendo investigado por la Oficina Desconcentrada de Control Interno por negarse a reabrir el Caso Transportes Línea, en el que se presume que Percy Quesquén Díaz recibió coimas del administrador de dicha empresa con la finalidad de favorecerlo con la emisión de una ordenanza municipal que regula el tránsito de sus unidades por la Av. Bolognesi de la ciudad de Chiclayo.

Entonces, no se trata que un sector de la prensa haya “maltratado” al fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco con imputaciones falsas; sino que, su accionar respecto a dicho imputado deja mucho que desear y crea una nube de dudas sobre su idoneidad y objetividad en el caso “Los Limpios de la Corrupción”.

La familia de Silvia Alcántara Vásquez, fallecida en enero del 2015, responsabiliza a Julio César García Mejía de haber ejercido violencia sistemática contra ella y sus menores hijos durante la relación que mantuvieron como convivientes tanto en España como en el Perú. Esa es una de las razones por las que se oponen a que el Poder Judicial le otorgue la tenencia de los niños, quienes actualmente viven con su abuela materna, Edita Vásquez Campos.

García Mejía, de nacionalidad colombiana, conversó con Expresión haciendo uso de su derecho de réplica, negando en todo momento haber agredido a su expareja y a sus hijos, señalando más bien que es la familia de Silvia Alcántara la que ejerce violencia contra los menores y los priva de relacionarse con él como progenitor.

“Tuve una relación con la hija de la señora Edita Vásquez y en el 2009 nacieron mis hijos. La situación en España no estaba tan bien y le pedí a mi señora que viajemos al Ecuador, porque yo viví allá con mi primer compromiso, tengo dos hijos mayores y la familia tiene una empresa grande. El objetivo era trabajar allá para de esa manera tener estabilidad y que mis hijos estuvieran mejor económicamente”, señala Julio César García.

Según relata, Silvia Alcántara se negó, supuestamente porque temía que García Mejía retome la relación con su expareja, con quien dice tener “una relación estupenda”. A la negativa, la pareja optó por viajar al Perú en el 2012 e instalarse en la casa familiar de Silvia.

ABSUELTO EN ESPAÑA

Previo al retorno, Silvia Alcántara había denunciado a Julio César García por violencia en Barcelona, ciudad en la residían. Sin embargo, al instalarse el proceso judicial ambos se acogieron al derecho de reservarse la declaración, pese a que la fiscalía sí había formulado acusación contra el supuesto agresor. En consecuencia, recogiendo una jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, la juez del Sexto Juzgado Penal de Barcelona emitió la Sentencia N° 495-2011, del 14 de octubre del 2011, absolviendo a García Mejía.

“Ella (Silvia) me puso una denuncia fraudulenta en España, que en su tiempo fue declarada archivada. Fue transferida a Psicología y ahí se dieron cuenta que ella había sido violentada de niña junto a sus hermanos mayores. Nunca agredí a Silvia y menos a mis hijos. Eso último sería más grave, porque en Europa cuando alguien denuncia algún tipo de violencia contra un menor la policía interviene inmediatamente”, refiere García Mejía.

Admite que sí estuvo detenido durante 24 horas como parte de la investigación que realizó la policía tras la denuncia que presentó su expareja, de la que posteriormente se le absolvió.

“Si yo la hubiera agredido en España las autoridades me hubieran alejado inmediatamente de los niños. Todo lo que ella denunció, tanto la supuesta violencia en España como en Perú, fue producto de su imaginación. Es lo mismo que ha hecho su madre en mi contra. Silvia sí tenía celos de que volviésemos al Ecuador, cuando supe de la pericia psicológica que le habían practicado me aconsejaron que lo mejor era que viniéramos al Perú y ella pueda superar la violencia vivida por su padre”, relata.

LLEGADA Y PARTIDA

Julio César García cuenta que a la semana de llegar al Perú (2012) viajó con destino a Ecuador, pues – según él – Silvia era tratada “como si fuera una esclava por su padre y su hermano”.

“No nos dejaban salir, mantenían la puerta con candado y nos tocaba hasta pedir permiso para poder salir a hacer una llamada. Fue como si hubiéramos llegado a una cárcel. El hermano de Silvia maltrataba a los niños, en dos ocasiones me tocó hablar fuerte con él, los empujaba, los levantaba de la cabeza… Yo le pedí a Silvia que nos fuéramos. La convencieron a ella para que me denunciara”, señala.

García Mejía muestra una constatación policial del 15 de marzo del 2012 en la que indica que tanto Silvia Alcántara como sus hijos se encontraban “aparentemente en buen estado de salud física y mental”. El documento fue suscrito por los suboficiales Wilmer Correa Carhuatanta y Rossinelly Arce Guadalupe.

Consultado sobre los recursos con los que se aseguró la manutención de los niños cuando viajó a Ecuador, responde que con el dinero que ambos trajeron de España, aproximadamente ocho mil euros. En el exterior, Julio César García – afirma – había trabajado como seguridad. “El dinero era mancomunado, era de los dos”.

TRAS LA MUERTE DE SILVIA

Como se ha relatado en la edición 1093, García Mejía viajó a Ecuador y no volvió sino hasta después de la muerte de Silvia Alcántara, ocurrida el 21 de enero del 2015. Durante ese tiempo – asegura – el cumplió con enviar importes económicos a la madre de sus hijos para su manutención a través de MoneyGram.

A la muerte e Silvia, en circunstancias que su familia considera extrañas y cuya investigación el Ministerio Público decidió archivar por falta probatoria, Julio César García dice que buscó a Edita Vásquez y a sus hijos, allanándose posteriormente al régimen de visitas dispuesto por el juzgado de familia en el que su expareja había iniciado un proceso de tenencia por supuesto abandono del progenitor.

Según indica, fue después de la muerte de Silvia que conoció a Consuelo Gonzales Valderrama, en cuya vivienda ubicada en el distrito de Guadalupe, en La Libertad, falleció su expareja. Refiere también que por redes sociales fue contactado por la prima de Silvia, identificada como Mirella Mogollón Vásquez, quien junto a su madre (hermana de Edita Vásquez) Yolanda Vásquez Campos, declararon ante la policía nacional violencia contra los niños ejercida por el hermano de la occisa. De estos hechos alertaron al progenitor.

En ambas declaraciones, las familiares de Silvia Alcántara narran hechos de violencia y exposición de los menores al peligro por parte de su hermano, identificado como Carlos Alcántara Vásquez, razón por la que aseguran que la expareja de Julio César García decidió trasladarse a vivir a Mórrope, donde empezó a ejercer su profesión de nutricionista. El objetivo – refieren – era proteger a los niños.

“Me informan que Silvia había muerto y que mis hijos corrían peligro, por lo que debía volver a Chiclayo. Ante una noticia de ese tipo regresé a Chiclayo y busqué a la familia de Silvia. A mis hijos les han dicho que yo maté a su mamá, que los voy a matar a ellos, que me los voy a robar del colegio. ¿Quién quisiera ver a su padre así?”, asevera.

TENENCIA DE LOS NIÑOS

En mayo de este año, el Primer Juzgado de Familia, a cargo de la juez Carmen Dávila Lombardi, ordenó con una medida cautelar que la tenencia de los niños sea entregada a García Mejía, razón por la que – tal como ha reconocido a Expresión Edita Vásquez y su abogado, Alex Rentería Cachay, “pusieron a los niños a buen recaudo”. Eso significa que los ocultaron de su padre en tanto la cautelar estuvo vigente.

La cautelar fue anulada en octubre pasado por la Segunda Sala Civil de Chiclayo, presidida por el juez José Rodríguez Tanta, quien según Julio César García no garantizaba imparcialidad, debido a que siendo este jefe de la ODECMA Lambayeque archivó una queja presentada contra la secretaria del juzgado que – afirma – mantenía una relación cercana a Edita Vásquez.

“La sala anuló la medida cautelar sabiendo que los niños estaban secuestrados y por eso es que se ha quejado a la sala. Los menores fueron retenidos ilegalmente por la señora Edita Vásquez, incluso tengo la constatación del Colegio Félix Tello que certifica que los niños no eran enviados a estudiar desde mayo de este año, pero además la pericia psicológica practicada a la señora Edita Vásquez que concluye que presenta un coeficiente intelectual deficiente”, refiere.

La pericia a la que hace alusión García Mejía es la N° E752018, de la Dirección Ejecutiva de Criminalística de la Policía Nacional Perú, practicada por la perito Lourdes Castro Guevara a Edita Vásquez Campos el 19 de agosto pasado.

“Yo viajé a Ecuador para ir a traer dinero, le dejé a mis hijos una semana y cuando regresé no me dejó verlos y me había puesto una denuncia de abandono. Ella le ha dicho a su hermana que me iba a quitar la custodia de mis hijos, pienso que hay una pretensión económica de fondo”, manifiesta.

Finalmente, niega tener algún tipo de relación con la muerte de Silvia Alcántara, aseverando que sí cree en causas naturales debido a que esta habría tenido problemas de salud vinculados a alguna enfermedad hematológica. Leucemia, es lo que señala García Mejía.

“Si yo supiera que mis hijos van a estar bien y que no se exponen a ningún peligro, los dejaría con su abuela materna porque creo que sería sano que estén con una persona que los quiere. Pero no es el caso. Mis hijos son manipulados, sufren de alienación parental y están expuestos al peligro por el entorno en el que viven”, concluye.

