Tras casi cuatro meses desde la detención del hoy suspendido gobernador regional Anselmo Lozano Centurión por el caso ‘El imperio del mal’, el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, reconoció a través de la Resolución N° 0534-2021-JNE a Luis Díaz Bravo como gobernador provisional y le otorgó las credenciales para ocupar el cargo.
El 27 de enero de este año, en horas de la madrugada, el Ministerio Público dirigió un operativo en el que se intervino a Lozano Centurión por presuntamente liderar una organización criminal que se habría gestado durante su último período como alcalde distrital de La Victoria, comuna de la que estuvo al mando desde 1999 hasta el 2018.
El 5 de febrero, mediante el Acuerdo Regional N° 000023-2021-GR.LAMB/CR, el Consejo Regional de Lambayeque suspendió por unanimidad a Lozano Centurión en su cargo de gobernador. Y el 13 de febrero, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque logró la prisión preventiva por el plazo de 24 meses en su contra.
Suspensión
Además de suspender a Lozano Centurión, el 5 de febrero, el Consejo Regional adoptó la misma medida contra Luis Díaz Bravo, pese a que un día antes la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque había revocado el pedido de prisión preliminar por 10 días contra el entonces vicegobernador. Díaz Bravo apeló esta decisión, según obra en el Expediente N° JNE.2021008759.
En ese contexto, el 6 de febrero Díaz Bravo retornó a su oficina en la vicegobernación regional, ante la situación de ingobernabilidad que se vivía. Recién sería el 10 de abril que el Consejo Regional de Lambayeque, mediante Acuerdo N° 000075-2021-GR.LAMB/CR, le encargaría con eficacia anticipada al 5 de febrero el cargo de gobernador.
Jurado Nacional de Elecciones
A través de la Resolución N° 0534-2021-JNE, del 13 de mayo y publicada seis días después en el Diario Oficial El Peruano, el Jurado Nacional de Elecciones declaró fundado el recurso de apelación presentado por Díaz Bravo, con lo cual revocó el Acuerdo Regional N° 000023-2021-GR.LAMB/CR, del 5 de febrero, que lo suspendía en el cargo de vicegobernador.
El JNE sustentó su decisión en que la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Corte Superior de Justicia de Lambayeque revocó el extremo de la detención preliminar contra Díaz Bravo y con ello dejó sin efecto las órdenes de captura emitidas en su contra, “con lo cual desapareció el hecho que motivaba su suspensión, razón por la cual debe ampararse su apelación”.
Cabe precisar que el Consejo Regional ya había dispuesto desconocer el Acuerdo N° 000075-2021-GR.LAMB/CR, cuando resolvió el 10 de abril encargarle el cargo de gobernador a Díaz Bravo.
"La decisión del Jurado Nacional de Elecciones nos permitirá continuar con más fuerza, sin límites, y sin peros por parte de algunos ministerios para el bienestar de nuestro Lambayeque. Ante ello, reitero mi compromiso de seguir en esta ardua labor, con la premisa de continuar trabajando de manera articulada con las autoridades locales; con el Consejo Regional, que es el soporte del gobierno regional; y con la población en general. De esa forma, seguiremos marcando la diferencia", enfatizó Díaz Bravo.
‘El imperio del mal’
Según la tesis de la fiscal Karim Ninaquispe Gil, durante el período del 2015 al 2018 Anselmo Lozano habría liderado una organización criminal en la Municipalidad de La Victoria, cuyo modus operandi habría sido el cobro de dádivas a cambio de obras.
De esta organización habría participado los exfuncionarios de la comuna victoriana Harry Gonzales Solano (Dirección de Desarrollo Urbano Rural), Wilfredo Castro Carmona (Asesoría Legal), Dick Carlo Silva Tacones (jefe de División de Estudios y Proyectos), Walter Enrique Mondragón Vera (jefe de Abastecimiento), Germán Pisfil Agapito (jefe de la Unidad de Contabilidad), Leoncio Paucar Merino (teniente alcalde), Luis Díaz Bravo (regidor), y Rita Castro Grosso (gerente Municipal).
