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El nombre del colaborador eficaz signado con el código FPPCLL1502016 fue revelado por uno de los abogados de los presuntos integrantes organizaciones criminales “Hermandad del norte” y “Empresarios del norte”, durante la audiencia de requerimiento de prisión preventiva en su contra. Se trata de David Ángel Guerrero Rodríguez, alias “Ñoño”, conocido en los pasillos policiales y judiciales por sus antecedentes delictivos, y con quien el Ministerio Público ha tenido un trato especial pese a que incumplió lo dispuesto por el Poder Judicial cuando se acogió por primera vez al beneficio de la colaboración eficaz, allá por el año 2012.
La historia se remonta al 7 de agosto del 2012, con la Resolución N° 2 del Expediente N° 4986-2010-14, cuando la jueza Esmeralda Carlos Peralta, resolvió aprobar el acuerdo de colaboración eficaz celebrado entre el representante del cuarto despacho de investigación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo y Guerrero Rodríguez.
“Ñoño”, como es conocido en el mundo del hampa, había sido condenado a cinco años de prisión por la comisión del delito de receptación agravada en perjuicio de José Cobeñas Chero, quedando la pena sin efecto, así como la semilibertad que se le había otorgado por el delito de robo agravado.
De acuerdo a la resolución de la jueza Carlos Peralta, Guerrero Rodríguez quedaba obligado a informar todo cambio de residencia; a ejercer oficio, profesión u ocupación lícitos, debiendo acreditar ante el juzgado y el Ministerio Público el trabajo o estudio en el plazo máximo de 20 días. Debía, además, reparar los daños ocasionados por el delito; abstenerse de consumir bebidas alcohólicas; presentarse cada tres meses ante el juzgado a firmar el cuaderno de control de sentenciados y a justificar sus actividades.
Asimismo, estaba obligado a cumplir con lo contemplado en el Código de Ejecución Penal y su Reglamento, y a no cometer nuevos delitos.
La suspensión de la pena efectiva que se le otorgó a Guerrero Rodríguez se justificó en la información que este proporcionó al Ministerio Público, la misma que fue constatada y verificada y permitió desarticular una organización delictiva involucrada en delitos graves, de la que formaban parte – según la resolución judicial – diez personas a las que al momento de su intervención se les encontró armas de fuego, municiones, granadas de guerra y vehículos. La clave con la que Guerrero Rodríguez participó como colaborador eficaz en dicho proceso fue la CE312.
ASESINATO DE TEODOSIA FLORES
El beneficio de libertad gestionado por el Ministerio Público y concedido por el Poder Judicial no fue suficiente para que Guerrero Rodríguez se aleje de las acciones delictivas.
En junio del 2015, la fiscal adjunta de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de José Leonardo Ortiz, Ingrid Merino Gonzales, solicitó al Poder Judicial la intervención de comunicaciones y telecomunicaciones a diversos números de celulares, uno de ellos registrado a nombre de David Ángel Guerrero Rodríguez, por la presunta participación en el asesinato de Teodosia Flores.
El 10 de junio de ese año, personal de la Policía Nacional se constituyó al pueblo joven Salamanca, específicamente a la calle Unión, Lote 45, donde fue victimada Teodosia Flores Vásquez, quien recibió cuatro disparos.
La hija de la víctima narró que un sujeto de aproximadamente 18 años de edad fue quien ejecutó los disparos a metros de distancia. En la escena del crimen se halló un teléfono celular que se le cayó al sicario al momento de huir, al que ingresaron diversas llamadas, una de ellas, inmediatamente después de sucedido el crimen, procedente del celular de Guerrero Rodríguez.
Semanas después, en agosto del 2015, la fiscal Merino Gonzales solicitó al juez de Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz la detención preliminar de David Ángel Guerrero Rodríguez y de Cristian Jeyson Paredes Bustamante, como presuntos autores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado, en perjuicio de Teodosia Flores.
Fue el policía Marco Castillo Jaramillo, quien declaró al Ministerio Público que uno de los números de los que ingresaron llamadas al celular dejado por el sicario en la escena del crimen correspondía al de su informante, que no era otro que David Guerrero Rodríguez, alias “Ñoño”, “Gordo” o “Carnicero”. Las diferentes llamadas al teléfono de Cristian Paredes permitieron a la fiscalía determinar que Guerrero Rodríguez tenía participación directa en el asesinato de Teodosia Flores, por lo que se justificaba su detención.
