“El distrito de José Leonardo Ortiz se encuentra a la deriva y sin rumbo”, sostiene el ex gerente de Asesoría Jurídica de la comuna local, Germán Vásquez Merino, quien señala que el problema que se vive es únicamente por culpa del alcalde Epifanio Cubas Coronado, debido a que no tendría noción legislativa ni ejecutiva para gobernar y restituir el principio de autoridad.
Vásquez Merino, quien en la actualidad se desempeña como asesor legal del sindicato de los trabajadores obreros de la municipalidad de José Leonardo Ortiz, explica que desde que Cubas Coronado inició su gestión no contaba con los funcionarios adecuados para desarrollar el trabajo de reconstrucción y despegue del distrito como lo decía en la campaña electoral.
“Una prueba de la falta de funcionarios probos e idóneos para conducir la administración de la casa edil y del distrito fue llevar como gerente municipal a una persona que no reunía el perfil profesional, quizá guiado por los asesores externos que tiene, pero que en realidad lo hicieron actuar mal y pisar la ley y las disposiciones de gobierno”, señala.
SIN GERENTE
Detalla que en dos años y medio la gestión de Epifanio Cubas no ha tenido un gerente municipal que tome acciones y decisiones para enfrentar y solucionar los problemas que existen y requieren de su inmediata atención.
“Como asesor legal del sindicato de obreros de la comuna leonardina me encuentro que no existe un gerente general con el que podamos sentarnos a dialogar para encontrar una solución al problema de la falta de pago de sueldos de mis patrocinados. Es más, el alcalde no es ubicado en la municipalidad, lo que denota que no existe interés para obras por parte de la autoridad, dejando todo a la deriva o que los problemas se solucionen solos, cosa que es inaudita”, explica.
Refiere que la administración se ha llegado de funcionarios que habrían sido recomendados por los asesores en la sombra que tendría el alcalde, quienes “lejos de ayudarlo más bien le hacen daño por la forma como actúan, y ese actuar se muestran en los resultados de la gestión”.
“En estos momentos la gestión municipal de Epifanio Cubas no anda nada bien. Termina el mes de mayo y a los trabajadores se les debe sus sueldos desde abril. Estamos agotando el diálogo con los funcionarios encargados, pero lamentablemente tenemos como respuesta que no conocen la gestión municipal”, comenta.
POR HORAS
Añade que los actuales funcionarios de la municipalidad de José Leonardo Ortiz solo son encargados y por esta razón no se puede llegar a un acuerdo definitivo con ellos a nombre de la administración.
“Los leonardinos son testigos que en los últimos meses; es más, en los últimos días, ha habido funcionarios que apenas han durado 24 horas. Ellos, ni bien se sientan en la silla edil se dan cuenta de la grave situación que se vive al interior de la comuna e inmediatamente se van. No existe estabilidad en la gestión porque no hay funcionarios estables”, recalcó.
Vásquez Merino dejó entrever que a sus patrocinados se les está agotando el diálogo y la paciencia, y para encontrar una solución a sus reclamos evalúan adoptar medidas de fuerza.
“La preocupante situación que se vive en la comuna leonardina, repercute en el trabajo de los obreros y empleados. Todos ellos reclaman el pago de sus haberes, y al no haber nadie que les dé una respuesta y solución a, el lógico que opten por una medida de fuerza. No hay gerente municipal, el alcalde no es ubicado, entonces es lógico que se adopten otras medidas para llamar la atención y encontrar una pronta solución al problema”, acota el abogado.
Agrega que son más de 240 los trabajadores afectados con el incumplimiento en sus remuneraciones, situación que está perjudicando la economía de sus familias.
“Hemos tenido una reunión para entablar diálogo con el gerente municipal encargado, el señor Enrique Bonilla Bonilla, a fin de que dé una pronta solución al problema. Los trabajadores obreros reclaman sus pagos en el área de Administración y Finanzas de la comuna, pero no encuentran eco a su petición, la que está por encima de toda responsabilidad de pago”, explica.
MALA GESTIÓN
Germán Vásquez Merino sostiene que desde el interior de la comuna se aprecia con detalle “lo pésimo que es la gestión municipal de Epifanio Cubas”, a tal punto que se vive un clima laboral hostil e incluso alta rotación en las áreas funcionales, lo que afecta el normal desarrollo del municipio.
“El señor Cubas Cornado trae a funcionarios para que aprendan de la gestión municipal, pero el problema es que la situación en Leonardo Ortiz obliga a que no se contrate funcionarios sin conocimiento en gestión, sino con mucha experiencia y que además no tengan problemas con la justicia. La gente que conoce del trabajo edil, llega pero a las pocas horas no quiere quedarse. Nadie quiere quedarse, y por eso es que se coloca en los cargos a personas que desconocen del tema municipal o en todo caso a gente que tiene problemas con la justicia por haber vulnerado las reservas del Estado”, denuncia.
“TRABAJÉ CON ÉL”
El abogado Germán Vásquez reconoce que a inicios del 2016 fue convocado por Epifanio Cubas Coronado para trabajar en la municipalidad de José Leonardo Ortiz como gerente de Asesoría Jurídica, oportunidad que aceptó y en la que permaneció dos meses para luego renunciar al cargo.
“Trabajé dos meses en la gestión de Epifanio Cubas Coronado, pero la verdad uno puede tener la voluntad y conocimiento parta trabajar a 100 por hora e incluso uno puede plantear propuestas y proyectos de mejoras, pero detrás del alcalde hay dos o tres personas que le dicen esto sí o esto no”, revela.
Agrega que hasta hace poco hubo un buen gerente, pero a los pocos meses de haber logrado algunos cambios en la municipalidad y haber instaurado la paz social y laboral interna, optó por renunciar. Presume que esa renuncia se debería a los asesores ocultos que tendría Epifanio Cubas.
“La gestión de Epifanio Cubas se inició en enero del año 2015 y a la fecha la comuna ha tenido cinco gerentes generales. El primero fue Jaime Contreras Rivas, luego llegó Diana Silva Fernández, posteriormente el abogado Edgar Cayotopa Martínez, le siguió el abogado Walter Torres Vera y finalmente Cintya Sevillano Soto, pero esta última solamente estuvo 24 horas en el cargo”, detalla.
ALCALDE CONSCIENTE
Para Germán Vásquez, Epifanio Cubas es consciente de lo que hace, pues tiene abogados externos a su alrededor a quienes consulta cada acción que realiza en el municipio.
“Llama la atención que el alcalde teniendo asesores externos para hacer bien las cosas, las haga al contrario. Esas acciones se configuran en delitos, y llama la atención que opte por el camino equivocado, a no ser que sea mal orientado o crea ciegamente en todo lo que le dicen sus asesores, los que estarían persiguiendo intereses sabiendo que con el tiempo el afectado legalmente va a ser Epifanio Cubas”, resalta.
Vásquez Merino se inclina también por la teoría que el actuar de Cubas Cornado se debería a qué él pensaría que por ser autoridad municipal elegida por voto popular no le va a pasar nada ante problemas que se puedan suscitar más adelante, ya que para cada acción existe un funcionario responsable.