Sobre Díaz Bravo pesa un requerimiento de prisión preventiva por 24 meses que aún debe verse en audiencia.
El general Marco Miyashiro Arashiro, excomandante del Grupo Especial de Inteligencia – GEIN, equipo que logró la captura de Abimael Guzmán Reinoso y la cúpula de Sendero Luminoso, en septiembre de 1992, afirma que Perú Libre, el partido fundado por Vladimir Cerrón Rojas, está infiltrado por simpatizantes del terrorismo e incluso que el candidato presidencial Pedro Castillo Terrones fue designado como dirigente magisterial por el brazo político de la organización subversiva.
“No tengo la menor duda: Perú Libre está infiltrado por elementos pro terroristas, tanto de Sendero Luminoso como del MRTA”, declaró a Expresión, en una entrevista exclusiva.
Marco Miyashiro precisó que tiene certeza de la vinculación de Perú Libre con Sendero Luminoso, debido a que Pedro Castillo estaría relacionado al Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales – MOVADEF.
“El profesor Pedro Castillo fue nombrado como dirigente del SUTEP por gente del CONARE. ¿Qué es el CONARE? Es la facción informal, la fracción no reconocida que promovió la huelga del año 2017, en la que estuvo el MOVADEF”, afirma.
Sostiene, además, que las relaciones con organizaciones subversivas vendrían también de la alianza suscrita entre Perú Libre, el Movimiento Nuevo Perú, liderado por Verónika Mendoza, y el partido Juntos por el Perú.
“Nuevo Perú y Juntos Perú, a penas salieron en libertad dos grandes terroristas del MRTA: Peter Cárdenas Schulte, que era el encargado de cometer los asesinatos y los secuestros, y Alberto Gálvez Olaechea, que fue el que promovió la creación de los grupos subversivos armados en la zona rural del departamento de San Martín, los presentaron como luchadores sociales. Ambos fueron defendidos por Verónika Mendoza, por lo tanto no me queda la menor duda de que ellos están defendiendo a grupos de la izquierda radical que lindan con el terrorismo”, enfatizó el también ex viceministro del Interior.
Lucha política
Miyashiro Arashiro, quien ha sido reconocido, junto a los ex GEIN, como ‘Héroe de la Democracia’, sostiene que tras la derrota militar de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru – MRTA, el Estado debió realizar acciones para derrotarlos también políticamente.
Empero, como esta última tarea no se realizó de manera efectiva, remanentes del terrorismo se han vinculado a organizaciones de base, gremios y partidos políticos, a fin de seguir operando.
“Aquí ocurrió todo lo contrario, porque aquellos sentenciados por asesinato, traición a la patria y destrucción de bienes públicos y privados, comenzaron a llevar sus juicios a cero, las sentencias a cero y a abrir nuevos procesos, con la condición que las penas a imponer en esos nuevos procesos tenían que ser menores que las anteriores”, manifiesta.
Suma a ello lo sucedido con la Comisión de la Verdad y Reconciliación, convocada y constituida en el gobierno de transición de Valentín Paniagua Corazao, tras la caída de la dictadura de Alberto Fujimori Fujimori.
“Los integrantes de la comisión hicieron mucho trabajo, pero estaban ideologizados, a tal punto que sus integrantes fueron consultados con el mismo cabecilla terrorista Abimael Guzmán, a ver si estaba de acuerdo con que esos señores (los comisionados) debían integrar la Comisión de la Verdad, aplicando unas teorías que no eran dables para nuestra patria”, manifiesta.
De allí que aún existe – reconoce – resistencia de buena parte de las Fuerzas Armadas y Policiales para aceptar los términos empleados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación para referirse al período de violencia que se vivió en el país entre 1983 y el 2000.
“La comisión lo denominó como un conflicto interno armado en el que los terroristas eran luchadores sociales, condición que la legislación peruana no les reconoce, desde la época del segundo gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry”, explica.
La primera incursión documentada de Sendero Luminoso sucedió el 17 de mayo de 1983, en el distrito de Chuschi, distrito de Cangallo, en Ayacucho, con la quema de ánforas y padrones de las votaciones municipales de ese año.