Al brindar su testimonio, Paredes Bustamente confirmó al Ministerio Público que Guerrero Rodríguez fue quien lo movilizó, hospedó, y proveyó del arma de fuego con el que victimó a Flores Vásquez.
Guerrero Rodríguez fue capturado el 5 de septiembre del 2015; el 11 de ese mes la fiscalía formalizó la investigación preparatoria y tres días después, el 14, logró que tanto a él, como a Paredes Bustamante, se les dicte mandato de prisión preventiva por el delito de homicidio calificado.
Para librar la prisión preventiva, el abogado de Guerrero Rodríguez pidió al Poder Judicial valorar que “desde el 2010 este tenía condición de colaborador eficaz”, pese a que había infringido ampliamente lo ordenado en el 2012 cuando fue puesto en libertad.
PEDIDO DE LIBERTAD
A fines de enero del 2016, la Fiscalía Especializada Corporativa contra la Criminalidad Organizada de La Libertad dispuso la investigación preliminar, por ocho meses, contra la presunta organización denominada “Hermandad del norte”, que de acuerdo a las declaraciones del colaborador eficaz FPCLL15012016, sería liderada por los hermanos Sánchez Coronel.
Ese colaborador es David Ángel Guerrero Rodríguez, conforme se confirmó en la audiencia de prisión preventiva programada en Chiclayo contra los presuntos integrantes de la organización.
La carpeta del caso pasó a la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de Lambayeque en marzo del año pasado, siendo el coordinador del despacho el fiscal Juan Carrasco Millones.
Cuando desde Trujillo se envió lo avanzado en la investigación seguida por el Ministerio Público, se incluyó la carpeta con 91 hojas, un tomo auxiliar de dos folios, un cuaderno de intervención de las comunicaciones con 41 páginas, dos cuadernos de colaborador eficaz (uno de 249 hojas y otro de seis), un sobre lacrado con bienes incautados y dos sobres lacrados con datos identificatorios del colaborador, es decir de Guerrero Rodríguez.
Esto quedó confirmado el 20 de septiembre del 2016, cuando el fiscal Carrasco Millones remitió el documento reservado al juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz, donde se investiga el asesinato de Teodosia Flores, solicitando de manera “muy urgente” “medidas de protección para David Ángel Guerrero Rodríguez”.
Carrasco Millones pidió al juez de Leonardo Ortiz las medidas de protección a favor de Guerrero Rodríguez argumentando que “en el proceso de colaboración se ha venido recabando una serie de diligencias en relación a la desarticulación y tendiente a la captura de la organización criminal Hermandad del norte, integrada aproximadamente por 40 personas, quienes vienen cometiendo una serie de delitos relacionados al sicariato, extorsión, asociación ilícita para delinquir, etc”.
Según el fiscal, alias “Ñoño” venía siendo objeto de una serie de ataques tendientes a causarle daño a su integridad física y familiar al interior del establecimiento penitenciario de Picsi, “por lo que existe abierta una carpeta de medida de protección hacia la familia del colaborador. Asimismo, hasta la fecha existen – dijo Carrasco en septiembre pasado – cuatro ataques a la integridad de la persona”.
El propio coordinador de la FERCOR Lambayeque señala en su escrito que la medida de aseguramiento personal a favor de David Guerrero Rodríguez se entendía como la medida de excarcelación, por lo que solicitaba que se le dicten las reglas de conducta, esto sin considerar que ya en el 2012 el sujeto fue beneficiario de la misma figura sobre una sentencia condenatoria, sin que cumpla con el mandato judicial de no volver a cometer ilícitos.
“Este órgano requiere la variación de la medida de prisión preventiva por la comparecencia con restricciones, para tal fin y de manera reservada solicitamos emita la resolución que ordene la variación de la medida coercitiva y con el fin de que pueda fundamentar su decisión se hace llegar reservadamente copias de lo actuado en el presente proceso de colaboración eficaz”, señala Juan Carrasco en la parte final de su documento.
A ESPERA DEL INFORME
El 7 de octubre del año pasado, poco menos de un mes antes que se realice el operativo de captura de los presuntos integrantes de las organizaciones “Hermandad del norte” y “Empresarios del norte”, se realizó la audiencia de variación de prisión preventiva para David Guerrero, alias “Ñoño”.