“No sé si es cuestión de asesoramiento, desconocimiento o capricho, pero todo lo que haga o realice un funcionario público es también responsabilidad del titular de la casa edil. Más aún, si ese funcionario es designado en un cargo de confianza y la resolución de designación la firma el propio alcalde”, resalta.
OBSERVACIONES
Revela que desde el inicio de su gestión municipal, Epifanio Cubas tiene una serie de observaciones por parte del Órgano de Control Interno – OCI, y que muchas de esas observaciones lindan con lo ilícito, donde la responsabilidad directa apunta a él.
“En los medios de comunicación vemos, escuchamos y leemos casi a diario que el Órgano de Control ha observado tal o cual licitación pública de adquisición u obra, lo que significa que desde ese primer momento el problema ya está ganado, y de eso no creo que el alcalde desconozca, más aún si se rodea de dos a tres asesores. Imagino que le dirán que no a va a pasar nada, pero eso es por el momento, porque la gestión está próxima a concluir y es allí donde se van a tener consecuencias”, acota el abogado.
En otro ámbito, Germán Vásquez refiere darle el beneficio de la duda a Epifanio Cubas y se inclinó por “creer que vive engañado”.
“Es el momento que el alcalde y sus funcionarios se deben comprometer a tomar cartas en el asunto en la solución de los principales problemas de la comuna y del distrito, como se venía haciendo con el último gerente municipal que renunció. También tomar decisiones más acertadas para reactivar la economía de la institución”, señala.
Comenta que desde abril hasta la fecha la autoridad municipal no ha realizado ninguna reunión de coordinación ni de trabajo con los funcionarios.
“En el municipio sí se cuenta con los medios por los cuales se puede incrementar la recaudación tributaria y no tributaria, pero falta decisión y trabajo coordinado para llegar a las metas trazadas. Leonardo Ortiz cuenta con el emporio comercial más grande de la zona norte del país, Moshoqueque, pero no existe un sinceramiento en la recaudación por concepto de merced conductiva, la que de hacerse, le va a significar buenos ingresos económicos a la comuna”, recalca.
Lambayeque, en la última década, ha sido unos de los departamentos más favorecidos a nivel nacional con la asignación de recursos desde el gobierno central para la ejecución de obras de saneamiento básico. Los picos más altos se registraron a fines de segundo gobierno aprista, pero los resultados no son del todo alentadores, más porque la mayoría de los millonarios proyectos quedaron inconclusos, son deficientes, están judicializados o se perdieron en arbitrajes.
La Contraloría General de la República, a través de la Oficina de Coordinación Regional Norte, ha elaborado un minucioso listado de cuánto dinero llegó, se ejecutó y se perdió en Lambayeque so pretexto de las obras de saneamiento, situación grave que tuvo sus inicios en el conocido Programa Agua Para Todos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
GOBIERNO APRISTA
Según este reporte, las transferencias entre el 2006 y el 2012 superaron los 619 millones 506 mil 245 soles, destinados a 36 entidades ejecutoras, principalmente municipalidades distritales, para la realización de 107 obras. El monto total contratado por dichos proyectos llegó a los 779 millones 826 mil 975 soles.
De los 107 proyectos financiados, 95 se encuentran concluidos, lo que representa el 89 %. Doce proyectos están paralizados.
Sin embargo, al analizarse el detalle, de acuerdo a la información dada por la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, INFOBRAS y el Informe del Congreso de la República sobre el “Agua para todos”, solo 45 de las obras concluidas están liquidadas.
Peor aún, de las obras liquidadas solo 17 han sido transferidas a EPSEL para su operación y mantenimiento. Quiere decir que 78 proyectos de agua y alcantarillado finalizados por los contratistas no son hasta el momento administrados por la empresa de saneamiento.
QUINQUENIO HUMALA
En el gobierno de Ollanta Humala Tasso, entre el 2012 y el 2016, Lambayeque recibió para obras de agua y desagüe 913 millones 394 mil 628 soles, dinero que sirvió para financiar 179 obras ejecutadas por 37 entidades.
De este total, se ha reportado, según la Contraloría General de la República, un avance financiero de 349 millones 542 mil 816 soles, habiendo hasta el momento únicamente 104 obras concluidas.
A estas se suman 58 proyectos que aún se encuentran en ejecución y 17 obras paralizadas.
De las obras concluidas solo 25 han sido liquidadas, en tanto 79 no han seguido este proceso todavía. Esta información ha sido recopilada por el Programa Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda.
ACCIONES DE CONTROL
¿Cuál ha sido el rol de la Contraloría para cautelar los recursos del Estado comprometidos en las obras de saneamiento básico ejecutadas deficientemente o paralizadas en Lambayeque?
El reporte más actualizado de la entidad señala que se han realizado 16 intervenciones sobre obras de este tipo, levantándose informes en los que los auditores determinan responsabilidades de las autoridades encargadas de realizar los procesos de contratación de los proyectos, así como de los ejecutores.
Por ejemplo, la Contraloría intervino la Municipalidad Distrital de Monsefú donde halló responsabilidad civil, penal y administrativa en las autoridades y funcionarios comprometidos en la licitación de la obra “Mejoramiento del plan maestro de saneamiento de agua potable, desagüe y tratamiento de aguas residuales del distrito”, valorizada en 45 millones 910 mil 601 soles.
Lo mismo halló en el Gobierno Regional de Lambayeque por el proyecto “Mejoramiento, ampliación e instalación de sistemas de agua potable y alcantarillado del cercado y los pueblos jóvenes Villa Hermosa, La Explanada, Milagro de Dios, Javier Castro, Santa Lucia, Cuatro de Julio, Los Claveles, Nazareno Cautivo, Nuevo Horizonte y San Borja del distrito de José Leonardo Ortiz”, presupuestada en 20 millones 265 mil 542 soles.
Luego de una acción de control ejecutada en la Municipalidad Provincial de Lambayeque se determinó la responsabilidad penal y administrativa entre los funcionarios involucrados en la obra “Mejoramiento y ampliación integral de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Lambayeque”, valorizada en 51 millones 892 mil 704 soles.
También se halló responsabilidad penal y administrativa en la obra “Mejoramiento integral de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Tumán”, ejecutada por la comuna del distrito con un presupuesto de 45 millones 927 mil 212 soles.
En la Municipalidad Distrital de Olmos se ha encontrado responsabilidad civil, penal y administrativa en la ejecución del “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas para el asentamiento humano Alan García Pérez”, por un valor de dos millones 90 mil 427 soles.
En la comuna provincial de Chiclayo, los auditores de la Contraloría solo determinaron responsabilidad civil y administrativa en los funcionarios involucrados en el “Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias del casco central y colectores Pedro Ruiz, Francisco Cabrera y Elvira García y García”, con una inversión de 28 millones 562 mil 654 soles.
Esta obra fue paralizada por el Ministerio de Vivienda, quedando un saldo pendiente por ejecutar superior a los 16 millones de soles.
AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO
La Contraloría General de la República ha ejecutado también auditorías de cumplimiento. Estas se han desarrollado en municipios distritales y provinciales para supervisar el modo en que se han manejado los recursos públicos.
Como resultado de estas intervenciones, la Contraloría determinó – respecto a proyectos de saneamiento básico – que hay responsabilidad penal y administrativa entre los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Salas que ejecutaron el “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento de los caseríos Salas, Colaya, La Ramada y otros”, con una inversión total de 18 millones 180 mil 12 soles.