“La primera legislación específica para combatir al terrorismo fue el Decreto Legislativo 046, que ya calificaba el delito de terrorismo. Entonces, una Comisión de la Verdad que no se ajustó a los parámetros legales que han regido a nuestra nación, no es tan válida como se sostiene”, indica.
Razón de seguridad
Marco Miyashiro, quien también fue director general de la Policía Nacional del Perú y congresista de la república en el período 2016-2019, menciona que uno de los problemas que tiene el Perú es que han existido organizaciones afines al terrorismo, que han actuado como fachada y a las que no se ha combatido con eficacia.
“Hay organizaciones que ya no se llaman Sendero Luminoso, pero que persiguen, siguen y defienden el llamado ‘Pensamiento Gonzalo’. ¿Qué cosa es el Pensamiento Gonzalo? Gonzalo era la chapa, el apodo, que tenía el criminal terrorista Abimael Guzmán. Esas organizaciones que defienden el pensamiento de Guzmán tienen en sus nombres palabras que no tienen nada que ver con Sendero Luminoso. Ejemplo: Movimiento por la Amnistía y la Defensa de los Derechos Fundamentales – MOVADEF”, detalla.
En el 2011 el MOVADEF buscó su inscripción como partido político, pedido que fue rechazado firmemente por el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, al identificar que en su ideario evocaba al ‘Pensamiento Gonzalo’.
“Defender el ‘Pensamiento Gonzalo’ es una actitud antidemocrática y no se puede aceptar como partido político. Al fracasar la inscripción del MOVADEF, en el 2014 pretenden volver a inscribirse con el nombre de Frente de Unidad de Defensa del Pueblo Peruano – FUDEPP, que también fue rechazada. Ahora tienen otra estrategia y su candidato es un profesor que fue elegido por el MOVADEF para que los represente en la huelga magisterial del año 2017. Con eso está claro que están defendiendo al ‘Pensamiento Gonzalo’”, afirma Marco Miyashiro.
El excomandante del GEIN asevera que los libros publicados a partir de la captura de Abimael Guzmán han generado mayores confusiones respecto del fenómeno terrorista que se vivió en el Perú entre las décadas del 80 y el 2000.
“La literatura ha creado ciertas confusiones, porque muchos de los autores toman como referencia las investigaciones realizadas por la llamada Comisión de la Verdad y Reconciliación. Nuestro país nunca fue reconciliado y eso se debe, en parte, a las reformas que se hicieron a nivel del Código Procesal Penal y la legislación anti terrorista, que en vez de favorecer o reconciliar al país, crearon mayores divergencias”, enfatiza.
La legislación
Marco Miyashiro sostiene que, si bien la estrategia antisubversiva debe tener un componente político, también implica mejorar la lucha contra la delincuencia común, entendiendo a la seguridad como un todo.
“Siempre escuchamos la frase: ‘La policía lo capturo, pero la fiscalía o el juez lo pusieron en libertad’. ¿Por qué ocurre esto? Porque nuestra legislación nacional no está adaptada a la realidad y eso se ha reconocido en una serie de fórum y simposios a nivel internacional. El Código Procesal peruano es idéntico al colombiano, en sus inicios, pero en Colombia se dieron cuenta que un fiscal no puede dirigir la parte operativa de la policía, tal como sucede aquí. Entonces, se llegó a la conclusión, si quitar la calidad garantista, que todo lo que hace la policía tiene valor en el juicio oral. En el Perú, si en la diligencia que realiza la policía no está el fiscal, esta no tiene validez en el proceso. Por lo tanto, a falta de pruebas, el juez se ve obligado a dar libertad”, detalla.
Dice esto en alusión al trabajo de inteligencia que se realizó a través del GEIN, el mismo que permitió desarticular al Comité Central de Sendero Luminoso.