Luego de escuchar los alegatos de la fiscal a cargo de la investigación del crimen de Teodosia Flores, del representante de la FECOR y del abogado del colaborador eficaz, la juez Sara Vera Zuloeta dispuso remitir el informe y la carpeta fiscal a la coordinadora de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de José Leonardo Ortiz para que emita su informe en relación al pedido de Carrasco Millones, que favorece a Guerrero Rodríguez pese a su reincidencia criminal y a que violó lo normado respecto a la colaboración eficaz acordada en el 2012. El informe aún no ha sido elevado.
Días después, el 13 de octubre, el Ministerio Público solo pidió la prolongación de la prisión preventiva contra el sicario Cristian Paredes Bustamante. Es decir, la suerte de “Ñoño” puede variar si el Ministerio Público decide, nuevamente, beneficiarlo con su libertad.
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Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque los exhorta a resolver sus problemas societarios y buscar una solución definitiva al manejo de las agroindustriales.
A 20 días de asumir la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el magistrado Aldo Zapata López dialogó con Expresión y compartió algunos alcances de las líneas maestras que regirán su gestión, la que se prolongará hasta diciembre del 2018. Firme en su compromiso, el titular del Poder Judicial sostiene que es momento de señalar y sancionar a quienes cometen actos irregulares en la administración de justicia. Asimismo, llama a los trabajadores y accionistas de las empresas agroindustriales a deponer sus diferencias, lo que pondría fin a la injerencia de los jueces en el control de las azucareras.
Zapata López destaca que su predecesora, Ana Salés del Castillo, dejó una valla alta en cuanto a la productividad de la Corte, que en el último año se ubicó entre las primeras a nivel nacional por el número de expedientes resueltos.
Sin embargo, pese al avance logrado, los más de 60 días de paralización de los servidores del Poder Judicial han generado el embalsamiento de procesos, cuya carga deberá disiparse en los próximos meses a fin de recuperar el ritmo de trabajo que se tuvo antes de la huelga.
“Este año se presenta un escenario muy distinto y es por eso que el propio presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, consciente de esta realidad, propuso y consiguió que se suspendan las vacaciones de los trabajadores. Se ha declarado en emergencia la resolución de casos, porque se tiene una carga permanente de expedientes que se ha incrementado con lo que no se atendió por los días de huelga. Hay entonces de parte de los trabajadores el compromiso de recuperar las horas de paralización, pero además de retomar el nivel de productividad que se tuvo hace algunos meses”, menciona.
Aclara que si bien los avances en productividad son notorios, aun no se ha medido si el incremento en la resolución de expedientes significa también calidad, aspecto que deberá evaluarse este año. “Los jueces de Lambayeque han cumplido las metas establecidas por el Poder Judicial a nivel nacional, pero además han superado en exceso los objetivos definidos. No es posible aún decir que el plus de productividad significa menor calidad, pero esta sí es una preocupación permanente entre los magistrados. Hay que cuidar calidad y cantidad, y es probable que este año podamos medir ambos indicadores”, señala Zapata López, precisando que los jueces de apelaciones deberán ponderar y establecer criterios que permitan avanzar y no retroceder sobre lo alcanzado en el 2016.
ATENCIÓN A LAS NECESIDADES
El próximo año se cumplirá una década desde la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en Lambayeque, herramienta que ha permitido mayor celeridad, al igual que la Nueva Ley Procesal Laboral, puesta en vigencia desde el 2010 en el distrito judicial, y así como son evidentes los logros obtenidos por los actores del sistema de justicia, son también notorias las necesidades por cubrir, principalmente de recursos humanos y nuevos órganos jurisdiccionales.
Las carencias no solo se concentran en el ámbito penal, sino también en el laboral y familiar, especialidades donde la carga es todavía elevada.
Aldo Zapata refiere que de esta realidad es consciente el gobierno nacional, por lo que se han impulsado reformas para agilizar la solución de las controversias judiciales, dotando para ello a las cortes del país de más órganos jurisdiccionales y de mayor número operadores como jueces, especialistas y trabajadores.
“Este año esperamos contar con los órganos jurisdiccionales suficientes para resolver la carga. Las decisiones que se implementan se dan desde Lima, nosotros somos los requirentes y es obvio que necesitamos más órganos de atención en cualquiera de las especialidades. En la presidencia se reciben todos los días solicitudes, reclamos y preocupaciones de los jueces que consideran que no están en las condiciones para ofrecer un mejor servicio. Necesitan más personal, nosotros necesitamos más jueces que puedan enfrentar la demanda de justicia que es cada vez mayor”, señala.