• Tribunal Constitucional dispuso que propietario de viviendas afectadas mantenga inscripciones en Registros Públicos y disponga del área que fue utilizada para ampliar la vía.

En ensanche de las calles en el centro de Chiclayo es una de las tareas pendientes desde la aprobación del Plan Director de 1992. Solo en algunas arterias de la ciudad fue posible avanzar en dicho objetivo, siendo casos recientes la calle Tarata y Alfredo Lapoint, aunque en esta última el proceso ha sufrido un duro revés: el municipio provincial perdió una demanda ante el Tribunal Constitucional al no cancelar el justiprecio a uno de los propietarios por el retiro de su fachada, con lo cual ha perdido potestad sobre el área, donde ahora se construye un sardinel privado.

El 16 de agosto del 2010, el ciudadano Carlos Quiñones Castro interpuso una demanda de amparo contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo y la Procuraduría Pública Municipal para que se deje sin efecto la Resolución de Alcaldía N° 333-2010-MPCH/A, del 20 de abril del 2010, con la que se declaró de necesidad pública las áreas afectadas por el ensanche de la calle Alfredo Lapoint, cuadra 6, lado oeste, en la parte que afecta los inmuebles de su propiedad signados con los números 601-609, departamentos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El demandante señaló que la decisión municipal lesionaba sus derechos de propiedad y el debido procedimiento administrativo.

La Municipalidad Provincial de Chiclayo realizó obras de ensanche de vías afectando la propiedad de Quiñones Castro en un área de 40.45 metros cuadrados. Según expuso en su demanda, con Carta N° 020-SGSG-2010, de fecha 4 de febrero del 2010, la comuna le informó que las áreas que serían afectadas habían sido valorizadas en 60 mil 344.64 soles. Por el inmueble signado con el número 601 le correspondería el justiprecio de 44 mil 87.66 soles y por el inmueble 609 la suma de 16 mil 257.48 soles.

El demandante argumentó en su amparo que la Resolución de Alcaldía N° 333-2010-MPCH/A era nula, por supuestamente contravenir lo previsto en el Artículo 70 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que señala que “(…) La decisión que se disponga deberá ser notificada a los administrados comprendidos en el procedimiento en curso con anterioridad a la resolución que se dicte”. También invocó trasgresión de la Ley N° 27117 – Ley General de Expropiaciones.

RESPUESTA A LA DEMANDA

En respuesta a la demanda presentada por Quiñones Castro, el entonces procurador de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en la gestión de Roberto Torres Gonzales, alcanzó sus argumentos el 19 de septiembre del 2010, exponiendo que la afectación del derecho a la propiedad reclamada por el demandante tenía como sustento la necesidad pública descongestionamiento vehicular en la calle Alfredo Lapoint, cuadra 6, esquina con Elías Aguirre, por lo que la resolución cuestionada no tenía vicio alguno.

Un año después, el Primer Juzgado Civil de Chiclayo, el 19 de septiembre del 2011, declaró improcedente la demanda de Quiñones Castro al considerar que la afectación reclamada, es decir el ensanche de la calle, ya se había realizado, por lo que era imposible reponer las cosas al estado anterior, resultando de aplicación el Artículo 5, inciso 5, del Código Procesal Constitucional, que señala que una demanda es improcedente cuando “ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha convertido en irreparable”.

Quiñones Castro apeló y en segunda instancia la Tercera Sala Constitucional de Chiclayo confirmó la improcedencia de la demanda, recogiendo el mismo argumento de la instancia precedente.

EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Inconforme con la decisión del Poder Judicial en Lambayeque, el ciudadano recurrió al Tribunal Constitucional, entidad que con resolución del 5 de julio del 2012, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 119 del Código Procesal Constitucional solicitó a la Municipalidad Provincial de Chiclayo información para resolver el caso, la misma que fue remitida con Oficio N° 230-2012-GAF, siendo recibida el 11 de diciembre del 2012.

“Este tribunal estima que el derecho de propiedad es un derecho fundamental que guarda una estrecha relación con la libertad personal, pues a través de él se expresa la libertad económica que tiene toda persona en el Estado Social y Democrático de derecho. Este derecho garantiza la existencia e integridad de la propiedad (corporal o incorporal) para el propietario, así como la participación del propietario en la organización y desarrollo de un sistema económico – social. De ahí que en el Artículo 70 de la Constitución se reconozca que el derecho de propiedad es inviolable y que el Estado lo garantiza”, considera el Tribunal Constitucional.

Este precisa además que el derecho de propiedad se caracteriza, entre otras cosas, por ser un derecho pleno en el sentido de que le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos, y es un derecho irrevocable en el sentido de reconocer que su extinción o transmisión depende de la propia voluntad del titular y no de la realización de una causa extraña o del solo querer de un tercero, salvo las excepciones que prevé expresamente la Constitución Política.

El Tribunal señala que las restricciones admisibles para el goce y ejercicio del derecho de propiedad deben estar establecidas por ley, ser necesarias, ser proporcionales y hacerse con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática.

“No obstante la protección constitucional del derecho de propiedad, el mismo artículo 70 de la Constitución, con fundamento en la prevalencia del bien común, contempla la figura de expropiación como potestad del Estado, esto es la privación de la titularidad de ese derecho contra la voluntad de su titular. Por ello, puede considerarse que la propiedad es un derecho que puede ser restringido en cualquier momento si así lo exige la seguridad nacional o la necesidad pública, según lo señala la Constitución”, precisa el TC.

Para que la expropiación pueda aplicarse con legitimidad debe garantizarse el principio de legalidad, en virtud del cual la actividad de todas las personas y la administración pública está sujeta, primero, a la Constitución Política y, segundo, al derecho al debido proceso.

EFECTIVIDAD DE LA EXPROPIACIÓN

El TC señala que para el acto de expropiación sea constitucionalmente válido requiere que existan motivos de seguridad nacional o de necesidad pública definidos por el Congreso de la República mediante una ley especial, porque la naturaleza de las cosas así lo exige.

Asimismo, que el Estado pague previamente, en efectivo, una indemnización justipreciada que incluya el precio del bien expropiado y la compensación por el eventual perjuicio, que, a su vez, debe ser establecida en el procedimiento expropiatorio. Es decir, que el Estado tiene el deber de indemnizar en forma plena y completa a un titular del derecho de propiedad privada por el daño que debía soportar.

El tribunal considera que se estará ante supuestos inconstitucionales de privación del derecho de propiedad cuando no exista una Ley del Congreso de la República que declare la expropiación sino otra norma con rango de ley; cuando exista una ley del congreso que declare la expropiación pero no exprese o señale alguno de los motivos contemplados en la constitución para proceder a la expropiación, o se fundamente en motivos distintos, o cuando se emita una ley del congreso que señale los motivos de expropiación contemplados en la constitución pero esta se produzca sin indeminzación.

SENTENCIA

El recurso presentado por Quiñones Castro ante el Tribunal Constitucional dio origen al Expediente N° 00674-2012-AA/TC, sobre el cual la Segunda Sala del máximo intérprete de la constitución, integrada por los magistrados Blume Fortini, Ramos Núñez y Ledesma Narváez, emitió sentencia el 17 de julio del 2014.

En su sentencia, el Tribunal precisa que quedó fehacientemente acreditado el derecho de propiedad que Quiñones Castro compartía con su esposa sobre los inmuebles 601 y 609 de la calle Alfredo Lapoint. Este último inmueble posee a la vez seis departamentos.

Asimismo, que Quiñones Castro interpuso un recurso de apelación contra la resolución de alcaldía que autorizó la expropiación de áreas el 2 de junio del 2010, el mismo que no fue resuelto por el municipio debido a que se trataba de una resolución emitida en última instancia, agotándose así la vía administrativa.

El Tribunal también confirmó que en el caso referido a la cuadra 6 de la calle Alfredo Lapoint, la municipalidad de Chiclayo procedió a la expropiación sin que exista ley del Congreso de la República ni se cancele la indemnización a favor de las familias afectadas.

“La Municipalidad Provincial de Chiclayo reconoce el derecho de propiedad invocado por el demandante sobre los inmuebles ubicados en la calle Alfredo Lapoint con placa domiciliaria N° 601 – 609 (departamentos del 1 al 6). Sin embargo, no ha cumplido con el trámite correspondiente para la expropiación del área de dichos inmuebles necesaria para el ensanchamiento de la vía, específicamente solicitar la emisión de ley correspondiente al Congreso, como tampoco ha cancelado previamente el justiprecio por el área a afectarse, justificando dichas omisiones en que resulta necesario el ensanchamiento de la calle para un mejoramiento de circulación vehicular y que, por tanto, la afectación a la propiedad del demandante se encuentra legitimada”, indica el TC en su resolución de sentencia.

En consecuencia, como señala el considerando 15 de la resolución de sentencia, “se concluye que la Resolución de Alcaldía Nº 333-2010-MPCH/A, de fecha 29 de abril de 2010, lesiona el derecho a la propiedad invocado por el demandante”.

“Este Tribunal considera que se ha producido una confiscación de la propiedad por parte del Estado (en este caso, un gobierno local) sobre el área afectada de los inmuebles del demandante ubicados en la calle Alfredo Lapoint Nº 601 – 609 (departamentos 609-1, 609-2, 609-, 609-3, 609-4, 609-5, 609-6), de la provincia y departamento de Chiclayo”, reza la sentencia, precisando que la Oficina Registral del Registro de la Propiedad Inmueble de Chiclayo debe mantener las inscripciones de dominio de dichos inmuebles en su extensión actual a favor de Quiñones Castro, confirmando además que el municipio no respetó el principio de legalidad ni el debido proceso.