Revela que cuando fue congresista de la república, integrante de la bancada mayoritaria de Fuerza Popular, preparó dos dictámenes: uno referido a la modificatoria del Código Procesal Penal para devolver la labor operativa a la Policía Nacional, y otro sobre la reforma constitucional para anular lo señalado en el extremo de que la Policía está obligada a cumplir los mandatos del fiscal.
Sin embargo, admite que sus iniciativas no recibieron el respaldo del vocero de la bancada fujimorista de ese momento (Luis Galarreta), pues “se privilegió la confrontación política”.
La presentación del equipo técnico que respalda la candidatura de Pedro Castillo Terrones a la presidencia de la república es un paso importante para la militancia de Perú Libre. Así lo señala el secretario regional de la organización en Lambayeque, Humberto Heredia Morales, quien destacó que la principal característica es que los convocados no tienen mancha de corrupción.
“La prensa nacional ha estado exigiendo la presentación de un equipo técnico, pero gobernar un país requiere de una serie de estrategias y además el concurso de todos los sectores y lo mejor de nuestra sociedad”, afirma Heredia Morales, quien el martes último participó de una reunión con la presencia de los dirigentes nacionales de Perú Libre, realizada en Lima.
El representante de la organización fundada por Vladimir Cerrón, refiere que a diferencia de Fuerza Popular, Perú Libre ha presentado un equipo que se caracteriza por reunir a profesionales destacados y que no tienen cuestionamiento de ninguna índoles.
“El fujimorismo ha presentado un equipo con gente reciclada, algunos de ellos sentenciados y eso era un error. En nuestro caso, el partido ha tenido la tarea de convocar a lo mejor de la sociedad y aquellos que han querido aceptar la propuesta de Perú Libre, conformando un equipo técnico bastante valioso, con personalidades que han luchado contra la corrupción en distintos frentes”, indica Humberto Heredia.
Los convocados
El equipo presentado por Castillo Terrones en un mitin realizado en el distrito de Puente Piedra, al norte de Lima, está conformado por los excongresistas Juan Pari y Hernando Cevallos. El primero de estos fue el que impulsó el primer informe que se elaboró sobre el caso ‘Lava Jato’ en el Congreso de la República, en tanto el segundo es el responsable de la propuesta de salud.
El aspirante al sillón presidencial también a presentó a Celeste Rosas Muñoz, Julián Palacín, Rolando Paúcar, Andrés Alencastre, la candidata a la primera vicepresidencia Dina Boluarte, Ricardo López Risso, Roberto Vela Pinedo, Anahí Durand, quien lideró el equipo de Plan de Gobierno de Juntos por el Perú, en la primera vuelta, y Raúl Cadillo.
Asimismo, mencionó a Carlos Gallardo y Marco Valera, así como Modesto Montoya que será el encargado del tema de ciencia y tecnología, y el exfiscal supremo Avelino Guillén, quien participó en la presentación de cargos contra Alberto Fujimori por los casos ‘Barrios Altos’ y ‘La Cantuta’.
La propuesta
Humberto Heredia reconoció que la presentación del equipo técnico le otorga a la candidatura de Pedro Castillo mejor solvencia para enfrentar las últimas semanas de cara al 6 de junio, incluso para ampliar la ventaja que mantienen - según las encuestas – sobre Fuerza Popular.
Remarcó, eso sí, que la apertura no implica que Perú Libre renuncie a su propuesta electoral inicial, pues asevera que es por esa plataforma que la población les otorgó el respaldo el 11 de abril. Dijo esto en alusión al desistimiento público hecho por el ex ministro Kurt Burneo Farfán, quien se negó a integrar el equipo de Pedro Castillo argumentan falta de comunicación y de voluntad, por parte del candidato, para marcar distancia de Vladimir Cerrón.
“A él se le invitó y salió con la pierna en alto, agrediendo a la organización que lo estaba invitando. Él se estaba olvidando que quien lo estaba invitando era Perú Libre, que es una organización con una dirección nacional que ha hecho una espectacular campaña en la primera vuelta bajo el liderazgo de nuestro secretario general Vladimir Cerrón y lo primero que hizo fue cuestionarlo, habiendo estado metido en gobierno investigados por actos de corrupción”, señaló.
