Una queja más se suma contra el fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, coordinador de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – FECOR, esta vez por supuestamente haber vulnerado la reserva al filtrar información a los medios de la comunicación de las acusaciones que presentaría contra el empresario azucarero Edwin Oviedo Picchotito, a quien sindica como cabecilla de la organización criminal “Los Wachiturros”.
El 18 de abril ingresó a la Fiscalía Suprema de Control Interno la queja funcional contra Carrasco Millones firmada por Oviedo Picchotito, quien solicita al titular de dicha dependencia, Víctor Rodríguez Monteza, inicie una investigación preliminar contra el representante del Ministerio Público y declare fundado su recurso, a fin que se impongan las sanciones administrativas correspondientes.
SUPUESTAS IRREGULARIDADES
Oviedo Picchotito señala que Juan Manuel Carrasco habría cometido inconducta funcional al permitir que se filtren en diversos medios de comunicación hechos que su despacho estaba obligado a mantener en reserva.
Por ejemplo, menciona que el 6 de abril el fiscal presentó en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque la acusación en su contra, desprendida de la Carpeta N° 21-2018, imputándole responsabilidad en el delito de homicidio agravado por la muerte de Manuel Rimarachín Cascos, solicitando 26 años de prisión y el pago de una reparación civil de dos millones de soles.
“Sin embargo, el 5 de abril, un día antes, el medio de prensa de Lima ‘Hildebrandt en sus trece’ había publicado detalles de dicha acusación. Así, este medio tuvo acceso a información reservada inclusive antes que el requerimiento acusatorio sea formalmente presentado al Poder Judicial, esto es, cuando aún estaba tal documento bajo custodia del citado fiscal, violándose la reserva de la investigación”, señala el escrito de Edwin Oviedo.
A esto se suma que tras la carta notarial dirigida por el Grupo Oviedo al medio de comunicación solicitándole el derecho de réplica, este respondió que “se comunicó en reiteradas oportunidades con Romina Antoniazzi, jefa de prensa de la Federación Peruana de Fútbol, para obtener la versión de Edwin Oviedo. Durante dos semanas esperamos en vano una respuesta”.
Con ello se demostraría que incluso 15 días antes que el fiscal presentara el requerimiento acusatorio contra el empresario la información ya estaba en manos del medio capitalino.
Otro hecho que denuncia Oviedo Picchotito ante la Fiscalía Suprema de Control Interno es que el 17 de abril los diarios La República y Perú 21, a través de sus páginas web dieron cuenta de otra acusación en su contra, esta vez por el asesinato de Percy Farro Witte, en la que también se pide 26 años de prisión para el empresario y el pago de un millón de soles de reparación civil.
Lo que para Edwin Oviedo resulta cuestionable es que dichas publicaciones se hicieron cuando la fiscalía a cargo de Carrasco Millones recién ingresaba el requerimiento a la Corte de Lambayeque. En su opinión, por este hecho también se habría violado la reserva.
CONDUCTA PERSISTENTE
“Esta actitud del fiscal Juan Carrasco Millones es reiterada, puesto que es recurrente que este fiscal salga a los medios locales y declare públicamente sobre la investigación. Es más, ya existió una sanción en primera instancia contra este fiscal precisamente por no cumplir con sus funciones cabalmente”, refiere Oviedo Picchotito en su queja.
Añade que Carrasco Millones “no actúa con imparcialidad; por el contrario, se conduce irregularmente, solicitando prisiones preliminares sin sustentoe, sin imputaciones claras y precisas (según la Casación N° 326-2016-Lambayeque), ofreciendo beneficios a reos en cárcel para perjudicarme con falsedades”.
Señala también que el fiscal pretendería no considerar que el Tribunal Constitucional ha manifestado expresamente que “la imparcialidad puede verse afectada con las declaraciones del fiscal (…) fuera de la investigación o del proceso”.
POSIBLE INFRACCIÓN
De probarse la vulneración de la reserva de la investigación, Carrasco Millones habría trasgredido el Literal “E” del Artículo 23 del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, referido a infracciones, en el que se señala que una de estas es: “Faltar al principio de reserva en la investigación o en los procedimientos que conoce”.
Asimismo, habría vulnerado el Literal “A” del mismo artículo, que señala que es infracción: “Cometer hecho grave que sin ser delito compromete la dignidad del cargo y lo desmerezca en el concepto público”.