En Ciudad Eten también se encontró responsabilidad penal y administrativa en el proyecto “Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado”, por 23 millones 676 mil 29 soles.
Otra auditoría de cumplimiento es la que se ejecutó en la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, donde se halló responsabilidad penal y administrativa por el “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad”, financiada por una partida de 47 millones 474 mil 77 soles.
En José Leonardo Ortiz se encontró responsabilidad penal y administrativa por la obra de agua y alcantarillado de la urbanización San Carlos, valorizada en ocho millones 185 mil 775 soles, en tanto en la obra “Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en las calles Miraflores, Ricardo Palma y San Antonio, del pueblo joven Garcés”, por 657 mil 214 soles, se halló responsabilidad civil, penal y administrativa.
OTRAS INTERVENCIONES
La Contraloría también ha realizado una acción simultánea en la Municipalidad Distrital de Lagunas, en la que se supervisó la “Instalación del sistema de agua potable y saneamiento en el caserío El Progreso”, por un millón 634 mil 331 soles.
En la comuna distrital de San José realizó una visita de control, revisando los procedimientos del proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado”, valorizado en 30 millones 402 mil 214 soles.
Otra acción es la orientación de oficio aplicada en EPSEL, por el mejoramiento de los emisores principales de Chiclayo, obra de 86 mil 417 mil 220 soles, así como la realizada en la Municipalidad Distrital de la Victoria, por la obra de “Mejoramiento de las redes de agua potable, alcantarillado con conexiones domiciliarias, perímetro entre las avenidas Gran Chimú, La Paz, Pachacútec y Víctor Raúl Haya de la Torre, por tres millones 829 mil 946 soles.
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Celebradas con bombos y platillos al momento de su promulgación, muchas son las leyes referidas a Lambayeque que declaran de interés nacional determinados proyectos necesarios para el desarrollo del departamento. Sin embargo, poco han servido las normas para la realización de tan anheladas obras, toda vez que pese al tiempo transcurrido desde su promulgación, poco se ha logrado para su ejecución.
LA CALZADA
El 12 de mayo del 2009, por gestiones del entonces congresista Franco Carpio Guerrero y el Comité de Gestión de Construcción de la Presa La Calzada, el gobierno nacional promulgó la Ley N° 29359, norma que declaró de interés y necesidad pública la ejecución del proyecto hidráulico en la parte alta del Valle La Leche, considerando que esta ayudaría a reducir el impacto del incremento del caudal del conocido “río loco”, evitando así el perjuicio poblacional y productivo generado por la ocurrencia del Fenómeno El Niño, tal como sucedió en 1983, 1998 y las fuertes crecidas del 2008.
A ello se sumó el ánimo de protección del patrimonio arqueológico ubicado a márgenes del río La Leche, en el Santuario Histórico del Bosque de Pómac.
Sin embargo, pese a que la ley se fundamentó en la existencia de un estudio de prefactibilidad efectuado por la firma rusa Selkhozproexport, lo cierto es que no existe hasta el momento documento técnico que señale qué características debe tener La Calzada, ni cuáles serían los impactos de su construcción, tanto por ocupación de área inundable como por beneficio de acumulación de aguas.
Justamente este desconocimiento es el motivó la oposición de los pobladores de Pítipo, en la parte alta del valle, quienes incluso se opusieron a que el Proyecto Olmos Tinajones – PEOT, realice los estudios técnicos para fijar las características básicas de la obra.
En el 2012, estando Milton Von Hesse al frente del Ministerio de Agricultura y Riego, se prometieron 15 millones de soles para la realización de los estudios definitivos del proyecto. Un año después se convocó la contratación del estudio de factibilidad, por cuatro millones de soles, proceso que fue declarado desierto debido a que no hubo postor interesado en su ejecución.
Hace semanas el ministro de Agricultura anunció la reformulación del planteamiento hidráulico de La Calzada, que considera ya no la construcción de la gran presa en jurisdicción del distrito de Pítipo, sino de una bocatoma, una presa lateral llamada Calicantro y tres embalses: Yavis, Laquipampa y Chaparrí.
EL PARQUE INDUSTRIAL
El 6 de julio del 2011, el gobierno de Alan García Pérez promulgó la Ley N° 29738, declarando de interés nacional y regional la Reactivación y Promoción del Parque Industrial de Chiclayo, con el objeto de promover las actividades productivas y de exportación de las empresas instaladas o por establecerse, la generación de empleo sostenible, el desarrollo económico y social, la mejora y aumento del nivel de la actividad industrial, la planificación del desarrollo regional o urbanístico, así como el cuidado y protección del medio ambiente.
La norma apuntó al inicio de las gestiones para la habilitación del nuevo Parque Industrial, toda vez que el que aún existe en Chiclayo, creado por Ley N° 17238, ubicado carretera a Pimentel, fue absorbido por el crecimiento urbano de la ciudad, resultando un serio freno al desarrollo de la industria y las actividades de producción compleja para Lambayeque, perjudicando directamente a los empresarios.
La ley señala claramente que corresponde al gobierno regional y a los gobiernos locales definir, de acuerdo a la planificación del territorio, el espacio donde deba instalarse la infraestructura del Parque Industrial y que las construcciones existentes del actual complejo no pueden ser utilizadas como almacenes o depósitos, tal como sucede hoy en día.
Otro asunto interesante es que de acuerdo al texto de la norma, el gobierno regional incumple hasta hoy lo determinado por la ley al no convocar a la constitución del Consejo Directivo del Parque Industrial de Chiclayo, competencia para la que solo él tiene potestad, siguiendo lo señalado por la primera Disposición Complementaria de la ley.
Dicho Consejo Directivo debe ser responsable de elaborar y aprobar el Reglamento de Organización y Funciones del Parque Industrial en un plazo no mayor de 60 días después de instalado.
EL MERCADO MODELO
El 29 de abril del 2016, en un clima de excesivo júbilo, el entonces presidente del Congreso de la República, Luis Iberico Núñez, llegó hasta el Palacio Municipal de Chiclayo para promulgar la Ley N° 529-2011-GL, Ley que declara de necesidad pública la construcción de un nuevo Mercado Modelo y la expropiación de 36 tiendas.
La ley fue promulgada por insistencia, luego que el Ejecutivo decidiera rechazar su publicación alegando una serie de observaciones a la pretensión perseguida desde el 2003, aproximadamente, por los demás comerciantes del centro de abastos y a la que, tiempo después, se adhirió la comuna provincial.
La dación de la norma solo fue el paso inicial. A este le seguía la formulación de los informes a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuyos técnicos debían estimar el valor comercial actual de los inmuebles para que en base a ello se emprenda la negociación con los comerciantes.
El Artículo 6 de la ley establece que el municipio tiene un plazo de dos años para concretar la expropiación de las tiendas.
A fines de enero de este año el alcalde provincial, David Cornejo Chinguel anunció que la comuna contrataría a peritos para realizar una nueva tasación de las tiendas a expropiar, porque en su opinión el informe del Ministerio de Vivienda, que valuó las propiedades en 28 millones de soles, “no lo convencía”.