Kurt Burneo fue viceministro de Hacienda en el gobierno de Alejandro Toledo Manrique y ministro de la Producción durante la administración de Ollanta Humala Tasso.
“Lo primero que pidió fue el cambio del plan de gobierno de Perú Libre. El partido ganó con un plan de gobierno, con propuestas en el aspecto económico que son fundamentales y cambiarlas sería hacer lo mismo que hizo Ollanta Humala con su famosa hoja de ruta. Nosotros como militantes no estábamos de acuerdo con eso y mucho más después de su intervención tan descarada en la que planteó todas esas cosas. Cuando a uno lo invitan tiene que analizar las propuestas del candidato y si se está de acuerdo, aceptarlas, pero no pedir que se cambie todo”, manifestó.
De los más de tres mil 100 millones de soles que la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios – ARCC, destinó para Lambayeque, a la fecha ya se han transferido más de dos mil 200 millones, lo que equivale al 70 % del presupuesto, según refiere el subdirector regional de la ARCC, Ángel Pérez Santa Cruz. La meta este año es lograr la ejecución de todo el monto asignado, para lo cual están en marcha varias intervenciones en diferentes distritos.
Pérez Santa Cruz señala que uno de los distritos más beneficiados actualmente es José Leonardo Ortiz, que tiene una inversión conjunta de más de 80 millones de soles. Apunta que a través de los convenios de gobierno a gobierno se están ejecutando obras en cuatro instituciones educativas de la localidad: la N° 11057 San Lorenzo, la N° 11010 Mariano Melgar, la N° 10945 María Prado de Bellido y Corazón de Jesús. En total, la inversión en estos colegios es de 52 millones de soles.
Además, hay otros tres colegios en los que la Municipalidad de José Leonardo Ortiz es la unidad ejecutora: la Institución Educativa N° 318 Villa Kids (un millón 300 mil soles), Mater Admirábilis (12 millones de soles) y la I.E. N° 355 (dos millones 400 mil soles).
Pavimentación
Asimismo, refiere que se está ejecutando la pavimentación de la avenida Mariano Cornejo por más de 10 millones de soles. Esta obra incluye los cambios de redes de agua, desagüe y conexiones domiciliarias.
Añade que también se ha convocado la obra de pavimentación de la avenida Culpón, que comprende la prolongación San Fernando y la prolongación Jorge Chávez. El monto referencial de esta intervención es de cinco millones y medio de soles y el tiempo de duración es de entre seis a ocho meses.
“Estamos hablando de una inversión fuerte que se viene para el distrito. Este es el inicio de la reconstrucción para José Leonardo Ortiz porque se vienen más proyectos de pistas y veredas que tiene la municipalidad. Estamos hablando de calles como Venezuela, Dorado, Constitución, Cahuide, Simón Bolívar y la misma avenida Sáenz Peña, desde la avenida Leguía hasta México. Ya la comuna ha hecho el gasto en los expedientes, estamos a la espera de que nos presenten su solicitud de financiamiento para poder transferir los recursos”, asevera.
Otras intervenciones
Por otro lado, señala que en Olmos se está ejecutando la rehabilitación de los 26 kilómetros de las vías de acceso del Valle Viejo por más de 15 millones de soles. Esto beneficiará a los pobladores de los caseríos La Algodonera y Las Norias.
Asimismo, indica que está próxima a terminarse la reconstrucción de la avenida Humachuco en Lambayeque, que va desde la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo hasta el estadio municipal. Esta obra supera los cuatro millones de soles.
Comenta que la ARCC también ha transferido dos millones 400 mil soles a la Municipalidad de San José para un proyecto de pistas y veredas que será convocado en los próximos días.