“Como se ha publicado en diversos medios de comunicación que el fiscal Juan Carrasco Millones estaría ofreciendo beneficios (como reducción de condena) a ciertos sentenciados que cumplen su condena efectiva en la cárcel, a cambio de declarar e imputar en mi contra hechos totalmente falsos. Sin perjuicio de que se podría incurrir en delito contra la Administración de Justicia esto es sin lugar a dudas una conducta que afecta la dignidad del cargo del fiscal, pues el deber de un fiscal es buscar la verdad objetiva”, precisa en su queja Edwin Oviedo.
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CRONOLOGÍA DEL CASO
20 de agosto del 2015: La Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo presentó el Requerimiento N° 3 al juez Shilling Castañeda Salazar, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, solicitando el allanamiento, con descerraje si fuera necesario, e incautación y registro contra 21 personas, entre ellas funcionarios y trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán, así como de cuatro inmuebles de oficinas y dependencias vinculadas a la empresa.
Asimismo, pidió al juez admita la detención preliminar de 30 personas, figurando en la lista el entonces administrador judicial Segundo Ordinola Zapata y Edwin Oviedo Picchotito, sindicado como cabecilla de la organización criminal denominada “Los Wachiturros”.
El requerimiento fue firmado por el fiscal Juan Carrasco Millones, en ese momento encargado de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo por ausencia del titular Sergio Zapata Orozco. Previamente, el Ministerio Público había solicitado la interceptación telefónica de hasta cuatro equipos celulares de Oviedo Picchotito y otras personas más.
26 de agosto del 2015: El juez Castañeda Salazar emitió la Resolución N° 2 declarando fundado el requerimiento fiscal de allanamiento y registro domiciliario con orden de descerraje – en caso de resistencia – para fines de registro e incautación de bienes en 22 inmuebles, así como la detención preliminar de 21 personas.
En dicha resolución el juez declaró improcedente la detención preliminar de seis funcionarios y trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán y de Edwin Oviedo Picchotito.
En su resolución el juez señaló que no existían elementos de convicción presentados por la fiscalía que permitiesen inferir la participación o relación de Edwin Oviedo con los hechos materia de investigación.
7 de octubre del 2015: Reciénla defensa legal de Oviedo Picchotito tomó conocimiento de las imputaciones, luego que la fiscalía superior inmediata resolviera un pedido de exclusión presentado contra la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo. La defensa recurrió al Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria para solicitar la tutela de derechos argumentando que se había vulnerado el principio de imputación real.
13 de octubre del 2015: El juez Shilling Castañeda concedió la tutela de derechos a favor de Edwin Oviedo, otorgando un plazo de cinco días para que la fiscalía cumpla con subsanar la vulneración y pase de la imputación general a la específica, a fin de señalar qué hechos motivaban la consideración de este como cabecilla de la presunta organización criminal. La fiscalía apeló el 16 de octubre.
29 de octubre del 2015: El plazo dado a la fiscalía se venció sin que esta subsane la vulneración de derechos y, en oposición a la decisión del jueza Castañeda Salazar, el Ministerio Público recurrió ante la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque que ese día recovó la tutela concedida. Ante ello, la defensa legal de Oviedo Picchotito presentó el recurso de casación.
8 de enero del 2016: Se dispone el inicio de la investigación preparatoria en el caso “Los Wachiturros”.
3 de junio del 2016: La Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo dispuso que la investigación del caso “Los Wachiturros” pase a potestad de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, creada en mayo de ese año, siendo el coordinador el fiscal Juan Manuel Carrasco Millones.
23 de noviembre del 2016: La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República confirmó por unanimidad la tutela de derechos jurisdiccional a favor de Edwin Oviedo. La casación sustenta que las disposiciones fiscales eran incongruentes al no tener correlación entre la parte considerativa y decisoria de la resolución judicial emitida el 29 de octubre del 2015 por la Primera Sala Penal de Apelaciones, presidida por Aldo Zapata López, vulnerando la garantía constitucional de la debida motivación de resoluciones, a consecuencia de la imputación formulada por el representante del Ministerio Público, generando indefensión al investigado.
6 de abril del 2018: El fiscal Juan Manuel Carrasco Millones presentó el requerimiento acusatorio contra Edwin Oviedo ante el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria por el delito de homicidio calificado, sindicándolo como responsable de la muerte de Manuel Rimarachín Cascos. Pide 26 años de prisión y el pago de una reparación civil de dos millones de soles.