EL SANEAMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL
El 25 de mayo la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República aprobó el dictamen de una serie de proyectos legislativos que en resumen declaran de interés nacional y necesidad pública la prestación, mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado y del sistema de drenaje pluvial en diferentes departamentos del país, entre ellos Lambayeque.
La misma Ley, que tiene un único artículo, considera la implementación de los planes de emergencia y contingencia para Tumbes, Piura, La Libertad, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Cajamarca, Ica y Lima, en el marco de la situación de emergencia que vivió el país por los desastres naturales recientes.
En su segunda disposición complementaria, la norma ordena que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en coordinación con las autoridades locales, dé cumplimiento a los compromisos asumidos, disponiendo las acciones pertinentes para la materialización del objeto de la ley.
La norma se sustenta en cinco proyectos legislativos, entre ellos el 01028, presentado el 7 de marzo de este año, por el congresista fujimorista Héctor Becerril Rodríguez, quien planteó que se declare de necesidad pública e interés nacional la construcción del sistema de drenaje pluvial y mejoramiento de la red de alcantarillado de Chiclayo y sus distritos, con prioridad en José Leonardo Ortiz y La Victoria.
CONSIDERACIONES
La norma señala que frente a la situación de emergencia presentada en el país surge la necesidad de recuperar la infraestructura de servicios básicos como las redes de agua y desagüe.
“Si bien los proyectos acumulados buscan la declaración de necesidad pública la pretensión de servicios de agua potable y alcantarillado de zonas en específico, consideramos que el análisis debe efectuarse de manera general y buscar un marco aplicable a todos los departamentos afectados por los desastres naturales”, precisan los legisladores de la Comisión de Vivienda.
Anotan que asegurar el funcionamiento de los sistemas de agua y saneamiento frente a fenómenos naturales requiere de la inclusión de medidas de seguridad en las diversas etapas de la implementación de estos servicios, así como preparativos y planes de emergencia para afrontar la ocurrencia de desastres.
“Dejar de lago dicha acciones es contribuir al caos, extender y profundizar el impacto del desastre, así como exponer a la población a riesgos de salud”, enfatizan los legisladores.
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El asesor legal del Grupo Oviedo y abogado personal de Edwin Oviedo Picchotito, José Carlos Isla Montaño, reveló que en estos momentos la firma empresarial se constituye como la accionista más importante de la agroindustrial Tumán; debido a que tendría la mayoría de las acciones de la azucarera y, por lo tanto, quien tiene ventajas para su control.
Isla Montaño añadió que el Grupo Oviedo tiene las acciones suficientes para coparticipar en el manejo empresarial de la empresa Tumán, con justo y legal derecho desde hace nueve años, debido a la titularidad de las acciones que compró en la Bolsa de Valores de Lima, “tal y como lo pudo haber hecho cualquier persona para convertirse en accionista y teniendo como amparo y protección la Ley del Mercado de Valores”.
“En principio, no estoy autorizado para revelar cuántas o qué cantidad de acciones tiene el Grupo Oviedo en Tumán, esa información no la tengo a la mano, pero solo puedo decir que el Grupo Oviedo tiene una importante participación de acciones y diría que en estos momentos es el accionista más importante de la empresa Tumán”, señaló.
Agregó que, según la actual distribución del capital social – dinero- acciones, en estos momentos los trabajadores, los jubilados y los herederos tendrían menos del 40 % de las acciones.
“El grupo Oviedo representa o constituye el accionista más importante de la empresa Tumán y eso si quieren lo pueden verificar. El Grupo Oviedo tiene las acciones suficientes para coparticipar en el manejo empresarial de la empresa con justo y legal derecho, con acciones que fueron compradas en la Bolsa de Valores, y se adquirieron como lo hubiera hecho cualquier accionista”, recalcó.
CULPA A JUEZ
José Carlos Isla sostuvo que los problemas que ahora se viven en Tumán son de única responsabilidad del juez de Juzgado Mixto de la provincia de Bongará, en Amazonas, José Antonio Bravo Soto, quien de manera recurrente interviene en la jurisdicción de Chiclayo, emitiendo resoluciones judiciales que lejos de dar una solución al problema en la azucarera, más bien “la ha convertido en una campo de batalla”.
“El juez José Antonio Bravo Soto viene siendo investigado por el Órgano de Control Interno por dictar una serie de medidas ilegales en procesos que no son de su competencia y porque con su acción se inmiscuye en la administración de la justicia de Lambayeque. Dicho magistrado pretende arrebatar la empresa Tumán a sus accionistas mayoritarios, los que son copropietarios junto a trabajadores, jubilados y herederos”, detalló.
Añadió que la pretensión se pretende realizar bajo el pretexto de cobrar una deuda u obligación de pago de 19 mil bolsas de azúcar que supuestamente se le deben a la Empresa Alimenta Perú SAC.
“El señor José Antonio Bravo Soto es uno de los culpables de la crisis que se vive en Tumán”, afirmó.
Explicó que en el país toda empresa, tratándose de una sociedad anónima, tiene órganos de gobierno, una junta general de accionistas, un directorio y una gerencia general, conformación que fue restituida por un mandato del Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, a cargo de la juez Luz Karina Fabián Palomino, quien de manera contundente y justificada, mediante resolución judicial, ordenó que retorne la legalidad y la empresa vuelva a sus verdaderos propietarios.
“Este juez, so pretexto de cobrar una deuda que es inexigible e ineficaz, ya que quien supuestamente endeuda a la empresa Tumán es el señor César Sandoval, ex administrador judicial, cuando ya no tenía facultades para hacerlo, pretende arrebatar el manejo de la empresa a sus accionistas y entregarla a Alimenta Perú SAC para que se cobre una deuda ficticia”, aseveró.
CUARTO DIRECTORIO
Isla Montaño dijo que la única solución al problema en la empresa azucarera Tumán es la elección de un nuevo directorio, el cual deberá elegirse en Asamblea General de Accionistas el próximo 4 y 9 de julio, en primera y segunda asamblea. Refiere que no existe otra salida al problema.
Detalla que el directorio que actualmente se encuentra en la empresa es solamente un órgano de transición y conforme a ley se ha convocado a la Junta General de Accionistas, para que sean los trabajadores, jubilados, herederos y accionistas los que tengan voz y voto para elegir a su nuevo órgano de gobierno.
“El IV Directorio es un órgano de transición y hay que rescatar y resaltar la buena fe y el acto de desprendimiento de este directorio, al haber convocado a una junta de accionistas para el próximo 4 y 9 de julio para que sean los accionistas, trabajadores, herederos y jubilados quienes elijan a sus propios representantes”, acotó.
Sostuvo que se espera que se haga la convocatoria tal y como ha quedado establecida hasta el momento, y a cambio el Grupo Oviedo ofrece transparencia para que la votación de los accionistas refleje la voluntad de cada trabajador, heredero, accionista, y en el nuevo directorio se elija un representante de los accionistas, otro de los jubilados, otro de los trabajadores y también de los herederos.
¿OVIEDO PATROCINADOR?
Carlos Isla negó que el Grupo Oviedo sea el patrocinador del IV Directorio que preside Wigberto Cabrejos, pero no pudo negar que algunos directores hayan sido propuestos por el capital social que representa el Grupo Oviedo.