Lucha anticorrupción
Elegido como presidencia de la Corte de Lambayeque, el uno de diciembre del año pasado, Zapata López aseguró que su gestión se caracterizaría por aplicar “cero tolerancia a la corrupción”. Bajo esa premisa – sostiene – en las primeras semanas de su mandato ha dispuesto que la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura – ODECMA, a cargo del juez Cástulo Rojas Díaz, actúe con rigurosidad respecto a las denuncias por irregularidades en la labor jurisdiccional.
“Estamos instruyendo al órgano de control local para que prioricen atenciones en la lucha contra la corrupción. En los años anteriores hemos tenido una ODECMA muy comprometida, sentando bases claras para que todos los actores judiciales sepamos que la corrupción no debe acompañar a nuestro trabajo. Es decir, se ha hecho una labor preventiva muy interesante, muy amplia. Pero notamos que después de la prevención, del aviso, de la comunicación y advertencia, es tiempo ya que quienes no han entendido la tolerancia cero a la corrupción sean investigados y sancionados. Esas son las instrucciones al órgano de control y en eso está trabajando ahora”, señala el magistrado.
MEGAPROCESOS
De acuerdo a la proyección del Ministerio Público, al cumplirse el primer trimestre de este año la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo estaría lista para formular la acusación penal contra los integrantes de la presunta organización delictiva denominada “Los limpios de la corrupción”, liderada por el exalcalde Roberto Torres Gonzales.
Este escenario – indica el presidente de la Corte – será una prueba de fuego tanto para la fiscalía como para el Poder Judicial dada la complejidad del caso y el megaproceso que se iniciaría de acreditar el Ministerio Público los elementos suficientes para someter a juicio a los imputados.
“El caso de ‘Los limpios de la corrupción’, como los otros de criminalidad organizada que se tienen en Lambayeque, se encuentra actualmente bajo competencia estricta del Ministerio Público. El Poder Judicial ha cumplido hasta ahora la labor que le corresponde al dictar las medidas cautelares de prisión preventiva o comparecencia restringida contra los imputados, y estamos a la espera que el Ministerio Público formule la acusación. Estamos atentos y a la espera, para asumir nosotros nuestro papel. Será una prueba de fuego, sin duda, porque es una preocupación que los casos de corrupción y crimen organizado tengan una atención inteligente y eficaz”, señala.
Anota que esto último engarza perfectamente con la disposición del gobierno nacional, contenida en el paquete de medidas legislativas adoptadas, de crear órganos especializados de casos de corrupción, a fin de potenciar la lucha contra este flagelo desde el Poder Judicial. Se espera que lo mismo suceda con el crimen organizado, es decir que se dé carta libre a la creación de juzgados dedicados a exclusividad para su revisión.
“La fiscalía ya tiene despachos especializados, cosa que todavía no sucede en el Poder Judicial. Esperamos que como ya se ha dispuesto la creación de estos en el paquete de medidas legislativas dadas por el Ejecutivo se tenga celeridad en su implementación”, sostiene el magistrado.
MEJOR GESTIÓN
Aspecto en el que hace falta fortalecer el trabajo interinstitucional es el referido al observatorio de criminalidad en Lambayeque, espacio que nace a partir de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal y que – a decir de Zapata López – exige mayor compromiso de los actores de justicia y la sociedad civil.
“Las reuniones se dan, aunque no con frecuencia, eso es cierto. La intención de las instituciones involucradas en el observatorio es encontrar los puntos neurálgicos de atención y esta se manifiesta”, indica.
Menciona que entre sus objetivos institucionales está mejorar la administración y para ello ha convocado a profesionales en distintas ramas que se incorporarán a más tardar en febrero próximo, por lo que estima que en marzo deberá tenerse una primera evaluación de lo alcanzado por su gestión al frente de la Corte de Lambayeque.
PROBLEMA AZUCARERO
Por otro lado, Aldo Zapata, quien se desempeñó hasta el año pasado como presidente de la Primera Sala Penal de Apelaciones, refiere que es de preocupación permanente la situación de controversia e inestabilidad que existe en las empresas agroindustriales del departamento, cuya solución – enfatiza – no pasa por decisiones judiciales, sino más bien por el entendimiento entre sus propietarios, que son, a la vez, trabajadores.