17 de abril del 2018: El fiscal Carrasco Millones presenta un segundo requerimiento acusatorio contra Oviedo Picchotito, también por el delito de homicidio, por la muerte de Percy Farro Witte. Solicita al juzgado 26 años de prisión y el pago de una reparación civil de un millón de soles.
La fiscalización laboral es uno de los aspectos en los que la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lambayeque ha procurado afinar sus acciones. Entre enero y marzo de este año la dependencia ejecutó 56 multas por infracción laboral equivalentes a 438 mil 320 soles y verificó 19 diligencias por despidos arbitrarios. Amén de las limitaciones que el marco normativo actual impone a su intervención, el objetivo es mejorar la relación entre empleadores y trabajadores.
El gerente sectorial, Guillermo Segura Díaz, refiere que la informalidad laboral sigue siendo un problema crítico en Lambayeque, a lo que se suma el hecho de que muchas empresas formales incurren en prácticas ilegales para evitar el reconocimiento de los derechos plenos a sus trabajadores.
“La informalidad del empleo a nivel nacional está por encima del 74 % y en Lambayeque la cifra llega a casi el 80 %. Esta es una situación que preocupa aún más cuando vemos que dentro del sector formal hay actividades informales que desarrollan las empresas y frente a ello se hace necesario el fortalecimiento de un sistema de fiscalización laboral, que lamentablemente en el país no se ha desarrollado eficientemente”, señala el funcionario.
Segura Díaz refiere que con la implementación de la Intendencia Lambayeque de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, creada en noviembre del 2017, se han iniciado acciones concretas para cautelar el respeto a los derechos de los trabajadores.
“Nosotros encontramos una situación de desorden respecto a la presencia de los inspectores de la SUNAFIL dentro de la Gerencia Regional de Trabajo. Encontramos desorden, indisciplina y con un resultado bastante pobre, que no apuntaba a reconciliar las relaciones entre empleados y empleadores, sino que esta era una vía infructuosa”, reconoce el gerente sectorial, mencionando en los próximos meses el incremento de inspectores permitirá apuntar las deficiencias que el sistema de fiscalización laboral ha presentado en Lambayeque en los últimos años.
“Nos hemos quedado con los inspectores de Lambayeque que eran tres, de los cuales uno renunció, pero también buscamos dar cumplimiento a la Ley de Fiscalización Laboral, es decir que la Gerencia Regional de Trabajo se encargue básicamente de la prevención y del fomento del diálogo social y la conciliación en los conflictos laborales, asumiendo solo la fiscalización de las microempresas, aquellas que tienen menos de diez trabajadores”, explica.
La gerencia sectorial ha suscrito un nuevo convenio marco y varios convenios específicos con la superintendencia, en cuyo cumplimiento se asignarán a la dependencia dos inspectores en las próximas semanas y ocho más en septiembre, con lo cual la Gerencia Regional de Trabajo pasará a tener 12 inspectores, que sumados a los 12 de la intendencia de SUNAFIL serán 24 especialistas a disposición integral para la jurisdicción.
RESULTADOS 2018
En el primer trimestre del año, la Gerencia Regional de Trabajo de Lambayeque ejecutó cuatro diligencias para el otorgamiento de constancias de cese y 37 diligencias de verificación de cumplimiento de derechos fundamentales en el trabajo y relaciones laborales.
Asimismo, elevó para apelación 41 Expedientes Administrativos Sancionadores que en años anteriores no fueron tramitados en los plazos previstos y se remitieron copias certificadas de 45 Expedientes Administrativos Sancionadores a la Oficina de Administración para el inicio del proceso de cobranza coactiva.
Otro avance es que se procedió a la apertura de 123 Expedientes Administrativos Sancionadores que en años anteriores no fueron atendidos y se dispuso el cierre de órdenes de inspección no atendidas de manera oportuna.
PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Guillermo Segura precisa que cuando la negociación colectiva no funciona o no da resultados, su representada, como autoridad administrativa de trabajo, puede hacer muy poco. Por lo general el problema pasa a un escenario propiamente judicial, porque lo acordado en una negociación colectiva tiene rango de norma y ello da pie a iniciar una acción de cumplimiento. La autoridad administrativa de trabajo no actúa de oficio sino a solicitud de parte.