De igual forma, se encuentran al 90 % de ejecución los trabajos físicos en el canal de riego ubicado en Chongoyape. Esta obra, valorizada en más de siete millones de soles y ejecutada por el Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, comprende la recuperación de 30 metros lineales del canal alimentador y la rehabilitación de mil 890 metros lineales de diques de enrocado en la quebrada Magín y 100 metros lineales de diques de enrocado en la quebrada Palo Blanco
“En Santa Rosa también tenemos una obra de saneamiento, la cual está generando cierto malestar en la población, pero ya hemos hecho el trabajo de sensibilización. Los vecinos deben de apoyar, comprender que las incomodidades son momentáneas. Después también se ejecutarán pistas y veredas en el distrito, ya el alcalde está avanzando con el expediente técnico”, precisa.
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Si bien la gestión de la rectora encargada Olinda Vigo Vargas al frente de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, ha dado muestras de buena voluntad en el proceso de reorganización de la casa superior de estudios, aún persisten algunos reclamos de los docentes que datan de la gestión de Jorge Oliva Núñez. Uno de estos corresponde a un grupo que prestó servicios a la Escuela de Posgrado durante el 2019 y el 2020, pero hasta ahora no han percibido sus remuneraciones.
El presidente de la Federación de Docentes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – FEDURG, Moisés Montenegro López, afirma que hay por lo menos 24 expedientes de pago de docentes de posgrado que se encuentran congelados desde el segundo semestre del 2019.
Apunta que cuando la rectora Olinda Vigo era directora de la Escuela de Posgrado puso sobre la mesa en el Consejo Universitario la situación de estos docentes, por lo cual le exhortó a que ahora, en su calidad de máxima dirigente de la universidad, vele por la resolución de este caso.
“Con la doctora Olinda Vigo hemos compartido Consejo Universitario desde que ella tenía un asiento como directora de la Escuela de Posgrado. Ella en el 2019 discutió este caso en el pleno y la federación abrazó esta causa como parte de otras más de deudas pendientes a los docentes. Ahora que ella es la rectora tiene la oportunidad de resolver este problema por el cual peleó cuando fue directora de Posgrado. En sus manos está resolverlo lo más pronto posible”, asevera.
Luto y sepelio
Asimismo, refiere que en la universidad también hay expedientes por pagos de luto y sepelio que están congelados en la Oficina de Planificación desde octubre del año pasado. En total, son 15 los catedráticos federados que fallecieron a causa del COVID-19.
A la solicitud de los gastos por luto y sepelio se suman otros docentes que han perdido a familiares directos (hijos, esposa) y que también tienen el derecho a recibir este pago. El monto máximo que otorga la universidad es de tres mil soles, para lo cual el solicitante debe acreditar el gasto con los documentos correspondientes (boletas y facturas).
Explica que el concepto de luto y sepelio corresponde al presupuesto ordinario de la universidad, para lo cual el gobierno genera este fondo, ergo, todo docente que haya perdido a un familiar directo y haya incurrido en estos gastos tiene derecho a presentar su expediente y solicitar el dinero. Sin embargo, advierte que desde la universidad la respuesta ha sido que no existe una orden para esa partida, lo cual no tiene razón de ser, toda vez que este es un presupuesto que el Estado da anualmente.
“A lo largo del sistema de la universidad pública en el Perú, el gobierno, vía presupuesto ordinario que da todos los años, genera un fondo para que la universidad lo administre de una forma muy prudente. Estos no son recursos directamente recaudados”, menciona.
Cesantes y jubilados
Además, Montenegro López señala que hay docentes cesantes y jubilados que deben esperar entre cuatro o cinco meses para recibir su primera pensión, tras haber laborado en promedio 35 años para la universidad.
Apunta que dos casos emblemáticos son los del economista Jonás Godoy Gonzáles, quien fue decano de la facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y el de Segundo Bernal Rubio, decano de la facultad de Ingeniería Zootecnia. En total son 12 los docentes cesados y jubilados que pertenecen a la federación y realizan este reclamo.
“Una vez que se genera el cese o la jubilación del docente, al primer mes debe tener en su cuenta lo que le corresponde como pensión, porque de eso tiene que vivir. Sin embargo, resulta que eso no está pasando y tienen que hacer cuestiones de estado durante aproximadamente cuatro o cinco meses para que recién les llegue su primera pensión. Esas situaciones tienen que superarse porque no generan paz”, manifiesta.
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