“Algunos de los directores fueron propuestos por el grupo Oviedo en defensa del capital social que en la actualidad se tiene en juego y tiene que ser cuidado”, dijo.
Resaltó el pedido que ha hecho el accionista más importante de la empresa Tumán, Edwin Oviedo, al invocar al IV Directorio para que convoque a una Junta General de Accionistas, y sean los copropietarios los que designen a sus propios representantes.
“La convocatoria ya ha sido efectuada. Nosotros garantizamos la transparencia de ese proceso electoral; es más, invocamos la presencia de la Defensoría del Pueblo, la Prefectura y de cualquier organismo público y privado que quiera participar para darle transparencia al acto a desarrollarse en el mes de julio”, indicó.
Detalló que el Grupo Oviedo considera que la convocatoria a Junta General de Accionistas para elegir a un nuevo directorio que gobierne por dos años, es la solución al problema que en la actualidad se vive, y de paso se dejen de lado las administraciones judiciales.
COMUNICADO DE LA PCM
En referencia al Comunicado que la Presidencia del Consejo de Ministros –PCM, publicado el miércoles último con el afán de restablecer el orden público en la empresa Tumán, Carlos Isla afirma que en el país existen normas que tiene que respetarse y una de ellas es la que salvaguarda los intereses de la empresa y de las personas.
El quinto punto del comunicado señala: “Sin perjuicio del respaldo policial que el Ministerio del Interior ha dispuesto en la zona por el mandato judicial expedido por el Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, de no contenerse la situación de violencia en Tumán, el Gobierno tomará todas las medidas adicionales que la ley le faculta para garantizar la seguridad de la población”.
Explicó que existe el código penal, así como normas que tienen que respetarse y los actos de vandalismo, los que han sido calificados por el propio jefe de la Policía en la región, general Jorge Pérez Flores, son evidentes.
“Los actos de violencia vienen siendo cometidos por gente contratada, que sin ningún reparo se enfrenta a la policía, dispara avellanas y artefactos pirotécnicos peligrosos contra el cuerpo de los policías, simplemente porque no tienen nada que perder”, sostuvo.
Precisó que corresponde al gobierno central poner orden frente a los actos de violencia que se registran en Tumán.
“Saludo la intervención de la PCM, y es más que seguro que los accionistas de Tumán están totalmente de acuerdo. Condenamos esos actos de violencia, pero ya es hora que tanto el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen en defensa de la legalidad y el orden público”, profundizó.
Comentó que el martes último se abrió la investigación penal en el Ministerio Público contra los presuntos implicados en los disturbios, bloqueos de carreteras y atentados contra los trabajadores, al impedir el acceso de las personas que a diario circulan por la zona.
“En el comunicado también se manifiesta que se respeta la autonomía de poderes, lo que está garantizada por la Constitución Política del Perú. Tenemos un Poder Judicial, un Poder Legislativo y un Poder Ejecutivo, y en base a esa separación y autonomía de poderes es que la juez del Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo emitió una decisión firme”, afirma Carlos Isla.
ANTONIO BECERRIL
En cuanto a la designación de Antonio Becerril Rodríguez como gerente general de la empresa Tumán, Carlos Isla destacó que esa decisión la tomó desde un principio el directorio de la azucarera, cuyos integrantes votaron por unanimidad.
Isla Montaño dejó de lado e intentó desconocer los conflictos internos suscitados entre Antonio Becerril y el Grupo Oviedo, cuando estuvo al frente de la gerencia general de la Empresa Agroindustrial Pomalca, afirmando que reconoce la trayectoria y experiencia que este tiene en la industria azucarera.
“Antonio Becerril ha gerenciado cinco empresas azucareras y no cabe duda que se trata de una persona que conoce de la industria azucarera, y es la ideal para el cargo”, explicó el letrado, sin mencionar las razones por las cuales Becerril Rodríguez abandonó la gerencia general de la empresa Pomalca.
Añadió que en la actualidad no existe denuncia o investigación alguna contra Antonio Becerril y que las que hubo en determinado momento fueron archivadas al no existir o habérsele encontrado responsabilidad alguna.
“Las desavenencias que tuvo con la señora Aurea Oviedo, una de las integrantes del Grupo Oviedo, han quedado archivadas”, recalcó el abogado.
CON FERNANDO O’PHELAN
Carlos Isla también se refirió al presidente de la ONG Pro Justicia, Fernando O’Phelan Pérez, quien luego de haber sido un duro crítico de las acciones del Grupo Oviedo en las azucareras Pomalca y Tumán, ahora aparece como uno de sus principales aliados y apoya el reingreso al control y administración de la empresa.
“Este señor fue un duro crítico de la gestión, denunciando actuaciones presuntamente ilegales. Sin embargo, han transcurrido dos años y el tiempo se ha encargado de demostrar que no somos responsables de ningún acto ilícito. Demostramos que las graves imputaciones que recayeron sobre el Grupo Oviedo y el señor Edwin Oviedo son falsas. No lo digo yo, si no la Corte Suprema en sentencia de última instancia”, mencionó.
Isla Montaño indicó que “todas las acusaciones contra el Grupo Oviedo fueron patrañas con la única intención de hacer daño y despojarlos de la empresa Tumán”.
Finalmente agregó que Fernando O’Phelan tendrá que responder por sus actuaciones. Dijo que Pro Justicia participa en la fiscalización de las empresas en crisis.
“Supongo que él actúa de buena fe y cuando criticó al Grupo Oviedo lo hizo en defensa de los intereses de la empresa y los trabajadores, pero hemos demostrado que todas esas imputaciones fueron falsas, y por ello se nos ha restituido el manejo de la empresa”, recalcó.
FALTA DE COMUNICACIÓN
El abogado hizo un mea culpa y reconoció que durante el período que el Grupo Oviedo estuvo al frente de la empresa Tumán se cometieron errores, originados por una deficiente comunicación, especialmente con la masa laboral, con los accionistas, con los jubilados y los herederos.
“Uno de esos errores o excesos que se cometieron, fue no haberles trasmitido las cosas que se venían haciendo, las que eran en favor del desarrollo de la empresa”, explicó, remarcando que también hubo aciertos, como por ejemplo que después de 30 años se paguen utilidades a los trabajadores. También hubo inversión en el campo y en la misma fábrica de azúcar.
“Hasta hace dos años los pagos eran al día, los pagos de las deudas con SUNAT y EsSalud se venían cumpliendo de manera puntual”, puntualizó.
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El 12 de mayo el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo Mori, durante su visita a Chiclayo, dijo que el 15 de junio se implementaría el Régimen de Apoyo Transitorio – RAT, en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento – EPSEL, como medida de auxilio ante la crítica situación de la empresa. Empero, faltando días para que lo anunciado se concrete, especialistas del ente encargado de la intervención aseguran que aún no hay nada definido.
La semana pasada el alcalde de Chiclayo y presidente de la Junta Empresarial de EPSEL, David Cornejo Chinguel, se reunió con funcionario del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, dependencia del Ministerio de Vivienda cuyo Consejo Ejecutivo debe aprobar la aplicación del RAT, de acuerdo a lo señalado por el Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de los Servicios de Saneamiento.