“Si un empleador desconoce los pactos colectivos nosotros no podemos hacer nada y lo mismo sucede frente a los despidos arbitrarios o el no pago de remuneraciones. Ante problemas de ese tipo inspeccionamos, constatamos, aplicamos multas y nada más. Es el Poder Judicial el que tiene la facultad de ordenar una reposición o embargar para que se garanticen los pagos de los trabajadores”, especifica el gerente.
Sin embargo, en lo que va del año la gerencia sectorial ha realizado una serie de acciones orientadas a la prevención y reducción de conflictos laborales. Por ejemplo, ejecutó labores de prevención de conflictos a través de la formalización sindical y el registro de 25 negociaciones colectivas.
Asimismo, se realizó el registro de nueve nuevos sindicatos en el departamento y se atendió 320 solicitudes de conciliación para alcanzar acuerdos entre empleadores y trabajadores.
También se brindó asesoramiento gratuito, presentación y seguimiento de demandas en procesos de defensas judiciales, efectuando 51 demandas a favor de los trabajadores que vieron vulnerados sus derechos.
En otros casos se ofreció mil 965 orientaciones legales a trabajadores del sector privado referidas a sus derechos y obligaciones y ejecutó 265 liquidaciones para que se garantice el pago adecuado de los beneficios laborales a los trabajadores de la actividad privada.
“Vigente tenemos 50 sindicatos de construcción civil y de manera general 150 gremios en los distintos sectores. La cifra siempre varía porque los sindicatos están obligados a renovar sus directivas conforme lo señalan sus estatutos. Para la gerencia solo tienen vigencia los sindicatos que han renovado directivas. Los que no, no tienen validez legal”, comenta Guillermo Segura.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Por otro lado, la Gerencia Regional de Trabajo capacitó a 188 personas en seguridad y salud en el trabajo, a 56 en derechos fundamentales y a 56 en violencia sexual laboral y hostigamiento.
También aprobó el registro de seis comités de Seguridad y Salud en el Trabajo y registró 15 accidentes de trabajo en salvaguarda de los intereses de los servidores.
Del mismo modo extendió siete autorizaciones para trabajo de menores, cautelando que no se vulneres los derechos a la educación, recreación o se exponga a estos a riesgo físico o mental.
PROMOCIÓN DE EMPLEO
En su labor de promoción del empleo, la gerencia ofertó 278 puestos de trabajo formal para cubrir las necesidades de diferentes empresas del departamento y posibilitó la inserción laboral de 143 personas a través de la Bolsa de Trabajo.
También ofreció 51 orientaciones a extranjeros que buscaron empleo en Lambayeque y dio 388 asesorías para la búsqueda de empleo, capacitando a los aspirantes en entrevista personal, currículo y actitud del postulante.
Asimismo dio orientaciones para la aplicación del teletrabajo a 221 personas, en el marco del nuevo marco normativo recientemente aprobado en el país.
DIÁLOGO
En el primer trimestre del 2018, la Gerencia Regional de Trabajo de Lambayeque promovió la instalación de la Mesa Bipartita que promueve los derechos laborales en equidad e igualdad de oportunidades, el funcionamiento pleno del Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, las acciones interinstitucionales del Comité Directivo Regional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la continuidad de la Mesa de Diálogo de Construcción Civil.
“En estos meses hemos procurado acercarnos mucho más a la ciudadanía de Lambayeque a través de nuestras acciones de sensibilización, fiscalización y coordinación, apostando por una política participativa que constituya a la autoridad administrativa de trabajo de Lambayeque en un aliado del sector público y privado para mejorar sus indicadores de productividad, legalidad y cumplimiento con las obligaciones laborales. Confiamos que estos buenos resultados irán en aumento en los próximos meses y que al 31 de diciembre habremos reconvertido de manera positiva la labor de esta gerencia. Lo que puedo afirmar con toda seguridad es que hasta el último día de la gestión vamos a asumir compromisos firmes e importantes, porque es la manera de honrar la confianza depositada en esta gerencia”, asevera Guillermo Segura.
Conozca aquí las denuncias que formularon los asistentes.
Un sabor amargo dejó a los lambayecanos la promocionada audiencia pública de la Contraloría General de la República luego que Nelson Shack Yalta, jefe de dicho organismo, literalmente los plantara y desairara con su inasistencia.