“He tenido la oportunidad de conversar con algunos trabajadores de estas empresas y les he manifestado que es más por falta de voluntad que la solución no llega. Visto de manera objetiva, el Poder Judicial parece ser el pretexto para postergar la solución a problemas que corresponden a los trabajadores, a los accionistas y a los que tienen que ver con la titularidad de estas empresas. Los jueces que tratan estos casos reconocen que siendo empresas y sociedades las soluciones están previstas en otro ámbito. No corresponde al Poder Judicial ponerle fin al problema azucarero, y esa es la exhortación que le hemos hecho a los trabajadores, que pongan fin a sus diferencias”, asevera.
Zapata López indica que la resolución de los conflictos azucareros en Lambayeque se mantiene desde hace varios años como un asunto pendiente, que además afecta la imagen del departamento y, sobre todo, de la institución que preside.
“No se puede negar que la imagen del Poder Judicial se afecta, y lo digo porque de origen el camino ha sido el equivocado. Nosotros somos buscados por quienes parece que no quieren una solución definitiva, sino algo inmediato que no tiene como propósito lograr la paz que estas empresas y sus poblaciones necesitan. Eso tiene una cuota de suspicacia inevitable que se acerca mucho a la corrupción y es algo que debemos de cuidar y controlar”, afirma.
Finalmente, el presidente de la Corte de Lambayeque refiere que no tendrá miramientos ni dudará al momento de señalar a quienes dañan la majestad de la labor judicial, pues asegura que la probidad es inherente a la conducta del juez, siendo esta exigible en todo momento.
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El 23 de septiembre del 2014, la jueza del Segundo Juzgado Transitorio de Trabajo de Chiclayo, Carmen Sánchez Gonzales, declaró fundada en parte la demanda interpuesta por el docente Jhony Zorrilla Mundaca contra la Corporación Educativa César y David Cornejo Solano S.R.L., promotora del Instituto Superior Tecnológico Privado “Juan Mejía Baca”, ordenando el pago de los beneficios sociales reconocidos al educador, quien hasta el momento no ha recibido nada de lo que dispuso a su favor el Poder Judicial.
Zorrilla Mundaca trabajó para la institución educativa desde abril del 2005 hasta abril del 2011, siendo despedido sin que se le haya reconocido la compensación por tiempo de servicio, las gratificaciones de ley ni el pago de sus vacaciones.
Este se desempeñó como docente y coordinador académico de la carrera de Administración en el Instituto Mejía Baca, percibiendo una remuneración promedio de mil 300 soles por jornadas de 8:00 de la mañana a 11:00 de la noche, de lunes a sábado.
Explica que su función como Coordinador Académico de la carrera de Administración, equivalía a la de un Director Académico, cuyas actividades se enfocan al correcto desarrollo de los cursos, que los docentes cumplan con asistir a sus clases, distribución de horarios, turnos, malla curricular, asistencia de alumnado, supervisión de, reuniones con docentes, aplicación de prácticas pre profesionales de estudiantes, entrega de notas de ciclo y otras más.
En su labor docente, dictó cursos como Marketing, Proyectos de Inversión e Investigación de Mercados.
EXIGENCIA DE DERECHOS
Luego de ser despedido, Jhony Zorrilla recurrió a la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo para que esta verifique el despido arbitrario, el mismo que quedó acreditado por los inspectores.
“Después de seis años de trabajo mi relación laboral con el promotor César Cornejo Solano se había debilitado por diferentes motivos como el resistirse a colocarnos en planilla a pesar de tiempo laborado e incumplir con el aumento de sueldos que nos había ofrecido durante tres años, a pesar que la población estudiantil aumentó. En mi caso, desde que asumí el cargo de coordinador, logré que se pase de 200 estudiantes a más de 550 solo en la carrera de Admiración. Otras situaciones fueron la salida de buenos docentes capacitados y preparados por no pagarles horas académicas decorosas, me da pena solo mencionar que les pagaba a 6 soles la hora a cada docentes y habían algunos que trabajaban hasta 200 horas semanales, o sea 10 horas académicas diarias, para solo recibir mil 200 soles los docentes principales, porque con los otros docentes que tenían la mitad de horas era penoso, eran mayormente administradores y contadores universitarios mal pagados y sin planilla trabajando todo el día”, expone Zorrilla Mundaca.
Anota que los docentes eran obligados a acudir a las diferentes actividades de la institución y fechas cívicas como desfiles de 28 Julio, aniversario de Chiclayo, ferias, aniversarios, ad honoren, es decir sin pago adicional.