De ese modo, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de Quiñones Castro y ordenó a la Municipalidad Provincial de Chiclayo a que realice el procedimiento correspondiente para la expropiación del área objeto de controversia. Dos años después, el 2 de septiembre del 2016, se emitió el Auto del Tribunal Constitucional en el que se añadió a la sentencia una condena contra el municipio para que este ejecute el pago de los costos procesales a favor del ciudadano.

Del mismo modo, dispuso que Quiñones Castro quedaba expedito para hacer uso de su derecho de propiedad sobre los bienes inmuebles que dieron origen al proceso. Esto explica el porqué hace unos días se inició la construcción del sardinel en el área que la comuna había tomado para el ensanche de la vía. 

• Consorcio ganador falsificó firma de ingeniero propuesto quien denunciará el hecho.

Sin reparo alguno y como si fuera algo normal, consorcio se adjudica buena pro de obra vial presentando una carta de compromiso del Ingeniero Especialista en Mecánica de Suelos suplantando burdamente su firma.

El día 30 de noviembre del año en curso, el Comité Especial presidido por César Jhonatan Pizarro Santisteban e integrado por sus miembros José Maximiliano Reto Timaná y Alberto Luis Suclupe Pinglo, realizó el acto de presentación de propuestas del proceso Adjudicación Simplificada N° 5-2018-MDT, convocado por la Municipalidad Distrital de Túcume con la finalidad de ejecutar la obra del “Mejoramiento del Camino Vecinal – Cruce Ruta LA-104 Sasape Viejo”, cuyo monto de inversión supera el millón de soles.

En el procedimiento resultó ganador de la buena pro el Consorcio Vial Sinaí, conformado por las empresas Constructora y Consultora Gocta SAC, Nueva Jerusalén Contratistas Generales SAC y Farmic Contratistas Generales Contratistas Generales SAC.

FIRMA FALSA

Posterior a dicho acto y sin que presuntamente el comité hubiere realizado los controles posteriores a la documentación presentada por el consorcio ganador, como así lo establece la norma, el ingeniero José Ricardo Sánchez Gálvez tomó conocimiento que en la oferta del Consorcio Vial Sinaí, a folios 21 y 22, se encontraba una Carta de Compromiso del Personal Clave, mediante la cual supuestamente se estaría comprometiendo con dicho consorcio a prestar sus servicios en la obra mencionada como Especialista en Mecánica de Suelos, para lo cual habría suscrito la misma con su firma la que – de acuerdo al documento en cuestión – habría sido legalizada por el notario Pedro Abraham Valdivia Dextre.

La supuesta carta de compromiso que lleva la firma falsa de Sánchez Gálvez fue redactada el 23 de noviembre pasado y legalizada en la Notaría Valdivia Dextre al día siguiente, portando además la firma y sello de Persi Díaz Barboza, representante común del Consorcio Vial Sinaí.

Luego que el ingeniero Sánchez Gálvez visualizara la carta y su firma obrante en la misma, advirtió que esta no provenía de su puño y letra, manifestando que la misma había sido burdamente falsificada, confirmando textualmente en su carta de descargo no haber asumido compromiso alguno con dicho consorcio, por cuanto su firma no era la original. Por lo tanto, el documento presentado en el proceso por el Consorcio Vial Sinaí es falso.

Bajo esta condición, Sánchez Gálvez presentará la denuncia respectiva ante los entes competentes, con la finalidad que se sancione ejemplarmente a los involucrados en este hecho que abiertamente trasgrede los principios establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

OPINIÓN TÉCNICA

Confirmado el hecho irregular, Expresión solicitó la opinión técnica y legal del conocedor en temas de contrataciones del Estado Jorge Chávez Pita, quien manifestó enfáticamente que al haberse comprobado la falsificación de la firma del supuesto emisor de la carta de compromiso, en este caso del ingeniero Ricardo Sánchez Gálvez, el consorcio a quien se le adjudicó la buena pro, habría vulnerado el Principio de Presunción de Veracidad, razón por la cual la buena pro debería ser revocada.

Chávez Pita añade que de haberse firmado el contrato con el Consorcio Vial Sinaí, procedimiento que aún no se visualiza en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, este debería ser declarado nulo, como así lo establece el artículo 44 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuerpo normativo que le otorga esta prerrogativa al titular de la entidad contratante, en este caso el alcalde de Túcime.

La norma es clara al señalar que si se advierte la existencia de documentación falsa por parte del contratista, aun cuando se haya suscrito el contrato, la autoridad debe comunicar este hecho obligatoriamente tanto al Tribunal de Contrataciones del Estado, para que inicie el proceso sancionador respectivo, como al Ministerio Público, tal como lo establece la norma de contrataciones del Estado.

Chávez Pita también manifiesta también que, en este caso, han fallado los controles posteriores que el Órgano de las Contrataciones de la comuna debió realizar luego de que la buena pro fue consentida, los cuales al parecer no habrían sido realizados conforme la normativa vigente lo establece como obligación ineludible. Bajo esta condición, el responsable de dicho órgano sería pasible de ser sometido a las acciones administrativas y penales que podrían devenir.     

RESPUESTA

Chávez Pita dirigió una carta solicitándole al ingeniero Ricardo Sánchez Gálvez la confirmación del documento que el Consorcio Vial Sinaí presentó ante la Municipalidad Distrital de Túcume. En respuesta, el profesional remitió la misiva de fecha 19 de diciembre del 2018, legalizada en la misma Notaría Valdivia Dextre, rechazando haber firmado la carta de compromiso para participar como especialista de Mecánica de Suelos en la citada obra.

“(Niego) enfáticamente que la firma obrante en la misma provenga de mi puño y letra, razón por la cual la misma resulta ser falta. Asimismo, quiero dejar constancia que en ningún momento me he apersonado a la Notaría Valdivia Dextre a legalizar mi firma que se registra en dicho anexos. (…) Hago de su conocimiento que me reservo el derecho de acudir a las instancias correspondientes a fin de denunciar este hecho delictivo que debe ser sancionado ejemplarmente”, indica la misiva. 

Marcos Gasco Arrobas, quien asumirá el gobierno de Chiclayo el 1 de enero, refiere que en los 100 primeros días de su gestión pondrá en marcha un plan de reorganización municipal, hará más eficiente el servicio de limpia pública y ejecutará cambios sustanciales en el centro de la ciudad, lo que incluye la reactivación de planes postergados por las administraciones previas, como el de “Ciudades Sostenibles”.

Entre las acciones a realizar enero y la primera quincena de abril, Gasco Arrobas menciona la recuperación de espacios monumentales en el centro histórico y la gestión ante las operadoras de energía y telecomunicaciones para la instalación de redes subterráneas, a fin de eliminar el cableado aéreo que no solo afecta la imagen de la ciudad, sino que también constituye peligro para peatones y transportistas.

“He caminado todo Chiclayo, absolutamente todo Chiclayo, no se me ha escapado una sola calle y he podido visitar que en Cruz del Perdón hay una zona que está abandonada y que puede ser turística, donde está el Cristo Redentor. Tenemos que darle valor a esos espacios y generar a partir de ellos nuevos atractivos turísticos”, señala el alcalde electo.

Menciona que también se aplicará un modelo de desarrollo turístico sostenible que involucra áreas de conservación, como Chaparrí.

IDENTIDAD DEL CIUDADANO

“Así como el puneño que llega a Arequipa y asume la identidad arequipeña, deseo que todos los que lleguen a Chiclayo generen identidad con este pueblo. Yo soy serrano, orgullosísimo, pero me identifico con Chiclayo. Para solucionar problemas como la basura tenemos que generar identidad en la gente y en ese esfuerzo tenemos que unirnos con la municipalidad de José Leonardo Ortiz y el Gobierno Regional de Lambayeque. Tenemos que formar en Chiclayo y los distritos poblaciones fuertes que defiendan sus propias ciudades”, enfatiza.

Gasco Arrobas anota que establecerá sinergias y coordinaciones con la sociedad civil organizada, con empresarios, transportistas e instituciones educativas para generar acciones de educación, cultura y consciencia turística.

“CIUDADES SOSTENIBLES”

“Hace 15 años Chiclayo logró ingresar a un grupo élite que se llama ‘Ciudades Sostenibles’, un programa de las Naciones Unidas. En ese programa ingresaron otras ciudades como Curitiba, de Brasil; Medellín, de Colombia; Cuenca, de Ecuador; Guadalajara y Monterrey, en México; San José de Costa Rica y del Perú, la única ciudad fue Chiclayo. En ese tiempo el alcalde Arturo Castillo había logrado, con el equipo técnico de entonces, que es el mismo que me acompaña ahora, que la ciudad se incluya en el programa, lo que lamentablemente se perdió por la historia nefasta que Chiclayo ha pasado en últimos años con sus alcaldes ahora presos”, refiere Marcos Gasco.

Según afirma, su objetivo es que en el mediano plazo Chiclayo vuelva a ingresar al Programa de “Ciudades Sostenibles”, para acceder al respaldo de entidades como el Banco Mundial que faciliten “préstamos blandos” y de largo plazo para que se inviertan en el desarrollo local.