Eran más de las 4:00 de la tarde, cuando en el aula magna de la USAT, el presentador anunció que por problemas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez don Nelson no llegaría a la cita programada con antelación, generando la airada protesta del auditorio que optó por abandonar el recinto aduciendo que se trataba de una burla.
Para hacer uso de la palabra se inscribieron más de 60 ciudadanos que traían bajo el brazo una serie de denuncias y pedidos de intervención del máximo órgano controlador del gasto público de acuerdo a las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado.
La airada protesta generó el desconcierto del secretario general, Humberto Ramírez Trucios, y del gerente regional, Walther Coello Ynope, que ocupaban la mesa principal.
En las afueras del aula magna personal de la Contraloría, con equipos de cómputo, registraba a cada uno de los participantes como oyentes u oradores. La modalidad de inscripción, de acuerdo a las instrucciones que aparecieron en la página web, fue por correo electrónico según formato descargable. Los que se habían inscrito con antelación vía web reconfirmaron su asistencia y los nuevos se anotaron en el acto presentando su DNI.
Pantalla gigante, controlador de audio programado para 4 minutos de duración, souvenir (libretas y lapiceros) y una botella de agua para cada asistente.
Personal con chalecos rojos con el logo de la Contraloría guiaban al público desde la puerta principal hasta el auditorio. El escenario listo, faltando solo el actor principal: Nelson Shack.
LA PROTESTA CONTRA SHACK
Cuando los representantes de la Contraloría informaron a los asistentes de la ausencia del contralor por problemas en el aeropuerto Jorge Chavez, estos se levantaron de sus asientos y expresaron a viva voz su rechazo.
Eran miembros de colectivos civiles, frentes de defensa, comités de vigilancia, dirigentes comunales y ciudadanos comunes y corrientes.
Gran parte de los asistentes salieron vociferando y exigiendo respeto del máximo jefe de la Contraloría.
“No es posible que el señor Shack tome como excusa el cierre del aeropuerto, cuando existen otras vías de comunicación como la terrestre", anotaron.
“¿Acaso le incomoda viajar en bus?”, cuestionaron. Inclusive precisaron que el contralor Shack pudo superar el inconveniente a través de una videoconferencia.
Los protestantes se retiraron con un sabor amargo de la audiencia pública denominada paradógicamente "La Contraloría te escucha".
No hubo disculpa que justificara la ausencia de Shack. Después de breves palabras del secretario general y se hizo una exposición de las acciones de la Contraloría en Lambayeque, que tuvo que ser acortada por el murmullo del público que empezaba a preguntarse si habían sido convocados para escuchar su accionar o para recibir las denuncias de los ciudadanos. Los ánimos no estaban para más dilataciones.
LO QUE SHACK NO ESCUCHÓ
Estás fueron algunas de las intervenciones de los ciudadanos que decidieron quedarse a pesar de la ausencia de Shack:
El jefe de la Oficina de Transparencia y Lucha Anticorrupción del Gobierno Regional de Lambayeque, Elías Daniel Pinglo Risco, pidió a la Contraloría General de la República asumir el liderazgo en la mejora del sector público.
Precisó que debe reivindicar las condiciones de desempeño en la gestión subnacional aplicando la Ley 30057, que la gran mayoría desconoce y critica sin fundamento. También pidió incidir desde la Contraloría en el desarrollo del Control Interno en base a mejores condiciones de trabajo.
El representante de la sociedad civil y presidente de la Asociación Regional de Exportadores, Max Santolaya, pidió mayor y eficaz intervención de la Contraloría en la supervisión de las obras públicas que a su criterio están sin culminar, como la Avenida Chiclayo, la prolongación Bolognesi, la autopista Chiclayo - Pimentel y el Paseo Yortuque.
INSÓLITO CASO
La comunicadora María Luisa Soto Solano expuso su insólito caso. Se quejó de la actuación del excoordinador de la Contraloría Norte, Nelson Guevara, quien contrató a personal técnico de apoyo a la fiscalía que investiga el caso “Los limpios de la corrupción” para recabar, revisar y analizar la documentación que obra en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014 y terminaron haciendo hojas informativas sobre sus finanzas, instrumentos utilizados por el Ministerio Público como elementos de convicción para abrirle investigación por el delito de lavado de activos y consiguiente incautación de su departamento vía inscripción en Registro Públicos.
Precisó que la Contraloría tiene definida sus funciones en la Constitución Política del Estado sobre el control del gasto público, por tanto “es una aberración que revisen sus finanzas personales para justificar una investigación”.