Iniciada la acción judicial en exigencia de sus beneficios, acudió a la audiencia de conciliación con la promotoría del instituto, de acuerdo a lo establecido por la Nueva Ley Procesal del Trabajo, sin que se llegue a ningún acuerdo. En tanto la defensa del instituto respondió a la demanda negando la legalidad del reconocimiento de los beneficios laborales, argumentando – entre otras cosas – que el docente laboraba por horas, que no existía el principio de subordinación y que su remuneración no ascendía a mil 300 soles.
FALLO JUDICIAL
Empero, para la juez Sánchez Gonzales quedó establecido que los servicios prestados por el demandante fueron de naturaleza laboral en aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, por lo que correspondía se le reconozcan los derechos y beneficios que emergen de una relación laboral bajo el régimen laboral de la actividad privada en su condición de trabajador a plazo indeterminado, conforme al Artículo 4° del Decreto Supremo N° 003-97-TR – Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
En ese sentido, el Poder Judicial ordenó a la Corporación Educación César y David Cornejo Solano S.R.L. el pago de 16 mil 611.71 soles, más los intereses legales, con condena de costos y costas procesales, a favor de Zorrilla Mundaca, la misma que fue declarada consentida el 23 de diciembre del 2015, con Resolución N° 9.
“Después de que yo hiciera mi denuncia laboral casualmente colocó a algunos docentes en planilla, lo extraño y curioso es que casi todos los docentes no ganan más de 600 soles mensuales, tomando en cuenta que hay docentes a tiempo completo y la mayoría de las planillas son de sueldos por debajo de los 500 soles. Es bien extraño y habría que averiguar que está pasando realmente. El Instituto Juan Mejía Baca no tiene ninguna voluntad de pagar a sus docentes que se sacrificaron por la institución por años y lo digo con tal afirmación porque yo padezco el calvario de cobrar mis beneficios con un juicio ya ganado desde hace más de un año. Así como yo, son muchos docentes que hoy en día luchan, como Roberto Castillo Chumacero o Jannet Constantino Bonilla”, menciona.
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO
Desde que se emitió el fallo judicial, hasta el momento, el docente, quien reside ahora en Lima, no ha recibido el pago ordenado por el Poder Judicial. Por el contrario, se ha visto en la obligación de recurrir nuevamente a la autoridad jurisdiccional en exigencia de sus beneficios sociales, a fin que se ejecuten los apercibimientos correspondientes contra la promotora del instituto.
Con Resolución N° 10, del diez de marzo del año pasado, la jueza Carmen Sánchez Gonzales ordenó a la Corporación Educativa César y David Cornejo Solano S.R.L. cumpla, en un plazo máximo de cinco días, con pagar lo reconocido a Zorrilla Mundaca, esto bajo apercibimiento de embargo en caso de inobservancia.
En mayo del 2016, el apercibimiento de varió a multa, la misma que le fue impuesta a la promotora del Instituto Juan Mejía Baca el 20 de julio pasado, con Resolución N° 13, otorgándole tres días para que haga efectivo el pago de los beneficios sociales al exdocente.
Ante la negativa, el Poder Judicial emitió una nueva resolución, en octubre del año pasado, incrementando la multa contra la promotora de una a tres Unidades de Referencia Procesal, dándole otros cinco días para que cumpla con el mandato, bajo apercibimiento de continuar en el incremento de la sanción.
ACCIÓN PENAL
Empero, aun cuando han transcurrido más de 90 días desde la última resolución judicial, la exempleadora de Zorrilla Mundaca persiste en el incumplimiento, lo que ha motivado a que la defensa legal del profesor ingrese el 12 de enero de este año se requiera el cumplimiento del mandato judicial bajo apercibimiento de denuncia penal contra César Cornejo Solano, representante legal de la promotora.
“Vengo batallando desde el año 2011, desde que denuncié el pago de mis beneficios laborales en la Zona de Trabajo que por cierto es una institución que siento no apoya en nada por los trabajadores, al menos a los de la Corporación Mejía Baca, que por cierto tenía como abogado, en ese entonces, a Ruperto Castellano. Hasta el día de hoy son cinco años y medio desde que denuncié y más de un año desde que el Poder Judicial me dio la razón, ordenando que me paguen mis beneficios”, refiere Jhony Zorrilla.
Añade que el gerente de la promotora se muestra desafiante ante la ley laboral, debido a que “el instituto ha venido funcionando con total impunidad frente a instituciones como la Zona de Trabajo”.