“Préstamos para ejecutar proyectos, condiciones favorables para realizar alianzas público privadas e iniciativas para impulsar el turismo. Les aseguro que vamos a tener a los bancos de fomento del mundo aquí, dándonos atención y acompañamiento”, precisó.

Dijo que también se impulsará proyectos como la construcción de una vía Costanera, sumándose al ofrecimiento de campaña de Anselmo Lozano.

“Tenemos en mente la ejecución de proyectos por un monto aproximado de seis mil millones de soles de los cuales el Estado invertiría menos del 20 %, pues solo sería necesaria la habilitación de servicios básicos y accesibilidad, el resto lo haría el sector privado”, explica.

LIMPIEZA PÚBLICA

Respecto al recojo de basura, Marcos Gasco indica que ni poniendo operativa toda la maquinaria municipal existente habría capacidad para mantener limpio Chiclayo, por lo que considera fundamental el apoyo ofrecido por el gobernador electo Anselmo Lozano para los primeros meses de su administración con maquinaria del Gobierno Regional de Lambayeque.

“La limpieza pública tendrá, a partir de enero, más unidades y colaboración. Los empresarios también deben comprometerse ayudándonos con la donación de uniformes e instrumental para el personal de recojo. Tenemos que equipar a los obreros y esperamos el apoyo de los gremios empresariales”, señala, refiriendo que en el mediano y largo plazo se espera concretar los objetivos del Proyecto Chiclayo Limpio, como la construcción de la Planta de Transferencia y el relleno sanitario.

“Con ello dejaremos de contaminar más de 400 hectáreas al sur de Reque, lo cual es un verdadero atentado para la ciudad y el medioambiente. Mi compromiso es acabar de manera definitiva con esa situación”, dice.  

El empresario azucarero Edwin Oviedo Picchotito libró el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses presentado en su contra por la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada por su presunta vinculación como integrante del tercer eslabón de la red “Los cuellos blancos del puerto”. El Poder Judicial ordenó contra él el mandato de comparecencia restringida. Aún así, el todavía presidente de la Federación Peruana de Fútbol deberá permanecer en prisión cumpliendo el mandato preventivo de 24 meses impuesto en Lambayeque por el caso “Los Wachiturros de Tumán”.

La noche del jueves 20 de diciembre, el juez Manuel Chuyo Zavaleta, del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Nacional Anticorrupción, desestimó el pedido del Ministerio Público al considerar que los elementos de convicción expuestos ante su judicatura no eran suficientes para ordenar la prisión preventiva contra Oviedo Picchotito. La misma decisión adoptó el magistrado a favor del abogado de Oviedo, José Carlos Isla Montaño y Alberto Chang Romero detenidos en Chiclayo y Lima, respectivamente.

VINCULACIÓN CON HINOSTROZA

A Edwin Oviedo se le imputa la comisión de los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y pertenencia a una organización criminal liderada por el exjuez supremo César Hinostroza Pariachi, de quién – se dice – recibió apoyo para lograr una casación en la Segunda Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República que ratificó una tutela de derechos que lo excluía de la investigación seguida en Chiclayo por el caso “Los Wachiturros de Tumán”, en el que se le imputa ser cabecilla y autor mediato de los asesinatos de Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Witte.

Aunque la fiscalía apeló la decisión, según expuso el juez Chuyo Zavaleta por la manera en la que se había planteado el requerimiento no se podía afirmar que Oviedo Picchotito había incurrido en el delito de cohecho.

La tesis expuesta por la fiscal Rocío Sánchez de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado del Callao, Edwin Oviedo habría otorgado entradas VIP a distintos jueces, entre ellos César Hinostroza Pariachi, y a congresistas a “cambio de protección judicial y política” ante el caso “Los Wachiturros de Tumán”. A ello se suma que habría costeado la bolsa de viaje de la esposa de Hinostroza al Mundial de Rusia, le habría dado tratamientos terapéuticos al destituido magistrado en la Villa Deportiva Nacional con médicos de la Federación Peruana de Fútbol y, además, asignado a este un pago mensual para que le brinde asesoría en su defensa por el caso en Chiclayo.

COLABORADORES

El intermediario de las tratativas entre Oviedo e Hinostroza habría sido – según un colaborador eficaz – el empresario Antonio Camayo, en cuya vivienda se habrían sostenidos reuniones de coordinación. Otro colaborador delató supuestos acuerdos con parlamentarios que votaron en contra de la Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol. Al respecto, la fiscalía encontró un correo electrónico cuando se produjo el allanamiento de la institución.

La defensa de Edwin Oviedo sostuvo durante la audiencia ante el juez Manuel Chuyo que en el testimonio de los colaboradores eficaces había contradicciones, por lo que rechazó que estos sean elementos suficientes para que se disponga la prisión preventiva contra el empresario azucarero. Argumentó que Oviedo Picchotito tenía arraigo en el país y un y trabajo estable.

“Un asesoramiento no puede ser calificado como hecho delictivo”, refirió el abogado Luis Iberico, defensor de Oviedo, respecto a la relación de este con Hinostroza Pariachi.

El juez ordenó la liberación inmediata de los investigados, quienes permanecían detenidos desde el 6 de diciembre bajo mandato preliminar, por disposición del Colegiado A de la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, presidida por la jueza Susana Castañeda Otsu. A todos se les impuso el pago de caución y el mandato de comparecencia restringida, debiendo sujetarse a las reglas de conducta y dar cuenta de sus actividades.

PRISIÓN EFECTIVA

Sin embargo, en el caso de Edwin Oviedo la liberación no se hizo efectivo, debido a que desde el 7 de diciembre el juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, que despacha el juez Carlos Chanamé Chumán, acogió en parte el pedido de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, ordenando 18 meses de prisión preventiva en su contra.

El requerimiento fue sustentando por el fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, quien investiga desde el 2015 a Oviedo Picchotito como supuesto cabecilla de la organización criminal denominada “Los Wachiturros de Tumán”, imputándole la autoría mediata del asesinato de Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Witte, opositores a su control de la empresa agroindustrial ubicada en la provincia de Chiclayo.

Entre los argumentos expuestos por Carrasco Millones se conoció que la organización habría tenido apoyo de tres congresistas: Héctor Becerril Rodríguez, Javier Velásquez Quesquén y Marisol Espinoza Cruz, coincidentemente también beneficiados con la entrega de entradas para los partidos de las eliminatorias al Mundial Rusia 2018.

Al estar vigente la orden de prisión preventiva por el caso “Los Wachiturros de Tumán”, Edwin Oviedo fue recluido en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, en Picsi. 

La juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Cecilia Grandez Rojas, ordenó el mandato de prisión preventiva por 36 meses contra el suspendido alcalde de la ciudad, David Cornejo Chinguel, su hermano, un regidor y otros presuntos integrantes de la organización criminal que este habría liderado en el gobierno provincial. Los elementos de convicción de la fiscalía son contundentes.

Sin el más mínimo arrepentimiento y sin mostrar vergüenza por los hechos que se le imputan, David Cornejo Chinguel dijo que asume el mandato judicial en su contra “estoicamente” y que todo se trata de “una investigación sustentada en dichos”. Varios de esos dichos son de él mismo.

El viernes 15 de diciembre se instaló la audiencia en la que la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, a cargo del fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, presentó sus elementos de convicción para sustentar el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra 10 de los 14 detenidos el pasado 29 de noviembre, en un megaoperativo denominado “Ciclón 2018”, con el objetivo de capturar a los integrantes de la supuesta organización “Los temerarios del crimen” o “Corchines de la corrupción”.

Un día antes se hizo pública la carta que de puño y letra dirigió el propio Cornejo Chinguel al Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, admitiendo actos de corrupción y relatando cómo es que congresistas y ministros, además del fiscal superior de criminalidad organizada, Abel Concha Calla, le pidieron obras y sobornos. El nexo entre Cornejo y Concha habría sido el alcalde de electo y también detenido Willy Serrato Puse. A Concha se le ha iniciado una investigación en el Ministerio Público.

ARGUMENTOS FISCALES

El fiscal Carrasco Millones expuso ante la jueza que la organización recibió la protección política de los congresistas Javier Velásquez Quesquén, Héctor Becerril Rodríguez, Clemente Flores Vílchez, Carlos Bruce Montes de Oca, César Vásquez Sánchez y Mercedes Aráoz Fernández.

“Un colaborador eficaz –denominado ‘El Moralista’– señala que el señor Javier Velásquez solicitaba por lo menos cuatro obras para que se le den a él y pueda colocar a la constructora encargada de las obras, valorizadas entre un millón y 10 millones de soles. En el caso de Héctor Becerril, sus hermanos Antonio y Wilfredo actuaban como intermediarios para que el señor Rodríguez a través de unas constructoras se adjudiquen la buena pro de diferentes obras en Chiclayo. ¿Cuál era el beneficio del alcalde? Que se le otorgaba el 5% de esa obra, y otro %5 para los Becerril”, indicó el fiscal.

A las declaraciones de los aspirantes a colaboración eficaz se ha sumado el informe de la Contraloría General de la República que detalla las irregularidades que cometió la gestión de Cornejo Chinguel en la tramitación y ejecución de obras de rehabilitación por El Niño Costero. El documento sirvió de sustento para la decisión judicial.

“Por ejemplo, en la avenida Paseo del Deporte, por esa obra se ha pagado el 100% cuando el avance ha sido de 10%, habiendo personal supervisor que es el que ha dado el visto bueno para que se pueda pagar, pero siendo objeto de una coima, demostrando el grado de corrupción que imperaba en esta municipalidad”, señaló la jueza.