“Hoy veo con claridad cómo la fiscalía utilizó a la Contraloría para lograr su cometido y amenaza inicial. Se me cuestionó la adquisición de un departamento. La fiscalía solicitó su incautación pero no se concretó porque probé la licitud del pago de la cuota inicial. Aquella vez se retractaron, pero advirtieron que si hallaban otros elementos procederían. Y así sucedió, con la complicidad de la Contraloría”, precisó Soto Solano.
También agregó en su intervención que lo grave no solo es la forma, sino el fondo de las cuestionadas hojas informativas, “pues usan pura imaginación y hasta me atravería a pensar que fueron redactadas por la fiscalía”, anotó.
Precisó que la denuncia contra el funcionario se encuentra en manos de la Procuraduría y Control Institucional de la Contraloría General de la República.
"A las personas que aún creemos en estos mecanismos de participación ciudadana esperamos que mi pedido y de las demás personas aquí presentes sean atendidos con prontitud, porque necesitamos creer que aún hay esperanza en este país y no solo malos funcionarios que en nombre de la ley atropellan a ciudadanos comunes y corrientes que como yo hemos sido afectados emocional, moral y económicamente", concluyó.
CARPETAS DE CONTROL
A su turno, el economista Juan Valdivia Goicochea cuestionó el uso de las carpetas de control de la Contraloría. Dijo que si bien las Carpetas de Control son documentos que son usados por la Contraloría para comunicar al Ministerio Público hechos con contenido penal, evidenciados durante el desarrollo de un Servicio de Control Posterior, estas no se encuentran comprendidas entre las Normas de Control Gubernamental, aprobadas con Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG.
Explicó que la elaboración de Carpetas de Control se realiza durante la etapa de ejecución de un Servicios de Control Posterior como, por ejemplo, las Auditorias de Cumplimiento y están normadas actualmente por la Directiva N° 004-2017-CG-DPROCAL, que tienen su antecedente en la Directiva N° 004-2014-CG-PRON, las que regulan el procedimiento para que la Contraloría comunique hechos evidenciados al Ministerio Público.
Sin embargo, la Contraloría las viene elaborando a solicitud del Ministerio Público, sin que se encuentre en desarrollo ningún Servicio de Control Posterior, “lo que constituye un despropósito”.
Además, las Carpetas de Control, según establece la norma, deben elaborarse antes de comunicar al administrado las “desviaciones de cumplimiento” (antes llamados hallazgos), para que el Ministerio Público cumpla con su función de investigar y corroborar lo señalado por los auditores; esto quiere decir que las Carpetas de Control se elaboran sin que el administrado haya hecho uso de su “derecho a la contradicción”.
“El Ministerio Público, está utilizando las Carpetas de Control no solamente para aperturar investigación preparatoria, sino también para acusar y sentenciar, como si se tratase de pericias extraprocesales, cuando no lo son. Es más, utiliza las Carpetas de Control cuando ya existía el informe final, que sí tiene el valor de pericia, donde se determina tres tipos de responsabilidades: administrativa, civil y penal. Este es el caso de Carlos Alfredo Santacruz Alarcón, exgerente de Imagen de la municipalidad de Chiclayo, que ha sido sentenciado con Carpetas de Control, elaboradas durante la ejecución de una Auditoria de Cumplimiento, cuando ya existe los informes finales de las referidas auditorias que han determinado que en el referido caso solo existe responsabilidad administrativa y civil del referido funcionario, mas no responsabilidad penal. Asumiendo que la Carpeta de Control es una pericia, tanto los fiscales como los jueces se han negado a tomar en cuenta los informes finales para un mejor juzgamiento, violando el principio del debido proceso”, acotó.
BASURA EN JLO
La comunicadora Adriana Lovatón, representante del Colegio de Periodistas de Lambayeque, cuestionó la situación de insalubridad que vive el populoso distrito de José Leonardo Ortiz por la basura acumulada en diferentes sectores poniendo en riesgo la salud de la población.
"Los medios de comunicación locales han dado cuenta hasta el cansancio del malestar de la población por la acumulación de residuos sólidos y también han cumplido con darle tribuna a los alcaldes para que expliquen su accionar ante esta problemática. Recordemos que los municipios son los directamente responsables de la gestión y manejo de los residuos sólidos. La excusa es siempre la misma: falta de recursos o que no se les declara en emergencia.