“La Zona de Trabajo en todos estos años no han hecho nada por los trabajadores o docentes condicionados a trabajar sin planillas, sin beneficios o con planillas extrañamente bajas a cambio de un puesto de trabajo. Es raro que hasta la fecha la Zona de Trabajo no haya sancionado de manera enérgica a esta institución que tiene más de 10 años en la impunidad y ahora desafiante ante el Poder Judicial ya que por mi caso han recibido dos notificaciones con un total de cuatro unidades impositivas procesales por desobedecer al pago. Ese es el peor mensaje que se puede dar para la justicia peruana”, enfatiza.
Alcalde David Cornejo Chinguel dejaría a quien asuma el sillón edil en el 2018, deuda de 600 millones de soles, crisis laboral y una ciudad devastada.
Un preocupante tercer año de gestión municipal le espera al alcalde David Cornejo Chinguel, debido a que en la actualidad la comuna chiclayana enfrenta más de veinte laudos arbitrales con empresas constructoras y proveedoras, a quienes no les han cumplido con el pago de sus liquidaciones de obras o no han respetado cláusulas de contratos que firmaron en su debida oportunidad.
La alerta la hizo pública el ex Procurador Municipal, Pedro Alvarado Guerrero, quien afirma que la crisis municipal en el 2017 será una de las peores que la municipalidad de Chiclayo haya podido tener en su existencia administrativa, pues todos los procesos arbitrales se encuentran latentes y a punto de ser resueltos, los que le demandaría una pérdida de más de 20 millones de soles y que tendrán que ser pagados en el acto.
“El laudo arbitral es la decisión que emite el árbitro y que resuelve la controversia sometida a su conocimiento; es este caso, las empresas constructoras reclaman su derecho vulnerado o violado por la Municipalidad de Chiclayo y antes de ir a un juicio en el Poder Judicial que es costoso y tedioso, prefirieren ir a un arbitraje para encontrar la razón a su reclamo en el tiempo más breve”, sostuvo
AÑO NEGRO
Pedro Alvarado, quien es abogado y especialista en laudos arbitrales y árbitro de la Cámara de Comercio de Lambayeque, así como del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, y de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo -USAT, afirma que para este año la gestión de David Cornejo Chinguel tendrá en caja más de 120 millones de soles como Presupuesto de Inversión, pero de esa cantidad de dinero, el 85 por ciento ya está comprometido para la planilla de los trabajadores.
“El saldo, que no es más que el 15 por ciento, será repartido en obritas de pavimento y nada de importancia para Chiclayo, así como para pago de laudos arbitrales, beneficios sociales, pago de ordenes judiciales por concepto de CTS, AFPs, entre otros”, detalló el letrado.
Sin embargo, lo que más preocupa a Pedro Alvarado es que a partir del segundo trimestre del presente año, los laudos arbitrales podrían estar empezando a ser resueltos, lo que llevaría a que la comuna empiece a entrar en una crisis para poder pagar lo que se ordene en la resolución, que no serán unos cuantos soles, sino cientos de miles y hasta millones como lo vienen reclamando algunas constructoras al sentirse afectadas por el incumplimiento de pago y de cláusulas por parte de la comuna chiclayana.
“Está visto que la Municipalidad de Chiclayo va a entrar en una crisis, salvo que el alcalde decida no contratar personal para las diferentes áreas ediles, como por ejemplo 800 trabajadores vía CAS para Serenazgo, Policía Municipal, y otros trabajadores que en los dos años anteriores han engrosado la planilla municipal con la venía del burgomaestre. Además, que a los funcionarios se les vuelva a los sueldos que ganaban hasta diciembre del año 2015, y que el incremento considerable que recibieron ha engrosado la planilla municipal”, destacó.
VAN PERDIENDO
Explica que en lo que va del año, del cien por ciento de los laudos arbitrales que existen en contra de la Municipalidad de Chiclayo, el 90 por ciento los están perdiendo, lo que no solamente significa que afectará los pagos de la masa laboral y el gasto administrativo, sino que afectará la inversión pública; es decir, la Municipalidad de Chiclayo no tendrá un solo centavo para desarrollar obra pública por el bien de Capital de la Amistad y los chiclayanos.
“La afectación económica será bien alta y preocupante para la ciudad de Chiclayo”, detalla Pedro Alvarado.