Grandez Rojas añadió que si bien Cornejo Chinguel no formaba parte del comité que desarrollaba la adjudicación de obras, sí influía directamente sobre los funcionarios.

“Él mismo (Cornejo) ayudó a que esas obras sean traficadas de esta manera, que sean entregadas por un costo económico, por una dádiva, por una coima o cohecho, es una situación que lo hace con los mismos regidores para poder traficar con las obras mencionadas”, afirmó la magistrada en la audiencia.

Al día siguiente (sábado 16) el hecho más lamentable en la audiencia continuada los protagonizó el regidor Alfredo Montenegro Bermeo, quien admitió ante la jueza que promovió ordenanzas municipales carentes de legalidad e incurrió en actos de corrupción. Entre lágrimas, el hasta hace poco frontal defensor de David Cornejo señaló que había cometido errores y que debía asumir su responsabilidad.

MANDATO DE PRISIÓN

Expuestos los argumentos de la fiscalía, el miércoles 19 la jueza Cecilia Grandez Rojas dispuso el internamiento por 36 meses en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, ex penal de Picsi, de David Cornejo Chinguel; su hermano Noé Cornejo Chinguel, sindicado como terrateniente de la organización; Alfredo Montenegro Bermeo y del ex subgerente de Logística,  Eberth Gil Otiniano. Ese mismo día se dispuso la liberación bajo comparecencia restringida del ex gerente de Asesoría Legal del municipio Daniel Coronado Tarrillo, en cuya vivienda, el día del operativo, la policía incautó 119 soles y un fajo de tarjetas de operatividad de transportistas del servicio público, coincidentemente con una de las imputaciones realizadas por la fiscalía sobre la organización, por actos de corrupción en el sector transportes.

Se dispuso que Coronado Tarrillo pague una caución de 30 mil soles.

Los cuatro imputados con mandato de prisión preventiva fueron trasladados esa misma tarde al establecimiento penitenciario. Mientras eran retirados de la carceleta del Poder Judicial, familiares de los investigados proclamaron inocencia, en tanto allegados a la iglesia a la que pertenecía Cornejo Chinguel elevaban oraciones por él. Lo mismo sucedió el día que se instaló la audiencia.

“Se ha dictado 36 meses de prisión preventiva. Estoicamente acepto esta decisión judicial. Yo no tengo por qué pedir perdón (al pueblo de Chiclayo) porque todo está en investigación, cuando haya una sentencia definitiva ahí se hablará si hay culpabilidad. Los medios de comunicación escritos chiclayanos que celebran hablando en sus titulares de coimas en obras, simplemente eso se ha desacreditado con la decisión de esta prisión preventiva. Alcanzaré justicia durante el proceso de investigación”, dijo durante su traslado David Cornejo.

OTROS INVESTIGADOS

Al día siguiente fueron enviados a prisión preventiva Waldramina Aguilar Cueva, supuesta coordinadora de la organización criminal, y Mario López Correa, operador de la red para los actos de corrupción en la Gerencia de Desarrollo Vial de la comuna de Chiclayo. Aguilar Cueva, obrera asignada al área de limpieza pública, se le incautó documentos que no tenían relación con su función, sino más bien con los hechos que investiga el Ministerio Público.

“En la audiencia le pregunté dónde trabajó y me dijo permanentemente en el área de Residuos Sólidos, pero durante el registro domiciliario se le encontró chalecos de inspectores de Tránsito. Una solicitud de anulación de infracción impuesta a un usuario, una solicitud de trámite de licencia de conducir. ¿Qué hacen esos documentos en su casa?”, cuestionó la magistrada.

A López Correa se le imputa ser tramitador de licencias irregulares en la dependencia de transportes.

El exgerente de Transportes de la mu-nicipalidad, Isaías Merino Chavesta, fue enviado a prisión preventiva por 18 meses.

Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” – ENFEN mantiene el estado de vigilancia debido a que persisten condiciones favorables para su desarrollo. Para el verano 2018-2019, estima el desarrollo de un evento El Niño en el Pacífico Oriental, que incluye la costa norte del Perú, con la probabilidad de 73 % de ocurrencia (61 % en la magnitud de El Niño débil); en tanto que, para el Pacífico central la probabilidad de ocurrencia de 88 % (57 % en la magnitud de El Niño débil). Asimismo, en la costa norte de Perú se prevé como escenario más probable la ocurrencia de lluvias dentro del rango normal a superior, más no extraordinarias como en los años 1983, 1998 o 2017. Se espera que, entre este mes y febrero del 2019 arriben ondas Kelvin cálidas en el Pacífico ecuatorial oriental, contribuyendo estas a incrementar las anomalías positivas de la temperatura del mar, del aire y nivel del mar en la costa norte del país.

Según el ENFEN, frente a la costa del Perú, en los primeros días de diciembre la temperatura superficial del mar manifestó condiciones cálidas con anomalías positivas, principalmente en la zona norte. Asimismo, entre Punta Falsa y Chimbote se evidenció el ingreso de aguas oceánicas hacia la zona costera, incrementándose las anomalías positivas de temperatura. Por otro lado, el nivel del mar también disminuyó sus anomalías hasta valores cercanos a niveles normales.

“Dentro de las 100 millas frente a las costas de Paita y Chicama, en noviembre la temperatura del mar presentó anomalías positivas (mayores a 1 °C) en la capa superior de 300 metros de la columna de agua. Frente a Paita se evidenció el ingreso de aguas ecuatoriales superficiales de alta temperatura y baja salinidad. En las últimas dos semanas frente a Paita y Chicama (10 millas de la costa), se continuó evidenciando el paso de la onda Kelvin. En el caso de Paita con anomalías de +2 °C en promedio, en los primeros 80 metros de la columna de agua”, explica el último comunicado del ENFEN.

Se precisa además que los caudales de los ríos de la costa se encuentran por debajo de sus valores normales, excepto el río Chancay-Lambayeque, cuyos caudales superan el valor promedio. Las reservas hídricas de los principales embalses de la costa norte y sur vienen operando en promedio al 46 % y 41 % de su capacidad hidráulica, respectivamente.

LA TEMPERATURA

Entre diciembre y febrero, se espera que se mantengan las anomalías positivas de la temperatura del mar, del aire y nivel del mar en la costa norte del Perú, debido al arribo de ondas Kelvin cálidas. Para el próximo verano, en el Pacífico oriental (Niño 1+2), que incluye la costa norte del Perú, en promedio, los modelos climáticos continúan indicando condiciones cálidas débiles. Mientras que, para el Pacífico central (Niño 3.4), estos mismos modelos indican condiciones cálidas moderadas.

La Comisión Multisectorial del ENFEN, en base a la información disponible de las agencias internacionales y su propio monitoreo y análisis, estima para el Pacífico Oriental (Niño 1+2), una probabilidad de 73 % de la ocurrencia de El Niño (61 % en la magnitud de Niño débil, seguida de 27 % para la condición neutra). Para la región Pacífico ecuatorial central, se estima una probabilidad de 88 % de la ocurrencia de El Niño (57 % en la magnitud de El Niño débil, seguida de una magnitud moderada del 30 %) para el verano 2018-2019.

“Considerando las probabilidades anteriormente descritas para el verano 2018-2019, de acuerdo con esta evaluación, en la costa norte de Perú se prevé como escenario más probable la ocurrencia de lluvias dentro del rango normal a superior, más no extraordinarias como en los años 1983, 1998 o 2017. Sin embargo, las entidades competentes deberán considerar la vulnerabilidad para la estimación de riesgo y adoptar las medidas que correspondan”, precisa el comunicado.

NIÑO 2017

Después de 20 años de la presencia del último Fenómeno El Niño de carácter extraordinario, nuevamente en el Perú se presentó el Niño Costero, con la ocurrencia de lluvias torrenciales que se inició en la cuarta semana de diciembre de 2016 y se prolongó hasta el 31 de mayo de 2017, las cuales causaron huaicos, inundaciones, deslizamientos, derrumbes, tormentas, así como el acaecimiento de otros eventos propios de la emergencia como plagas y epidemias, las lluvias y los eventos asociados causaron diversos daños tanto a la vida y salud como daños que afectaron a la infraestructura pública. El llamado Niño Costero, por la ubicación donde se desarrolló (costa peruana), se puede calificar como extraordinario, ya que como es de conocimiento general, causó graves daños en muchos departamentos del Perú, por lo que el gobierno central declaró en emergencia 13 de los 24 departamentos y a la Provincia Constitucional del Callao.

El Niño Costero dejó 44 mil 619 personas damnificadas en Lambayeque, 138 mil 336 afectadas, nueve fallecidos, cinco heridas y dos desparecidas. Asimismo, destruyó diez mil 51 viviendas, afectó a otras 30 mil 285, dejó inhabitables 33 colegios y afectados 275, y 11 y 85 centros de salud respectivamente. 

• Presidente de la Cámara de Comercio señala que el nuevo gobernador regional debe evitar distraerse en temas de índole municipal y vecinal.

El 2018 ha sido un año movido en el escenario político nacional, en tanto la economía – a decir del presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque – se ha mantenido en piloto automático. Olivio Huancaruna Perales refiere que el empresariado se ha vuelto indiferente al ruido político y ha desarrollado sus actividades con relativa normalidad, pero que sí existe preocupación por lo que considera una tendencia de “judicialización del país”, que genera un clima de inseguridad y ahuyenta las inversiones.