Pareciera que los alcaldes dejan inundar la ciudad de basura con ese propósito, obtener la declaratoria de emergencia y, por ende, más recursos. Para hacerlo más gráfico, pongo un ejemplo en concreto: la Municipalidad de José Leonado Ortiz que ha sido declarada en emergencia recientemente por el Ministerio del Ambiente, cuando en enero de este año la exministra de ambiente Elsa Galarza dijo no a la declaratoria de emergencia y ahora dicen sí.
Pero déjenme decirles que la excusa de falta de recursos no es válida. Los municipios tienen el FONCOMUN, sus recursos propios y adicionalmente los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la gestión municipal y es aquí donde quiero detenerme. Si el problema es la falta de recursos entonces ¿por qué los municipios no cumplen con las metas ambientales y se dan el lujo de perder valiosos recursos para solucionar el problema de la basura?
¿Cuáles son las penalidades o sanciones por el incumplimiento de los fines y objetivos del Programa de Incentivos a la Mejor de la Gestión Municipal específicamente en las metas ambientales? ¿Algún municipio ha sido sancionado?”, cuestionó.
OTROS CASOS
Una madre de familia denunció a la directora del Colegio Nuestra Señora del Rosario por el maltrato a su menor hija, exigiéndole el pago de matrículas y APAFA, pese a ser una institución pública. Precisó que no existió una sanción ejemplar por parte de la UGEL Chiclayo.
De igual modo, una trabajadora de la OCI de una municipalidad distrital pidió mayor seguridad laboral, puesto que no deberían depender de la comuna, sino de la Contraloría para una mayor independencia.
Estas y otras denuncias más quedaron en audios y vídeos, los participantes exigieron respuestas eficaces a sus inquietudes y demandas, de lo contrario se trataría de una audiencia pública más sin resultados.
La desnutrición es un estado patológico ocasionado por la falta de ingestión o absorción de nutrientes. De acuerdo a la gravedad del cuadro, dicha enfermedad puede ser dividida en primer, segundo, tercer y hasta cuarto grado. En ocasiones el trastorno puede ser leve y presentarse sin síntomas por una dieta inadecuada o mal balanceada y puede ser tratada a tiempo. Sin embargo, hay otros casos más graves en los que las consecuencias pueden llegar a ser irreversibles ocasionado trastornos digestivos y problemas de absorción en las personas hasta causarle la muerte. Como consecuencia de la mala alimentación proviene la anemia, que esuna enfermedad de la sangre provocada por una alteración en sus componentes, disminuyendo la masa eritrocitaria o glóbulos rojos, lo que origina una baja concentración de la hemoglobina.
Carmen Izquierdo Torres, coordinadora de la Estrategia Regional de Alimentación y Nutrición Saludable de la Gerencia Regional de Salud, refiere que con el tamizaje aplicado entre enero y marzo se determinó que el 16.6 % de las personas del departamento sufren de desnutrición.
En el 2017 se reportó que el 27.6 % de la población fue diagnosticada con desnutrición y que el 42.3 % del total presenta anemia. La estadística fue elaborada en base a la información recogida en los diferentes establecimientos de salud.
Izquierdo Torres señala que en los estudios realizados se concluyeron que el alto índice de anemia se concentra en el distrito altoandino de Incahuasi, en la provincia de Ferreñafe, donde la enfermedad afecta al 65. 3 % de los niños.
Asimismo, en la provincia de Chiclayo los distritos con mayor incidencia son los del circuito de playas, donde la tasa de desnutrición afecta al 14 % de niños.
“En el circuito de playas hemos detectado que 198 niños viven desnutrición, mientas que Incahuasi un total de 145 niños padecen de anemia”, relata Carmen Izquierdo.
ANEMIA
La funcionaria indica que los pobladores de Incahuasi son propensos a la anemia porque tienen bajo consumo de proteínas, debido a que su alimentación es mayormente en base a productos de pan llevar o altos en harinas, como los fideos.
Añade que si bien se dedican a la crianza de cuyes, no consumen su carne en grandes proporciones, puesto que prefieren venderla.
Otras de las causas son el consumo de agua no potabilizada, la práctica inadecuada de lavado de manos y la parasitosis, lo que repercute directamente en los niños.