Explica que el 40 por ciento de los laudos arbitrales que afronta la comuna chiclayana provienen de la gestión del ex alcalde Roberto Torres Gonzales, pero el otro 60 por ciento pertenecen a la gestión de David Cornejo Chinguel.
“Esta situación nos hace ver que en la gestión pasada había cuidado en no llevar a la comuna a juicios por incumplimiento de pago o de cláusulas de contrato o firmar contratos que no se hayan cumplido, tema que en esta gestión edil se ha agudizado y las demandas arbitrales no son por algo insignificante sino por millones de soles”, explicó.
Detalla que un ejemplo claro es lo ocurrido con la obra de la calle Cajamarca en el pueblo joven José Olaya, donde la gestión de David Cornejo Chinguel ha tenido que conciliar con la empresa constructora demandante un pago de 4 millones de soles, a pesar que esa obra viene desde la gestión de Roberto Torres Gonzales.
“Esta gestión municipal le está haciendo mucho daño a Chiclayo a tal punto que el alcalde tiene un conflicto absurdo con el Gobernador Regional, pero no se da cuenta que quien ha perdido es la ciudad de Chiclayo. Nos encontramos frente a un alcalde conflictivo y que lejos de conciliar para no llegar a los famosos arbitrajes, hace todo lo contrario”, explicó Perico Alvarado quien agrega que la comuna tiene actualmente más de 20 arbitrajes, de los cuales en el año 2016 ha perdido cuatro, lo que le ha significado desembolsar 6 millones de soles antes de ser demandada por incumplimiento, así como por daños y perjuicios.
BLOQUEOS Y EMBARGOS
Pedro Alvarado, en su calidad de especialista en laudos arbitrales y ex Procurador de la Municipalidad de Chiclayo, añade que sobre las resoluciones a favor de las empresas demandantes, la municipalidad va a tener más problemas de índole económico y las consecuencias van a ser muy preocupantes no solo para los trabajadores, sino para la misma ciudadanía.
Se proyecta que como la Municipalidad de Chiclayo no va a tener dinero para pagar lo que se ordene en las resoluciones de laudos arbitrales, esto le va a generar demandas de cumplimiento, así como por indemnizaciones por varios miles de soles bajo el argumento jurídico de daños y perjuicios.
“No quiero ser alarmista, sino que voy a ser muy claro y sincero. Sobre el Laudo Arbitral perdido, a la Municipalidad de Chiclayo le van a caer demandas por indemnización de daños y perjuicios e incluso en algunos casos van a haber algunos bloqueos de cuentas y hasta embargos, lo que va a significar que la comuna se quede sin plata ni para pagar los servicios básicos, generando perjuicios económicos millonarios a la institución”, detalló.
PREOCUPANTE HERENCIA
Otra visión más y que advierte Pedro Alvarado, es que al finalizar la gestión de David Cornejo Chinguel la Municipalidad de Chiclayo podría llegar a tener una deuda económica de hasta 600 millones de soles.
Explica que a la ciudad de Chiclayo le esperan deudas millonarias en el sentido que la deuda municipal va a crecer y el afectado y que cargará con todos los problemas será la nueva autoridad municipal que en el 2018 gane la silla edil.
“La nueva autoridad municipal va a encontrar problemas financieros muy altos que me atrevería a decir sobre los 600 millones de soles. El nuevo alcalde tendrá que solucionar los problemas con las empresas, trabajadores y otros, con préstamos, refinanciamientos de las deudas o tendrá que mejorar la recaudación tributaria o buscar apoyo de la cooperación técnica internacional”, sostuvo Pedro Alvarado.
ÚLTIMO AÑO
Detalla que los resultados que en estos momentos se tienen con respecto a la forma como se administra la ciudad y que cualquier ciudadano puede palpar, nos hace ver que una vez más los chiclayanos hemos perdido cuatro años para desarrollar.
“Hasta el momento estamos perdiendo cuatro años por tener una gestión deficiente, dejando la posibilidad de haber generado inversiones, pero lo más preocupante es que nos acercamos a una crisis terrible donde el propio alcalde y sus principales funcionarios podrían acabar como el ex alcalde Roberto Torres Gonzales”, sostuvo.
Alvarado Guerrero es un convencido que en el cuarto año de gestión municipal podría culminar con paralizaciones laborales por parte de los trabajadores que reclaman el pago de planillas.
“En el último año de gestión municipal tendremos un alcalde pagador de planillas y generador de millonarias deudas”, puntualizó.