¿Cuál cree que ha sido el aspecto más resaltante del año 2018 para el sector empresarial?

Se han presentado extremos, pendulación de las expectativas. Se creía que el país ingresaba a un manejo político que podía ofrecer horizontes de mejora sustantiva y real, pero también que por las propias decisiones y conflictos de los políticos gran parte del empresariado ha estado al borde del abismo.

Los efectos de las decisiones políticas empiezan a tener topes y eso ha pasado porque parte de la sociedad y del empresariado empezó a mostrar indiferencia a lo que ha pasado con las instituciones, aunque, lógicamente, hay sectores que son más sensibles que otros, como el de la construcción, por ejemplo.

Al sector agrícola y agroexportador más daño le hizo El Niño del 2017 que el vaivén y las conductas absurdas de la clase política. El agro depende de la naturaleza y del clima, no de las decisiones que se toman en Palacio de Gobierno o en el Congreso.

En el caso del sector construcción es natural que exista un impacto directo del panorama político sobre su desarrollo, porque esto paraliza las inversiones de obra pública. La afectación es de no crecimiento, mas no de destrucción.

Pero, ¿sí existe un impacto general del Estado sobre las actividades económicas, sobre todo en lo referido al exceso de burocracia y lentitud para los trámites?

Es cierto, tenemos un Estado burocrático, ineficiente, incapaz y que para hacer sentir su presencia solo recurre al abuso y al sometimiento de los actores económicos con normas absurdas, como pasa, por ejemplo, en las exportaciones, donde se nos exige un certificado para dar luz verde al envío de productos agrícolas a mercados que son de lejos más eficientes y exigentes. Mientras allá nos admiten nuestros productos, aquí nos ponen trabas para exportar.

En otros sectores hay hasta 53 entes del Estado que tienen que ver con permisos y autorizaciones para actividades agrícolas y ganaderas, lo que entorpece el desarrollo de estas. Lo único que se hace desde el Estado es justificar el gasto que bien podría utilizarse en fines mucho más provechosos para el país.

¿La economía del país se ha desenvuelto en piloto automático, con ausencia del rol promotor que debe jugar el Estado?

No se ha sentido dirección ni presencia del gobierno, este ha estado más ocupado en asuntos absolutamente inusuales, decisiones que han sido importantes únicamente para quienes conforman el gobierno pero como personas naturales o intereses de grupos. No se ha sentido preocupación por los asuntos realmente importantes del país. Se ha vivido un clima de chismosearía entre los que conforman el Ejecutivo y el Parlamento. En esa lucha absurda se ha ido el tiempo.

La mesa política estaba servida de tal manera que era sumamente sencillo arribar a coordinaciones y acuerdos por el bien del país, con horizontes claros. Pero no, han preferido dedicarse a la minucia y al personalismo y hemos visto que el odio entre ellos ha primado sobre los intereses nacionales.

Todos los días se ve en los medios de comunicación los efectos de esa confrontación. Antes era la sangre, los accidentes, hoy lo medios se ocupan del manoseo político.

¿Sumaría la coyuntura judicial a este clima negativo que describe?

Absolutamente. El daño de la judicialización del país es enorme. Se ha dado tal primacía al quehacer jurídico que prácticamente nos hemos olvidado de las reales necesidades del país. Está bien la lucha contra el crimen y la corrupción, pero esta no puede captar toda nuestra atención porque no soluciona la totalidad de los problemas. Hay quienes ahora son expertos en asuntos de moralidad, creyendo que ahí está la receta para lograr el desarrollo.

¿En el caso de Lambayeque cuál es la reflexión que tiene? El año acaba con autoridades detenidas, tanto en ejercicio como electas para asumir funciones a partir del enero.

La detención de las autoridades en ejercicio y electas no me llama la atención. Se tenía visto desde el inicio que acabarían así, como también que en varios partidos hubo gente formando cola para seguir haciendo lo mismo. El castigo que se impone actualmente a los funcionarios que le fallan a la sociedad no merma los casos de corrupción. Eso está demostrado.

La barrera que impone la justicia es tan baja que los políticos se atreven a cruzarla una y otra vez. La justicia debería ser preventiva, no tardía, como se está viendo. Es en los primeros meses de una gestión de gobierno donde se debe hacer efectiva la mano del control y la fiscalización, no al final, cuando ya todo está consumado.

La fiscalía, la contraloría, la procuraduría y el Poder Judicial, al intervenir al final de los mandatos, solo hacen el papel de médicos legistas, solo emiten certificados de defunción.

Si sabemos que todos esos actos de corrupción se pueden prever, ¿por qué no se hace? Ahorita estamos esperanzados en que la fiscalía actúe, pero ya qué sentido tiene.

¿Las intervenciones son tardías, entonces?

No solo tardías, ya hasta resultan innecesarias, porque el daño al Estado ya está hecho y no se corrige nada.

El gobernador Humberto Acuña Peralta concluye ocho años continuos de administración. ¿Qué se puede destacar de su gestión y qué critica de la misma?

Sí noto mucha diferencia entre él y lo que ha podido ser el alcalde de Chiclayo. Por ejemplo, se le puede criticar su ineficiencia, pero los niveles de corrupción en su mandato no son comparables con los registrados en la municipalidad. Debo ser justo en ese sentido.

¿Y respecto a su eficiencia frente a los grandes problemas de Lambayeque, qué puede resaltar?

Es muy criticable su ineficiencia.

¿Qué expectativas tiene el empresariado lambayecano al que usted representa de la gestión que a partir del 1 de enero iniciará Anselmo Lozano Centurión como gobernador regional?

Lo que puedo decir es que lo que nos toca es acompañar a las autoridades, no tenemos otra alternativa. No hacerlo sería ir en contra de la poca institucionalidad que tenemos.

El señor ha sido 20 años alcalde, ha tenido cinco administraciones seguidas y algo bueno debe tener. Lógicamente hay que ser conscientes que se trata de dos cosas diferentes: una cosa es la administración de un distrito y otra la regional.

Si el señor sabe asesorarse adecuadamente y se dedica a dotar de infraestructura productiva a la región, creo que haría una buena gestión.

La solución no pasa por ofertas populistas de hacer una veredita o una escuelita. Hacer una escuela está bien, pero no soluciona los problemas de la educación. Lo que solucionaría los problemas de Lambayeque sería mejorar la producción.

¿Se requiere también de una visión de largo plazo?

Sí, porque ese es uno de los grandes males de los políticos, piensan en el hoy, ni siquiera en el corto plazo que es un año.

Espero que el señor Lozano pueda hacer las cosas, en la medida de lo posible, con planificación.

¿Es la misma expectativa que tiene del próximo alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas?

Es una persona joven y no creo que esté con el razonamiento de tomar beneficios personales. Tiene ADN político y creo que posee la sensatez suficiente para hacer bien las cosas.

Aunque, eso sí, cualquier persona que ocupe la alcaldía de Chiclayo podría hacer mucho sin hacer nada. Me explico, si impide que la ciudad se ensucie más de lo que está, ya sería grandioso. Están tan mal las cosas que haciendo nada o poco se potencia en mil el beneficio.

En conclusión, ¿las autoridades no dieron la talla?

Con todo el respeto que se merecen, creo que las autoridades están en deuda con Lambayeque. Hay muchas cosas que se pudieron hacer y se dejaron pasar. Hay autoridades que hoy son investigadas que se van en deuda con la población.

¿La misma opinión tiene de los congresistas por Lambayeque?

Sus apariciones han sido muy espontáneas o esporádicas y si en algún momento llegaron a Lambayeque ya sabemos a qué. Lo que se ha conocido a partir del caso del alcalde de Chiclayo confirma que se acercaron no para hacerle un bien a la ciudad o a la región, sino a ellos mismos. Eso es vergonzoso.

• Los pronósticos tienen un 75 % de acierto.

La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo - USAT, lanzó su plataforma virtual de precipitaciones en la región Lambayeque, con el propósito que las personas puedan enterarse a través de la Internet qué días y horas se presentarán las lluvias en las diferentes zonas del departamento.

La vicerrectora de Investigación de la casa superior de estudios, Elizabeth Silvestre Espinoza, manifiesta que la plataforma virtual lanzada por la USAT acierta en un 75 % en los pronósticos.

PROVINCIAS

La temporada de lluvias ya inició en las tres provincias del departamento con una intensidad moderada, pero no descarta que con el transcurrir el tiempo el clima varié y las precipitaciones se conviertan en más fuertes de lo normal, por lo que se exhorta a los ciudadanos a estar preparados y no ser tomados por sorpresa por lluvias como las ocurridas en el verano del 2017 en la costa del Perú como consecuencia del Fenómeno El Niño.

Silvestre Espinoza indica que las temperaturas en el Perú están alteradas, por lo que no se sabe cuándo se iniciarán las lluvias o si las lluvias se darán realmente como se viene pronosticando.

Señaló que las personas pueden ingresar a la página web de la plataforma digital www.usat.edu.pe/alertas/, donde podrán ver los pronósticos por día de las lluvias que se presentarán en Lambayeque. Los primeros pronósticos han podido detectar que se presentarán lluvias moderadas por cada seis horas.

LLUVIAS

De igual manera la plataforma virtual mostrará con tres días de anticipación, en qué lugares de Ferreñafe, Lambayeque y Chiclayo se presentarán las lluvias.