En tanto, también resulta preocupante el nivel de desnutrición que se concentra en los distritos del circuito de playas, pese a que la dieta de las familias en estas jurisdicciones debería incluir, con mayor incidencia, la ingesta de pescado. Sin embargo, a la luz de los resultados obtenidos en el 2017 esta situación no se estaría presentando.
“Cuando hablamos de darle al niño salud integral nos referimos a que tiene que pasar por un control de crecimiento, disminuir los problemas de inmunización, cumplir con las vacunas de acuerdo a su edad y pasar por un chequeo médico. Es necesario realizar un trabajo más educativo y de socialización en los colegios y con las familias, porque juntos sí es posible disminuir los casos de desnutrición así como la anemia”, remarca Carmen Izquierdo.
TIPOS DE DESNUTRICIÓN
Existen varios tipos de desnutrición, entre ellos la crónica, que ataca a los niños que alimentan adecuadamente y como consecuencia no crecen con la talla correspondiente. Uno de los factores que precipita este tipo de desnutrición es la mala alimentación de la madre en el momento de la gestión, lo que afecta directamente al niño. Otra condicional es la carencia de lactancia materna.
Izquierdo Torres precisa que es importante la alimentación de lactancia durante los seis primeros meses del niño y esta se puede prolongar hasta el primer año de edad.
Otro tipo de desnutrición es la aguda-moderada, aquella por la que el niño pesa menos de lo que corresponde respecto a su altura. Asimismo existe la desnutrición aguda-grave, que se reconoce cuando el niño tiene un peso muy inferior respecto a su altura. En ese caso el riesgo de muerte es inminente por lo que necesita atención médica urgente.
“El menor debe digerir una alimentación balanceada, pero lamentablemente las madres jóvenes desconocen cómo hacerla y no realizan una buena combinación de alimentos. Ahí empiezan los problemas de desnutrición”, señala Carmen Izquierdo.
ALIMENTACIÓN
La profesional de la salud indica que para que el niño no sufra desnutrición debe llevar una buena combinación de alimentos que lo ayuden en su formación y crecimiento. En consecuencia es vital la ingesta de proteínas, las cuales se encuentran en las carnes, menestras, huevos y leches, así como los alimentos energéticos como los cereales y tubérculos.
Por último deben consumir los alimentos de protección como las frutas y verduras.
“Algunos padres han mal acostumbrado a sus hijos y en sus loncheras les dan comidas chatarras, es por eso que se ha hecho la propuesta para que en los colegios se promueva la alimentación saludable; es decir, para que los niños lleven una lonchera nutritiva que puede estar conformada por un sándwich de pollo, fruta y leche, ya que allí se encuentran los tres alimentos balanceados: la carne que es la proteína y les ayuda a crecer, el pan que da energía y la fruta que lo va a proteger”, explica.
Carmen Izquierdo agrega que se continuará con las campañas de sensibilización y que se visitarán las instituciones superiores para brindar charlas sobre la desnutrición y anemia y cómo se pueden prevenir o combatir.
También señala que para combatir a la desnutrición infantil los padres de familia deben brindar en el desayuno, almuerzo y cena una alimentación balanceada.
Recomienda además que los micronutrientes que se entregan en los centros de salud a los menores de 6 a 36 meses son vitaminas que ayudan a los niños a recuperarse de la desnutrición. Sin embargo, algunos de los padres no las suministran, agravando la situación de salud de sus niños a quienes ponen en riesgo inminente.
SÍNTOMAS DE LA DESNUTRICIÓN
Una persona afectada por la desnutrición presenta fatiga, mareos, desmayos y en caso de las mujeres la ausencia de menstruación. En los niños se reconoce por el crecimiento deficiente, la pérdida de peso y la disminución de la respuesta inmune del organismo.
A nivel departamental La Estrategia Regional de Alimentación y Nutrición Saludable trabaja de forma articulada para disminuir la desnutrición y la anemia que se presenta en las tres provincias de Lambayeque, y para prevenir dichas enfermedades a través de campañas de sensibilización, animando a las personas realizarse un chequeo médico.
“Muchas veces hemos entregado trípticos pero la gente los recibe y no los leen y no se informa, lamentablemente muchas de las personas no acostumbran a leer. Las personas cuando reciben un tríptico de salud deben leerlo para que puedan saber cómo prevenir las enfermedades”, señala la coordinadora de la Estrategia Regional de Alimentación y Nutrición Saludable.
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