Hasta el despacho de alcaldía llegó el propio director ejecutivo del OTASS, Fernando Laca Barrera, así como la secretaria general del organismo, Silvia Falcón, y el asesor Alberto Villa García.
Según se sabe, en la reunión el alcalde buscó convencer a los funcionarios de que la aplicación del RAT, que deja sin efecto los órganos de gobierno como la Junta de Accionistas, el Directorio y las gerencias de línea de la empresa intervenida, no es necesaria, y que, por el contrario, se debe buscar otra vía de solución a los problemas de la paramunicipal.
¿RETROCESO?
Lo preocupante sucedió a inicios de esta semana, durante la VI Audiencia Pública Descentralizada de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República, realizada en la sede del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque.
En la actividad, el especialista del OTASS, Gustavo Maldonado Ayres, dijo ante los asistentes que la aplicación del RAT en EPSEL aún no tiene plazos establecidos, y que dependerá de la evaluación que realice la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS, la implementación de la medida de auxilio.
Maldonado Ayres se negó a brindar declaraciones a la prensa, en tanto el otro especialista del organismo técnico que arribó a Chiclayo, Francisco Luna Alvarado, indicó fuera de entrevista que siendo funcionarios “no podían desautorizar lo dicho por el ministro” hace dos semanas.
Entonces, ¿se aplicará o no el RAT en EPSEL? De ser así, ¿cuándo sucederá? Los funcionarios no dieron respuesta precisa al respecto.
LAS FICHAS TÉCNICAS
En su exposición, Gustavo Maldonado explicó que del 19 al 21 de abril se realizó una visita a EPSEL, sosteniendo reuniones con la plana gerencial de la empresa a la que se le detallaron los alcances de la norma vigente y las competencias del OTASS, con énfasis en los aspectos operacionales y comerciales.
Indicó que como resultados de los primeros encuentros se elaboraron 19 Fichas Técnicas Operacionales, algunas de ellas referidas a la reposición, adquisición y montaje de caudalímetro de ingreso a la planta de tratamiento de agua potable y a la planta de tratamiento de aguas residuales; a la adquisición de equipos de dosificación y polímetro; a la reposición de sistemas de cloración y mantenimiento, entre otros.
“Son 19 fichas que se elaboraron en una primera visita solamente considerando tres localidades. También se han determinado 12 Fichas Técnicas Comerciales, como el programa de recuperación de conexiones inactivas y regulación de conexiones clandestinas; el programa piloto de corte a usuarios activos con deudas de dos meses; la renovación y reposición de 611 medidores para altos consumidores; la adquisición de un sistema de información geográfica G.I.S 2017, entre otras”, mencionó.
Maldonado Ayres precisó que las 12 Fichas Comerciales se encuentran en revisión del OTASS, pero que hasta el momento EPSEL no ha presentado al organismo técnico las Fichas Operacionales.
“Hay aspectos críticos en la empresa como el bajo nivel de micromedición; los elevados costos y gastos que ocasionan pérdidas operativas; la deuda significativa con FONAVI que se encuentra vencida y no está refinanciada; las contingencias laborales correspondientes a procesos judiciales contra la empresa y sobre los cuales existe una alta probabilidad de ser perdidos”, indicó.
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Iván Fernández Paz trabaja hace más de 20 años en la promoción del Proyecto Jurados, un sistema que busca la democratización del sistema de justicia en el país y a través del cual – asegura – pueden lograrse mejores resultados que con los mecanismos que actualmente se aplican para la persecución y sanción de los delitos. Expresión conversó con el abogado chiclayano, quien comparte en la siguiente entrevista su análisis de la situación judicial en el Perú, poniéndose énfasis en la necesidad de una reforma con participación ciudadana.
¿Cuál es su análisis del sistema de justicia general en el país?
Emitir análisis al respecto, es quedar corto ante innumerables apreciaciones técnico-objetivas efectuadas por expertos en la materia, las que al ser contrastadas con la percepción del ciudadano lego, quien de manera tácita-subjetiva conoce que nuestra justicia y su cúspide, llamada Poder Judicial, no funcionan.
En lo personal me he orientado más a plantear soluciones al problema, sujeto a diagnósticos varios; pues este enfermo llamado Perú está para operarlo ya, no para más análisis.
¿Cuáles cree que son los principales problemas de la justicia en el Perú?
Al ser diversos los problemas, circunscribiré estos a lo negado al pueblo, no obstante estar expuesto de manera taxativa en nuestra actual y vigente Constitución Política, la de 1993.
El artículo 45 señala que el poder del Estado emana del pueblo. Ejecutivo y Legislativo sí son Poderes del Estado, nos guste o no, porque estos provienen del voto o sufragio popular, pero no sucede lo mismo con el dizque Poder Judicial, por cuanto la esencia principal de poder decae por falta de legitimidad y voluntad popular en su manifestación democrática de libre elección.
El artículo 138 indica que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial. Siendo espíritu motivado del constituyente establecer una nación con efectiva justicia social, se motivó en otorgar al pueblo el omnipotente poder que solo brinda la justicia, hecho real en naciones anglo-norteamericanas. Lamentablemente, en nuestro afán desmesurado de profesionalizar todo, hemos profesionalizado en extremo la justicia, reservándola solo para los abogados, desvirtuándola, llevándonos a ser un país en extremo legalista, mas no justiciero; razón por la cual vemos a diario como con la ley se le hace trampa a la justicia.
El artículo 139, inciso 17, refiere la participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a ley, razón adicional para asegurar que nuestro sistema no es democrático al hacer caso omiso al soberano, y en su lugar sacándole la vuelta se creó una institución de fachada pseudo democrática denominada Consejo Nacional de la Magistratura. Desde 1983 este inciso constitucional duerme el sueño de los justos en favor de injustos; sin norma orgánica alguna, continuamos favoreciendo intereses mezquinos; activando esta ley el CNM no tendría razón de ser, advertimos que, tal futura elección deberá ser exenta de partidarismo político alguno, con participación de universidades locales, usual en otras naciones.
Finalmente, el artículo 149 señala que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario. En consecuencia, aseguro que siendo la justicia virtud cardinal inherente a todo ser humano, al igual que el amor no necesita de profesionalización alguna, cuando eso sucede se corrompen. Notable excepción y palpable realidad es manifiesta en zonas marginales de nuestro territorio avaladas por el pueblo; ante lo cual, resulta irónico entender porque en zonas de escasa educación la justicia no profesional funciona bien. Puede tener exabruptos, pero funciona. Seamos conscientes, la Justicia no tiene profesionales, el abogado es profesional de la ley la cual a veces no es justa, para corregir eso, adecuado es la participación ciudadana.
De lo indicado hasta ahora por el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, quien no ha dudado en autocriticar la situación de la justicia en el Perú, ¿qué es lo que más destaca y por qué?
Destaco eso mismo, la autocrítica porque son buenas intenciones de forma, mas no de fondo; no obstante, mientras no se involucre al ciudadano en su sistema de justicia, seguiremos en lo mismo. Por otro lado, el doctor Rodríguez conoce nuestro accionar; de paso, sabemos que él es asiduo defensor de la justicia comunal y consuetudinaria, pero no lo hemos visto explayarse en ese sentido. ¿Será que el tema incómoda a sus pares magistrados?