“En la plataforma virtual las personas podrán observar los mapas de su provincias y sabrán con exactitud qué días habrá lluvias y a qué hora se presentará el mal tiempo”, indica.

Asimismo, expresa que en enero, febrero y marzo habrá lluvias, pero gracias a la plataforma virtual de la USAT, las personas podrán saber con exactitud en qué lugares y horas se presentarán las precipitaciones.

“Nuestro modelo lo que hace es pronosticar lluvias en los próximas días. Por el ejemplo, el 19 de diciembre se pronosticó precipitaciones desde la 1:00 de la tarde por cada 6 horas, como también el 20, 21, 23”, precisa.

PREVENCIÓN

Además señala que los pronósticos que se están dando tienen la probabilidad de 75 % de ocurrencia y de esa forma los lambayecanos estarán preparados y no serán sorprendidos.

Durante la semana se presentarán nubes dispersas a cielo despejado durante el día, cielo cubierto al atardecer con tendencia a lluvia ligera, pero no se descarta que los pronósticos con el transcurrir de los días varíen.

“Bueno las personas deben de estar preparadas ante una amenaza de lluvia, deben de reparar sus techos, limpiar las canaletas para evitar las inundaciones, hay que tomar conciencia sobre lo que nos pasó en el 2017, es por eso que tenemos que estar preparados para posteriormente no lamentarnos”, expresa.

NIÑO COSTERO

Las intensas lluvias del Niño Costero del 2017 golpearon duramente la costa del Perú, afectando a La libertad, Piura, Tumbes y Lambayeque. Los aguaceros inundaron viviendas, calles y varias infraestructuras colapsaron, los cementerios se inundaron, los ríos colapsaron y las autoridades no estuvieron preparadas paras responder rápidamente ante un desastre natural.

Chiclayo y sus distritos fueron seriamente afectados por las fuertes precipitaciones, a ello se sumó la enfermedad del dengue causado por la infección vírica transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes. Los distritos de Tumán y La Victoria fueron los más afectados por el vector.

Con las lluvias 503 viviendas en Chiclayo se vieron afectadas y 999 quedaron inhabitables. Además, hubo siete mil 510 damnificados y tres mil afectados. En José Leonardo Ortiz, 442 casas colapsaron, 673 quedaron inhabitables, cinco mil 626 personas quedaron damnificadas y tres mil 312 afectadas. En La Victoria hubo 194 viviendas colapsadas, 24 inhabitables, mil 74 damnificados y 104 afectados.

En Pimentel 365 casas se cayeron, 59 quedaron inhabitables, hubo mil 385 damnificados y mil 29 afectados. En Santa Rosa 34 viviendas se derrumbaron, 17 quedaron inhabitables y 133 familias fueron damnificados. Se reportó también mil 340 afectados. Ciudad Eten tiene 21 casas colapsadas; 133 inhabitables y 592 damnificados y mil 363 afectados. 

El gerente general de la Asociación Pro Olmos, integrada por los propietarios de las nuevas tierras de la irrigación Olmos, José Lecaros de Marzi, menciona que la agricultura representa el 18 % del Producto Bruto Interno – PBI de Lambayeque y se estima que en los próximos años la participación del sector en la economía se incrementará en dos puntos porcentuales.

A nivel nacional, la agricultura moderna ha generado más de 400 mil puestos de trabajo directo, dinámica promovida por las empresas agroindustriales asentadas principalmente en la franja costera y que se desarrollan en la formalidad. Las proyecciones apuntan a que por cada empleo directo se generan dos indirectos, con lo que el indicador de empleabilidad se incrementa a más de un millón de puestos de trabajo promovidos por la actividad agroexportadora.

“En los últimos 10 años, la pobreza de los pequeños agricultores en la costa disminuyó del 69 % al 28 % y el empleo femenino subió del 35 % al 42 %. Ello demuestra que la agricultura es una de las actividades más inclusivas, pues genera gran cantidad de mano de obra de mujeres”, explica José Lecaros.

El funcionario de Pro Olmos sostiene que a diferencia de la minería, que genera muchas divisas pero pocos puestos de trabajo, la agricultura es la que más empleo genera entre las actividades económicas. Entre el 2012 y el 2018, esta contribuyó con casi el 10 % del PBI nacional.

Por otro lado, refiere que las empresas agroexportadoras crecieron en los últimos 10 años y la tendencia es ascendente. Desde el 2006 al 2017, las ganancias crecieron de dos mil millones a seis mil 300 millones de dólares.

CULTIVOS EN AUMENTO

Hasta el 2017, casi el 15 % de las exportaciones fueron de uva y el 13 % de palta. Hace una década ambos productos casi no formaban parte de la oferta exportable del Perú hacia los mercados internacionales. El crecimiento ha sido exponencial.

En similar situación se encuentra el arándano, un producto que hace cuatro años prácticamente no existía en Lambayeque y que hoy representa el 8 % del total de los envíos al exterior.

“La tendencia es que en los próximos dos o tres años el arándano alcance a las uva y a las paltas. El arándano es el descubrimiento de las agroexportadoras peruanas”, remarca Lecaros de Marzi.

En cuanto a los productos de exportación, el 80 % son frescos y refrigerados. Entre ellos destacan las frutas y los congelados (5 %) y las conservas (15 %). Estados Unidos y Europa son los mercados que demandan dichos productos en mayor volumen.

El año pasado, el Perú fue el primer exportador de espárrago, frejoles secos, quinua y maca, segundo de palta y el tercero de arándano a nivel mundial. Probablemente en los próximos tres años el Perú se convierta en el primer exportador de arándanos en el mundo.

“Las exportaciones agroindustriales significaron el año pasado el 7.2 % del Producto Bruto Interno nacional, por encima del promedio de crecimiento a nivel país. Este es uno de los sectores que evoluciona por encima de la media”, explica.

José Lecaros afirma que la agricultura se ha desarrollado de manera óptima porque el Perú cuenta con condiciones favorables como la ubicación estratégica y la variedad de climas, factores que permiten cultivar todo tipo de productos.

“El Perú, por su ubicación geográfica, tiene facilidades para comercializar con China y Estados Unidos, que concentran casi el 70 % de la demanda mundial y ha sido beneficiado con regiones diversas y ellas brindan todo un abanico de posibilidades para cultivar. Fruto de investigaciones se han adaptado cultivos de otras zonas a la costa. También es interesante destacar que el país tiene un marco legal favorable para la agricultura y eso a los ojos de los inversionistas es interesante. La estabilidad económica y social es saludable”, comenta.

A diferencia de otros países como Argentina y Brasil que tienen grandes extensiones de cultivos, el Perú desarrolla en mayor medida la agricultura en la costa, región que tiene poca área, pero distintas ventajas comparativas como los climas, la ausencia de lluvias arriba de lo normal y mano de obra barata.

“Mientras otros países tienen grandes extensiones destinadas al cultivo de soya o maíz, en el Perú tenemos áreas más pequeñas pero dedicadas a la producción de frutas y hortalizas. La poca disponibilidad de área en la costa nos obliga a sacarle el máximo provecho y la forma de hacerlo es sembrando esos cultivos”, manifiesta.

PROYECTO OLMOS

“Se habla del Proyecto Olmos desde 1924, desde el gobierno del presidente Leguía, quien tuvo la idea clara de que la agricultura es una actividad que genera mucho desarrollo y es el motor que desencadena otros sectores. El proyecto consta de distintos componentes como el trasvase, la irrigación y la generación de energía”, destaca.

El componente trasvase consiste en conectar dos cuencas con un túnel de 20 kilómetros que pasa por debajo de la Cordillera de los Andes a fin de generar desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida las personas en la vertiente del Pacífico.  

Asimismo, el componente de energía consta de la construcción de dos centrales hidroeléctricas y, en tercer lugar, la irrigación de tierras áridas con condiciones climáticas muy favorables para la producción agrícola. Con el proyecto se incrementará el potencial del Sistema Interconectado Nacional de Energía en la zona norte del Perú y, como ya sucede actualmente, se ha ampliado la frontera agrícola regional.

Olmos irrigación tiene dos componentes: Valle Viejo y Tierras Nuevas. Valle Viejo consta de cinco mil 500 hectáreas para beneficiar a pequeños agricultores y el segundo componente abarca 38 mil hectáreas, de las cuales, a la fecha, se encuentran en producción del 21 %.

“Es la primera concesión de irrigación autosostenible en el Perú en la que existe mucho aporte del sector privado y cuenta con servicios comunes como los caminos, un condominio agrícola, red eléctrica, red de distribución de agua y otros”, finaliza.

OLMOS EN LA ACTUALIDAD

Lecaros de Marzi destaca que en la irrigación Olmos se desarrolla agricultura a gran escala con lotes de más de 250 hectáreas, cuyos propietarios tienen títulos inscritos en registros públicos y saneados física y legalmente.

El Valle Nuevo cuenta con un sistema de distribución de agua presurizada a través de tuberías que llegan hasta cada uno de los lotes, permitiendo una dotación de agua superficial por cada lote de 10 mil 400 metros cúbicos de agua por hectárea al año.

“Existe además una red de caminos y accesos y un punto de energía conectado a la red nacional de transmisión. En el Valle Nuevo de Olmos, además, se paga el agua más cara del país: 0.07 centavos de dólar cada por metro cúbico bajo la modalidad ‘take or pay’; es decir, los empresarios pagan el recurso lo usen o no”, menciona.