Rodríguez Tineo ha señalado que se necesita duplicar el número de jueces en el país, que actualmente asciende a más tres mil. ¿Comparte su opinión?
Respeto su opinión, mas no la comparto. La historia nos muestra millones de dólares gastados en intentos similares que han servido de poco, casi nada; considero que hoy se expone una versión fallida de reforma más.
Entre 1990 y el 2000 el gobierno de Fujimori, Vladimiro Montesinos y la Cúpula Cívica Militar se gastó 280 millones de dólares con pretexto del terrorismo y se apoderó del sistema de justicia en todas sus instancias. Con el autogolpe del 5 Abril se despidió a todos los magistrados, creó los tribunales sin rostro y empezó la mayor corrupción en la judicatura, situación latente hasta hoy.
Los gobiernos de Paniagua y Toledo se gastaron 411 millones de dólares con el asunto del CERIAJUS. Se implementó Nuevo Código Procesal Penal y se cuadriplicó el sueldo a magistrados para evitar que se corrompan, situación que continúa.
El segundo gobierno de Alan García invirtió 350 millones de dólares en Jueces Ciudadanos, una vez más copó las instancias del Poder Judicial y el Ministerio Público, estableció la conciliación y arbitraje, dejó una infraestructura judicial deficiente, terminando con el escándalo de los “Narcoindultos”, entre otros.
El gobierno de Ollanta Humala, con la justicia orientada a la equidad social, destinó un reducido presupuesto al sector justicia, se incrementó la delincuencia y más escándalos en el sector.
Según lo expuesto, aseguro que duplicar el número de jueces no es la solución, esto ya se hizo. La solución de la reforma está en democratizar la justicia, involucrando al pueblo en su conjunto, situación que cada vez más naciones adoptan emulando al sistema anglo-norteamericano.
¿Cuál es su percepción de la justicia en Lambayeque? ¿Qué hace en el espacio local tan cuestionado al sistema?
Según Gallup y Transparencia Internacional, el Perú tiene uno de los peores sistemas de Justicia del mundo. A nivel nacional sabemos que el Distrito Judicial de Lambayeque es uno de los peores del Perú, salvo honrosas y escasas excepciones; en resumen tenemos lo peor, de lo peor.
El cuestionamiento está en ver que por temas de justicia vinculados a un poder perjudicial, inserto en nuestra sociedad, relacionado a litigios de las ex cooperativas agrarias, hoy tenemos y seguiremos teniendo muertos; soslayando álgidos problemas de corrupción y delincuencia no solucionados.
¿En qué sentido es necesaria la reforma judicial?
En el sentido eminentemente democrático. En mis conferencias menciono que: “La democracia es justicia, sí y solo sí la justicia es democrática”; en tal sentido la reforma judicial debe de estar orientada a la participación plena y vinculante del ciudadano, siendo sus opciones más adecuadas el juicio por jurados, la instauración del Gran Jurado adscrito al Ministerio Público, y la elección popular de magistrados sin intromisión política partidarizada alguna.
Existen otras manifestaciones importantes democráticas en el sistema de justicia, desconocidas aquí y que si son conocidas han sido poco valoradas. Hoy el ciudadano está obligado a conocer para así aportar al cambio que requiere su país.
¿Por qué asegura que el sistema judicial peruano no es verdaderamente democrático?
No es democrático en sus instancias supremas o elevadas, que son las más importantes o la carne. Solo se le ha dejado al pueblo la opción o hueso de la ronda campesina y jueces de paz no letrados, ambos sin efecto vinculante y mucho menos imperativo. En consecuencia, es infamia y oprobio el que la clase política no le otorgue al pueblo lo que esencialmente le pertenece: su justicia democrática.
¿Cuáles cree que son los temores para que aplique en el Perú el sistema de justicia por jurados?
Temores varios, principalmente en aquellos que le hacen daño a la nación, se escudan en el no estar preparados o es otro sistema, reniegan del tema sin conocerlo siquiera; lo aseguro, luego de haber visitado diversas universidades del Perú: el tema no se expone, tampoco se debate, resultando tabú y hasta sacrilegio otorgarle el poder de la justicia al pueblo; pero he percibido cambios, hoy el tema se torna de interés en politólogos, sociólogos, antropólogos, educadores y hasta psicólogos. Por cuestiones doctrinarias, por el momento, este no es viable por la ruta de abogados.
Tengo más de 30 años laborando como analista de sistemas informáticos, ingeniería de sistemas redes y comunicaciones, estudié Derecho y Ciencias Políticas no para ser abogado, sino para defender el Proyecto Jurados y alegar en sus foros la propuesta, pues son los colegas quienes más se oponen al cambio. Sin embargo, alardean ser demócratas, les hablas de democratizar el sistema de justicia y se hacen los desentendidos.
¿Han existido gestiones legislativas en ese sentido?
En las cinco primeras Constituciones Políticas del Perú, de 1823 a 1856, se menciona instaurar el juicio por jurados. Lamentablemente fue Ramón Castilla quien lo eliminó de la Constitución, al ser presionado por las corrientes intelectuales ortodoxas de aquellos tiempos, quienes no soportaban la idea de ser juzgados por el pueblo.
Llevamos la propuesta al Ejecutivo en agosto del 2006 y al Congreso en marzo del 2007, expusimos ante la comisión de Justicia y Derechos Humanos, pero no tuvo la acogida merecida. Los asesores, abogados, al instante la rechazaron. Fuimos invitados a Palacio de Gobierno para exponer el tema y por cuestiones ajenas a nosotros se postergó tal reunión. ¡Oh sorpresa! Pocos meses después Alan García lanzaba con nuestro argumentos presentados su Proyecto de Ley N° 748-2006 - “Dos Jueces Ciudadanos”; situación que si bien es cierto tenía una esencia de jurados, también es cierto que no resultó congruente en su número, entre otros conexos.
PERFIL:
La información de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, es cada vez más reveladora respecto a las millonarias pérdidas que registra y los deficientes resultados de la gestión que cumplen sus órganos de gobierno. Esta vez la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS, confirmó que la empresa paramunicipal mantiene sus indicadores en rojo, lo que perjudica a los más de 140 mil usuarios que tiene en 26 distritos del departamento.
EPSEL entre el 2009 y el 2014 buscó la implementación de su estudio tarifario en el marco del quinquenio regulatorio que le fijó la SUNASS a través del Plan Maestro Optimizado - PMO. Esto implicó que la superintendencia realizara incrementos en las tarifas por los servicios que ofrece, establezca metas de gestión y se realicen proyecciones de las pérdidas acumuladas por la gestión de la empresa.
Como parte del Plan Maestro Optimizado – PMO, se había establecido como meta que el índice de no facturación de EPSEL se reduzca del 40.7 % en el 2009 al 32.7 % en el 2014. Sin embargo, el índice de no facturación, que económicamente representa pérdidas para la empresa, se incrementó entre el 2015 y septiembre del 2016 al 44 %.
“Este es un grave problema para la empresa, porque está produciendo pero no está recibiendo los ingresos suficientes por el agua producida. Nosotros esperábamos que al 2014 la empresa alcance un 71 % de micromedición del consumo, que va de la mano con el indicador de agua facturada, pero en lo real es que al 2016 solo se ha logrado la medición del 39.6 % del consumo. No ha cumplido las metas y eso demuestra el porqué EPSEL tiene problemas”, explica María Cristina Ballón Joqueme, especialista de la SUNASS.
TIBIOS RESULTADOS
Para la superintendencia, cuando se aplicó el PMO hubo mejoras pero no suficientes ni uniformes en las 26 localidades que opera EPSEL. A esto se suma, por ejemplo, que el importe que los usuarios pagan por metro cúbico de agua en Lambayeque es de 2.07 soles, mientras que en Piura y La Libertad, el metro cúbico de agua potable llega a casi tres y cuatro soles respectivamente. En conclusión las prestadoras de los departamentos vecinos disponen de mayores recursos para la mejora de los servicios.
Por otro lado, el promedio de suministro de agua potable a los usuarios de EPSEL es de 17.36 horas continuas. Sin embargo, Ballón Jomeque aclara que hay localidades que reciben más y otras menos horas de servicio.
“En los últimos años EPSEL ha logrado pasar la media nacional que es de 16.22 horas de suministro de agua potable, ese es un buen indicador porque ha ampliado la cobertura, lo mismo que en el alcantarillado, y ahora hay más usuarios que han accedido al servicio, lo que va de la mano con la política de saneamiento a nivel nacional. Pero hay un detalle, que se trata de un promedio; es decir, hay localidades en las que el abastecimiento de agua no llega siquiera a cinco horas diarias”.
Por ejemplo, en el 2013 Ferreñafe tenía 11 horas de agua potable y a septiembre del 2016 el suministro descendió a 7 horas. En Puerto Eten se pasó de casi 15 horas en el 2013 a 12 horas diarias el año pasado; en Oyotún de 11 horas a 6 horas; en Picsi de 12 horas a 5 horas; en Santa Rosa de casi 7 horas a 4 horas, y en Pósope Alto de 11 horas a 3 horas. En Batán Grande el suministro de agua potable es de 2 horas al día.
“Ha incrementado la cobertura, hay más usuarios, pero ¿de qué calidad de servicio estamos hablando? Lo ideal es que los usuarios en general estén por encima de la media nacional”, menciona.
EXCESIVOS GASTOS
Respecto a los ingresos y egresos, la SUNASS ha confirmado que el 86.90 % de los recursos que administra EPSEL son destinados al gasto corriente; es decir al pago de planillas y los gastos administrativos. Lo óptimo es que del total del presupuesto de la empresa se destine solo el 60 % para estos fines, quedando lo restante para la ejecución de proyectos de inversión, mejora de los servicios y mantenimiento de los sistemas que opera.
“No es lo ideal, pero es lo que está pasando. SEDAPAL, que es nuestro referente a nivel nacional, destina el 61 % de sus recursos al gasto administrativo. En EPSEL el monto llega casi al 87 %”, señala.
Respecto a la morosidad, se estima que cada usuario de EPSEL le debe aproximadamente tres meses y medio de consumo de los servicios de agua y alcantarillado. “El indicador es alto, hay muchos usuarios que no están pagando y eso es preocupante. La empresa tiene metas que cumplir y la pregunta es si está o no en la capacidad de llegar a estas”, refiere.
Por esta razón, la funcionaria explica que es importante que la empresa implemente la micromedición al 100 %, porque esto le permitiría reducir el agua no facturada. Sin embargo, la empresa no llega siquiera a la meta establecida por SUNASS, que es el 70 %.
A nivel general la micromedición en EPSEL es del 36.6 %, pero en localidades como Monsefú, Oyotún y Olmos la micromedición llega al 17.1, 11.7 y 17.1 % respectivamente, lo que significa que a los usuarios de estos distritos se les factura por consumos promedio, mas no por el servicio real, que puede ser menos o más.
ROTURAS Y ATOROS
Otro problema diagnosticado por la SUNASS en EPSEL es que por cada kilómetro de tubería del agua potable hay por lo menos una rotura, lo que incrementa el volumen de recurso perdido y, en consecuencia, merma la economía de la paramunicipal.
Respecto a la red del alcantarillado, hasta el 2015 se identificaron 9.81 atoros por cada kilómetro de tubería.
En EPSEL se ha identificado también el elevado índice de clandestinaje, la falta de operación y mantenimiento óptimo de la infraestructura, obras no transferidas de saneamiento o no culminadas por contratistas, deficiencias en la ejecución de proyectos, falta de renovación de equipos y accesorios en pozos, y la falta de grupos electrógenos. Todo esto origina que el servicio de agua potable sea discontinuo.
“Hemos advertido problemas de operación y mantenimiento por diferentes factores, y un serio problema son las obras no culminadas y no transferidas por terceros. Nosotros tenemos funciones fiscalizadoras y sancionadoras, pero no podemos multar a cada momento a la empresa porque esos pagos salen de las tarifas que pagan los usuarios. Lo que buscamos es que la empresa cambie de actitud y cumpla con ofrecer un buen servicio”, señala.
En relación al servicio de desagüe, se ha determinado que existe mal uso de las redes del alcantarillado, deficiencias en el manejo de los residuos sólidos, operación y mantenimiento no óptimos en la infraestructura existente, que además es obsoleta, y falta de grupos electrógenos para el bombeo. A esto se suma la inexistencia del sistema de drenaje pluvial que influye directamente sobre el funcionamiento de las redes.
QUEJAS DE LOS USUARIOS
“En nuestra oficina descentralizada las quejas de los usuarios en el aspecto operacional de EPSEL se centran básicamente en los problemas del alcantarillado, los atoros, la falta de agua, la falta de tapas en los buzones y las roturas de tuberías de agua o alcantarillado. En el ámbito comercial las quejas son por facturación elevada, facturación indebida y cobros por conceptos no realizados”, precisa.
SUNASS ha encontrado también redes de alcantarillado mal instaladas, que están contrapendiente y originan el represamiento de las aguas servidas bajo la superficie y su posterior afloramiento al interior de las viviendas. Asimismo, obras inconclusas como la de San Andrés, Próceres, Alan Bear, Leguía, Salas, Niño Héroe y Junín en José Leonardo Ortiz. En el mismo distrito la municipalidad no ha culminado la obra de colectores secundarios y realizó el cambio de los flujos del desagüe alterando el comportamiento hidráulico.
También hay obras contratadas que tienen serios problemas como el alcantarillado de San José, el sistema de saneamiento (agua y desagüe) de Santa Rosa, el alcantarillado de José Leonardo Ortiz, el saneamiento básico de Ferreñafe, el agua potable de Olmos, el alcantarillado de Picsi, el agua y el desagüe de Lambayeque distrito capital, y el saneamiento básico de Oyotún, por citar algunas.
SUNASS impuso a EPSEL 11 medidas correctivas sobre control de procesos de tratamiento, confiabilidad operativa y operación y mantenimiento. Asimismo, aplicó dos medidas correctivas sobre remoción de lodos en las lagunas de tratamiento. También se impuso una medida correctiva sobre las condiciones adecuadas en el sistema de alcantarillado de José Leonardo Ortiz.
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