La mano de obra disponible en un radio de 80 kilómetros es de aproximadamente 25 mil personas y la ubicación del Valle Nuevo es a 200 kilómetros de distancia del puerto de Paita, en Piura.

“A cuatro años de iniciadas las operaciones en la irrigación Olmos tenemos 21 mil de las 38 mil hectáreas sembradas y abastecidas íntegramente con riego tecnificado, generando 12 mil empleos directos de los cuales el 80 % son ocupados por olmanos. Además, se han generado 20 mil empleos indirectos”, señala.

Las inversiones realizadas en el Valle Nuevo de Olmos suman a la fecha 750 millones de dólares, de las que se desprenden 135 millones de dólares pagados al Estado como Impuesto General a las Ventas – IGV.

“Desde Olmos se ha logrado exportaciones estimadas en más de 150 millones de dólares”, resalta el gerente de Pro Olmos. 

La posición del Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, ha sido firme en defensa de los intereses locales, como también al momento de denunciar la irregular ejecución de obras a nivel municipal y regional. Al término de su gestión como decano, Carlos Burgos Montenegro hace un balance de lo que ha sido el 2018 tanto para Lambayeque como para la orden profesional.

Desde su óptica como decano del Colegio de Ingenieros en Lambayeque, ¿cree que ha sido un año difícil? ¿Las expectativas eran mucho más altas respecto a la reconstrucción, por ejemplo?

Ha sido un año decepcionante en todos los aspectos. Respecto al progreso y desarrollo como región, poco o nada se ha podido avanzar.

Sobre la reconstrucción, al asumir la presidencia de la República, Martín Vizcarra convocó a los consejos departamentales del CIP de las regiones afectadas y en esa oportunidad le solicitamos las correcciones del caso y destrabar varias normas dadas por el Congreso de la República para pisar más al acelerador, porque a duras penas se había avanzado un 8 %.

Habiendo transcurrido más de un año no hemos avanzado casi nada. Lo único que se ha hecho, como lo vemos, es el manejo corrupto de los recursos, tal y como se ha demostrado en la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

¿Existe desazón en las instituciones por lo sucedido?

Lo único que sigue causando es indignación en la sociedad civil, tal como ha pasado cada vez que el Colegio de Ingenieros salía a denunciar un hecho de corrupción en alguna obra. Lo sucedido nos deja un sabor amargo.

Ahora sabemos que el primer vecino de Chiclayo se sentía empoderado, el todopoderoso, el sobreprotegido por autoridades, congresistas de la República, ministros y fiscales. El gran perdedor con todo esto es el pueblo.

En todos los aspectos no hemos avanzando en nada. Seguimos de tumbo en tumbo y pagando sabe Dios qué cosas los lambayecanos. No nos merecemos en absoluto nada de lo que sucede, aunque eso pasa también por no saber elegir a nuestras autoridades.

¿Lo que ha pasado con el alcalde David Cornejo y después con el alcalde de Olmos confirma que en Lambayeque no se aprendió la lección que debió entenderse después de la caída del gobierno de Roberto Torres, en el 2014?

Exacto. Lambayeque requiere de autoridades que actúen de cara a nuestra necesidad y dispuestas a escuchar lo que la sociedad civil le viene solicitando.

Si esto no se da, ellos llegan pensar que para llegar a ser el primer vecino o la autoridad solo se necesitan millones de soles para luego dedicarse a recuperar esa plata con la corrupción. Ese es el problema de fondo.

¿Confía en que las próximas autoridades regionales y municipales darán la talla respecto a la demanda de la sociedad civil y no serán más de lo mismo como ha sucedido en Chiclayo?

Espero que estos grandes errores sirvan de lección, que las nuevas autoridades entiendan que solamente escuchando y trabajando de la mano con la sociedad civil y reformulando los presupuestos asignados para priorizar las obras necesarias se obtendrán buenos resultados.

Hay necesidad, a nivel regional, de remover al Consejo de Competitividad, porque hay asientos que guardan total incoherencia con lo que nuestra región requiere para lograr el desarrollo y liderazgo en el norte del país.

Sí debo saludar la voluntad del gobernador electo por reunirse con el Colegio de Ingenieros. El próximo alcalde de Chiclayo aún no lo ha hecho, pero sí ha expresado su voluntad de coordinar con la sociedad civil. Espero que bajo ese concepto los alcaldes provinciales también trabajen por Lambayeque.

Eso sí, el gobernador regional Anselmo Lozano no va a tener 15 ni 20 años en la región para mostrar sus resultados como lo hizo en La Victoria. Solo tiene cuatro años y por tanto debe sentar las bases para cambios a largo plazo con una visión integral.

¿Cuáles deben ser las prioridades de Lozano Centurión teniendo en cuenta que el período es corto?

Él tiene que olvidarse del tema de recojo de basura. Esa es una labor en la que solo puede ayudar con maquinaria. Lo que él debe pensar es de una manera inmediata es trabajar por el Terminal Portuario de Lambayeque. Debe trabajar en ese frente y también en el Plan Hidráulico.

Mi posición es que para que alguien asuma una institución no solamente debe tener una alta dosis de tecnicismo, sino también la capacidad de manejar problemas sociales y saber escuchar. Como gobernador, Anselmo Lozano deberá mostrar ambas capacidades, sobre todo si quiere sacar adelante el Plan Hidráulico y obras como Las Delicias, La Montería, Sicán y La Calzada. Que no suceda como con Tinajones, cuya segunda etapa fue dejada en el olvido.

Es probable que el próximo año nuevamente ocurra el Fenómeno El Niño. El ENFEN ha confirmado que existe un 75 % de probabilidades de repetir los episodios de lluvias por encima de lo normal. ¿Cuál es el mensaje a las autoridades que se van y a las que entran?

No se ha avanzado nada en preparar a la ciudad ni a la región. Hemos permitido que el problema se acentúe más porque el crecimiento de la ciudad sigue siendo desordenado. Lo peor es que en zonas vulnerables la gente sigue construyendo sus viviendas. No hay una autoridad vigilante que les diga que eso no se puede repetir. Muchas veces en zonas intangibles va la población y construye.

Un punto favorable en el aspecto preventivo puede ser lo que se ha hecho en los ríos, pero en las ciudades no se ha hecho absolutamente nada.

En el ámbito institucional, ¿cuál es su balance como decano del CIP Lambayeque?

Muchos de los colegas de la oposición decían que solo buscaba protagonismo a nivel de la sociedad civil interesado en un espacio político. El tiempo se encargó de demostrar que estaban equivocados.

Como orden, en los tres años de gestión hemos trabajado en ambos frentes: el externo y el interno. En el primero hemos ayudando a las autoridades, sabiendo escuchar, apoyando a la sociedad civil, a los dirigentes de los pueblos jóvenes y los distritos en la fiscalización de obras. En lo segundo, modestamente puedo afirmar que cumplimos con el juramento y compromiso asumido.

Muchos decían también que mi imagen como decano era a nivel de la sociedad y de los medios, pero a nivel de la institucionalidad no. Como prueba que estaban una vez más equivocados, en el último proceso de elecciones acepté integrar una lista al Consejo Nacional del CIP y logré el respaldo del 53 % de asociados, validación del trabajo que como cabeza del consejo directivo en Lambayeque he realizado en los últimos tres años.

En este tiempo procuramos recordarles a los colegas que el colegio está de su lado, por lo menos en el día de su onomástico o fechas especiales o momento difíciles. Realizamos actividades deportivas, culturales, nació la Comisión de Cultura y mantuvimos activas las comisiones técnicas. No incrementé el número de trabajadores y mejoré los servicios.

El primer año tuvimos el honor de celebrar los 50 años del Consejo Departamental de Lambayeque y lo hicimos como nunca antes se había visto, con un evento social y una cena de gala con el Grupo 5, en la que participaron más de dos mil colegas.

El segundo año fue difícil por el Fenómeno de El Niño, pero aun así hicimos obras en el centro de esparcimiento, recuperando la piscina que estuvo a punto de ser clausurada por el Ministerio de Salud porque el sistema estaba inoperativo y además porque la infraestructura no reunía las condiciones aptas de salubridad y estaba pegada a una tribuna que se había convertido en una letrina pública.

Antes las personas ingresaban al centro de esparcimiento por la misma puerta de los carros. Hoy tenemos ingresos diferenciados, oficinas, una sala de recepción, recuperamos áreas verdes, liberamos la zona invadida, pusimos en funcionamiento la caseta acelerográfica, modernizamos los servicios higiénicos y las plataformas deportivas.

Pero el logro más importante es haber incrementado el número de hábiles, más del 60 %. Nosotros recibimos menos del 40 %. El colega, al ver acciones y obras tangibles decidió reincorporarse activamente a la vida institucional y ese es un mérito de la gestión que culmina. A nivel nacional somos el Consejo Departamental del CIP con mayor cantidad de ingenieros hábiles, superando a Arequipa y La Libertad.

Por otro lado, me hubiera gustado dejar iniciada la construcción de la Clínica del Ingeniero, pero avanzamos en la compra del terreno totalmente saneado, en una zona con muchas potencialidades y, a la par, implementamos el centro médico que tiene 11 especialidades y un centro de rehabilitación.

Me siento satisfecho y me voy con la convicción de apoyar en todo lo que mi orden profesional necesite.